GOBIERNOS DE TRANSICIÓN, 1837-1840.

 

Contemplamos en este capítulo la sucesión de nueve Presidentes de Gobierno en tres años:

Eusebio Bardají, octubre 1837-diciembre 1837.

Narciso Heredia conde de Ofalia, diciembre de 1837- agosto de 1838.

Bernardino Fernández de Velasco duque de Frías, septiembre de 1838-diciembre de 1838.

Evaristo Pérez de Castro, diciembre de 1838-julio de 1840.

Antonio González marqués de Valdeterrazo, julio de 1840-agosto de 1840.

Valentín Ferraz, agosto de 1840.

Modesto Cortázar, agosto-septiembre de 1840.

Vicente Sancho, septiembre de 1840.

Espartero, septiembre-octubre de 1840.

 

Los Gobiernos de 1837-1840, de Bardají, Ofalia, Frías y Pérez de Castro, fueron Gobiernos de gente oscura, que había vivido la revolución de 1808 en edad madura, y que, cuando se hicieron cargo del Gobierno para servir a María Cristina, eran viejos para la época (mayores de 60 años avejentados). Eran todos ellos moderados, que en la época significaba transacción entre absolutismo moderado y liberalismo moderado. Se exceptuaba Frías que era liberal moderado, auténtico liberal.

Los Gobiernos de 1840 estaban en función de Espartero: Valdeterrazo porque era un partidario de Espartero, Ferraz porque era Capitán General de Castilla la Nueva con mando en Madrid, Cortázar porque era un intento de reacción contra Espartero, Sancho porque era la entrega definitiva a Espartero, y Espartero directamente al final.

Todos ellos se explican, primero por el deseo de María Cristina de gobernar autoritariamente, como en el absolutismo pero con Constitución, y en segundo lugar, por el estado de guerra en que vivía España que hacía que los hombres fuertes fueran los militares. El militar más fuerte del momento era Espartero, que no actuó como jefe de Gobierno hasta 1840, pero ejercía presiones sobre todos los Gobiernos de 1837-1840. María Cristina creía que el apoyo de Espartero serviría para dar estabilidad a su Trono.

Como no se logró el acuerdo entre María Cristina y Espartero, la Reina Regente se quiso apoyar en otro militar, Narváez, que contrapesara a Espartero. Había que fabricar ese general poderoso, y se le concedió un ejército igual al de Espartero. Esta vez, asegurándose previamente de que iba a colaborar con la Reina Regente. Pero esto lo veremos más adelante, en su momento.

Espartero era militar hecho en el servicio ordinario, de los llamados “ayacuchos”. Narváez era de élite, un líder de la Guardia Real, un hombre de academia. Las discrepancias entre uno y otro, dieron como resultado que el primero, que se oponía a María Cristina, fuera tomado como líder de los progresistas, y el segundo, colaborador de la Reina Madre, como líder de los moderados, sin que ninguno de los dos tuviera mentalidad liberal, pues ambos eran autoritarios y respetaban muy poco o nada la Constitución. Como ambos estaban llamados a dirigir la política española hasta 1868, podemos decir que el liberalismo español de mitad del XIX fue una especie de farsa, en el que todo el mundo acataba la Constitución, pero casi nadie respetaba los principios constitucionales. Era la vieja manera de actuación política española del “se acata, pero no se cumple”. Existía una minoría de liberales, casi siempre alguno de ellos presente en el Gobierno, fuera éste progresista o conservador, que sí creía en el liberalismo. Esta minoría, de vez en cuando introducía alguna ley liberalizadora, pero el siguiente Gobierno la convertía en letra muerta, mediante los reglamentos correspondientes complementarios a esa ley, o cambiando de Constitución, o haciendo otra ley paralela.

El tema concreto sobre el que se estaba centrando la política en 1837-1840 era la Ley de Ayuntamientos. En el trasfondo se discutía si se entregaba el poder municipal a las Milicias populares y sus Juntas populistas, o se mantenía el dominio de la burguesía y la Corona sobre las decisiones municipales, poniendo con ello cierto orden en vida municipal.

 

 

Gobierno Bardají

    18 octubre 1837 – 16 de diciembre 1837.

 

Presidente, Eusebio Bardají Azara.

