GOBIERNO MARTÍNEZ DE LA ROSA

15 enero 1834- 6 junio 1835

 

A principios de 1834, el general Manuel Llauder Camín, repitió la petición de que Cea-Bermúdez fuera cesado. Llauder no era liberal, y en su petición incluía la reunión de las antiguas Cortes del Reino. Y al poco, le llegó a María Cristina otra petición en el mismo sentido, proveniente del general Jenaro Quesada, Capitán General de Castilla la Vieja. Llauder y Quesada estaban llevando la guerra contra los carlistas y eran por tanto hombres de peso. Ello decidió al Gabinete en pleno a pedir la destitución de Cea-Bermúdez y éste dimitió el 15 de enero de 1834.

La dimisión de Cea-Bermúdez y la promesa de remodelación ministerial suavizó la crisis.

Javier de Burgos argumentó que en puridad liberal, el Ministro de Estado no podía ser a la vez Jefe de Gobierno y Martínez de la Rosa no ejerció como Jefe de Gobierno hasta febrero de 1834. Martínez de la Rosa había sido liberal exaltado en 1822, moderado en 1820, era buen orador y con facilidad de palabra, y era escritor de cierto prestigio. Tenía fama de liberal, pero era muy moderado, muy de derechas.

 

Presidente, Francisco Martínez de la Rosa.

Estado, Francisco Martínez de la Rosa.

Gracia y Justicia, Nicolás María Gareli Battifora / 19 febrero 1835: Juan de la Dehesa.

Hacienda, José Aranalde / 7 febrero 1834: José Imaz Altolaguirre o José Agustín Imaz Baquedano / 18 junio 1834: José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, VII conde de Toreno.

Guerra, Antonio Remón Zerco del Valle / 2 noviembre 1834: Manuel Llauder Camín, marqués de Valle de Rivas como titular, pero en realidad ejercía Francisco Martínez de la Rosa / 17 febrero 1835: Jerónimo Valdés / 8 abril 1835: Valentín Ferraz.

Marina, José Vázquez Figueroa

Fomento General del Reino, Francisco Javier de Burgos Olmo / 17 abril 1834: José María Moscoso de Altamira Quiroga / 17 febrero 1835: Diego Medrano.

 

Del Gobierno de Cea-Bermúdez, Antonio Remón Zerco permanecía en Guerra y Javier de Burgos en Fomento. Los cambios se concretaban en que Martínez de la Rosa entraba en Estado, Aranalde en Hacienda y Gareli en Justicia.

El nombramiento de Martínez de la Rosa era una señal de la Reina Gobernadora de que quería abrir una vía de diálogo con los liberales, que convocaría Cortes y promovería la discusión de una Constitución. Era el reconocimiento de la gravedad del levantamiento carlista y de la necesidad de contar con los liberales para salvar el trono de Isabel II.

El ambiente internacional era más liberal que en años anteriores. Portugal se había dotado de un Gobierno liberal promovido desde Gran Bretaña. Francia había transformado la Carta Otorgada de 1814 en Constitución de 1830.

España, por el contrario, que en 1814 y 1820 había sido un bastión del liberalismo, era todavía en 1834 un reducto del absolutismo. El Gobierno español de 1834 tenía interés en dar ante el exterior una imagen más liberal sin cambiar nada en el interior. Reconoció a Luis Felipe de Orleans y a Leopoldo de Bélgica en la idea de obtener reciprocidad, pero los cambios hacia las libertades liberales eran muy tímidos.

Martínez de la Rosa fue elegido por su historial personal ligado al liberalismo, aunque su pensamiento en 1834 estaba más cerca del absolutismo que de los liberales. Fue elegido como el hombre capaz de hacer evolucionar el sistema político hacia el liberalismo, de realizar la transición. Martínez de la Rosa prometió convocar Cortes, pero se negaba a poner en vigencia la Constitución de 1812 a la que consideraba revolucionaria.

 

 

Las reformas políticas de 1834.

 

El programa de Gobierno de Martínez de la Rosa era legitimar el trono de Isabel II frente al “usurpador”, establecer unas Leyes Fundamentales de la monarquía que estuvieran de acuerdo con el nuevo espíritu político y hacer mejoras progresivas acomodadas a las posibilidades reales del estado de la nación. A fines de enero de 1834 mandó que se redactara un proyecto político nuevo, que sería conocido como Estatuto Real, y Martínez de la Rosa, Nicolás María Gareli Battifora y Javier de Burgos se pusieron a redactar un anteproyecto constitucional.

El 26 de enero de 1834 se crearon las Reales Audiencias provinciales. Los tribunales superiores de cada provincia pasaron a llamarse Audiencia Provincial de la provincia correspondiente, y se crearon Audiencias en Burgos y en Albacete. Eran tribunales colegiados con jurisdicción en la provincia. Estas Audiencias serán reglamentadas en 26 de septiembre de 1835 atribuyéndoles las apelaciones en segunda y tercera instancia y los recursos de nulidad. Posteriormente, en 19 de diciembre de 1835 se las denominaría Tribunales Superiores de sus respectivos territorios, excepto Mallorca, Canarias y Navarra que conservaron el nombre de Audiencias. Así permanecerían hasta la reforma judicial de 1870.

El 25 de febrero, Javier de Burgos facultó a todos los españoles para ejercer la industria. Intentaba con ello ganar el liderazgo del Gobierno. No sólo no lo consiguió, sino que su figura quedó reducida a casi nada en cuanto a influencia política. La causa era que Javier de Burgos quería reformas administrativas previas a las políticas, mientras el resto del Gabinete quería las reformas políticas por delante.

El 6 de marzo de 1834, una Real Orden legitimó las ocupaciones de baldíos y realengos hechas por particulares hasta entonces. Era un litigio de dimensiones extraordinarias que se solucionó legitimando al infractor.

En primavera de 1834, Martínez de la Rosa abordó las cuestiones políticas más importantes: Convocó Cortes, organizó la campaña militar contra los rebeldes carlistas mandados por Zumalacárregui y elaboró el Estatuto Real.

El 24 de marzo de 1834, Martínez de la Rosa tomó una de las decisiones más trascendentes de su Gobierno y fue la eliminación de los Consejos: El 24 de marzo de 1834 se suprimieron los Consejos: el Consejo y Cámara de Castilla, el Consejo de Guerra, el Consejo de Hacienda y el Consejo de Indias, y se reformó el Consejo de Órdenes, que era una institución papal y no se atrevieron a suprimirla sin más. Con ello se acabó el sistema de gobierno caracterizado por la convivencia de Consejos y Secretarías de Estado y de Despacho inaugurado en tiempos de Felipe V.

El Consejo de Castilla fue sustituido por dos organismos nuevos que fueron el Consejo Real de España e Indias (que tomó las funciones gubernativas del Consejo de Castilla), y el Tribunal Supremo de España e Indias (que tomó las funciones judiciales del Consejo de Castilla). Los últimos Presidentes del Consejo de Castilla en 1834 fueron Francisco Fernández del Pino y Juan Antonio Inguanzo, sucesivamente. Las funciones del Consejo de Castilla se integraron en otros organismos: las de tipo judicial, en el Tribunal Supremo de España e Indias; las de tipo consultivo, en el Consejo Real de España e Indias y sus siete secciones de Estado; Gracia y Justicia; Guerra; Marina; Hacienda; Fomento; e Indias.

El 28 de septiembre de 1836 se suprimiría también el Consejo Real de España e Indias. El Consejo Real sería suprimido por la Constitución de 1837, pero volvería a imponerse en 6 de julio de 1845 con Narváez, esta vez como órgano consultivo preceptivo para todos los órganos inferiores de la administración. En 6 de julio de 1845 se plantearía un Consejo Real como cuerpo supremo consultivo, pero ya no volvieron nunca más los Consejos como órganos de Gobierno.

