NARVÁEZ DE 1844 a 1846.

 

 

Francia se había mostrado enemiga de Espartero, pues éste era fiel servidor de Gran Bretaña. Luis Felipe de Orleans y François Guizot consideraron como obra suya la caída de Espartero en 1843 y el triunfo de Narváez en 1844. Narváez significaba el abandono por parte de España de la tutela británica. En adelante España haría su propia política en equilibrio entre Francia y Gran Bretaña.

Hasta la llegada de Espartero a la cima de su popularidad en Luchana, 1836, Narváez había sido un completo desconocido. Pero al poco, Narváez pasó a ser el líder indiscutible, al ser el jefe del Ejército del Centro, el contrapeso al ejército de Espartero.

La causa de este encumbramiento de Ramón María Narváez hemos de buscarla en un deseo social de paz y orden público hondamente extendido en los años centrales del XIX español. Las ciudades y los burgueses estaban cansados de tanta algarada callejera, de tanto golpe de Estado y reclamaban que el ejército guardase el orden público. Estaban dispuestos a renunciar a muchos deseos de tipo progresista como ampliar el derecho al sufragio, disfrutar de libertad de prensa, con tal de disfrutar de un poco de estabilidad política y orden público. Y en realidad, el orden público y el equilibrio de las cuentas públicas son bases fundamentales para hacer posible el desarrollo económico, para facilitar la revolución industrial, aunque la revolución industrial es un fenómeno mucho más complejo que requiere de muchas más condiciones que España no tuvo en mucho tiempo. Narváez les dio a los españoles orden público y reforma de Hacienda. Los progresistas intentarán en vano levantar a las masas en la calle, hasta que sobrevino la crisis económica y las volvieron a sublevar en 1854. Y en 1864, con la crisis económica en marcha, el esquema se tambaleaba, los progresistas atacaron de nuevo y el Gobierno cayó de pleno, incluida la Reina.

Narváez era un personaje ciclotímico, con momentos depresivos y momentos de gran agresividad vital. Tenía dotes de mando. Era enemigo de los pronunciamientos y, a lo largo de su mandato, logró abortar más de 200. Él se pronunció en Valencia en julio de 1843 para derribar a Espartero, y derribó al Gobierno de Florencio García Goyena, en 4 de agosto de 1847, con el solo hecho de entrar en el salón donde se celebraba el Consejo de Ministros. Era modesto, tenía capacidad para escuchar, poseía un talento natural, pero era bastante primario y su ideología era bastante simple: orden, paz, autoridad, prosperidad y realizaciones prácticas.

Los consejeros de Narváez, los hombres que ponían las ideas y organización, fueron Pedro José Pidal y Alejandro Mon.

 

 

Gobierno de Narváez[1],

3 de mayo 1844 – 11 de febrero 1846

 

En 3 de mayo de 1844, Narváez, el hasta entonces principal apoyo militar de los conservadores, asumió la jefatura del Gobierno. Había utilizado en 1843-1844, antes de llegar al poder, todos los procedimientos posibles, los legales, la lucha armada y la actuación de las Camarillas de Palacio.

 

Nombró como colaboradores:

Presidente del Consejo de Ministros, Ramón María Narváez Campos duque de Valencia.

Estado, Manuel Pezuela y Ceballos marqués de Viluma, como titular, pero ejercía el cargo Alejandro Mon Menéndez / 1 de julio 1844, Ramón María Narváez / 21 agosto 1844: Francisco Martínez de la Rosa Berdejo Gómez y Arroyo, como titular, pero ejercía Ramón María Narváez / 12 de febrero de 1846.

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Pedro José Pidal Carniado

Hacienda, Alejandro Mon Menéndez / 20 junio 1844: Manuel Sierra (interino).

Gracia y Justicia, Luis Mayans y Enríquez de Navarra.

Guerra, Ramón María Narváez y Campos / 19 de mayo 1844: Antonio Cabaleiro (interino) / 23 de mayo de 1845: Antonio Cabaleiro (interino) / 14 de septiembre de 1845: Ramón María Narváez.

Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, Francisco Armero Peñaranda / 3 de mayo de 1844: Ramón María Narváez / 13 de mayo de 1844: Francisco Armero Peñaranda / 20 junio 1844: Jorge Pérez Lasso de la Vega / 23 agosto 1844: Ramón María Narvaéz / 5 junio 1845: Jorge Pérez Lasso de la Vega (interino).

 

El nombramiento de Manuel Pezuela y Ceballos marqués de Viluma para Estado, respondía a que Viluma era jefe, junto a Juan Bravo Murillo, de la facción autoritaria de los moderados, la derecha del Partido Moderado. Alejandro Mon y Pedro José Pidal representaban el centro doctrinarista o narvaísta del Partido Moderado. Y así, Narváez pensaba gobernar con el apoyo de la mayoría del Partido Conservador.

Viluma propuso cambiar la Constitución de 1837 por una Carta Otorgada con un poder ejecutivo muy fuerte, y como el resto de los ministros no aceptaba, Viluma dimitió, dando paso a Martínez de la Rosa tres meses después de ser nombrado Ministro de Estado. Los ministros Pedro José Pidal y Alejandro Mon querían reformar la Constitución de 1837 en sentido moderado, pero respetando que lo hicieran las Cortes elegidas. Narváez apoyó a los reformistas y dejó caer a Viluma.

Con Narváez se iniciaba en España una forma política en la que, según Artola, el “sistema político” (ordenación constitucional o declaraciones oficiales de democracia liberal), era diferente del “sistema de poder” (transmisión desde la cúspide del poder ejecutivo de lo que se desea que sea ejecutado), lo cual es una manera de gobernar no precisamente democrática liberal, pero practicada muy a menudo. A medida que los medios de comunicación social mejoraban, sobre todo con el telégrafo, pero ya antes con correos, las autoridades centrales impusieron su voluntad en todo momento sobre las autoridades locales y señores rurales. El pueblo, el común de la gente, nunca tuvo oportunidad de manifestarse libremente en las urnas ni tuvo verdadera representación en la política en todo el siglo XIX.

Narváez utilizaría muy a su favor el Ministerio de Gobernación. Este ministerio había sido creado en noviembre de 1832 con el nombre de Ministerio de Fomento, pero se ocupaba del control de la administración y del orden público y solo secundariamente del fomento o desarrollo del país. En mayo de 1834 había cambiado de nombre para llamarse Ministerio del Interior. En 1835 había vuelto a cambiar de nombre para llamarse Ministerio de Gobernación, nombre mucho más acorde a las funciones que desempeñaba. Por las leyes de Administración Local y Provincial de 8 de enero de 1845, toda la autoridad quedó concentrada en el Gobernador Civil (situación que recuerda a Cea Bermúdez), y esto fue la base del sistema de gobierno de Narváez.

La Iglesia se decidió a apoyar a este Gobierno y a olvidar sus diferencias con los Gobiernos de España, sobre todo por causa de la desamortización, para evitarse las violencias especialmente dirigidas contra ella por los “revolucionarios”. A cambio de esta colaboración, Narváez decidía aportar dinero a la Iglesia. El 26 de julio de 1844 se suspendía la venta de bienes de la desamortización, y ello representó la consolidación del pacto tácito Narváez-católicos.

 

 

Política religiosa de Narvaéz.

 

En mayo de 1844, Narváez dio instrucciones a José del Castillo y Ayensa, representante de España en Roma, para que manifestara al Papa que España deseaba un acuerdo con la Santa Sede. Castillo y Ayensa pidió permiso a Austria para poder dirigirse al Papa, pues sabía que sin el visto bueno de Austria, el Papa no hacía nada. Además, Luigi Lambruschini, el Secretario de Estado del Vaticano, era un austracista cerrado y tampoco iba a permitir que fuera de otro modo. Y una vez obtenido el visto bueno de Austria, se iniciaron las conversaciones para restablecer relaciones, nuncio y concordato. Para favorecer estas conversaciones, el 26 de julio de 1844, Narváez suprimió la venta de bienes procedentes de la desamortización del clero secular. También hizo modificar los artículos 4 y 11 de la Constitución de 1837 para añadir que la Iglesia católica tenía en España derecho a un fuero especial y privativo, y que la religión católica era la religión oficial del Estado en España, lo que implicaba que el Estado se comprometía a mantener el culto y el clero (pagar obras de la iglesia, y sacerdotes).

Ante esta política española de rendición al integrismo católico, Lambruschini no pudo más que reconocer que España estaba haciendo un esfuerzo de acercamiento al Papa y, entonces, entregó a Castillo y Ayensa una carta con siete condiciones que Narváez debía firmar para iniciar conversaciones con El Vaticano. Tres de las condiciones eran inamovibles: que los sacerdotes no jurarían la Constitución como hacían el resto de los ciudadanos españoles; que los administradores de las diócesis vacantes serían nombrados por él; y que el Estado español reconocería a la Iglesia católica el derecho a poseer todo tipo de bienes en condiciones privilegiadas. Otras cuatro condiciones eran negociables: que el Estado se haría cargo del sustento del culto y clero; que el nombramiento de los obispos se haría por acuerdo de ambas partes; que los obispos tendrían perfecta libertad en el ejercicio de su cargo sin que pudiera intervenir la justicia ordinaria o las autoridades civiles; y que se restaurarían todas las órdenes religiosas en España.

Las condiciones eran inaceptables para cualquier Estado moderno y mínimamente racional, pero no para un Estado integrista. Los Ministros de Estado, de Gracia y Justicia y de Hacienda de Narváez, protestaron las tremendas exigencias de Lambruschini. Pero Narváez se impuso “por narices”, y además de aceptar todo, ordenó a Castillo y Ayensa empezar a negociar un Concordato.

El 5 de marzo de 1845 se restauraron las Escuelas Pías.

Narváez, aunque era más bien escéptico en religión, hizo aprobar el 1 de junio de 1845 en las Cortes la entrega de un dinero a la Iglesia en concepto de dotación de culto y clero, evaluado en 159 millones de reales al año en esa fecha. El Papa se negó a aceptar que este dinero fuera conceptuado como la retribución de los clérigos por sus servicios religiosos, pues entonces quedarían vinculados al Estado español, y exigió que el dinero fuera considerado una indemnización por los daños sufridos por la Iglesia en la desamortización, pero ni se planteó no aceptar el dinero. En 26 de julio de 1844, Narváez había paralizado las ventas de la desamortización y no tenía sentido que la Iglesia se siguiera haciendo la víctima. En 27 de abril de 1845, el Papa firmó el convenio que restablecía relaciones entre España y El Vaticano, empezando por el reconocimiento de Isabel II como Reina de España. España por su parte puso de nuevo en vigor los acuerdo existentes entre ambos antes de 1833. El convenio de 27 abril de 1845 nunca fue ratificado por las Cortes españolas.

Y Gregorio XVI murió el 1 de junio de 1846, con el problema ya arreglado. El 16 de junio fue elegido nuevo Papa el cardenal Mastai Ferretti, que se hizo llamar Pío IX, y que era un hombre simpático, joven (de 54 años de edad) y aperturista. Este Papa escribió unas 200 cartas a Isabel II, entonces de 16 años de edad, en las que se ganó las simpatías de la joven Reina inmadura y poderosa. Isabel II había sido educada en el catolicismo y se mostraba completamente ingenua en el tema, sin analizar las cosas que provenían de la Iglesia, pues creía que todo lo que ocurría en la Iglesia era cosa de Dios. Pío IX le pidió que se reconciliara con su esposo Francisco de Asís, lo cual era conflictivo, pues el marido era homosexual y la Reina tenía múltiples aventuras de cama, de las que ningún clérigo decía nada.

 

 

Negociaciones de Concordato en 1845.

 

El 27 de abril de 1845 España y El Vaticano iniciaron sus negociaciones para un Concordato. Se firmaría en 1851.

Los progresistas, católicos no integristas, no aceptaron las cesiones de Narváez al Papa e hicieron campaña en contra en la prensa. Fueron tildados de anticatólicos, pero la costumbre de poner motes a las cosas es muy española de siempre entre los españoles que piensan poco y tienden al populismo. Cuando el desacuerdo en la prensa había alcanzado un nivel ya molesto para el Gobierno, Narváez manifestó que no rectificaría de ninguna manera el Concordato mientras gobernase. La tensión entre moderados y progresistas se estaba convirtiendo en tensión entre papistas y anticlericales, tensión que caracterizará el resto de la historia española para siempre, y en ello influyó mucho esta resolución de 1845.

 

 

El movimiento obrero en 1844.

 

En febrero de 1839 se habían permitido las Sociedades de Ayuda Mutua. A partir de ese momento, se habían desarrollado el asociacionismo obrero, sobre todo en Barcelona en 1841.

En 1844 empezó una época de represión del sindicalismo. El Sindicato de Tejedores, el más fuerte de Barcelona y de España, pasó a la clandestinidad. Con las asociaciones prohibidas, siguió habiendo huelgas, como la de agosto de 1844 en Barcelona, o la de marzo de 1846 en Sabadell, pero menos frecuentes y con menos fuerza.

La situación se mantuvo estable hasta la crisis de 1847.

 

 

La Guardia Civil.

 

En 13 de mayo de 1844, ya durante el Gobierno de Narváez, empezaba la andadura del nuevo instituto de la Guardia Civil. Se había decidido crearla en marzo de 1844 y se había aprobado por Decreto de 16 de abril de 1844.

Francisco Javier Girón y Ezpeleta II duque de Ahumada se puso de acuerdo con el ministro de la Guerra Manuel Mazarredo (anterior a que Narváez fuera Ministro de Guerra) en que la Guardia Civil debía ser un cuerpo militar y no de voluntarios civiles como las milicias populares, pero no debía tener funciones militares de defensa, ataque o ocupación de territorios, sino que esa misión quedaría reservada al ejército.

Era una fuerza encargada de hacer guardar la ley y de proteger a los ciudadanos, pero sobre todo servía para cubrir las labores que antes hacía la Milicia Nacional, la cual desaparecía definitivamente. González Bravo le quitaba, con ello, la fuerza más importante a los progresistas.

El orden público sería mantenido por profesionales y no por los políticos de turno, ni por las milicias populares de signo populista-progresista. Para más información sobre la Guardia Civil, ver 19.13.2.Olózaga y González Bravo.

 

 

Narváez en la segunda mitad de 1844.

 

En 4 de julio de 1844 Narváez disolvió las Cortes, convocó elecciones para 3 de septiembre de 1844, y anunció su intención de reformar la Constitución de 1837, pero no declaró que las Cortes fueran constituyentes como era preceptivo para cambiar la Constitución, aunque de hecho lo serían. Algunos querían dar unos retoques a la Constitución de 1837. Otros querían una Constitución completamente nueva.

En las elecciones decidieron retraerse los progresistas (lo harán hasta 1846), lo cual le dio una amplia mayoría de diputados a Narváez. Los moderados se presentaron unidos, con la denominación de Partido Parlamentario, ocasión que fue la última en que se usó esta denominación del Partido Moderado. Su propaganda era que defendían el trono de Isabel II y la Constitución de 1837. Lo último no era creíble porque también estaban hablando de reformarla y enseguida cambiaron la Constitución, pero les sirvió para ganar las elecciones.

El 4 de octubre se abrieron las nuevas Cortes, que no habían sido convocadas como constituyentes.

Primeras medidas políticas de Narváez:

Suspensión del derecho de reunión;

Una ley de prensa muy dura para limitar la libertad de la misma, el 9 de abril de 1844, hecha por González Bravo, con muy fuertes multas para delitos de prensa y depósito previo obligatorio para los editores. La ley será completada por Narváez el 6 de julio de 1845 reconstituyendo el Tribunal de Delitos de Imprenta tradicional en épocas absolutistas anteriores;

Decreto de la pena de muerte para los militares que hubieran participado en pronunciamientos y rebeldías (que eran unos 200);

Condenas a cárcel y destierro para políticos y periodistas que hubieran incitado a la violencia a las masas,

Narváez paralizó la desamortización en 26 de julio de 1844, es decir, suspendió la venta de fincas del clero, que es lo que se estaba desamortizando. Para entonces ya se habían vendido 176.000 fincas rústicas valoradas en 2.430 millones de reales, y 21.281 fincas urbanas valoradas en 1.016 millones de reales, lo cual es mucha tierra y muchas fincas puestas en manos de particulares. Ya no se dio marcha atrás en cuanto a devolución de lo comprado. Pero el 3 de abril de 1845 se ordenó devolver al clero los bienes que se le hubieren expropiado y todavía no se hubiesen vendido.

La desamortización tuvo que esperar, pero casi se completó en 1855-1856. El resto, no demasiado importante, quedará parado muchos años. La desamortización significó un avance en la producción agraria, al tiempo que la pérdida de una oportunidad de hacer mejor las cosas definitivamente, y es por tanto un tema muy discutible y polémico.

Complementariamente, en el sector primario, también se iniciaron por entonces el canal de Isabel II y otros canales, repoblaciones forestales, desarrollo de la minería… de forma que la época moderada debe considerarse como de gran impulso agrario hacia el desarrollo.

En octubre de 1844, Unas vez celebradas las elecciones, Narváez se propuso redactar una nueva Constitución y ello provocó una ruptura del Partido Moderado pues Istúriz, Pacheco y Pastor Díaz entendían que la Constitución de 1837, que era de consenso entre moderados y progresistas, permitía gobernar a ambos partidos, moderado y progresista, y no convenía a España una Constitución hecha a la medida del Partido Moderado.

 

Relaciones con Hispanoamérica en 1844.

 

A partir de 1844 se renegociaron las condiciones de los Tratados de Paz y Amistad de España con los países americanos. En diciembre de 1836, en cada negociación, ambos países contratantes se habían concedido mutuamente el trato de nación más favorecida en lo comercial. En 1843, España decidió retirarles el trato de nación más favorecida. España se atenía a la Ley de Aduanas de 9 de julio de 1841. Según la nueva legislación, para tener trato de nación más favorecida, los barcos que llegaran a comerciar a España deberían llevar bandera de un país hispanoamericano, debían haber sido construidos en la nación cuya bandera portaban, y debían ser de esa misma nacionalidad, al menos, el capitán, el propietario y dos tercios de la tripulación. Era preciso evitar que Estados Unidos y Gran Bretaña, con el simple requisito de embarcar un par de hispanoamericanos, tuvieran acceso comercial ventajoso a España, sin concederlo ellos recíprocamente para España.

La decisión fue dura para Hispanoamérica, pues ningún barco de los que usaban para comerciar con España reunía las condiciones exigidas por España. Por eso, se apresuraron a firmar nuevos tratados de relaciones con España: Chile y Venezuela en 1845; Bolivia en 1847; Costa Rica y Nicaragua en 1850; Santo Domingo en 1855; Argentina en 1859; Guatemala en 1863; El Salvador en 1865. Y con estos tratados, cada uno obtuvo sus derechos comerciales en España, pero tratando de evitar injerencias británicas y estadounidenses.

En los nuevos tratados, el problema más común era definir quién era español: España reconocía como españoles a todos los hijos y nietos de españoles. Los Gobiernos de los países hispanoamericanos alegaban que toda su población era de nacionalidad americana, cada uno del país en cuestión.

La sensibilidad de los gobernantes hispanoamericanos no coincidía con la de su propia población. En Santo Domingo se abrió un censo para hallar cuántos españoles había y resultó que toda la población se dijo española. En el resto de los Estados americanos, normalmente, el partido en el Gobierno declaraba que todos sus ciudadanos eran americanos, y los partidos en la oposición decían que todos ellos eran españoles, con lo cual exigían la protección de España frente a la “opresión del Gobierno”. Estas declaraciones tenían poco fundamento jurídico, y ninguna fiabilidad, pues cuando cambiaba de signo el Gobierno, el problema permanecía igual, y todos se contradecían con lo manifestado poco antes. El tema de quién era español y quién no, se convirtió en un absurdo, en una defensa de intereses monetarios y políticos, que no tenía apenas nada que ver con la realidad. La “Madre Patria” resulta por lo tanto un concepto complejo, de conveniencias.

Los EE.UU. hicieron una oferta de compra de la isla de Cuba en 1845, oferta que por una parte podía venir muy bien a la Hacienda española, y que, por otra parte, apoyaron con tumultos populares contra negociantes españoles residentes en Nueva Orleans y con desembarcos de “libertadores” cubanos. La oferta se repetirá sistemáticamente en 1854, 1856 y otras fechas posteriores. En 1845, el Presidente de los Estados Unidos, hasta entonces firme apoyo de España en Cuba, para que los ingleses no la tomasen, sugirió la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Protestaron los británicos. Pero Estados Unidos inició una campaña antiespañola con el fin de crear opinión favorable a Estados Unidos, e incluso ofreció la compra de la isla a España, que Narváez rechazó. Pasó entonces Estados Unidos a preparar una campaña bélica, apoyando a Narciso López con armas y dinero para que desembarcara en Cuba y sublevara a la gente, pero eso ya fue en 1850.

 

 

La prensa de la época.

 

     “La Revista de Madrid la publicó, en 1838-1845, Pedro José Pidal y encontró colaboradores como Donoso, Lista, Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano. Era el periódico moderado.

En 1844 aparecerá en Madrid un periódico llamado El Clamor Público, dirigido y fundado por el liberal Fernando Carradi, que vivió de la crítica al moderantismo. Corradi era hijo de un guardia de Corps italiano. Con esta política, tuvo un bajón en 1854-1856, periodo de gobierno liberal, y en 1856 decidió pasarse a Unión Liberal para aprovechar el momento, lo cual fue un error que le hizo decaer junto al partido al que apoyaba, de modo que, cuando en 1860 pretendió pasar a su idea inicial de crítica al moderantismo desde posiciones liberales, ya no tendrá ventas y desaparecerá en 1864. El Clamor Público, fue fundado como diario (excepto los lunes) y en 1846 pasó a llamarse El Clamor Público, Periódico Liberal, manteniéndose hasta octubre de 1864.

En 1845, Francisco Pacheco y los puritanos escribieron en La Patria” hasta que en 1851 el periódico fue comprado por el general Pavía, y Pacheco fue despedido.

En 1844 los carlistas lanzarán un diario llamado La Esperanza”, dirigido primero por Pedro de la Hoz y por Vicente de la Hoz Linares después, con colaboración de Francisco Hevia, Luis del Barco, Vicente de la Fuente, González Médel, Antonio Monescillo, Nicolás García Cuesta. Trataba temas de bolsa, prensa, espectáculos y actualidad política, defendiendo siempre posturas integristas y las glorias del carlismo. Desaparecería en 1870.

 

 

Panorama social en época de Isabel II.

 

El mundo urbano.

En los años treinta del XIX, Larra decía en un artículo denominado “Las casas nuevas”, que en Madrid surgían de la noche a la mañana casas nuevas con más balcones que ladrillos y con más pisos que balcones. Hacía alusión a que las casas antiguas se estaban subdividiendo como fruto de la avaricia de los caseros, los cuales estaban instalando nuevos inquilinos a fuerza de construir escaleras estrechas por donde apenas cabía un hombre, que daban acceso a habitaciones diminutas que servían de vivienda. Estaba hablando de los últimos años del reinado de Fernando VII y los primeros del reinado de Isabel II.

Hacia 1843-1853, el cambio urbano más notable fue la instalación de grandes fábricas en Cataluña, la especulación urbanística de Salamanca en Madrid, la aparición de grandes empresas ferroviarias, los primeros bancos, dentro de un ambiente de euforia económica internacional.

En 1847 sobrevino la crisis.

En 1854 empezó una coyuntura alcista de los precios y hubo inversiones de capitales en la industria, ferrocarril y minas. El periodo alcista duró hasta 1864.

En 1864 apareció una nueva crisis, primero en la industria textil, y más tarde en la siderúrgica y en el ferrocarril. La crisis empeoró en 1866 con quiebras financieras en Madrid y en Cataluña. Y apareció la violencia obrera contra los fabricantes, una violencia irracional, de protesta contra la situación económica, pero que ya nadie pudo parar.

 

El mundo industrial.

En 1860, según Maluquer, había en España algo más de 150.000 obreros industriales, lo cual era el 4% de la población activa española, frente a 2.300.000 obreros agrícolas.

Los obreros agrícolas se sentían atraídos hacia la ciudad porque allí se ganaba un poco más de sueldo, porque cabía la posibilidad de acumular en la unidad familiar varios sueldos, y porque el sueldo industrial era mucho más seguro que la explotación del campo.

El obrero industrial de las grandes industrias de Barcelona era a veces un “potentado” entre los obreros, porque disfrutaba de renta familiar muy alta. Y fue entre esta clase alta de obreros entre los que surgió el anarquismo y el marxismo. Este obrero cualificado ganaba 8,55 reales al día (2.300 reales al año) en Barcelona en 1856, que era más del doble de lo que ganaba un campesino diariamente, y el triple de los que ganaba el campesino al año. Pero el obrero recién instalado en el buen vivir, no ahorraba nada, sino que tenía muchos hijos y necesitaba mucha casa y servicio. Echó en falta enseguida la previsión de enfermedades, pues con una cualquiera de ellas todo su mundo se venía abajo, la previsión de accidentes laborales, la previsión de vivir cuando era despedido, circunstancias todas que le conducían a la miseria desde una posición de buen vivir. Y el movimiento socialista anarquista se hizo general entre estos obreros privilegiados.

Frente a este obrero de élite, en provincias y en talleres más tradicionales, el obrero apenas ganaba 4,5 reales diarios, lo cual estaba muy bien respecto a los jornales del campo, pero era mucho menos que lo ganado por los obreros de Barcelona.

Las condiciones para obtener estos salarios eran duras: se trabajaba 12 ó 13 horas diarias, en locales insalubres y poco ventilados, pero el obrero entendía que era el precio por “vivir mejor”. Se supone que “vivía” en los días de fiesta. Los accidentes de trabajo eran frecuentes, de distinta gravedad, pero suficientes para inculcar el miedo en los trabajadores.

El obrero no tenía posibilidades de hacer buenas comidas, pues las hacía en la fábrica. Comía básicamente bacalao, arenques en escabeche y tocino salado, con vino y aguardiente. Su familia consumía poca carne, porque era cara, y comúnmente los obreros consumían despojos.

En ambientes de pobreza, mala alimentación y viviendas de mala calidad, eran frecuentes la tisis pulmonar, el vicio escrofuloso, la anemia fabril, las calenturas, el cólera…

 

 

Socialismos utópicos de 1844.

 

En septiembre de 1844 hubo rebeliones populares en Zaragoza, Teruel, Barcelona, pueblos de Cataluña, Galicia y Málaga. Se trataba de revueltas promovidas por el socialismo utópico, en las que habían influido muchísimo el “Catecismo de los Industriales” de Saint Simon y las ideas falansterianas de Fourier. Eran los primeros signos de lo que sería más tarde el partido “demócrata”. Los dirigentes de estos grupos eran algunos burgueses como los dueños de prensa Orense y Rivero, y algunos otros miembros más cercanos a los proletarios como Sixto Cámara, Pi i Margall y Fernando Garrido. Su esperanza de ser una fuerza pol´tiica importante estaba en conseguir el apoyo de los suboficiales del ejército que cobraban poco, tenían difícil ascender y vivían en provincias. Muy pronto, los demócratas se convirtieron, en opinión de la mayoría de los españoles, en el símbolo del desorden, la revolución popular y el caos.

Precisamente esta violencia callejera es la que daba fuerza a Narváez, y es la que justificaba un gobierno militar y conservador, pues la mayoría conservadora española se oponía a este desorden social.

 

 

Reformas políticas en 1845.

 

Narváez aprobó una Ley de Diputaciones de 8 de enero de 1845 y una Ley de Ayuntamientos de la misma fecha. Por La primera, la autoridad se concentraba en el Gobernador Civil, que era la idea de gobierno que tenía Narváez. Por otra parte, el concepto de provincia se imponía definitivamente sobre el de antiguo reino (a excepción de catalanistas y vasquistas). La Ley de Ayuntamientos de 1845 reponía la homónima Ley de Ayuntamientos de 1840 que Espartero había suprimido. Los Gobernadores de provincias y los Alcaldes de ciudades de más de 2.000 habitantes serían nombrados por el rey, y los de pueblos pequeños por el Gobernador provincial.

El 3 de abril de 1845 se dio la Ley de Dotación de Culto y Clero devolviendo a la Iglesia las fincas, palacios, huertas y jardines anejos a sus lugares de culto, así como los censos, derechos y propiedades que todavía no se habían vendido. Al mismo tiempo se hizo un Concordato con Roma, pero Gregorio XVI se negó, a última hora, a firmarle y Narváez también, porque ambos veían lesionados sus derechos. Roma veía que el clero no quedaba suficientemente protegido después de las expropiaciones. El tema quedó pospuesto hasta 1851.

El 6 de julio de 1845 se revivió de nuevo el Consejo Real creado por Martínez de la Rosa en marzo de 1834 asumiendo las funciones gubernativas del reino. Ahora se le hizo todopoderoso, haciendo que toda la Administración consultase obligatoriamente sus decisiones con este Consejo. El presidente era el jefe del Consejo de Ministros. Contaba con 30 consejeros ordinarios, otros consejeros extraordinarios nombrados por el rey, y los Ministros Secretarios de Despacho. En 1858 pasará a llamarse Consejo de Estado.

 

 

El carlismo en 1844 – 1845.

 

El carlismo volvió a aparecer en 1844, pero sus partidas eran difícilmente distinguibles de partidas de bandoleros. Las capitaneaban Ramón Vicens, alias Felip, en Gerona y Barcelona, Planademunt en Tarragona, y Barbut de Vinebre en Tarragona.

El órgano de opinión más importante del carlismo en este tiempo era el periódico “La Esperanza” fundado en 1844 y que se vendió bien hasta 1874. Era un periódico legal dirigido por Pedro de la Hoz.

El 18 de mayo de 1845, Carlos V, el pretendiente carlista que vivía en Bourges, abdicó en su primogénito Carlos Luis de Borbón y Braganza, desde ahora Carlos VI para sus partidarios, de 27 años de edad, hijo suyo y de la ya difunta María Francisca de Braganza, aunque en ese momento su nueva mujer y madre de la familia era María Teresa de Braganza, princesa de Beira, hermana de María Francisca. Otros hijos de María Francisca eran Juan (nacido en 1822) y Fernando (nacido en 1824). Hijo de María Teresa de Braganza era Sebastián Gabriel. Carlos V pasó a llamarse, a partir de ese día, conde de Molina, dejando el título de conde de Montemolín a su hijo Carlos VI. La abdicación se debía al proyecto de casar a Carlos VI, entonces de 27 años, con Isabel II, entonces de 15 años, declarada reina a finales de 1843.

Carlos V abandonaría Francia en el 17 de julio de 1845 para ir a Trieste, entonces en Austria y hoy en Italia, y allí murió en 1855 sin más protagonismo en la historia de España en esos diez años.

Carlos VI, conde de Montemolín, fue el nuevo líder del carlismo hasta su muerte en 1861. La renuncia de su padre se hizo pública el 23 de mayo de 1845 mediante un manifiesto pidiendo la paz y la reconciliación de liberales y carlistas, redactado por Jaime Balmes, con la intención de preparar el matrimonio con Isabel II. Los moderados carlistas, al igual que muchos moderados liberales, querían el matrimonio de Montemolín con Isabel II.

Los moderados no aceptaron el proyecto que les presentaban Viluma y Balmes, el sector derechista de los moderados. Por su parte, los carlistas consideraron que aquello era una traición al carlismo y amenazaron con levantarse si se llevaba a cabo el matrimonio. El proyecto se hizo imposible.

Isabel se casó en 1846 con su primo, Francisco de Asís de Borbón, rama sevillana. El matrimonio con Don Francisco fue, para muchos liberales y muchos carlistas, una decepción.

 

 

 

LA REFORMA MON,

         reforma de Hacienda de mayo de 1845.

 

 

Los precedentes hacendísticos.

 

La Hacienda española estaba en quiebra: los ingresos estaban en menos de 900 millones de reales y se gobernaba con un déficit anual de 300 y hasta 500 millones cada año que transcurría. Los funcionarios cobraban a veces con un año de retraso, y las clases pasivas hasta con año y medio de retraso. Los giros a ultramar no se hacían. Y nunca se decía la verdad sobre lo que estaba sucediendo.

En 1843 se había previsto recaudar 867 millones de reales y gastar 1.193, con déficit de más de 300 millones, lo cual era muy malo en un país que arrastraba una deuda ya impagable. Pero la realidad fue peor, pues se recaudaron 765 millones, y de ellos sólo 695 eran en metálico y utilizables, pues el resto era papel de deuda antigua. El déficit real fue de casi 500 millones. Como la deuda flotante era de 2.500 millones y la deuda perpetua de 12.000 millones, la situación era desastrosa.

Alejandro Mon no quiso hacer suspensión de pagos como es lo ortodoxo en estas ocasiones, pero no podía pagar lo que debía el Estado. Y decidió hacer lo que en la época se llamaba “un arreglo de la deuda”, la reforma que ni Espartero ni González Bravo se habían atrevido a plantear.

Mon designó una comisión, presidida por Ramón de Santillán, la cual elaboró un plan para convertir la deuda flotante en consolidada, operación que eliminó la deuda a corto plazo. Era una medida drástica, pues se le decía a los acreedores que cobrarían cuando el Estado lo tuviera a bien, y podía ser nunca. Los acreedores protestaron, pero se les dijo que, si no aceptaban, se iría a suspensión de pagos, en cuyo caso no cobrarían nada nunca. El Estado puso unas condiciones no ruinosas para los acreedores:

En 4 de febrero de 1845, los cuatro tipos de deuda existentes a corto plazo, se transformaron en deuda consolidada al 3%. Para calmar a los grandes acreedores, se permitió la venta libre de tabaco, rompiendo con ello el estanco tradicional a favor del Estado. Esa medida, no demasiado complicada para el problema a que se estaba enfrentando Mon, bastó para ganar la confianza de la gente, que se decidió a comprar deuda nueva.

Una vez consolidada la deuda, y eliminada la posibilidad de devolver el principal, Mon encargó a Ramón de Santillán la reforma tributaria, y éste puso a trabajar en ello a Juan José García Carrasco, el cual había sido ministro de Hacienda antes que Mon y conocía el tema. Mon habló también con Narváez advirtiéndole de lo complicado que era el asunto y de que las reformas necesitarían todo el apoyo del Gobierno. Narváez se comprometió.

Santillán tomó el modelo tributario francés con el objetivo de reducir los 101 arbitrios y otros impuestos privativos que se cobraban en España, a una cifra razonablemente pequeña. Pero el problema mayor, desde tiempos de Felipe V era repartir equitativamente las cargas fiscales, a fin de que los ricos pagaran y los pobres no se vieran tan apremiados por Hacienda. Era un problema enorme, pues no había estadísticas y las fincas de los poderosos estaban secularmente ocultadas a Hacienda por el sistema de amirallamientos. Y los prohombres del partido conservador en el poder eran los propietarios de muchas de esas fincas ocultas, con lo cual era improbable que tuvieran verdadera voluntad en cambiar las cosas. En cuanto se supo del proyecto de Mon, los prohombres conservadores protestaron, y Narváez tuvo que imponerse con autoridad, según había prometido a Mon. Pero Narváez tuvo que hacer concesiones para no quedar abandonado por los suyos y perder el poder. La reforma iba a ser deficiente ya antes de empezarla.

La figura de Alejandro Mon Menéndez Fue muy importante en la época debido a esta reforma de Hacienda. Mon fue el sistematizador de los impuestos españoles, continuando la obra de Martín de Garay 1817, que había puesto la Contribución General y de Puertas, y la muy importante de Luis López Ballesteros 1824-1827 de arreglo de la deuda, y nuevos impuestos como Derechos de Paja y Utensilios, Renta de Aguardientes y Licores y Contribución de Frutos Civiles. También debemos recordar la obra de Álvaro Flórez Estrada 1828 como difusor de las ideas de Adam Smith en español. Alejandro Mon añadió su nombre al de estas celebridades.

Reformas de Hacienda posteriores, basadas en la de Mon, fueron la de Bravo Murillo a mediados de siglo y la de Raimundo Fernández Villaverde a finales del XIX.

 

 

La reforma tributaria de Alejandro Mon.

 

Los liberales se encontraban en la necesidad de recaudar más, de forma que el Estado fuera viable y se pudiera salir de la espiral de crecimiento de la deuda pública. Pero recaudar más significaba sobrecargar a las bases sociales pobres de más impuestos o, de lo contrario, hacer una reforma política muy profunda de modo que los organismos de localización del objeto tributario, recogida de tributos y gestión de gastos no estuvieran en manos de los afortunados, de los más ricos, que se las arreglaban para escamotear sus bienes gravables al recaudador. Ello era una grave contradicción política, pues la llegada de los progresistas significaba aumento de impuestos para las masas que se habían sublevado en contra del absolutismo, o del moderantismo en su caso, lo que llevaba a nuevas sublevaciones contra los progresistas y caída en manos de populistas revolucionarios de todo tipo. Y tras el desastre consiguiente, se hacía necesaria la vuelta de los moderados, a poner orden, y el círculo vicioso empezaba de nuevo.

En cuanto a la reforma de la recaudación, Mon fue un teórico bastante perfecto que:

intentó el sistema proporcional, y con ello se propuso el principio de equidad fiscal, de modo que cada ciudadano debía contribuir en función de su capacidad económica.

organizó los tributos de forma que no hubiera dobles imposiciones sobre un objeto tributario,

decidió que el presupuesto fuera equilibrado de modo que los ingresos fueran similares a los gastos y no mayores,

defendió que los tributos debían ser fáciles y económicos de cobrar.

pensó que los ingresos del Estado debían ser más fijos, e igual debía ocurrir con los gastos. Para ello uniformizó el interés de la Deuda Pública al 3% e intentó uniformizar los impuestos en todo el territorio español (no lo logró en el País Vasco y Navarra).

introdujo el principio de legalidad fiscal por el que el Parlamento debía aprobar cada año las cuestiones presupuestarias y tributarias.

atribuyó al Estado el monopolio sobre la fiscalidad, incluyendo la jurisdicción sobre fiscalidad. Se abolieron los tributos señoriales y los diezmos. Esto significó un cambio importante en la sociedad española, pues estos tributos, pagados generalmente en especie, pasaron a convertirse en rentas que los dueños de las fincas cobraban en dinero metálico. Los pobres, tuvieron con ello una nueva dificultad en sus vidas, pues les era difícil monetizar sus productos, dado que vivían en economías de subsistencia.

unificó territorialmente la fiscalidad, lo cual afectaba principalmente a Cataluña (se decidió respetar los fueros vascos y navarros, incidiendo en una contradicción).

introdujo la obligación general de contribuir, no excluyendo a militares, ni a clérigos, ni a nobles de ello.

En cuanto a la práctica de la recaudación, Mon fracasó al no reformar la gestión administrativa de Hacienda, de forma que los municipios seguían recaudando contribuciones por inmuebles, cultivos, ganadería y consumos, y los gremios seguían recaudando la contribución industrial y de comercio. Esta segunda parte práctica anulaba todo el esfuerzo teórico hecho. La recaudación directa por el Estado estaba muy lejos de poder conseguirse. La causa principal de este fracaso, era la falta de catastros y registros industriales, que hacían inviable la actuación del Estado. Cuando recaudaba el Estado obtenía menos que los ayuntamientos y gremios, y cuando lo hacían éstos últimos el fraude era muy grande. En cualquiera de los casos, el gobierno fracasaba.

También hay que tener en cuenta que la reforma Mon de 1845, se hizo en medio de una costumbre muy afianzada en la que los funcionarios del Estado iban saltando de destino en destino, incluso de distinto ministerio, buscando sueldos más altos, lo que provocaba poca eficacia en el trabajo, y en la que el Estado acostumbraba a no pagarles, aunque les reconocía deudas para cuando hubiera fondos. Los funcionarios eran poco eficaces y tendían a la corrupción.

El déficit, que se consideraba transitorio, se cubrió con deuda pública al 3%. Para cubrirlo, y que no bajara la recaudación, Mon decidió mantener los impuestos al consumo ya existentes, aunque ésta manera de obrar era contraria a lo que se pretendía hacer en esta reforma.

Los oligarcas no tuvieron inconveniente en votar la reforma de Mon, porque nunca se vieron amenazados por los nuevos impuestos. Desde el momento de que iban a ser ellos quienes asignaran los objetos tributarios que debían contribuir y la cuota a pagar de cada uno, estaban seguros de salir beneficiados. El fraude sería grande en este sentido todo el resto del siglo XIX y principios del XX.

 

En esencia el sistema tributario de Alejandro Mon se basaba en cuatro pilares:

1-Eran impuestos directos reales, la contribución territorial (1-a) y el subsidio industrial y comercial (1-b).

2-Eran impuestos directos personales, los derechos de inquilinato (2.).

3-Eran impuestos indirectos, los impuestos sobre circulación de bienes y los impuestos al consumo (3. 3a. y 3b.).

4-También se cobraban unos “Sobrantes de las Cajas de Ultramar” (4.).

 

1-a.Contribución sobre Bienes Inmuebles, Cultivos y Ganadería. Este impuesto refundió antiguas contribuciones de cuota fija sobre la riqueza territorial y fue por ello un avance impositivo. Pero los liberales se cebaron en poner impuestos a los agricultores y ganaderos, al tiempo que aflojaban la presión sobre los consumos urbanos, lo cual coincidía con la realidad de que la mayoría liberal era urbanita, y ello fue un error manifiesto. El impuesto de Inmuebles, Cultivos y Ganadería gravaba la renta de la tierra y los edificios, y los rendimientos netos de explotaciones agrícolas y ganaderas como contribución territorial directa. En su contra, tenemos que decir que era un impuesto de cupo, es decir, una cantidad que había que alcanzar obligatoria y solidariamente en cada provincia y en cada municipio, y ello resultaba injusto pues el fraude de unos llevaba a que los otros contribuyentes tuviesen que aportar más. El cupo global lo fijaba el gobierno y, entonces, el delegado de Hacienda lo repartía entre las provincias y la diputación provincial entre los pueblos de su provincia. Es evidente el fallo de falta de criterio objetivo para hacer estos repartos. Nunca hubo una base fiable para hacerlos. En 1850 se ordenó hacer amillaramientos (juntas de vecinos que estimaban los rendimientos de la tierra de cada vecino del pueblo) pero había mucho fraude y corrupción también en ello.

Este impuesto eliminaba otros sobre legados y herencias, que eran muy perjudiciales a los propietarios.

Santillán pretendía obtener de este impuesto 350 millones de reales, pero las Cortes le rebajaron la presión fiscal a 300 millones, y le concedieron a cambio aprobar los impuestos al consumo que señalamos con el número 3, los cuales debían recaudar los 50 millones restantes.

 

1-b.Subsidio Industrial y de Comercio. Este impuesto era una cuota fija por cada actividad industrial o comercial denominada “cuota de patente”, y una cuota variable según el precio del alquiler del local de negocio. También se gravaron los beneficios comerciales e industriales, las hipotecas y los consumos. A cambio, la Ley Mon de 1845 suprimió los tributos de carácter local y ello simplificaba el sistema recaudativo. Reemplazó a un impuesto del mismo nombre. No fue capaz de eliminar Aduanas y Estancos (rentas y monopolios), pues por razón de que eliminaba muchos privilegios, su supresión disminuía mucho la recaudación, puesto que los que perdían esos privilegios animaban el fraude. El no eliminar estos privilegios fue una contradicción con las ideas económicas liberales. Al contrario, a partir de 1845, los ingresos por este capítulo de rentas y monopolios no cesaron de crecer. El subsidio industrial debía ser la segunda fuente de ingresos de Hacienda, tras la contribución territorial 1-a.

 

2.Contribución sobre Inquilinatos, sobre Capitales Invertidos en el Extranjero y sobre Grandes Fortunas. Este impuesto era el más novedoso y afectaba a nuevos objetos tributarios de los burgueses, por lo que fue suprimido en 1846. La reforma liberal no era fácil de aceptar por los liberales. Los impuestos al inquilinato fueron incluidos a última hora con el fin de asegurar el derecho a voto de los ciudadanos distinguidos del partido moderado, pues sólo podían votar los que pagaran una determinada cantidad de impuestos, y sin este impuesto quedaban fuera muchos prohombres moderados.

 

  1. Impuestos sobre el Consumo. Este impuesto era contradictorio con las ideas liberales, que pensaban que no podía haber ninguna restricción al comercio, y había sido ya suprimido en 1820, pero no se atrevían a eliminarle porque no eran capaces de recaudar lo suficiente con el nuevo sistema liberal. Sustituyó algunos impuestos y rentas provinciales como la alcabala. Debía recaudar 50 millones de reales en la propuesta de Santillán.

 

3-a. Los impuestos sobre circulación de bienes eran de dos tipos: derechos de hipotecas y derechos de aduanas.

Derechos sobre Hipotecas. Este impuesto sustituía a otro de igual nombre.

 

3-b. los derechos sobre consumo de bienes eran también de dos tipos, derechos de puertas y otros gravámenes de mercado. La parte gruesa era el derecho de puertas. El impuesto sobre el consumo, es un impuesto indirecto (nuestro IVA actual es la unificación de varios impuestos al consumo en uno sólo), y era muy impopular. La escasez alimentaria crónica, debida a la pobreza y a las condiciones climáticas extremas peninsulares, era aprovechada por múltiples iluminados para culpar al gobierno de los altos precios de las cosas y levantar motines contra las autoridades. Al pueblo bajo siempre le es más fácil encontrar un culpable en el gobierno, que en causas profundas provenientes de muy atrás y muy complejas.

 

  1. los Sobrantes de Ultramar, eran el dinero que debía resultar de administrar Cuba y Filipinas. Cuba siempre dio saldos positivos, y Filipinas negativos.

 

 

Valoración de la reforma Mon.

 

El sistema de tributación de Mon, eliminaba el mito de la contribución única directa, e introducía tanto contribuciones directas como indirectas, de modo que no hubiera escapes para algunas actividades económicas, y ello era un avance fiscal, aunque no estaba dentro de las ideas liberales del momento anterior, que creía en esa contribución única. La contribución directa, que se ampliaba mucho en esta reforma Mon, pero no se convertía en la única fuente de ingresos del Estado, era una idea liberal presente en la Constitución de Cádiz como una contribución universal, proporcional y de carácter directo. Se había concebido como proporcional al patrimonio de las personas. Los vaivenes de la política no habían dejado avanzar el sistema, pues se suprimió en 1814, se reintentó poner en 1817, se reintentó en 1821, se abolió en 1823 y se reintentó imponer cuando Surrá y Rull fue ministro de Espartero en mayo de 1842. Alejandro Mon tuvo el mérito de imponerla definitivamente como Contribución de Inmuebles, Cultivos y Ganadería, pero sin eliminar impuestos indirectos como Aduanas y Monopolios fiscales, que eran las tres fuentes del impuesto.

El sistema Mon elevaba mucho la recaudación fiscal, pero la redistribuía mejor entre la sociedad, de manera más justa, por lo que no fue demasiado onerosa para las clases bajas. En general, generó confianza y buen ambiente económico, al que se debió sin duda el avance económico de 1846.

El sistema impositivo a que Mon aspiraba, se tardó mucho en regularizar y hacer que funcionara aceptablemente: la Ley de Presupuestos de 5 de agosto de 1893 y el decreto 24 de enero de 1894 separaron la contribución rústica de la urbana para aclarar conceptos y eliminar problemas de recaudación, manteniendo el cupo para la rústica. El 23 de mayo de 1906 se inició el catastro parcelario, pero sólo estuvo listo hacia 1940. En 1964 se separó la renta agrícola de la forestal y de la ganadera y se decidió gravar el beneficio real y no el presunto, lo cual era un avance muy importante en tributación que prestigiaba el impuesto directo. Pero todavía era difícil de calcular, y en 28 de diciembre de 1988 se decidió gravar el valor catastral de los bienes inmuebles, que es objetivo. De todas estas reformas podemos deducir las dificultades del impuesto directo. O sea, que un siglo después de intentar ponerlo, todavía no estaba la idea madura, y ya se estaba luchando por el directo progresivo, sustituyendo al proporcional, lo cual llevaba a otra lucha, la de los que pagan diferente en el impuesto progresivo según estén en el capítulo de sociedades o en el individual.

Los que se sintieron más perjudicados por esta reforma de Mon fueron, naturalmente, los que antes no pagaban y ahora tenían obligación de pagar: algunos gallegos que se habían excusado en que los foros no permitían saber quién era el propietario de la tierra para no pagar por ella; algunos catalanes que reivindicaban sus fueros y que, a partir de este momento, empezarían a hablar de la opresión castellana y de la necesidad de un “impuesto global” catalán, naturalmente más bajo de lo que les correspondería sin ese impuesto global; los propios burgueses, que veían que sus negocios eran gravados por una revolución burguesa, y preferían que los impuestos gravasen sólo sobre la tierra. Pero no todos los catalanes rechazaron la reforma, pues la burguesía catalana aceptó la uniformidad de impuestos (lo cual era una subida de impuestos en Cataluña) con tal que la Guardia Civil mantuviese el orden. El fin del bandolerismo catalán carlista, compensaba ampliamente el pago de impuestos nuevos.

Tal vez consecuencia de esta reforma impositiva de Mon, fue la aceleración y terminación de viejas obras de carácter estatal, como los regadíos. Ciertamente, las obras habían sido retomadas en 1831, todavía en periodo del absolutismo, pero se trabajaron fundamentalmente en las dos décadas siguientes: El Canal de Castilla (270 Km.) se acabó en 1852 conectando Valladolid con Carrión de los Condes, a donde llegaba el Canal de Alar desde 1792. También en 1852 se terminaron las obras del Canal de Isabel II (70 kilómetros). Y en 1861 se acabaron las obras del Canal de Urgel, Canal del Esla y Canal del Henares. La regulación legal de estos regadíos no se haría hasta 1866.

La reforma de Mon no arregló la deuda de España porque los moderados decidieron empezar a gastar los ingresos que generaría la reforma, antes de empezar a recaudarlos. Es cierto que necesitaban equipamiento y modernización, pero no fueron capaces de esperar sin sobreendeudarse, y ello llevó a la crisis de 1847. La deuda exterior no paró de crecer en vez de aminorarse. En 1849 era ya de 6.500 millones de reales.

 

 

 

 

    LEY PIDAL DE 1845, O PLAN GIL Y ZÁRATE.

La reforma de la enseñanza en 17 de septiembre de 1845.

 

El ministro Pedro José Pidal Carniado es recordado por dos grandes leyes:

El 25 de abril de 1844, una Real Orden impuso que la ortografía de la gramática castellana se enseñara en todas las escuelas públicas de instrucción primaria de España con arreglo a lo que decía la novena edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua, en su Prontuario de Ortografía de la Lengua Castellana editado en 1844.

El Plan Gil y Zárate de 17 de septiembre de 1845 y el Plan Moyano de 1857 son los planes de referencia en la enseñanza española del siglo XIX. El Plan Gil y Zárate se convirtió en Ley Pidal, y de las dos formas es conocido. La reforma de septiembre de 1845 había sido preparada en 1844 por Antonio Gil y Zárate, José de la Revilla y Pedro Juan Guillén desde la sección de Instrucción Pública del Ministerio de Gobernación. Antonio Gil y Zárate 1793-1861 había estudiado 9 años en Francia y había sido profesor de francés en Madrid hasta que en 1836 entró en Instrucción Pública.

 

La Ley de Educación, Ley Pidal, o Plan Gil y Zárate, hacía un control estatal de la enseñanza, lo que también se denomina centralización de la enseñanza, de modo que la actividad intelectual quedaba mínimamente controlada, aunque ello fuera en perjuicio de la libertad de cátedra. El control se extendía a la necesidad de autorizaciones para los profesores, inspecciones gubernativas, programas puestos por el Estado, titulaciones dadas por el Estado, obligación de los privados de abrir matrícula en los institutos, y examen de validación de estudios.

El problema principal que se le presentaba a un plan centralizador del Estado era que quitaba la dirección de la enseñanza a la Iglesia y hacía que el Estado absorbiera el papel de regular y dirigir la enseñanza que, hasta el momento había gestionado aquella. El Estado liberal estaba tomando conciencia de ser el centro de la vida social y política de forma que pudiera formar hombres para la sociedad, o para el bien común, como se decía por entonces. Pero la regulación en la enseñanza media y universitaria iba a ser tan exhaustiva, que no gustaría a nadie, a la Iglesia porque iba contra sus usos históricos, y a los liberales porque restaba la libertad que proclamaban. El Plan Gil y Zárate será echado abajo con el Reglamento de 10 de septiembre de 1852 de José de la Revilla y otros.

 

 

Otros planes de enseñanza en el XIX.

 

En cuanto plan de reforma en la Universidad, el Plan Pidal no era el primer plan de Universidades:

En 1807, todavía en el absolutismo de Carlos IV, se había intentado un primer plan de estudios para todas las Universidades que era obra de Caballero y trataba de restar capacidad de decisión a los claustros y las cátedras a fin de que se ganara uniformidad entre las diversas universidades. Pero tuvo poca eficacia debido a los sucesos españoles de 1808.

Un nuevo Plan lo hizo Quintana en 1821 diseñando unas líneas generales de lo que debía ser una Universidad liberal, al tiempo que pretendía una enseñanza primaria uniforme y gratuita, pero que tampoco tuvo mucha trascendencia debido a la pronta caída del Trienio en 1823.

Otro plan de estudios fue el de Rivas en 1836, planificando tres grados en la enseñanza, pero tampoco llegó a aplicarse debido a que los conservadores no aceptaron estas ideas “progresistas”.

E incluso Espartero en 1842 había intentado hacer reformas en la enseñanza, pero él también cayó prontamente, en 1843, y tampoco hubo consecuencias.

Esta reforma educativa de Pidal, se verá seguida en 1847 por el plan Pastor Díaz introduciendo pequeñas reformas, y en 1850 por el proyecto Seijas Lozano, que impulsó una enseñanza profesional paralela a la de los institutos y reguló el personal docente, y en 1852 por el reglamento de González Bravo intentando controlar la enseñanza desde el Gobierno.

 

 

La reforma en la Universidad en 1845.

 

El Plan Pidal quitaba la autonomía a las Universidades y les exigía el cumplimiento de un programa establecido por el Gobierno. Se ordenaba que el curso empezara en todas las Universidades el 1 de octubre y la sesión de apertura de curso se realizara en las 10 Universidades a la misma hora y con el mismo protocolo. Fijaba los distritos universitarios. Consagraba el centralismo universitario que presidiría el resto de la vida universitaria de modo que un rector en cada Universidad controlara políticamente la institución, la uniformidad de programas, la burocratización, estatalización y secularización de la enseñanza. El Rector era designado por la Corona, y los decanos nombrados por la Corona a propuesta del rector. Cada facultad tenía un claustro de profesores. Las oposiciones se celebraban en Madrid, vigiladas por el Gobierno. Sólo Madrid confería el título de doctor.

Poco después se establecería, tanto para secundaria como para Universidad, la carrera docente profesional: oposición para acceder a cátedras, escalafón, fijación de plantillas y aparición de profesores interinos.

En la Universidad habría dos tipos de profesores:

el “regente de cátedra” que ganaba el puesto por oposición sencilla, esto es, por exposición de un tema preparado por él mismo, seguido de la explicación de una lección;

y la cátedra en propiedad, a la que se presentaban tres candidatos que hacían tres ejercicios: la disertación consistía en exponer un tema, responder las objeciones que le hicieran los otros dos candidatos y las que le hiciera el tribunal; la lectio consistía en exponer una lección sacada a suerte; el tercer ejercicio consistía en responder una serie de preguntas extraídas por sorteo.

A raíz de tanto pretendido control de la enseñanza, la oposición de Madrid (siempre se celebraba en Madrid) se convirtió en un puro ejercicio memorístico, donde triunfaban los grandes memoriones y no exactamente las grandes inteligencias, y el sistema fue criticado por las Universidades de modo que, en 1870, las oposiciones fueron llevadas y dispersadas a todas las Universidades, y se confió al Rector y al Claustro de profesores que las oposiciones no fueran simples ejercicios memorísticos.

El sistema de oposiciones para acceder a la función pública en general, significó un gran avance social al permitir que los más preparados accedieran a los puestos de trabajo de la Administración, independientemente de que estuvieran bien relacionados política o familiarmente. Aseguraba de algún modo que los funcionarios sabrían desempeñar su puesto de trabajo. Pero no era perfecto, pues triunfaba el especialista en preparar oposiciones, que no es lo mismo que estar preparado para la enseñanza, y el que más facilidad tenía para expresarse ante un jurado de profesores, que no es lo mismo que expresarse con empatía ante unos alumnos. Naturalmente, los perjudicados intentaron siempre boicotearlas, dando puntos extras a hijos de funcionarios y empleados del Estado e intentando promociones internas de dudosa fiabilidad. Parte de los que se sintieron más perjudicados fueron los eclesiásticos que, a partir de ahora, tendrían que competir por las cátedras de Universidad que habían sido suyas siempre. A finales de siglo XIX y durante el XX, las oposiciones también resultarán molestas para el Gobierno una vez que altos funcionarios y catedráticos de Universidad defiendan posturas socialmente progresistas distintas a las del equipo gobernante de turno, y se intentará deformarlas, volver a la promoción interna, aplazarlas subsistiendo con interinos, y suprimir la libertad de cátedra, todas las posturas conservadoras antiguas.

 

Innovaciones universitarias de 1845:

La Facultad de Filosofía, creada en 1807, era la encargada de impartir enseñanzas preparatorias para el ingreso en las otras facultades y, en Madrid, tenía rango superior con secciones de letras y ciencias. En 1847, Nicomedes Pastor Díaz creó la nueva Facultad de Filosofía con dos secciones de letras (literatura y ciencias filosóficas), y dos secciones de ciencias (ciencias naturales y ciencias físico matemáticas).

En cuanto a la medicina, la ley de 1845 suprimió los colegios de prácticas y creó Facultades de Medicina en Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia y Santiago. La medicina provenía de estudios distintos de cirugía y de medicina, que se unieron en 1827, y en 1843 habían sido separados de la Universidad creando unas Facultades de Ciencias Médicas en Madrid y en Barcelona, pero reduciendo la categoría de los otros centros a Colegios de Prácticas que tenían sede en Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid y Santiago. Estos fueron los colegios suprimidos en 1845.

En Farmacia, aparecieron estos estudios como independientes. En 1804 habían aparecido cuatro colegios, que en 1843 se habían unido a Medicina y Cirugía, y en 1845 se independizaron de la Medicina.

Desde 1844, Madrid tenía también una Escuela Superior de Arquitectura.

 

 

Reforma en la enseñanza media.

 

En cuanto a enseñanza media, el Plan de Enseñanza de 1845, creaba, como mínimo, un instituto por provincia, costeado por la Diputación Provincial. El Plan Pidal consolidaba los institutos de enseñanza secundaria distinguiendo entre una enseñanza elemental de 5 cursos, tras la cual se obtenía un título de bachiller, y una enseñanza de ampliación, de 2 años, que daba acceso a un título de licenciado en filosofía.     El Director debía ser necesariamente licenciado y los profesores podían ser licenciados o bachilleres. En cuanto a contenidos, en la enseñanza media se incorporaba el latín, lenguas vivas y las ciencias.

 

 

Continuidad en la enseñanza primaria.

 

El 17 de septiembre de 1845, apenas introducirá modificaciones a la enseñanza primaria.

 

 

Otras innovaciones del Plan Gil y Zárate.

 

El plan de enseñanza de 1845 sería seguido por la creación de una Dirección General de Instrucción Pública, cuyo director era Gil y Zárate y tenía autonomía para intentar los cambios oportunos. Esta centralización era pues, en principio, meramente educativa, pero esta autonomía de la enseñanza sería suprimida en la siguiente reforma y la Dirección General de Instrucción Pública pasaría al ministerio de Gracia y Justicia. La centralización se acabó haciendo al servicio de la política.

El Plan Zárate sería anulado a consecuencia del Concordato de 1851, mediante el reglamento de 10 de septiembre de 1852, que devolvía la enseñanza a la Iglesia, renunciando el Estado a asumir la dirección y gestión de la escuela.

 

El ambiente cultural de la época debía ser bastante positivo puesto que, en 1846, se iniciaba la publicación de una colección de textos literarios llamada Biblioteca de Autores Españoles BAE, hecha en Cataluña por Manuel Rivadeneyra y Buenaventura Carlos Aribau. Duraría el esfuerzo hasta 1872, habiendo publicado 71 volúmenes. La idea sería retomada por Menéndez Pelayo en 1905 con la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, para añadir lo que a su juicio se había olvidado en la BAE, el cancionero del siglo XV, sainetes, entremeses del XVII, los orígenes de la novela… y de nuevo se retomaría la idea a partir de 1954, intentando poner a disposición del público toda la literatura española.

En 1851 se publicó Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo de Juan Donoso Cortés, defendiendo las posturas llamadas doctrinaristas del francés Royer Collard y del italiano Giambattista Vico, desde un punto de vista ultracatólico.

 

 

 

Otras leyes centralizadoras de 1845.

 

El 8 de enero de 1845 se promulgó la Ley de Ayuntamientos, la cual ligaba los Ayuntamientos a la Autoridad del Gobierno central.

El 2 de abril de 1845 se establecieron los Consejos Provinciales, los cuales eran presididos por el Jefe Político de la provincia. Con ellos, se limitaban las competencias de las Diputaciones Provinciales.

El 13 de julio de 1845 se constituyó el Consejo Real, órgano de apelación en lo contencioso y también órgano consultivo para la Administración en todos sus niveles. Estaba integrado por 30 Consejeros ordinarios, los Consejeros extraordinarios que designara el Rey, y los Ministros del momento. Era el órgano supremo de la Administración central, provincial y municipal. En 1858 se llamó Consejo de Estado.

El 25 de septiembre de 1845 se aprobó el Plan de Estudios unificando y centralizando los sistemas de enseñanza en España.

 

 

La caída de Narváez en 1846.

 

Escisiones internas en el Partido Moderado. El grupo moderado se dividió a partir de la Constitución de 1845. La Constitución era monista, hecha por y para un solo partido, y cada facción social del Gobierno creyó que podía utilizarla a su favor:

Viluma y Bravo Murillo pedían el fin de la desamortización, devolución al clero de lo no vendido, y la creación de una contribución a los nuevos propietarios, tasada en un 3%. Mon se negó a aceptar esta enmienda en la Ley de Culto y Clero, y Viluma rompió con el partido. Desde entonces, su facción se llamó “Unión Nacional Española” y eran esencialmente un grupo católico integrista a la derecha del Partido Moderado. La Unión Nacional era una idea de Viluma, apoyada por Jaime Balmes.

Los seguidores de Francisco Pacheco exigieron que las leyes y el Gobierno se ajustaran a la Constitución que ellos mismos habían hecho, que la respetaran. Desde entonces, este grupo de Pacheco fue llamado puritano, aunque ellos se denominaron a sí mismos Partido Moderado de la Oposición. Escribieron en La Patria hasta que en 1851 el periódico fue comprado por el general Pavía, y Pacheco fue despedido. Otros líderes puritanos eran González Bueno, Antonio de los Ríos Rosas, Antonio Ros de Olano.

Uno de los defectos del Gobierno Narváez de 1844-1846 fue la multiplicación de la burocracia. Ello significaba más nóminas a pagar por el Estado y más déficit. La burocracia generó juntas, consejos, comisiones, y delegaciones múltiples.

 

El 11 de febrero de 1846 hubo disputa por el matrimonio de Isabel II y, a consecuencia de ella, cayó Narváez. Narváez se marchó, pero siguió gobernando desde la oposición y a través de las camarillas de Isabel II y María Cristina. Sus Ministros no quisieron dimitir y hubieron de ser cesados por decretos del 12 y 13 de febrero de 1846. Isabel II alegó que cuando se iba el Presidente del Gobierno, el hecho arrastraba a todos sus ministros. Los ministros no querían irse porque tenían el apoyo de las Cortes, pero la Reina hizo uso de su prerrogativa de nombrar y separar los ministros del Gobierno, es decir, se llegó a una situación extrema para un tema que debía ser ordinario.

No parecía haber motivo para la dimisión de Narváez, pues la mayoría en las Cortes estaba de su lado, se estaban haciendo reformas administrativas, se realizaban obras públicas y la Bolsa estaba en alza, aunque se hundiera el día que se conoció la dimisión de Narváez. El dimisionario gozaba de la confianza de Isabel II, de su madre María Cristina, de las Cortes y del Gobierno. Alegó motivos de salud, pero nadie se lo creyó.

La causa de la dimisión se achaca a una depresión psíquica de Narváez: Por aquellos días, Narváez había intentado casar a Isabel II con el conde de Trapani, hijo de Francisco I y primo de Isabel II. Los progresistas protestaron este proyecto de matrimonio, lo cual entraba en el guión, pero un sector del Partido Moderado se unió a las protestas y entre ellos estaban cuñados de Pedro José Pidal y de Alejandro Mon, los dos hombres de confianza de Narváez. María Cristina propuso casar a Isabel II con el príncipe de Sajonia Coburgo. Entonces, Narváez se sintió abandonado, traicionado, y entró en depresión psíquica. Se tomó como cuestión urgente el casar a Isabel II, cosa que hoy no nos parece tan urgente pues la niña tenía 16 años. Pero era una niña precoz en el sexo y se quería evitar el escándalo. La niña seguiría siendo precoz toda su vida, pues se casó a los 16 años, y se separó “de hecho” antes de cumplir 17. Y en 1846, como María Cristina quería casarla, y los progresistas y los moderados querían casarla, se hizo de ello una cuestión urgente.

Isabel II era demasiado joven: a su edad, 16 años en 1846, no respetaba los horarios de comer, de recibir visitas, de despachar… Había estado siempre bajo la autoridad de su madre María Cristina, y ésta la dominaba y aprovechaba esa circunstancia para influir en la política y hacer caer y nombrar Presidentes y Ministros. No era censurable que una madre influyese en la conducta de su hija, pero sí que lo hiciera para actuar en política, porque ello era inconstitucional.

El resto de personas de compañía de Isabel II no eran liberales ni creían en la democracia. Eran absolutistas moderados, es decir, gentes que habían constatado que bajo el absolutismo se cometían muchos abusos y que aquello había que limitarlo de alguna manera, con alguna participación de los súbditos en evitar corrupciones, pero todos eran convencidos absolutistas.

El tema del matrimonio de Isabel fue vergonzoso. Surgieron panfletos hablando de que se jugaba el destino de la monarquía, la independencia de la patria y la paz. Muchos opinaron que quien se casase con la Reina inauguraría una nueva dinastía y sería Rey. Tal vez se pusiera como Rey de España a un Habsburgo, a un Braganza, a un Orleans, a un Hohenzollern, a un Saboya-Coburgo, o a un Borbón de Nápoles. Todo eran especulaciones. Y los partidos políticos hablaban de cuál sería la ideología del nuevo Rey, moderada, progresista o revolucionaria. Todos daban por supuesto que un hombre maduro, de alrededor de 30 años, se impondría fácilmente sobre el carácter de una Reina de 16 años. Y como la Constitución de 1845 concedía al Rey potestad para nombrar y destituir Gobiernos, convocar y disolver Cortes, declarar la guerra y hacer la paz, muchos se arrepentían de haber dado tantos poderes al Rey en la Constitución.

Y cada partido empezó a poner vetos a cada uno de los posibles candidatos que barajaba la prensa. Trapani no era estimado por casi nadie. El tema lo resolvería Istúriz en 1846. Se buscó como primer candidato a Carlos Luis de Borbón Braganza, hijo de Carlos de Borbón Braganza, el carlista derrotado, porque ello podía suponer la reconciliación nacional. Pero Carlos de Borbón no era aceptado por los liberales.

Para formar nuevo Gobierno, Isabel II llamó a Viluma, lo cual nos sugiere que la camarilla de la Reina era moderada autoritaria, es decir, del grupo de Viluma. Viluma rechazó la oferta de formar Gobierno porque no tenía apoyos suficientes en el Congreso.

 

 

Otras Leyes importantes en 1846-1848.

 

En 1846 hubo un proyecto de Código Civil, propuesto por Mayans, que debía abolir diferencias legales y administrativas entre ciudadanos regulando el derecho público, las normas de la administración y los procesos judiciales. Reglamentó los juzgados, reformó el notariado y agilizó los trámites judiciales.

No incluía muchos temas de derecho privado, que aparecerían en códigos posteriores. Se concentraría el poder civil en la figura del Gobernador provincial y se crearían funcionarios con carácter definitivo. Ello conllevaría una ley del funcionariado con oposiciones para cubrir las plazas. El proyecto de Código Civil era de Florencio García Goyena y fracasó por parecer radical, demasiado progresista y contrario a privilegios religiosos. Por lo pronto, no se remitió al Gobierno hasta 1851, y luego no prosperó en las Cortes. En su defecto, se aprobaron leyes parciales como la Ley Hipotecaria de 1861, la ley de Matrimonio Civil de 1870, la Ley de Aguas de 1886 y también una Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley del Notariado, y otras. El tema del Código Civil se retomaría en 1881, también fracasado por no respetar los derechos forales, y en 1889, cuando en 24 de junio de 1889 se aprobó el primer Código Civil de España.

En estas fechas se reformó el Cuerpo de Policía con un nuevo reglamento. Tenía 1.300 agentes que debían vigilar el cumplimiento de la ley en toda España en las ciudades. El Cuerpo de Policía se complementaba con la actuación de la Guardia Civil, que vigilaba los caminos y pueblos de España. Entre ambas instituciones, lograron una disminución espectacular de la delincuencia.

 

 

 

Gobierno Miraflores,

12 febrero 1846 – 16 marzo 1846.

 

Presidente del Consejo, Manuel Pando Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores.

Estado, Manuel Pando Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores.

Gracia y Justicia, Manuel Ortiz de Zúñiga / 13 febrero 1846: Lorenzo Arrazola García

Guerra, Francisco Roncali Ceruti.

Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, Juan Bautista Topete Carballo.

Hacienda, Manuel María Sierra Moya / 15 febrero 1846: José de la Peña Aguayo.

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Manuel Pando Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores. / 13 febrero 1846: Francisco Javier Istúriz Montero.

 

Miraflores era una persona templada de carácter, de ideas moderadas muy conservadoras, honesto y tolerante.

Era un convencido de utilizar mano dura desde el Gobierno. Gobernó ante una reina niña de 16 años, que sólo se preocupaba en lo civil de disfrutar de la vida, y en la política hacía lo que dijera su madre.

Era apoyado por la mayoría en las Cortes y por la prensa (la autodenominada opinión pública), pero no era del gusto de María Cristina (o de su camarilla). María Cristina, a través de Isabel, le pedía los Proyectos de Ley y se los devolvía reformados, o se negaba a que la Reina sancionara las leyes si no se habían hecho como ella quería. María Cristina asistía al Consejo de Ministros y proponía las decisiones que se deberían tomar y las que no, seguramente como trasmisora de la camarilla.

Miraflores hizo una Ley Electoral, negoció con El Vaticano la reanudación de las relaciones, rebajó el cupo de la contribución territorial y el impuesto sobre consumos.

Las Cortes acabaron cansadas del juego de Palacio y se reunieron para debatir qué estaba pasando. Los Diputados no entendían por qué se retrasaban los proyectos de ley y las sanciones a las leyes aprobadas y acabaron culpabilizando de ello a fuerzas extraparlamentarias e ilegales que estaban actuando desde Palacio. Fue una sesión de Cortes salpicada de insultos en la que muchos diputados hubieron de ser expulsados de la Cámara.

Ese mismo día, al anochecer, se reunieron Miraflores y María Cristina. María Cristina aconsejó un matrimonio de Isabel con el conde de Trapani, y Miraflores se opuso, confiando en que esa misma mañana había obtenido la moción de confianza del Congreso. La candidatura de Trapani la había defendido Narváez y el Estado francés, lo cual era demasiada oposición para un líder como Miraflores, que dimitió el 16 de marzo.

 

 

Gobierno Narváez,

         18 marzo 1846 – 4 de abril 1846.

 

Presidente del Consejo, Ramón María Narváez Campos, duque de Valencia.

Estado, Ramón María Narváez Campos (interino).

Gracia y Justicia, Pedro Egaña Díaz de Carpio.

Guerra, Ramón María Narváez Campos.

Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, Juan Manuel González de la Pezuela y Ceballos marqués de la Pezuela[2] / 3 abril 1846: Jorge Pérez Lasso de la Vega.

Hacienda, Francisco de Paula Orlando.

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Francisco Javier de Burgos y del Olmo

 

Narváez tomó medidas el mismo 18 de marzo de 1846 para frenar los “excesos de la prensa” contra el trono de la reina, es decir, contra las críticas a la monarquía, a María Cristina, y al Gobierno. Defendía el matrimonio de la Reina con Trapani y se encontró enfrente con muchos diputados, incluso de su mismo partido.

El 18 de marzo de 1846 se produjo un Manifiesto de Narváez, y dos Decretos. En el Manifiesto, Narváez criticó el que la prensa criticara a la Corona y al Gobierno publicando falsedades y calumnias que propalaban escándalos. En el primer decreto de 18 de marzo, ordenaba suprimir los periódicos que atacaran a la Reina, a la Familia Real, o a las prerrogativas del trono, y suspender temporalmente a los periódicos que invitasen a la desobediencia al Gobierno y al desprecio de las disposiciones emanadas del Gobierno. En el segundo Decreto de 18 de marzo, suspendía las sesiones de Cortes para poder hacer las reformas necesarias que las farragosas discusiones de Cortes dilataban e incluso impedían.

El Manifiesto y los dos Decretos de 18 de marzo de 1846 provocaron las protestas lógicas. Los liberales escribían que en España no había monarquía absoluta, ni tampoco sistema representativo, sino se vivía en el limbo político; que no había censura previa, pero tampoco libertad de imprenta; que no estaba abolida la necesidad de que las Cortes aprobaran los presupuestos, pero tampoco se llevaban a las Cortes los presupuestos; que no estaba abolida la Constitución de 1845, pero que estaba de adorno. Estaban denunciando una situación de dictadura de hecho del general Narváez. Y como el Gobierno anunciaba que se proponía gobernar sin Cortes para poder hacer las reformas oportunas, la situación era inconstitucional.

También el 18 de marzo, Narváez suspendió las Cortes (siendo Javier de Burgos el Ministro de Gobernación) para poder regular las cosas por decreto sin la presencia molesta de las mismas, y complementó su actuación incluyendo el cierre de periódicos.

Los embajadores francés y británico, exigieron la destitución de Narváez debido a la mala educación que demostraba y, efectivamente, sería retirado del gobierno durante un año. Pero la estabilidad política no llegó. Sin Narváez, las cosas fueron a peor.

La causa de la dimisión de Narváez fue un escándalo de Bolsa denunciado por Juan de la Pezuela, tras el cual, Narváez dimitió y se exilió a Francia.

 

 

 

[1] Recomendamos la WWW Lluis Belenes.es Los Gobiernos de Isabel II.

[2] Juan Manuel González de la Pezuela y Ceballos, marqués de la Pezuela era hermano menor de Manuel González de la Pezuela Ceballos II marqués de Viluma. Eran hijos de Joaquín González de la Pezuela Griñán y Sánchez de Aragón, 1761-1830, I marqués de Viluma y Virrey del Perú. No se deben confundir con Manuel de la Pezuela Lobo-Cabrilla, Ministro de Marina en 1885.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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