Estado, Eusebio Bardají Azara.

Gracia y Justicia, Pablo Mata Vigil.

Guerra, Francisco Ramonet Xaraba del Castillo / 8 diciembre 1837: Jacobo María Espinosa, barón de solar de Espinosa.

Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, Francisco Javier Ulloa.

Hacienda, Antonio María Seijas.

Gobernación, Rafael Pérez / 26 de noviembre 1837: Francisco Javier Ulloa.

 

Con Eusebio Bardají se iniciaba una etapa moderada que perduraría, a través de los Gobiernos de Ofalia, Frías y Pérez de Castro, hasta julio de 1840. Eran hombres puestos por María Cristina. Cuando hablamos de moderados, entendemos colaboradores de Fernando VII que se habían pasado a apoyar a Isabel II. En muchas ocasiones se puede dudar de que tuvieran convicciones liberales.

Bardají era viejo a sus 61 años, estaba falto de energía. Había sido colaborador de Fernando VII.

En el principal problema, el carlismo, se ponía de manifiesto la incapacidad del Gobierno para ganar militarmente la guerra carlista y por ello, Bardají intentó combinar la acción armada con las negociaciones políticas, a fin de terminar con la guerra. Su baza era prometer fueros a los vascos y navarros a cambio de que abandonaran a Carlos V. Por entonces, el carlismo no defendía todavía los fueros vascos, y la oferta de Bardají resultaba interesante. La divisa de Bardají era “Paz y Fueros”. Vicente González Arnao y José Antonio Muñagorri fueron los contactos de Bardají con el carlismo, pero fracasaron.

El 28 de noviembre de 1837, Martínez de la Rosa expuso el programa del Partido Moderado frente a los carlistas: paz leal y honrosa, sin venganzas, magnánima y generosa; justicia; y orden público. Era una invitación a la negociación.

Respecto a la guerra carlista misma, las acciones militares, en 1837, la visión liberal de la guerra fue distinta a años anteriores, porque los militares del Gobierno de Madrid empezaron a dominar sobre los carlistas, y cada vez hubo más tensiones en el bando carlista. Ello debería haber dado como resultado menos tensiones en el bando cristino, pero todos sabían dos cosas: que nadie ganaría la guerra definitivamente, y que el que lograra terminarla mediante un acuerdo, moderado o progresista, se asentaría fuertemente en el poder.

En la alta política, el resultado de esta guerra era que cada vez había más militares en cargos políticos, y el Gobierno se estaba contaminando de militarismo.

El Gobierno Bardají cayó en 16 de diciembre 1837 en la discusión del Mensaje de la Reina en las Cortes. El general Ramón María Narváez presentó a la Regente una lista de ministros para el nuevo Gobierno. Con ello, se mostraba quiénes eran el verdadero poder dominante, los militares.

 

 

La guerra carlista a fines de 1837.

 

El 29 de octubre de 1837, los carlistas intentaron reponerse del fracaso de la Expedición Real y lanzaron el Manifiesto de Arciniega, en el que Carlos V manifestaba su decisión de continuar la guerra, para a continuación, hacer una depuración completa de todos los que habían fracasado militarmente:

Se procesó a Zariátegui, Elío y Gómez.

Se castigó a Sebastián Gabriel y a Cabañas.

Se entregó el poder militar a los ultras apostólicos. El nuevo jefe militar carlista era Juan Antonio Guergué, que resultó militarmente ineficaz, fue derrotado por Espartero en junio de 1838, y habría de ser sustituido más tarde por Rafael Maroto el 24 de junio de 1838. Maroto no era un ultrarrealista. Los ultras carlistas estaban fracasando.

Para los liberales, la ocasión de acabar con la guerra era muy clara a fines de 1837. Pero el horizonte de terminar la guerra con victoria liberal fue más bien un motivo de discusión, de acusaciones mutuas entre moderados y progresistas, pues todos los Gobiernos habían prometido y prometían acabar con la guerra, y nunca se acababa. La guerra no podía tener un final con imposición de una bando sobre el otro. El único final era la negociación.

El Gobierno carlista de octubre de 1837 estaba integrado por:

Guerra, José Arias Teijeiro.

Estado, Wenceslao María Sierra.

