TEORÍA GENERAL DEL LIBERALISMO.

 

Según el liberalismo, el hombre en estado de naturaleza no estaba sometido a otros hombres e instituciones, salvo las que él consideraba voluntariamente convenientes. Al entrar en sociedad, el hombre no ha renunciado a sus derechos, como había dicho Thomas Hobbes, sino que al contrario, entra en sociedad para poder defenderlos mejor. Pero el hecho mismo de entrar en sociedad, implica la pérdida de algunos derechos, lo cual se justifica en la mejor defensa y desarrollo de otros derechos que se estiman más interesantes. Los derechos de unos entran en conflicto con los derechos de otros hombres, y de ahí que cada individuo tenga que renunciar a algo en sus derechos. Y para evitar la ley del más fuerte, es buena la existencia del Estado.

Por ello, el gobernante no está capacitado para arrebatar derechos a los gobernados, sino para administrar las condiciones en que los ciudadanos gocen más y mejor de sus derechos, tratar de que las limitaciones sustraídas a los derechos sean mínimas y las posibilidades de goce de nuevos derechos sean máximas. El ciudadano entra en un conflicto permanente entre poder y derechos, conflicto que debe negociar cada día de su vida con el poder. Para ello, necesita instituciones y posibilidades para enfrentarse a todo aquel que se entromete en el campo de sus derechos, incluido el Estado.

Respecto a la monarquía, hasta entonces identificada con el poder en virtud del pacto descrito por Hobbes, en un sistema liberal, el individuo dejaría de ser súbdito, de estar sometido a la realeza, lo que equivale a abandonar el absolutismo. El individuo se convertiría en ciudadano, hombre con derechos humanos asociado a otros para defender los derechos de todos. La monarquía puede subsistir, pero no como señor y dueño de sus súbditos, sino como órgano de dirección política al servicio del bien común, sometida a la Constitución y a las leyes, como el resto de los ciudadanos. La monarquía no es imprescindible y puede ser sustituida por la república. La Iglesia puede subsistir, pero no imponiendo dogmas y penas de todo tipo a los que no siguen sus preceptos, sino al servicio del bien común y sometida a las leyes como el resto de los ciudadanos. Y así el resto de las instituciones sociales.

Hay tres vertientes complementarias del liberalismo: la política, la económica, y la social:

Liberalismo político sería la capacidad del ciudadano de limitar los poderes del Estado a fin de que éste sea administrador y difusor de los derechos individuales de todos, y de que ningún órgano del Estado sea acaparado por alguien para beneficiarse a costa de los derechos de los demás. Promueve las libertades individuales y la tolerancia a que los demás disfruten de sus derechos, gocen cada uno de su propiedad y busquen su propia felicidad. Ello se defiende mediante la existencia de una Constitución que enuncie los principios generales que rigen sobre todas las personas e instituciones del Estado, la división de poderes a fin de que nadie tenga posibilidades excesivas de arrebatar derechos a los demás, y los códigos legales que prevén las diversas situaciones de injusticia. El liberalismo considera al individuo como valor primordial de la sociedad y la libertad como un derecho inviolable traducido en libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de residencia y de trabajo, todo lo cual se constituye en medios de defensa del derecho a buscar el goce individual de sus derechos.

Liberalismo social es la promoción del “estado de derecho”, situación en la que todas las personas son iguales ante la ley y ante el Estado, tienen condiciones iguales de acceso a los beneficios sociales como la enseñanza, sanidad, justicia y seguridad social y a los cargos políticos y administrativos.

Liberalismo económico sería el derecho de cada ciudadano a participar de los beneficios del trabajo, a iniciar negocios, a disfrutar del ahorro que haya sido capaz de acumular, siempre que con ello no conculque derechos de los demás y obre con justicia. Defiende los derechos y libertades y la iniciativa particular, limitando al mínimo posible la intervención del Estado en el campo social, económico y cultural. El goce de la propiedad individual es un derecho fundamental del individuo, pues el fundamento de todos los demás derechos.

 

 

Problemas en la práctica.

 

¿Cómo se puede realizar esta tarea de defensa de los derechos del ciudadano? Unos creen que con más iniciativa estatal y otros con más iniciativa privada, que es más fácil de vigilar, castigar e incluso suprimir y reemplazar. La casuística da motivos para defender una y otra postura. Por ello, ha resultado que los Estados han asumido posturas intermedias, en las que el Estado se hace cargo de algunos temas o se hace cargo de algunas empresas en situaciones especiales que requieren un gran capital y un gran esfuerzo imposible de abordar desde la iniciativa privada. Y deja todo lo demás a la iniciativa particular.

El problema que surge inmediatamente es que los derechos cuestan dinero, mucho dinero. Para empezar, la existencia de cualquier derecho implica gastos en preservación y defensa de esos derechos frente a los que hacen el mal y se dedican a aprovecharse de los demás. Esto implica, como mínimo, gastos en policía, justicia y ejército, además de la administración correspondiente de cada derecho a fin de que los derechos sean posibles en el conjunto de la sociedad y lleguen al máximo posible de ciudadanos. Si profundizamos en los llamados “derechos sociales”, cada uno de ellos tiene un coste ilimitado, hasta donde se quiera pagar, y todos juntos aparecen como un inmenso campo de aplicación de dinero. Por ejemplo, en la justicia, se puede pretender que se haga cargo de causas y demandas hasta el infinito, no sólo de las que son evidentes y palmarias, sino de cualquier sensación individual o colectiva de lesión de un derecho. La sanidad puede ocuparse de más y más enfermedades y situaciones susceptibles de tratamiento e investigación y de más y más personas, hasta cubrir a la humanidad entera. La seguridad social, puede ocuparse de los problemas del paro laboral, pero también de los problemas de los sin trabajo, y de los problemas de la tercera edad, y además de los problemas de inmigrantes y todo tipo de personas que acuda a demandar ese servicio. La enseñanza puede extenderse todo lo que se quiera, a todas las edades, a todas las personas, sin límite alguno en el gasto. Evidentemente, abarcarlo todo es una utopía. La realidad es por tanto que, cuanto más desarrollo económico y social, más posibilidades de defender derechos hay. Los fundadores de Europa en 1957 decían que la mejor manera de luchar por los derechos del hombre era el desarrollo económico.

También los nuevos organismos generados para servir a los derechos humanos son susceptibles de ser utilizados para el bien, defensa de los derechos de los ciudadanos, o para el mal, defensa de intereses de personas e instituciones que a través de ellos reconstituirían el sistema sociopolítico anterior al liberalismo, el aprovechamiento por unos pocos del esfuerzo de los más. El liberalismo se enfrenta pues al control de los órganos de defensa, dirección y control de la sociedad a fin de preservar los derechos humanos.

Frente a esta realidad, apareció una tendencia social, por otra parte presente en todos los tiempos, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, y por tanto las fuerzas de policía, justicia y ejército no son necesarias, lo cual nos llevaría a que el Estado no es necesario. Algunas de estas organizaciones han llevado a cabo este principio, pero siempre han fracasado. Algunas, han dicho que en una sociedad futura desaparecerían estas funciones sociales, pero en la práctica ellas han aumentado, con distintos pretextos, la fuerza y tamaño de estas instituciones, aumentando la capacidad del Estado y reduciendo las libertades del individuo bajo la promesa de que algún día se alcanzaría la felicidad. Han sido una gran estafa.

El liberalismo, o la democracia liberal, no es una revolución que se gana puntualmente y para siempre, sino algo por lo que hay que luchar cada día. Las organizaciones conservadoras, las progresistas, las populistas, las anarquistas y las comunistas, todas sin excepción, se corrompen en beneficio de minorías. La conservación de la idea primigenia de desarrollo de los derechos humanos, es un bien escaso que se pierde con facilidad, y hay que mimarlo y cuidarlo mucho cada día.

Una idea clave entre los liberales es que no hay nada preestablecido, sino que el hombre está sometido a un proceso de perfeccionamiento constante, proceso que es intrínseco a la vida. Frente al inmovilismo de los absolutistas, que creían en un orden preestablecido (los creyentes decían que puesto por Dios), los liberales creen en la necesidad de renovación permanente.

 

 

Conservador, progresista y populista.

 

Llegados a un punto en el que los gastos inherentes a la aplicación de los derechos humanos para todos en el más alto grado son imposibles de abordar, hay que tomar postura frente a este problema.

Los conservadores o moderados defienden que sólo se deben afrontar los derechos que estamos en condiciones de pagar, y como los derechos más baratos son los llamados “individuales”, el Estado garantiza los derechos individuales básicos en grado moderado, y deja para el futuro ir pagando los nuevos derechos, generalmente los sociales, en la medida en que sea posible. Entiende que, en la medida que la sociedad se desarrolle, y trabajen más personas con mayor nivel de vida, los individuos tendrán más capacidad de defensa de sus propios derechos y el Estado más recursos para abrir instituciones en defensa de los mismos. En el siglo XIX se creía inocentemente que la extensión de la enseñanza traería consigo la desaparición de los malvados, cuando la realidad es que con enseñanza más cualificada aparecen malvados más cualificados para hacer el mal. Tal vez los burgueses del XIX se estaban reconociendo a sí mismos como los buenos y situaban la maldad en el pueblo bajo.

Dentro de este esquema, los moderados dicen que los cambios deben ser lentos, bien repensados, cuando la sociedad los admita o los necesite. Dentro del partido moderado español había tres tendencias fundamentales: los autoritarios creían en un valor fundamental que es el orden social y era la autoridad constituida quien debía introducir esos cambios y administrarlos a su juicio; los moderados tradicionalistas decían que los cambios debían ser introducidos sin el patrocinio de ningún líder administrador de los derechos del pueblo, pues ya había instituciones y tradiciones que los defendían; los puritanos exigían el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes, aunque ello fuera contra el orden público que tan celosamente guardaban los autoritarios y moderados.

A los conservadores, personas completamente respetables, se suelen adherir elementos e instituciones que pretender defender, conservar y ampliar sus privilegios aprovechando en su beneficio particular la máquina estatal de defensa de los intereses generales. Y los partidos conservadores se corrompen y necesitan revisión constante y vigilancia muy seria.

 

Los progresistas entienden que hay derechos imprescindibles, aunque sean caros. Estamos hablando de los llamados derechos “sociales”, tales como la vivienda, enseñanza, justicia, sanidad y seguridad social. Entienden que sin el desarrollo de estos derechos, los desafortunados nunca podrán alcanzar un nivel de desarrollo socioeconómico que les permita ir progresando en la consecución de la plenitud de sus derechos. Y que la consecución de algunos derechos sociales, generará condiciones de acceso a la enseñanza, vivienda, justicia y sanidad y dará lugar a una sociedad que sí esté en condiciones de pagar más derechos para todos. Ante el problema de la financiación, argumentan que los ricos deben pagar más, lo cual se consiguió en la primera década del siglo XX con el llamado impuesto progresivo que sustituyó al impuesto proporcional divulgado durante el XIX y épocas anteriores. Por cierto, en España lo pusieron los moderados y no los progresistas. Una vez que esto se mostró como insuficiente, los progresistas defendieron que el Estado debía gobernar en déficit, a fin de conseguir resultados de desarrollo que incluso podrían enjuagar el déficit por crecimiento de la economía general. Pero el déficit tiene unas limitaciones, que se encuentran bastante pronto, y muchos progresistas viven en la utopía de que es posible el déficit permanente e ilimitado.

Hay dos grupos progresistas: Los progresistas moderados creen en cambios rápidos, pues de lo contrario se mantendrían los privilegios de los socialmente afortunados; más tarde, los radicales enseñarán que los cambios deben ser en bloque y drásticos, de raíz, y pronto, o no se harán nunca (del término “raíz” deriva el término “radical”).

