LA DESAMORTIZACIÓN DE 1855.

 

Un Decreto de 1 de mayo de 1855, Ley General de Desamortización, y los Decretos complementarios de 31 de mayo de 1855, de 14 de julio de 1855, y de 11 de julio de 1856, modificando la Ley de mayo de 1855, decidieron la venta de todos los bienes eclesiásticos no vendidos en las campañas de desamortizaciones anteriores y, lo que era mucho más cuantioso, incluía censos y foros del Estado, censos y foros del clero, bienes de Órdenes Militares, de santuarios, de cofradías, de obras pías, propiedades de Don Carlos (el jefe carlista), bienes de propios y comunes de los municipios, bienes de beneficencia, instrucción pública, Universidades y, en general, toda la propiedad en manos muertas, estuviese o no contemplada en leyes anteriores. Los bienes del clero eran una pequeña parte de lo que se desamortizaba. Recordemos que desamortizar era pasar a bienes susceptibles de compra y venta, los bienes retenidos por instituciones de cualquier tipo por vía de privilegio.

El 30% de las ventas de la desamortización de 1855 fueron tierras del clero, y un 20%, tierras de instituciones de beneficencia. Otro 45% de las ventas fueron propios de los Ayuntamientos y baldíos de los municipios. Por todo ello, la desamortización de Madoz es considerada como la desamortización de los propios y baldíos de los Ayuntamientos, aunque muchos comunes se pasasen por propios a fin de su reparto entre los vecinos[1].

Lo más importante y trascendente de la desamortización de 1855 fue la desaparición de los propios, aunque la literatura sobre el tema incida en los bienes eclesiásticos:  De 1859 a 1897 se vendieron los montes municipales (propios), lo que significó la venta de más de 5 millones de hectáreas de monte, y muchas de ellas fueron a parar a agricultores pequeños. Estas fincas, en el proceso de bajada de precios agrícolas del XIX, que fue espectacular, se convirtieron en minifundios al no ser suficientes para mantener a una familia, y los precios seguirían bajando en el siglo XX.

Quedaban exceptuados de la venta, o desamortización, las tierras comunales (bienes del municipio) explotadas directamente por sus ayuntamientos propietarios, aunque éstos fueran colectivos, y los terrenos considerados bienes públicos por razones de arbolado, salubridad, mantenimiento de aguas  o considerados necesarios para la fertilidad de la tierra. Con ello, se calculaba que, de unos 10 millones de hectáreas de montes y pastos, se reservaban 6,8 millones para bienes públicos y se destinaban 3,4 millones de hectáreas para venta a particulares. España tiene una extensión de 50 millones de hectáreas, de las cuales son cultivables entre 15 y 20 millones de hectáreas. La medida desamortizadora era pues de mucho calado.

Los fines en que justificaron la desamortización los legisladores de 1855 eran: beneficiar a los particulares porque tendrían mayores oportunidades de invertir y trabajar; beneficiar a los pueblos, los cuales progresarían, podrían realizar obras públicas y se desarrollaría el crédito; por último, beneficiaría al Estado, que obtendría más ingresos. Además de estos beneficios económicos, alegaban que significaría el fin definitivo del Antiguo Régimen, lo cual fortalecería el régimen representativo.

El dinero obtenido debía servir para realizar obras públicas del ferrocarril y mejoras en la agricultura.

El decreto de 1 de mayo de 1855 de Desamortización, contenía una imprecisión: en el artículo 1 se declaraban en venta los propios y comunes de los pueblos, y en el artículo 2 se exceptuaban los bienes “que hoy son de aprovechamiento común”, y la palabra “hoy” no quedaba definida. No estaban definidas qué tierras eran comunales ni estaba claro qué tierras eran en ese momento comunales y por tanto estaban excluidas de la desamortización. Llevada esta imprecisión a la práctica, en cada lugar se pudieron definir como desamortizables todos los terrenos que fueron calificados convenientemente para ello en ese mismo momento. Los comunales fueron enajenados en su mayoría, aunque no en su totalidad: se salvaron las dehesas boyales, mientras otras muchas, tenidas como de aprovechamiento común, fueron subastadas. Hubo más subastas cuanto más al sur de España miremos.

La desamortización iniciada en 1 mayo de 1855, gestionada por Pascual Madoz, ministro de Hacienda, tuvo continuación hasta final de siglo y continuaría hasta principios del XX, y no fue interrumpida por los distintos Gobiernos excepto en 1856-58.

 

Las suspensiones de la Ley de Desamortización fueron de 23 de septiembre de 1856 (O`Donnell) suspendiendo venta de bienes del clero, y de 14 de octubre y 30 de diciembre de 1856 (Narváez) suspendiendo completamente la aplicación de la Ley, pero los bienes dejados para misas y protección personal de determinados individuos (capellanías y censos) y los ya vendidos, no se devolvieron.

    Cuando se puso de nuevo en vigor la Ley 1 de mayo de 1855, Ley 2 de octubre de 1858, quedaron excluidos de la desamortización los bienes del clero secular.

En 1858 la gente ya no tenía miedo jurídico-político al cambio de régimen político. En 1843, los compradores habían sido confirmados en sus propiedades y en 1851, el Concordato había aceptado las ventas ya realizadas. Pero había ciertos problemas de conciencia. Muchos tenían miedo a ser señalados como enemigos de la Iglesia, pero el problema se resolvía comprando bienes en un pueblo suficientemente alejado del de residencia del comprador. Si el comprador era demasiado escrupuloso, siempre podía comprar fincas de procedencia civil, propios y baldíos, y dejar para otros las compras de terrenos procedentes de la Iglesia. Pero los reparos se disipaban ante la consideración de que las mejores calidades de la tierra eran las de fincas de la Iglesia.

Otro problema era la persistencia de los edificios religiosos en el bien adquirido, porque denunciaban permanentemente el origen de la finca, pero ello se resolvía arrasando las capillas, monasterios y demás construcciones adquiridas y dedicando las piedras, una vez rotas, a construir paredes nuevas para las fincas, casas y establos.

 

 

Forma de adquisición de bienes.

 

Las condiciones de pago fueron más duras que la vez anterior porque se exigió el pago en dinero, no admitiéndose juros y demás deuda pública. Se pagaba todo en efectivo, el 10% en el momento de la subasta y el resto en 14 anualidades.

Los propios eran tierras administradas por los Ayuntamientos de forma que con sus alquileres se lograba un dinero para funcionar de forma ordinaria. Los propios se vendieron pagando el 20% al Estado con destino a rescatar deuda pública, y el resto quedaba en manos de los Ayuntamientos, pero no se les daba dinero efectivo sino deuda pública al 3%, lo que significaba que los Ayuntamientos seguirían teniendo ingresos siempre que el Estado pagase los intereses de la deuda (cosa no muy segura en la España del XIX).

Los Ayuntamientos no hicieron muy buen negocio vendiendo fincas: Los títulos de deuda adquiridos dependían demasiado del Gobierno de turno que podía rebajar la deuda o no pagarles intereses. En realidad sus ingresos anuales se redujeron, y ello les empujó a poner impuestos nuevos a los vecinos. Los pobres, por tanto, se vieron doblemente perjudicados, por haber perdido fincas de pastos y por tener que pagar cada vez más impuestos municipales. A veces, la pérdida de ingresos por parte del Ayuntamiento condujo a despedir al maestro en primer lugar y al médico después, lo cual supuso nuevas pérdidas para esa población rural.

El importe de las ventas en general se mermaba en un quinto, 20%, que iba a parar al Estado, y el resto se canjeaba por inscripciones intransferibles de deuda pública consolidada al 3%, lo cual aseguraba teóricamente a los expropiados unos ingresos seguros en el largo plazo. Cuando se devaluaron los títulos de deuda y se devaluó el dinero, los Ayuntamientos y la Iglesia perdieron mucho dinero.

Los bienes que se pagaron más caros fueron los de secuestro de Don Carlos, pagados a 237% de precio de salida de promedio. Los de Órdenes Militares se pagaron a 225%, los de propios a 212, y los del clero secular a 202% de promedio.

Hubo repartos de tierras en lotes, o suertes, entre vecinos pobres. Estas decisiones “sociales” tuvieron un efecto contrario al buscado inicialmente por políticos “de buena voluntad”, pero poco expertos en economía: Las suertes repartidas a campesinos modestos permanecieron poco tiempo en su propiedad, como es lógico y esperable: El empresario, incluso el pequeño empresario agrícola, tiene necesidad de capital antes o después, pues necesita arados nuevos, animales de tiro, carros, paneras, pajares, trillos, utensilios diversos… Y en el momento en que el campesino pobre pide un préstamo, se pone en manos del prestamista y adquiere con ello muchas posibilidades de perder su tierra. Si la tierra le daba sólo lo suficiente para sobrevivir, el pago de una anualidad hipotecaria hacía imposible su supervivencia. Y llegados a ese punto, lo más racional era vender la tierra. Si un campesino intentaba un cultivo común en su comarca, no podía vender porque la cosecha era buena para todos o mala para todos. Si un campesino intentaba un cultivo raro, solía no recoger cosecha porque era inapropiado para su terreno. Y el problema era que no podía comercializarlo a grandes distancias porque ello incrementaba desmesuradamente el precio del producto.

La desamortización se concibió como un negocio de Hacienda que, primero, ingresaba el dinero de la venta y, más tarde, cobraba contribuciones anuales de algo que nunca había tributado. Pero el negocio no fue tan claro: La burocracia de delimitar las fincas nacionalizadas, vender y cobrar esas ventas, más el presupuesto de culto y clero que se dio como compensación a los sacerdotes, se llevaron mucho del dinero que se recaudaba. El problema de Hacienda no quedó, ni con mucho, solucionado.

 

 

Resultados para el Estado.

 

En total se recaudaron unos 8.300 millones de reales, el doble que en la desamortización de Mendizábal, pero poco para la deuda que el Estado quería enjugar.    La recaudación entre 1855 y 1867 se estima en 2.188,45 millones de reales y, teniendo en cuenta que la deuda del Estado en 1850 era de 4.000 millones, podemos afirmar que fue posible pagar la mitad de la deuda pública. Es una afirmación teórica, que sólo se cumple si no se adquiere deuda nueva.

El resultado de la desamortización entre los años 1859 y 1895 fue la venta de tierras por valor de 7.000 millones de reales, una cantidad doble de la obtenida en la desamortización de Mendizábal en 1836.

Comparativamente, en la desamortización de 1855 se recaudó mucho:

En la desamortización de 1798 se obtuvieron 1.600 millones de reales en ventas.

En la desamortización de 1836 se obtuvieron 3.447 millones de reales.

En el periodo 1855-1856 se obtuvieron 766 millones de reales en ventas.

En el periodo 1859-1895 se obtuvieron más de 7.000 millones de reales en ventas.

 

 

Críticas a la desamortización.

 

Es el tema de la historiografía del siglo XIX sobre el que hay más literatura, casi toda muy parcial a favor de la Iglesia Católica.

Los católicos argumentaban que la Iglesia era despojada injustamente de sus bienes. Los liberales argumentaban en contra, que los bienes eran originariamente del Rey y éste los había ido cediendo, en uso o en propiedad, a distintos entes colaboradores del Estado. En el siglo XIX se daba una doble circunstancia que hacía conveniente la desamortización y conversión de esos bienes en bienes privados: la primera era que las entidades tradicionales que habían recibido riquezas, habían perdido su función de colaboración con el Estado. Los nuevos colaboradores, las clases medias, tenían derecho al disfrute de esos bienes en orden a hacer funcionar sus negocios. La segunda era que la Iglesia había instituido un sistema en el que sólo ingresaban nuevas riquezas, sin salida alguna posible de alguna de ellas, por lo que a la larga se produciría la asunción total y completa de las riquezas del país por la Iglesia, lo cual era contrario a la idea de que el Rey debía ceder bienes a sus súbditos para ser compartidos por todos, que era la idea de progreso social defendida durante siglos por los españoles. La contradicción era que cambiar la acumulación en manos del Rey por la acumulación en manos de la Iglesia, era volver al punto de partida, y los súbditos quedarían de nuevo desprotegidos en derechos ante el propietario general.

Contra este razonamiento, los clericales argumentaban que la Iglesia hacía muchas obras de caridad. Y en respuesta a este argumento, los liberales no tenían más que decir que, si hacía obras de caridad era con una parte de lo mucho que ingresaba a costa de los trabajadores y del pueblo en general.

El Papa alegó que la Iglesia tenía derecho a poseer y a adquirir bienes como cualquier otra institución. El Gobierno le respondió que a la Iglesia se la indemnizaba con deuda pública intransferible al 3% por un capital equivalente al valor de las ventas. También dijo el Gobierno que a la Iglesia se le quitaban únicamente los bienes raíces y no por causa de ser de la Iglesia, sino por ser manos muertas.

La Iglesia alegó que se estaba conculcando el Concordato de 1851 en muchos artículos, lo cual era cierto, pero los progresistas alegaban que había que hablar de la moralidad de ese Concordato que perpetuaba la injusticia social de acumular tierras en perjuicio de la sociedad en general. El tema era escabroso, y el Encargado de Negocios de la Santa Sede, Franchi, pidió pasaporte para marcharse a Roma, al tiempo que el embajador español en Roma, Joaquín Francisco Pacheco, abandonó Roma.

La Reina, que era católica y estaba rodeada de una corte de católicos fanáticos, se opuso a la desamortización.

Hubo muchas personas que se oponían a la desamortización, principalmente la Reina, don Francisco, el nuncio Franchi y Sor Patrocinio, que recomendaron a Isabel II que no firmase la ley de desamortización. La Reina se negó a sancionar la ley de desamortización el 28 de abril de 1855. Espartero y O`Donnell, que habían viajado a Aranjuez para presentar la Ley a la firma de la Reina, regresaron a Madrid sin cumplir su objetivo y prepararon una dimisión en bloque del Gobierno. La decisión de dimitir era muy grave porque la revolución de 1854 estaba dispuesta a acabar con el trono de Isabel II. De hecho, algunos Diputados se reunieron en el Congreso para derrocar a la Reina. Espartero y O`Donnell amenazaron entonces con dimitir, e Isabel firmó, pero la suprimió a la primera oportunidad en 14 de octubre de 1856, hasta que O`Donnell la restableció en 1858. Sor Patrocinio fue desterrada de la Corte.

Como consecuencia “colateral” de la negativa de la Reina a sancionar la Ley de Desamortización, la Camarilla de la Reina fue destituida. En 15 de septiembre de 1855, el Gobierno elevó a la Reina una Exposición en la que motivaba las razones de eliminación de la Camarilla: porque el cuidado de la Reina era un tema muy serio del que se debía ocupar el Gobierno y no una Camarilla; porque el pueblo tenía derecho a controlar todos los poderes del Estado; porque era precisa la coordinación entre el Gobierno y la Corona. En conclusión, el Mayordomo Mayor de Palacio, la Camarera Mayor y el Intendente General de Palacio, serían en adelante propuestos por el Consejo de Ministros y aprobados por la Reina. Esta medida contra la Camarilla era muy complicada legalmente: la administración de los bienes privativos de la Reina no eran competencia del Gobierno; la Reina no necesitaba protección especial del Gobierno para administrar sus bienes particulares, que ya quedaban protegidos por las leyes generales del Estado; la gestión por la Reina de algunos negocios públicos no perjudicaba al Gobierno, pues si al Gobierno lo había nombrado la Reina, se esperaba que no hubiera contradicción entre ambas instituciones; y el Gobierno ya tenía anteriormente la facultad de separar de sus funciones a cualquier empleado de Palacio que se extralimitara en sus acciones. Como la decisión de Espartero de 15 de septiembre de 1855 no gustó a la Reina, Narváez derogó este decreto en 15 de octubre de 1856.

Los burgueses se sintieron defraudados en sus expectativas de ganar dinero con la madera de los bosques comunales, y lucharon por ampliar la desamortización de montes, de modo que en 1862 conseguirían otros 2,1 millones de hectáreas para la venta. Siguieron luchando por tener más oportunidades, aprovechar pastos, sacar resina, vender leña, talar los bosques para madera de construcción y usos industriales (altos hornos). El negocio se redondeaba revendiendo a continuación en pequeñas parcelas el suelo, ya esquilmado, a los campesinos. En un país especulador como España, en 1896 todavía se estaba discutiendo la ampliación de desamortizaciones de propios y baldíos. En general, el Estado salvó de la desamortización las fincas de gran extensión, de pinos, hayas y robles, porque era muy difícil para los burgueses definir la utilidad pública de esas fincas.

 

 

Las etapas de la desamortización de 1855.

 

De 1855 a 1856, primera etapa se desamortizaron los bienes de la Iglesia restantes de 1836, los del clero secular, los de beneficencia que administraba la Iglesia, los de Órdenes Militares, los de propios de los Ayuntamientos, y todo ello se hizo con rapidez y efectividad. Se vendieron, por valor de 766 millones de reales, 3.123 fincas y 46.946 foros y censos. Los censos eran unos pagos anuales perpetuos a causa de algún beneficio o préstamo recibido. Estos censos fueron capitalizados a intereses entre el 4,8% y el 10% y se dio oportunidad para que los pueblos los redimiesen.

En 1855-1856, se vendieron:

Fincas del clero secular,          274 millones de reales.

Fincas de beneficencia,            167 millones

Fincas de propios,                 160 millones

Fincas de instrucción pública,      95 millones

Fincas del clero regular,           50 millones

Fincas del secuestro de Don Carlos, 45 millones

Fincas del Estado,                  14 millones

Fincas de Órdenes Militares         11 millones de reales.

Sus efectos fueron inmediatos, pues la gente ya no tenía miedos a las consecuencias de enfrentarse a la Iglesia, y la mayor parte de las realizaciones se hicieron con rapidez. A la Iglesia se le cambiaban sus bienes por deuda consolidada al 3%, por un montante igual al precio de venta de los bienes desamortizados.

 

De 1856 a 1858 estuvo parada la desamortización: En 23 de septiembre de 1856, O`Donnell suspendió las ventas de bienes eclesiásticos, y el 14 de octubre de 1856, Narváez suspendió la Ley de Desamortización de 1 de mayo de 1855. En 2 de octubre de 1858 se llegó a un acuerdo con la Iglesia y se reanudó la venta de los restos que quedaban, a cambio de bonos del Estado.

Los Gobiernos “unionistas” excluyeron de la desamortización las propiedades eclesiásticas, pero era una medida demagógica, pues no quedaban muchas fincas de esas después de lo sucedido en 1855-1858.

 

De 1858 a 1867, segunda etapa, se vendieron muchos bienes de propios, y en el conjunto, fue el periodo de mayores ventas, tanto en número de fincas como en cantidad de dinero ingresado por el Estado.

 

A partir de 1867, tercera etapa, de lo que quedaba por vender, casi todo eran censos y foros del clero. El 24% de ellos estaban en Andalucía, y el 20% en Castilla-León. Estamos hablando de rentas hipotecarias y arrendamientos a perpetuidad.

 

De 1896 a 1924 se hicieron restos de ventas de todo tipo, pero ya no en cuantía importante. Afectaron a 5% del total de ventas de esta desamortización.

 

 

Los compradores de tierras.

 

Las huertas pequeñas, muy feraces, fueron compradas por pequeños propietarios, mientras las fincas grandes, generalmente menos fértiles, fueron compradas por los grandes inversores.

En España en general, compraron:

Un 59%, personas ya dedicados a labores del campo, pero no campesinos pobres que accedieran a la propiedad.

Un 15% hidalgos pudientes.

Un 13% hidalgos pequeños.

Un 6% burgueses urbanos.

Un 5% nobles.

Según Francisco Tomás y Valiente, los compradores de tierras desamortizadas resultan un elemento clave para comprender la importancia del asunto, y los principales compradores fueron los especuladores (profesionales de las subastas, especuladores eventuales, acaparadores poco escrupulosos, oportunistas), los comerciantes, abogados, funcionarios, industriales y políticos que buscaban seguridad para sus ahorros, las clases medias rurales que vieron la oportunidad de ampliar sus explotaciones o acceder a ellas en el caso de los arrendatarios, antiguos nobles que redondeaban sus propiedades y en último lugar y como grupo menos numeroso, campesinos que pretendían acceder a la propiedad, pero que muchas veces no pudieron tener si oportunidad en las subastas organizadas.

 

 

Resultados de las Desamortizaciones.

 

Sumando ambas desamortizaciones, la de 1836 y la de 1855, se enajenaron 417.000 fincas rústicas y 60.000 fincas urbanas por un valor de tasación de 4.106 millones de reales rematados en 8.426 millones.

Del total de dinero ingresado por el Estado, el 59,8% provenía de tierras de la Iglesia y el 25% de propios.

El origen de las fincas rústicas desamortizadas fue el siguiente: 300.000 provenían del clero; 75.000, de propios; 25.000, de beneficencia; 8.500 del Estado; 6.000 de instrucción pública; 1.500 del secuestro de Dos Carlos; y 257 de Órdenes Militares.

El origen de las fincas urbanas desamortizadas fue el siguiente: 37.000 provenían del clero; 12.000, de propios; 6.000, de Beneficencia; 1.700, del Estado; 1.000, de Instrucción Pública; 169 del secuestro de Don Carlos; y 34, de Órdenes Militares.

Se observa que las fincas procedentes del clero regular eran más caras y ello se debía a que eran más grandes y de mejor calidad.

 

 

La desamortización por regiones.

 

Las regiones de España vendieron fincas en diversa cantidad. Damos las cifras totales, aunque es lógico que las regiones más amplias tuvieran más fincas en las subastas. Así pues, en cantidad de dinero obtenido:

 

La más afectada en cantidades vendidas fue Andalucía, donde se vendieron 13.000 fincas rústicas y 6.300 urbanas procedentes del clero regular, por valor de 883 millones de reales en remate, y 7.600 fincas rústicas y 2.200 urbanas procedentes del clero secular, por valor de 190 millones de reales en remate, lo que hace un total de 1.073 millones de reales.

En Andalucía se vendieron muchas tierras de la Iglesia, las cuales estaban dispersas por muchos términos municipales. Era lógico, pues en esa región, la Iglesia poseía el 33% de la tierra cultivable, la de mejor calidad. Esta desamortización supuso la proletarización de unos 6.000 campesinos, los cuales la cultivaban en renta. Lo peor es que se consolidó el latifundio. En 1836-1843 habían comprado fincas los funcionarios del Estado y alta y media burguesía, y éstos revendieron las fincas a los terratenientes de siempre, los cuales estaban más seguros ante los posibles ataques populares.

 

En segundo lugar estaba la actual Castilla-León, donde se vendieron 55.000 fincas rústicas y 1.200 urbanas procedentes del clero regular, por valor de 387 millones de reales en remate, y 12.500 fincas rústicas y 1.500 urbanas procedentes del clero secular, por valor de 242 millones de reales en remate, lo que hace un total de 629 millones de reales.

En Castilla-León, las fincas no subieron mucho de precio en las subastas, sólo al 165% de media, cuando en el resto de España se remataron en mucho más. Las mejores fincas las compró gente de Madrid. Las más de las fincas fueron compradas por clase media y alta. Estos compradores se dedicaron a esquilmar la tierra, haciendo roturaciones abusivas, tala de madera y exterminio de la caza. Se roturaron montes y prados comunales y se convirtieron en regadíos algunas fincas cercanas a los ríos.

 

En tercer lugar estaba Madrid donde se vendieron 450 fincas rústicas y 450 urbanas procedentes del clero regular, por valor de 243 millones de reales en remate, y 3.200 fincas rústicas y 200 urbanas procedentes del clero secular, por valor de 38 millones de reales en remate, lo que hace un total de 281 millones de reales.

 

En cuarto lugar fue afectada Castilla la Mancha, donde se vendieron 21.000 fincas rústicas y 700 urbanas procedentes del clero regular, por valor de 164 millones de reales en remate, y 15.000 fincas rústicas y 800 urbanas procedentes del clero secular, por valor de 99 millones de reales en remate, lo que hace un total de 263 millones de reales.

En Castilla- La Mancha se vendieron sobre todo baldíos, tierras de propios y comunes, y fincas de la Orden de Calatrava y de patrimonio de la Corona. La venta de fincas del clero tuvo menos importancia que en otras regiones. El sector ganadero sufrió un retroceso tras la desamortización.

 

En quinto lugar fue afectada Valencia, donde se vendieron 2.200 fincas rústicas y 900 urbanas procedentes del clero regular, por valor de 220 millones de reales en remate, y 300 fincas rústicas y 300 urbanas procedentes del clero secular, por valor de 31 millones de reales en remate, lo que hace un total de 251 millones de reales.

 

En sexto lugar fue afectada Cataluña donde se vendieron 1.400 fincas rústicas y 450 urbanas procedentes del clero regular, por valor de 185 millones de reales en remate, y 1.480 fincas rústicas y 200 urbanas procedentes del clero secular, por valor de 42 millones de reales en remate, lo que hace un total de 227 millones de reales.

En Cataluña compraron tierra los comerciantes de Barcelona y los hacendados que ya eran propietarios desde antes.

 

En séptimo lugar fue afectada Aragón, donde se vendieron 5.100 fincas rústicas y 4.300 urbanas procedentes del clero regular, por valor de 158 millones de reales en remate, y 4.300 fincas rústicas y 1.000 urbanas procedentes del clero secular, por valor de 48 millones de reales en remate, lo que hace un total de 206 millones de reales.

 

Y en octavo lugar citaremos a Extremadura, donde se vendieron 3.400 fincas rústicas y 680 urbanas procedentes del clero regular, por valor de 149 millones de reales en remate, y 4.500 fincas rústicas y 270 urbanas procedentes del clero secular, por valor de 48 millones de reales en remate, lo que hace un total de 192 millones de reales.

En Extremadura se vendieron muchas fincas del clero regular, dehesas y huertos, y las fincas se parcelaron, lo cual no fue nada positivo, pues los nuevos propietarios resultaron débiles económicamente, y los ricos de siempre se las arreglaron para recomprarles las fincas y redondear sus latifundios.

 

En Canarias, la tierra se vendió con su abastecimiento de agua, minas en la montaña para obtener agua. El clero tenía muchas de estas minas de montaña y el agua era la clave de la agricultura canaria. Por el contrario, el propietario no tenía derecho al agua del subsuelo de sus fincas, el cual era una regalía del Estado. Los compradores fueron burgueses rurales y urbanos, nobles, funcionarios y algunos extranjeros.

 

En Galicia se enajenaron rentas, foros, y muchas veces eran los propios arrendadores los que compraban la finca que ya trabajaban de antemano.

 

Cantabria fue la región menos afectada por la desamortización, pues remató en 8 millones de reales, 5 millones procedentes de fincas del clero regular y 3,4 millones de fincas del clero secular.

 

En Asturias, País Vasco, Navarra, Baleares y Murcia, el efecto de la desamortización fue pequeño, con subastas siempre rematadas en menos de 60 millones de reales.

 

Las provincias más afectadas por esta desamortización fueron provincias interiores como Burgos, Guadalajara, Madrid, Toledo, Cáceres y Badajoz, y también la periférica Cádiz.

Al norte del Tajo hubo compradores de lotes pequeños de tierra. Los campesinos se quedaron muchas veces con tierras que ya explotaban en arrendamiento.

Al sur del Tajo volvió a crecer el latifundio.

 

 

Consecuencias de la desamortización.

 

No sabemos apenas nada de las consecuencias de la desamortización. Algún autor afirma que hubo aumento de la superficie cultivada y aumento de la producción y se basa en que así lo dicen algunos testimonios de la época.

Los historiadores de mediados del XIX a mediados del XX hablaban de revolución en el sector agrario, roturaciones de tierras que aumentaban la superficie cultivada, disminución de la productividad al ponerse en cultivo tierras marginales, crisis agrícola a los pocos años de poner en cultivo tierras marginales que agotaron su productividad, no introducción de mejoras técnicas dado que la posibilidad de generar capitales en tierras marginales era muy escasa, expropiación de hecho del campesinado al perder los comunales y exigírsele mayores rentas, consolidación del latifundio tras la oportunidad perdida de crear una masa de propietarios medios, y un freno a la industrialización al desviar capitales hacia la compra de tierras y consolidar a una masa de personas (jornaleros, pequeños arrendatarios y minifundistas) en la situación de no tener capacidad de ahorro, lo que se llama situación de subsistencia.

Los tratados de historia más modernos ponen muchos reparos a las consideraciones antes expuestas: la desamortización no fue masiva, ni fue un inmenso latrocinio (versión difundida por Marcelino Menéndez Pelayo). El tema de la desamortización fue atractivo para una serie de historiadores de todo signo, liberales y católicos, los cuales, según Miguel Artola, cayeron en una “atracción hipnótica”, o según Josep Fontana, en una “hipnosis colectiva”. Los tratados modernos hacen las siguientes apostillas:

No es cierto que se consumiese excesivo capital en la desamortización, pues hubo dinero para el ferrocarril, mucho más dinero que para comprar tierras, y de todos modos la desamortización no fue tan importante en tierras y dinero como la extinción del régimen señorial.

No fue la causa del latifundismo pues existía ya antes. Si se amplió el latifundio, fue por causa de emigración de los pequeños propietarios huyendo del campo por razones diversas, como la atracción de los salarios industriales y la bajada continua de los precios agrícolas en una región en industrialización.

No afectó a la gran masa de las tierras cultivables, sino a una porción importante, pero limitada.

Fue un paso más en el proceso general de tránsito entre el Antiguo Régimen y el sistema capitalista (según Josep Fontana) hecho a la prusiana como reforma liberal buscada desde el poder, y no a la francesa, dentro de un proceso revolucionario provocado por el pueblo.

La desamortización civil fue más importante, de más trascendencia, que la eclesiástica, pero los historiadores españoles escribieron mucho más sobre la segunda por motivos obvios.

Y no se cree que hubiera tantas roturaciones nuevas, pues las tierras amortizadas no eran en su mayoría yermas, aunque algunas sí, y porque las tierras no aptas para el cultivo que se desamortizaron no siempre fueron puestas en cultivo, sino simplemente se aprovechó la leña y los pastos que podían producir los baldíos, realengos, comunales y propios. Hay que considerar que los españoles del siglo XVIII no eran tontos y no habían dejado yermas las tierras que podían darles de comer o producir buenos rendimientos, aunque en algunos casos y en determinadas circunstancias así ocurriera. En general, todas las tierras del clero producían rentas, y si ello era así era porque estaban cultivadas.

Gonzalo Anes puso seriamente en duda el dato de que la superficie cultivada en trigo pasara de 2,9 millones de hectáreas en 1800, a 5,1 millones de hectáreas en 1868, y que la superficie cultivada de otros cereales pasase de 6,1 a 9 millones de hectáreas, que la vid pasase de 0,4 a 1,2 millones de hectáreas, cifras que había aportado Vicens Vives utilizando datos de Salvador Millet Bel Historia de l`Agricultura española durant els siecles XIX y XX, que es una obra inédita. Miguel Artola ratificó la opinión de Anes y dijo que la superficie roturada en 1810 sería de 23,7 millones de hectáreas, y la de 1859 de 22,1 millones, lo cual dice que no sólo no había crecido sino que había disminuido.

También, los historiadores recientes niegan que la burguesía hiciera latifundios cada vez más grandes, y parece ser que todo continuó sensiblemente igual, con minifundios, propietarios medios y latifundios, aunque algunos redondeasen en algún caso sus propiedades, pues otros vendieron y repartieron en pequeños lotes, acciones que tienden a compensarse.

 

 

Consecuencias de la desamortización.

 

Las consecuencias económicas de la desamortización fueron escasas: No se pusieron en cultivo tierras nuevas, ni hubo un proceso de cercado de fincas y modernización de cultivos. El mal del minifundio se extendió en el norte de España, presentándolo como un gran avance social por políticos y literatos conservadores y siendo aceptado por los campesinos beneficiarios, cuando era un mal evidente que condenaba al campesino a su expulsión de la tierra. Algunos escritores conservadores y católicos crearon un mito del agricultor feliz del norte, mito que perduró hasta segunda mitad del siglo XX. En realidad se produjo una mayor polarización social entre españoles muy ricos y españoles muy pobres y con ello se debilitó el mercado interno por debilidad de la demanda, lo cual fue un factor retardatario para el desarrollo de gran parte de España.

En consecuencia con la extensión del minifundio, no se modernizó el sector agrario, y como los latifundistas dispusieron durante muchos años de mano de obra barata, los campesinos expulsados de la propiedad, tampoco tuvieron incentivos para invertir en la modernización de sus producciones agrarias.

En general mejoró la productividad de la tierra.

La producción de trigo, creemos que debió crecer lentamente, porque no hubo subidas ni bajadas de precios importantes aunque aumentaba la población, pero no tenemos datos. La producción de uva debió crecer en tierras sueltas y arenosas, lo cual permitiría en su día, a partir de 1866, la exportación a Francia.

Se pusieron en cultivo durante la primera mitad de siglo unas 4.000.000 de hectáreas. El rendimiento global agrícola disminuyó, salvo en las comarcas que hicieron las mejoras  necesarias, como es el caso de Valencia o algunas zonas andaluzas. Los rendimientos del conjunto de España en cultivo del trigo bajaron, lo cual es lógico al incrementarse la superficie de cultivo con tierras económicamente marginales.

El problema económico posterior que generaba la desamortización de 1855 era la necesidad de invertir en esas tierras que se adquirían y se querían poner en cultivo. No fue así, no hubo inversión posterior: Los ricos no estuvieron dispuestos a invertir y los pobres no podían. Se aprovechó la mano de obra barata y se explotó la madera. A partir de 1860 se vendieron muchos montes de los pueblos. Los compraron los nobles y empezaron a cortar árboles. Cuando los tuvieron talados, en el norte harían parcelas que vendieron a los campesinos a buen precio, por lo que los campesinos del norte resultaron propietarios de pequeñísimas parcelas que les permitían tener una vaca o dos, lo cual fue halagado por la literatura conservadora. Nunca se mencionó que se les condenaba a la proletarización, pues la bajada natural de los precios por incremento de producción, sin posibilidad de incrementar la producción ni de modernizar o invertir, les convertía en más pobres cuanto más tiempo pasara.

Muchos historiadores apuntan la oportunidad perdida de haber hecho medianos propietarios en vez de vender para favorecer a los burgueses y terratenientes y a algunos pocos pequeños campesinos. El hecho de tener que pagar las tierras en efectivo excluía a los pobres de su compra, excepto si las tierras eran de muy mala calidad.

Ahora bien, no todo fue negativo: la oportunidad de poner vides (la vid se da en terrenos sueltos de mala calidad) a partir de 1870 se complementó con la demanda de vino en el mercado internacional por la crisis vinícola francesa y, a final del siglo XIX, aparecieron muchos viñedos en España.

 

Las consecuencias sociales de la desamortización más evidentes fueron:

El clero regular disminuyó de efectivos en años sucesivos, y el clero secular se hizo dependiente de la dotación anual del Estado,

El latifundio nobiliario se incrementó levemente y tal vez por eso no se produjo la modernización agrícola, porque siguió habiendo subarrendatarios que dejaban muchos márgenes de ganancia al propietario. Se agrandó la clase de rentistas que vivía en las ciudades de títulos de deuda y de rentas de fincas y que ya existía desde el XVII. Los arrendatarios vieron empeorar su situación porque las rentas fueron revisables cada poco tiempo y no había miedo a rescindir contratos porque el aumento demográfico proporcionaba muchos jornaleros y arrendatarios nuevos. Los pobres se empobrecieron por pérdida de instituciones religiosas que les daban alguna caridad, y por pérdida de comunales y baldíos en los que podían mantener algún animal, hacer cisco (carbón vegetal), cazar y pescar, sacar leña, e incluso tener alguna huerta ilegal.

La no existencia de medianos propietarios con suficiente capital para comprar e invertir hizo que la nueva tierra de calidad fuera a parar a latifundistas que agrandaban sus latifundios, o a burgueses que no pensaban explotarla directamente, y la tierra de mala calidad de propios, comunales y baldíos, a pobres con ansia inmensa de explotarla hasta su sobreexplotación y destrucción. La adquisición de bienes fue seguida normalmente por una sobreexplotación de la tierra y no exactamente por las inversiones y mejoras que el campo necesitaba.

En ciudades como Toledo, Burgos y Palencia, en las que la Iglesia había sido propietaria de muchas fincas urbanas, los sacerdotes, religiosos y beaterío en general quedaron muy dolidos durante mucho tiempo.

La política de desamortización de montes se tradujo en enfrentamientos entre Ayuntamientos y vecinos: lo tradicional era que un tercio de los montes se arrendaran en subasta pública como propios, es decir, ingresos de los Ayuntamientos, y se dejara el resto para usos vecinales como sacar madera todos los vecinos del pueblo o pastar un número de animales por vecino. Lo nuevo era que un burgués explotaba por sí mismo el monte, en todas sus utilidades de madera, caza, pesca y pastos. Cuando los vecinos perdieron el acceso a los montes, éstos empezaron a arder con mucha frecuencia. La situación se hizo crónica. Hacia 1960, un humorista la definió bastante bien en una viñeta, ante un cartel promocional del Estado contra los incendios con un lema que decía “Cuando un monte se quema, algo suyo se quema”, a lo que el humorista añadió “señor conde”.

La Iglesia perdió además los bienes y rentas de fundaciones benéficas y docentes cuyas instituciones pasaron a ser administradas por el Estado. Con ello, empezaba la laicización de la cultura y la descristianización oficial de los españoles, en el sentido de que antes eran católicos oficialmente, porque no se podía ser otra cosa.

El pueblo español perdió la beneficencia de la Iglesia, que dejó de dar comida y asilo en sus fincas.

Los ayuntamientos perdieron recursos, pues la pérdida de propios y comunales les privó de algunos ingresos.

 

Las consecuencias políticas no fueron buenas para los progresistas. Perdieron la oportunidad de hacer una reforma agraria que consolidase una estructura de la propiedad distinta, y ello condujo a la consolidación de los viejos defectos de la agricultura española.

Los progresistas tampoco hicieron muy buen negocio político puesto que los nuevos propietarios de tierras eran propicios a pasarse a los moderados:

Los campesinos pobres, obtenían peores cosechas de lo normal porque las buenas tierras se supone que ya se cultivaban en manos privadas antes de la desamortización, y no estaban en manos de los Ayuntamientos. Estos nuevos propietarios se hicieron proteccionistas, es decir partidarios de que el Estado mantuviera artificialmente los precios altos, cosa que, a la larga, favorecía a los conservadores.

Los grandes compradores se acabaron haciendo moderados con más razones todavía. Mientras los precios internacionales subieron a raíz del descubrimiento de oro en California en 1848 y durante la guerra de Crimea de 1854-56, todo fue bien. El problema se inició en la crisis de 1873-98, con bajada de los precios agrícolas en todo el mundo. Entonces, los propietarios españoles querían proteccionismo y se pasaron al Partido Moderado.

El resto de campesinos, los no compradores, se vieron perjudicados por la pérdida de pastos, caza, leña… y se hicieron antiliberales progresivamente.

Con la reanudación de ventas de tierras de la Iglesia se incumplía el Concordato de 1851 y hubo una polémica larga con Roma.

La propiedad se sacralizó y se derogaron las normas del Antiguo Régimen que limitaban su uso.

 

 

 

[1] Comunes son las tierras de la colectividad de vecinos de un Ayuntamiento.  Propios, son tierras del Ayuntamiento, que este arrendaba anualmente para obtener fondos. Los baldíos: son tierras de muy poco aprovechamiento, salvo el ganadero.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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