Gracia y Justicia, Joaquín Abarca, obispo de León / José Arias Teijeiro.

Hacienda, Pedro Alcántara Díaz de Labandero.

 

 

Gobierno Ofalia.

18 de diciembre 1837 – 29 agosto 1838.

 

Presidente, Narciso Heredia y Begines, conde Ofalia.

Estado, Narciso Heredia y Begines, conde de Ofalia.

Gracia y Justicia, Francisco de Paula Castro y Orozco.

Guerra, Joaquín Baldomero Fernández “Espartero”, conde de Luchana como titular, pero en realidad ejercía Jacobo María Espinosa, barón del Solar de Espinosa / 17 enero 1838: José Carratalá / 19 marzo 1838: Manuel Latre como titular, pero ejercieron sucesivamente como interinos Manuel Cañas / 26 mayo 1838: Narciso Heredia y Begines, conde de Ofalia / 26 agosto 1838: Juan Antonio Aldama Irabien.

Marina, Comercio y Ultramar, Manuel de Cañas-Trujillo y Sánchez 1777-1850, como titular, pero ejercía Joaquín José Muros, marqués de Someruelos.

Hacienda, Alejandro Mon Menéndez.

Gobernación del Reino para Península e Islas Adyacentes, Joaquín José de Muros, marqués de Someruelos.

 

El Gobierno de diciembre de 1837 era un Gobierno moderado, gestionado por Ofalia, un excolaborador de Fernando VII. Espartero y Narváez se batían dialécticamente todos los días en las Cortes y con ello quedaba claro quiénes eran los líderes políticos del momento, los militares. Era un Gobierno débil, política y militarmente. Espartero no quiso colaborar en el Gobierno Ofalia al que consideraba demasiado moderado y, aunque había sido nombrado Ministro de Guerra, se marchó al frente del norte.

Políticamente, Ofalia era un diplomático nada resolutivo. Ya había sido Secretario de Estado en 1824 para Fernando VII. Ofalia aceptó la presidencia como una carga. Sabía que el hombre fuerte era Espartero, el jefe del ejército que llevaba la guerra carlista, y le pidió que fuera Ministro de la Guerra o designase a alguien de su confianza para el cargo. Espartero no accedió ni a lo uno ni a lo otro, y en enero de 1838 se nombró a José Carratalá, un hombre al que se suponía amigo de Espartero. Enseguida se recibió un escrito de Espartero quejándose de la falta de recursos para la guerra, y se supo que el nombramiento de Carratalá había sido un error de cálculo de Ofalia.

Para iniciar negociaciones, Ofalia ofrecía a los carlistas restablecimiento de los fueros a cambio de la paz, es decir que, continuando la línea política de Bardají, trataba de negociar. Sabía que no podía vencer. Evaristo San Miguel, el líder progresista del momento, exigía una política bélica de “muerte y exterminio”. Toreno le contestó que el Gobierno quería un final de la guerra honroso, un final por transacción, que permitiera olvidar el conflicto y seguir adelante a los españoles. Martínez de la Rosa y Toreno se desprestigiaron en estas posturas y decayeron políticamente. Los españoles querían victorias totales, aplastantes.

Las subastas de bienes eclesiásticos decayeron, por miedo a la inestabilidad política y ello hizo cesar la afluencia de fondos para sostener la guerra, de modo que los moderados entraron en un contradicción, pues al cumplir uno de sus objetivos, parar las subastas para contentar al carlismo, se hacían imposible el otro, acabar la guerra, pues faltaban fondos. Los ingleses constataron esta contradicción y decidieron no colaborar en la guerra, pues consideraban a Ofalia un completo incapaz.

Un Gobierno moderado no podía dejar sin tocar la enseñanza regulada por los progresistas en 1836, y 29 de mayo de 1838, Joaquín José de Muros marqués de Someruelos decidió que cada profesor no podía tener su propio libro de texto, sino que el texto sería elegido por el claustro de profesores y el profesor se debía someter a esa decisión.

Como iniciativa de Gobierno importante, podemos citar que, el 12 de julio de 1838, una ley propugnó la creación de Escuelas Normales, lo que daría como fruto, el 8 de marzo de 1839 una Escuela Normal en Madrid, impulsada por Antonio Gil de Zárate y Pablo Montesino. En pocos años, las Escuelas Normales se multiplicaron y, en 1845 habría ya 42 escuelas que se regían por el reglamento de Gil de Zárate de 15 de octubre de 1843. En 1845, se haría obligatorio estudiar en una Escuela Normal para ser maestro. Pero el proyecto tenía un punto débil y era la financiación a cargo de las Diputaciones, de modo que muchas Escuelas Normales languidecían y llegaron a cerrar hasta quedar sólo 32 en 1849. El proyecto de Escuelas Normales se revitalizaría con la ley Moyano de 1857.

 

En 1838, el marqués de Pontejos creó la Caja de Madrid. Con ello se abría un sistema de cajas para canalizar el ahorro de los españoles. El tema lo veremos en 1839.

En el tema del presupuesto del Estado, fundamental en el papel de las Cortes, en 1838 las Cortes se limitaron a aprobar un presupuesto de la Casa Real y del Ministerio de Estado, autorizando al Gobierno a cobrar los mismos impuestos que en 1835. No se abordó el problema de los impuestos, fundamental en cualquier Estado. No el Gobierno ni las Cortes trabajaron los presupuestos de 1839. Ello provocó algunos incidentes pues algunos diputados declararon que no se podían exigir contribuciones que no hubieran sido aprobadas en Cortes, y los impuestos de 1835 no lo habían sido. Alguno llegó a proponer que no se pagasen los impuestos no aprobados en Cortes y ello significaba la paralización del Estado, lo cual generó un problema en noviembre de 1839, la necesidad urgente de hacer presupuestos.

Un motín en Cádiz en agosto de 1838, determinó la caída del Gobierno y la definitiva retirada de Ofalia.

En septiembre de 1838, Ofalia sufrió una fuerte crítica y fue desautorizado. Espartero pidió la dimisión de Ofalia y el Gobierno cayó.

 

 

La guerra carlista en 1838.

 

En enero de 1838 tomó el mando carlista de Cataluña José Segarra hasta que, en julio de 1838, fue sustituido por Carlos de España conde de España[1].

En enero de 1838, Cabrera tomó Benicarló y Morella. Puso su cuartel general en Morella. En febrero tomó Gandesa y envió a Cabañero a Zaragoza de donde éste volvería derrotado. También conquistó Chelva, pero fue derrotado en Alcañiz. En agosto de 1838, Cabrera resistió en Morella el ataque de Oráa. En 1 de octubre de 1838, Cabrera derrotó y mató al general Pardiñas en Morella. La fase sanguinaria de Cabrera terminó el 3 de abril de 1839, cuando aceptó el acuerdo Eliot de no matar prisioneros. Por parte cristina firmaba Van Halen, y el acuerdo se llamó Acuerdo de Lécera y Segura.

El cansancio hizo mella en el carlismo: Don Carlos era muy poco democrático. Cuando alguien elegido por las Diputaciones, no le gustaba, le cambiaba. Hizo que las Diputaciones perdieran su independencia y pasaran a depender de Gracia y Justicia. Las alcaldías eran investigadas periódicamente para tener alcaldes fieles. Los reclutamientos eran forzosos y sin mirar las condiciones familiares de los reclutados, los cuales desertaban frecuentemente y se escondían en caseríos del monte o en Francia. Las exigencias económicas a los vascos y navarros eran muy grandes, del orden del 350% de lo que pagaban antes de la guerra, y se encarcelaba a los que no pagaban. Como no tenía catastros, cobraba las contribuciones según la opinión popular que de cada familia tuvieran los vecinos de la zona. Y cometía irregularidades tributarias como confiscar animales y, luego cobrar contribución por esos mismos animales confiscados. El clero pagaba “donativos reintegrables”. Vizcaya imponía además un “donativo mensual”. Los empleados públicos debían ceder dos tercios de su sueldo al Estado carlista. Había una contribución especial de cinco reales por cabeza de familia. Se subieron los aranceles y arbitrios de aduanas. Se exigían anticipos de impuestos. La vida era muy difícil en el País Vasco y Navarra.

Don Carlos, ante la ineficacia manifestada por Juan Antonio Guergué, derrotado en Peñacerrada el 20 de junio de 1838, aunque triunfante en Balmaseda, entregó el mando del ejército carlista al general Rafael Maroto en 24 de junio de 1838, que hasta ese momento estaba desterrado en Francia por culpa de los apostólicos. Maroto era políticamente carlista moderado, pero muy duro como militar. Maroto el jefe militar, estaba en disidencia con los apostólicos que constituían el Gobierno carlista. Aceptaba la realidad de que la guerra no la ganaría ningún bando, y ello fue un cambio muy importante en el carlismo.

Maroto renovó el ejército carlista vasco navarro, aprovechando un periodo de poca actividad bélica en 1838. Cambió algunos mandos del ejército carlista.

José María de Orbe y Elío marqués de Valdespina fue nombrado Ministro de Guerra carlista. Resultaba así, Comandante político del ejército Carlista, aunque el jefe militar fuera Maroto.

Maroto anuló destierros, sobreseyó procesos judiciales, y acogió al obispo cubano Cirilo de la Alameda, como contrapeso a los curas carlistas líderes de los apostólicos.

 

Gobierno carlista de junio de 1838:

Guerra, José Arias Teijeiro / 28 de agosto de 1838: José María de Orbe y Elío marqués de Valdespina.

Estado, José Arias Teijeiro.

Gracia y Justicia, José Arias Teijeiro / Joaquín Abarca, obispo de León.

Hacienda, Pedro Alcántara Díaz de Labandero.

 

En 1 de agosto de 1838, habiendo muerto María Francisca de Braganza en 1834, don Carlos se casó con María Teresa de Braganza princesa de Beira, hermana de la difunta María Francisca, su anterior esposa, y de ideas ultracatólicas y absolutistas. Maroto fue el encargado de hacer llegar al País Vasco a la Princesa de Beira. La princesa era una ultra y, por tanto, Maroto, un carlista moderado, se equivocaba al cumplir esta orden de traslado de María Teresa al País Vasco. La princesa obtuvo el apoyo de muchos curas y frailes carlistas e integristas católicos, y la guerra se hizo de nuevo más violenta y la tensión entre los propios carlistas, mayor. Era una contradicción que se eligiera un jefe militar partidario de la negociación, y se casara Don Carlos con una radical.

Aparecieron entre los apostólicos, unos líderes campesinos integristas que iniciaron una violencia feroz incluso contra los carlistas que no pensaban como ellos. Incluso pensaron en asesinar a Maroto. Ello significaba una crisis interna en el carlismo.

Maroto decidió fusilar a los apostólicos más destacados y fue acusado de traición por ello. Para no ser ajusticiado, Maroto levantó sus tropas contra las de Don Carlos. El infante Don Sebastián fue separado del mando, pues los obispos y los apostólicos pedían el ataque a Madrid.

Espartero aprovechó el momento de debilidad carlista para tomar Ramales (Cantabria), que desde ese momento se llamó Ramales de la Victoria, y Espartero Duque de la Victoria. También tomó Villarreal (Álava). Espartero venció en Peñacerrada (sur de Álava) en julio de 1838. Estos avances aislaron la Vizcaya carlista de Cantabria, Burgos y Álava, lo que le permitió a Espartero atacar Durango a fin de separarla también de Guipúzcoa.

Maroto estaba más interesado en negociar una paz con Espartero que en contraatacar y fue depuesto: Maroto no quería exponer inútilmente a sus hombres, y prefería soldados vivos derrotados a héroes muertos. Esta actitud exasperó a los ultrarrealistas, los cuales hablaban de la necesidad de supeditación de los intereses económicos y de las vidas humanas a la causa carlista. Así resultaba que los cuadros políticos carlistas, muchos de ellos eclesiásticos, que se hacían llamar apostólicos, puros, o ultras, se convirtieron en enemigos de los militares y del común de la gente que no estaba allí para entregar la vida sin más. Entre los moderados carlistas estaban los militares Elío, Zariátegui y Gómez, y los políticos Erro, Valdespina y Piscina. Entre los ultrarrealistas estaban Villemur, Sanz, Guergué, Abarca, Arias y Labandero. Pablo Sanz ya había hablado de traición en la Expedición Real.

La crisis carlista de fines de 1838 posiblemente tuviera relación con la llegada de la Princesa de Beira al País Vasco en octubre de 1838. La Princesa se casó con Don Carlos, pero no quiso sumarse a las declaraciones integristas católicas, por lo que queda una razonable duda sobre este tema.

Los apostólicos decidieron eliminar a Maroto, aunque no sabemos el significado del término “eliminar” para este caso. Puede ser que no descartaran asesinarle. Maroto dijo haber descubierto una conspiración contra él y decidió que se debía acabar con los ultrarrealistas. Lo haría en febrero de 1839.

Espartero, ante esta situación carlista, debía obtener lógicamente éxitos, pero al contrario, el general Marcelino Oráa fue derrotado por Cabrera en Morella en agosto de 1838.

 

 

Socialismo en Barcelona en 1838.

 

Tras los sucesos de 1835, los obreros comenzaron a organizarse para defender sus condiciones de trabajo, pues los patronos estaban alargando las piezas, aprovechando que al obrero tejedor se le pagaba por pieza terminada. En 1838, los tejedores hicieron asambleas, eligieron a sus representantes, y éstos fueron a visitar al Jefe Político (Gobernador Civil Provincial) y le expusieron sus quejas. El Jefe Político de Barcelona decidió que la razón estaba de parte de los patronos, pues como dueños de los negocios tenían derecho a decidir sobre el largo de las piezas. Esa decisión era un error. El Jefe Político fue más allá y decidió prohibir las protestas obreras. En este caso la decisión era un abuso de derecho. Y las cosas ocurrieron como era de prever: los patronos decidieron seguir aumentando más y más el largo de las piezas, lo cual era una rebaja continua de salarios de los obreros.

Hay que apostillar que los salarios de los obreros textiles eran altísimos, así como tres veces más que un salario del campo o de la construcción, y que los empresarios sabían que sus obreros podían subsistir perfectamente con esas bajadas de salario. Pero estaban jugando a ser más listos que los obreros y provocando la acción obrera contra ellos. No era muy inteligente la postura de bajar unilateralmente los salarios. La asociación obrera llegaría en 1840. La crearían los obreros de más poder adquisitivo de España.

 

 

Gobierno Duque de Frías,

6 de septiembre 1838 – 9 de diciembre 1838.

 

Presidente, Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías.

Estado, Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías.

Gracia y Justicia, Domingo María Ruiz de Vega Méndez / 6 diciembre 1838: Antonio González González.

Guerra, Manuel Latre Huarte como titular, pero ejerció Juan Antonio Aldama Irabien y, a partir 9 octubre 1838, Isidro Alaix, un día, y Valentín Ferraz dos días. / 11 octubre 1838: Francisco Hubert / 31 octubre 1838: Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías.

Marina, comercio y gobernación de Ultramar, Juan Antonio Aldama Irabien / 9 octubre 1838: José Antonio Ponzoa Cebrián / 6 diciembre 1838: José María Chacón Pery.

Hacienda, José Vigil de Quiñones León, marqués de Montevirgen / 6 diciembre 1838: Pío Pita Pizarro.

Gobernación del Reino para Península e Islas Adyacentes, Alberto Felipe Baldrich de Veciana, marqués de Vallgornera / 6 diciembre 1838: Francisco Agustín Silvela.

 

El duque de Frías había sido un liberal moderado por convicción, contrariamente a lo que predominaba por entonces entre los últimos jefes de Gobierno de mentalidad absolutista, absolutistas adaptados al nuevo momento. Frías era un ignorante en materia administrativa y de hacienda. Por el contrario, tenía una visión acertada de la situación política general española:

Ante la situación de hecho de que los Gobiernos actuaban mirando si Espartero estaría o no de acuerdo con cada decisión o nombramiento, su idea fue elevar a la otra figura militar que podía eclipsar a Espartero y creó un Ejército de Reserva del Centro, poniendo al mando del mismo a Ramón María Narváez. El Ejército del Centro era tan poderoso como el del norte que estaba en manos de Espartero. Espartero se opuso al proyecto del nuevo ejército y envió una carta a la Reina Gobernadora con la protesta, y los ministros se echaron a temblar ante la protesta de Espartero. Desde ese momento, los amos de la política interior fueron Narváez y Espartero, que, como militares, tenían sus propios criterios distintos a los de los políticos. