EL GOBIERNO ESPARTERO, 1854-1856:

En ENERO-JULIO DE 1856.

 

 

En enero de 1856, segundo periodo de Cortes del Gobierno que hubo de noviembre de 1854 a julio de 1856, los diputados empezaron denunciando el malestar general del país y el abandono de los principios progresistas de 1854, patente en la falta de libertades. Espartero no encontraba el norte de su política, no estaba a la altura de un Presidente, y sus Ministros insistían sobre asuntos insustanciales, generalidades, que hacían peligrar al Gobierno progresista que decían apoyar, en vez de tomar medidas concretas de reactivación económica, social y política. Los diputados gastaban su tiempo en atacar al Gobierno y en hacer discursos de ideología política, en vez de trabajar en la legislación precisa y en la nueva Constitución que debía ser progresista.

En 5 de enero de 1856, el Ayuntamiento de Zaragoza se constituyó a sí mismo como portavoz de la Nación y envió una “representación“ (un escrito) a las Cortes en la que pedía autonomía municipal e impuestos más justos. Las reformas no llegaban desde arriba y empezaba a surgir la iniciativa desde abajo, un fracaso del Gobierno. Si hubiéramos estado en 1854, la interpretación sería otra, podría ser una reivindicación de programa político, pero en 1856, tras dos años de Gobierno de Espartero, el significado de aquello era el reconocimiento de un vacío de poder de hecho.

El 7 de enero de 1856, Figueras comentó en el Parlamento la “representación” enviada por Zaragoza y apostilló que en España no había libertad individual, ni libertad de prensa, que era frecuente el desacato a la ley, que la Milicia Nacional ya no jugaba ningún papel, que no había derecho de reunión y que no se cumplía la Constitución. Era un discurso incendiario, típico del populismo, y provocó que la Milicia de guardia en las Cortes empezara a gritar “viva la república”. Entonces, algunos diputados pidieron constituirse en sesión permanente al estilo del Juego de Pelota francés de 1789. Paralelamente, organizaron una manifestación en la calle.

Espartero reprimió la manifestación con rapidez y sin dudas. Igualmente se hizo con otras manifestaciones en otras ciudades de España.

La idea de “bienio progresista” que acuñaron los historiadores tradicionalistas para resaltar lo de progresista, no se corresponde ni con la realidad ni con lo que sentían los españoles de la época. Se llama “progresista”, ciertamente, pero el que una cosa se llame de una manera no significa nada por sí mismo. Por eso, prefiero llamarlo “Gobierno Espartero” de 1854-1856.

 

 

Centro Parlamentario y Círculo Progresista.

 

En febrero de 1856 se inició la idea de “Centro Parlamentario” que fue  el germen de Unión Liberal. Se estaba gestando un proyecto político diferente, que triunfaría en julio de 1856 y desbancaría a Espartero: En marzo de 1856 habían empezado unas reuniones de 65 parlamentarios en casa del progresista templado Manuel Cantero de San Vicente González y Gonzalo. Allí estaban los puritanos (moderados de izquierdas) Antonio de los Ríos Rosas, Joaquín Francisco Pacheco, Antonio Cánovas del Castillo y Nicomedes Pastor Díaz. También estaban los progresistas templados (progresistas de derechas) Augusto Ulloa, Evaristo San Miguel, Manuel Cortina, Fernando Corradi, Vicente Sancho, Pedro Gómez de la Serna y Tully[1], Luzuriaga y los generales Juan Prim (que también estaría luego en Círculo Progresista, Manuel Gutiérrez de la Concha y Francisco Serrano Domínguez. La Historia General de España y América opina que los líderes eran Manuel Gutiérrez de la Concha, Antonio de los Ríos Rosas, y Manuel Cantero. También se cita como asistentes a esas reuniones a Antonio Aguilar Correa marqués de Vega Armijo y Manuel Fernández Durán y Pando V marqués de Perales del Río. Se reunían semanalmente para preparar los debates de las Cortes de cada semana. El grupo logró el apoyo de 81 diputados y de generales como Antonio Ros de Olano, Félix María Messina y Manuel Gutiérrez de la Concha. La idea era continuar la coalición de Espartero y O`Donnell y el grupo se autodenominó Centro Parlamentario, y se proponía combatir la anarquía y respetar la legalidad.

El 15 de marzo fueron a ver a Espartero para pactar con él los de Centro Parlamentario, pero los progresistas más duros, José Allende Salazar, Pascual Madoz, Pedro Calvo Asensio[2], Fernández de los Ríos, y Saravia, estuvieron completamente en contra de Centro Parlamentario y formaron “Círculo Progresista”, un grupo paralelo y contrario a Centro Parlamentario. Juan Prim estaba en ambos proyectos.

 

 

Los trabajos en las Cortes en 1856.

 

En las Cortes, a principios de 1856, se empezaron a producir empates entre moderados y progresistas y las discusiones constitucionales no avanzaban apenas. Los progresistas no querían disolver Cortes constituyentes porque se consideraba que los diputados que aprobaran la Constitución serían inelegibles en las siguientes elecciones y se pensaba que unas próximas elecciones eliminarían de las Cortes, en el mejor de los casos, a los principales líderes progresistas. Se preveía la participación de los moderados en las próximas elecciones y con ello, la aparición de muchos diputados moderados en las Cortes, lo cual significaría pérdida de escaños progresistas. En esas condiciones, no creían conveniente avanzar en la aprobación de la Constitución.

Los progresistas estaban en malas condiciones de ganar unas posibles elecciones porque: habían prometido rebajas de impuestos y, al llegar al Gobierno, los habían aumentado; habían criticado la política de anticipos de pago de impuestos y habían decretado anticipos una vez llegados al poder; habían prometido descentralización administrativa y una vez en el Gobierno habían sometido a los Ayuntamientos como nunca se había visto; habían hablado de libertad de prensa y en la práctica cerraban y censuraban los periódicos católicos; habían hablado de independencia nacional y en la práctica actuaban al dictado de embajadores francés y británico, a cambio de conseguir las inversiones extranjeras para el ferrocarril.

Y la honestidad que prometían los progresistas frente a la denunciada corrupción moderada, no se veía por ningún lado: Madoz fue acusado de nepotismo porque colocaba a ahijados suyos; el 20 de marzo de 1855, el diputado Castro denunció que había un dinero no controlado por el Parlamento para retribuir a algunos funcionarios por algunos servicios.

Los analistas de estos temas dicen que, más que corrupción, los progresistas padecían de mediocridad intelectual de sus líderes, lo que les llevaba a soluciones no deseables. El resultado de todo ello era una enorme decepción de los votantes.

El 1 de julio de 1856, las Cortes suspendieron sus sesiones por vacaciones. Debían reunirse el 1 de octubre de 1856. Pero fueron suspendidas en 2 de septiembre de 1856.

 

 

LAS LEYES BANCARIAS DE 1856.

 

En 28 de enero de 1856 se publicaron las leyes bancarias: Ley de Banca y Sociedades de Crédito regulando la actividad bancaria, y Ley de Bancos de Emisión regulando la circulación de dinero. Atribuidas al trabajo de Juan Faustino Bruil Olliarburu, se aprobaron una semana antes de la dimisión de este ministro, que fue sustituido por Francisco Santa Cruz Pacheco el 7 de febrero de 1856.     La Ley de Banca estaba concebida para generar dinero, tanto efectivo como virtual, y con ello se esperaba fomentar las inversiones y atraer a capitalistas extranjeros.

Las leyes bancarias de 1856 anulaban las de 1849 y 1851, que eran muy restrictivas en cuanto a permisos para abrir bancos, a fin de que los bancos apareciesen en provincias, y con el crédito se favoreciera el desarrollo de todo el país.

Se posicionaron en contra de esas nuevas leyes bancarias la banca francesa, que hasta ese momento tenía en la práctica el monopolio crediticio en España, los liberales radicales que no querían más capitalismo en España, y los conservadores que recordaban la crisis de 1847-1848 y defendían que el Estado debía controlar más el sistema bancario en vez de liberalizarlo.

Pero las leyes bancarias se hacían imprescindibles porque los franceses estaban a punto de copar todo el crédito mediante las inversiones en ferrocarriles, y los progresistas decidieron hacer unas leyes que regularan ese campo económico antes de dejarles entrar. Este modo de aparición de las leyes, cuando hay una necesidad urgente, y no cuando se ha hecho una Constitución y se debe desarrollar el correspondiente código legal acorde con la misma, es una deficiencia importante del sistema legal español de toda la época contemporánea, incluido lo que va de siglo XXI.

