GOBIERNOS AUTORITARIOS DE 1853 Y 1854.

 

 

En diecinueve meses se sucedieron cinco Gobiernos: el de Roncali de diciembre de 1852 a abril de 1853, el de Lersundi de abril de 1853 a septiembre de 1853, el de Sartorius de septiembre de 1853 a julio de 1854, el de Fernández de Córdova de julio de 1854, y el del Duque de Rivas de julio de 1854, antes del Gobierno Provisional del Duque de Rivas de fines de junio de 1854 y la llegada definitiva de Espartero y los progresistas al Gobierno el 30 de julio de 1854. Consideramos en este capítulo los tres primeros, que fueron los autoritarios.

Era una sucesión de Gobiernos propia de una crisis muy seria, la del Partido Moderado que involucionaba hacia posiciones autoritarias y antiliberales, y la mundial por subidas de los precios de los alimentos a partir de 1854 debido a la gran demanda generada por la Guerra de Crimea. La segunda empeoró las condiciones políticas generadas por la primera, y acabó en un gran golpe de timón hacia lo desconocido, hacia una coalición de unionistas, que no sabían qué querían hacer, y progresistas que no sabían cómo hacer lo que querían.

Roncali, 1809-1857, era un esparterista, ascendido a general por amistad con Espartero y a Capitán General de Valencia en 1844. Era teóricamente progresista, pero autoritario, uno de los ayacuchos. En 1846 fue Capitán General de Cuba. Intentó integrar en su Gobierno de 1852 distintas corrientes del moderantismo para hacer una reforma constitucional ultramoderada, pero menos que la de Bravo Murillo a quien sustituía.

Lersundi, 1817-1874, ascendido a Teniente General y Gobernador militar de Madrid en 1851, Ministro de Guerra en 1852 para Bravo Murillo, Ministro de Marina en 1856 para Narváez, Ministro de Guerra en 1864 para Lorenzo Arrazola, Capitán General de Cuba en 1866.

Sartorius, 1820-1871, que no era un general, resultó ser más autoritario que los generales, con ideas próximas a la dictadura. Periodista crítico respecto a Espartero en 1840-1843, se había afiliado a las filas de Narváez. Espartero era de talante dictatorial y Narváez autoritario. Sartorius dejó atrás en estas características a los dos: le molestaban los periódicos que le criticaban y las Cortes y los generales que no estaban de acuerdo con él. Provocó una sublevación de liberales en enero de 1854, huelga de obreros en Barcelona en marzo de 1854, golpe militar de junio de 1854, y la coalición de militares y moderados en 7 de julio de 1854, Manifiesto de Manzanares, lo cual provocó su dimisión definitiva.

Fernando Fernández de Córdova, 1809-1883, era un general de prestigio por sus servicios al Estado, su postura contraria a la “dictadura” de Espartero. No estaba dispuesto a tolerar desórdenes.

Ángel Saavedra Ramírez de Baquedano duque de Rivas, 1791-1865, era un hombre de poco carácter, colocado a la cabeza del Gobierno precisamente para evitar autoritarismos de hombres duros, y que basó su trabajo en lograr la convivencia de moderados y progresistas, antes de un nuevo periodo de Gobiernos progresistas en 1854-1856.

El autoritarismo estaba de moda desde que lo pusiera, en Francia, Napoleón III en la Constitución de 14 de enero de 1852 y la autoproclamación como emperador en 2 de diciembre de 1852. En España, país de autoritarismos, no fueron posibles los Gobiernos autoritarios estables. Tal vez, los viejos políticos autoritarios tenían mucho interés en defender sus privilegios y los de sus protegidos, y temían la irrupción de autoritarismos nuevos reformistas que fueran a cambiar el statu quo.

 

 

Gobierno Roncali, conde de Alcoy

         15 diciembre 1852 – 14 abril 1853

 

Presidente, Federico Roncali Ceruti conde de Alcoy

Estado, Federico Roncali Ceruti conde de Alcoy.

Gracia y Justicia, Federico Vahey Alba/ 9 abril 1853: Alejandro Llorente Lannas (interino).

Guerra, Juan de Lara Irigoyen.

Marina, Rafael Arístegui Vélez, conde de Mirasol.

Hacienda, Gabriel Aristizábal Reutt / 10 enero 1853: Alejandro Llorente Lannas.

Gobernación, Alejandro Llorente Lannas / 10 enero 1852: Antonio Benavides Fernández de Navarrete.

Fomento, Rafael de Arístegui Vélez conde de Mirasol (interino) / 19 febrero 1853: Antonio Benavides Fernández de Navarrete (interino).

 

Roncali era un ultramoderado que intentó mantener el proyecto constitucional de Bravo Murillo apoyándolo desde el ejército. Para ello, lo modificó ligeramente, para conseguir algún apoyo más. Tenía el apoyo de varios militares, pero fracasó por discrepancia de algunos generales moderados y de casi todos los progresistas.

Roncali presentó un nuevo Proyecto de Reforma Constitucional y unas reformas administrativas complementarias a él. El proyecto autoritario Roncali se justificaba desde el Gobierno en la necesidad de evitar que los ministros se vieran obligados a incumplir la Constitución y argumentaba que, con algunas reformas, no era preciso abandonar del todo el proyecto Bravo Murillo. El tema principal del proyecto Bravo Murillo, que se pretendía conservar, era la confrontación entre el poder de los ministros y el de las Cámaras.

El 17 de diciembre de 1852 se envió una Circular a los Gobernadores Civiles de Provincias en la que se afirmaba: la necesidad de revisar las leyes políticas del Estado, puesto que se había incumplido sistemáticamente la Constitución en los últimos años; su rechazo del Proyecto Constitucional de Bravo Murillo porque eliminaba el papel de las Cortes en la elaboración de las leyes y en la aprobación de presupuestos; el proyecto de poner a discusión, profunda y concienzudamente, el Proyecto de Reforma Constitucional de Bravo Murillo a fin de determinar las reformas del Estado español verdaderamente necesarias.

Una segunda reforma de Roncali tocaba al ejército, que debía ser la columna que sostuviera al Estado: El 22 de diciembre de 1852 se creó el Cuerpo Jurídico Militar (en 1866 se reformaría para hacer que se ingresara en él por oposición). Este Cuerpo Jurídico juzgaba en Consejo de Guerra y su fallo debía ser ratificado por el Capitán General correspondiente.

 

 

La crisis del Partido Moderado.

 

Diciembre de 1852 es el comienzo de una crisis política importante en la historia de España, una vez que en 1850 se había quemado Narváez líder del centro moderado, y en 1852 se había quemado Bravo Murillo líder de la derecha moderada. Era preciso buscar líderes moderados nuevos. El partido estaba dividido, al menos, en seis grupos:

Pedro José Pidal era el hombre inteligente que quizás necesitaba el partido moderado, era capaz, brillante y tenía ideas propias, quizás el hombre con la cabeza mejor ordenada del partido, pero Pidal no era un polemista, no era agresivo, y su timidez le descalificaba ante unas masas que buscaban gente que armara trifulca y agrediese a sus contrarios.

Bravo Murillo se quedó en minoría una vez abandonado el poder.

Los monistas, partidarios de Mon.

Los narvaístas, o continuadores de Narváez.

Los polacos, el grupo de Sartorius.

El grupo de Martínez de la Rosa.

No había sido Bravo Murillo el que había roto el Partido Moderado, pero les había dejado sin un líder indiscutible, como habían tenido mientras Narváez estuvo en ese papel. El general Federico Roncali conde de Alcoy era una solución de emergencia que trataba de hallar una coalición entre facciones del Partido Moderado que permitiera un Gobierno fuerte. Pero la búsqueda de acuerdos sirvió para que todos se pusieran a discutir, no decidieran nada, y las discrepancias fueran a más.

O´Donnell se unió al grupo de los narvaístas y fue un crítico del Gobierno Roncali. Roncali tenía tres militares en su Gobierno e incluso así, a Narváez y a O´Donnell les parecían pocos. Además opinaban que el Gobierno Roncali se había propuesto terminar las reformas que había propuesto Bravo Murillo. No importaba que nadie en España las quisiera. Si Roncali no tenía el apoyo de su partido, sus proyectos no tenían sentido.

 

 

La política de Roncali.

 

El 11 de enero de 1853 Narváez recibió una carta de la Reina sorprendiéndose ésta por los escritos de Narváez de 15 de diciembre pasado y por su rápida difusión clandestina, lo cual suponía una falta de respeto a la Corona. Eso tendrá repercusiones durante el gobierno de Roncali. Recordemos que Narváez había sido enviado a Viena, y desde Bayona había enviado una Exposición a la Reina manifestando que se oponía a la Reforma Constitucional de Bravo Murillo y a que se le enviase a Viena. La postura de Narváez ahondaba el descontento entre los moderados y la Reina.

El 4 de febrero de 1853 hubo elecciones. El 1 de marzo de 1853, Roncali abrió las Cortes.

El 3 de marzo surgió en las Cortes el asunto del destierro de Narváez, producido el 9 de diciembre de 1852. O’Donnell presentó una Exposición al Senado que le había enviado Narváez, en la que Narváez pedía que el Senado le juzgase. El Senado estudió largamente el asunto, pues se trataba de Narváez, la persona más popular del reinado de Isabel II. Se nombró una Comisión. La mayoría de la Comisión dijo que el Senado no era competente para juzgar a Narváez, pues para ello se necesitaba un encargo del Consejo de Ministros, una iniciativa legal, circunstancia que no se daba. Pero por otra parte, advertía que Narváez era senador y el Gobierno no podía impedirle ejercer como tal en el Senado. De ello se deducía que no podía ser enviado a Austria, pues se le impedían ejercer sus funciones de senador. Una minoría de la Comisión citada, alegó que el Rey era el Jefe de las Fuerzas Armadas y podía enviar a sus generales al destino que le apeteciese, lo que implicaba que el Gobierno no incurría en ilegalidad al enviarle a Austria, periodo durante el cual quedaba eximido de sus funciones como senador. En conclusión, según esta minoría, el Senado nada tenía que decir sobre el tema Narváez. El asunto paso al pleno. La votación fue reñida, 79 votos a 71. El pleno había votado la propuesta de la minoría de la Comisión, el envío de Narváez a Austria.

Los generales importantes estaban entre los 71 perdedores, lo que suponía una ruptura del ejército con el Gobierno. El Gobierno se sintió debilitado.

Las Cortes se mostraron hostiles al Gobierno Roncali y empezaron por elegir Presidente de las Cortes a Martínez de la Rosa, un enemigo declarado de Roncali. En esas condiciones de hostilidad, Roncali llevó a las Cortes una reforma del Senado con senadores hereditarios, como los del proyecto de Bravo Murillo. Era una imprudencia.

 

El 29 de marzo de 1853, Roncali tenía listo su Proyecto de Reforma Constitucional. Los cambios respecto al Proyecto Bravo Murillo, eran pocos:

Consideraba que el Senado estaba desprestigiado y había que reformarle. Para ello proponía tres clases se senadores: los natos, los hereditarios y los vitalicios.

Serían senadores natos el Príncipe de Asturias, los Infantes de España, los Cardenales, Capitanes Generales, el Patriarca de Indias y los arzobispos.

Serían senadores hereditarios los Grandes de España a quienes el Rey otorgase esa gracia y poseyeran una renta de 240.000 reales procedente bienes vinculados. El Rey llamaría a los que considerase dotados de las cualidades suficientes para el cargo, en función de los servicios prestados, antecedentes de la persona y circunstancias personales. Los senadores hereditarios no serían todos los Grandes de España, sino sólo los que de entre ellos fueran designados por el rey.

Serían senadores vitalicios los que el Rey designase entre los altos funcionarios de la Administración, grandes propietarios y eminencias sociales.

Los reglamentos de funcionamiento interno de las Cámaras se harían por Ley elaborada por el Gobierno, y con ello podrían variarse convenientemente en cada Gobierno.

En los presupuestos, solamente se discutirían las partes que se innovasen cada año en el capítulo de ingresos, peor nunca en el de gastos, pues los gastos serían responsabilidad de cada Gobierno.

 

La reforma de Roncali era tímida, corta e inofensiva, y Roncali no tenía autoridad suficiente para mantenerla. Ni siquiera llegó a discutirse en Cortes.

A la oposición le recordaba demasiado al Proyecto de Bravo Murillo y se opuso cerradamente al Proyecto de Roncali.

El ambiente político era muy malo: entre otras razones, ya expuestas más arriba, había un convencimiento social de que había corrupción generalizada entre los políticos. El descontento se generalizaba: En 1853, el periódico más leído en Madrid era Las Novedades y tiraba 13.000 ejemplares. Había unos 43 periódicos más, pero de poca difusión. En enero-mayo de 1853 se publicaban grandes escándalos de corrupción, acusaciones de corrupción en la compra de carbón para la Marina y en las concesiones de ferrocarriles.

Hubo desórdenes en las Cortes en 9 de abril 1853 y fueron clausuradas el 14 de abril, cuando Roncali supo que no iban a aprobar su proyecto. Roncali se planteó el destierro de algunos políticos y de algunos militares, e incluso elaboró una lista negra de periodistas. Pero era muy difícil demostrar o intentar arreglar nada porque al parecer estaba implicada la propia Corona en esos manejos políticos y, o se tiraba la monarquía, o se aceptaba la corrupción.

Roncali decidió dimitir en 14 de abril de 1853.

 

 

Nuevas empresas españolas en 1853.

 

Mientras la crisis política se complicaba cada día, el desarrollo industrial seguía su curso, independiente de los agobios políticos:

En 1852 apareció la «Compagnie Miniere et Metalurgique des Asturias», que se disolvería en 1868.

En 1853 apareció en España una renovada «Compagnie Royale Asturienne de Mines, Societé pour la Production du Zinc en Espagne”. La empresa había llegado a España, en 1833 de la mano del marqués de Casa Riera, para explotar el carbón, pero tuvo poco éxito y no le sacaba rendimientos, y cambió de objetivos en 1853 para dedicarse a la obtención de blenda y calamina, de las que se obtenía el zinc, válido para galvanizar el acero y hacerlo resistente a la corrosión. Estos materiales no eran difíciles de localizar, pues desde el siglo XVI se habían confundido con el estaño, pero resultaban frágiles y acababan siendo tirados en escombreras como falso estaño. En 1733 se fabricaba zinc en San Juan de Alcaraz (Albacete) a partir de calaminas de la zona y se fabricaba latón principalmente para cubos y herradas y la empresa pasó en 1846 a llamarse Sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, dedicándose a laminados de zinc y latón. Como carecía de hulla, se decidió trasladar a Asturias y usar calaminas que había encontrado en Guipúzcoa. Una vez llegada la Asturiana de Zinc a España, tuvo la suerte en 1856, de descubrir las minas de Reocín (Cantabria) con el yacimiento de blenda más importante del mundo en aquella época. La fábrica de zinc se instaló en Arnao porque se necesitaban 7 toneladas de carbón y 2,5 de calamina para obtener una tonelada de zinc. La fábrica de zinc se instaló en Arnao (Asturias) porque se necesitaban 7 toneladas de carbón y 2,5 de calamina para obtener una tonelada de zinc. Esta metalurgia daba poco valor añadido en España, pues la planta de fundición estaba en Aubyle-Douai (Francia) y la oficina de ventas en Amberes. El negocio del zinc duraría hasta 1960, cuando nuevos materiales, anticorrosivos y de menor peso, hicieron perder valor al zinc. Pero en 1960 surgiría en España una leyenda urbana, fomentada por el franquismo, de ser una gran potencia minera y se abrió Española de Zinc S.A. con fábricas en Cartagena y en San Juan de Nieva (Asturias), a pesar de que los belgas ya no consideraban rentable estas explotaciones. Asturiana de Zinc participó en la nueva empresa a la expectativa de ganancias fáciles. El zinc se fabricaba en Axpe-Erandio (Vizcaya) en la empresa “Metalúrgica del Nervión”. El Estado y el mercado español eran los clientes. En 1981, una vez abierto el mercado español por la democratización política, Asturiana de Zinc se retiró, comprando su parte Española de Zinc, pero la empresa ya era un fracaso anunciado, pues era insostenible, y los costos de extracción en Reocín crecían, hasta hacerlo irrentable, cerrando a fin de siglo.

En 1853, Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1825-1891, nacido en Barcelona y con estudios matemáticos y militares, puso puntos geodésicos en la península para hacer un mapa de España. En 1870 crearía este hombre el Instituto Geográfico y Estadístico del que fue director en 1870-1888.

 

 

 

Gobierno Lersundi,

         14 abril 1853 – 19 septiembre 1853

 

Presidente del Consejo de Ministros, Francisco Lersundi Hormaechea.

Estado, Luis López de la Torre-Ayllón y Kismacker (nunca ocupó la cartera), ejercía Francisco Lersundi (interino) / 21 junio 1853: Ángel Calderón de la Barca Belgrano (nunca ocupó la cartera) seguía ejerciendo el puesto Francisco Lersundi (interino).

Gracia y Justicia, Pablo Gobantes Fernández.

Guerra, Francisco Lersundi Hormaechea.

Marina, Antonio Doral / 9 septiembre 1853: Agustín Esteban Collantes.

Hacienda, Manuel Bermúdez de Castro Díez[1] / 21 junio 1853: Luis María Pastor Coxo.

Gobernación, Pedro Egaña Díaz de Carpio

Fomento, Pablo Gobantes Fernández (interino) / 21 junio 1853: Claudio Moyano Samaniego[2] / 1 agosto 1853: Agustín Esteban Collantes.

 

El general Lersundi era otro autoritario que iba a intentar la unión de los liberales, sin la cual no eran posibles las reformas constitucionales, ni las de Bravo Murillo ni ninguna otra. Gobernó todo el tiempo con las Cortes cerradas. Su Ministerio no era homogéneo, como ninguno de los que le sucedieron hasta 1854. Todos intentaban la gran coalición liberal. Ninguno fue capaz de elaborar un programa de Gobierno.

Lersundi era amigo íntimo de María Cristina y esa relación le llevó al poder. Escogió como colaborador (casi se podría decir valido, valga la incorrección histórica) a Pedro de Egaña, otro amigo privado de María Cristina, con lo cual podemos decir que gobernaba la camarilla de María Cristina. Pedro Egaña Díaz de Carpio, 1803-1885, era vitoriano y había estudiado Derecho. En 1834 fue Auditor de la Capitanía General de Granada. En 1838 fue Fiscal de la Audiencia de Burgos, donde llegaría a Magistrado. En 1840 se puso del lado de los moderados y contra Espartero, y cesó en sus cargos. María Cristina se fijó en él y entró a su servicio como Intendente de su Real Casa. En 1846 había sido Ministro de Gracia y Justicia. En 1853 era Ministro de Gobernación.

La primera idea del equipo Lersundi-Egaña fue mantener el proyecto Roncali de Reforma Constitucional, pero fracasaron. Lersundi no era del grupo de Ramón María Narváez, Leopoldo O´Donnell, Fernando Fernández de Córdoba, Manuel de la Concha… No estaba en ninguno de las facciones del Partido Moderado. Su intención era precisamente buscar acuerdos entre las facciones y por eso se escogía a alguien que no estuviera en ninguna de ellas, como una persona neutral. Sin el apoyo de las distintas facciones moderadas era imposible aprobar la Reforma.

El 16 de abril, Lersundi publicó un Programa-Manifiesto en el que se abandonaban los Proyectos de Reforma Constitucional, pues no se les mencionaba siquiera. Desde ese momento se conformaba con unir a los moderados.

Lersundi intentó varias fórmulas de Gobierno: Un Gobierno de una facción moderada resultaba imposible porque tendría en contra a todas las demás facciones. Una coalición de hombres de segunda fila de todos los grupos no tendría posibilidades pues todos los líderes se colocarían a la contra. Una coalición con los progresistas no era aceptada por Isabel II ni por María Cristina. No quedaba más remedio que buscar algún tipo de alianza. Y se intentó con los “polacos” de Sartorius.

Las críticas al Gobierno Lersundi fueron durísimas, se le acusaba de venalidad, de malversación, de intrigante. Se interpreta que el verdadero problema de fondo en la España de esos años eran las concesiones ferroviarias que se estaban haciendo. En cada concesión quedaba satisfecho un grupo económico y descontentos todos los demás.

El problema de las subvenciones ferroviarias estaba envenenando la política: El Estado concedía mayores o menores ayudas según la importancia del proyecto, pero la importancia la decidía el Gobierno. Todos los empresarios querían la calificación de “preferente” para su concesión. Y detrás de todo ello había mucha corrupción, pues era frecuente que, una vez conseguida la calificación de “preferente” y una vez recibidas las ayudas del Estado, la empresa concesionaria quebrara misteriosamente y desaparecieran los fondos recibidos. A veces no era corrupción sino estupidez en la gestión, pero el resultado era el mismo. Algunos españoles torpes presentaban proyectos irrealizables que incluso emprendían, hasta darse cuenta de que iban a perder mucho dinero, que el coste de las obras era mucho mayor del que ellos habían previsto y que la rentabilidad del proyecto iba a ser casi nula.

Y el Gobierno colaboraba con sus actuaciones en aquel despropósito generalizado: concedió una subvención para el transporte de carbón de piedra para la escuadra de Filipinas, que fue un escándalo general. A raíz de ello dimitió el Ministro de Marina el 9 de septiembre.

 

 

La libertad de emigración.

 

El 16 de septiembre de 1853 dio un decreto permitiendo la emigración a Latinoamérica y otras colonias españolas, lo cual permitió emigrar libremente a los españoles, y ello afectaba sobremanera a los canarios, que estaban emigrando clandestinamente. España siempre había sido contraria a la emigración: Felipe IV la había prohibido bajo pena de confiscación de bienes. La Constitución de Cádiz había abolido la pena de confiscación de bienes y la había sustituido por la de pérdida de naturaleza (vecindad o nacionalidad). Posteriormente hubo muchas leyes de emigración, porque España era un país de emigrantes: 8 de julio de 1881 tratando de contener la emigración; orden de 1882, tratando de evitar la emigración clandestina; orden de 1888 creando la Junta de Emigración para informar sobre las solicitudes de embarque y dar informes favorables o desfavorables; Ley 21 de diciembre de 1907 creando el Consejo Superior de Emigración en el sentido de restringir la emigración; ley de Emigración de 16 de diciembre de 1924 creando la Dirección General de Emigración; 21 de junio de 1929 creando la Inspección General de Emigración; 18 de junio de 1938 creando el Servicio Nacional de Emigración; 1939 creando la plantilla del cuerpo de Emigración. En 1949 se firmó un convenio con la OIT sobre migrantes; en 1956 se firmaron acuerdos con diversos países; en 1957 se creó la Comisión Sindical de Emigración; el 17 de julio de 1956 se creó el Instituto Español de Emigración. Por fin en 19 de abril de 1980 se ratificó la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961 y en 1983 apareció el Estatuto Jurídico del Trabajador Emigrante.

 

 

Caída del Gobierno Lersundi.

 

El 19 de septiembre cayó el Gobierno Lersundi ante el escándalo denunciado por el Ministro de Fomento, Claudio Moyano, de haber adjudicado fraudulentamente la línea de ferrocarril del norte a un consorcio en el que figuraba el marqués de Salamanca. En el escándalo podría estar implicado Luis María Pastor Coxo 1804-1872, ministro de Hacienda, socio de Laureano Figuerola. Tras el escándalo de 9 de septiembre, el escándalo de 19 de septiembre resultó insuperable.

 

 

Gobierno Sartorius, Conde de San Luis,

         19 septiembre 1853 – 17 julio 1854

 

Presidente, Luis José Sartorius Tapia, conde de San Luis.

Estado, Ángel Calderón de la Barca Belgrano.

Gracia y Justicia, José Francisco de Paula de Castro y Orozco, marqués de Gerona / 16 enero 1854: Jacinto Félix Doménech.

Guerra, Anselmo Bláser San Martín / 7 julio 1854: Eduardo Fernández San Román (interino) / 17 de julio 1854: Anselmo Bláser.

Marina, Agustín Esteban-Collantes Gutiérrez (interino) / 30 de septiembre 1853: Mariano Roca de Togores Carrasco, marqués de Molins / 19 de octubre 1853: Agustín Esteban-Collantes Gutiérrez (interino).

Hacienda, Jacinto Félix Doménech

Gobernación, Luis José Sartorius Tapia.

Fomento, Agustín Esteban-Collantes Gutiérrez.

 

Sartorius y Esteban Collantes llevaban dos ministerios cada uno. El barcelonés Doménech, 1802-1863, parece que era progresista del grupo de Olózaga. El resto eran moderados. Calderón de la Barca, 1790-1861, era moderado del grupo más a la derecha, aunque tenía a su favor el conocer Londres, Moscú, Estados Unidos y México. Castro, 1808-1869, estudió Derecho en Granada y fue Rector de aquella Universidad. Bláser era militar descendiente de padre suizo y en 1850 había sido Capitán General de Navarra. Era el hombre de María Cristina en el Gobierno y monárquico a ultranza. Esteban-Collantes, 1815-1876, era una vocación sacerdotal frustrada que había estudiado en el seminario de Palencia y más tarde Leyes y Cánones en Valladolid, y estaba comprometido con Bravo Murillo, la facción más a la derecha del Partido Moderado, y era monárquico. En conclusión, parece deducirse que Sartorius quería unir a los grupos moderados y a algún progresista dispuesto a entrar en la coalición.

En el nombramiento del Ministro de Guerra, al no encontrar ningún militar de consenso, para no encrespar los ánimos, decidió nombrar a un tipo de segunda fila en el tema político, general Anselmo Blaser. No fue una solución acertada, pues inmediatamente tuvo en su contra a todos los generales del Partido Moderado, los cuales arrastraron a muchos políticos a la oposición. Fue un fallo de diplomacia.

En contraste con otros Gobiernos de aquel periodo, Sartorius tenía experiencia política. No era un desconocido entre los políticos españoles. No era un politiquillo modesto y novato como alguno de sus predecesores, sino un hombre de primera fila del Partido Moderado. Era el líder de la facción “polaca”. Y hasta entonces tenía fama de eficaz.

 

 

Luis José Sartorius, el personaje.

 

Luis José Sartorius Tapia, 1820-1871, provenía de una familia polaca afincada en Sevilla, era abogado. Se trasladó a Madrid en busca de fortuna y conectó con el entorno de Bravo Murillo, la derecha del Partido Conservador, que le colocó en sus periódicos. Sartorius resultó un buen articulista, se le abrieron muchos periódicos, y abrió uno nuevo en 1842, El Heraldo, que se convirtió enseguida en la referencia del Partido Moderado entero, por sus ataques a Espartero.

En febrero de 1843, Sartorius se sumó al grupo de Narváez, moderados autoritarios de centro, que era el que tenía posibilidades de Gobierno. Se convirtió en Secretario de Narváez y, efectivamente, consiguió ser Ministro de Gobernación en 1847-1849, y en 1849-1851. Demostró ser una persona muy eficaz, muy trabajador: creó la Escuela de Ingenieros de Montes, hizo repoblación forestal, reorganizó el Cuerpo de Policía, mejoró la enseñanza primaria, creó los Gobernadores Civiles Provinciales, mejoró el servicio de correos con el sello postal (1 de enero de 1850), hizo reglamento de la propiedad intelectual, e impulsó muchas obras públicas en Madrid: ensanche de la Puerta del Sol, obras del Teatro Real, traída de aguas.

No cabía duda de que Sartorius era inteligente y eficaz. Pero en 1851, se supo que Sartorius había amañado las elecciones y fue forzado a dimitir como Ministro en 1851. Estamos pues ante un tipo inteligente pero que perseguía sus propio interés incluso en contra del interés general.

Pero Sartorius llegó a la política siendo pobre, y en 1849 ya poseía suficiente dinero como para comprar el título de conde de San Luis. Sartorius era un escéptico, que no creía en nada, que no tenía principios morales firmes. Sólo creía en que había que salir adelante. Por eso, era eficaz y práctico.

 

 

La actuación de Sartorius en 1853.

 

En 19 de septiembre de 1853 se inició el Gobierno de Luis José Sartorius, a pesar de los antecedentes que tenía como Ministro. Había utilizado su periódico, El Heraldo, para llegar al poder, y el poder para conseguir dinero. Al llegar al Gobierno, retomó la Cartera de Gobernación, lo cual sonaba a desquite por lo sucedido en enero de 1851, cuando había sido acusado de amañar elecciones. Su ego había crecido tanto que compró el título de “conde de San Luis”. E inmediatamente empezó a acumular riquezas con rapidez. Se le adhirieron enseguida muchos arribistas que fueron denominados “los polacos”, y que buscaban prosperidad y fortuna personal. El término “polaco” sirvió para aludir a jugadas políticas sucias e inconfesables. No estaban todavía en el momento cumbre de decadencia de la facción polaca, que llegaría al final de su periodo de Gobierno.

Su Gobierno estuvo caracterizado por las irregularidades y trampas políticas.

Sartorius empezó retirando el Proyecto de Reforma Constitucional de Roncali para calmar los ánimos de progresistas y liberales en general que todavía creían en valores humanos de algún tipo.

En octubre de 1853 llegó un nuevo Encargado de Negocios del Papa, Alejandro Franchi, un hombre preparado por Luigi Lambruschini, el integrista católico que tan difíciles había puesto las relaciones con España hasta 1846. A este hombre, le tocó vivir malos tiempos en España, el periodo liberal de 1854-1856, y rompió relaciones en julio de 1855. Volvería a España en 1868 como Nuncio, pero fue expulsado en septiembre de 1868.

 

 

La apertura de Cortes.

 

El 19 de noviembre de 1853, Sartorius conde de San Luis abrió las Cortes, que habían estado cerradas durante el Gobierno Lersundi y casi todo el periodo Roncali. Inmediatamente, formó Comisiones de estudio para nuevas leyes sobre Tribunales de Justicia y comunicaciones.

 

 

El escándalo del ferrocarril.

 

Las obras del ferrocarril Madrid-Irún fueron sacadas a subasta pública, y adjudicadas a lo largo de 1853, durante Gobiernos anteriores a Sartorius, a empresas de María Cristina de Borbón y José Salamanca, en lo que fue considerado el mayor “pelotazo” de la época. Hubo escándalo y ello provocó que se pusieran en contra de Sartorius no sólo los progresistas, sino muchos moderados e incluso el mismo Narváez, un hombre que también sabía del asunto de hacerse rico aprovechando las ventajas de ser político. También estuvieron en su contra ultramoderados como Bravo Murillo, Roncali o Lersundi, porque Sartorius intentaba gobernar por decreto, censurando la prensa y controlando los foros públicos de debate, pero en su propio beneficio.

Bravo Murillo había dado alegremente muchas concesiones para el ferrocarril pensando que el desarrollismo era bueno. Ocurrió sin embargo que muchos concesionarios recibieron la subvención del Estado e inmediatamente se declaraban en quiebra y cerraban la empresa sin iniciar ninguna obra, pero quedándose con la subvención. El principal de estos especuladores era el duque de Riánsares, marido de María Cristina, y detrás de él estaba toda la camarilla de María Cristina. El asunto era pues de hondo calado político. Lersundi ya había caído por causa de las complicaciones de este asunto.

 

 

La polémica Ley de Ferrocarriles de 1853.

 

Sartorius intentó muchos proyectos de ley, muchas reformas, pero nunca tuvo suficientes diputados que le secundasen: resucitó la Ley de Funcionarios de Bravo Murillo; reanudó el rearme naval con barcos de vapor; suprimió la prisión preventiva; mejoró los procedimientos procesal y penal; hizo el Proyecto de Ley de Ferrocarriles.

El Proyecto de Ley de Ferrocarriles de Sartorius fue calificado en las Cortes como una “polacada”, momento en que el término empezó a significar inmoralidad administrativa. Se opinaba que había sido hecho para dejar impunes las venalidades que se estaban produciendo. Esa fue la opinión de la oposición. Según Sartorius, el proyecto trataba de eliminar las ingenuidades de la ley de 1851, prescribía más cautelas que en 1851 y hacía más transparente la Administración. Pero las Cortes dijeron todo lo que se podía decir, y lo que no se debería haber dicho, contra el proyecto de Sartorius.

Y en esos días estaba en el Senado un Proyecto de Ley de Ferrocarriles del Gobierno Roncali que decía que cada concesión ferroviaria tendría su ley particular y específica, y que no podía ser que todas tuvieran la misma ley, que luego el Gobierno adaptaba en cada concesión, pues se prestaba a que hubiera corrupción y favoritismo en el Gobierno.

En noviembre de 1853 y ya durante el Gobierno de Sartorius, el Senado, a iniciativa de Infante, volvió a pedir que las concesiones de trazado de ferrocarril se hicieran por ley específica, y no como proyectaba el Gobierno, de hacerlo él directamente según una ley general, y que no pasara cada concesión por las Cortes. Sartorius quería ser él quien decidiese sobre las concesiones ferroviarias, porque ello le reportaría una clientela política importante. El Senado creía que había corrupción en las concesiones de contratas de ferrocarril (cosa delicada pues la Casa Real estaba implicada en esas especulaciones de concesiones ferroviarias). Sartorius pensaba hacer una ley que regulase el plan completo de tendidos y sus conexiones en red y el control público de las condiciones de construcción.

Sartorius simuló acceder a la petición del Senado, pero jugó con los senadores enviando un nuevo Proyecto de Ley de Ferrocarriles al Congreso, distinto al de Roncali. Sartorius argumentaba que las cuestiones de créditos eran materia del Congreso y, por tanto, el Proyecto correspondía al Congreso y debía abandonarlo el Senado. Entonces el Congreso le dijo a Sartorius que no podía introducir un Proyecto de Ley sobre un tema que ya estaba en Cortes, en el Senado.

El 22 de noviembre de 1853, Sartorius pidió al Senado que abandonase las discusiones sobre el Proyecto de Ley de Ferrocarriles antigua, el de Roncali, porque ese tema entraba en el Congreso con otro Proyecto de Ley de Ferrocarriles proyectado por Sartorius.

El 28 de noviembre de 1853, Sartorius retiró del Senado la iniciativa de Infante de que cada concesión tuviera una Ley específica y argumentó que había un Proyecto de Ley más reciente en el Congreso. El Senado contraargumentó que era el mismo Proyecto que ellos estaban discutiendo, que el Proyecto ya estaba en el Senado y no se podía cambiar de Cámara arbitrariamente, y que no se podía cambiar la relación entre las Cámaras imponiendo a una sobre otra. La norma era que, cuando un Cuerpo Colegislador discutía un tema, el otro Cuerpo Colegislador no podía abordarlo.

El 9 de diciembre de 1853, el Senado votó la decisión de mantener el Proyecto de Ley de Ferrocarriles de Lersundi en el Senado. Lo que pretendían en realidad era ponerle una moción de censura a Sartorius, y las leyes de ferrocarriles eran la excusa perfecta para ello, teniendo en cuenta la corrupción que había surgido en torno a esa actividad ferroviaria.

La discusión fue durísima y se planteó en términos de que, “o las Cortes o el Gobierno”, uno de los dos debía caer. Y los parlamentarios olvidaron el Proyecto de Ley que se les proponía, para hablar sólo de agio y especulación fraudulenta de los Gobiernos en general. Alguien insinuó que el Duque de Riánsares, esposo de María Cristina, se había asociado con el Marqués de Salamanca para hacer pingues negocios, cosa que era cierta y afectaba a la línea Madrid-Irún, y la interpretación que se dio a aquel hecho fue variable.

Se había tocado a un miembro de la familia real. A través de él se pretendía llegar a la Reina Madre, María Cristina. María Cristina no pudo superar nunca, durante el resto de su vida, esta campaña política en su contra.

 

 

El cierre de las Cortes.

 

Los partidarios de mantener el Proyecto de Ley de Lersundi en el Senado ganaron por 105 votos a 69. Sartorius lo interpretó como censura al Gobierno y, tras consultar a la Reina el 9 de diciembre, cerró las Cortes el 10 de diciembre.

La realidad era que los pocos días en que las Cortes estaban abiertas, se dedicaban a hostigar al Gobierno y apenas hacían lo que se consideraba su trabajo, aprobar leyes.

Y a partir del día de cierre de las Cortes, Sartorius cambió radicalmente de actitud, abandonó las formas y garantías constitucionales y democráticas, y prefirió las formas dictatoriales: amordazó a la prensa para evitar sus continuas protestas; destituyó, castigó y desterró a sus enemigos políticos; eliminó a los funcionarios que se habían manifestado en su contra; envió a generales de partidos enemigos lejos de Madrid. Se propuso gobernar por Decreto Ley. El primero de esos Decretos-Ley fue el de Presupuestos del Estado.

 

 

La represión de diciembre de 1853.

 

El 11 de diciembre de 1853 empezaron las represalias contra el Senado: los senadores no podían ser disueltos, ni cesados los que eran vitalicios, pero los que ejercían funciones públicas, militares, magistrados y funcionarios públicos, y eran de designación real, y habían votado entre los 105, fueron separados de sus cargos y cesados como senadores.

El Senado, ya desconvocado, empezó a preparar un golpe de Estado, pero éste tardaría todavía 5 meses.

Como el Gobierno no podía disolver al Senado, porque los senadores eran vitalicios, se presentó un problema político: algunos decían que el Gobierno debía dimitir.

Entre los militares, cuando Sartorius supo que se preparaba la sublevación, trasladó lejos de Madrid a Manuel de la Concha y Leopoldo O`Donnell (destinados a Canarias), José de la Concha y Facundo Infante (destinados a Baleares), Domingo Dulce (destinado a Zaragoza), Francisco Serrano Domínguez (destinado a Jaén), Juan Zabala de la Puente, Francisco Armero (destinado a León), Agustín Nogueras y Joaquín del Manzano. Pero O´Donnell se escondió en Madrid en casa del marqués de Vega de Armijo. Quedaba también en Madrid el general Messina y mantenía su mando sobre tropas porque no estaba implicado directamente. El general Concha huyó a Francia.

En lo que respecta a la prensa, prohibió a los periodistas hablar de negocios de ferrocarriles y adjudicación de contratas del Estado en general, de los sucesos de 8 de diciembre de 1853, de las destituciones de funcionarios y traslados de militares. Incluso despidió a periodistas incómodos y encarceló a alguno. En general, inició una campaña de prensa de desprestigio de sus enemigos políticos. El 29 de diciembre de 1853, los periódicos que publicaron lo que estaba ocurriendo vieron que sus dirigentes eran detenidos. Estaban en el lote: El Clamor Público, La Época, Las Novedades, La Nación, El Diario Español y El Oriente. El Heraldo, de Sartorius, se quedaba sin oposición en la prensa.

Sartorius estaba destituyendo magistrados y removía generales, haciendo una limpieza política y militar a su favor que recordaba los tiempos de Cea Bermúdez en 1832.

 

 

La oposición a Sartorius en 1854.

 

Las críticas contra el nuevo talante de Sartorius fueron durísimas, apasionadas y, a veces, injustas. Los progresistas aprovecharon la guerra entre facciones moderadas para meter cuña cuando les venía bien, y agrandar las discordias, y para indisponer a las masas contra los moderados.

Los orígenes de la sublevación de 1854 estuvieron en el destierro de Narváez de 9 de diciembre de 1852 y la discusión que ello provocó en el Senado. A pesar de que el Senado era conservador, muchos militares se sentían heridos por el trato infringido por la Reina a Narváez. Y muchos moderados apoyaron un movimiento que era en origen progresista.

El 13 de enero de 1854, un grupo de profesionales y propietarios liderados por senadores de igual condición, envió una exposición a la Reina llamada El Partido Liberal de España a la Reina Constitucional quejándose del cierre y apertura arbitrarios de las Cortes hechos por los Gobiernos, de la no justificación del cambio de Gobiernos que venía produciéndose, del cierre de periódicos, de que las Cortes no ejercían la labor legislativa y no decidían sobre los presupuestos permitiendo arbitrariedades económicas a los gobernantes, y defendiendo el proyecto del Senado de hacer una ley de ferrocarriles que evitase los escándalos económicos (pelotazos, en lenguaje del siglo XX), de que se había generalizado la corrupción electoral, política, administrativa y social, de que no había libertad de imprenta por no existir una Ley de Prensa adecuada, y de que se había generalizado la corrupción electoral, política, administrativa y social. Exigían, por fin, que los Gobiernos respetasen la Constitución y los derechos de los individuos. Decían que sobraba corrupción en la Administración, corrupción en la sociedad, indisciplina, subversión y anarquía. Por todo lo cual, pedían el restablecimiento de las funciones de las Cortes, acatamiento de la legalidad y respeto a los derechos de los españoles.

Este escrito fue ampliamente difundido por Madrid, y Sartorius empezó a ser culpado en la calle de romper el Partido Moderado, y de ser el culpable de la corrupción y la especulación. Este escrito lo firmaban algunos moderados, y con él, se comprometían seriamente, y no podían volver al partido del que procedían. Estaba generándose la necesidad de un nuevo partido, que sería, un par de años después, Unión Liberal.

Esta Exposición se considera el preludio de la revuelta de junio y julio de 1854. Ya no cabía una solución legal. La rebelión se puso en marcha.

 

 

[1] Manuel Bermúdez de Castro Díez, 1811-1870, ministro de Hacienda en 1853, de Gobernación en octubre de 1857 y de Estado en junio de 1865.

[2] Claudio Moyano Samaniego, 1809-1890, zamorano que hizo estudios de Derecho, latín y filosofía en Salamanca y Valladolid, y era catedrático de Instituciones Civiles y Economía Política, llegando a rector de Valladolid en 1843 y rector de Madrid en 1850.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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