A los progresistas se les adhieren también instituciones sociales, a veces las enemigas de las que se han adherido al partido conservador de turno, a veces instituciones generadas en el mundo del trabajo que pretender vivir de la reivindicación de los derechos sociales, y no exactamente al servicio de los derechos sociales. Los partidos progresistas necesitan igualmente de vigilancia y revisión constante.

 

Los populistas defienden que todos los hombres tienen derecho a todos sus derechos desde ya y en grado máximo. Y defienden que tienen derecho a reclamar esos derechos y a exigirlos del Estado en cualquier caso, en todo lugar y en cualquier situación. Para ellos no hay limitaciones al gasto del Estado.

Los populistas afirman que son más progresistas que los progresistas, pero afirmamos aquí que los populistas no son progresistas, sino utópicos unas veces, y otras preparadores de movimientos sociales futuros, para los cuales necesitan un primer apoyo.

La postura populista es muy atractiva para las masas y sobre todo para los desafortunados. Los defensores de esta actitud política siempre tienen multitud de seguidores, sobre todo en épocas de crisis. Dado que el tema es un absurdo económico, la práctica del populismo, cuando llegan al poder, es que los líderes reparten esos derechos con criterios personales distintos, a menudo poco democráticos, es decir, con muy poco control sobre ellos de las fuerzas sociales y económicas generadoras de riqueza, y casi ningún control sobre ellos de las masas que aparentemente les apoyan y se alimentan de proclamas “gloriosas”. El control de los ciudadanos sobre los líderes de estos sistemas asamblearios es prácticamente nulo, pues es obvio que los ciudadanos no pueden estar presentes en todas las asambleas de un país, ni pueden discutir y votar sobre todos los temas, pues no hay tiempo para ello, ni tienen conocimientos sobre todos los problemas como para decidir. Los modernos medios sociales de comunicación han generado en el siglo XXI la ilusión de que sí es posible, pero es racionalmente imposible.

Los líderes populistas aprovechan que los pobres siempre son mayoría en cualquier sociedad, para reclamar que el único voto posible es el de los pobres, y consiguen una democracia distinta, la democracia de los pobres, la democracia popular. Como esta democracia popular lucha contra las fuentes generadoras de riqueza, siempre representadas por minorías, el resultado a medio o largo plazo es la generalización de la pobreza y, con ello, la pérdida de posibilidades de disfrute de los derechos humanos que, en origen, pretendíamos defender.

Los líderes populistas tienden a perpetuarse indefinidamente. No son recambiables. Populismo va unido a líder carismático, figura que se fabrica con un adecuado tratamiento de presentación de la figura del líder, de sus actos de cada día, y de la realidad de cada día, lo cual se difunde “adecuadamente” por los medios de comunicación. Y los líderes acaban presentándose como imprescindibles y siendo aceptados como tales.

 

 

Democracia liberal representativa y parlamentaria.

 

En la actualidad, cuando hablamos comúnmente de democracia nos referimos a la democracia liberal representativa y parlamentaria. Lo que ocurre es que el nombre es demasiado largo y no se utiliza la expresión completa. Tal vez hubiera que inventar un apelativo más corto. Pero como casi nunca se especifica, los oradores suelen ocultar a sus oyentes de qué tipo de democracia están hablando y aprovechan la confusión y el desconocimiento general sobre el tema para hacer todo tipo de demagogias. Además de la democracia liberal representativa y parlamentaria, existen democracias no parlamentarias, democracias no representativas, y democracias no liberales, como la democracia popular típica de regímenes comunistas, y la democracia orgánica típica de dictaduras fascistas. Las grandes declaraciones de políticos sobre si algo es democrático o no lo es, suelen ser un engaño demagógico. Al fin y al cabo, democracia sólo es votar. El hecho de votar, así sin más, meter una papeleta en una caja, o levantar la mano a todo lo que te presentan, pero sólo a lo que te presentan a votación, y bajo la formulación que te presenten, es una estupidez. El hecho de votar tiene que tener un sentido, o de lo contrario es una tontería, no un sistema democrático.

El objetivo primordial del liberalismo es conseguir el respeto a los derechos individuales y sociales y discernir qué derecho le corresponde a cada individuo, puesto que se producen necesarias limitaciones por causas económicas, y limitaciones por conflicto de intereses, pues los derechos son concurrentes con los de otras personas y, a veces, un derecho implica menoscabo en otro derecho, de la misma persona o de un tercero, o un derecho individual choca con otros, o con un derecho colectivo.

Los medios para conseguir la convivencia de derechos y discernir cuáles le corresponden a cada uno, son: la Constitución, los códigos legales, el sufragio, la representatividad, y el parlamentarismo. A menudo, demasiado frecuentemente, los políticos dan mucha importancia a los medios y olvidan el objetivo, la democracia, de modo que presentan sus sistemas como “democráticos” porque formalmente lo aparentan. Y ahora estoy entendiendo por “democracia” la democracia liberal representativa y parlamentaria.

La Constitución tiene como finalidad el poner por escrito las ideas básicas sobre las que va a constituir la convivencia, los derechos de que van a gozar los individuos, las limitaciones que se van a imponer al poder, la separación de poderes, las instituciones de gobierno. Se hace por consenso entre los gobernados debidamente representados en elecciones constituyentes, y todos deben actuar según esas normas y obligaciones: las leyes, los gobernantes, las nuevas instituciones deberán limitarse al texto constitucional. No es una ley, pero limita el campo de la ley, al tiempo que indica los ámbitos en que se debería legislar. Si no se legisla, como la Constitución no es aplicable al ciudadano sino que al ciudadano se le aplica la ley, la Constitución es letra muerta, apariencia de liberalismo, una tontería más para engañar a incautos, si no está desarrollada en leyes. Si un país presume de Constitución y no ha desarrollado les leyes pertinentes, tendrá graves defectos en cuanto a liberalismo democrático.

Los códigos legales tratan de sistematizar las leyes a fin de encontrar coordinación interna entre las mismas, evitar discrepancias y contradicciones y abarcar el máximo campo posible de situaciones, al tiempo que desarrollan los principios constitucionales vigentes. Las leyes deben garantizar a los ciudadanos el disfrute de sus derechos frente a ataques de los gobernantes, y de otros ciudadanos o instituciones. Deben ser salvaguarda de libertad. Las leyes deben intentar poner orden y decir dónde acaba el derecho de un individuo, y hasta qué punto el ciudadano debe autolimitarse para no hacer daño a los derechos de los demás. Las leyes justas dan mucha libertad a muchos y restringen alguna libertad a casi todos.

La representatividad es un tema difícilmente conciliable con la racionalidad, mucho más complejo de lo que aparece sobre el papel. Desde siempre se ha entendido que el Gobierno debía estar en manos de personas competentes, sabias y honestas. Igualmente diremos de los representantes de los ciudadanos. Pero es muy fácil que los locuaces “charlatanes de feria” se impongan en las asambleas, sin que por ello se garantice su preparación intelectual, su competencia en gestionar y su nivel ético. Incluso los títulos de estudios no garantizan preparación intelectual ni honestidad. Sentadas estas premisas, nos damos cuenta de la complejidad del problema:

Hay quien piensa que el mejor sistema representativo es el uninominal mayoritario, es decir, dividir el territorio en distritos muy pequeños cada uno de los cuales tiene un solo representante votado por la mayoría de los ciudadanos de ese territorio. Es típico en Gran Bretaña.

Hay quien cree en el asamblearismo o democracia directa, donde todos los temas se estudien entre todos y sean todos los que deciden. El sistema se ha demostrado imposible en los grandes números, cuando se pasa de unos centenares de personas. Y el sistema sólo es válido para cuestiones muy concretas y fáciles de entender por todos. Entonces se pueden hacer referéndums o consultas. Pero no sirve para cuestiones complejas o difíciles, las cuales deben ser gestionadas por expertos, ni se puede consultar todo a todos los ciudadanos, pues los asuntos que surgen cada día son muchos y lo que se consulta a los ciudadanos son muy pocas cosas. Pero el mito de la posibilidad de la democracia directa se repite a lo largo de la historia con machaconería y hay tendencias políticas que lo usan para imponer sus ideas revolucionarias, que intentan cambiar radicalmente la realidad social. El asamblearismo suele dar lugar a líderes locuaces que arrastran a las masas hacia posiciones nada democráticas.

Lo normal es que los partidos seleccionen gente experta y la presenten para ser votados como representantes de los ciudadanos por un periodo determinado. Una vez elegidos, los ciudadanos se olvidan de su soberanía durante un periodo de tiempo determinado decidido por la Constitución o por la Ley, y tienen la oportunidad de ratificar o cambiar a sus representantes en nuevas elecciones. Esta es la democracia representativa. Pero todavía es más complejo el tema, pues surge la discusión de la representatividad de los distritos electorales: los unos dicen que las zonas despobladas nunca tendrán oportunidades de desarrollo sin no tienen representantes en el Parlamento. Los otros dicen que quienes votan son las personas, no los terrenos ni los animales, y los representantes de cada distrito deben ser estrictamente proporcionales a la población que contienen.

Parlamentarismo significa que la soberanía nacional se deposita en los representantes elegidos por el pueblo, es decir, que éstos son la autoridad suprema por encima de cualquier otra institución, incluidos el Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno. Ellos tienen la última palabra sobre cualquier tema. Estados Unidos o Francia no son sistemas parlamentarios, sino presidencialistas y en ellos existe el conflicto de quién tiene la última palabra, en unos casos una institución y en otros casos el Presidente.

Para no dar oportunidades de constituir poderes perjudiciales al individuo, el liberalismo acostumbra a renovar a sus representantes cada poco, aunque se asuma un mal, la poca perdurabilidad de los planes de Gobierno, pues hay iniciativas que deben prolongarse mucho tiempo, tal vez décadas.

 

 

Los modos de encabezar un Estado liberal.

 

La Jefatura del Estado puede estar constituida de tres maneras, la monarquía parlamentaria, la república presidencialista y la república parlamentaria.

La monarquía parlamentaria tiene la ventaja de la estabilidad que proporciona un Jefe del Estado estable, no manipulable por los partidos y que se puede preparar para la alta misión a la que se le destina. Tiene la desventaja de que, si el monarca es incapaz o inmoral, no es recambiable fácilmente. Un Rey es vitalicio y hereditario. Parlamentario significa que la soberanía descansa sobre el Parlamento o conjunto de representantes elegidos por los ciudadanos para ejercer esta labor, al tiempo de para discutir y aprobar las leyes. En la monarquía parlamentaria, el Rey está sometido al Parlamento. La función del Rey es la que le conceda la Constitución aprobada en el Parlamento, y generalmente consiste en relacionar a los jefes de los partidos, a las diversas regiones del Estado, representar a España ante los embajadores extranjeros, representarla en los viajes y reuniones internacionales, proponer Jefes de Gobierno tras escuchar a los jefes de los partidos presentes en el Parlamento, para que sea el Parlamento el que elija a dicho Jefe de Gobierno.

La república presidencialista tiene una doble cabeza de Gobierno, por una parte el Parlamento elegido por los ciudadanos, y por otra el Presidente también elegido por los ciudadanos. Cada uno de ellos tiene las funciones que le atribuya la Constitución de ese país. Evita acumulación de poder en una u otra cabeza de gobierno, pero provoca a veces enfrentamientos entre ambas. Cuando gobierna un partido y es presidente una persona del mismo partido, o cuando el presidente es del partido contrario al del Gobierno, se crean situaciones complejas.

La república parlamentaria es muy similar a la monarquía parlamentaria, pero el Presidente de la República es elegido por el Parlamento y no directamente por los ciudadanos, y en la práctica suele ponerle el partido que es mayoría. Tiene la ventaja de que el Jefe del Estado es removible, y el inconveniente de que el partido puede poner en ese puesto un figurón que no realice ninguna función en la práctica, excepto las que le dicte el partido en el poder.

 

 

El liberalismo español del siglo XIX.