La aparición de las leyes bancarias, tras la de ferrocarriles de 3 de junio de 1855, creó una euforia económica que se mostró:  en la aparición de periódicos como el Semanario Económico, El Economista y La Gaceta de los Caminos de Hierro;  en la aparición de sociedades de crédito extranjeras, francesas casi siempre, que decidieron instalarse en España.

 

 

La Ley de Bancos de Emisión.

 

La Ley de Bancos de Emisión de 28 de enero de 1856,  eliminaba la exclusiva de emisión de billetes de papel que hasta el momento tenían el Banco Nacional de San Fernando, el Banco de Barcelona y el Banco de Cádiz, y ampliaba esta posibilidad a varias localidades españolas: en cada localidad sólo un banco podría emitir billetes, y así resultó que, en 1857, había 10 bancos emisores, y en 1864, 21 bancos emisores. El sistema terminó en 19 de marzo de 1874 cuando el Banco de España se quedó con el monopolio de emisión de moneda.

Se define como banco de emisión el autorizado para emitir billetes.

El límite de emisión de los bancos quedaba fijado en el triple del capital desembolsado, o efectivo, y el triple del encaje metálico.

Por esta Ley, aparecían también los Bancos de Negocios, los cuales podían emitir obligaciones a corto plazo, de un año o menos, que podían circular como dinero. En estas circunstancias, los antiguos Bancos Comerciales quedaban en inferioridad de condiciones, pues se quedaban como antes de producirse la Ley de Bancos de Emisión y ello significaba inferioridad de condiciones respecto a bancos de emisión y bancos de negocios.

 

 

El Banco de España.

 

Lo más importante en esta Ley fue la aparición del Banco de España el 28 de enero de 1856. Fue el banco de emisión de nivel nacional.

El Banco de España se creó a partir del Banco de San Carlos en 1782-1829, Banco de San Fernando en 1829-1848 y del Banco Español de San Fernando, 1848-1856, que funcionaba como banco privado financiándose con descuentos comerciales.

El Banco de San Carlos había sido creado por Carlos III en 1782 para hacerse cargo de los Vales Reales o deuda circulante del Estado español. En 1829 se había creado el Banco de San Fernando, que se hizo cargo del presupuesto y gastos del Estado. En 1844 también se creó el Banco de Isabel II, pero en 1847 fue absorbido por el de San Fernando. Por fin, se convirtió en Banco de España en 1856.

En 1856 el banco emisor del Estado español tuvo estatutos nuevos en los que pasó a llamarse Banco de España. Era una sociedad privada de accionistas bajo el control de Ministerio de Hacienda. Su primer Gobernador fue Ramón de Santillán. El Estado le confiaba la custodia de las reservas metálicas y, en contrapartida, el banco debía ayudar a Hacienda cada vez que el Gobierno se lo pidiese. El negocio consistía en la capacidad de emitir papel moneda, pues ya se sabe que un banco puede emitir en una sociedad subdesarrollada hasta unas diez veces más, aproximadamente, de los depósitos que guarda, y en los países desarrollados de final del XX hasta unas veinte veces ese valor, según lo que le permita el Estado. Los depósitos del Banco de España eran superiores a los del resto de las entidades financieras españolas juntas, así que era, con mucho, el banco más importante del país.

En 1858, el Banco de España creó sucursales en Valencia y Alicante (y Cartagena en una fecha próxima). En 1868 se hizo cargo de la gestión tributaria. En 19 de marzo de 1874 (por ley en 1876) José Echegaray le concedió el monopolio de emisión de billetes, y los bancos emisores de 1854 se convirtieron en sucursales del Banco de España en cuanto a emisión, lo cual molestó mucho a los emisores. No aceptaron ser dependientes del Banco de España el Banco de Barcelona, el Banco de Reus, el Banco de Bilbao, ni el Banco de Santander, que prefirieron convertirse en banca independiente.

El Banco de España, definitivamente llegó a banco nacional cuando obtuvo en 1874 el monopolio de emisión de billetes en el estado español. El edificio en Madrid, al final de la Carrera de San Jerónimo, es de Eduardo Adaro.

En 1898 el valor total de los billetes en circulación se independizó de la cifra de capital del Banco de España, pero se introdujo un coeficiente de caja para todos los bancos para tener asegurado lo emitido mediante un tanto por ciento mínimo. Fernández Villaverde hizo reformas para reducir la circulación fiduciaria, que Silvela creía ilimitada, y suprimió la cartera de valores y trató de controlar el gasto del Poder Ejecutivo. En 1914-1918, el Banco de España tuvo muchos beneficios e ingresos en oro, e incluso se atrevió a conceder préstamos a los franceses y estadounidenses en 1918. En 1921, la Ley de Ordenación Bancaria de Francisco Cambó estableció las relaciones entre el Banco de España y los bancos privados, de modo que el banco prestaba a los bancos privados a un tipo de interés bajo, más bajo que el de mercado. El 26 de noviembre de 1931, la República introdujo 3 consejeros del Gobierno en el Banco de España y le sometió a la vigilancia del Ministerio de Hacienda. Durante 1936-1939 hubo dos Bancos de España, uno en cada bando, pero fueron reunificados el 13 de marzo de 1942 sumando balances. En noviembre de 1939 dejaron de garantizarse con oro las emisiones. En 1946 y 1957 se incrementó el control de Hacienda sobre el banco y en 1962 se nacionalizó adquiriendo el Estado todas sus acciones y haciéndole una entidad independiente del Ministerio de Hacienda cuya finalidad era asesorar al Gobierno, elaborar estadísticas bancarias, e inspeccionar instituciones privadas de crédito e industriales.

 

 

Los bancos de emisión de 1856.

 

Los principales bancos de emisión locales fueron unos veinte, entre los que puedo citar: el Banco de Barcelona desde 1844 y el Banco de Cádiz desde 1846, el Banco de Zaragoza, y el Banco de Sevilla. Luego aparecieron el Banco de Bilbao, el Banco de Málaga, el Banco de Santander, el Banco de Valladolid, el Banco de Palma, el Banco de Tarragona, el Banco de Reus.

Estos bancos estuvieron habilitados hasta 1856 para emitir billetes. La Ley de Bancos de Emisión de 1856 les quitó esa prerrogativa.

 

El Banco de Barcelona fue creado en 1845 por Manuel Girona Agrafel, José María Serra Muñoz y José Rafael Prandolit Matamoros, y basaba su negocio en prestar al Ayuntamiento de Barcelona, a las empresas ferroviarias (sobre todo a las catalanas), y a la industria y el comercio. Iniciaron su camino con gran dinamismo, pues prestaban al 6% mientras sus competidores en Cataluña lo estaban haciendo al 8%. A finales del XIX, le llegó una gran cantidad de dinero desde Cuba y Filipinas, que se iban a independizar en 1898, y ello fue el inicio de su ruina. Decidieron invertir en sociedades ferroviarias, que ya no eran negocio como a mediados de siglo y compras de futuros que eran de mucho riesgo. El problema podía ser que Girona y sus compañeros directores de principios del siglo XX, eran las mismas personas que habían fundado el banco en 1845, demasiado viejos. Dejaron escapar negocios municipales importantes y seguros como agua, gas, electricidad y tranvías. Y la paz de 1918 acabó con el banco. Tras un breve auge de los negocios, en 1919 quebraron los ferrocarriles de Valladolid-Medina de Rioseco y Ferrocarriles Andaluces, y en 1920 bajaron los precios de los alimentos y materias primas, con lo cual todas las compras a futuro hechas con anterioridad a alto precio significaron la ruina del banco y su cierre definitivo.

 

El Banco de Cádiz basaba su negocio en prestar a negociantes de tráfico marítimo. Se fundó en 1846 y en 1849 fue uno de los tres bancos de emisión, junto al Banco Español de San Fernando y el Banco de Barcelona. En 1856 se le retiró el privilegio de emisión de billetes, y el banco, sin apenas negocios propios diferentes al de emisión, suspendió pagos en 1871 y se liquidó definitivamente en 1897.

 

El Banco de Bilbao nació en 1857 como banco de emisión, de descuento y de seguros. El Banco de Bilbao se originó por una decisión de la Junta de Comercio de Bilbao a iniciativa de Pablo de Epalza (propietario del horno Santa Ana de Bolueta), que hizo una solicitud al Estado en 1856 y fue aprobada en mayo de 1857. Era banco de emisión, descuento y seguros. Tenía como objetivo importar material ferroviario por el puerto de Bilbao y financiar a la industria vasca. En 1862 creó la Compañía Bilbaína General de Crédito para administrar el ferrocarril Tudela-Bilbao, compañía que fracasó en 1866 pero, afortunadamente, el Banco de Bilbao pudo salir adelante. En 1861 había creado la Caja de Ahorros de Vizcaya para captar el dinero de los obreros y mineros vascos, y así pudo salir de la crisis de 1866. En 1874 se opuso al monopolio del Banco de España decretado por Echegaray en cuanto a emisión de billetes, y siguió emitiendo billetes en operaciones privadas, pero eso le convirtió en un banco casi exclusivamente vasco, lo que no fue demasiado positivo para el negocio. En 1878 se transformó en una sociedad de crédito. En 1901 adoptó al Banco de Comercio (creado en 1891) como filial. En 1902 creó una sucursal en París. Durante la guerra de 1914 abrió sucursales en Londres, Tánger, Vitoria, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Sus principales inversiones eran Norte, MZA, Oeste, Altos Hornos de Vizcaya, siderúrgicas del Mediterráneo, Basconia, Minas del Rif, Minas de Sierra Morena. Hacia 1940 creó ENSIDESA para suministrar materias primas al resto de industrias. En 1964 creó el Banco Industrial de Bilbao y absorbió a Banco de La Coruña, Banco Asturiano, Banco de Irún, Banco Castellano, Banco de Comercio, Banco de Huesca 1979, Promoción de Negocios, Banco de Extremadura 1984, y Banca Mas Sardá 1982 y renovó dirigentes jubilando a Epalza, Aguirre, Zubálburu e Ibarra, para dar entrada a José Ángel Sánchez Asiaín que gobernó el banco de 1974 a 1989. En 1988 se fusionó con Banco de Vizcaya, dando lugar a Banco de Bilbao Vizcaya BBV. Y posteriormente absorbió a Argentaria, formando BBVA.

 

El Banco de Santander se creó el 18 de agosto de 1857 con capitales indianos aprovechando que se le concedió la facultad de emitir moneda para Santander. También tenía funciones comerciales y promocionaba y aseguraba títulos de deuda. El Banco de Santander, 1857, fundado por los Botín y los Pombo, recogía los ahorros de los mineros y portuarios de la provincia y emitía billetes. Echegaray le quitó el privilegio de emitir billetes, y en 14 de enero de 1875 se convirtió en sociedad de crédito. Era un pequeño banco local. Pero en 1915, con el auge minero de los alrededores de Santander, hizo buenos negocios. En 1939 era director Emilio Botín Sainz de Sautuola y empezó una política de absorciones que será lo que caracterice a este banco en adelante, pues con cada absorción ganaba la suficiente popularidad para atraer nuevos capitales que compensaban el dinero gastado en la absorción. El primer banco absorbido fue el Banco de Torrelavega y seguidamente Banco de Ávila, Banca Herrero y Cía (de Logroño) y Banco Mercantil de Santander, comprado en 1946 a BANESTO. Con el dinero obtenido con la publicidad, se compró la cartera industrial del Banco Central y empezó a contar como banco mediano-grande. Una nueva jugada de estrategia le llevó a abrir sucursales por las distintas ciudades de España, lo cual le aportó muchos depósitos, e incluso abrió oficina en Londres. En 1965 creó Bankinter como banco industrial filial del Santander. En 1967 y siguientes, absorbió a Banco de Fomento de Gerona, Banco Cid, Banco de Mataró y Banco Continental y se convirtió en el más grande de los pequeños bancos españoles (no llegaba a los tres grandes españoles). Pero nuevamente empezó a hacerse propaganda y adquirir depósitos hasta que en 1987 pudo adquirir valores para colocarse entre los grandes. Absorbió a BANESTO y lo convirtió en filial. En 1988 absorbió al Banco Central y se llamó Banco de Santander Central Hispano, BSCH. Ya era uno de los grandes. Su política desde entonces fue la expansión por Sudamérica, Gran Bretaña y Estados Unidos, al tiempo que volvió a recuperar su antiguo nombre de Banco de Santander.

 

 

La Ley de Sociedades de Crédito.

 

Las leyes de 28 de enero de 1856 regularon que las Sociedades de Crédito no podían emitir papel moneda. Su única función era dar créditos y hacer operaciones comerciales. Podían emitir obligaciones con mínimo de 30 días y máximo de un año hasta el límite del doble del capital efectivo depositado.

No había limitación de que hubiera una por localidad. En Madrid hubo once, en Barcelona seis, en Valencia cuatro, en Valladolid tres, en Bilbao dos, en Santander dos, en Cádiz dos.

En conjunto, las Sociedades de Crédito movilizaban más dinero que los bancos.

Todas las Sociedades de Crédito tenían por meta la construcción de ferrocarriles, la promoción industrial y los servicios públicos como comprar deuda pública del Estado o hacerse cargo de la recaudación y explotación de servicios de agua, electricidad, gas, etc. La ley permitía que las Sociedades de Crédito tuvieran actividad comercial, de promoción industrial, préstamos al Gobierno e incluso recaudación de impuestos.

 

 

La aceptación de las leyes bancarias.

 

Los capitalistas extranjeros tenían prevista la aprobación de estas leyes bancarias de enero de 1856 desde casi un año antes, pues estaban informados del proyecto, y empezaron a tomar posiciones en España desde 1855:

En 20 de marzo de 1855, el vizconde Kevergen, diputado de la Asamblea Francesa, y M. Milhaud, director de Banque Immobiliere de Paris, solicitaron abrir una Sociedad de Crédito en España. Su petición no fue aceptada porque pedían unos derechos de emisión considerados elevados. Enseguida se sumaron las peticiones de los Pereyre, la casa Rothschild y los Prost-Gilhou.

El 28 de enero de 1856, día de la aprobación de la Ley de Bancos de Emisión, se concedieron permisos para abrir bancos.

Los expertos comentan que la Ley se hizo al dictado de las peticiones que hacían los solicitantes extranjeros de bancos. Estas personas estaban en condiciones de exigir porque habían hecho préstamos al Estado español y querían resarcirse de posibles pérdidas en ese tipo de negocios. En realidad sabían que arriesgaban mucho con los ferrocarriles, pero ganaban con el crédito a los particulares y a los inversores españoles en el ferrocarril y ello les compensaba.

También se comenta que fueron unas leyes ambiguas, que se movieron entre el deseo de multiplicar el crédito y el miedo a la burbuja financiera, como la que había tenido Europa en 1847.

Pero la simple promulgación de estas leyes produjo una euforia económica que se tradujo en:

La fundación de periódicos financieros como Semanario Económico, El Economista, la Gaceta de los Caminos de Hierro.

La llegada a España de bancos extranjeros como: la Sociedad General de Crédito Mobiliario Español, propiedad de los Pereire, que se constituía con 456 millones de reales de capital nominal y 68,5 millones de capital efectivo; la Sociedad Española Mercantil e Industrial, propiedad de los Rothschild, con 303 millones de capital nominal y 91,2 millones en efectivo; la Compañía General de Crédito de España, propiedad de Prost y de Guilhou, con 339 millones de reales de capital nominal, y 113 millones en efectivo; la proliferación de bancos y sociedades de capital nacionales como Compañía Catalana de Crédito, Casa Arnús, Sociedad Valenciana de Fomento, Sociedad Española de Crédito Comercial, y hasta 60 entidades más, abiertas entre 1856 y 1864.

En los diez años siguientes a la aparición de las leyes bancarias, surgieron unas 34 sociedades bancarias nuevas, de las que 20, quebraron en 1864-1868 por haber invertido en ferrocarril con mucho riesgo.

Hacia 1874 desaparecieron todas las Sociedades de Crédito y se convirtieron en Bancos de Crédito y Descuento.

Las grandes Sociedades de Crédito fueron extranjeras: Sociedad de Crédito Mobiliario Español, Sociedad Española Mercantil e Industrial y Sociedad Catalana General de Crédito. Hubo unas 64 Sociedades de Crédito más, de tamaño más pequeño.

 

Los Pereyre fundaron Sociedad de Crédito Mobiliario Español, sucursal de Credit Mobiliere Francés. La Sociedad de Crédito Mobiliario Español, con sede en Madrid, era la más grande de las Sociedades de Crédito y manejaba tanto capital como el resto de las sociedades juntas. Fue creada en 1856 y manejaba 456 millones de reales, una cantidad superior a la que poseía el Banco de España. La Sociedad General de Crédito Mobiliario Español, propiedad de Isaac Pereire y de Jacobo Pereire[3], con 68,5 millones de reales de capital real y 456 de nominal. La sociedad fue aprobada en 28 de enero 1856 y funcionó desde mayo de ese año con capital mayoritario francés e italiano, y participación española de duque de Alba, duque de Rivas, Enrique O`Shea, Ignacio Olea y Carlos Manuel Calderón. El presidente de la entidad era José Joaquín de Osma, un peruano. Había otros nueve socios capitalistas franceses. La idea de los Pereire era poner una red provincial de bancos, pero el conservadurismo español no se lo permitió, y entonces decidieron instalar algunos bancos temáticos como Sociedad de Crédito Industrial, Agrícola y Mercantil de Valladolid (1864), Crédito Hipotecario (1863, fallido al poco de aparecer), y Banco Español de Crédito (1886, fallido al poco de aparecer en este primer intento). El objetivo de los Pereyre era dar apoyo financiero a una serie de inversiones que iban a hacer en España tales como Compañía de Caminos de Hierro del Norte (1858), Compañía de Gas de Madrid (1856), minas de carbón en León y Cantabria (Las Rozas de Valdearroyo, cerca de Reinosa), minas de Barruelo (Palencia), Gas de Madrid, seguros El Fénix Español (1864),  también encabezar operaciones de captación de crédito exterior para el Banco de España. En 1863, Alba la abandonó y fundó Crédito Ibérico por su cuenta. Pero ante la crisis de 1864-68, el Crédito Mobiliario abandonó un poco la política de inversión y se dedicó más a la especulación, cayendo en gano inseguridad. En 1879 trató de asegurar capital y cambió sus acciones por obligaciones al 6% y, a partir de ahí fracasó, su cartera de valores disminuyó, los préstamos concedidos eran menos y el líquido disponible aumentaba, hasta que en 1902 se liquidó el banco para dar inicio a Banco Español de Crédito (segundo intento, esta vez con éxito). La Sociedad General del Crédito Mobiliario Español, del grupo francés Pereire, fue gestionada más tarde por la viuda de Pereire. Evolucionaría, en 1902, a Banco Español de Crédito.

 

Los Rothschild franceses fundaron Sociedad Española Mercantil e Industrial, con sede en Madrid y pusieron a su frente a Weisweiler, el cual se valió de colaboradores españoles que habían sido anteriormente ministros de Hacienda como Sevillano y Collado, y otros españoles bien situados en la política.

Sociedad Española Mercantil e Industrial funcionaba en Madrid, tenía 91,2 millones de reales de capital real y 303 de nominal. Esta sociedad tenía entre su nómina de españoles a Alejandro Mon, Sevillano, Collado y Estanislao Urquijo. Compraron Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante MZA y los ferrocarriles Pamplona-Zaragoza y el ferrocarril de Isabel II (Santander-Alar). También adquirían deuda del gobierno español en condiciones ventajosas para el banco. En 1861 se especializó en operaciones financieras. En 1864, la suspensión de pagos del ferrocarril de Isabel II la arruinó y los Rothschild liquidaron la sociedad en 1868.

 

Los Prost-Guilhou fundaron Compañía General de Crédito en España con sede en Madrid, tras obtener la concesión en 28 de enero de 1856.  La Compañía General de Crédito de España, era propiedad de Alfred Prost (el director de Compagnie Generale des Caisses d`Escompte), Luis Guilhou y Nume Guilhou. La Compañía abrió el 14 de mayo de 1856. Salió con 113 millones de reales de capital real y 339 de nominal. Pusieron como director en España al duque de Abrantes y más tarde al marqués de Alcañices. Prost y su Compagnie Generale des Caisses d`Escompte de France, quebró en 1858, y la Compañía General quedó en manos de los Guilhou. Era una banca comercial y también promocionaba empresas como ferrocarriles. Abrieron sucursales en París, y también en Cádiz, La Habana y otras ciudades españolas. Compraron la compañía de ferrocarriles Sevilla-Jerez-Cádiz, la Puerto Real-Cádiz, la Montblach-Reus y la Lérida-Reus-Tarragona, y en 1863 el ferrocarril Mérida-Sevilla. Otras empresas del grupo eran Seguros La Unión, minas en Huelva, Jaén, Córdoba, Granada, Palencia y León, la Compañía General de Minas en 1857, las fábricas de gas de Alicante, Valladolid, Cartagena, Jerez, Pamplona y Burgos, y la Sociedad General Española de Descuentos. Esta última era su mejor inversión pues se ganaba mucho dinero haciendo giros y pequeños préstamos. Pero la sociedad se arruinó por sus negocios de ferrocarriles, suspendió pagos en 1864 y fue liquidada en 1866.

Una filial de Compañía General de Crédito en España, o del grupo francés Prost-Guilhou, era Sociedad Catalana General de Crédito que funcionaba en Barcelona.  Apareció en 1856. Era una empresa llevada en España por Antonio Brusi, Ramón Bonaplata y otros. Esta empresa puso su dinero en el ferrocarril Zaragoza-Barcelona, en el Valencia-Tarragona, en el Barcelona–frontera de Francia en el que era principal socio y constructor, y le fue mal. En 1859 admitió el negocio del préstamo y descuento y vendió muchas acciones del ferrocarril. En 1866 suspendió pagos. En 1881 participó en la creación del Banco Peninsular Ultramarino, pero vendió su participación poco después. En 1881 organizó Sociedad de Ferrocarriles y Minas de San Juan de las Abadesas, una empresa que trataba de hacer un ferrocarril desde la mina El Veterano, hasta Barcelona, esperando vender carbón en Barcelona, y fue un nuevo fracaso, de modo que el proyecto se vendió a Norte. En los años 90 se dedicó a la canalización del Ebro y encauzamiento de los ríos de Barcelona y a los tranvías de Valencia. En 1910 vendió todo a Banco di Roma y la sociedad se disolvió en 1912.

 

Los empresarios españoles crearon Sociedades de Crédito más pequeñas:

La Sociedad de Crédito Mobiliario Barcelonés tenía su sede en Barcelona y una sucursal en Tarragona.

Crédito Mobiliario Barcelonés.

Unión Comercial, que funcionaba en Barcelona.

Casa Arnús, en Barcelona

Caja Barcelonesa de Descuentos y Préstamos.

Caja Catalana Mercantil e Industrial.

Unión Mercantil funcionaba en Santander.

La Caja General de Depósitos se estableció en 1852 y funcionaba como agencia financiera para Hacienda al tiempo que admitía depósitos de los particulares, cuentas corrientes y giros. Tenía veinte sucursales en provincias y captaba mucho dinero privado. Lo invertía en títulos de deuda, hipotecas y anticipos al Estado, y secundariamente, el 25%, en ferrocarriles y obras públicas.

Sociedad Valenciá de Crédito y Fomento, fue creada en 1856 por José del Campo y se dedicó a actividades comerciales, de inversión y banco de negocios. Invirtió en el ferrocarril Almansa-Valencia-Tarragona, Agua Potable de Valencia y Obras del Puerto del Grao. La sociedad fue disuelta en 1879.

La Sociedad de Crédito Valenciano funcionaba en Alcoy como sucursal de la Sociedad de Crédito de Valencia.

Sociedad Española de Crédito Comercial.

Banco de Bilbao de 1857.

 

Otras instituciones financieras del momento fueron:

La Caja de Giros y Descuentos.

Las 16 Cajas de Ahorros.

Las Compañías de Seguros, seguros de vida, marítimos y de incendios.

Las sociedades de crédito mutuo entre empresarios y hombres de negocios tales como el Banco de Propietarios que funcionaba en Madrid, y la Caja Vilumana que funcionaba en Barcelona.

Estos bancos, en 1857, chocaron con la realidad de la escasa rentabilidad en un país donde los negocios eran difíciles pues muchas familias campesinas eran totalmente autosuficientes por necesidad, por pobreza y falta de comercio. Entonces seguían pidiendo las explotaciones mineras como garantía a sus préstamos.

 

 

Fortunas del momento bancario español de 1856.

 

Una importante fortuna española de este momento histórico era la de Joan Güell i Ferrer 1800-1872, padre del muy conocido capitalista Eusebio Güell 1846-1918, el que gastó parte de su dinero protegiendo a Gaudí. Joan había nacido en Torredembarra (Barcelona) y su familia se trasladó a Santo Domingo, pero Joan regresó a Barcelona en 1814 para estudiar piloto. Volvió a Cuba, se hizo comerciante y allí hizo el origen de su fortuna. En 1836 volvió a España e invirtió en una fábrica textil llamada “Güell, Ramis y Compañía”, y en 1841 en una fundición de hierro que se llamaba Fundición de Hierro y Taller de Maquinaria, pero que el público llamaba “La Barcelonesa”. Eran sus socios Lerena y Tous. En 1855 participó en la Maquinista Terrestre y Marítima y la fusionó con La Barcelonesa. Luego puso el Banco de Barcelona, la Caja de Ahorros de Barcelona… Fue concejal en Barcelona, diputado, senador y socio de muchas patronales como el Instituto Industrial de Cataluña de 1849, el Instituto de Fomento del Trabajo Nacional de 1868, a través de las cuales defendía el proteccionismo. Escribía en La Verdad Económica, periódico que era suyo.

Otra fortuna la hizo, a partir de 1856-1857, Antonio López de Piélagos y López de La Madrid abriendo la compañía de comercio “Antonio López y Compañía” en 1852, que se estableció en Barcelona en 1856, y compró un barco, el General Armero, para hacer la línea Cádiz-Marsella, base de muchos negocios posteriores. Antonio López había nacido en Comillas (Cantabria) el 12 de abril de 1817 y había emigrado primero a Cádiz (entre los jándalos) y luego a Cuba, donde hizo fortuna y creó un negocio de ultramarinos. Tras su instalación entre la burguesía católica catalana en 1856-1857, entró en negocios financieros y fue en 1864 vicepresidente de Crédito Mercantil, en 1876 presidente de Banco Hispano Colonial, llegando a la culminación de su trayectoria empresarial en 1881 cuando creó la Compañía Trasatlántica y la Compañía de Tabacos de Filipinas y Crédito General de Ferrocarriles para líneas secundarias de ferrocarril. En premio al éxito, en 1882 se le hizo marqués de Comillas y Grande de España. Fallecería en 16 de enero de 1884.

 

 

La situación económica española en 1856.

 

En primavera de 1856, la situación económica mejoró. Apareció el capital y el crédito. Los agricultores estaban abandonando progresivamente el cereal y ponían vid y olivo, que entonces se llamaban “cultivos industriales” porque requerían de una elaboración posterior.

La presencia de dinero extranjero multiplicó las inversiones e inició una época de desarrollo que no fue controlado por los políticos, ni fue dirigida adecuadamente a fin de asegurar su perdurabilidad. Se perdió con ello una buena oportunidad de desarrollo sostenible.

En abril de 1856, el Tesoro realizó la conversión de 200 millones de deuda flotante al 3% y la puso en el mercado. El principal comprador fueron Prost y Crédito Mobiliario Español de los Pereyre. Ambos hicieron una especie de acuerdo por el que ayudaban al Estado español a cambio de que el Estado español les ayudara a ellos.

 

 

El debate de las Leyes Orgánicas en 1856.

 

El 11 de diciembre de 1854 se había elaborado un anteproyecto con la idea de asumir unas Leyes Orgánicas con valor constitucional pero fuera de la Constitución, y se empezó su discusión, que duró hasta 3 de julio de 1855.

Se habían propuesto, en 1854, diez Leyes Orgánicas. Patricio de la Escosura era de la opinión de que debían integrarse en la Constitución. Pero el resto de la Comisión Constitucional discrepó.

Manuel Lasala y Cristóbal Varela propusieron que cinco de las leyes fueran de rango constitucional y el resto no.

Por fin se llegó al acuerdo de que fueran seis las que tuvieran rango constitucional. Estuvo en discrepancia Antonio de los Ríos Rosas.

En 18 de junio de 1856 fueron aprobadas en Cortes seis Leyes Orgánicas. Se pretendía tener leyes con valor constitucional pero que no estuvieran integradas en la constitución a fin de que fuera más fácil cambiarlas sin necesidad de hacer una constitución nueva.

Las seis leyes de rango constitucional fueron:

Bases de la Ley Electoral.

Bases de la Ley de Relaciones entre los dos Cuerpos colegisladores.

Bases de Ley del Gobierno, Administración Provincial y Municipal.

Bases de Ley de Organización de los Tribunales.

Bases de Ley de Imprenta.

Bases de Ley de la Milicia Nacional.

Como el 30 de noviembre de 1856 se añadió la de Bases de Ley sobre el Consejo de Estado, las Leyes Orgánicas con valor constitucional quedaron definitivamente en siete.

 

 

Desestabilización política en verano de 1856.

 

Ya había tensiones anteriores a 1856:

1854 había significado en Europa un alza importante de los precios del trigo al desaparecer el trigo de Crimea. 1856 fue un año de carestía en el que las gentes, como cada vez que hay hambre y paro, piden reducciones de impuestos y ocupan tierras reclamándolas para sí.

En Teruel el 1 de enero de 1855, la gente se había amotinado contra las autoridades.

Se había presentado moción de censura al Gobierno, en 14 de febrero de 1855, por el tratamiento del tema del exilio de María Cristina.

Había habido un conflicto con las Milicias Nacionales en marzo-abril de 1855.

Se había llegado a un motín en Barcelona en junio y julio de 1855 con reivindicaciones obreras de tipo anarquista.

La desamortización de 1 de mayo de 1855, había causado algún descontento, aunque no parece que sea muy determinante en el caso que estamos tratando. Pero la prohibición de procesiones, la ruptura con la Santa Sede y la expulsión de los jesuitas sí que disgustaron al clero y al pueblo católico que era la mayoría.

Pero en 1856, se produjeron los signos más evidentes de una crisis política.

El 13 de enero de 1856, se había producido el primer signo objetivo de crisis: Alonso Martínez, ministro de Fomento, se mostró contrario a la política del Gobierno y dimitió. Se produjo una primera crisis de Gobierno, entrando en él en 15 de enero de 1856 Patricio de la Escosura en Gobernación, José Arias Uría en Gracia y Justicia, y Francisco de Luján Miguel en Fomento. A ello se añadiría en 7 de febrero de 1856 la entrada de Francisco Santa Cruz Pacheco en Hacienda.

El difícil invierno de 1855-1856, vino a empeorar la situación de hambre y miseria de muchos a principios de 1856.

En abril de 1856 se produjo la ruptura en las Cortes entre un grupo que hasta entonces había apoyado al Gobierno, Centro Parlamentario, que acabaría formando Unión Liberal, y los progresistas que apoyaban al Gobierno de Espartero. Centro Parlamentario constaba de un grupo muy numeroso de Diputados puritanos y Progresistas templados.

En abril de 1856 hubo una sublevación en Valencia y se envió a restablecer el orden a Juan Zabala de la Puente, Ministro de Estado, pero las Cortes acusaron al Gobierno de ejercer la violencia “contra unos sublevados que se expresaban libremente”. El ponente de esta proposición hecha al Gobierno era Nicolás María Rivero, del Partido Demócrata y culpaba de los sucesos de Valencia a la actuación del Gobierno. Es decir, que al descontento de los diputados de Centro Parlamentario se sumaban los diputados demócratas.

El 7 de mayo de 1856, las Cortes declararon beneméritos a los que se sublevaron del 26 de abril al 7 de mayo de 1848 en Madrid, otro gesto romántico de los progresistas, pero intrascendente y más causa de enervamiento que de tranquilización de los ánimos.

El 20 de mayo de 1856 se volvieron a discutir los sucesos de abril de Valencia y se volvió a condenar la actuación de Juan Zabala, y con ello, la actitud del Gobierno. Esta vez, el ponente era Figueras. Estanislao Figueras acusaba al Gobierno de actuar con directrices distintas y contradictorias, acusaba a O`Donnell de reaccionario y pedía a Espartero que diera un paso adelante hacia el progresismo. Todo ello debilitaba a los progresistas en las Cortes, pues por una parte les comía el terreno el moderado O`Donnell y su Centro Parlamentario, y por otra les acogotaban los republicanos.

En Barcelona, en 1856, se podía constatar la “fiebre del algodón”: a fines de 1856, Cataluña tenía 45 compañías algodoneras, pero al amparo de la nueva legislación bancaria, Ley de Banca de enero de 1856, surgieron muchas Sociedades Anónimas nuevas para dedicarse al algodón. Había muchas empresas nuevas exigiendo nuevas condiciones de trabajo.

En mayo de 1856 hubo huelgas en Barcelona por la “cuestión de la media hora”. Era un motivo nimio que no justificaba una huelga: los hiladores trabajaban 12 horas diarias de lunes a sábado. Los empresarios plantearon que las semanas con una fiesta en mitad de semana, los trabajadores hicieran media hora más los sábados, retribuida. Los motivos de la huelga debemos situarlos en otros temas, como que el Gobierno de 1856 no reconocía los convenios colectivos firmados en 1855, y el descontento general del país.

A partir de mayo de 1856 hubo diversos tumultos en Castilla la Vieja incendiando fincas. Se recrudecieron en junio de 1856, cuando la cosecha no se había recogido y los precios de los alimentos eran altos. Las autoridades de Valladolid prometieron bajar los precios del pan, pero los acaparadores de granos se negaron a hacer lo que la autoridad les pedía. El 22 de junio de 1856 empezó el motín en Valladolid y los amotinados quemaron un molino y varias casas paneras (almacenes de grano), y atacaron barcos de transporte de harinas pidiendo reparto gratuito de pan o abaratamiento de los precios. El 23 de junio se amotinaron en Palencia, Medina de Rioseco y Burgos, donde se incendiaron algunos edificios. Durante el mes de julio hubo incendios de cosechas y los incendiarios argumentaban que si los patronos no habían entregado trigo al pueblo cuando se pasaba hambre, que a partir de entonces habría hambre para todos. Era una bandera populista, pues los patronos tienen muchos medios para conseguir alimentos y los incendios perjudicaban más a las clases pobres. No sabemos quién organizaba los motines. Los jornaleros se contrataban para segar, cobraban, y quemaban las cosechas que acababan de segar. Los conflictos se extendieron por un centenar de pueblos de España, entre los que destacaban los pueblos de Valladolid y el entorno del Canal de Castilla, pero también Torrelavega, Comillas, Albacete, Gijón, Palma de Mallorca, Granada, Pontevedra, Toledo, Badajoz, Alcoy, Riotinto, Cuenca, Tortosa, Vigo, Murcia, Manises, Bilbao, Sigüenza, Guadalajara, Barcelona y otros.[4]

Los motines del valle del Duero, y otras regiones españolas, son difíciles de interpretar: Por un lado, parecían una respuesta a la desamortización de Madoz, en cuyo caso serían de componente católico. Pudieron ser el fruto de una crisis de subsistencias, similar a las de siglos pasados. Las autoridades de Valladolid decían que los instigadores eran inmigrantes llegados en masa en busca de empleo, porque se estaba poniendo el ferrocarril y se había producido un efecto llamada por el que se habían concentrado muchos demandantes de trabajo en cantidad desmesurada, y no había trabajo para una masa tan grande de obreros en Castilla. En ese caso estaríamos ante movimientos obreros más o menos organizados, coincidentes con las algaradas de crisis de subsistencias y descontento católico.

El 24 de junio de 1856, las Cortes condenaron los excesos de los campesinos, por unanimidad, y apoyaron al Gobierno el 24 de junio de 1856. O`Donnell dijo que las revueltas de Castilla eran cosa de socialistas llegados expresamente a Castilla para organizar revueltas porque habían visto una ocasión de luchar contra la propiedad.

 

 

Vacaciones de verano de 1856.

 

El 1 de julio de 1856, se dio vacaciones a las Cortes. En teoría deberían regresar en octubre, pero no fue el caso. El 2 de septiembre fueron disueltas. Con ello quedaban abandonados diversos proyectos de ley muy interesantes para España como la de Arreglo del Notariado, la Ley de Instrucción Pública, la Ley de Empleados Civiles y la Ley de Trabajo en la Industria.

Patricio de la Escosura, miembro progresista en alza en el Gobierno, Ministro de Gobernación desde 15 de enero de 1856 y de Fomento desde 23 de abril de 1856, advirtió a Espartero de lo que se estaba fraguando en torno a O`Donnell, al que hacía responsable de los conflictos habidos, y le pidió que excluyera a éste del Gobierno, que destituyera a los mandos militares que se habían comprometido con él y cambiara a los mandos militares sospechosos de conspiración contra el Gobierno.

El Ministro de Gobernación, Patricio de la Escosura, viajó a Valladolid en los primeros días de julio de 1856. Escosura sospechaba que, ordenándole ir a Castilla la Vieja, estaban aprovechando una excusa cualquiera para alejarle de Espartero. Por eso, Escosura hizo un informe apresurado y seguramente equivocado, de que los incendiarios de junio eran unos pocos clericales y unos pocos conservadores, y se volvió a Madrid. Entró en disputa con O`Donnell, el cual había dicho que los incendiarios eran demócratas y socialistas que querían ir contra el Gobierno, lo cual tampoco tenía sentido. La tesis de ser movimientos católicos, defendida por Escosura, es la menos plausible y nunca la admitieron los conservadores.

O`Donnell se enfadó mucho con el informe de Escosura. Acusaba a Espartero de permitir este tipo de conductas campesinas sin que el Gobierno se atreviera a intervenir contra los jornaleros. Las desavenencias entre Espartero, O`Donnell y Narváez, llegaron a un punto caliente, y el Gobierno podía caer. También las clases burguesas sintieron gran desazón y empezaron a pedir un cambio de Gobierno.

 

 

Caída del Gobierno progresista de Espartero.

 

Los motines de verano de 1856 en Badajoz, Cataluña, Valencia, Zaragoza y Valladolid tenían alterados los ánimos. En Castilla parecía que eran motines de subsistencias. En Cataluña eran huelgas obreras. En Valencia eran protestas por las quintas. Pero O`Donnell interpretaba que eran motines de componente socialista, pues en Valladolid se habían puesto al frente de los motines algunos obreros llegados desde Cataluña y Zaragoza. O`Donnell les acusó de atacar la propiedad, la familia y la Iglesia católica. También participaron algunos miembros de la Milicia Nacional, por lo que O`Donnell decidió que la represión de los motines se hiciera con el ejército y no con la Milicia Nacional.

Los burgueses pedían defensa de la propiedad, y recordemos que todos los políticos, moderados, progresistas y demócratas, eran burgueses.

O`Donnell aprovechó el momento de inestabilidad de julio de 1856 para acabar con Espartero, pero para ello necesitaba el apoyo de los parlamentarios de Centro Parlamentario y la venia del Palacio Real. Espartero, que no gobernaba, sino sólo figuraba, no se enteraba de nada. O`Donnell se puso al habla con varios generales sin que Espartero interviniese.

 

El 13 de julio, Patricio de la Escosura volvió a Madrid e informó al Gobierno, en presencia de la Reina, de que los militares estaban haciendo consejos de guerra a civiles, consejos de guerra que terminaban en ejecuciones sumarísimas. Por todo ello, pedía la destitución de O`Donnell como Ministro de Guerra. Además, opinaba que Serrano y O`Donnell estaban conspirando contra Espartero y les acusaba de estar detrás de los motines del campo castellano. O`Donnell expresó su contrariedad porque Escosura, en su calidad de Ministro de Gobernación, no hubiera permanecido en Valladolid en su deber de dominar a los alborotadores. O`Donnell acusó a Patricio de la Escosura de difamación.

Hubo un enfrentamiento agrio entre Escosura y O`Donnell. En el transcurso de la discusión, Escosura dimitió. Siguiendo el fragor de la discusión, O`Donnell dijo que él también dimitía. Y entonces se sumó Espartero y manifestó que también dimitía él.

La Reina les pidió que no dimitieran. Ante aquel sin sentido de dimisiones, Isabel II pidió que cada uno explicase sus razones para la dimisión. O`Donnell respondió que Escosura o él, uno de los dos sobraba en el Gobierno, porque progresistas y moderados no cabían en un mismo Gobierno. Isabel dijo a O`Donnell que se quedara, y entonces Escosura entendió que la Reina le echaba, y abandonó la sala. En ese momento, Espartero cayó en la cuenta de la tontería que acababa de hacer dimitiendo, pues entregaba el poder a los moderados, y planteó objeciones a O`Donnell, pero la Reina insistió en que éste se quedaba, y Espartero abandonó la sala como había hecho Escosura.

El 14 de julio de 1856, los progresistas estaban sorprendidos por haber perdido el Gobierno de forma tan estúpida como una discusión personal. Aunque las Cortes estaban suspendidas por vacaciones desde 1 de julio de 1856, Pascual Madoz convocó a los diputados progresistas en el Congreso, y se reunieron 83 diputados de un total de 350 existentes. Votaron una moción de censura al Gobierno O´Donnell, lo cual no tenía legitimidad ninguna por no haber sido convocadas las Cortes legalmente. Intentaron llevar su escrito a la Reina, que, lógicamente, no les recibió. Entonces decidieron encerrarse en el Congreso el 14 de julio por la tarde. O`Donnell bombardeó el Congreso. Los diputados de la protesta fueron saliendo poco a poco del Congreso. A las 11,30 del día 15 de julio salieron los últimos 43 diputados. 37 de ellos eran progresistas y 6 demócratas. La Milicia Nacional de Madrid estaba dispuesta a tomar las calles si las convocaba Espartero, pero éste decidió no convocarlas ni iniciar un combate que acabaría con muchos muertos.

Los progresistas templados o legales, culparon a los progresistas puros del fracaso del Gobierno Espartero-O`Donnell, y particularmente culpaban a Espartero, su líder, por incompetente, y a Patricio de la Escosura por temerario. En ese momento, veían bien que O`Donnell tomara el poder, porque temían la posibilidad de que la Milicia Nacional se hiciera cargo del Gobierno y se iniciase una etapa populista.

 

 

 

La Constitución non nata de 1856.

EL PROYECTO CONSTITUCIONAL DE 1856.

 

Durante 1854 y 1855 se trabajaba en una Constitución nueva, trabajo muy duro de hacer entre grupos tan dispares como los moderados de Narváez, los centristas de O`Donnell, y los progresistas de Espartero. La coalición era altamente inestable: Espartero quería introducir a toda costa la soberanía nacional, la Milicia Nacional, los jurados para delitos de prensa y los derechos de los españoles. Estos principios eran inaceptables para Narváez y O`Donnell y las discusiones se prolongaban. La Constitución llegará a ser aprobada en Cortes en 1856, al final de Bienio Progresista, pero nunca será ratificada ni entrará en vigor.

La Constitución de 1856 fue un intento fallido de hacer elegible el Senado. Otros intentos de liberalización consistieron en restaurar la Milicia Nacional y el prohibir la persecución de las opiniones discrepantes del dogma y tradición católicos.

 

La soberanía pasó de la introducción, como se había tratado en Constituciones anteriores, al articulado, y afirmaba rotundamente que “todos los poderes públicos emanan de la Nación, en la que reside esencialmente la soberanía y, por lo mismo, pertenece exclusivamente a la nación el derecho de establecer sus Leyes Fundamentales”. Leyes Fundamentales era un concepto que englobaba tanto la alusión a las leyes históricas, no aplicables pero de gran prestigio popular, como a la Constitución. El concepto se copiaba de la constitución francesa de 1789 y de la de Cádiz de 1812.

Los moderados como Ríos Rosas y Cánovas del Castillo discrepaban argumentando que la soberanía nacional llevaba al sufragio universal, y éste al desorden social pleno.  Los moderados consideraban inadmisible llegar al sufragio universal, pues teniendo en cuenta que se atribuía la soberanía a la Nación y que se declaraba a todos los individuos iguales sin atender a su preparación intelectual, a su competencia profesional ni a las fortunas que debía defender cada uno, lo lógico era suponer que el sufragio universal instituyera el ataque legalizado a la propiedad que harían los pobres sobre las fortunas del país, que se legalizasen las insurrecciones que reclamasen el pan o la tierra.

Los progresistas, encabezados por Escosura, replicaron que sólo la soberanía “nacional” era legítima y que la soberanía nacional no era igual que el derecho de insurrección y ni siquiera implicaba el sufragio universal, sino sólo era el derecho del pueblo a constituirse como le gustase. La soberanía nacional serviría para que los gobernantes supiesen en todo momento que estaban en el poder gracias al pueblo, pero siempre al servicio de los gobernados. Por su parte, los gobernados sabrían que las leyes provenían de ellos mismos y por ello debían ser obedecidas y respetadas. Escosura tenía un punto de utópico cuando afirmaba que se impondría la inteligencia, el gobierno de los más preparados. Escosura terminaba afirmando que la soberanía nacional legitimaba el trono de Isabel II, porque a partir de ese momento, la Reina lo sería por decisión de todos los españoles y no por herencia recibida ni por connivencias entre los poderosos.

 

La Constitución de 1856 citaba muchos derechos. Tenía interés en que los derechos constasen en el articulado, para que los Gobiernos no pudieran decidir sobre ellos, y tenía interés en que los derechos estuvieran desarrollados en leyes específicas:

En cuanto a la libertad de imprenta, se reconocía que este derecho estaba ya presente en la Constitución de 1837, pero había que reglamentarlo mejor de modo que los Gobiernos no pudieran secuestrar publicaciones por decreto antes de haber empezado a circular.

Había que salvaguardar la seguridad de las personas frente a detenciones arbitrarias, allanamientos de morada y exilios caprichosos. Sólo podrían imponerse estas penas mediante una ley y un procedimiento judicial. Para caso de que la seguridad del Estado requiriese suspender este derecho, debería haber una Ley que fijase límites precisos y rigurosos. En todo caso, nunca se podría deportar ni desterrar españoles fuera de la península.

Los delitos políticos nunca podrían conllevar el castigo de pena de muerte.

Sobre derechos sociales y políticos: Orense pidió libertad de enseñanza, libertad de imprenta, derecho de reunión,  derecho de asociación y sufragio universal. No se le concedieron sus peticiones, pero es importante que existieran tales peticiones.

García Ruiz pidió derechos sociales a favor de la clase proletaria. Hubo una discusión sobre derechos sociales en la que se argumentó que los derechos políticos daban dignidad a las personas pero los sociales daban pan, así que se pedía seguridad en el trabajo y derecho a la educación, pero las Cortes los rechazaron.

Sobre la libertad religiosa las discusiones fueron largas. Unos alegaban que la Constitución no podía imponer dogmas religiosos y mucho menos imponer la religión católica. Preferían que los ciudadanos pudieran elegir el culto que desearan profesar, siempre que no atacasen a la moral y al orden público. Otros argumentaron que la libertad de cultos era una libertad fundamental que no se podía restringir. Al final se impuso un compromiso por el que “la Nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Pero ningún español podría ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas, mientras no las manifestase por actos públicos contrarios a la religión”. Unos, como Corradi, comentaron que la influencia del catolicismo en la historia de España había sido muy negativa como se podía ver en la Inquisición, la expulsión de los judíos, las guerras religiosas, y el acaparamiento de la propiedad. Otros, como Nocedal, comentaron que todos los grandes logros de España se debían al catolicismo, y citaban a los godos, Pelayo, el Cid, el descubrimiento de América, el arte español.

 

En el legislativo se discutieron varios temas:

El primero fue el derecho de disolución, pues las Cortes de Isabel II venían siendo disueltas y convocadas a capricho de los Gobiernos. Se argumentó que, si no había derecho de disolución, los Gobiernos quedarían a merced de las Cortes. El problema surgía en cualquiera de los dos casos, y se concluyó que lo importante era evitar los abusos. Se decidió que las Cortes deberían ser reunidas todos los años y que reunirían el 1 de noviembre si no lo habían hecho antes, que estarían reunidas al menos 4 meses consecutivos y, si faltase tiempo en el año natural, se completarían de todos modos los cuatro meses, y que el rey sólo podría suspender las Cortes por 30 días, pasados los cuales debían completarse los cuatro meses preceptivos de reunión.

El segundo tema fueron los presupuestos. Era un tema arduo porque desde 1837, a pesar de que la Constitución lo exigía, solamente dos años se habían presentado presupuestos a las Cortes y se habían exigido impuestos nuevos sin la ley correspondiente. Se decidió que el Gobierno debía presentar todos los años presupuestos, y que no se podrían cobrar impuestos no autorizados en la Ley de Presupuestos. El presupuesto se presentaría en los 8 días primeros de constitución de las Cortes y se discutiría en los cuatro meses que obligatoriamente estaban abiertas, sin poderse demorar para más tarde por otras supuestas urgencias legislativas. Igualmente se aprobarían en ese tiempo la recaudación de impuestos y la política de inversiones públicas. Se reconocía que los primeros años sería difícil cumplir con estas normas, pues había mucho que discutir después de tantos años sin presupuestos, pero se confiaba en que todo se simplificaría una vez normalizado. Los contribuyentes que pagasen impuestos no regulados por ley, sin ser apremiados o ejecutados para ello, perderían su dinero. Los Ministros y funcionarios que cobrasen impuestos ilegales perderían sus empleos y sueldos e incurrirían en las penas que los tribunales les atribuyesen. Los pueblos tendrían derecho a rechazar, por medios legales y no violentos, los impuestos no aprobados en leyes.

 

En cuanto al Senado, en principio se pensaba en Cortes unicamerales (opiniones de Lasala y de Varela), porque la experiencia del Senado había sido muy negativa en la primera mitad de siglo, y porque el concepto mismo de senador rompía el principio de igualdad de todos los españoles, pero se impuso la existencia de una segunda cámara. La mayoría pedía senadores designados por el Rey con carácter vitalicio entre personas eminentes, con merecimientos probados y con capacidades intelectuales suficientes. Olózaga propuso un Senado de elección popular y argumentó que un Senado designado por el Rey no podía ejercer como intermediario imparcial entre el Rey y el Pueblo, pues sólo representaba al Rey y a los más poderosos de la Nación. Dijo también que se había demostrado que el Senado de los ricos podía oponerse al Rey y al Gobierno, que era el caso de 1854, y por tanto, era una falsedad el argumento de que el Senado era la defensa natural del Rey. Por ello, el Senado debía ser enteramente electivo. Olózaga convenció a todos y el Senado fue de elección popular con senadores elegidos por los mismos electores y del mismo modo que los diputados. Se renovaría por cuartas partes en cada elección de diputados al Congreso.

 

En el ejecutivo el principal tema de discusión era el Rey. La Constitución de 1856 reconocía como Reina a Isabel II de Borbón. Pero el artículo 55 del proyecto, que trataba de la Corona, quedó excluido de discusión por voluntad del Gobierno y por aceptación de las Cortes. Algunos republicanos y demócratas sacaron el tema de todos modos:

García López atacó la actitud de Isabel II desde 1844 a 1855, totalmente despreocupada del progreso material y social de España en los 10 años que llevaba de reinado, mientras había habido levantamientos y fusilamientos. Prim le contestó que Isabel II era la mejor Reina posible. San Miguel dijo que el sistema monárquico tenía ventajas respecto al republicano y que la monarquía no era ningún impedimento para democratizar las naciones.

Las Cortes decidieron limitar un poco las prerrogativas de la Corona de forma que tendría que pedir permiso a las Cortes para casarse (criterio que se había eliminado en 1845), y que serían las Cortes, y no el Rey, las que nombraran Regente o Regentes.

Sobre el derecho de sanción y veto de las leyes, los progresistas decían que concederle el veto al Rey era lo mismo que declararle infalible. Pero los conservadores replicaron que el veto del Rey equilibraba los poderes del Estado pues así mediaba entre el Gobierno y las Cortes. Se le concedió al Rey, tras mucha discusión, el derecho de sanción y veto absoluto.

 

En cuanto a la administración territorial, para el gobierno de los pueblos se crearon ayuntamientos con alcaldes, regidores y síndicos, elegidos por sufragio directo por todos los vecinos que pagasen alguna contribución directa al Estado, fuera la cantidad que fuere. Desaparecerían los alcaldes de designación real y los corregidores.

 

Se creó una Milicia Nacional en cada provincia, al servicio del Rey, pero que nunca podía ser llevada fuera de su propia provincia sin autorización de las Cortes. Podía ser disuelta por el Gobierno. Su organización y funcionamiento se regularía por una Ley posterior, que también diría quiénes podían ser milicianos.

 

Se estableció un juicio por jurados para delitos de opinión pero se dejó para leyes posteriores. No se introducía en el texto constitucional porque no se consideraba oportuno establecer jurados en ese momento en un país con litigios religiosos, dinásticos, políticos y territoriales en los que se podía prever que los jurados no serían imparciales.

 

 

Valoración de la Constitución de 1856.

 

Los constituyentes se esforzaron demasiado en resolver los problemas del pasado y demasiado poco en tratar los problemas del presente. En 1856, ya había en Europa ideas nuevas sobre el desarrollo económico y social, que la constitución de 1856 se había olvidado. Por ello, podemos afirmar que, si hubiera sido puesta en vigor, que no lo fue, hubiera mostrado muchas deficiencias como había ocurrido con las constituciones anteriores, y no debe ser mitificada como a veces ocurre con lo que pudo haber sido.

Los progresistas partían de una situación de desventaja en la opinión pública: en 1837 habían hecho una Constitución de consenso, que los moderados vendieron como la Constitución progresista. En 1845, cuando los moderados rompieron el consenso, los progresistas deberían haber reaccionado expresando nítidamente su ideología y no lo hicieron, sino que se limitaron a proponer unas reformas a la Constitución de 1845. Cuando expresaron finalmente sus ideas en 1856, las nuevas propuestas daban miedo incluso a los propios progresistas, dudaron, dejaron pasar el tiempo, y la Constitución de 1856 nunca se promulgó. La expresión de lo que eran las ideas progresistas sólo estuvo muy clara de 1865 en adelante, y entonces pareció que eran ideas nuevas, cuando no hubiera ocurrido así de haberse teorizado y publicado correctamente mucho antes.

El Proyecto de Constitución de 1856 quitaba privilegios a la Iglesia por 103 votos contra 99, pero como no llegó a entrar en vigor, todo permaneció de forma similar a entonces.

Los temas de la soberanía nacional, libertad de conciencia y libertad de imprenta fueron bien tratados.

Parece muy positivo el que se limitase el poder de los Gobiernos sobre las Cortes en cuanto a disolverlas y convocarlas.

También las garantías sobre los derechos individuales era un tema bien tratado y además se añadieron los derechos de reunión y asociación que eran nuevos.

Y al amparo de la Constitución, el 4 de diciembre de 1855 hubo una Ley para la concesión de asilo a los refugiados políticos. Y también hubo una Ley de Sanidad y un Proyecto de Ley de Instrucción Pública que hizo obligatoria la enseñanza primaria.

 

 

La promulgación de la Constitución.

 

La promulgación de la Constitución de 1856 se demoró, primero, porque se discutía si debería promulgarse inmediatamente o con un Gobierno nuevo más legitimado, segundo, por si debía aceptarla primero la Reina y ser ella la que promulgase la Constitución, y tercero, porque se consideró que se debía promulgar junto a 7 Leyes Orgánicas: Elección de Diputados, Consejo de Estado, Relaciones entre el Congreso y el Senado, Administración Territorial, Tribunales, Imprenta, y Milicia Nacional. El resultado es que nunca llegó a promulgarse.

Objetivamente, muchos historiadores piensan que los Diputados no estaban dispuestos a disolverse. En enero de 1856 ya habían terminado sus trabajos y podían haber promulgado la Constitución. Entonces fueron los progresistas puros los que exigieron que fuese la Reina quien la promulgase, lo cual era dejar en manos de Reina la fecha de la promulgación y la decisión de promulgarla.

Y la decisión de integrar en la Constitución las siete Leyes Orgánicas fue otra maniobra dilatoria que hizo que el texto se hiciera largo y farragoso y que permitió seguir discutiendo seis meses más.

 

 

 

[1] Pedro Gómez de la Serna y Tully, 1806-1871, nació en Mahón (Menorca) e hizo estudios propiamente religiosos de Cánones y Leyes en Alcalá. En 1836 fue Jefe Político (Gobernador) de Guadalajara e inició su carrera política en la que destaca el cargo de Ministro de Gobernación para Espartero en 1843, momento en que creó el Consejo de Instrucción Pública que sustituía a la Dirección General de Estudios. Tras la caída de su protector, huyó con él a Londres. Regresó en 1846 y fue Ministro de Gracia y Justicia en 1854, al volver los progresistas y Espartero. Trabajó en la legislación de 1854-1856 y destacó como uno de los principales juristas de esta época tanto en sus publicaciones como en los trabajos preparatorios de incompatibilidades de Diputados, reglas de enjuiciamiento civil, ley de Sanidad, Administración provincial y municipal.

[2] Pedro Calvo Asensio, 1821-1863, era vallisoletano y se hizo farmacéutico de profesión y literato de vocación. En 1854, ingresó en el Partido Progresista y fundó la facción “Iberia”, dentro del progresismo radical. En 1856 fue comandante de la Milicia Nacional en Madrid y uno de los defensores del sistema que caía ante el empuje de los unionistas.

[3] Jacobo Emilio Pereire 1800-1875 fue el creador de la fortuna familiar. Había nacido en Burdeos en una familia portuguesa judía emigrante. Se trasladó a París en 1822 y puso una Agencia de Cambios, que fue la base de su fortuna. En 1832 obtuvo la concesión del ferrocarril París-Saint Germain, una pequeña línea, pero que le da mucho prestigio. En 1852, la sociedad Credit Mobilier Français, de los hermanos Jacobo Pereire e Isaac Pereire, se quedó con la concesión de la línea París-Bayona, una gran línea. También hacían operaciones urbanísticas en la remodelación de París. Entonces envíaron a Madrid a Eugenio Pereire, hijo de Jacobo, a fundar Crédito Mobiliario Español y conseguir concesiones de ferrocarril, obteniendo la Madrid-Irún para Norte. También fundaron Credit Mobilier en Holanda y en Italia, e incluso una Banca Otomana en Turquía, constituyendo un gran imperio financiero. En 1867 quebró Credit Mobilier francés.

[4] Javier Merino Lázaro, Fiscalidad y revueltas populares en Castilla-León durante el Bienio Progresista 1854-1856 Historia Agraria, 2003.

José Luis Ollero Vallés, Sagasta, de conspirador a gobernante. Marcial Pons Ediciones de Historia S.A., Madrid 2006.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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