GOBIERNO MARTÍNEZ DE LA ROSA (2ª parte)

 

 

Relaciones de España con Hispanoamérica

a partir de 1834.

 

En 1833, era imperioso para España el evitar que los países hispanoamericanos establecieran relaciones con Carlos María Isidro. Por ello, se admitió en los puertos españoles a barcos hispanoamericanos concediéndoles tarifa de nación amiga. Se solicitó para ello un informe al Consejo de Estado, y se obtuvo favorable. Pero el Consejo de Estado puso unas condiciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con esos países:

Los nuevos países hispanoamericanos deberían hacerse cargo de la parte de la deuda exterior española que había en el momento de su independencia, cuando eran parte del Estado español.

Los nuevos países debían indemnizar a España por las pérdidas causada a los españoles durante los hechos de los procesos de independencia, incluidas las expropiaciones de bienes hechas.

Las negociaciones sobre ambos puntos, tendrían lugar en Madrid de modo que no intervinieran en ellas ni británicos ni estadounidenses.

México negoció sus relaciones con España antes de 1836, y España no aceptó el acuerdo hasta 1837 porque, previamente, las Cortes españolas discutieron, y aprobaron en 4 de diciembre de 1836, la ley de Tratados de Paz y Amistad con los Nuevos Estados de América Española. Esta ley reconocía la independencia de los Estados con los que se firmara un tratado de este tipo, y España renunciaba a todo derecho territorial y de soberanía sobre ellos.

En el caso de México, primer país en tener acuerdo con España, por haber sido negociado con anterioridad, España reconoció a la República Mexicana como una nación libre, soberana e independiente; España renunció a toda pretensión de gobierno, propiedad y derecho territorial en el Estado mejicano; cada Estado reconocía al otro el estatus de “nación más favorecida” en las relaciones comerciales. Como México había reconocido como suya, ya en 1824, cualquier deuda contraída con el erario público español en tiempos del Gobierno de la metrópoli, la negociación de las condiciones económicas no presentó problemas.

Ecuador ratificó, también sin problemas, en 1841, un tratado similar al mejicano.

Venezuela y Uruguay plantearon muchos problemas, pues se negaron a reconocer deuda alguna con España, e igualmente, se negaron a indemnizar a los españoles perjudicados en las expropiaciones que habían hecho. Con esos Estados, se llegó simplemente a una relación comercial por la que España podía vender en sus territorios. España sacó mucho beneficio de estos tratados en discordia, pues ganaba mucho en esas relaciones comerciales.

Con otros países americanos, la inestabilidad política de sus Gobiernos hacía muy difícil la negociación, pues apenas se comenzaba, ya habían cambiado los gobernantes en uno o en otro lado.

 

 

El problema de Cuba y Puerto Rico hacia 1834.

 

España era bien aceptada en Las Antillas, en tiempos de independencia de las demás colonias españolas, por una razón evidente: el absolutismo tenía controlada la producción, la comercialización y el mercado colonial, con lo cual tenían asegurada la venta de su producción a cambio de no incrementarla. Como el comercio exterior de España no se incrementaba desde hacía décadas, la producción estaba limitada por ese estancamiento económico español. Las posibilidades de incremento de mercado se veían en los Estados Unidos, en el norte, en competencia con los sureños que eran competencia directa. Los sureños estadounidenses eran partidarios de anexionar las islas del Caribe para así quitarse de en medio esa competencia desleal, a precios muy baratos, que amenazaba desde las islas españolas. A los empresarios del norte, los productos de Las Antillas les venían muy bien para mantenerse frente a los empresarios sureños.

España estaba sumida en el tradicionalismo político y amaba un sistema absolutista en que estaban asegurados los puestos de trabajo y las ventas, aunque al precio de renunciar al progreso, a la ampliación de la producción, a las bajadas de precios.

Por todas estas razones, Cuba y Puerto Rico no habían tomado parte en los movimientos independentistas hispanoamericanos de 1810-1824. Sus economías esclavistas estaban estabilizadas, y los hacendados no creían poder dominar las sublevaciones de esclavos previsibles si se declaraba la igualdad de derechos políticos. Necesitaban al ejército español para contener los deseos emancipadores. Y por otra parte, salir del dominio español supondría caer bajo el dominio británico o francés, de cualquier potencia que se comprometiese a pacificar las sublevaciones de esclavos. Con España, los hacendados y negociantes caribeños hacían prácticamente lo que les daba la gana, mientras que con Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, no tenían tan claro que pudieran seguir haciéndolo, dejar de pagar impuestos, tratar a sus trabajadores y esclavos al margen de la justicia, manejar negocios sucios…

La clase alta cubana eran los criollos poseedores de haciendas. Frente a ellos estaban los peninsulares llegados recientemente de España, soldados y funcionarios que decidían quedarse, los cuales cuando llegaban lo hacían con aires de superioridad, como llegados a tierra conquistada. Pasado algún tiempo, se daban cuenta de la superioridad del criollo hacendado, mucho más rico y mucho más culto. Entonces pensaban en la posibilidad de matrimonio con una rica heredera, tuviese los años que tuviese, pero ello daba oportunidades a muy pocos. Les quedaba el camino de ganar influencias en el Gobierno español, bien en sus relaciones con la península o bien dentro del Gobierno de la isla. A continuación, no tenían más que vender sus servicios a los hacendados para tratar de hacer fortuna. En esta sociedad cubana se habían formado organizaciones “mafiosas” que servían para todo: eliminaban a individuos molestos por una tasa, compraban sentencias judiciales, regentaban casas de juego y prostitución. Y todo funcionaba protegido clandestinamente desde el poder político. La sociedad cubana era así una sociedad compleja para un observador español, e incluso para los propios cubanos. Yuna gran parte de la población blanca se concentraba en ciudades importantes, donde constituían grupos de cierta importancia numérica y mucha importancia económica y política. Otra parte de la sociedad blanca, los hacendados, estaban distribuidos por el territorio, estaban poco organizados y carecían de líderes que les hicieran influyentes.

Y por ello, la sociedad blanca la consideramos en dos bloques, la conservadora a la que sólo interesaba el orden social para producir y la seguridad en la venta de sus productos, y la liberal que quería libertades e igualdad en derechos con los españoles. Muchos de estos últimos eran liberales huidos o expulsados de España.

Pero Cuba se estaba modernizando, y lo hacía muy rápidamente. En 1820, el intendente Alejandro Ramírez decretó impuestos nuevos en Cuba y logró mejorar las cuentas públicas. Luego fue acusado de desfalcos y corrupción, pero es un tema aparte. Ramírez importó maquinaria de vapor, “ingenios”, que mejoraron mucho la producción de azúcar. Empezaba el periodo industrializador en Cuba. En 1819, el empresario Pedro Diego ya había comprado máquinas de vapor y había logrado hacer toda la zafra industrialmente.

El producto de más importancia en la exportación, hasta 1833 fue el café. En 1833 se produjo el máximo. A partir de esa fecha, la competencia de América Central y Brasil hizo disminuir los precios, y cuba se pasó al azúcar. El azúcar tenía problemas en esos momentos, porque Alemania y Francia habían decidido cultivar masivamente remolacha azucarera. Pero Cuba tenía un as en la manga, los precios muy bajos, los cuales iban a salir de la explotación de la mano de obra esclava y de la importación de maquinaria industrial.

En 1825, Claudio Martínez de Pinillos y Cevallos mejoró el funcionamiento de las aduanas cubanas, lo hizo más ágil y eficaz, pudo conceder plazos más amplios para los pagos de derechos de aduana, y con ello mejoraron las importaciones y exportaciones.

Cuando el Gobierno de España percibió que había dinero en Cuba, decretó un nuevo impuesto sobre sobrantes (excedentes) y otro extraordinario de guerra con motivo de la guerra carlista 1833-1839, y puso en marcha desamortizaciones de tierras de la Iglesia por dos millones de reales, que duplicaban los ingresos de la hacienda pública cubana. Y Pinillos envió 2,5 millones de reales de forma inmediata, organizando un “empréstito” por el cual los hacendados y empresarios cubanos aceptaban adelantar dinero, y se lo descontarían de impuestos anuales futuros, con una ganancia del 12% de interés. Los hacendados se resistieron y apenas se recaudaron 0,5 millones de reales.

Los criollos cubanos más ricos, querían igualdad de derechos con los españoles. Los peninsulares recién llegados a Cuba, con aires de superioridad y predominancia sobre los cubanos, sabían de su inferioridad económica y cultural respecto a las grandes familias criollas. Los comerciantes cubanos querían libertad de comercio para vender al mejor postro internacional, salir del monopolio de España, mientras los dueños de haciendas, residentes en España o criollos ricos, preferían el monopolio español que garantizaba ventas y precios, aunque ello implicase limitación a la expansión de la producción.

Por otro lado, los poseedores de haciendas productoras de café y azúcar, querían mantener la esclavitud a toda costa y en ello estaban de acuerdo los comerciantes. España había firmado acuerdos con Gran Bretaña en 1817 y en 1835 aceptando como ilegal el tráfico de esclavos, pero nadie cumplía los tratados. La importación de esclavos era ilegal, pero el comercio ilegal importaba más esclavos que nunca. Si en 1817 había en Cuba unos 200.000 esclavos, en 1841 había 436.495, y teniendo en cuenta que la vida media del esclavo en un “ingenio” azucarero en la zafra, era de 15 ó 20 años, debemos concluir que la importación fue masiva.

Todos los esclavos introducidos después de 1820 tenían derecho a su libertad, pues habían sido esclavizados ilegalmente. Por tanto, toda la economía de los hacendados se apoyaba en una ilegalidad, y teniendo en cuenta que los negros eran inmensa mayoría sobre los blancos, la posibilidad de una sublevación aterrorizaba a los hacendados y comerciantes cubanos. En caso de revuelta, Gran Bretaña apoyaría a los sublevados, pues había exigido en 1817 la abolición de la trata de esclavos.

Algunos empresarios preferían a los hombres libres, eran abolicionistas, pues querían mano de obra abundante y libre que les permitiera salarios más bajos. Eran los abolicionistas.

 

En 1833, Gran Bretaña se propuso acabar con el sistema absolutista español, garante del statu quo, y favorecer una política liberal que abriera los mercados españoles y antillanos a los productos británicos. Metternich apoyaba la estabilización que le permitía abastecerse de alimentos españoles a precios previsibles, y por ello apoyó a los carlistas. Palmerston prefería a los liberales y la posibilidad de financiar a España con la consecuencia de penetrar en los mecanismos de financiación de los empresarios y comercialización de los productos caribeños. Francia también apoyaba el protoliberalismo español, pues no quería quedarse atrás en esos posibles negocios.

Andrew Jacson, Presidente de los Estados Unidos en 1829-1837, creía en una política expansionista de los Estados Unidos en el Caribe a pesar de que sabía que ello le enfrentaba al británico Villiers. Éste decidió apoyar financieramente a España y a los nuevos Estados hispanoamericanos a fin de que los Estados Unidos no tuvieran oportunidad de introducirse en esos espacios comerciales. Villiers apoyó la política de promover que España reconociese a las Repúblicas americanas. A cambio de su apoyo, exigía ventajas comerciales y que España cumpliese el Tratado de 1817 por el que se había comprometido a abolir la trata de esclavos. Villiers estableció relaciones con el cubano Martínez Pinillos, a quien concedió un crédito para la construcción del ferrocarril La Habana-Güimes, lo que significaba la entrada de gran cantidad de capital británico en Cuba. Simultáneamente aceptaba entregar grandes cantidades a España, las cuales estaban respaldadas por las cajas de Cuba. Eran entregadas por banqueros británicos en Madrid sobre las rentas provenientes de Cuba, con lo cual, los ingresos para España procedentes de Las Antillas, estaban comprometidos e iban a parar a Gran Bretaña. Desde ese momento, Gran Bretaña tenía intereses en Cuba, y el cónsul inglés, Hardy, no era un mero espectador de los acontecimientos.

Los comerciantes liberales y los hacendados absolutistas formaron en Cuba grupos políticos opuestos, que no dudaban en buscar cada uno sus propios apoyos internacionales sin importar para nada los intereses de España.

La subida al poder de los liberales en España en 1833, representó una pérdida de influencia para los hacendados absolutistas. Los liberales españoles no estaban de acuerdo en que el Estado incurriera en muchos gastos militares para que los hacendados cubanos obtuvieran grandes ganancias privadas. Los liberales reclamaban que el poder se debía ejercer en todos los territorios del Estado por igual, lo cual amenazaba con acabar con los “señoríos” de los hacendados cubanos.

En 1833, el Parlamento británico apoyó un plan de abolición gradual de la esclavitud en las colonias británicas, para lo cual dio un plazo de 7 años.

El 21 de marzo de 1834, Martínez de la Rosa dio una Real Orden cambiando a Mariano Ricafort Palacín, Gobernador y Capitán General de Cuba en 1832-1834, por Miguel Tacón I marqués de La Unión de Cuba, con facultades omnímodas a fin de que pudiera cambiar las relaciones sociales y económicas cubanas en el camino del liberalismo. Era una especie de absolutismo o dictadura, a favor del liberalismo. Debía controlar las posibles sublevaciones de hacendados cubanos.

El Estatuto Real de 10 de abril de 1834 concedió a Cuba las mismas libertades de que gozaban el resto de los españoles. Podrían elegir sus propios Ayuntamientos, organizar sus propias Diputaciones Provinciales y enviar Diputados el Estamento de Procuradores. La única diferencia con España, era que el Gobernador de Cuba podía suspender la aplicación de las leyes siempre que lo considerase oportuno y lo comunicase al Gobierno de Madrid, el cual debía ratificarlo.

En agosto se anularon las leyes que daban igualdad a los cubanos.

En 28 de septiembre de 1834, España decidió incrementar sus ingresos a costa de las colonias que le quedaban, fundamentalmente las del Caribe. Decretó una serie de impuestos indirectos, pues en colonias no se pagaban impuestos directos:

“Toneladas” era un viejo impuesto, del siglo XVII, que cobraba por peso del barco.

“Derecho real de exportación e importación”, que consistía en el 1% sobre las importaciones y exportaciones. En 2 de agosto de 1849, este impuesto se retocó para cobrar el 3,5% de lo importado en barcos de bandera española, y 8,5% – 11,5% de lo importado en barcos de bandera extranjera.

“Ancoraje” que era el cobro de pesos por buque fondeado en puerto.

“Producto de comisos”.

“Ramos ajenos y ramos de arancel” que era el conjunto de siete impuestos que se fueron acumulando en este capítulo entre 1832 y 1849 y eran: el “consulado” de febrero de 1832 por el que se pagaba el 0,5% de lo importado; “arbitrio para casillas de resguardo” de mayo de 1848, por el que se pagaban 2 reales por bocoy (barril grande) de azúcar; la “limpia de puerto” de 1849 por el que se pagaba un real por tonelada de peso del barco; los “faros” de 1849, por el que se pagaban 4 reales por pasar delante de un faro; “caminos” de 1849, por el que se pagaba el 0,5% de lo importado; “acueducto” por el que se pagaba el 1% de lo consumido en una ciudad; “arbitrio local”, por el que se pagaba un cuarto de real por quintal de peso pasado por aduana.

“Rentas terrestres”, que son una larga serie de impuestos entre los que destacan el subsidio, la renta de lotería, los productos de correo, el papel sellado y los derechos de tierras.

José Antonio Saco y Juan Montalvo del Castillo se pusieron al frente de los criollos cubanos conservadores y presentaron una serie de demandas ante el Estamento de Procuradores en Madrid: el Gobierno español debía bajar las cargas tributarias cubanas, debía dedicar los impuestos cubanos a la ejecución de obras públicas en Cuba, a la reforma de la administración judicial cubana, a franquicias de imprenta, a la organización de municipios y a la financiación de una Junta Provincial cubana, especie de Gobierno Autónomo de Cuba. Y además, el Gobierno español debía terminar efectivamente con la trata clandestina de esclavos y llevar mano de obra española a las islas del Caribe (se hizo en 1854, pero los empresarios los convirtieron en esclavos).

José Antonio Saco no aceptaba la igualdad de blancos y negros, pero exigía que los negros libres contabilizaran a la hora del censo electoral, para así obtener derecho a más diputados. Pero si agrandaba el censo admitiendo a todos los electores negros, tenía muy claro que los elegibles debían ser únicamente los blancos. Los hacendados conservadores no querían el liberalismo progresista: con una base social esclava, el liberalismo supondría conflictos sociales en pro del abolicionismo y los derechos políticos de todos.

El tema de los impuestos en colonias era complejo: durante los siglos XVII y XVIII se habían contemplado las colonias como fuente de ingresos para Hacienda, pero en vez de hacer pagar a los que tenían grandes fortunas en colonias, se intentó recaudar con impuestos indirectos sobre los productos coloniales. En el XVII, el oro satisfacía los apetitos de Hacienda. En el XVIII fueron el café, azúcar y té. Pero cuando los ingresos de este tipo habían empezado a bajar, se recurrió a los impuestos indirectos, impuestos que gravaban a toda la población por igual, a ganaderos, agricultores, comerciantes… porque se gravaban principalmente los alimentos y vestidos que todos necesitaban. Ello hacía cara la vida en colonias, pero le evitaba al Gobierno conflictos con las poderosas fortunas de los empresarios coloniales. El otro modo de cobrar impuestos, el impuesto directo, resultaba muy caro para los ciudadanos y poco rentable para el Estado, pues se hacía por “encabezamientos” por los que un señor adelantaba al Estado un dinero por los impuestos de un determinado territorio, encabezaba ese territorio, y se cobraba él durante el resto del año una cantidad muchísimo mayor e incontrolable por el Estado y mucho más incontrolable por los ciudadanos. Una tercera forma de cobro de impuestos eran los “subsidios” o pagos esporádicos a manera de derramas, que debían pagar todos los ciudadanos y que, como casi todos los sistemas de derrama, resultaban demasiado frecuentes y habituales. El Gobierno de España arrastraba una enorme deuda pública desde finales del reinado de Carlos III, incrementada hasta lo inaudito durante el reinado de Carlos IV, y ello había generado la necesidad de tomar empréstitos en el extranjero y emitir deuda pública en forma de vales reales al 3% y al 4% en cantidades inimaginables y que ni siquiera el Estado español conocía su cuantía. Se había llegado a la situación en que los intereses de la deuda eran mucho más altos que los ingresos de Hacienda, y los déficits anuales del Estado alcanzaban el 80% y el 100% de cada presupuesto anual. Gravar el comercio de colonias era una de las soluciones, como se había gravado todo en España hasta lo imposible, de modo que no se hacían efectivos los cobros porque no era posible cobrarlos.

En la Constitución de 1837, los liberales españoles cometieron algunos errores: la Constitución no estuvo vigente en Las Antillas. Las islas tenían derecho a elegir Diputados para el Congreso y ello constituía una contradicción.

En Cuba se estaba dirimiendo un conflicto entre los partidarios de la completa autonomía de los hacendados criollos, y los criollos partidarios de la igualdad de todos los españoles. Era un conflicto entre criollos. Francisco Arango y Parreño defendía la unidad de todos los españoles, pero con un gobierno autónomo cubano que atendiera las peculiaridades administrativas y políticas, económicas y sociales e la isla. La postura política de Arango no fue entendida en España, ni tampoco por los hacendados conservadores, pues entre los conservadores se extendió un pensamiento político de “todo o nada”, es decir, o los cubanos eran iguales a los españoles, o se les daba la independencia.

El Gobierno español decidió en 16 de abril de 1837 que las Antillas fueran diferentes, que tuvieran leyes especiales y que sus diputados no tuvieran derecho a escaño en las Cortes españolas. Se razonaba esta decisión en que los elementos humanos cubanos eran diferentes porque eran conflictivos, en que estaban lejos de Madrid, y en que las únicas personas con derechos políticos eran los blancos, una minoría social muy pequeña. Ello se contradecía con el hecho de que la Constitución de 1837 declarase españoles a todos los hombres libres nacidos o avecindados en los dominios de España, a sus hijos y a sus libertos.

El resultado de esta decisión de 1837, fue que 100.000 personas, de color pero libres, quedaron excluidos de sus derechos políticos, lo cual fue el origen de un conflicto mucho más grave en adelante.

Puerto Rico fue diferente. Era diferente a Cuba y también a España. Tenía sus propias leyes.

El 3 de noviembre de 1837 España puso nuevos impuestos a las colonias, un 2% a la importación bajo bandera extranjera y un impuesto de “aduanas y muelles” consistente en un 0,5% del tonelaje importado. En 30 enero de 1839 se modificó el impuesto de aduanas y muelles.

En 1838, los sureños de Estados Unidos, la competencia comercial de Cuba y Puerto Rico, pidieron la anexión de las islas del Caribe. Los del norte pedían respeto a la situación establecida. Se mostraba la diversidad de intereses, pues a los comerciantes les venía muy bien comercializar los productos isleños, más baratos que los que ofrecían los sureños.

La situación cubana en 1837 estaba evolucionando hacia una situación complicada internacionalmente: cada vez había más esclavos y se trataba al esclavo peor para obtener precios más competitivos. Si una década antes había en Cuba 100.000 esclavos en los trabajos del azúcar y el café, y otros 30.000 en trabajos diversos de las estancias, se habían introducido 60.000 esclavos más ilegales. Entendían que, para obtener más ganancias era necesario cultivar más campos con más esclavos, lo cual era un error, pues a más producción mayores bajadas de precios internacionales. Y sin embargo, no eran capaces de ver que la mayor cantidad del Producto Interior Bruto cubano la estaban obteniendo del trabajo libre. Y los grandes poseedores de esclavos querían un régimen político duro y estable, aunque fuera absolutista, pues ello les garantizaba el dominio de sus esclavos.

En 1838, Gran Bretaña decidió la abolición de la esclavitud. Ya lo había anunciado en 1833, dando un plazo de siete años, y consideraba que ya era la hora de hacerlo aunque no hubiese transcurrido el final del plazo. A partir de este momento, los hacendados de colonias británicas exigieron a su Gobierno que eliminase la esclavitud en todo el mundo, pues sería la manera de que todos compitiesen en condiciones de igualdad en el mercado. Los hacendados británicos estaban dispuestos a apoyar económica y militarmente todas las sublevaciones de esclavos del mundo.

 

Triunfó Gran Bretaña a partir de 1840, exportando todo tipo de material industrial a la España de Espartero, lo cual la convertía en el gran prestamista al que se le debían todo tipo de favores.

 

 

Crisis del Gobierno Martínez de la Rosa.

 

En 30 de junio de 1834 hubo elecciones en España. A partir de ese momento se entró en una crisis de Gobierno que duraría un año.

En julio de 1834 apareció el cólera en Madrid. Provenía desde La Mancha. Cundió el pánico en Madrid.

En 17 de julio de 1834, antes de abrirse las Cortes, fueron asesinados unos religiosos. Se les acusaba de carlismo. Los revoltosos, del bando liberal, acudieron a uno de los bulos más corrientes en la historia, que los religiosos habían envenenado las aguas y por eso había cólera. Se encontró que había una asociación llamada “Sociedad Isabelina” que tenía un proyecto constitucional alternativo. Murieron más de 80 religiosos a manos del populacho. Es un suceso bastante oscuro pues nadie pareció tener interés en mostrar quién azuzaba al pueblo, quiénes fueron los asesinos y cuántos fueron, si los impulsores eran de clase alta o clases populares como los ejecutores. Tenemos muchos ejemplos de casos parecidos en la historia de España. El Gobierno condenó el hecho pero no hizo una investigación seria y, consecuentemente, no se encontraron los autores.

En 24 de julio de 1834 se abrieron las Cortes, que duraron hasta mayo de 1835 en que se disolvieron. La Reina leyó el Discurso de la Corona escrito por Martínez de la Rosa.

Un tercio de los Procuradores habían sido diputados en 1810-1814 y tenían experiencia política. Y los demás, muchos eran intelectuales, profesionales, empleados, militares y propietarios medios que también sabían reaccionar contra los gobernantes. Entre ellos, emergieron pronto las ideas liberales. Los historiadores dan como explicación a esto, que una cosa era que Martínez de la Rosa procurara elegir Procuradores conservadores, y otra distinta que la mayoría de los que se presentaron a ser elegidos fueron liberales. Tenemos casos indicativos de este fenómeno: Agustín Arguelles no reunía los 12.000 reales de renta necesarios para presentarse a candidato, pero nadie se atrevió a vetarle como elegible.

La Asamblea no tenía poder legislativo sino labor de consulta, derecho de petición y funciones de asesoramiento de los legisladores. Pero inmediatamente pidió el poder legislativo. Y se mostraron radicales. Lo curioso es que en 1837, cuando se les concedió el poder legislativo, se mostraron moderados y predominaba el partido moderado.

El Estamento de Próceres se adhería por lo general a Martínez de la Rosa, no todos. Pero el Estamento de Procuradores se dividió entre gubernamentales y antigubernamentales. Los antigubernamentales fueron llamados “la oposición”. El Eco del Comercio opinaba que había 92 Procuradores “ministeriales”, 58 de la oposición y 58 flotantes (no decantados), de un total de 210 Procuradores. Ningún grupo era mayoría absoluta. Pero en la oposición estaban las figuras políticas más conocidas y con más experiencia parlamentaria y oratoria más elocuente, y además residían en Madrid, mientras los ministeriales o gubernamentales eran gente de provincias que continuamente debían ausentarse de Madrid para resolver sus asuntos personales.

Los primeros días, los de la oposición eran mayoría en la Cámara. Más tarde, todo dependió del número de gubernamentales presentes y de la decisión de los “flotantes”.

El 28 de agosto de 1834, Joaquín María López hizo una propuesta presentando a la Cámara una Tabla de Derechos que se debían añadir al Estatuto Real. Derechos de los ciudadanos como libertad individual, libertad de imprenta, igualdad ante la ley, seguridad personal e inviolabilidad de la propiedad, milicia nacional. La propuesta suscitó una gran discusión en la que, según Fermín Caballero, destacaron los Procuradores de la oposición como López, Alcalá Galiano, Arguelles, Navas, Fermín Caballero, Istúriz, González, Trueba, Pedrajas, Pizarro, Ortiz de Velasco, Albergues, Rodríguez Vega, Cano Manuel. La moción de Joaquín María López fue aprobada por 57 votos contra 53. Como los Procuradores no tenían función legislativa ni derecho de veto, ni capacidad de censura, aquello sólo era una petición al Gobierno, y María Cristina se negó a firmar esa petición. Lo único a anotar fue que Martínez de la Rosa había sido derrotado en la Cámara en los primeros días.

En 11 de octubre de 1834, el conde de Toreno, ministro de Hacienda, presentó los Presupuestos del Estado para 1835 y la discusión fue muy larga hasta el punto de no ser aprobados hasta 26 de mayo de 1835. La polémica consistía en que, la Ley de Presupuestos, confeccionada por López Ballesteros, creaba cuatro tarifas en las que se incluía un Subsidio de Comercio. La idea de que la industria y el comercio debían contribuir se había iniciado entre 1813 y 1817, pero no se impuso hasta 1835. Con ello se abrió un nuevo campo para los impuestos, que ya no gravaban sólo a la tierra y las personas. Los liberales se sentían dañados.

En enero de 1835 hubo un pronunciamiento en Correos, en donde Cordero mató al capitán general de Madrid, general Canteras.

 

 

Caída de Martínez de la Rosa.

 

El 29 de enero de 1835 se declaró la insolvencia de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, la gran empresa que abastecía a la capital en monopolio, y a gran parte de España de casi todo lo que se compraba.

En enero de 1835 se sublevó el teniente Cayetano Cardero de la Vega en Puerta del Sol, edificio de la Casa de Correos, pidiendo reformas políticas. El Capitán General José de Canterac acudió a hablar con los sublevados y murió de un tiro en la espalda. Fue sustituido por el general Llauder. Se temía que la Milicia Urbana estuviera detrás de los militares sublevados. Se negoció con los sublevados, los cuales salieron con honores del edificio que habían ocupado. No se investigó qué había pasado, ni se exigieron responsabilidades a pesar de que había muerto un capitán General.

La prensa liberal como La Abeja, El Mensajero de las Cortes que manejaba San Miguel, y El Eco del Comercio que manejaba Fermín Caballero, hicieron saber al público lo que estaba pasando.

 

El 31 de enero de 1835 se abolieron las pruebas de limpieza de sangre, cambiándolas por un certificado de ser hijo de matrimonio legítimo y tener acreditada buena conducta.

El 7 de febrero de 1835 los Procuradores recordaron las peticiones hechas en agosto de 1834, y el ambiente se tensaba entre Martínez de la Rosa y los liberales del Estamento de Procuradores. La Reina volvió a negar su firma.

 

El 17 de mayo de 1835, el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado, por unanimidad, hicieron que el Gobierno solicitase cooperación a Francia, Gran Bretaña y Portugal para acabar la guerra carlista. La idea era que un ejército francés ocupase las Provincias Vascongadas y que la flota inglesa vigilase las costas del Cantábrico. Francia y Gran Bretaña dijeron que no intervendrían en la Guerra Carlista española, pero autorizaron a sus respectivos ciudadanos a inscribirse como voluntarios en el ejército español. Así, en Gran Bretaña se levantó la “legión auxiliar” cuyo comandante fue Evans, y Francia llevó a España una parte de su Legión Extranjera de Argelia. Lo que llegó a España fue lo peor de ambos países, como era de esperar, y los abusos de los españoles que había tratado de moderar el convenio Elliot se quedaron pequeños. Los españoles tenían escrúpulos y sentían rechazo a utilizar a estos hombres, de Gran Bretaña y Francia.

Portugal no envió mercenarios, sino tropas regulares, las cuales fueron muy utilizadas y estimadas por los cristinos.

A cambio de la ayuda prestada, Gran Bretaña y Francia se sintieron con derecho a influir en la política española. La Reina enviaba a sus Secretarios de Despacho a casa del embajador británico Villiers y le consultaba cada decisión a tomar, incluso asuntos internos como si debía aceptar la dimisión de Toreno o sobre qué política debía seguir Mendizábal en Hacienda. Gran Bretaña estaba encantada con la actitud de Mendizábal, un hombre que consultaba todas sus decisiones a Villiers y le pedía permiso para ejecutarlas.

 

Las Cortes utilizaron su derecho de petición, por 56ª vez durante el Gobierno de Martínez de la Rosa, para pedir que el Gobierno se sometiese a la soberanía de las Cortes. Martínez de la Rosa se negó, incluso a que la petición fuera leída. En mayo de 1835, las Cortes pusieron moción de censura al gobierno y, entonces, Martínez de la Rosa decidió disolverlas. Sólo quedaba el pronunciamiento como vía política de reforma.

En el verano de 1835 aparecieron juntas en Málaga y Cádiz pidiendo la constitución de 1812. Las protestas fueron acalladas con la sustitución de Martínez de la Rosa por Toreno en junio, y éste por el progresista Mendizábal en septiembre

 

En junio de 1835 cayó Martínez de la Rosa. Fermín Caballero puso una moción de censura al Gobierno y ello se discutió el 11 de mayo de 1835, aunque las Cortes no tenían poder para censurar al Gobierno. Los Procuradores aprobaron la moción de censura por 4 votos de diferencia y presentaron la moción a la Reina. La reacción de Martínez de la Rosa fue cerrar las sesiones de Cortes, pero el ambiente se hizo malo y acabó dimitiendo en junio de 1835.

 

 

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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