 

El liberalismo del XIX, consciente de que los derechos deben ser costeados, creyó que la propiedad era el fundamental de todos los derechos humanos, sin el cual no sería posible el acceso a todos los demás. No era concebible por entonces que el Estado se hiciera cargo de derechos de tipo social. El Estado no estaba preparado para eso. Se confiaba en que cada ciudadano pudiera tener acceso a sus derechos, si trabajaba en un sistema libre y de condiciones iguales para todos.

El liberalismo económico era visto como un progreso social en cuanto consagraba el derecho de propiedad individual, el cual debía permitir al individuo hacer planes de futuro, prepararse para la enfermedad y la vejez, cuidar de la familia y colaborar en el progreso económico y social de la comunidad en la que vive.

En la práctica, sucedió que el derecho de propiedad, como todos los demás derechos, es susceptible de corruptelas y abusos, y utilizable para que unos pocos privilegiados se aprovechen de la mayoría y hagan ilusorios los derechos de los componentes de ésta a acceder a la propiedad. Pero los defectos posibles no anulan la bondad inicial del derecho de propiedad si es convenientemente regulado por ley, vigilado policialmente, ajustado a las leyes por los jueces, y se aplican los castigos justos a los infractores. Estamos en un campo de lo más escabroso.

Ningún texto legal español del siglo XIX definió qué era el derecho de propiedad. Nadie se mojó lo suficiente. Era un tema demasiado complicado en lo político y complejo en lo técnico y judicial. El Código Civil francés de 1804 definió propiedad como el derecho de usar y disponer de las cosas sin limitaciones. Y con ello se entendía que el propietario de una cosa lo es también de los bienes que esa cosa produce y de todo lo que a ella se adhiere natural o artificialmente. España se limitó a aceptar lo que venía de Francia.

Los revolucionarios burgueses españoles, más recatados y mucho menos progresistas que en otros lugares de Europa occidental, se limitaron a hacer reformas constitucionales y legislativas, y ni siquiera en ese campo acertaron a dar unas normas para una sociedad nueva, lo que supondría unos límites a las fuerzas sociales de la sociedad vieja. En Francia, mucho más avanzada que España en todo el XIX, hubo un Código Civil en 1804, un Código de Comercio en 1807 y un Código Penal en 1810. No es extraño que Napoleón sea recordado por los franceses como un mito. Porque los códigos franceses regulaban la familia, el matrimonio, las herencias, la autonomía contractual y el derecho de propiedad, temas a los que los españoles ni siquiera podían aspirar a principios de siglo XIX. El Código Civil español es de 1889. Por eso, la transformación de la sociedad española hacia una sociedad liberal es confusa, lenta y farragosa, casi imposible de entender para los profanos en historia y jurisprudencia. La simple definición de la propiedad de la tierra fue un conflicto que duró más de 25 años, con sentencias contradictorias y leyes contradictorias por medio, entre 1811 y 1836.

Álvaro Flórez Estrada, en la primera mitad del XIX, consideraba que la propiedad llevaba inherentemente consigo una serie de derechos y libertades. Lo había leído en la obra del escocés John Ramsay McCulloch. Y definió propiedad como el derecho a que cada individuo disfrutase del fruto de su trabajo, siempre que el trabajo fuera una actividad libre y generadora de riqueza.  Consideraba ataques a la propiedad el que el Estado fijase mediante leyes contra la usura el interés por el capital prestado, y que el Estado fijase contribuciones exageradas e impuestos abusivos. Es evidente que el Estado debe cobrar impuestos, pero lo justo para defender los derechos de los ciudadanos y no para otros fines. Las contribuciones deben ser las imprescindibles para cubrir esos gastos públicos necesarios y socialmente justos. Según Flórez Estrada debían ser proporcionales a la riqueza de cada uno, lo cual era muy revolucionario en su tiempo pues había muchos privilegiados que no contribuían.

Desde principios del siglo XX, el “impuesto proporcional” fue considerado inmoral y regresivo y se pasó al “impuesto progresivo” donde los tramos más altos de la riqueza pagan más proporcionalmente. Pero de eso, hace ya más de cien años.

También consideraba Flórez Estrada un ataque a la propiedad los embargos preventivos hechos por los jueces, porque interrumpían un negocio en funcionamiento con grave daño para el interesado. Decía que el juez, podía prohibir vender riqueza o desplazarla, para que en caso de condena pudiera el acusado hacer frente a su condena, pero nunca privarle de sus negocios por una simple acusación o apariencia de delito.

En fin, la propiedad era el elemento motriz de la riqueza de las naciones. La propiedad estaba vinculada a la libertad de trabajo, libertad de comercio y libertad de precios. El Estado debía garantizar el desarrollo correcto del derecho a la propiedad, la inviolabilidad de este derecho. Pero también debía intervenir al mínimo sobre los patrimonios individuales a fin de que las ganancias y la generación de capital fueran máximas.

 

 

La búsqueda de un sistema político liberal en el XIX.

 

El liberalismo de principios del XIX tenía complicado encontrar un sistema político aceptable y viable.

El modelo de los Estados Unidos no servía, porque se trataba de 13 colonias británicas que albergaban a dos millones de ciudadanos y medio millón de esclavos negros, una población pequeña, que vivían de una economía marginal respecto al conjunto del mundo: la pesca de la ballena, la comercialización de pieles, la fabricación de ron y cultivo del tabaco, algodón, arroz y maíz. Esta población no tenía nobleza, porque no tenía historia propia, sino la británica (los indios fueron exterminados o expulsados hacia el oeste). Vivían en un territorio de doble extensión que España y con posibilidades de extenderlo ilimitadamente a costa de los indios del oeste. La sublevación de los Estados Unidos era una sublevación colonial típica, una protesta contra las subidas de impuestos y limitaciones al comercio que imponían las metrópolis: en 1651, las Actas de Navegación les habían prohibido llevar mercancías a Gran Bretaña en barcos propios, y en 1663 se les habían puesto derechos aduaneros altos a los artículos que exportaban a Inglaterra y se les había obligado a llevar sus artículos de exportación (azúcar, tabaco, algodón e índigo) a Inglaterra exclusivamente. La culminación de estas restricciones al comercio colonial se produjo en 1699, cuando se les prohibió comerciar entre sí productos de lana y sombreros. Los burgueses norteamericanos decidieron quitarse de encima la subyugación británica, pero no estaban preparados para iniciar la complejidad de un Estado. En 1765 y 1766 se les subieron los impuestos y ello les encolerizó hasta el punto de que George Washington decidiera en 1775 poner en pie un ejército colonial, declarara su independencia en 1776 y diera a sus seguidores una Constitución en 1787. La deriva de este movimiento fue imponer un Estado liberal, con una Constitución, con un Congreso (equivalente al Parlamento europeo) y compuesto de Senado y Cámara de Representantes (equivalentes a Senado y Congreso europeos) elegibles por los ciudadanos, y con un Presidente elegible. Pero no era una revolución social, sino un levantamiento independentista que tomaba formas de las que se hablaba en Europa pero nadie había experimentado: el liberalismo. No era copiable en España.

Igualmente, la revolución habida en Gran Bretaña era un proceso muy particular y dilatado en el tiempo: en 1679 habían conseguido el “Habeas Corpus” o garantías de libertad para no ser detenidos arbitrariamente y protección del individuo frente a la arbitrariedad del poder constituido, lo cual valoraba al individuo por encima del Estado. En 1689 habían conseguido su Declaration of Rights donde se consagraba la separación de poderes creando jueces inamovibles, dando libertad de imprenta y reservando al Parlamento la facultad de votar anualmente los impuestos. De 1750 a 1820 hicieron su gran reforma agraria gracias a hacer valer la ley de enclosures (cercamiento de fincas) del siglo XVI, lo que significaba un nuevo sistema de propiedad. Y en 1832 hicieron su reforma de los “burgos podridos” (rotten boroughs) haciendo que el voto fuera más representativo de la población que de los distritos nobiliarios, y extendiendo la capacidad de votar a todos los propietarios de casas. Nunca hicieron una Constitución. El modelo no era exportable.

Y la revolución de Francia era menos deseable como modelo que las anteriores, pues había nacido de la desconfianza, del cansancio y del odio de las clases bajas hacia sus gobernantes, expresado mediante el terror popular. El modelo era tan indeseable, que Napoleón Bonaparte decidió embridarlo en 1799 mediante una dictadura militar. Napoleón aceptó el modelo constitucional, y además creó un código legal nuevo que protegía al ciudadano, una ordenación territorial distinta y una nueva nobleza de mérito que sustituía a la nobleza de sangre. Pero el sistema era inestable y acabó con la desaparición de Napoleón en 1815, aunque se restableció en 1830 y 1848. Era el modelo que parecía más válido, el que se intentó desde España. Pero se hizo con tanto cuidado de no soliviantar a las masas, de no dañar a la Iglesia y a los poseedores de tierras y de no contradecir a los generales, que apenas se hizo nada durante el reinado de Isabel II.

La revolución alemana, gestionada por Prusia, se inició en la unificación económica a través del zollverein de 1831 y de la construcción del ferrocarril a partir de 1835, y decidieron otorgarse una Constitución y reconocer unos derechos de los ciudadanos, en una revolución burguesa hecha “desde arriba” y apadrinada por el ejército prusiano. En España, hubo algunos defensores del modelo alemán.

La revolución italiana se confundía con la unificación nacionalista y fue hecha en 1848-1860 gracias al esfuerzo de Saboya Piamonte. En España tuvo admiradores, lo cual condujo a elegir un Rey italiano, Amadeo, pero también tuvo muchos detractores.

Ninguno de estos modelos era aplicable a España: España no tenía una revolución industrial como los países citados, salvo en Cataluña y en Málaga-Cádiz, y no contaba con una clase burguesa capaz de asumir y defender el poder. España no tenía un grupo fuerte de liberales que pudiera oponerse a las fuerzas de la nobleza y la Iglesia. Era un país analfabeto, con una minoría culta que se esforzaba por tener su revolución industrial, al tiempo de introducir las nuevas ideas políticas que había aprendido en París, Burdeos y Londres. Era un país dominado por “caciques”, señores de su territorio, generales dependientes de las relaciones militares y políticas conseguidas, y religiosos apoyados desde la Corona y desde el pueblo. Construir el liberalismo en España era una tarea muy dificultosa. Y, de hecho, tardó un siglo en realizarse.

 

 

El liberalismo doctrinario.

 

El liberalismo del XIX debía encontrar sus propios principios, y sus propias formas e instituciones políticas, pero ello no era sencillo ni en el campo moderado ni en el progresista. Los moderados se inclinaban al elitismo antipopulista y a una apertura al integrismo católico. Los progresistas, a utilizar el radicalismo violento de los populistas y el anticlericalismo. Ambas concepciones del liberalismo eran doctrinaristas, pero enemigas.

La ideología del liberalismo doctrinario[1] se había originado en Francia y fue acomodada al caso español por un grupo de jóvenes moderados. El doctrinarismo creía en la soberanía de los más capaces, en la conveniencia de entregar el Gobierno a los más capaces, igual que lo había pensado la Ilustración en el XVIII. Decían que “es mejor el gobierno de los mejores que el gobierno de todos”. Los fundadores del movimiento doctrinarista habían sido François Guizot, 1787-1874, Pierre Paul Royer Collard, 1763-1845, Víctor de Boglie III duque de Broglie, 1821-1901, y Charles de Rémusat, 1797-1875, todos ellos relacionados con el catolicismo liberal.

El doctrinarismo supuso una ruptura con la idea de soberanía de la “voluntad general” de Rousseau. De la idea de “voluntad general” roussoniana, como voluntad de la naturaleza, se pasó a la de “voluntad de todos”, expresados de uno en uno. De hecho, Luis Felipe de Orleans fue obligado en 1830 a proclamarse “Rey de los franceses”, y no “Rey de Francia”.