La diferencia entre Consejos y Secretarías de Despacho, era que en el sistema de los Consejos, el rey escuchaba a los Presidentes de Consejo porque éstos estudiaban concienzuda y largamente cada tema desde el punto de vista jurídico y político y era el Rey el que solía mandar ejecutar las conclusiones que éstos le planteaban, aunque el proceso era muy lento. Mientras que en las Secretarías de Despacho, el Rey exponía los puntos a debatir, escuchaba a los Secretarios de Despacho que preparaban los temas con rapidez y se tomaban las decisiones que parecían oportunas de forma inmediata, unas por el Rey y otras por el Secretario de Despacho. Si el Secretario de Despacho era honesto y capaz, el sistema resultaba más ágil y eficaz, pero también era más “absolutista” en el sentido de autoritario, pues se tomaban decisiones sin consultar a la nobleza e Iglesia con la amplitud acostumbrada en la España de los Austrias.

En 1834, el Gobierno abolió las Juntas de Fe y creó la Junta Eclesiástica.

El Decreto de 20 de mayo de 1834 fijó los Procuradores en la cifra de 188, de los cuales 111 resultaron conservadores, seguidores de Martínez de la Rosa, y 77 liberales, más progresistas. Este mismo decreto fijaba como método de elección el sufragio indirecto, de modo que los Partidos Judiciales elegían a 950 compromisarios, que se reunían en las provincias para elegir a los 188 procuradores. Tenían derecho a voto los mayores contribuyentes de cada pueblo, lo que significaba 16.026 ciudadanos solamente.

 

 

La reforma de la política exterior.

 

La reforma más importante de Martínez de la Rosa se produjo en el Ministerio de Estado, correspondiente a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Martínez de la Rosa inició la reforma creando en 1834 la figura del Subsecretario, figura intermedia entre el Secretario-ministro y el Oficial Mayor de la Secretaría de Estado y Despacho, con más capacidad de decisión que el Oficial, y más técnico que el Ministro. Estaba nombrado por el Ministro y quedaba a las órdenes del mismo, pero solía durar mucho más que los ministros y se ocupaba de todos los asuntos de puro trámite, dejando al ministro con más capacidad de iniciativa y de trabajo. La reforma la continuó Toreno en 1835, y por ello se habla de ambos como protagonistas del cambio en nuestra diplomacia exterior.

Un Estado es fuerte en tanto que tiene capacidad para defender sus propios intereses frente a las potencias internacionales, y es capaz de tomar iniciativas en el proceso de la negociación internacional a fin de favorecer a sus empresas, en el exterior y en el interior, y a sus ciudadanos, lo que a la postre incremente la riqueza del país, lo cual es la consecuencia de una buena política interior. Por ello es fundamental una buena diplomacia, un buen servicio de Asuntos Exteriores, o como dirían en 1834, un buen servicio de Estado.

Pero para tener un buen servicio diplomático, el país debe contar con minorías selectas preparadas para hacer ese trabajo y para gestionar el Gobierno en su conjunto, pues política exterior va muy unida al Gobierno. Las empresas y minorías sociales cultas dan la imagen del país ante el exterior. Pero las personas preparadas deben saber presentar las iniciativas, empresariales y políticas, para lo cual, debe existir previamente una doctrina política elaborada sobre la cual actúen Gobierno y diplomáticos.

Un buen servicio diplomático ofrece buena información sobre lo que ocurre en los países en donde están destinados sus funcionarios, y procura establecer buenas relaciones con los políticos y empresarios de esos países. Con estas armas, el país afortunado, pude tomar decisiones sin miedo a equivocarse e incluso liderar a otros países que no tengan tan buen servicio diplomático. La labor de asesorar al Ministro de Exteriores o de Estado, es muy importante.

Un buen Ministro de Estado, debidamente asesorado, tiene capacidad de decidir por sí mismo o de aconsejar las decisiones al Presidente del Gobierno, según sea el régimen político de que estemos hablando. Por ello es también importante la coordinación entre Embajadores, Ministros y Presidencia del Gobierno, coordinación que sólo es posible mediante funcionarios preparados, disciplinados y disponibles en su trabajo. Cuando estas circunstancias no se producen, las decisiones de política exterior, y muchas de política interior relacionadas, recaen sobre tecnócratas, que resuelven los asuntos a su manera. Pero las grandes decisiones sólo se pueden tomar con la presencia de un líder en la Jefatura del Gobierno o del Estado en su caso, el cual debe saber imponer objetivos, hacer guardar la disciplina a sus funcionarios y siga unas líneas coherentes en sí mismas y no cambiantes a cada momento. El líder debe saber concretar los intereses nacionales a defender en cada momento y limitar la propuesta de iniciativas a lo que realmente se pueda hacer, sea factible al nivel de fuerzas del Estado que gobierna. No se trata de estar presente en muchas reuniones, conferencias, simposios, y organizaciones internacionales, ni hacer muchos discursos altisonantes sobre países ajenos, sino estar precisamente en aquellas organizaciones que sirvan a los objetivos de la política del país en cuestión, de forma que se demuestre al mundo que un Gobierno es coherente, persigue unos intereses claros con nitidez y persistencia, y es capaz de conseguir muchos de los objetivos que emprende.

Y en España había mucho que hacer en este campo. Fernando VII había tenido una diplomacia espantosa, mala en todos los sentidos, y había que rehacer muchas cosas.

El político importante que se había preocupado anteriormente por la diplomacia española fue Floridablanca, allá por 1777. Este Ministro reguló las competencias de la Secretaría de Estado y se preocupó por tener un equipo de embajadores de calidad, para lo cual enviaba a jóvenes diplomáticos al extranjero unos años, a fin de que aprendieran idiomas y conociesen la realidad de distintos países, de forma que España dejara de hacer el ridículo con hombres que decían hablar francés y no les entendía casi nadie, ni entendían a nadie, y desconocían cualquier otro idioma, y ni siquiera se molestaban en aprenderlo aun siendo embajadores de España. Era un nivel básico y elemental para mejorar la diplomacia, pero era algo.

La Constitución de 1812 había reducido las competencias de la Secretaría de Estado a la gestión de los asuntos exteriores, lo cual facilitaba que el Secretario de Estado y Despacho se ocupara mejor de la diplomacia.

José García León y Pizarro intentó en 1820 mejorar la organización interna de la Secretaría de Estado, la otra parte del buen funcionamiento deseable.

Un Real Decreto de 31 de diciembre de 1824 concedía al Primer Secretario de Estado el título de Presidente del Consejo de Ministros, es decir, unificaba la dirección de la política exterior con la Presidencia del Gobierno. A partir de esta fecha se dieron muchas ocasiones en que el Presidente del Gobierno fue Ministro de Estado, y otras en las que ambos cargos eran ejercidos por personas diferentes. En esta fecha, todavía el Secretario de Estado tenía muchas adherencias no propias de la diplomacia exterior, tales como correos, postas, caminos, concesión de distinciones (Orden del Toisón, Orden de Carlos III), dirección de Academias…

En 1832, con Cea Bermúdez se había dado un paso hacia la eficacia de la diplomacia exterior regulando que las funciones de la Secretaría de Estado fueran: correspondencia con Cortes extranjeras; nombramiento de embajadores y delegados en el exterior, y relaciones con esos cargos; comercio exterior; registro de los Grandes de España, nobles titulados, Maestrazgos y Órdenes Militares.

Pero todavía la ineficacia de la diplomacia española era notoria para los entendidos, españoles y extranjeros. Se necesitaban reformas profundas.

En este punto actuó Martínez de la Rosa en 1834 creando la figura del Subsecretario de Estado. El Subsecretario debía ser un hombre preparado técnicamente y con formación académica buena, al que se le concedía poder de decisión en los asuntos de trámite, y debía advertir al Ministro de los asuntos de mayor calado que se presentaban. Además, Martínez de la Rosa creó plantillas de funcionarios y distribuyó los negocios de la Secretaría de Estado en “secciones”, de modo que cada sección se ocupase de un tema y no se dispersara en muchos asuntos heterogéneos. Con ello, Martínez de la Rosa esperaba dar agilidad a la diplomacia española, descargar a los Ministros de Estado de muchos asuntos triviales y de puro trámite, y dejar a sus ministros tiempo y maneras para dedicarse a los asuntos importantes y para llevarlos a las Cortes debidamente informados.

El Subsecretario de Estado se nombraba a propuesta del Ministro de Estado y quedaba a las órdenes del Ministro. Pero ocurría que el Subsecretario era muchas veces un experto en el tema, y el Ministro era un cargo político que sabía poco. Además, ocurría que el Ministro cambiaba cada poco, dándose la circunstancia de que el subsecretario permaneciese mucho más tiempo, con varios Ministros. El Subsecretario solía ser un diplomático de carrera.

Los gastos del Ministerio de Estado fueron siempre modestos en comparación con otros Ministerios y siempre fueron a la baja, igual que los demás Ministerios: en 1835 representaban el 1,1% del presupuesto, marcaron un mínimo del 0,6% en 1854, y en 1860 fueron del 0,7% del presupuesto. Pero los sueldos de los funcionarios de Estado eran sensiblemente más altos que en cualquier otro Ministerio. Fueron excepcionalmente altos en 1860-1874 debido a la política de intervenciones españolas en el extranjero. Es decir, España, apenas tenía actividad en el extranjero. La mitad del gasto del Ministerio de Estado se consumía en sueldos del Cuerpo Diplomático, Cuerpo Consular y Tribunal de la Rota, pago de espías y confidentes y subvenciones a la prensa extranjera para que publicara determinadas noticias.

Lo característico de la política exterior española del XIX fue la inestabilidad de sus funcionarios: entre 1834 y 1874 hubo 104 Ministros de Estado y nunca hubo hombres que llenaran una época y marcaran una línea de actuación. El Ministro que más permaneció en su cargo fue Saturnino Calderón Collantes, casi cinco años, desde febrero de 1852 a enero de 1863. Y se daba la circunstancia de que Calderón Collantes tenía experiencia como Ministro de Gobernación y Ministro de Comercio y como Magistrado de la Audiencia de Valladolid. Fue el hombre que podía haber marcado una tendencia. Pero no era una inteligencia brillante, sino que se limitaba a secundar bien las instrucciones de O`Donnell, su Jefe de Gobierno, y duró lo mismo que su Jefe. Algunos Ministros lo fueron en tres ocasiones o más, y 14 Ministros ejercieron dos veces. Algunos, antes de ser Ministros de Estado habían sido ministros plenipotenciarios o embajadores y conocían un poco del tema que iban a dirigir, pero lo normal era que el Ministro fuera lego en la materia y además no supiera idiomas, y hablara francés “al estilo español”, “comme un vache espagnole”, que difícilmente entendía a sus interlocutores, y apenas le entendían a él. En general todos los Ministros de Estado fueron personas mayores, pues era un puesto codiciado al que se llegaba al final de una carrera política. Pero seguían siendo inadecuados para el cargo. Lo ideal hubiera sido que los Ministros de Estado fueran funcionarios de carrera diplomática, con estudios y nivel, pero los funcionarios de carrera sólo fueron llamados en situaciones de emergencia, para actuar con carácter interino durante muy poco tiempo. El Ministro de Estado español típico era un hombre que había desempeñado una misión diplomática importante o había dirigido una legación o una embajada, situaciones para las que había sido designado por razones políticas, y muchas veces era un noble, pero no funcionario de carrera. Era un diplomático, un militar, un marino, un literato, un periodista o un abogado, con mucha labia y pocos conocimientos, y bien relacionado en el Partido gobernante. Su técnica de trabajo era buscar un “informador” o un hombre de confianza, y aceptar lo que ese hombre dijera, sin contrastarlo ni valorarlo. Por eso, la diplomacia española era mala.

Frente al Ministro, más o menos ignorante, se alzaba la figura del Subsecretario, el hombre que sólo se debía ocupar de asuntos de trámite, y al que se le exigían muchos conocimientos técnicos en materia de diplomacia, casi siempre la carrera diplomática con los escalafones dentro del Ministerio y haber pasado por diversos destinos en el extranjero y saber idiomas. Entre los Subsecretarios había pocos nobles titulados, solo 4 de un total de 41 Subsecretarios.

En esta realidad de los políticos, España se limitaba a secundar lo que hacía la diplomacia francesa, inglesa en el caso de los progresistas.

Martínez de la Rosa no tuvo tiempo de completar sus ideas de reforma de la política exterior. Lo haría Toreno en 1835.

 

 

La carrera diplomática en España.

 

La carrera diplomática española databa de tiempos de Floridablanca a finales del XVIII. Este Secretario de Estado organizó una serie de categorías de funcionarios y estableció que éstos alternaran destinos en el interior y en el exterior, de forma que aprendieran idiomas. Era el nivel mínimo exigible a la diplomacia. Las categorías establecidas por Floridablanca eran: pensionado o agregado diplomático; oficial de embajada o de Ministerio; secretario de embajada o de Ministerio; ministro de una Secretaría (cargo inferior en ese momento) o enviado extraordinario; embajador.

Las personas encargadas de la diplomacia española eran designadas por favoritismo o por méritos conseguidos por sus padres, llevaban una conducta poco correcta en sus destinos, y abandonaban frecuentemente su sede de trabajo pidiendo permisos que alargaban hasta el infinito para no salir de España. A fines del XVIII había tres maneras de acceder a puestos altos en Secretaría de Estado: a través de escalafón en la carrera diplomática empezando como pensionado en una embajada; actuando como secretario de una legación diplomática, tras trabajar en cualquier Ministerio español, hasta lograr ser nombrado Secretario de esa legación; por nombramiento directo como Embajador o Secretario de Estado.

Al institucionalizarse la profesión por haber creado Floridablanca la carrera diplomática, la nobleza de segunda fila consideró que era una buena oportunidad para sus hijos, y los empleados públicos de alta remuneración pensaron igualmente que podían emplear a sus hijos. Entonces el problema era ingresar, iniciar la carrera, lo cual se hacía como pensionado en una embajada. Había que buscar muchas recomendaciones y manejar todo tipo de influencias sociales para conseguirlo. Y además, había que invertir mucho dinero, pues el pensionado no cobraba nada, y el aspirante debía pagar su propia estancia en Madrid, o en una embajada en el extranjero, lo cual salía de la cartera de sus padres. En el extranjero, los pensionados se solían alojar en casa del embajador como pupilos, lo cual era un ingreso más del embajador. Además debían guardar buena presencia, lo cual significaba trajes caros. Los que iniciaban la carrera diplomática eran de clase media alta.

El 17 de julio de 1816, el Ministro Ceballos dio un Real Decreto fijando la edad mínima para empezar la carrera diplomática en veinte años. Y además estableció los estudios que el aspirante debía haber cursado: Religión, Humanidades, un año de Filosofía Moral, un año de Geografía e Historia de España, dos años de Derecho Natural y de Gentes, y dos años de Derecho Público y Economía Política.

El establecimiento de estos requisitos provocó muchas tensiones entre los que cumplían estos parámetros y los que ingresaban en la carrera por influencias, que eran llamados “advenedizos”.

Sólo en 1851 se trató de regular el ingreso y condiciones de un aspirante a la carrera diplomática.

 

 

La prensa progresista en 1834.

 

En abril de 1834 apareció El Eco del Comercio a partir del Boletín del Comercio que había funcionado de 1832 a 1834. Seguía siendo progresista. El dueño era Mariano Paz García. Seguía siendo el periódico de Fermín Caballero, Joaquín María López, y Ángel Iznardi. El progresismo hay que entenderlo en su dimensión real, que no siempre coincide con una imagen utópica y desprendida: Todos los periodistas se beneficiarían de la desamortización de Mendizábal comprando baratas las fincas, y todos apoyarían a Espartero en 1839-1840 para conservar estas posesiones, pero luego se pondrán contra él por sus modos dictatoriales. El Eco del Comercio dejó de publicarse en 1849.

 

 

 

Las reformas económicas de 1834.

 

El 20 de enero de 1834 se decretó el “arreglo de sociedades gremiales” prohibiendo crear nuevos gremios que significaran monopolio o pérdida de libertad comercial y mercantil.

El 29 de enero de 1834 se dio libertad de comercio para cereales y harinas y para artículos “de comer, beber y arder”.

El 17 de febrero de 1834 se dio libertad de cría de caballos y su comercialización en ferias.

El 20 de febrero de 1834 se dio libertad de vendimiar en la fecha que cada propietario quisiese.

El 25 de febrero de 1834 se dieron por extinguidas las asociaciones, hermandades y gremios de viñeros.

El 6 de marzo de 1834 salió el decreto de legalización de las ventas y ocupaciones de tierras hechas en 1820-1823.

El 29 de marzo de 1834 se dio libertad para que cada propietario metiera en sus propiedades el ganado que quisiese.

En cuanto a las finanzas del Estado, Martínez de la Rosa se entregó a los Rothschild. Ya en 1821 se les había pedido un crédito, que no habían cobrado, pero en 1834 el Estado español se endeudó poniendo como garantía las minas de Almadén y Linares, que no serían rescatadas por el Estado español hasta 1921. La cesión de las minas de Almadén a los Rothschild, actuando como ministro de hacienda el conde de Toreno, fue un asunto muy turbio con posible corrupción de por medio. Otras fuentes citan a Ardouin como contacto del Conde de Toreno con la banca francesa y maquinador del soborno.

El 3 de mayo de 1834 se publicó la Ley de Caza y Pesca dando libertad para cazar y pescar cada uno en su finca.

El 6 de mayo de 1834 Martínez de la Rosa tomó una decisión muy importante para los burgueses legitimando por Real Orden las ocupaciones de baldíos y realengos que hubieran hecho los particulares en el pasado. Con ello la burguesía (incluyendo ahora a la nobleza entre ellos) legitimaba sus usurpaciones. Perdían con ello: la monarquía, el Estado (que no recibiría nada por tierras que habían sido suyas), los campesinos, que nunca recuperarían su derecho a explotar estos terrenos y los ayuntamientos que se quedaban sin recursos.

También se dio libertad a los ayuntamientos para vender propios, lo cual iniciaba de alguna manera, en el plano teórico, la desamortización municipal. No hubo casi nada en la práctica hasta después de 1858.

En 1834 se abrió la Escuela de Ingenieros de Caminos, lo cual dio posibilidades para que futuros gobiernos hicieran las carreteras que no se habían hecho desde Carlos III y acometiesen más tarde el ferrocarril. El proyecto de ferrocarril de Jerez al Puerto de Santa María, solicitado en 1828 no llegó nunca a realizarse, y el Tarragona-Reus, solicitado en 1833, tampoco. Sólo en 1843 se darán concesiones que sí llevarán a algo, que fueron el ferrocarril Barcelona-Mataró y el Madrid-Aranjuez, cuyas obras se inaugurarán en 1852. La Escuela de Ingenieros de Caminos era concordante con el avance científico europeo de la época: en 1834, el cartógrafo francés Frederic Le Play hizo el mapa geológico de Extremadura y norte de Andalucía, y Guillermo Schulz hizo en 1835 el Mapa Petrográfico del Reino de Galicia. Estos saberes geológicos se implantarán más firmemente en España a partir de 1849, cuando se cree el Instituto Geológico y Minero de España.

También en 1834 se dio un decreto, probablemente elaborado por Pablo Montesino, creando la Escuela Central Normal de Maestros, lo cual fue el inicio de la reforma de la primera enseñanza en España. Estos maestros jugarán un papel importante en su momento. También se tuvo cuidado en 1835, en la orden de supresión de Órdenes Religiosas, de exceptuar las que se dedicaban a la enseñanza. Todo ello permitirá en 1838 crear las primeras escuelas de párvulos. Pablo Montesino inspiró una instrucción para el régimen y gobierno de las escuelas primarias y aplicó el método Pestalozzi en las escuelas normales de Guadalajara, Alcoy y Madrid. Joseph Heinrich Pestalozzi, 1807-1869, era un suizo que había revolucionado los métodos pedagógicos en dos niveles, en la enseñanza en grupo inicial y en la enseñanza individual avanzada: en la enseñanza en grupo inicial, creaba grupos pequeños en los que unos niños pudieran enseñar a otros, mezclando niños y niñas en la misma aula. Esta enseñanza inicial debía combinar la enseñanza familiar, en donde se debía aprender la bondad y el amor, con la enseñanza en la escuela en donde se debía inculcar educación social y llegar a las enseñanzas de lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión. En cuanto a la enseñanza individual avanzada, en los objetos materiales, el alumno debía observar las formas de un objeto observándole, midiéndole, dibujándole, o describiéndole por escrito, para pasar a continuación a integrar ese objeto en la realidad determinando el número de objetos similares que se podían encontrar en relación a los que eran distintos. El proceso terminaba poniéndole nombre al objeto en cuestión. En la enseñanza de la escritura, empezaba enseñando los sonidos, a partir de los cuales enseñaba palabras y más tarde afianzaba lo aprendido con lectura y escritura.

Manuel José Quintana y Pablo Montesino inspiraron la creación de las Escuelas Normales, la primera de las cuales se incorporó en Madrid en 1839. El problema que se presentaba era que la Iglesia católica, aliada con conservadores e integristas, frenaba las aspiraciones de la burguesía a una enseñanza laica que sirviera de cauce para llevar a España una ideología progresista y democrática (Miguel ángel de la Cruz, Panorama del Pensamiento español en el siglo XIX).

El 6 de octubre de 1834 se dio libertad de cerrar y cercar fincas, respetando las servidumbres de paso, las cañadas, veredas y abrevaderos.

 

 

 

EL ESTATUTO REAL DE 10 DE ABRIL DE 1834.

 

A fines de enero de 1834 se inició la redacción de un proyecto político nuevo. El Consejo de Ministros redactó un Proyecto que se denominó Estatuto Real. Los ponentes eran Martínez de la Rosa, Javier de Burgos y Nicolás María Gareli. Era un texto amplio que contenía dentro de sí un sistema electoral, que más tarde se suprimió en el texto definitivo. Era distinto del conocido Estatuto Real en que los Próceres eran vitalicios pero no hereditarios, no había derecho de petición de las Cortes a que el Rey propusiera leyes, no habían pensado en el refrendo ministerial a los actos del Rey, y se mantenían los Secretarios de Despacho, es decir, que los colaboradores del Gobierno no tenían iniciativa propia.

Los emigrados liberales de 1823, Nicolás María Gareli y Javier de Burgos, a quienes se les había permitido regresar tras una amnistía, junto a evolucionistas del periodo fernandino, con algún pasado liberal, como Martínez de la Rosa, exigían muy poco. Justificaban su iniciativa de dar una Carta Otorgada en la tradición española, pero eso era imposible porque ninguna ley decía que el Rey tuviese obligaciones para con sus súbditos, pero Gareli insistía en que era tradicional en cuanto a que la monarquía era hereditaria y que las Cortes tendrían como principal función el cobro de tributos.

 

El tema que estaba candente era qué era aquel texto político, si una Ley Fundamental o algo parecido. El Gobierno lo presentó como una “restauración de las antiguas Leyes del Reino”. Martínez de la Rosa hablaba de restablecer las leyes tradicionales de la monarquía con arreglo a la Ley 5°, Título 15, Partida 2° de las Partidas, y Leyes 1° y 2°, Título 7°, Libro 6° de la Nueva Recopilación. Es decir, Martínez de la Rosa tenía gran interés en demostrar que respetaba las leyes antiguas, que era lo que pedían los carlistas. Martínez de la Rosa se disponía a hacer reformas políticas importantes y aludía a las tradiciones, lo cual pretendía atraerse a los realistas por un lado y a los liberales por el otro. El punto fuerte para atraer a los liberales era la promesa de elecciones.

Era una falsedad que se restablecieran Antiguas Leyes, pues ninguna Ley Antigua había fijado los derechos de los españoles y las limitaciones de los Reyes y de los pueblos. El texto sólo seguía las Leyes Antiguas en cuanto a aceptar la monarquía hereditaria y en respetar el viejo acuerdo de que para votar impuestos era necesario el consenso de la Corona y de las Cortes. El nuevo texto político no era una Ley de reforma de las Leyes Antiguas. Los políticos de entonces y los historiadores de después, vieron que el texto se parecía a una Carta Otorgada, concretamente a la de Luis XVIII en 1814. Y empezaron a llamarla “Carta Otorgada”. Pero el Gobierno negó en 1834 que aquello fuera una Carta Otorgada, pues necesitaba no dar la impresión de introducir un extranjerismo en la política, una novedad extranjera, lo cual podía beneficiar al carlismo. Los exaltados dijeron que era una “constitución otorgada” en el sentido de que era una burla al pueblo, un insulto a la soberanía nacional. Y los historiadores acabaron imponiendo el Término “Carta Otorgada”, porque el término constitución tiene otras características y así se evitaba el posible confusionismo y los equívocos. No era una Carta Otorgada, pues carecía de los elementos esenciales: definición de soberanía, enumeración de poderes de las Cortes, declaración de libertades y sólo concedía el voto a un 0,15% de la población en un sufragio muy, muy restringido. No era una constitución: no hablaba del rey, de la Regencia, de las funciones de los Ministros, de las limitaciones del poder, del proceso de elaboración de las leyes ni de los derechos de los ciudadanos.

 

El Estatuto era un Proyecto extenso que contenía una ley electoral y creaba una segunda cámara en las Cortes, por lo que era diferente del proyecto político de 1812. Pero no daba a las Cortes derecho de petición, ni les concedía el derecho a refrendar las leyes que daban los ministros, así que era un recorte en cuanto a liberalismo.

El Proyecto pasó al Consejo de Gobierno, el cual lo estudió de 9 a 24 de marzo y en este último día emitió un informe en el que proponía:

Que el texto no se publicase como texto constitucional definitivo, sino como algo provisional que unas Cortes debían aprobar posteriormente. Tenían muchas dudas sobre un texto que no iba a reunir los criterios constitucionales.

Que todos los Grandes de España que reuniesen determinados requisitos fueran Próceres de modo hereditario.

Que el sistema electoral contenido en el texto inicial fuera provisional.

Que las Cortes tuvieran derecho de petición, es decir, que tuvieran alguna capacidad de iniciativa legal, de pedir que se iniciase una ley.

Que hubiera necesidad de refrendo ministerial, es decir que las iniciativas del Rey necesitasen refrendo ministerial.

Que el Consejo de Ministros viniera reconocido en el texto del Proyecto y que hubiera un Presidente del Consejo de Ministros. Con ello se iniciaba el sistema de Gobierno con Ministros y empezaban los verdaderos presidentes. Hasta ahora hemos utilizado “incorrectamente” el término “Gobierno de” por razones metodológicas, y en adelante será correcta la expresión.

 

De allí, el Proyecto pasó al Ministerio el 24 de marzo de 1834 al 6 de abril. Los Ministros aceptaron el carácter hereditario de los Próceres, el derecho de petición de las Cortes, el refrendo ministerial para determinados actos de la Corona y, la actuación más importante de los ministros fue que separaron el sistema electoral del texto constitucional. Y se creó la Presidencia del Consejo de Ministros y el cargo de Ministro.

Se presentó por Decreto el 10 de abril de 1834 y ese día, la Reina sancionó el Estatuto Real. No hubo ninguna consulta al pueblo ni a las Cortes. Se convocaron elecciones para el 20 de mayo siguiente.

 

El preámbulo del Estatuto Real glosaba el contenido general del Estatuto.

El Estatuto Real defendía que la soberanía estaba representada tanto por la Corona como por las Cortes y ello les daba pié para dar poderes al rey como convocar y disolver las Cortes y elegir a los miembros de una segunda Cámara, de Próceres, que sería el elemento moderador de la primera, de Procuradores. De hecho la soberanía del rey sólo estaría limitada por la prensa libre (que los moderados nunca toleraron) y por la responsabilidad de los ministros. El Rey representaba permanentemente a la nación, y en cambio, los Procuradores sólo la representaban transitoriamente, hasta las siguientes elecciones. El Rey era centro y cabeza del Estado por muchas razones: por su legitimidad, por su origen, por su permanencia a lo largo del tiempo, por su continuidad en la función, sin vacaciones ni interregnos. Por eso el rey era inviolable, es decir, no era responsable ante nadie de sus actos. La responsabilidad le incumbía a los ministros que actuaban en el Gobierno junto al Rey.

Las Cortes se componían de dos Cámaras, Próceres del Reino y Procuradores del Reino (equivalentes a Senado y Congreso actuales respectivamente). Uno de los objetivos más importantes buscados en la redacción del Estatuto Real había sido precisamente poner dos cámaras y eliminar el monocameralismo de Cádiz 1812. Se consideraba que los Próceres podían moderar el contenido de las leyes aprobadas por los Procuradores, y, siendo personas con más cultura y preparación, hacer estudios más profundos de los proyectos de ley y evitar así excesos populistas que llevaban a la inestabilidad política y a la anarquía. Los Próceres representarían a las clases altas del país, la propiedad, la burocracia, la Iglesia, el ejército y la Universidad, y ellos darían cordura a las decisiones políticas. Además, se argumentaba que así estaba ocurriendo en toda Europa occidental.

El Estamento de Próceres era una novedad respecto a la constitución de 1812. Estaba pensado como un estamento intermedio entre el Rey y el estamento popular, lo cual podría evitar enfrentamientos directos en estos últimos. Lo integraban los hombres más relevantes y conocidos del reino, a los que se suponía con principios morales y valores intelectuales por encima de la media. Estos valores morales debían servir teóricamente para oponerse a los abusos de poder del rey o de los ministros, y a las “efervescencias democráticas” populares. Sus funciones consistían en reconsiderar los proyectos de ley discutidos en el Estamento de Procuradores y evitar malas decisiones fruto de recalentamientos de ánimo y defender el patrimonio espiritual del país.

Además, el Estamento de Próceres integraría a las clases altas en el Gobierno de forma que estos poderes fácticos no quedaran excluidos de representación, pues es irracional que los representantes de la religión, de las glorias antiguas de España y de los que habían prestado servicios relevantes a la Corona, así como la intelectualidad del país, quedaran fuera de las instituciones de gobierno.

Ahora bien, el Estamento de Próceres no era una asamblea nobiliaria ni eclesiástica, sino un órgano al servicio de la Corona y de las instituciones de gobierno de España.

La idoneidad de funciones de un Prócer, de defender la moralidad, se suponían en los obispos y personalidades de la Iglesia católica, a los que no se les exigía nivel económico, pues se suponía que representaban a la Iglesia, el gran poder económico de España. Otra cosa era el caso de los nobles y se decidió exigirles un nivel económico o, alternativamente, ser reconocidos por el Rey. Para ser designado Prócer era preciso poseer una renta de 80.000 reales.

Había dos clases de Próceres, los Grandes de España con suficiente capacidad moral y económica a juicio del rey, los cuales serían miembros natos, y los de nombramiento real, los cuales tendrían esa condición de manera vitalicia, pero no hereditaria.

Eran Próceres vitalicios y hereditarios los Grandes de España. Desgraciadamente, la decadencia moral e intelectual de muchas casas nobiliarias contradecía los principios en que se justificaba teóricamente la existencia de los Próceres.

Eran Próceres de nombramiento Real aquellos que nombrara el Rey libremente, pero de entre los arzobispos y obispos, Títulos de Castilla y personas cualificadas de la Administración y del ejército, grandes propietarios agrícolas e industriales y personas de ciencia y de la enseñanza. Estos Próceres eran vitalicios, pero no hereditarios. Su número podía ser ilimitado. En la práctica, muchos Próceres de designación real no estuvieron a la altura moral e intelectual conveniente para España: los prelados defendían intereses de la Iglesia no siempre coincidentes con el interés general; los Títulos defendían viejos privilegios de la nobleza que podemos tildar de contrarrevolucionarios; y algunos otros designados resultaron unos ineptos huidos de su verdadero trabajo original.

El Estamento de Próceres tuvo poco protagonismo en la historia de España y, en líneas generales, no cumplió con lo que se esperaba de él. Hay que tener en cuenta que los criterios con que eran elegidos eran poco objetivos y no garantizaban los fines que se proclamaban.

 

Los Procuradores eran electivos. Para ser Procurador se requería ser español, de más de 30 años de edad, con arraigo en la provincia de elección y renta mínima de 12.000 reales anuales. Se suponía que estas condiciones garantizarían su independencia de opinión.

Hay que tener en cuenta que el cargo no era retribuido, y ello estaba explicitado en el Decreto de 24 de mayo de 1836. Era un cargo voluntario, pero podían renunciar a él. Al no ser retribuido, el cargo no era apetecible para las grandes personalidades sin vocación política, y sí lo era para ineptos que querían figurar.

Tenían mandato por tres años, o hasta que se disolvieran las Cortes. Eran reelegibles.

No representaban a la provincia en que han sido elegidos sino a toda la nación española. Los elegidos fueron de clase media. Cuando era elegido un noble, no actuaba como representante del estamento nobiliario, sino como representante del pueblo español.

El Decreto de 20 de mayo de 1834 fijó el número de Procuradores en 188, pero Istúriz en 24 de mayo de 1836 lo amplió a 258. Nunca llegaron a reunirse los 258, pues se acabó el periodo constitucional del Estatuto.

En 1834 fueron Procuradores 54 militares, 44 abogados, y 16 funcionarios (3 Intendentes, 9 Oficiales de Secretarías de Despacho, y 4 Gobernadores civiles), 51 propietarios agrícolas, y 17 industriales y comerciantes. De ellos, 11 se consideraban moderados que apoyaban a Martínez de la Rosa, y 77 se consideraban progresistas o exaltados.

Ambas cámaras tenían como única misión aprobar los proyectos de ley que les presentase el rey (que tenía la totalidad de la iniciativa legal), aprobar los presupuestos del Estado y la vigilancia y control del gobierno.

Dentro de los Estamentos de Próceres y de Procuradores, hubo moderados y progresistas, pero nunca se organizaron en grupos. Había dos núcleos de opinión diferentes, pero la mayoría votaba alternativamente en favor de uno u otro de los grupos, pues no estaban organizados, ni eran por tanto afiliados. Los Próceres hicieron discusiones anodinas y en sus intervenciones se denota que estaban más pendientes de la belleza del discurso que de las ideas y cambios propuestos para España. Los Procuradores eran mucho más minuciosos, pero sus intervenciones no siempre atendían a las necesidades perentorias del país, sino a las de individuos y grupos concretos. Tampoco estaban a la altura de unos intereses generales.

El Rey abría las Cortes con el Discurso de la Corona y el consenso aceptado por el Gobierno de Martínez de la Rosa era que ese discurso no expresara la voluntad del Rey, sino el programa del Gobierno. Por tanto, el discurso debía ser redactado por el Presidente del Consejo de Ministros y leído por el Rey.

 

Las funciones principales de las Cortes son la legislativa, la financiera y la de control del Gobierno.

En cuanto a la función legislativa, las Cortes discutían los proyectos de ley enviados por el Rey en teoría, y por el Presidente del Consejo en la práctica. También tenían derecho de petición al Rey de proyectos legislativos. En este caso, primero presentaban su petición al pleno y, si era aprobada, se elevaba a la Corona. Al terminar una discusión, pasaban sus conclusiones a sanción de la Corona, la cual tenía libertad para sancionar o vetar la ley. Aprovechando, esta circunstancia de poder discutir los proyectos de ley, las Cortes hablaban de todo, y lo más frecuente era que se entretuvieran discutiendo la historia de España y la política del Gobierno.

En cuanto a la función financiera, la principal función de las Cortes era aprobar los presupuestos. Estaba ordenado por la Nueva Recopilación de 15 de marzo de 1567 que las leyes de contribuciones sólo estuvieran vigentes durante dos años, antes de ser revisadas en Cortes y éste era el principal inconveniente de los dictadores y reyes absolutistas. Para esta función, se estableció el cargo de “Comisionado Regio”, un experto que asesoraba a los ministros en las discusiones económicas en la Cámara de Procuradores. Generalmente, el Comisionado regio sólo actuaba en discusiones de presupuestos, pero a veces era llamado en otros asuntos.

En cuanto a la función de control del Gobierno, las Cortes contestaban al Discurso de la Corona manifestando su conformidad y sus discrepancias. El principal control al Gobierno era la aprobación de los presupuestos, pues en los gastos solían reclamar responsabilidades morales. Podían hacer preguntas al Gobierno. Podían, o no, manifestar su apoyo al Gobierno en una ocasión determinada.

 

En cuanto al poder legislativo, la iniciativa legal le correspondía en exclusiva al rey y en la práctica la ejercía el Gobierno que se entendía nombrado por el rey. Las Cortes hacían peticiones de que se tomaran iniciativas. Los liberales pedían que las Cortes tuvieran iniciativa y discrepaban del proyecto. El Gobierno se atribuyó a sí mismo el derecho de retirar los proyectos de ley cuando no le gustaba la discusión de las Cortes (Proyecto de ley de Arreglo del Sistema Monetario). La sanción de las leyes le correspondía al rey. El veto no se ejerció nunca, sino solamente se demoró la sanción, y el sistema se acabó antes de que se diera una situación verdaderamente difícil. La función financiera de las Cortes se ejercía votando las contribuciones y subsidios. Los presupuestos debían ser válidos para dos años como máximo y ello obligaba a hacer presupuestos del Estado frecuentemente. El tercer poder de las Cortes era controlar al Gobierno, lo que le daba facultad para contestar al rey, hacer exámenes de las peticiones a la Corona, antes de tramitarlas, estudiar propuestas que se le hicieran, hacer preguntas al gobierno y votar mociones de confianza y de censura al gabinete de gobierno.

El Rey tenía tres poderes respecto a las Cortes: la iniciativa legislativa, la sanción de las leyes y a capacidad de solucionar conflictos entre las Cortes y el Gobierno destituyendo ministros, el Gobierno en pleno, o cerrando las Cortes.

En cuanto a la iniciativa legislativa, las Cortes no podían deliberar sobre nada que no les hubiera sido propuesto por el Rey. Los ministros proponían asuntos por delegación del Rey y tras consultarle. Frente a ello, las Cortes tenían derecho de petición, o capacidad de suplicar al Rey que pusiera un asunto a discusión, pero se entendía que para suplir defectos o insuficiencias de las propuestas que había hecho el Rey, y ello lo hacían elevando al Rey la correspondiente petición.

Los Procuradores utilizaron de hecho el derecho de petición para promover reformas legislativas y para exponer en Cortes una serie de agravios. De hecho, hubo más peticiones al Rey que proyectos de ley presentados por el Gobierno.

En cuanto a la sanción de las leyes, hay que decir que, para aprobarse una ley, se requería la aprobación de uno y otro estamento y la sanción posterior del Rey. Ello era igual que en 1812. Pero, al requerirse la sanción del Rey, quería decirse que el Rey podía vetar cualquier ley. Cuando el Rey no sancionaba una ley, el Secretario de Despacho o Ministro que la había propuesto la guardaba junto a una resolución que decía: “archívese en las Cortes”. Hay que hacer notar que María Cristina sancionó todas las leyes que le fueron propuestas, pero a veces podía demorar la sanción algún tiempo a conveniencia de intereses propios o del Gobierno de turno. Por ejemplo, en 1834 se aprobó el proyecto de ley sobre Milicia Urbana, y la Reina lo tuvo en su despacho un año, antes de firmarlo.

En cuanto al poder de disolución de Cortes, hay que decir que servía para que el Rey mediara en caso de conflicto entre las Cortes y el Gobierno. El Rey podía disolver a unos o a otros. En enero de 1836 se hizo la primera disolución de Cortes a propuesta de Mendizábal, un progresista: El Gobierno quería que el proyecto de ley de Mendizábal creara un sistema electoral por provincias, y entonces el Estamento de Procuradores dijo que debía hacerse por distritos electorales más pequeños. El 26 de enero de 1836, el Gobierno propuso a la Reina la disolución de Cortes. También Istúriz hizo disolución de Cortes cuando éstas le pusieron el voto de censura.

Cuando se disolvían las Cortes, los Procuradores perdían su derecho de representación política, pero los Próceres, que eran vitalicios, sólo quedaban en suspenso en sus funciones hasta uan nueva convocatoria de Cortes.

En la práctica, Martínez de la Rosa creía muy poco en las Cortes y las convocó en julio de 1834, les presentó la aprobación de los presupuestos, como era preceptivo, y las disolvió en mayo de 1835 sin tratar otros temas, y eso que había mucha temática por discutir.

 

El poder ejecutivo aparecía en manos del Consejo de Ministros. Es importante constatar que era la primera vez en España que aparecía el Consejo de Ministros en un texto legal fundamental, que es el sistema moderno de gobierno de los siglos XIX y XX. La Constitución de Cádiz no había previsto un Consejo de Ministros, sino un sistema de Secretarios de Despacho al estilo del siglo XVIII. El Consejo de Ministros había aparecido en 19 de noviembre de 1823, pero en ese año los titulares de las carteras seguían denominándose Secretarios de Estado y de Despacho del departamento correspondiente y no tenían poder de decisión. Se citan muchas veces como ministros, pero no lo eran estricto sensu. El Estatuto Real denominaba “ministros” a los titulares de las carteras de Gobierno. Es la fecha a partir de la cual podemos utilizar con toda precisión el término “ministro” para referirnos al titular de una cartera de Gobierno. Antes, en el siglo XVIII, los ministros eran funcionarios inferiores al Secretario de Despacho.

El Estatuto Real no definía el papel del Consejo de Ministros, ni su conformación, ni sus poderes ni los límites de su actuación.

Se asumió un funcionamiento de hecho del Consejo de Ministros: el rey nombraba y destituía a quien quería, se decía que debía nombrar ministros que tuvieran la confianza de las Cortes, pero no se pudo mostrar qué pasaría en caso de discrepancia, pues duró poco la situación. En la práctica, si los ministros necesitaban el nombramiento del Rey y la confianza de las Cortes, se instituía el sistema de la “doble confianza” que tanto tiempo estuvo vigente en España.

Como la idea predominante en el ápoca sobre el papel del Rey, era que “el Rey reina, pero no gobierna” , se entendía en la práctica diaria que la tarea de gobernar le correspondía a los Ministros, que los Ministros decidían, pero que eran responsables de sus actos ante el Rey. Son conclusiones que sacamos nosotros, pero nunca se explicitaron y todo el sistema de Gobierno quedaba en una nebulosa jurídica.

Los ministros actuaban como un sistema colegiado sin necesidad de la presencia de la Reina Regente, aunque ésta podía estar en algunas sesiones. Las decisiones las tomaba el consejo de Ministros, y no cada Ministro por separado. Se reunían una o dos veces por semana, y tampoco estaba regulado cuándo debían reunirse ni cuántas veces. Las actas del Consejo de Ministros, redactadas por un Secretario del Consejo de Ministros, eran enviadas a la Reina Gobernadora para que ésta las aprobase. Con la aparición del Consejo de Ministros, se entendía que las funciones que radical y formalmente pertenecían a la Corona, eran ejercidas de hecho por unos ministros. El Consejo de Ministros decidía la política a seguir, establecía un programa de Gobierno y trataba de cumplirlo.

El Consejo de Ministros asumía plenamente el gobierno y la administración del país y era el Gobierno de la nación. Por ello, debía haber coherencia entre los ministros entre sí, para que el Gobierno fuera eficaz. El problema de los distintos Gobiernos es que sus programas de gobierno eran generalistas y se aprestaban a muchas interpretaciones y, al no haber partidos políticos que aportaran una ideología definida y un programa, los ministros podían discrepar los unos de los otros en cualquier momento. Por eso, el Estatuto Real creó un Presidente del Consejo de Ministros, el cual estaba encargado de hacer los decretos de apertura, cierre y disolución de Cortes, previa propuesta del Rey. El Rey podía designar Presidente del Consejo de Ministros a quien quisiera, pero era normal que designase a alguien que mostrase personalidad y estuviera capacitado, tuviera colaboradores oportunos y pudiera conseguir la confianza de las Cortes. Es decir, que el Presidente del Consejo de Ministros necesitaba la doble confianza, la del Rey y la de las Cortes. Empezó a ser casi un Jefe de Gobierno pues proponía al Rey el nombramiento de los ministros, defendía la política del Gobierno ante las Cortes y representaba al Gobierno frente a la prensa y a la opinión pública. Tenía el poder de refrendar las convocatorias del Rey para apertura, cierre y disolución delas Cortes y ello era novedoso, no sólo en la historia de España, sino en toda la Europa de su tiempo. Y en la práctica, era el Presidente quien designaba al resto de los Ministros integrantes del consejo de Ministros, aunque teóricamente ello fuera un facultad del Rey. El poder del Presidente del Consejo de Ministros español llamó la atención de todos los Estados occidentales, y se convirtió en norma en el futuro.

 

El tema de la soberanía del Rey era un asunto no tratado en el Estatuto Real, pero obviamente el Rey quedaba limitado por la existencia del Estatuto. El Rey ya no era absoluto, no era la totalidad del Estado, no se identificaba con el Estado sino que, simplemente, representaba al Estado. Compartía el poder con el Consejo de Ministros. Y la soberanía se entendía que la ejercían el conjunto del Rey, el Gobierno y las Cortes, puestos de acuerdo.

Todas estas conclusiones a las se llegaba en la práctica, aunque no se hubieran plasmado por escrito, se contradecían con el testamento de Fernando VII, el cual dotaba a la Reina Gobernadora de poderes absolutos. Y ninguna Ley había derogado esta disposición de Fernando VII.

Por ello, los carlistas no podían aceptar el Estatuto Real. Pero, precisamente porque los carlistas defendían al absolutismo, la Reina Gobernadora adoptó maneras que no parecieran absolutistas y pudieran contentar a los liberales, y así conservar el trono. Esta decisión era problemática, pues el desprestigio de actuar de una manera y no definirse ni en uno ni otro sentido, molestaba a muchos.

Tampoco podían aceptar el Estatuto los liberales, puesto que la soberanía quedaba muy difusa en ese acuerdo tácito de todos los gobernantes.

De manera difusa, poco concisa, el Rey tenía preeminencia sobre todas las instituciones del Estado y se consideraba soberano. El rey convocaba Cortes, podía disolver por un año al Estamento de los Procuradores, y podía cerrar las Cortes quedando despedidos los Procuradores y en suspenso los Próceres, con la obligación de convocar nuevas Cortes si surgían asuntos graves o arduos y si se quería votar nuevos impuestos. Los impuestos no tenían vigencia más que dos años, y ello implicaba que debía haber Cortes en menos de ese teimpo.

Martínez de la Rosa consideraba que, con el Estatuto, el Rey no era exactamente soberano sino la dignidad suprema del reino. Podemos decir que el sistema de gobierno era una monarquía limitada, algo intermedio entre monarquía absoluta y monarquía liberal.

 

 

Problemas del texto fundamental de 1834.

 

En julio de 1834, los Procuradores pidieron que se redactase una tabla de derechos y obligaciones de los ciudadanos, concretamente, que se citara la libertad de imprenta, la igualdad ante la ley, la seguridad personal y la inviolabilidad de la propiedad. No obtuvieron respuesta. En 28 de agosto de 1834 reiteraron la petición dicha, y Martínez de la Rosa no accedió a introducir cambios en el Estatuto Real. El 7 de febrero de 1835 volvieron con la misma petición y obtuvieron el mismo resultado. En ese momento, el Estatuto estaba muerto, pues ni los procuradores creían en él. Sólo faltaba tiempo para enterrarle. Istúriz intentó una reforma en 1836 para hablar de derechos, de los derechos que pedían los procuradores. No hubo lugar. Los acontecimientos sobrepasaron al Gobierno, se impuso la revolución y con ella la constitución de 1812.

 

 

El sistema electoral de la época del Estatuto.

Decreto de 20 de mayo de 1834.

 

En principio, el sistema electoral venía incluido en el borrador del texto constitucional del Estatuto Real. Pero el Consejo de Gobierno suprimió esos artículos electorales y dejó solamente unas pocas líneas en el artículo 13 que decían que el Estamento de Procuradores del Reino se compondría de las personas que se nombraran de acuerdo a una Ley de Elecciones. Los ministros alegaban que esa ley electoral iba a ser cambiada con frecuencia y no convenía incluirla en la constitución.

El sistema electoral se dio por Decreto de 20 de mayo de 1834, el cual establecía el sufragio indirecto para el estamento de Procuradores, único elegible.

Los electores de primer grado eran los integrantes del ayuntamiento del pueblo que apareciera como cabeza de partido judicial, más un número igual de ciudadanos escogidos entre los mayores contribuyentes del mismo Partido Judicial. Se calculaba que los electores de primer grado serían unos 16.026 (0,15% de la población española), y que los representantes a elegir serían 950 compromisarios. Estos partidos judiciales elegían compromisarios que debían acudir a la capital de la provincia para realizar el segundo paso de la elección.

Los electores de segundo grado eran los 950 compromisarios elegidos en los distintos partido judiciales, los cuales se reunirían en la capital de la provincia para elegir a los procuradores por esa provincia.

El sistema electoral no pareció democrático a los “liberales” porque votaba muy poca gente. Todos los españoles estaban de acuerdo en que deberían votar más personas. Era anacrónico en Europa que en un país que se consideraba liberal hubiera tan pocos electores. También empezaba a ser anacrónico la elección indirecta. Y ello dio como resultado que el Estamento de Procuradores tuviera poca autoridad moral.

En septiembre de 1835, Mendizábal planteó la reforma del Estatuto Real empezando por la reforma de la Ley Electoral, lo que creía más urgente. No logró aprobar una Ley, pero en 24 de mayo de 1836 emitió un Decreto electoral en el que introducía la elección directa y ampliaba el cuerpo electoral hasta los 65.067 electores (0,5% de la población española).

En cuanto a la ampliación del cuerpo electoral, reconocía el derecho al voto a todos los mayores contribuyentes de cada distrito electoral, 200 por cada diputado a elegir. También tendrían derecho al voto lo que tuvieran uno títulos académicos determinados o ejerciesen determinadas profesiones, aunque no tuvieran la riqueza suficiente para<estar entre los mayores contribuyentes.

Con la reforma electoral de Mendizábal, el cuerpo electoral crecía a 65.067 individuos, lo cual era sólo poco más del 0,5% de la población española, pero cuatro veces más que en la ley de 1834. Este dato es importante para valorar el pensamiento moderado y el progresista de la época.

Las primeras elecciones con método directo tuvieron lugar en julio de 1834.

 

 

Valoración del Estatuto Real.

 

El único signo liberalizador del Estatuto respecto al reinado de Fernando VII, era que permitía a las Cortes el derecho de petición, lo cual utilizaron los procuradores 56 veces durante el Gobierno de Martínez de la Rosa.

Los moderados acogieron favorablemente el Estatuto Real. Los progresistas hicieron observar que había algunas lagunas, por ejemplo, la ausencia de una declaración de derechos.

Los amnistiados de 1832, viejos liberales de 1812, aceptaron este juego político de Martínez de la Rosa y se convirtieron en “moderados”. Nació así el grupo moderado ya lastrado políticamente, pues renunciaba de salida a principios elementales del liberalismo que ellos mismos habían defendido años antes. Los moderados eran algunos terratenientes, aristócratas, funcionarios, abogados, periodistas. No creían en jerarquías sociales preestablecidas por Dios, como lo creían los absolutistas, sino en una sociedad basada en los méritos individuales evaluables en riqueza e inteligencia. Tampoco creían que se solucionasen los problemas dando participación política al pueblo pobre e ignorante, sino que esto sólo traería anarquía, violencia y caos político. Pensaban que la labor del Estado se debía al progreso y debía favorecer a los que buscaban desarrollar la riqueza del país, a los hombres con iniciativa empresarial.

El Estatuto Real es una Constitución Otorgada, pero como muchos autores hablan de que “si es otorgada ya no es constitución”, muchos autores prefieren saltar sobre esta polémica denominándolo Carta Otorgada. Era similar a la Carta Otorgada de Luis XVIII en Francia en el sentido de que el monarca se desprendía voluntariamente de algunos poderes y los transfería a otros órganos de Gobierno, nuevos o viejos. El rey lo interpretaba como una concesión graciosa de la Corona no había contado para ello con el parecer ni el voto de la nación, ni directamente, ni a través de representantes del pueblo en Cortes. El Estatuto no era fruto de la voluntad de la nación. Por ello, los liberales más duros consideraban que el acto del rey era un insulto a la nación.

Martínez de la Rosa defendió que el Estatuto no era una Carta Otorgada, pues el pueblo no había mendigado una gracia a la Corona, sino que había recordado al Rey los derechos y prerrogativas del pueblo. En “El Espíritu del Siglo“, en 1835, Martínez de la Rosa manifestó que le repugnaban las “Cortes Otorgadas” y los que creían que sólo era legítimo lo que provenía del Rey.

Objetivamente, el Estatuto era una constitución incompleta, pues se limitaba a institucionalizar las Cortes, sus dos estamentos, sus funciones y sus relaciones con el Rey, pero no regulaba la institución de la Corona, la Regencia, los ministerios, y no llevaba declaración de derechos.

El estamento de Procuradores valoró la falta de declaración de derechos y se puso a redactar una Tabla de Derechos que envió a la Reina Gobernadora: reclamaban libertad individual sin más restricciones que las necesarias para guardar el orden público, libertad de imprenta, seguridad personal, igualdad legal, irretroactividad de la ley, inviolabilidad de domicilio y reconocimiento del derecho de propiedad. La Reina no aceptó la petición, entre otras causas porque Martínez de la Rosa se opuso a que ésta fuera aceptada.

El Estatuto sólo tenía una ventaja respecto a sistemas anteriores absolutistas: que dejaba hablar en las Cortes, que dejaba opinar, lo cual originó la formación de dos grupos de opinión que serían los moderados y los progresistas o exaltados, origen de los partidos políticos españoles. Con el Estatuto, resurgían las Cortes con sus viejas funciones legislativas y financieras, aunque compartidas con el Rey.

Los exaltados se negaron de plano a aceptar el Estatuto y se vinieron en llamar a partir de entonces “progresistas”. A Martínez de la Rosa, que intentaba componer algo intermedio que uniera el absolutismo y el liberalismo, le llamaron “Rosita la Pastelera”. Los exaltados pretendían que los Ayuntamientos fueran elegidos democráticamente y que dispusiesen para su apoyo de una Milicia Nacional que les permitiera enfrentarse a los terratenientes y familias dominantes de cada pueblo. Su postura política en 1835 fue la de pedir continuamente informes políticos sobre cualquier cosa y proclamar la necesidad de una constitución, una postura un tanto obstruccionista.

Un grave problema entre moderados y progresistas es su creencia en su derecho a gobernar de forma “despótica de partido” y la falta de derechos del oponente. En general no creían en la alternancia de partidos, no estaban dispuestos a respetar una política que no fuera la suya.

El Estatuto Real se suele infravalorar en los tratados de historia de los siglos XIX y XX alegando que era una Carta Otorgada, que carecía de introducción o parte dogmática, y que estuvo en vigor poco tiempo.

Pero se le deben reconocer algunos valores al Estatuto Real:

Intentó conciliar orden con libertad y logar la convivencia entre los españoles, aunque no lo logró.

Puso fin al régimen absolutista.

Restauró las instituciones representativas.

Estableció la dualidad de Cámaras.

Reguló el derecho de disolución de las Cámaras.

No se limitó a dotar al país de un sistema representativo, sino que además introdujo instituciones parlamentarias como la constitución de un Consejo de Ministros.

Creó la figura del Presidente del Consejo de Ministros, con poder para elaborar los decretos de apertura y disolución de las Cámaras, previa presentación y aprobación por el Rey, que en teoría era quien abría, y disolvía en su caso.

Hizo compatible el ser ministro y ser parlamentario.

Puso mecanismos de control del Gobierno como la contestación al Discurso de la Corona, el examen de las peticiones, la discusión de los presupuestos, la cuestión de confianza y el voto de censura.

El Estatuto Real estaba en la línea de las constituciones europeas de su tiempo como las de Francia o de Inglaterra. Creó normas, instituciones, prácticas que perduraron mucho tiempo: el bicameralismo persistió hasta 1931 y se continuó en 1978; la forma de integrar el Estamento de Próceres estuvo en vigor hasta 1875; el derecho de disolución y veto monárquico; la compatibilidad de ser ministro y diputado a un tiempo, el sufragio censitario que duró hasta 1868.

El Estatuto Real abrió vicios y defectos del sistema electoral español, algunos de los cuales siguen vigentes en el siglo XXI.

El Estatuto Real intentó ser una norma e convivencia entre los españoles. No lo logró porque el ambiente político era de guerra civil más que de cooperación entre partidos y lo seguiría siendo durante décadas con más o menos virulencia. La situación de golpe de Estado y confrontación fue permanente en España.

Los carlistas reivindicaron instituciones como las del Estatuto Real como condición para integrarse en la política, pero en tiempos del Estatuto Real se opusieron a él.

El Estatuto Real no conducía a una democracia parlamentaria pues no entregaba la soberanía a las Cortes, lo cual disgustaba a los liberales.

 

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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