NARVÁEZ: OCTUBRE DE 1847-OCTUBRE DE 1849.

 

Primera parte:   periodo octubre 1847-mayo 1848.

 

 

 

Era la tercera vez que gobernaba Narváez, la primera en diciembre de 1843, y la segunda en marzo de 1846. Tras la inestabilidad de Gobiernos de 1846-1847, a este Gobierno de dos años se le llamó el “Ministerio Largo”.

Ramón María Narváez, duque de Valencia, el primer día de su nuevo Gobierno eliminó a los puritanos, ala izquierda de su propio partido, y sumó a su Gobierno al ala derecha de los moderados. Dedicó la mayor parte del tiempo de su Gobierno a eliminar todo lo que significara críticas al Gobierno. Realizó un control policial sobre los alborotadores y continuó la época de inversiones y desarrollo económico iniciada en España desde 1843. Una característica de los moderados era su obsesión por hacer obras públicas, y Narváez reanudó las obras del Palacio del Congreso y las del Teatro Real. Por todo ello, fue muy fácil de controlar en España la revolución de 1848.

 

GOBIERNO NARVÁEZ, 5 octubre 1847 – 19 octubre 1849

Presidente, Ramón María Narváez Campos, duque de Valencia

Estado, Ramón María Narváez Campos / 23 octubre 1847: Carlos Fernández Martínez de Irujo y Mckean Tacón Ermitage, duque de Sotomayor / 27 julio 1848: Pedro José Pidal Carniado.

Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola García.

Guerra, Fernando Fernández de Córdoba Valcárcel / 3 noviembre 1847: Ramón María Narváez Campos / 24 diciembre 1847: Francisco de Paula Figueras Caminals, marqués de la Constancia / 2 septiembre 1849: Mariano Roca de Togores Carrasco, marqués de Molins.

Marina, Fernando Fernández de Córdoba Varcárcel, como interino / 24 octubre 1847: Manuel Bertrán de Lis Rives / 24 diciembre 1847: Mariano Roca de Togores y Carrasco, marqués de Molins / 16 enero 1849: Juan Bravo Murillo.

Hacienda, Francisco de Paula Orlando, conde de La Romera / 24 diciembre 1847: Manuel Bertrán de Lis Rives / 15 junio 1848: Francisco de Paula Orlando, conde de La Romera / 11 agosto 1848: Alejandro Mon Menéndez / 19 agosto 1849: Juan Bravo Murillo como interino/ 31 de agosto de 1849: Juan Bravo Murillo.

Gobernación del Reino, Luis José Sartorius Tapia, conde de San Luis / 19 agosto 1848: Mariano Roca de Togores Carrasco, marqués de Molins.

Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Antonio Ros de Olano / 3 noviembre 1847: Luis José Sartorius Tapia, conde de San Luis / 10 noviembre 1847: Juan Bravo Murillo / 31 agosto 1848 Manuel Seijas Lozano como titular pero en realidad ejercía Juan Bravo Murillo hasta la incorporación de Seijas en 13 de septiembre de 1848.

 

 

La reforma militar de Narváez.

 

Un gran trabajo de Narváez en 1847 fue la reforma completa del ejército. El ejército español pecaba de exceso de generales, jefes y oficiales, siendo el ejército de Europa con más sueldos militares, casi todos ellos inútiles. Ser general en España era como estar en un cuadro de honor, y más de la mitad estaban en la reserva, sin hacer nada, aunque cobrasen sólo la mitad que en activo. Pero mucha gente vivía de eso, y dejaba a sus hijos ese porvenir. Fernando VII tenía unos 600 generales, Isabel II llegó a tener 650.

El ejército español estaba organizado:

en dos armas: infantería y caballería, siendo infantería 5 veces más numerosa en hombres que caballería, y dominando en esa proporción el presupuesto del ejército.

en tres cuerpos facultativos: artillería, ingenieros y Estado Mayor

en cuatro cuerpos auxiliares: administrativo, sanitario, clero castrense y cuerpo jurídico militar.

En general, los cuerpos facultativos procedían de clases sociales altas y de hijos de militares, y solían ser muy conservadores y reacios a los cambios y enemigos de la igualdad y pérdida de privilegios. Éstos aprovechaban el privilegio de que sus hijos podían ingresar en la Academia a los 12 años, mientras los demás debían esperar a los 16, lo que condicionaba para siempre la vida del militar, pues la antigüedad siempre favorecía a los hijos de los militares. La infantería, no facultativa, estaba llena de hombres de clases bajas. El truco mejor de las clases altas, era pedir infantería al salir de la academia, porque en infantería no se respetaba la antigüedad para los ascensos, ascender rápido, y pasar a los cuerpos de élite, artillería, ingenieros o Estado Mayor, para así respetar la antigüedad una vez que ya habían ascendido en infantería y eran muy antiguos por ser de academia.

En infantería, creó unos regimientos permanentes o en activo, y otros de reserva, que cobraban la mitad que los en activo. Los regimientos permanentes eran 15 regimientos de línea de a tres batallones, 30 regimientos de a dos batallones, y 16 regimientos de cazadores. Un batallón eran 6 compañías, de las cuales, una era de granaderos, una de cazadores y cuatro de fusileros. La reserva eran 49 batallones de 8 compañías.

En caballería, creó 18 regimientos de lanceros y 4 escuadrones de cazadores.

En artillería, creó 4 regimientos de a dos batallones de a 6 compañías a pie, 5 regimientos montados de a cuatro baterías, y 1 regimiento de montaña. Artillería tenía oficialidad facultativa (de academia) que ascendía de alférez a coronel por rigurosa antigüedad, y oficialidad de práctica (llamados vulgarmente chusqueros, pues un chusco era la ración de pan diaria del soldado) a la que se accedía desde la clase de tropa hasta el máximo de capitán.

En ingenieros puso un regimiento de a dos batallones de a seis compañías, una de pontoneros, una de minadores y cuatro de zapadores (en 1860 se duplicaría a 2 regimientos). Ingenieros era igual que artillería, con oficialidad de academia y chusqueros.

En Estado Mayor toda la oficialidad era facultativa (de academia militar). La Escuela de Estado Mayor se había creado en 1842 y este cuerpo era elitista y procedente de clases sociales altas, por lo que el resto de los cuerpos y armas desconfiaban de él.

También es notable el esfuerzo por modernizar técnicamente al ejército encargando a Francisco Antonio Elorza Aguirre[1] (1798-1873), artillero especialista en dirigir minas e instalaciones siderúrgicas, que había viajado al extranjero y había aprendido las nuevas tecnologías del acero, llegando a la conclusión de que había que abandonar los hornos de carbón vegetal, como los de Marbella, Sevilla y Trubia, y poner en marcha la siderurgia del carbón mineral. Para ello, creía que se debía explotar las minas asturianas y obtener el carbón necesario. Con el apoyo de Narváez desde 1844, este hombre pudo abrir en 1848 un alto horno en Trubia, el Daoíz, y en 1849 un segundo, el Velarde, y fabricar cañones en horno de reverbero con molde de arena. También reformó a partir de 1851 la Fábrica de Armas de Oviedo para fabricar cañones de fusil, artillería rayada y de retrocarga. También creó en Trubia la Escuela de Formación Profesional Obrera en 1850, a fin de tener obreros españoles especialistas en el trabajo del hierro y poder abandonar la práctica de traerlos del extranjero. El inconveniente de su plan de industrialización siderúrgica de Asturias, fue que la extracción de carbón era muy cara, y el transporte mucho más caro todavía, por lo que sus instalaciones fracasaron a partir de 1864. El inconveniente era insuperable.

Con estas reformas militares, Narváez pretendía dar destino a muchos oficiales, jefes y generales (había 1.500 en infantería y 300 en caballería) y tener contento al ejército. Pero la mitad aproximadamente seguían estando en la reserva, sin destino, lo que significaba para estos oficiales que cobraban la mitad y que les era muy difícil ascender. Cuanto más puestos de oficiales y jefes se hicieran, más tranquilo estaba el ejército. Y al mismo tiempo, cuantos más jefes había, más débil se hacía el Gobierno en el terreno económico, pues tenía que endeudarse más para pagarles. Igualmente, cuanto más jefes y oficiales había, crecían los descontentos por tener que permanecer más en la reserva.

La reforma militar de Narváez es parte de la explicación de la estabilidad lograda en diez años 1844-1854. Y también explica la crisis de 1854 por debilitamiento del Gobierno y falta de equipamiento del mismo ejército en el que se repartían tantos sueldos.

Es de significar el poco interés que Narváez puso en la marina española. Y ello es importante porque a partir de la revolución del vapor de 1825, y la posterior del acero, las cosas estaban cambiando mucho en sistemas de propulsión, ataque y defensa. El resultado de esta política fue que España careció de tecnología e inversiones para estar al día en el nivel de las potencias de Europa Occidental y ello se mantendría así hasta 1859, cuando se emprendió la modernización de la escuadra.

España estaba organizada en tres departamentos marítimos que eran Cádiz, Ferrol y Cartagena, de los que dependían 32 comandancias marítimas (los principales puertos), y 53 capitanías de puerto. De Cádiz dependían las comandancias de Cádiz, Canarias, Málaga, Sevilla, Algeciras, Huelva, Motril, Sanlúcar y Gran Canaria. De El Ferrol dependían las de Vigo, Villagarcía, Coruña, El Ferrol, Vivero, Ribadeo, Gijón, Santander, Bilbao y San Sebastián. De Cartagena dependían Palamós, Mataró, Barcelona, Tarragona, Tortosa, Mallorca, Mahón, Ibiza, Vinaroz, Valencia, Alicante y Cartagena.

España se estaba deshaciendo de barcos viejos, y apenas los reemplazaba. No se construían de hélice y blindados, como estaba haciendo Europa. Al final del reinado de Fernando VII España contaba con unos 232 barcos, de los que sólo 83 estaban armados y para 1843 sólo quedaban 38 barcos, de los que 30 estaban armados. Se habían incorporado nuevos modelos como goletas, paquebotes, balandros y motores, y se habían abandonado los navíos, fragatas, corbetas y bergantines.

 

 

Relaciones con la Iglesia católica[2].

 

En marzo de 1847, el Papa Pío IX, recién elegido en junio de 1846, envió a España a Giovanni Brunelli como su Delegado Apostólico. Brunelli presentó credenciales a Reina el 22 de julio de 1848. A su vez, Martínez de la Rosa fue nombrado Embajador de España en Roma y llegó a su destino el 3 de agosto de 1848. El restablecimiento de relaciones no fue fruto de una negociación abierta entre El Vaticano y España, como hubiera sido deseable, sino más bien consecuencia de que Austria, Prusia y Nápoles habían establecido relaciones con España, y el Papa quería hacer otro tanto.

No había Nuncio en España desde 1833, cuando había sido nombrado Luigi Amat, y España no le había aceptado, pero el anterior Nuncio, Francesco Tiberi, se quedó hasta la primavera de 1834, por ver si se solucionaba el conflicto.

El contencioso entre España y El Vaticano se había originado en 1833 a la muerte de Fernando VII. En septiembre de 1833 había llegado a Madrid como Nuncio, Luigi Amat, en la idea de presentarse ante Fernando VII. Pero en octubre de 1833 murió Fernando VII sin haberse hecho la presentación. El 13 de octubre de 1833, Pedro Gómez Labrador comunicó al Secretario de Estado de El Vaticano, Tomasso Bernetti, la muerte de Fernando VII, y el 14 de octubre le comunicó la novedad de que Isabel II era la nueva Reina, y su madre María Cristina la Regente de España. Bernetti no quiso contestar hasta el 19 de octubre y lo hizo en malos modos: dijo que deseaba relaciones con España, pero en su escrito no reconocía a Isabel II. El Papa estaba condicionado por lo que hicieran Austria, Prusia y Rusia, pues lo primero para él era conservar sus reinos, y estas potencias eran las que garantizaban que los italianos no se le sublevaran, lo cual daría pie a que cualquiera de ellas, seguramente Austria, se hiciera con esos territorios. Por otra parte, Turín y Nápoles se habían inclinado por Carlos de Borbón como Rey de España. El Papa decidió no reconocer a ningún Rey español, sino esperar acontecimientos y guardar silencio entretanto. Pero no era posible el silencio pues había que tomar una determinación. Luigi Amat debía presentar credenciales ante Isabel II, ante Carlos de Borbón, o retirarse. Amat pidió las acreditaciones para Isabel II, pero sugirió a El Vaticano que él prefería a Carlos de Borbón. El Gobierno español conoció el mensaje de Luigi Amat y, naturalmente, le negó el placet. Ahí empezaba el conflicto. El Gobierno español de Cea Bermúdez exigía que quien fuera Nuncio reconociera a Isabel II como Reina de España, y Luigi Amat no estaba dispuesto a hacerlo. Como Roma no solucionaba el conflicto, España decidió retirar su embajador en Roma, y Pedro Gómez Labrador fue llamado a España, quedando como Encargado de los Negocios españoles en Roma José Narciso Aparici.

Aparici informó de que el Papa no reconocía a Isabel II porque Austria y Prusia no lo hacían, por temor a unas Cortes liberales en España, porque no veía claro si reinaría Isabel II o Carlos de Borbón, y porque prefería a Don Carlos, el cual se había manifestado católico integrista, mientras los liberales podían pedir la separación de Iglesia y Estado.

El cardenal Luigi Lambruschini, integrista cerrado, aconsejó al Papa Gregorio XVI romper relaciones con España cuando supo que España había adoptado la Constitución de 1812 y había publicado la Ley de Desamortización de 1836. El 27 de octubre de 1836, el Papa aceptó la sugerencia de Lambruschini y comunicó al Encargado de Negocios español, José Narciso Aparici, que quedaban rotas las relaciones y no habría Nuncios del Papa en España. Y sin embargo, no se suprimía la Agencia de Preces, que era un ingreso importante para el Papa, y por ello, Aparici podía seguir en Roma administrando ese dinero.

La Iglesia española debía pasar, en tiempos de Isabel II, de una situación de privilegio y de una concepción teocrática del Estado, defendida por el Papa Gregorio XVI, a una situación de aceptación de que existe una moral alternativa a la católica, un cuadro alternativo de valores, valores que algunos pueden considerar superiores a los que la Iglesia defiende, y valores que ya no debe imponer la Iglesia, sino que el individuo opta por lo que le parece mejor. Según los liberales, la Iglesia debía contentarse con dar testimonio de su verdad, con aportar a la sociedad sus valores por si la sociedad quería adoptarlos. En este sentido, la Iglesia identificó al liberalismo como su enemigo, cuando pudiera haber sido todo lo contrario y aceptar alguno de los nuevos valores que aportaba el liberalismo. En esta actitud, tenía mucho que ver la pérdida progresiva de privilegios que estaba sufriendo la Iglesia y que seguirá sufriendo en España durante los siglos siguientes.

La Iglesia, belga, la francesa, y más tarde la italiana, se acomodaron con más o menos dificultades a la nueva situación. Pero en España, el cambio que se debía producir era especialmente intenso: la Iglesia española dominaba la enseñanza media y gran parte de la universitaria, poseía una inmensa fortuna en fincas rurales y urbanas, disfrutaba de ciertas exenciones de impuestos, participaba habitualmente en la política teniendo incluso representantes en las Cortes, y más todavía desde las Camarillas de Palacio desde donde intrigaba más allá de lo que muchas veces imaginamos, y tenía encomendada por consenso social y estatal la asistencia social. Pero la Iglesia española estaba cuajada de integristas católicos, entonces llamados “neocatólicos”, que se creían con derecho a “imponer” sus normas morales al Estado no admitiendo que existieran otros valores sino “los que a ellos les había confiado Dios”. Por el otro lado, el Estado español, sobrepasándose en sus atribuciones, quería a veces convertir a los sacerdotes en funcionarios del Estado y utilizar el regalismo a su conveniencia.

La dificultad del problema tenía desunida a la Iglesia española desde hacía tiempo. Los primeros en ver en su conjunto el problema fueron los novatores a finales del XVII. Más tarde los que plantearon crudamente el problema católico fueron denominados, en el siglo XVIII, despectivamente “jansenistas” por sus colegas católicos integristas. Y en 1833, una parte del episcopado español como el primado, arzobispo Pedro Inguanzo Rivero, y el arzobispo de Santiago Manuel José Anguita Téllez (Fray Rafael de Vélez) se declararon carlistas, es decir teocráticos, mientras los obispos de Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Valladolid y Cádiz, aceptaron la sucesión del trono en Isabel II. La desunión era evidente.

En 12 de octubre de 1840 abdicó la Regente María Cristina y accedió a la Regencia Espartero, un hombre de misa diaria, pero militar muy duro, el cual suprimió el Tribunal de La Rota (declaraciones de nulidad de matrimonios), otro ingreso importante para el Papa, y tomó medidas contra sacerdotes carlistas: desterró al obispo de Canarias, depuso algunos párrocos de Granada, La Coruña y Ciudad Real, y ordenó el cierre de la Nunciatura, expulsando además de España a Ramírez de Arellano, Regente de la Nunciatura en ese momento. Gregorio XVI protestó solemnemente el 1 de marzo de 1841.

El 20 de junio de 1841, Joaquín Francisco Pacheco pidió apertura de relaciones con Roma. El 29 de junio de 1841, el Ministro de Gracia y Justicia español, José Alonso, amenazó al Papa con crear una Iglesia española independiente de Roma. Fue el momento de máxima tensión. El 2 de septiembre de 1841, Espartero declaró en venta los bienes del clero secular y ello condujo a la ruptura completa de relaciones.

La ruptura de relaciones significaba que, cuando moría un obispo no había sustituto, pues era el Papa quien debía nombrarle y no lo hacía. El Estado nombraba administradores de diócesis. Por otra parte, el reparto del diezmo no se hacía, y los sacerdotes quedaban en situación precaria, sin otros medios de subsistencia que la ayuda de sus parroquianos.

A partir de 1843, con Luis González Bravo en el poder, un católico muy ferviente, España intentó reanudar relaciones con la Iglesia: autorizó el regreso de obispos exiliados o huidos (carlistas) y reabrió el Tribunal de La Rota. Pero, a la altura de 1843, a Gregorio XVI le daba lo mismo un obispo desterrado o una ley más o menos favorable a la Iglesia. Luigi Lambruschini y Bartolomeo Alberto Capelari (Gregorio XVI) estaban encerrados en su integrismo religioso y antiliberalismo. Acabar con la desamortización y exigir que el clero español no jurase fidelidad al Estado, eran sus únicos objetivos. Ni Lambruschini ni Gregorio XVI aceptaron establecer relaciones con España. Al contrario, reforzaban su postura con condenas al liberalismo. Y la realidad era que, después de la derrota del carlismo en 1839, ya no tenía sentido apoyar al carlismo, pero El Vaticano lo seguía haciendo por una cuestión ideológica y doctrinal, por empecinamiento del Papa. Cuando José Narciso Aparici fue sustituido por Julián Villalba, éste fue mal recibido y se le comunicó que no se reconocería a la Reina de España mientras no lo hiciese Austria. En diciembre de 1843 murió en Roma Julián Villalba y fue sustituido por José del Castillo Ayensa, hombre de la camarilla de María Cristina de Borbón, ex-Regente de España. Pero, hasta su llegada a Roma, se hizo cargo de la Agencia de Preces Hipólito de Hoyos. Hoyos nunca fue recibido por Lambruschini ni por Gregorio XVI. Hoyos quería decirles a los dirigentes católicos, que informarse de los asuntos de España a través de agentes carlistas, era un error. No tuvo oportunidad de manifestarlo.

En junio de 1844, llegó a Roma José del Castillo Ayensa. En 26 de julio de 1844, Narváez suspendió las ventas de bienes eclesiásticos del clero secular y del clero regular femenino. Y en ese momento se produjo la primera relación de El Vaticano con España: Lambruschini se quejó de que el Decreto no incluyera la suspensión de venta de bienes del clero regular masculino.

En 18 de agosto de 1844, Ayensa fue recibido por Gregorio XVI. Se quejó el Papa de que no se anulara completamente la desamortización y se negó a restablecer relaciones normales. Y además añadió lo que para él era un nuevo agravio: en España se estaba discutiendo en Cortes la dotación de “culto y clero” y el Estado español consideraba que ese pago a la Iglesia era retribución de servicios prestados por el clero al pueblo español. Pues bien, Gregorio XVI exigió que se dijera expresamente que era una indemnización por los bienes desamortizados a la Iglesia. Entendía que la interpretación del Estado español convertía a los sacerdotes en funcionarios del Estado.

Las Cortes resolvieron en 14 de febrero de 1845, Ley de 23 de febrero de 1845, fijando la cantidad anual a pagar a la Iglesia en 159 millones de reales anuales. Pero el problema no se resolvió con ello, pues quedaba por dilucidar cómo se pagaba esa cantidad: las Cortes decretaron que de esa cantidad había que deducir el valor en venta de los bienes, derechos, foros, censos y acciones del clero todavía no vendidos y que se devolvían a la Iglesia, y también los productos en metálico recibidos de por la Iglesia en concepto de haber sufrido enajenaciones, los cuales se habían transformado en deuda pública por la que la Iglesia ya recibía el 3%, y también había que deducir la cantidad que el Estado entregaba en concepto de “bula de cruzada”. Es decir, que el Estado sólo contribuiría con la diferencia entre estos ingresos de la Iglesia y los 159 millones acordados. La recaudación, administración y distribución de estos 159 millones, quedaba a cargo del clero, bajo supervisión de un funcionario del Estado.

Para coordinar este proceso de retribución de los sacerdotes, se creó la Junta Superior de Dotación del Culto y del Clero, la cual tenía subcomisiones en cada diócesis, las cuales debían hacer una estadística con el número de personas beneficiarias, categoría de cada persona, cuantía que se les debía asignar a cada uno y parte de la cantidad que se debía destinar al culto.

Por Ley de 3 de abril de 1845, se devolvieron a sus antiguos dueños las fincas, palacios, huertas, jardines anexos a las iglesias, lugares de culto, censos, derechos, y propiedades no vendidas que hubiesen pertenecido al clero secular, pues los bienes del clero regular quedaban bajo administración del Estado.

El Gobierno de Madrid, en 22 de abril de 1845, se negó a ratificar el acuerdo habido entre Luigi Lambruschini y José Castillo Ayensa, embajador de España en Roma. La ruptura se debía a que Bartolomeo Alberto Cappellari, Gregorio XVI, pedía retrotraer la situación jurídica de la Iglesia española a tiempos de Fernando VII, a la teocracia. Las negociaciones se suspendieron.

De todos modos, el 1 de agosto de 1845 se aprobó la dotación de culto y clero y se mantuvo el concepto de retribución de servicios del clero al pueblo español.

En enero de 1845, el Secretario de Estado de El Vaticano, Lambruschini, propuso al embajador español en Roma, José del Castillo Ayensa, que se reconociera en España a la Iglesia el derecho de propiedad y se restituyera el patrimonio no enajenado en esa fecha, y se entregara al clero una dotación “decorosa” y con ello se harían las paces entre la Iglesia y el Estado español. En esencia, eso fue lo pactado en el Concordato de 1851.

En 1845, el Estado español devolvió al clero los bienes de la desamortización todavía no enajenados, y suprimió las ventas de conventos y monasterios. El deseo de buenas relaciones con la Iglesia era obvio. Así que el 27 de abril de 1845, el Papa propuso por fin relaciones con España, y reconoció a Isabel II como Reina. Exigía además el Papa la validez de los acuerdos firmados con Fernando VII, es decir la vuelta a la situación de privilegio de la Iglesia española. Madrid no aceptó esta última imposición papal.

El 1 de junio de 1846 murió Bartolomeo Alberto Capelari, Gregorio XVI, y con el desapareció un obstáculo a las buenas relaciones con la católica España. El 16 de junio de 1846, fue elegido Pío IX, Giovanni María Mastai-Ferretti. Este nuevo Papa fue tolerante para con los liberales hasta 1848 y se tornó ultraconservador progresivamente a lo largo de su pontificado, 1846-1878.

Pío IX restableció relaciones plenas con España, y en marzo de 1847 envió a Madrid un Delegado Apostólico (figura inferior a la de Nuncio), Giovanni Brunelli, primer diplomático de el Vaticano en Madrid desde 1834.

El ambiente en España, en 1847, respecto a la Iglesia católica, era de hastío por la tozudez del Papa. El catolicismo había perdido muchas simpatías. El Gobierno nombró Embajador en Roma a Joaquín Francisco Pacheco.

Cuando, en octubre de 1847, volvió Narváez al poder, las relaciones con El Vaticano mejoraron: el 7 de diciembre de 1847, Pío IX lamentó el estado de las negociaciones con España e hizo que Brunelli presentase credenciales y se convirtiera en Nuncio. En 27 de mayo de 1848, Narváez constituyó una Junta Mixta, presidida por el obispo de Córdoba, Manuel Joaquín Tarancón Morón, la cual debía estudiar los puntos conflictivos en las relaciones de España con El Vaticano. Lo más difícil era fijar la cantidad que el Estado debía entregar a la Iglesia anualmente en concepto de mantenimiento del culto y del clero. Y no menos difícil era razonar el porqué, el concepto de esta dotación a la Iglesia, que según los progresistas españoles era un salario de los sacerdotes, y según los conservadores católicos era una indemnización por los bienes sustraídos a la Iglesia.

El 22 de julio de 1848, monseñor Giovanni Brunelli fue recibido por Isabel II, y Martínez de la Rosa, el 3 de agosto de 1848 fue admitido como Embajador de España en El Vaticano.

A partir de 1848 se dio un impulso grande a las negociaciones sobre el Concordato. España había vuelto a expropiar bienes del clero, no sólo para tener dinero, sino para tener fuerza con la que negociar. España estaba haciendo toda clase de declaraciones de simpatía por el Papa. Se concedió una dotación para culto y clero. En mayo de 1849, se envió a Fernando Fernández de Córdoba a Italia para defender al Papa contra los revolucionarios italianos. También se había hecho un esfuerzo de preconizar a los prelados, se hizo masivamente, para que no hubiera diócesis vacantes. Preconizar era presentar las ternas para que el Papa eligiese uno. El Vaticano se mostró durísimo en sus exigencias, e hicieron falta siete años de negociaciones para llegar a unos acuerdos mínimos. Las negociaciones las empezó Narváez en 1843 y las terminó Bravo Murillo en 1851.

 

 

Religiosidad de Isabel II.

 

Isabel II promovió múltiples asociaciones piadosas como el culto a la Vera Cruz, culto al Santísimo Sacramento, terceras órdenes de muchas congregaciones, escuelas de Cristo, grupos de honor del Corazón de Jesús, grupos de la Sagrada Familia, grupos de San José, grupos de diversas nominaciones marianas, obras de apostolado, grupos de propaganda católica, grupos de catequesis, grupos de enseñanza cristiana… Todos ellos trataban de convertir a las clases bajas en católicos integristas.

Isabel II, después de ser expulsada de España, pagó canonizaciones de santos como la de San Antonio María Claret, muerto en 1870, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de las Adoratrices y muerta en 1865, San José Pignatelli, muerto en 1811, Santa Joaquina de Vedruna, fundadora de las Carmelitas de la Caridad, muerta en 1854, Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, muerta en 1887, Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, muerta en 1897, el Beato Francisco Coll Guitart O.P. (declarado santo en 2009), fundador de los Dominicos de la Anunciata, muerto en 1875, el Beato Enrique de Ossó y Cerralló, fundador de la Compañía de Santa Teresa, muerto en 1896, y otros.

Teniendo en cuenta su vida privada de absoluta licencia sexual fuera del matrimonio, la conciencia de Isabel II debía ser dramática y tempestuosa.

 

 

Programa de obras públicas de Bravo Murillo.

 

En enero de 1848, Bravo Murillo mandó estudiar la implantación del ferrocarril en el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, recién creado en febrero de 1847. También puso faros en las costas, inició el mapa geológico de España el 11 de junio de 1849 con el de la provincia de Madrid. Decidió en 1849 iniciar las obras del Canal del Lozoya para Madrid. Bravo Murillo entraba en política pisando fuerte gracias a esta popularidad ganada.

 

 

Reformas económicas de José Salamanca.

 

José Salamanca Mayol, Ministro de Hacienda, hizo un cambio en la forma tradicional de gobierno de los moderados, pasando a hacer una política económica hasta entonces considerada propia de los progresistas, pero que beneficiaba mucho a los moderados y a él mismo. Impuso sus reformas por decreto, pero introdujo medidas liberales aceptables por los progresistas. Propuso evolucionar progresivamente hacia el librecambismo:

Desamortizó maestrazgos, encomiendas vacantes, propios y fondos de beneficencia. Ello puso en manos de la burguesía un buen negocio de adquisición de fincas.

Fusionó el Banco de San Carlos con el de Isabel II para crear el Banco Español de San Fernando. Anteriormente, en 1844, José Salamanca, su cuñado Manuel Agustín Heredia, Gaspar de Remisa marqués de Remisa, Nazario Carriquiri, José de Buschental, Benito Collado, Laureano Norzegaray, Francisco Safont y otros, habían fundado en Banco de Isabel II y habían creado en 1846 uno filial en el Banco de Cádiz. El Banco de Isabel II se arruinó en 1847 y el ministro José Salamanca lo fusionó con Banco San Fernando, salvando su negocio privado a costa del Estado. El nuevo banco se llamó Banco Español de San Fernando. El problema a solucionar era la gran cantidad de billetes emitidos en 1844-1847 por los dos bancos citados. Para solucionarlo, el Estado introdujo en 1849 un Gobernador y dos Subgobernadores que controlasen tanto la emisión de billetes como las operaciones bancarias. Se separaron las operaciones de las emisiones y se le concedió monopolio de emisión. En 1851 se decidió que la emisión debía tener límite en el triple del encaje en metálico que poseyera el banco. En 1856 se le cambió de nuevo de nombre llamándole Banco de España.

Reorganizó Hacienda y suprimiendo los derechos de puertas en las ciudades.

 

 

Otras medidas económicas del Gobierno Narváez.

 

En 17 de enero de 1848 se promulgó una Ley de Sociedades por Acciones dividiendo este tipo de sociedades en dos grupos: En el primer grupo estaban los bancos de emisión, las compañías de transportes (es decir, de construcción de carreteras, canales y ferrocarriles) y las compañías con algún privilegio. Estas sociedades debían ser aprobadas por ley en Cortes. En el segundo grupo estaban las sociedades de utilidad pública. Estas sociedades de podían aprobar por decreto. El resto de compañías fueron prohibidas.

El Gobierno Narváez devaluó la plata respecto al oro, lo cual significaba reconocer la pobreza de España y era una medida necesaria que nadie se había atrevido a tomar en las décadas pasadas.

El 15 de abril de 1848, Manuel Bertrán de Lis decidió establecer el sistema decimal en la moneda, de modo que un doblón de oro valdría 100 reales de plata, el medio duro de plata valdría 10 reales, la peseta valdría 4 reales y la media peseta valdría 2 reales.

 

 

Los sucesos de febrero de 1848 en París.

 

El 22 de febrero de 1848 se iniciaron los sucesos revolucionarios de París. En Francia estalló la revolución contra Luis Felipe de Orleans, y el movimiento se extendería a casi toda Europa. En Europa occidental se estaba produciendo la última crisis de subsistencias, propia del Antiguo Régimen, lo que demostraba cierto fracaso del nuevo régimen liberal, pero coincidía con una plaga del escarabajo de la patata que disculpaba la falta de variación y flexibilidad de la oferta. Ello era coincidente con la primera crisis industrial y comercial por sobreproducción. La especulación y la corrupción habían dado lugar a tremendos desajustes de mercado y había que pagar ese error. 1848 es el momento final de un ciclo B Kondratieff de precios a la baja que había provocado la ruina de muchos artesanos y pequeños agricultores. Pero las revueltas de 1848 se encontraron una circunstancia nueva, pues habían aparecido movimientos populares de socialistas utópicos y movimientos populistas, que aterrorizaban a los jóvenes Gobiernos burgueses. Para entonces, la aristocracia ya se había aburguesado y actuaba como representante de la industria y el comercio, pero las antiguas costumbres éticamente incorrectas de abuso sobre los campesinos se habían trasladado también a los negocios, fábricas y empresas comerciales sobre sus obreros y empleados.

Los sucesos de París consistieron en que los dirigentes populares parisinos convocaron una fiesta-manifestación popular en París para el día 22 de febrero de 1848, y el Gobierno decidió, el 21 de febrero prohibir esa fiesta obrera. El 22, en lugar de fiesta hubo barricadas en París. Y la guardia Nacional se negó a disparar sobre la multitud. No fue ése el caso de la escolta del ministro François Guizot, el cual disparó y mató a algunos atacantes. La revuelta se generalizó y, el 24 de febrero, el Rey Luis Felipe de Orleans huyó de París. Inmediatamente se proclamó la Segunda República francesa. El problema parecía solucionado, pero en junio volvieron las barricadas: el caso es que los revoltosos de febrero habían logrado la apertura de unos “talleres nacionales” que les dieran trabajo, y una vez elegida la Asamblea Constituyente en abril y reunida en Mayo, la Asamblea decidió cerrar esos talleres nacionales, pues el Estado no tenía por qué dar de comer a los ociosos de París. Esta vez, las barricadas provocaron 10.000 muertos y 11.000 presos. Nunca se había visto una cosa semejante. Francia y toda Europa estaban conmocionadas, y la situación se mantuvo muy tensa hasta la llegada a la Presidencia de la República de Luis Napoleón Bonaparte en diciembre de 1848.

Gran Bretaña, ante movimientos cartistas que amenazaban también violencia, contrató miles de policías juramentados que pusieran orden en la calle.

Austria vio en marzo de 1848 barricadas en Viena, de donde Méternich huyó disfrazado. Hungría se declaraba independiente (aunque la sublevación fue reprimida por Rusia y el territorio devuelto a Austria). Bohemia tenía la intención de independizarse, pero un ejército austriaco invadió el territorio y lo impidió. Italia se sublevaba contra la dominación austriaca, pero los austriacos derrotaron a los independentistas italianos en Custoza. El Papa vio oportunidad de coronarse Rey de Italia, sobre todo porque tenía el apoyo de los soldados franceses de Luis Napoleón Bonaparte que se presentaron en Roma, pero su proyecto político, moderadamente liberal, fracasó.

Alemania conoció motines en Berlín en marzo de 1848 y surgieron movimientos independentistas, pero entre ellos hubo discrepancias sobre si convenía la Gran Alemania confederada o la Pequeña Alemania federal, y no llegaron a nada en concreto. La sublevación fue reprimida por el ejército prusiano.

España: La primera reacción de Narváez en febrero de 1848, fue obtener de las Cortes poderes excepcionales que le permitían suspender las garantías constitucionales. La suspensión consistía en que podía detener a las personas que considerase oportuno, entrar en sus casas y sacarlas de ellas por la fuerza. El 28 de febrero pidió los poderes excepcionales. Se discutió si las circunstancias en que se produjesen las circunstancias excepcionales las determinarían las Cortes o sería a criterio del Gobierno. Se argumentó que, si decidían las Cortes y las Cortes deliberaban durante largo tiempo como acostumbraban, las medidas no servirían para nada. Se aprobó que fuera a criterio del Gobierno. Por Ley de 13 de marzo de 1848, Narváez obtuvo los poderes excepcionales, y el 26 de marzo, cuando estalló el motín en Madrid, las barricadas puestas en las calles de Madrid por los progresistas fueron retiradas por el ejército en 24 horas.

 

 

La revuelta de marzo de 1848 en Madrid.

 

Las cosas empezaban a ir económicamente bien en España cuando llegó la noticia, a fines de febrero de 1848, de la caída de Luis Felipe de Orleans y proclamación de la Segunda República en Francia. Luego fueron conociéndose los sucesos de Bélgica, Prusia, Austria y Milán.

El historiador Fernández Almagro dijo que en España no había habido revolución de 1848 y otros muchos historiadores se limitaron a repetirlo. Pero sí hubo movimiento de 1848 en España. Lo que pasa es que este movimiento fracasó porque los revolucionarios no estaban bien coordinados y porque Narváez actuó con energía desde el principio.

En mayo de 1847 hubo revueltas en Sevilla. Se quejaban de la carestía de la vida y de la escasez de subsistencias. No era todavía un movimiento político de los de 1848.

Los progresistas tomaron actitudes diferentes ante los levantamientos de 1847 y 1848, y acabaron escindiéndose en facciones en vez de liderar los movimientos populares. Surgieron los demócratas, que ya habían dado señales de ir por libre desde antes de 1848: En 1846 se asociaron Fernando Garrido y Sixto Cámara para propagar por España las nuevas ideas que circulaban por Europa, sobre todo las de Fourier. Y allí nació una facción nueva del Partido Progresista. En marzo de 1847 apareció el decenal La Atracción, periódico fundado por Garrido y en el que colaboraba Sixto Cámara, Federico Carlos Bertrán, Javier Moya, José Ordax Avecilla y Domingo de la Vega. Pocos meses después, se sumaron a estos progresistas de izquierda José María Orense, Nicolás María Rivero y Práxedes Mateo Sagasta. Y enseguida surgieron ideas nuevas en este grupo de progresismo extremo, que eran sufragio universal, plena democracia, redención de las clases trabajadoras, soberanía efectiva del pueblo y republicanismo. Había nacido el movimiento demócrata. La Atracción se publicó durante tres meses. Tras el cierre del periódico, los progresistas de izquierda organizaron sociedades secretas o semisecretas como la Reunión de la Calle del Baño, la Tertulia del 18 de junio, La Academia del Porvenir, y la Velada de Artistas y Artesanos. En esas reuniones se discutían ideas socialistas y demócratas. Y al grupo demócrata se sumaron el coronel Joaquín de la Gándara, el comandante Portal, Serrano Bedoya y otros. Gándara fue a París y se entrevistó con Armand Marrast, el cual le animó a hacer la revolución en España. Hubo correspondencia entre los revolucionarios franceses y los demócratas españoles, pero los franceses nunca avisaron a los españoles de sus proyectos para el 48.

El embajador Inglés, Lytton Bulwer, mostró su apoyo a los progresistas españoles. Con ello cumplía el encargo de Palmerston de agitar cuanto se pudiera en España. La embajada británica fue refugio y lugar de encuentro de los demócratas españoles. A los británicos no les gustaba Narváez.

Los dirigentes progresistas españoles, Manuel Cortina, Pascual Madoz, Vicente Sancho, Juan Álvarez Mendizábal, Salustiano Olózaga y Patricio de la Escosura no rechazaban la violencia pues veían necesaria la violencia en la revolución cuando no se alcanzaba el poder por medios legales ni por los alegales. Y como la llegada de Narváez al Gobierno les había hecho perder todas sus esperanzas de tocar poder, no veían otro camino para conseguirlo que la subversión. Pero los progresistas vacilaban en 1848: sublevarse tenía un riesgo, y más con Narváez en el poder, que podía acabar con todos ellos. Pero el principal problema de los progresistas era que los viejos no aceptaban el programa de los jóvenes, los cuales se inclinaban por las ideas demócratas, el sufragio universal directo y el republicanismo, porque eso contradecía los principios burgueses. Los progresistas viejos eran burgueses y eran doctrinaristas, no tan cerrados como los moderados, pero doctrinaristas. Creían que las masas, en manos de demagogos que se titulaban a sí mismos socialistas y comunistas, eran imprevisibles y una revolución en estos términos sería incontrolable.

Narváez llamó a los progresistas Juan Álvarez Mendizábal y Luis Zugasti y les comunicó que conocía los planes de sublevación de los demócratas y que estaba dispuesto a actuar contra ellos con las armas. Para que no se llegase a ese extremo les ofreció un pacto: Si ellos renunciaban a la fuerza, Narváez les proporcionaría el poder a los progresistas en un tiempo razonable, y mientras tanto, restablecería las garantías ciudadanas y modificaría la Ley de Imprenta. Con este pacto, los demócratas se quedaron solos en el proyecto de revolución de 1848 y, además, tenían pocos apoyos económicos. Pero sí tenían algunos apoyos, como como el coronel Gándara, miembros de clubs demócratas y gentes del bajo pueblo siempre dispuestas a salir a la calle.

Las noticias de febrero de 1848 en Francia les animaron mucho e incluso el coronel Joaquín de la Gándara decidió que el golpe en España fuera el 26 de marzo. Gándara contaba con 600 hombres, demasiado pocos, pero esperaba la adhesión de muchos civiles que se declaraban socialistas y agitaban la calle desde hacía tiempo. En efecto, se levantó en apoyo de Gándara José María Orense, 1803-1880, que adelantó por su cuenta la fecha del golpe. Y además hubo una delación y Narváez se enteró de todo.

El 26 de marzo de 1848, Narváez y otros ministros, salieron de mañana a pasear en carretela descubierta por el Paseo del Prado. Sabían perfectamente que el golpe estaba preparado para ese día y trataban de dar sensación de seguridad, tranquilidad en el Gobierno y desafío a los revoltosos. Estaban minusvalorando a sus enemigos.

Cuando acabó el paseo en coche, y Narváez caminaba hacia su casa, estalló la revuelta. La Reina estaba todavía de paseo y no había regresado a Palacio. Casi la atraparon los amotinados en la calle Toledo.

Los amotinados levantaron barricadas en Puerta del Sol, calle del Príncipe y lugares cercanos a estos puntos, utilizando mesas y sillas de los cafés. También tomaron el barrio de Lavapiés, y la Plaza Mayor. Entre la masa había militares subalternos, militares retirados, algunos intelectuales, varios artesanos y algunos parados. Entre todos los sublevados no sumaban más de unas 600 personas. El proyecto de arrastrar a miles de personas había fracasado. Había fallado la organización. Muchos de los que habían prometido asistir no habían sido capaces de llegar a la hora convenida al sitio pactado. Se luchó en calle del Oso, en Lavapiés (donde murió el coronel Redondo), en el entorno del Teatro del Príncipe (donde los sublevados habían tomado algunas casas y los sublevados saquearon la casa del general Concha), en Plaza Mayor, en Plaza de la Cebada y en Plaza de San Miguel. Los sublevados aguantaron hasta el anochecer.

Narváez en persona dirigía la represión. En la calle Jacometrezo, el caballo de Narváez fue rodeado por los insurrectos y Narváez salió del corro disparando y dando sablazos, lo cual convenció a Narváez de que la insurrección era a muerte. Entonces ordenó que el ejército actuase, que aislase a los rebeldes y fuera tomando, una a una, sus posiciones. La noche del 26 al 27 de marzo tuvo lugar una batalla en la que hubo un centenar de muertos. En la mañana del 27 de marzo, Narváez dominaba todo Madrid. Y ya no hubo motines en otras ciudades, pues se conocía que el ejército tiraría a matar. Hubo algunas manifestaciones, sobre todo estudiantiles, en Barcelona y Valencia, pero sin violencia que indujera a actuar al ejército.

Narváez, tras los sucesos del 26 y 27 de marzo, consideró que los progresistas habían roto el pacto hecho con él pocos días antes y tomo medidas excepcionales: Disolvió las Cortes y suspendió las garantías constitucionales. Detuvo a los principales líderes de la oposición, Patricio de la Escosura y Salustiano Olózaga, e hizo algunos consejos de guerra de los que salieron algunas penas de muerte, luego conmutadas por la Reina e indultadas en indulto general el 31 de marzo. Olózaga y Escosura lograron huir de la cárcel de forma inexplicada.

Las medidas posteriores al 26 de marzo fueron duras: Narváez desterró a unas 1.500 ó 2.000 personas descabezando la rebelión. Unos iban confinados a distintas ciudades de España, y otros iban a presidios ultramarinos. Los confinados volvieron a Madrid tres meses después, mientras los deportados a ultramar no volvieron.

Fernando Garrido Tortosa y José Ignacio Cervera fundaron al poco dos periódicos socialistas llamados La Organización del Trabajo, y El Amigo del Pueblo, que Narváez toleró. Por tanto, la represión de Narváez no fue total, sino sólo contra los violentos.

 

 

Participación británica en marzo de 1848.

 

Desde el matrimonio de Isabel II en 1846 y los sucesos de Portugal de 1846 y 1847, Francia y Gran Bretaña estaban reñidas, y aprovechaban cualquier motivo para ir un Gobierno en contra del otro. La Cuádruple Alianza se había roto. El 1848 español se produjo en el momento de este desequilibrio internacional.

El embajador británico, Henry Lytton Bulwer, intervino en el motín de 26 de marzo de 1848 y en los sucesos del 7 de mayo en España. El británico exigía la reunión de las Cortes españolas y la libertad de los diputados españoles. Los moderados lo consideraron una intromisión en la política española. Pero Bulwer fue apoyado en todo momento por Palmerston. Entonces, Bulwer planteó al Gobierno español que Gran Bretaña había prestado muchos servicios al Gobierno español durante 1833-1839 y ello le daba ciertos derechos a defender sus intereses en España.

El Gobierno español pidió la destitución del embajador Bulwer, pero Palmerston confirmó a Bulwer en el cargo. Entonces, el Gobierno español declaró persona non grata al embajador británico y le dio 48 horas para abandonar España. Narváez envió al conde de Mirasol a Londres a dar una explicación de los hechos, pero Palmerston no aceptó disculpas y expulsó de Londres al embajador español, Istúriz. Las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y España quedaron interrumpidas. A partir de ese momento, Gran Bretaña apoyó siempre a los progresistas españoles en sus levantamientos contra los Gobiernos moderados, aunque es verdad que con pocos medios económicos.

 

 

Nuevo Código Penal de 1848.

 

En 19 de marzo de 1848, la Reina firmó un Código Penal que era la primera obra de la Comisión General de Codificación, creada en 1843 y que no había hecho ninguna otra cosa hasta entonces. La necesidad de codificar el derecho español era obvia y sólo se había sistematizado el Código Criminal de 1822, y el Código de Comercio en 1829. Si consideramos el Código Criminal como primer Código Penal de España, el de 1848 sería el segundo, pero este último es el de referencia casi siempre. Este código se reformaría en 1850. Otros Códigos Penales españoles fueron el de 1870, vigente hasta 1932, el de 1928, el de 1932, el de 1944 y el de 1995. La Comisión General de codificación también estaba trabajando un Código Civil, pero se quedó en proyecto. El Código Civil esperará todavía muchos años, hasta 1889, aunque hubo un proyecto en 1851.

El Código Penal de Narváez incluía delitos contra la religión católica y ello gustó mucho a la Curia romana. En su deseo de llegar a un acuerdo con España, Roma hizo silencio ante los escándalos sexuales de la Reina Isabel II y ante la corrupción generalizada que se vivía en España.

La corrupción se basaba en la avaricia de unos cuantos burgueses que acaparaban grandes fortunas a costa de bienes del Estado, es decir, de todos los españoles. Esa fue la gran laguna del Código.

Podemos decir que, en 1848 se reformó el Código Penal, que ya existía desde 1822. Se perdió la ocasión de hacer un Código Penal como era preciso.

 

 

Segundo intento revolucionario en mayo.

 

Los progresistas intentaron en Madrid un segundo golpe en 7 de mayo de 1848 y volvieron a fracasar. Era un pronunciamiento militar sin apenas trama civil. Estaban complicados Gándara, Buceta, Serrano Bedoya, Salamanca y el embajador británico Lytton Bulwer. Habían preparado un golpe simultáneo en Madrid, Barcelona, Reus, Valencia, Alicante y Sevilla. En Madrid, contaban con el Regimiento España del cuartel de San Mateo, el cual ocupó la Plaza Mayor al amanecer del 7 de mayo. No hubo adhesión de civiles. Los soldados acabaron dispersándose por las calles Mayor y Arenal intentando dirigirse a Palacio Real en una acción que fuera decisiva. Narváez fue a Palacio Real y mandó atacar. El capitán José Fulgosio Villavicencio murió en Puerta del Sol durante una carga contra los sublevados. Tomó el mando de la represión el general Fernando Fernández de Córdoba, el cual atacó Calle Mayor y Calle Arenal desde Sol, mientras Narváez atacaba desde Palacio Real, al otro lado de Calle Mayor. A mediodía del 7 de mayo, los sublevados sólo dominaban Plaza Mayor. Narváez esperó cuatro horas más y entró en la plaza a la carga, liquidando la sublevación.

Un nuevo movimiento insurreccional se produjo en Sevilla en 13 de mayo de 1848 donde se sublevaron el Regimiento Guadalajara y la caballería del Regimiento Infante. Tampoco hubo adhesiones civiles. Los militares se atrincheraron en el barrio de Triana porque creían que allí se sumarían los civiles, pero ello no sucedió. El comandante Portal, jefe de los amotinados, aguantó unas pocas horas y huyó a Portugal.

En Barcelona los conspiradores fueron descubiertos y detenidos antes de salir a la calle.

 

 

Consecuencias de los levantamientos de 1848.

 

No obstante el fracaso general, de los movimientos de 1848 quedó algo: se formaron grupos de rebeldes en Valencia, dirigidos por Cuadra, y en Cataluña, dirigidos por Ametller.

Tras los sucesos de 1848, Narváez apareció ante los europeos como un líder consciente de sus obligaciones. Se le admiraba en París, Viena, Berlín y San Petersburgo. Pero Narváez no supo digerir su triunfo y se enrocó en su postura de fuerza apoyada por ejército, lo que le condujo a la dictadura de hecho, aunque no formalmente.

Narváez expulsó de Madrid al embajador británico Sir Henry Lytton Bulwer, lo cual indignó al Gobierno británico y Palmerston expulsó de Inglaterra al embajador español Istúriz. Las relaciones entre Gran Bretaña y España quedaron rotas. Los progresistas españoles perdieron en ello su mejor apoyo internacional y quedaron muy debilitados.

Las algaradas del 7 de mayo en Sevilla y en Madrid fracasaron igualmente. Pero, mientras tanto, la Bolsa se había hundido. Narváez podía imponer medidas militares pero no sabía resolver las económicas, y tuvo hasta 6 ministros de Hacienda.

Narváez gobernaba una vez más como dictador de hecho, sin respeto a la Constitución, lo cual se hizo habitual y se identifica en la historia con su persona. Narváez ensayó en este momento la dictadura contra los levantamientos pues tenía poderes excepcionales concedidos por las Cortes. Le gustaría demasiado este modo de gobernar.

Los moderados se unieron en torno a Narváez y culminaron un proceso que venía intentándose desde octubre de 1847. En noviembre de 1847, Narváez había invitado a todos los españoles a reconciliarse por el bien del trono español. Y por ello, recibió a Espartero con cordialidad. Pero la cortesía no significaba que estuviera dispuesto a permitir desórdenes en la calle.

Cuando el 15 de diciembre de 1848, Narváez abrió las Cortes, los diputados no recriminaron a Narváez, sino se felicitaron a sí mismos porque España se había salvado de las revoluciones que habían asolado a Europa. Naturalmente, la actitud de los diputados no era unánime, sino que en el Discurso de Contestación a la Corona, los diputados Benavides y Cortina criticaron la actuación del Gobierno Narváez al margen de los tribunales de justicia y sin defensa posible de los confinados y deportados. Esta intervención estaba motivada porque entre los encarcelados por Narváez estaban líderes progresistas como Olózaga, Escosura, Albaida y San Miguel. El Gobierno contestó que la represión había sido incruenta, sin derramamiento de sangre y que los sospechosos habían sido sorprendidos in fraganti sin ningún género de dudas, lo cual había evitado desórdenes y violencias. Destacó Donoso Cortés defendiendo la actuación de Narváez en una frase que se hizo popular: “Cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la legalidad; cuando no basta, la dictadura”. Y las Cortes dieron por buena la actuación de Narvaéz en 1848. 147 diputados votaron a favor de Narváez, y 40 lo hicieron en contra.

La impunidad con que había sido premiado el Gobierno Narváez animó a éste, y a otros posteriormente, a seguir ejerciendo la violencia institucional, a veces innecesariamente.

El coste social de este mantenimiento del orden público fue alto, y para pagarlo, Narváez ordenó la retención del 100% de los haberes de una mensualidad de los funcionarios en concepto de donativo forzoso, cosa que se repitió en 1850. Las simpatías de los funcionarios moderados por Narváez decayeron entonces mucho y sólo se restablecieron cuando un decreto de 1857 mandó que los sueldos de los funcionarios debían pagarse íntegros.

Una consecuencia importante de estos sucesos de 1848 fue que el Partido Progresista se rompió cuando Rivero, Becerra, Orense y Martos rompieron formalmente con los progresistas y arrastraron tras de sí a muchos jóvenes hasta intimidar a sus contrarios con quedarse sin generaciones de renovación del partido. Izquierda Progresista ya era un grupo diferente.

 

 

1848 en Portugal.

 

En Portugal, los progresistas sublevados en 1848 fueron llamados septembristas, igual que sus colegas de 1836. José María Casal Ribeiro, estudiante de Coimbra, se alzó al grito de ¡Viva la Península! Y apareció un movimiento iberista que pedía ciudades independientes y cantones, asociados en república federal. Este movimiento tuvo un Club Democrático Ibérico en París 1848 y una Liga Iberista en Madrid 1854, dirigida por Sixto Cámara. Pero no serán importantes hasta 1873. Otro signo de iberismo se había dado pocos años antes cuando los portugueses intentaron casar al infante Pedro V (nacido en 1837) con Isabel II (nacida en 1830), pero la idea fracasó cuando Isabel se casó en 1846 con su primo Francisco.

 

 

 

[1] Francisco Antonio Elorza Aguirre, 1798-1873, nació en Oñate (Guipúzcoa) y en 1811 ingresó como cadete en la escuela de artillería de Mallorca. En 1814 fue destinado a La Coruña, en el momento en que terminó la Guerra de la Independencia. En 1820 estuvo con los liberales e ingresó en Estado Mayor. En 1823 se exilió y estuvo en Francia y en Lieja (Bélgica) estudiando Ciencias Naturales, Metalúrgica y Minería. En 1825 pasó a Londres a continuar estudios en la Escuela de Ciencias. Allí conoció las fundiciones británicas y desde allí hizo viajes por toda Europa visitando diversas instalaciones fabriles. En 1828 le contrató el principal empresario español siderometalúrgico de su tiempo, Heredia, dueño de altos hornos en Marbella (Málaga). Elorza le aconsejó sustituir los procedimientos de forja catalana por procedimientos de forja valona y pudler británico. Al mismo tiempo, fabricó cañones y fusiles en Sevilla, para uso militar. Chocó con el inconveniente de la falta de carbón de calidad en Andalucía y se trasladó a Trubia (Asturias) para estudiar el carbón asturiano. En 1844 tuvo su informe para el ejército español, en el que aconsejó abandonar lis hornos de carbón vegetal en el norte de la península e iniciar altos hornos de carbón mineral. Efectivamente, encontró el apoyo de Narváez, y pudo iniciar la inversión, pero el transporte del carbón resultaba demasiado caro en carretas. Abrió dos altos hornos en 1848 y 1849 y redondeó su obra inaugurando la Escuela de Formación Profesional Obrera en 1850. No se pudieron resolver los problemas del transporte, ni con carreteras ni con ferrocarril, y el proyecto fracasó económicamente en 1864. Pero Elorza había manifestado las claves para el éxito de la industria siderometalúrgica.

[2] Cárcel Ortí, Vicente. Anuales de Historia Contemporánea, 25, 2009. “Un siglo de relaciones diplomáticas entre Españay la Santa Sede, 1834-1931”.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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