Los doctrinarios se oponían al concepto de “voluntad por la gracia de Dios” propio del absolutismo, pero tampoco aceptaban el concepto de “soberanía popular” de modo que hubiera que hacer en cada momento lo que determinasen las masas incultas y a menudo inmorales. Aceptaban la división de poderes, la libertad de expresión, el derecho al sufragio, el parlamentarismo o depósito de la soberanía en el Parlamento. Es decir, odiaban tanto los abusos del absolutismo como los excesos revolucionarios populares.

El problema que se planteaba el doctrinarismo era garantizar que gobernasen personas honestas. Los sistemas electorales sólo garantizaban que eligieran los ricos y los elegidos fueran los más ricos, y resultaba una hipocresía identificar ricos con inteligentes y honestos, como lo había sido en épocas pasadas identificar nobleza y clero con inteligentes y honestos. Pero en el siglo XIX se creía en ese sistema. Calderón Collantes dijo en el Congreso en noviembre de 1844 que “la pobreza, señores, es signo de estupidez”, y nadie se escandalizó entre sus oyentes. Tal vez ocurría que todos los que estaban escuchando a Calderón Collantes eran ricos y sentían que el orador les estaba llamando inteligentes, honrados, laboriosos, meritorios y filántropos, ante lo cual no tenían nada que objetar.

Tanto los moderados como los progresistas eran doctrinaristas.

 

 

Aportaciones históricas del liberalismo.

 

El liberalismo logró hacer desaparecer la sociedad estamental, una sociedad que se había instituido sobre la base de un criterio irracional similar al del liberalismo: la sociedad medieval decía que los nobles tenían espíritu de servicio a favor de toda la sociedad (esa es la esencia del concepto “nobleza”) y los clérigos eran personas intermediarias entre Dios y el hombre, la bondad misma. Estos valores, que pudieron existir en ciertas personas en determinados tiempos, se habían perdido por completo, dando lugar a una sociedad estamental caduca y corrupta, muy interesada en mantener sus privilegios como estamento.

En función de unos determinados servicios que teóricamente prestaban a la sociedad, los estamentos habían recibido una serie de privilegios. Pero ya desde hacía tiempo, no prestaban estos servicios:

Los nobles ya no servían en el ejército, ni estaban preparados para gobernar e impartir justicia. La nobleza ya no prestaba los servicios que se le suponían propios del estamento nobiliario. Se había convertido en el grupo social con más bienes a su disposición, con derechos diversos sobre muchos bienes. La baja nobleza había sido expulsada en la práctica de las funciones políticas, militares y jurídicas que se le suponía a la nobleza, porque tampoco disponían de muchos bienes. El liberalismo, lo que hizo fue convertir a estos nobles con condominio sobre algunos bienes, en grandes propietarios con derecho pleno a ellos.

Y los clérigos servían más a los intereses políticos y económicos de la Iglesia, de sus órdenes religiosas, o de los gobernantes (rey y nobles), o del Estado, que a la verdad y la justicia (que sería servir a Dios). La Iglesia también tenía muchos bienes a su disposición, pero en un ambiente religioso profundo como el que se vivía en Europa en la Edad Moderna, se consideraba que su función de administrar las relaciones con Dios todavía era necesaria. Lo que hizo el liberalismo fue desposeerles de sus bienes y de algunos privilegios, lo cual no impedía que siguieran con sus labores espirituales. De paso, ponía más inmuebles a disposición de los grandes propietarios que estaban surgiendo.

La sociedad estamental fue sustituida por la sociedad clasista, caracterizada porque cada individuo puede bajar o subir de categoría social según su propia habilidad para captar riquezas o perderlas en su caso, sin depender de terceras personas para su cambio de grupo social. En el siglo XVIII, esto parecía mucho más justo que la sociedad estamental corrupta que conocían.  En la sociedad estamental el individuo siempre dependía de una tercera persona para confirmar su estancia en el estamento, del rey o de la autoridad eclesiástica pertinente. En la sociedad clasista, el individuo, teóricamente soló dependía de sí mismo, lo cual eliminaba la corrupción de las relaciones personales entre los grandes y pequeños.

 

 

La ética liberal.

 

El liberalismo moderado, típico del XIX, es también un sistema ético de planteamiento de la vida y la realidad entorno. Un sistema que cree en que los derechos individuales básicos, la vida, la propiedad y la libertad, son esenciales, y luego existen otros derechos que hay que conseguir colectivamente, poco a poco y a medida que los medios económicos, técnicos y sociales lo permiten. Los gobernantes son los que pueden actuar en pro de estos derechos y, por ello, es preciso un sistema que vigile el hecho de que los gobernantes tengan comportamiento ético.

Se tiene por antecedentes del liberalismo: la reforma protestante del XVI en cuanto se liberó del dogmatismo papal y le reconoció a cada individuo el derecho a comunicarse con dios sin intermediarios; las crisis sociopolíticas del XVII que pusieron en duda o negaron directamente la soberanía de los reyes; las “cours soberaines” francesas que exigían el control popular de Hacienda, la moneda y el Gran Consejo a fin de que no se produjeran abusos del monarca; las reformas religiosas de los siglos XVI y XVII, e incluso el movimiento libertino del XVII porque reivindicaba para el individuo el derecho al placer y al gozo individual frente a la reglamentación de los líderes religiosos de su época; e igualmente el puritanismo británico basado en la fe en el “Dios me ama” y por ello tengo derechos como individuo que no me pueden ser controlados y restringidos por el Rey o por el Papa; las teorías políticas de los monarcómanos puesto que si hay un pacto que justifica que el poder esté en manos del Rey, nunca estaría justificado que el Rey utilizara ese poder en contra de los gobernados; e incluso el Despotismo Ilustrado que buscaba conseguir beneficios para los súbditos incluso en contra de su voluntad, pero sobre todo evitar los abusos de los señores y de las autoridades religiosas, en contra de las libertades de los súbditos. En fin, el abanico de antecedentes es muy amplio.

En épocas antiguas, Edad Media, el cristianismo intentó dar un sentido a la vida humana. Lo cual fue seguramente la razón de su éxito en Europa. Dijo que todos los acontecimientos formaban parte de un plan divino, a veces difícil de comprender para la mente humana. En consecuencia, si la vida en el mundo era un plan divino, los Reyes sólo adquirían legitimidad cuando les consagraba el representante de Dios, la Iglesia. La principal misión del Rey era propagar el cristianismo, aunque también proteger a sus súbditos.

La voluntad universalizadora de la Iglesia, condujo a los cristianos a extender su fe por todo el mundo mediante la guerra en las cruzadas y mediante los misioneros, los cuales eran defendidos por su Rey correspondiente. La Iglesia cristiana había puesto así un poco de moralidad en la sociedad antigua. Como toda institución humana que no se renueva a sí misma, la Iglesia se corrompió. En el siglo XVI apareció el protestantismo o la Reforma, pidiendo que la Iglesia no fuera una institución ligada a la propiedad de la tierra, ni a negocios dudosos como la venta de reliquias.

En España, algunos jesuitas del XVI habían sido muy severos respecto a las malas prácticas éticas del Rey y sus gobernantes, y habían dicho que la libertad es imprescindible para que el individuo optase a su salvación eterna, y que el Rey también era necesario para dirigir la sociedad, pero estaba limitado por un consenso social, y cuando se extralimitaba en contra de los derechos y libertades de sus súbditos se convertía en tirano, momento en el que el pueblo tenía derecho a matar al rey. La teoría era tan atrevida y tan peligrosa, puesta en manos de cualquier iluminado, que fue prohibida su difusión por los Gobiernos británico y francés.

John Locke, 1632-1704, reivindicó hacia 1690 la libertad o derecho a la felicidad como él la llamaba, y la propiedad como derechos fundamentales del individuo, en su Tratado sobre el Gobierno Civil. Y razonó que el poder establecido gobierna para que sean posibles la propiedad privada y la felicidad de todos, y que los derechos de los individuos son anteriores al poder establecido para gobernarse. Afirmó además que la sociedad no tiene origen en Dios sino que fue una creación de los propios hombres y por tanto, la sociedad es mutable y reformable.

Estados Unidos en 1776, en la guerra en 1775-1781 y en el Tratado de París de 1783, planteó una cuestión muy grave en la teoría liberal y reivindicó que un Estado no se puede oponer a la voluntad de los ciudadanos, y en caso de que lo hiciera, los ciudadanos tenían derecho a “constituirse” como Estado independiente. Bajo este prisma elaboraron la Constitución de 1787. Se presentaron ante el mundo como líderes del liberalismo, y planteaban una cuestión difícilmente calificable de liberal: la autodeterminación. De hecho, el nacionalismo se irá apartando del liberalismo progresivamente a lo largo del XIX hasta ser lo más opuesto a finales de siglo y en la primera mitad del XX. Si el liberalismo se formulaba para defender los derechos individuales, el nacionalismo predicaba que el individuo renunciara a sus derechos, e incluso entregase su vida y la de sus hijos, en pro de la idea nacional y del líder. El absurdo de la decisión de independencia de los Estados Unidos, se entiende porque, a partir de entonces, cualquier colectividad podría declararse pueblo soberano y romper los compromisos con sus compatriotas de otros tiempos. El asunto condujo a Estados Unidos a una guerra en 1860, tras la cual se decidió que “la unión” era también un conjunto de derechos que no podía ser atacado por cada Estado cuando le viniera en gana, pues perjudicaba al conjunto de los Estados de la unión. Desde entonces, Estados Unidos es más “estado unitario” y menos “federal”. La terminología sajona dice que son Estados federados, pero no confederados.

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 en Francia, los autoproclamados representantes del pueblo francés, decidieron reunirse en el Juego de Pelota aun en contra de la voluntad del Rey, y decidieron no separarse hasta haber dado a Francia una Constitución o expresión escrita de los derechos y voluntad de los ciudadanos, que debía estar por encima del poder del Rey. Se planteó crudamente el derecho del pueblo de autogobernarse, el jacobinismo, y la experiencia fue terrible, pues el Gobierno expropiaba, encarcelaba, guillotinaba, mientras cada autoridad sansculotte se atribuía el derecho a hacer otro tanto, y se originó “El Terror”. Las libertades individuales eran sacrificadas en aras de los ideales jacobinos. Y ello condujo a sentir la necesidad de acabar militarmente con esa situación, lo cual elevó a la categoría de mito a Napoleón Bonaparte. Bonaparte no se andaba con bromas, y mandó fusilar a todo aquél al que se encontrara portando un arma sin autorización. Mandó elaborar códigos civiles y de comercio. Acabo con los privilegios sociales. El desorden social desapareció radicalmente.

Estas declaraciones liberales propias de final del siglo XVIII, fueron puestas en duda, pues era lo mismo que reconocer que cualquier grupo que se reuniera podía decidir sobre los derechos de los ciudadanos a los que decían representar, y de hecho, la evolución del nacionalismo fue divergente al liberalismo y llegó a ser lo más opuesto a él en su momento, lo más incompatible con el liberalismo. Las fuerzas revolucionarias se dieron cuenta de esta fisura en la teoría liberal, y reivindicarán esta decisión pseudodemocrática a fin de conseguir el poder, que luego reinterpretarían para imponer el socialismo, comunismo, fascismo y cualquier cosa contraria al liberalismo.

Quedaba claro que el derecho de los pueblos a autogobernarse era un tema muy distinto a la lucha por el desarrollo de las libertades individuales que predicaba el liberalismo. De hecho, los movimientos comunistas de fines del XIX y durante todo el XX, reclamaron el derecho de autodeterminación de los pueblos, hasta que triunfaba la revolución, y luego, en el estalinismo, ese derecho era teórico, controlado desde el Partido y desde el poder, y anulado en la práctica.

La ética liberal sufrió una gran crisis en la primera mitad del XIX, cuando el Estado liberal posibilitó que los inmorales accedieran al poder, y entonces surgieron muchos críticos: los doctrinarios defendían que los valores éticos sólo podían sobrevivir entre personas con cierto poder adquisitivo; los demócratas defendían que precisamente los ricos eran la cuna de la podredumbre moral, y la ética había que buscarla entre la generalidad de la población; los radicales defendían que era preciso y urgente construir una sociedad y economía nuevas donde fuera posible la ética, pero ello significaba destruir urgente y radicalmente toda la inmoralidad del pasado; los republicanos creían que solo a través de la igualdad de derechos se conseguiría que prevaleciera la moralidad, y ello implicaba la eliminación de todo privilegio social, empezando por la monarquía.

Benjamín Constant, 1767-1830, defendía que la libertad individual no se puede sacrificar al disfrute de unos derechos políticos, pero no era aceptable la votación populista, sino que el único medio de conseguir coherencia política era la democracia representativa con separación de poderes. El Estado se debía mover en el justo medio entre el absolutismo y el jacobinismo o populismo. Pero en los asuntos privados, donde no hay peligro que la masa arrase con los derechos de las personas que han trabajado una hacienda y un porvenir, como son la opinión, la religión, el comercio y la propiedad misma, el Estado debería abstenerse de intervenir.

Alexis de Tocqueville, 1805-1859, en El Antiguo Régimen y la Revolución, 1856, aportó que justicia es dar a cada uno lo que le corresponde en derecho, pero nunca tratar a todos por igual o repartir todo entre todos, lo cual es irracional y antidemocrático. El igualitarismo es una idea anclada en la sociedad durante siglos y que actúa en nuestro inconsciente, pero el hombre ha descubierto valores superiores al igualitarismo, como la libertad y los valores morales, lo cual significa que el igualitarismo debe ser controlado a fin de que no nos conduzca a la barbarie y a la miseria.

François Guizot, 1787-1874, fue sobre todo famoso por su idea de que la historia no debe ser el elogio del poder constituido. Pero era más importante su idea de restringir las actuaciones del liberalismo predicado hasta entonces. Hay que tener en cuenta que su padre había sido guillotinado en 1794 por los jacobinos. Por eso era doctrinario y defensor de gobernar en el justo medio entre el absolutismo y la revolución jacobina, lejos del despotismo del gobernante y de la ignorancia del pueblo bajo. El fin era la defensa de los derechos de la libertad, pero tratados con tolerancia hacia los demás. Una vez en el poder en 1830, se convirtió en enemigo cerrado del populismo y partidario de un liberalismo censitario, limitado a las personas con una formación moral suficiente. Para ello, construyó miles de escuelas en Francia, educó a maestros, puso inspectores y renovó la Universidad en los temas de filosofía, historia y la Academia de Ciencias Morales y Políticas que reabrió en 1832. Odiaba el despotismo de la burocracia. Odiaba la educación religiosa integrista, aunque colaboraba con instituciones religiosas que estuvieran dispuestas a abrir la enseñanza a la libertad.

 

En la España de primera mitad del XIX, se entendía por liberalismo la lucha por las libertades individuales y la lucha por las libertades colectivas, lo cual debía plasmarse en una Constitución que garantizara los derechos de los ciudadanos frente al poder constituido, que dividiese los poderes del Estado a fin de que nadie acumulase tanto poder que se atreviera a entrar en los derechos de los demás, y que se luchaba por un sufragio “abierto”, es decir, cada vez menos restringido, con más ciudadanos con derecho a voto.

 

Gran Bretaña criticará los males del sistema liberal, manteniendo la fe en el liberalismo, pero indicando la evolución que había que darle. Hubo dos grandes críticos a mi modo de ver: John Stuart Mill en 1856 y Thomas Hill Green a finales de siglo XIX.

John Stuart Mill, 1806-1873, publicó su obra cumbre en 1856, Sobre la Libertad, y digo publicó pues hay quien afirma que fueron las ideas de su amante Harriet Taylor y no suyas las que aparecen en ese libro, pero era mujer casada y no podía firmar. Stuart Mill afirma que el individuo es el valor supremo al que todo el liberalismo está destinado, y que el objetivo de todo ser humano es llevar a cabo su personalidad, a pesar de las limitaciones que encontramos en la vida y que de más a menos son: el conformismo que nos empuja a limitarnos cada uno a nosotros mismos, la intolerancia de los demás, principalmente los más próximos a nosotros, la opinión pública que casi siempre tiende a destruir nuestra voluntad y personalidad, los Gobiernos tiránicos que nos destruyen con prohibiciones, los Gobiernos “democráticos” que tratan de uniformizar a los individuos cuando la realidad es que todos somos distintos y en ello consiste nuestra personalidad.

Thomas Hill Green, 1836-1882, pronunció varios discursos que fueron publicados después de su muerte, destacando Prolegómenos a la Ética de 1883, y Principios de la Obligación Política de 1887. Green afirmaba que la bondad moral no puede limitarse a la práctica de unas virtudes que sirven para ensalzar nuestro propio ego, sino que implica autoanálisis permanente de nuestras actuaciones y una conducta éticamente correcta. Como no se puede confiar en los análisis subjetivos que hace nuestra propia conciencia, es preciso que alguien entendido especifique los derechos de las personas que debemos respetar en nosotros y en los demás y los deberes que todos debemos cumplir. Pero también es posible que las leyes y la justicia estén en manos de personas inmorales llegados al poder gracias a su inmoralidad, y hay que vigilar a los jueces y a los gobernantes que hacen las leyes, pues la rebelión contra la inmoralidad es un deber del ciudadano en interés del Estado. Estas ideas abrieron un campo inmenso de estudios sobre las limitaciones del Estado y las limitaciones del individuo y dónde hacerlas compatibles. El Estado debe promover los ambientes sociales, políticos y culturales que den oportunidad a los individuos para formarse conciencias rectas y para ser capaces de actuar según su conciencia. La conciencia no debe ser moldeada por el Estado, sino se deben tolerar diversas formas de conciencia promovidas por diversas instituciones y agrupaciones sociales, pues entre todos es posible que lleguemos a analizar correctamente cada situación desde la diversidad y podamos hallar el camino que más se ajusta a la ética. En cuanto al papel del Estado, Green afirmaba que la ley proporciona y garantiza libertades a los individuos y de hecho da más libertades que las que quita, aunque los enemigos del liberalismo afirmen que sólo restringe libertad. Green afirmaba que la dimensión social del individuo exigía a éste ciertas renuncias en su dimensión individual, porque la libertad ganada con ellas es muy superior a la perdida por la renuncia hecha. Y además, el hombre está obligado moralmente a renunciar a todo lo indigno, lo no ético, porque en ese caso, lo que aparece como libertad no es sino destrucción de valores morales individuales y sociales.

 

En Italia, el moralista más famoso fue Wilfredo Pareto, 1848-1923, el cual se hizo célebre por la afirmación de que el 20% de la sociedad posee el 80% de la riqueza. Pero sus grandes aportaciones no están en una frase de éxito, sino que se dio cuenta de que el individuo tiene apetencias ilimitadas pero capacidad limitada de acceder a los bienes y servicios puestos en el mercado, no sólo porque la oferta de éstos es limitada, sino porque los demás individuos acaparan bienes y servicios por el hecho de estar en mejor disposición de acceder a ellos. El óptimo deseable es que el máximo de individuos acceda al máximo de bienes, pero ello resulta polémico, problemático. El ideal sería que las élites buscaran la redistribución social de la riqueza, pero la élite no es siempre la gente mejor preparada para dirigir al sociedad ni la poseedora de los principios éticos más sólidos, sino que hay diversos caminos injustos para llegar a la élite, como el hecho de que los ya instalados en ella coloquen a sus hijos, familiares y amigos, o el que aparezcan individuos de gran locuacidad que sean capaces de encandilar a las masas. También sería ideal que hubiera una gran movilidad en los cargos administrativos y políticos.

 

España quedará muy atrasada en este campo de la apertura social interna a la diversidad y a la ética, y los frutos serán terribles durante mucho tiempo.

 

 

Constituciones e ideología liberal en el XIX español.

 

Las constituciones españolas del XIX hacían referencia siempre a la tradición histórica española para justificar el texto que se presentaba. La “tradición histórica” es una frase vacía, sin significado alguno. En el pasado, España había tenido todo tipo de Gobiernos, feudal castellano, feudal aragonés, monárquico estamental de los Reyes Católicos, cesarista de Carlos I, absolutista de los Borbones… y luego los tendría moderados, progresistas, republicanos… Todo tenía antecedentes en el pasado. Apelar a la tradición histórica era no decir nada. Quizás, cuando se utilizaba la expresión se quería más bien decir, que el texto era “español” y no de procedencia extranjera. Pero en esta última acepción, se estaba entendiendo que los textos de la oposición tenían connotaciones extranjerizantes y los textos propios eran españoles al 100%, y ello era falso, era más bien un insulto al contrario. Y sin embargo, todas las constituciones españolas tenían mucho interés en mostrar que entroncaban con el pasado, con las “antiguas leyes de la monarquía” para, a continuación, manifestar que necesitaban una puesta al día y modificarlas en un sentido determinado. Ambos partidos gobernantes, moderado y progresista, actuaron de igual manera.

También se podía entender que, cuando se apelaba a las antiguas leyes, se trataba de legitimar el nuevo texto, que no era fácil de digerir: Todas las Constituciones españolas fueron oligárquicas, tanto las moderadas como las progresistas, un tema difícil de justificar. Todas canalizaban el sufragio a través del poder ejecutivo, deformando así la pretendida apertura del poder a los ciudadanos.

Un nuevo defecto a sumar a las Constituciones y partidos políticos españoles liberales del XIX, fue que todos consideraban sus principios como inmutables e innegociables, lo cual impedía el pacto con el contrario.

Y otro problema del liberalismo español era la confusión entre poder civil y poder militar, y subordinación del poder civil al miedo constante al golpe de Estado. Los militares no se presentaban a cargos políticos como tales militares sino como personas particulares, pero lo que los demás veían en ellos era la continuidad del Gobierno o la estabilidad ante la amenaza de golpe de Estado.

El final de la guerra carlista tuvo una influencia importante sobre la política militar: Los presupuestos militares cayeron drásticamente y del 43% del presupuesto del Estado en 1838, se bajó al 37% en tiempos de Espartero, 28% en tiempos de Narváez y 16% en 1863. En esta nueva situación, hubo una pugna entre militares y civiles por el presupuesto del Estado, pues si se dedicaba a necesidades civiles era a costa del presupuesto militar, y viceversa.

Junto a esta lucha económico-política, está la aparición entre los progresistas de una corriente antimilitarista que quería suprimir el ejército de reclutamiento obligatorio y sustituirlo por milicias ciudadanas, y atacaba a los militares desde la prensa, congreso y Senado. El progresismo estaba dividido por falta de definición clara doctrinal de sus objetivos.

Y también hay que tener en cuenta la aparición de unos políticos que se apoyaban en los militares y querían intervenciones militares para sacar adelante su política. Algunos militares vieron la posibilidad de aconsejar con éxito a la reina madre, la regente María Cristina, los nombramientos y ceses de ministros, y los militares que lo descubrieron se envalentonaron y adquirieron gran protagonismo político. Los partidos se dieron cuenta de ello y recurrieron a los generales para sacar adelante sus pretensiones. El sentido corporativo del ejército hizo el resto.

 

 

Sociedad e ideología liberal en el XIX.

 

La sociedad española en general no había evolucionado hacia el liberalismo. Algunos políticos y las constituciones sí eran liberales, pero el grueso del pueblo no tenía esa cultura.

La cúspide de la sociedad española eran los propietarios agrarios y la nobleza podía permitirse mantener su estatus social aunque las constituciones y las leyes les hubieran privado de su estatus nobiliario. Igualmente ocurría con la Iglesia, a pesar de haber perdido su condición de gran propietario. El ejército, la Iglesia y la burocracia, industriales, empresarios, comerciantes coloniales y nobleza de sangre, actuaban como si la constitución no existiese. De hecho, las constituciones eran letra muerta la mayor parte de las ocasiones de cada día.

La realidad política era que cada grupo trataba de introducir en el Gobierno el mayor número de ministros, subsecretarios, diputados, Gobernadores Civiles, altos cargos burocráticos, los cuales representaban los intereses particulares del grupo que les había elevado al puesto. Nadie representaba los intereses generales de los españoles. Cada clase política trataba de dominar un partido político a través del cual introducir a los suyos en los puestos de la Administración.

Y los grupos sociales dominantes, siempre detentaban los resortes de gobierno mediante la institución del Senado. A través del Senado ejercían la soberanía, por mucho que las Constituciones dijeran que ésta correspondía “al Rey con las Cortes”. El Senado ratificaba, o no, las leyes y las Constituciones. Y en el Senado estaban los generales, obispos, terratenientes, aristócratas y personajes de la Corte favoritos de la monarquía.

Miguel Artola distinguió entre “sistema político” y “sistema de poder”, siendo el sistema político el teórico orden constitucional vigente y establecido, y el sistema de poder el funcionamiento de la Administración en el día a día. El sistema político evolucionaría durante el reinado de Isabel II a través de las constituciones. El sistema de poder, evolucionó muy poco en el XIX español.

Quien tuvo en el siglo XIX la claridad para verlo fue José Posada Herrera. Era notorio que las elecciones eran manipuladas en cada municipio y en cada provincia. ¿Por qué, entonces, no podían ser controladas desde el poder central, que incluso evitaría mucha corrupción, aunque las corruptelas electorales existiesen? Y Posada Herrera se convirtió en “el gran elector”.

Igualmente que se controlaban las elecciones, el poder podía controlar los órganos judiciales, las Universidades, la Iglesia, el ejército. El sistema de poder podía ser utilizado en beneficio del Gobierno de turno.

Frente a la realidad de que el Gobierno estaba casi siempre en manos de los moderados, los progresistas consolidaron otro “sistema de poder” paralelo al del Gobierno, la utilización de la Milicia Nacional y de sus simpatizantes para armar alborotos en las calles o para amenazar con hacerlo. Los progresistas podían entorpecer la Administración y hacer caer al Gobierno e incluso amenazar a la Corona, los tres ámbitos de poder establecido. El XIX español es la lucha de dos “sistemas de poder”. Y la fórmula funcionó todavía durante el siglo XX, porque resultó eficaz.

 

 

Estado e ideología liberal.

 

Felipe V convirtió a los españoles desde vasallos de distintos señores, en vasallos de un solo señor, el Rey. La Constitución de Cádiz 1812 convirtió a los vasallos en súbditos y suprimió la condición de vasallo. Los vasallos debían sumisión a un señor feudal. Los súbditos debían acatamiento a las leyes de un reino, respeto al poder constituido. Fernando VII intentó volver a los españoles a la condición de vasallos, pero fue imposible. La sociedad ya no lo toleraba. Y el siguiente paso era convertir a los súbditos en ciudadanos, es decir, dotarles de derechos frente al Estado. El problema resultaba de mucho más enjundia que lo que se podía imaginar. Conceder derechos constitucionales o legales era muy fácil y hasta barato. Pero hacer llegar los derechos reales a todos los españoles era dificultoso y caro, en algunos casos irrealizable. Los liberales creían a principios del siglo XIX que habían descubierto el paraíso, pero resultaba que el paraíso era algo que había que conquistar y trabajar duramente entre todos durante mucho tiempo.    La concesión del voto era un derecho fácil de legislar, pero la aplicación de este derecho acarreaba muchos problemas muy graves, pues mediante el voto, podía legalizarse que los más, desprovistos de la riqueza, despojasen legalmente de su riqueza a los poseedores, les robasen legalmente el fruto de su trabajo, y con ello destruyesen los mecanismos de inversión, almacenamiento y distribución económica, base de la sociedad desarrollada. Entonces tuvieron que pensar en la restricción del voto, muy restrictivo si se trataba de moderados, o menos restrictivo si se trataba de progresistas, pero ambos eran doctrinarios.

El derecho a la seguridad o protección que el Estado debe hacer sobre la persona del ciudadano, sus bienes, su familia y sus derechos planteaba muchos problemas: ¿quién puede garantizar la seguridad, los derechos del ciudadano frente al propio Estado? ¿Quién pude proteger al ciudadano frente a la Administración? ¿quién le protege frente al ejército, frente a las instituciones como la enseñanza, la religión, la empresa, cuando estas instituciones son manipuladas por determinados individuos en contra de otros ciudadanos?

Y entonces se dieron cuenta de que la libertad y la igualdad y la propiedad son materias fáciles de legislar y poner en constituciones, pero muy difíciles de repartir entre los ciudadanos. El paraíso había que construirlo de la nada. Y aquello iba a ser una tarea larga, o más bien un ideal hacia el que caminar pero que no se conseguiría nunca en su perfección.

 

En la solución de este problema de la extensión de los derechos humanos, los liberales trataron de unificar y centralizar la Administración del Estado. De esa manera creían que todos los españoles estarían bajo las mismas leyes en iguales circunstancias. De alguna manera, continuaban la obra de los Decretos de Nueva Planta, 1707-1716, los cuales habían acabado con el dualismo entre Capitán General y Audiencia y habían establecido la Intendencia y la obligación para todos de obedecer las órdenes de la Corona y las del Gobierno central.

El moderantismo entendió enseguida que la igualdad era imposible a corto y medio plazo, y sólo se conseguiría a fuerza de extender la riqueza y la propiedad y la cultura. Como es dudoso que se pueda acabar algún día con la pobreza, la empresa se convierte en un ideal plausible, pero inalcanzable. La moral sería luchar por la extensión de la riqueza y la cultura.

El progresismo creyó que la igualdad era alcanzable a un plazo razonable, si se cambiaban las condiciones políticas. Creyó que había tierra para todos, en un mundo en el que todavía había latifundios mal explotados y tierras abandonadas. Creyó que había trabajo para todos si se aplicaba una política adecuada. Y cuando llegaron al poder, fracasaron una y otra vez, porque la empresa era muy superior a sus fuerzas, porque proteger el derecho a una casa para cada familia, un trabajo para cada persona… era una tarea demasiado complicada. Mientras pudieron echar la culpa a los acaparadores, a la nobleza, a la Iglesia, a los capitalistas, persistieron en sus ideas. Y llegó el momento en el que las masas se decepcionaron de la ineficacia de estos progresistas, y el movimiento desapareció, o más bien evolucionó a formas más radicales de anarquismo, comunismo, y populismo.

 

Los intelectuales del siglo XIX llegaron a distinguir entre pueblo y plebe. Pueblo era el conjunto de ciudadanos con derechos. Plebe era el conjunto de hombres que todavía no habían adquirido sus derechos y que era mayoría, proletariado. Algunos aceptaron que había que luchar para que más y más personas se integrasen poco a poco en la categoría de pueblo. Algunos falsos progresistas creyeron que el camino estaba en la liberación del trabajo, como si fuera posible que el hombre se liberara algún día del trabajo. Es precisamente mediante el trabajo como el hombre se libera y pasa de la categoría de plebe a la de pueblo con derechos. Y así surgió un tercer frente entre conservadores y progresistas, los utópicos.

Pero enseguida surgieron otros muchos frentes o posturas frente al problema de la extensión de los derechos humanos:

Los demócratas creían que mediante la acción legal se resolvía el problema de los derechos y libertades. Si se extendía el voto, primero hablaron de todos los hombres, los varones, se empezaba ya a transformar la sociedad.

Los intelectuales, algunos intelectuales, predicaron que mediante la extensión de la enseñanza y la cultura se conseguirían los derechos humanos. Algunos intelectuales empezaron a hablar de que éste era un camino también abierto a las mujeres, que podían ser integradas en la sociedad de los ciudadanos.

El cristianismo conservador dijo que la caridad y el amor al prójimo eran las armas que extenderían los derechos humanos.

Los anarquistas dijeron que la eliminación de toda autoridad e institución de poder de un hombre sobre otro se llegaría a la sociedad igualitaria en derechos.

La polémica no fue del todo estéril en Europa, pues surgió un movimiento antiesclavista en el que todos estuvieron de acuerdo, y la esclavitud se abolió en el XIX, siendo España uno de los últimos países desarrollados en hacerlo.

Era de observar que las clases sociales que conformaban la plebe, aceptaban su situación social con conformidad y mansedumbre en general, aunque hubiera minorías violentas que se manifestaban en contra. Éstos lograban una revuelta de vez en cuando, cuando el hambre apretaba o había suficientes líderes hábiles de palabra que les arrastraban a la violencia. Las antiguas crisis de subsistencias pasaron a convertirse en jornadas revolucionarias, pero no hubo mucho más cambios por ello.

Y había en el XIX español grandes cantidades de pobres, hambrientos y emigrantes, como puede haberlos luego en el XX o en el XXI: la burguesía madrileña calculaba que todos los días ingresaban en Madrid 1.000 ó 1.500 personas buscando algo para comer, fuera limosna o trabajo. Inconvenientemente manejados, podían ser un problema social grave. La sociedad bien educada creía que la solución frente a esta plebe sobrevenida era la generosidad, la caridad, la moralidad pública y privada… Pero eran tantos que no se encontraba eficacia. La sociedad menos educada pensaba que la solución era violenta, la expulsión, la violencia, el terror, el exterminio… Pero ¿a dónde expulsar a las masas que diariamente llegaban a supuestos vórtices de riqueza? ¿cómo aterrorizar a los que tienen la muerte como compañera? ¿cómo exterminar a una masa ingente y creciente de población sin subvertir todos los principios morales y sociales? No había soluciones.

El drama social fue inmediatamente utilizado por políticos e instituciones interesadas en autopromocionarse y sacar provecho de cualquier situación de desgracia: políticos con poco fondo moral, católicos con visión poco universal y poco cristiana, que preferían el bien de la Iglesia al bien de las personas, partidos que podían mostrar una bandera de enganche, sindicatos que podían arrastrar masas contra alguien o contra algo… Lo normal era crear un mito, un personaje redentor, amigo de la plebe, que llevaría al mundo hacia una solución, y que podía arrastrar a algunos plebeyos y a muchos ciudadanos. Se puede hablar en contra del hambre, de la pobreza, de la paz, principios contra los que nadie tiene nada que decir, pero de los que tampoco se dice nada. Simplemente se utilizan como banderas de enganche.

Y en algunas ocasiones surgió la ferocidad de la plebe, el cansancio, el hambre, el límite del sufrimiento, y entonces la plebe incendiaba, asesinaba, arrasaba. Para ellos no tenía sentido luchar por un general o por otro, creer en Dios o no creer. Si alguien les convencía de que algo tenía sentido luchaban hasta la muerte, pues la muerte les importaba poco a los que no tenían un mañana. Eran manipulables. Y los franceses y británicos comprobaron que los españoles, extremadamente corteses, alegres y serviciales, podían ser en un momento dado extremadamente sádicos en la tortura y muerte de quienes identificaran como sus enemigos.

En la segunda mitad del XIX, las masas se cansaron de moderados y progresistas, que no les entregaban el paraíso prometido a principios de siglo, ni tenían visos de hacerlo en muchos años. La violencia se convirtió en un concepto fundamental sin el cual no se puede entender el XIX español. Nos referimos a todo tipo de violencia, y sobre todo a la innecesaria: las guerras estúpidas por voluntad política, la represión de la calle por motivos políticos, el lanzamiento de la gente a la calle a sabiendas de que habría represión y precisamente para sacar beneficios de esos muertos ajenos, la violencia en los caminos y casas particulares ejercida por las masas hambrientas para comer algunas veces, y como negocio otras muchas… y la muletilla de que “otros lo hicieron primero”, que justificaba para muchos la acción de venganza.

 

 

La centralización del Estado liberal.

 

Una etapa en la tarea de centralización del Estado fue la creación del Ministerio de Fomento, aparecido en noviembre de 1832, que pasaría a denominarse Ministerio del Interior en 13 de mayo de 1834 y se llamaría Ministerio de Gobernación de la Península en 1835. Este ministerio era concebido como la cúspide de la Administración y órgano encargado de coordinarla. No se debe confundir este Ministerio de Fomento de noviembre de 1832 con el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas que en 29 de octubre de 1851, Gobierno de Bravo Murillo, pasó a denominarse Ministerio de Fomento, y que sólo era un órgano administrativo más. La cúpula de la Administración estaba en Gobernación, llamada Fomento en 1832.

Otro paso adelante en la tarea centralizadora lo dio Javier de Burgos al crear el sistema provincial. El 30 de noviembre de 1833, Javier de Burgos envió una circular a los subdelegados de Fomento en el que mandaba hacer una división territorial nueva. Ya existían las provincias desde el siglo XVIII. Incluso cada Intendencia se había creado adaptándose a las provincias existentes. Y en 1799 se habían creado seis provincias nuevas para diferencias territorios continentales costeros. Fueron creadas como nuevas provincias marítimas las de Cádiz y Málaga en el Estrecho, Alicante y Cartagena en el Mediterráneo, y Santander y Asturias en el Cantábrico. Carlos III ya había pensado que las dimensiones de las provincias debían ser análogas y que cada una de ellas debía ser regida por una audiencia. Y lo que hizo Javier de Burgos fue estudiar detenidamente el concepto y presentar un modelo provincial de 49 provincias que es de las pocas cosas no contestadas por los españoles y que sigue vigente dos siglos después. La explicación de este éxito es que respetó las trece viejas regiones históricas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, León, Murcia, Valencia, Islas Baleares e Islas Canarias); daba a cada provincia un nombre que no era polémico, el de la ciudad capital; tuvo en cuenta factores geográficos coherentes, que permitieran las comunicaciones desde cualquier pueblo a la ciudad capital; procuró que todas tuvieran entre 100.000 y 400.000 habitantes; y no tocó los territorios conflictivos como eran el País Vasco y Navarra. Pero Navarra pasaba de la categoría de Reino a la de Provincia, lo cual no gustó ni a los liberales ni a los carlistas navarros, pues querían sus propias Cortes navarras. Cada provincia tenía su propio Subdelegado de Fomento y sus empleados de Fomento (el Ministerio de Fomento se llamaría en 1834 Ministerio del Interior, y en 1835 Ministerio del Interior). El Subdelegado de Fomento sustituía al Jefe Político provincial creado en 1812 y se ocupaba de cuestiones como buscar fuentes de riqueza, estadística, instrucción pública y beneficencia. En el futuro, el jefe de una provincia sería el Gobernador.

El sistema provincial fue completado el 21 de abril de 1834 dividiendo cada provincia en varios partidos judiciales, de modo que se crearon 463 partidos judiciales. Los partidos judiciales se dividían en ayuntamientos, de los cuales había 9.355 en España.

Nuevos pasos hacia el centralismo unificador fueron dados con las reformas impositivas, las reformas de la enseñanza, y la desvinculación y desamortización, capítulos que son tratados en otros apartados de este trabajo.

Pero el gran avance hacia la unificación política nacional se produjo a partir de 1834 con el constitucionalismo. La Constitución unitaria es el instrumento fundamental del Estado unitario.

 

Detrás de este trabajo administrativo de unificación del país, había un trabajo teórico:

En 1834 se publicó en Madrid Compendio de los Principios de la Administración, una traducción de Charles Jean Batiste Bonnin, publicada originalmente en francés en 1812.

En 1834 se publicó Filosofía Política o elementos de la ciencia del gobierno y de Administración, obra de Bourbon Leblanc, publicada en Francia en 1824.

En 1835 apareció Curso de Derecho Administrativo de M.R. Gandilloc, publicado en España por José María de Saavedra.

Eran manuales franceses, un país que ya estaba realizando su centralización administrativa e iba muy por delante de España.

En 1843 apareció De la Administración Pública con relación a España, un libro de Alejandro Oliván, un español que ya era experto en la materia.

Estas teorías fueron las que pusieron en práctica, Pedro José Pidal, Ramón María Narvaéz y Alejandro Mon, primero, Juan Bravo Murillo en 1852, después de haber sabido del golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte de 2 de diciembre de 1851 y de la Constitución francesa de 14 de enero de 1852. Bravo Murillo tuvo que resignarse a que su reforma constitucional se quedara en proyecto. Lo volvieron a intentar Narváez y O`Donnell en la época de 1863-1866. Y se completó a partir de 1870 con la Ley Orgánica del Poder Judicial de Eugenio Montero Ríos, Ley del Matrimonio Civil, Ley del Registro Civil, la Reforma de la Ley Hipotecaria…

 

 

Economía liberal.

 

El liberalismo trajo también consigo una teoría económica, o la elevación de la actividad económica a la categoría de ciencia. Hasta entonces, la economía eran unas prácticas derivadas de la experiencia, que se habían traducido en mercantilismo en el XVII y XVIII y fisiocracia en el XVIII. El mercantilismo decía que cuando un país compraba poco y vendía mucho acumulaba oro y aumentaba la riqueza general. Acertaron, pero no sabían por qué. Efectivamente, en una economía escasa de numerario, muy escasa por cierto, y en la que el valor utilizado para el cambio era el oro, la abundancia del oro multiplicaba la riqueza. No conocían los problemas de la inflación. También afirmaban que si el dinero se movía con más velocidad se generaba más riqueza, y también acertaban porque el dinero es algo inmaterial y si el soporte sirve para más transacciones comerciales en el mismo tiempo, se multiplican las ganancias en los negocios. Tenían razón, pero podían haberse equivocado igual que acertaron, porque no sabían de qué estaban tratando.

En el XVII y XVIII surgió la curiosidad y necesidad de saber cómo funcionaba el dinero y la economía en general. Y surgieron teorías imaginativas como la fisiocracia.

Pero en el XIX el tema se convirtió en ciencia desde el momento en que se buscó y halló la unidad de medida de la riqueza, lo cual permitía el razonamiento a través de la cuantificación de diversas magnitudes. Esa unidad de riqueza era el trabajo.

Adam Smith, en su Ensayo sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones, de 1776, había planteado que la sociedad es un concepto elaborado por nuestro entendimiento, pero que la realidad son los individuos, lo cual se formuló como que la sociedad es la suma de los individuos que la componen. Así pues, la sociedad es una serie de tensiones entre intereses individuales, las cuales, en materia económica, buscan su equilibrio en el mercado. Una vez sentado este principio, afirmó que el valor de las cosas es igual a la valoración del trabajo que cuesta conseguirlas. Y es diferente para cada individuo, pues el mercado le da a cada individuo una valoración de su trabajo. No existe una valoración social media del trabajo, como se venía pretendiendo en la sociedad gremial. Pero esa valoración individual sólo se consigue en régimen de libertad, cuando el entorno de ese trabajador atribuye un valor a ese trabajo, sin intervencionismo del Estado y sin proteccionismos ni monopolios.

Malthus aportó a principios del XIX una mala noticia a la humanidad, pues afirmó la imposibilidad de dar trabajo y alimento a todos los individuos, pues la población crecerá siempre a mayor velocidad que los recursos, a no ser que se hagan intervencionismos drásticos. De todas maneras, la idea de que “siempre habrá pobres” es muy vieja, y Europa ha tenido ocasión de comprobarlo a principios del siglo XXI, cuando estaba consiguiendo un cierto nivel de bienestar y ha comprobado que llegan millones de inmigrantes a formar en las filas de los pobres.

David Ricardo aportó las ideas más precisas sobre el liberalismo económico hasta entonces formuladas: el trabajo, además de unidad de valor económica, es una mercancía más, y se valora en un mercado, el de la contratación laboral y el del mercado propiamente dicho si se llevan los frutos del trabajo a un mercado libre. Una vez asumido este principio, se llega a la conclusión de la posibilidad de las ganancias y las plusvalías, positivas y negativas, pues alguien puede vender en el mercado trabajo o mercancías por encima de un valor medio teórico, o por debajo de él. La existencia de ganancias es necesaria al progreso, pues constituyen posibilidad de ahorro, el cual se puede transformar en inversión en el momento en que se dedica a producir nuevos servicios y bienes. Y como el progreso es necesario, Ricardo formuló la Ley de Bronce de los Salarios: es conveniente que los salarios se ajusten al mínimo que permita sobrevivir al trabajador, de modo que las ganancias sean máximas, sea posible la inversión y se produzca el desarrollo. El máximo de riqueza se produce en condiciones de propiedad privada de los medios de producción, pues toda intervención del Estado lleva a limitaciones. Toda la realidad humana es susceptible de convertirse en mercancía.

Karl Marx a mediados de siglo XIX, aportará una nueva idea: las plusvalías son una injusticia social porque son desmesuradas, inmensamente mayores que la retribución al trabajo, y dado que no se produce la redistribución social de la riqueza, pues el empresario acumula dinero sin parar a costa del trabajador, ello conducirá a la destrucción del mercado, por destrucción de la demanda, en el momento en que el trabajador no tenga más que para comer. Como en un liberalismo mal entendido nadie controla que las plusvalías se conviertan en inversiones, lo cual revertiría a medio plazo en más puestos de trabajo y progreso social, el capitalismo libre conduce a su propia autodestrucción o “catástrofe final del capitalismo”.

En el siglo XX, el británico Alfred Marshall, 1842-1924, nos descubrirá un mundo nuevo, el de la microeconomía que estudiaba al consumidor individual y aportará el concepto de “elasticidad” y “rigidez” aplicable en los productos en la oferta y en la demanda. Según este nuevo concepto, descubrirá las razones del precio de las cosas, la tirada óptima a producir a fin de maximizar ganancias pues es una contradicción que cuanto más produzcas más se incremente la oferta y con ello tú mismo bajes los precios, y el óptimo de inversiones.

Y el británico John Maynard Keynes, 1883-1946, nos descubrió el mundo de la macroeconomía advirtiéndonos de que la oferta y la demanda son magnitudes complejas y como tal deben ser tratadas: la oferta se compone de una producción de bienes de consumo más una producción de bienes de inversión; a su vez, la demanda se compone de una parte destinada al consumo, demanda real, y una parte destinada al ahorro, susceptible de convertirse en demanda, es demanda potencial, y del cual podrán salir, o no, las inversiones que generarán la oferta. Los equilibrios económicos son pues mucho más complejos que lo que pensaban hasta entonces los expertos en el tema.

 

 

Inconvenientes del capitalismo liberal

 

La no intervención del Estado se contradice con la necesidad de cobrar impuestos para sostener al Estado, pues sin los impuestos, el Estado no puede garantizar el libre funcionamiento del mercado, la libre competencia y el orden público necesario para que la libre competencia pueda tener lugar. Y pensar que estas cosas funcionan solas, es creer que los hombres son buenos por naturaleza, la utopía milenaria. Por tanto, la intervención del Estado es imprescindible.

La libre competencia tiende a destruir el mercado a fuerza de bajar progresivamente los salarios más allá de la bajada de los precios. La libre competencia tiende al monopolio, y el monopolio tiende a apoderarse de las fuerzas políticas del Estado a favor de los empresarios, por lo cual es imprescindible la defensa del trabajador, con leyes y con sindicatos. Sin reparto social de la riqueza, se acaba con la demanda.

La moralidad del empresario debe ser vigilada a fin de que sus ganancias se conviertan en inversiones que generen trabajo y riqueza. Desgraciadamente, los mismos que piden reparto de las riquezas de los ricos, se embelesan con los dispendios en consumo que éstos hacen y compran las revistas que se dedican a mostrarlo en público. La moralidad del trabajador debe ser vigilada a fin de que respete la fábrica, y a sus compañeros trabajadores aunque sean su competencia laboral. Desgraciadamente, los mismos que hablan contra el capitalismo, no dudan en saquear pequeños objetos de la fábrica y en hablar mal de empresas de la competencia. La moralidad de los sindicatos debe ser controlada a fin de que no se conviertan en oficinas de un partido político determinado, organizadores de huelgas y de mal clima social cuando a ese partido político le conviene. Sin moralidad no funciona el capitalismo. Y en aras de la libertad, defendida por el liberalismo, se cometen inmoralidades de todo tipo.

La evolución técnica y progreso económico produce crisis cíclicas de superproducción. Superproducción es toda producción u oferta por encima de la demanda. Esta situación es inevitable: si progresa la tecnología, el incremento de la producción no será absorbido por el mercado. Si se extiende la mecanización, la conquista de nuevos mercados por los nuevos empresarios conducirá a la expulsión de algunos del juego de la producción. Como el empresario se resiste a dejar quebrar su empresa y dejar de ganar dinero, la crisis se produce de forma traumática, cuando el sistema no aguanta más y revienta, tras intentar buscar subvenciones y préstamos bancarios, obligaciones e impagos. La crisis es inevitable. O se hace ordenadamente cada vez que una empresa da signos de inviabilidad, o se hace bruscamente una vez que se hallan comprometidas otras empresas suministradoras y bancos, accionistas, ahorradores… de hecho, se ha investigado el que la evolución de las crisis del capitalismo funciona cíclicamente, en ciclos económicos que terminan en crisis. Hay ciclos de muy larga duración, “trend”, de unos cien a doscientos años, hay ciclos semiseculares, “kondratieff”, a cuyo final se produce otra crisis, hay ciclos decenales, “juglar”, que igualmente acaban en crisis y renovación de empresas y despidos masivos de trabajadores, e incluso hay ciclos bianuales y de duración inferior al año.

El capitalismo conduce al monopolio, a no ser que alguien externo a la empresa lo impida con leyes específicas. Y el monopolio conduce a que algunas empresas tomen dimensiones más fuertes que el Estado que debe en teoría controlarlas. Se hace entonces utópico pensar que el Estado va a imponer moralidad a estos empresarios. Más bien, es de prever que surja la corrupción y el empresario utilice la política al servicio de sus intereses particulares y no al servicio del interés general.

El secretismo es otro de los males del capitalismo. La gran empresa se financia con acciones, obligaciones y empréstitos, además de subvenciones de la Administración. Cada una de estas fuentes de financiación conlleva sus propias prioridades de cobro y recuperación de los invertido, distintas en cada caso. Como el asunto se lleva en total secreto para evitar ataques de las empresas de la competencia, el hombre de la calle está completamente desprotegido ante la realidad económica. Se le dice que debe invertir en acciones y obligaciones, en un acto de fe, en el que aparecen muchos “listos” que creen conocer los mecanismos para enriquecerse. Y surge el especulador. Todo ello nos lleva a una realidad: las empresas no tienen conciencia moral. La conciencia es un tema puramente individual, de la persona. El más santo y virtuoso varón, cuando tiene un dinero en el banco, una acción o una obligación, mira si ello le produce beneficios o se debe llevar su dinero a otra parte, y en esta actitud no excluimos absolutamente a nadie, ni a comunistas ni a nacionalistas, ni a católicos ni a musulmanes, ni a empresarios ni a obreros. Por tanto, el gerente de una empresa se verá obligado a presentar beneficios, o será despedido, no importando para nada las consideraciones de tipo social o moral. Si hay resultado positivos, será ratificado en el cargo, y si presenta pérdidas será despedido. Y si las empresas no tienen conciencia, la moral les debe ser impuesta desde fuera, mediante leyes y personas que las vigilen y sean ellas honestas, incorruptibles ante el dinero de la empresa.

 

 

Intervencionismo estatal.

 

La intervención del Estado en materia económica se puede hacer por varias vías:

Los impuestos progresivos cobran más porcentaje de sus ganancias a los que más ganan, y de ese modo se puede producir una redistribución social de la riqueza. Pero los ricos han encontrado la manera de no poseer nada, poniendo casi todo, todo en algunos casos, a nombre de la empresa, con lo cual reciben ayudas del Estado en vez de contribuir a su sostenimiento.

Los impuestos sobre el capital se han convertido en imposibles de cobrar, pues han surgido las multinacionales, empresas que han conseguido el privilegio de permanecer como una sola entidad económica sita en varios Estados a la vez. Ello produce la lucha entre esos Estados por tener en su territorio la dirección y la tributación de la empresa, lo cual les lleva a perdonar impuestos incluso en su totalidad, pues ello garantiza puestos de trabajo en su país. Así, que lo normal es que no se puedan cobrar impuestos al capital o siempre se cobren los más reducidos que existen en el mercado mundial.

La legislación laboral es otra manera de limitar los abusos del capitalista, pero también se ha convertido en algo irreal: ya hemos dicho que las empresas dan trabajo y ello le es muy importante a la Administración, y que muchas empresas tienen muchos más recursos que el Estado, o Ayuntamiento a que pertenecen. Por ello, las empresas son las que imponen la legislación laboral, o se limitan a incumplirla, sin que nadie sea capaz de exigírselo. Los sindicatos, u organizaciones de trabajadores, necesitan financiación, y esa financiación la obtienen de la Administración, de la Empresa y de los afiliados. Lo común es que se conviertan en brazos de un partido político concreto, aunque ello se lleve en silencio, pasando a muy inferior interés la defensa del trabajador. También es corriente que los sindicatos se conviertan en lugares de colocación de trabajadores que no están muy a gusto en su lugar de trabajo, y desean puestos más cómodos, con más posibilidades de autoadulación personal y aclamación de las masas de tus propios compañeros. Es bastante habitual que ante cualquier problema, el sindicalista convoque a la huelga, es decir, al sufrimiento de los afiliados, que él no comparte. En vez de trabajar por los derechos de los trabajadores, a menudo se limita a figurar como el oficinista burócrata que escucha a los trabajadores y les induce a votar contra determinado partido. Tampoco el sindicalismo garantiza la defensa del trabajador, sin la presencia de la moralidad.

La iniciativa empresarial pública a fin de hacer competencia al empresario privado y obligarle a bajar precios o mejorar calidades. Pero resulta que esta posibilidad convierte a muchos políticos en hombres populares, popularidad que les da el ofrecer puestos de trabajo, lo cual garantiza su permanencia en la política en muy buenos puestos y bien retribuidos. El peligro es que se emprendan negocios en contra de unos empresarios concretos y a favor de otros, que se dé trabajo a los hombres de tu partido y no a los de los rivales, y sea una fuente más de corrupción.

En fin la moralidad pública no está garantizada nunca, y es patrimonio de personas, de individualidades, dignas de todo elogio, que pueden estar entre los empresarios, entre los políticos, entre los sindicalistas. La moral es la clave de funcionamiento del sistema capitalista, y es lo que más se echa de menos.

 

 

Inconvenientes de la democracia liberal representativa parlamentaria.

 

La democracia tiene muchos defectos. Algunos políticos dicen que es un mal sistema político, pero que los demás son peores. Y no están desencaminados:

Es lenta en la respuesta a las demandas sociales, pues tiene tantos controles y mecanismos de precaución, y tantas discusiones parlamentarias entre partidos que se oponen siempre a todo, que a menudo, pasan años desde que se propone un tema hasta que se le da forma y se le aprueba definitivamente. Por ello, las democracias han recurrido a procedimientos de urgencia, como el decreto y el decreto-ley.

Produce inseguridad económica y jurídica en el momento en que la alternancia de Gobiernos de distinto signo van deshaciendo las leyes que hizo el anterior, y ello genera desconfianza del capital y carambolas en las sentencias judiciales.

Es propicia a las políticas a corto plazo, cuatro años en España, pues es el tiempo que dura una legislatura, y abandona los proyectos a largo plazo o los va cambiando a medida que pasan los distintos Gobiernos, pues cada Gobierno tiende a ganar las elecciones, de las cuales dependen miles de puestos de libre designación entregados a miembros del partido gobernante.

Los electores tienen sentimiento de la inutilidad de su voto individual, lo cual les lleva a la abstención. Ello provoca que las “minorías activas” tengan sobrerrepresentación en las instituciones y que puedan argumentar representar a una parte grande de los ciudadanos, cuando en realidad sólo se representan a sí mismos. Este fenómeno se ha potenciado con los nuevos medios sociales de comunicación, los cuales aconsejan odio hacia determinados políticos y amor hacia otros, sin que existan razones objetivas ni racionales para hacerlo, pero los manipuladores de esos medios saben que las masas actúan por los mensajes que reciben, sin pensar.

Utilización de las libertades y resortes políticos para fines distintos al democrático liberal. El ejemplo más conocido es Adolfo Hitler, pero hay decenas de parlamentarios en cada legislatura intentando utilizar los escaños en contra de la democracia y de la justicia.

Predominio de la plutocracia a través del dominio de los medios de información, televisiones, cadenas de radio y cadenas de prensa, los cuales dan relieve a las noticias que les interesan, minimizan otras, y enuncian las noticias a conveniencia de unos intereses, que a menudo no son los de la verdad y la justicia.

Tendencias del partido gobernante a perpetuarse favoreciendo a sus votantes y castigando a los votantes de partidos distintos al suyo.

Corrupción de los gobernantes, que se hace por dos medios: el primero lucro directo a costa de los beneficiados por las actuaciones y decisiones administrativas; la segunda, compra de voluntades por inversiones, subvenciones y empresas públicas a cambio de votos.

Crisis económicas y financieras periódicas, pues del hecho de no denunciar los problemas a fin de que salgan bien las estadísticas de cada año y aun de cada trimestre, resulta un estallido final de los mismos cuando los problemas se han hecho insoportables. Lo que se podía haber arreglado con algo de sacrificio, y no se hizo, provoca más tarde una hecatombe económica, financiera y de paro social.

El tratamiento de la desigualdad. Las regiones pobres necesitan la solidaridad de las regiones ricas, pero esto puede lugar a abusos de minorías en las regiones pobres aprovechando estas ayudas para gastos que no son de inversión, y el consiguiente enfado e insolidaridad de las regiones ricas. Los gobernantes populistas pueden hacerse propaganda a sí mismos repartiendo dinero entre los pobres, aunque el Estado no disponga de ese dinero, lo cual arruina al país.

Y otros muchos inconvenientes. La democracia no es el paraíso.

 

 

Estado y Administración en época isabelina.

 

La Administración necesita de una burocracia jerarquizada para poder ser eficaz. Una vez instituida la burocracia, ésta se convierte en apoyo del poder constituido. El poder necesita de la burocracia para que las provincias y los municipios actúen según criterios coherentes dictados por el Gobierno. Los burócratas necesitan del Gobierno para hacer su trabajo y para permanecer en sus puestos de trabajo. El burócrata es una pieza del sistema. No importa que los intereses de los gobernantes del momento sean cambiantes, que el Gobierno sea inestable, o que cambie la ideología política de los gobernantes. Los burócratas deben continuar con el papel que tienen asignado porque así siguen cobrando su sueldo y mantienen su forma de vida.

En 1867, el Gobierno español tenía 65.897 empleados en activo, de los que 30.776 estaban en la Administración del Estado, 4.519 en la Administración provincial y 30.602 en la Administración municipal. Todos los españoles aspiraban al “empleíto” o cargo en la Administración. Los moderados con más fuerza en la centralización. Los progresistas con más fuerza en los gobiernos provinciales y municipales. Pero todos estaban de acuerdo en tener más Administración, en conseguir puestos de trabajo no demasiado lastrados por el esfuerzo.

 

 

 

 

[1] Luis Díez del Corral, Introducción al doctrinarismo, 1945

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *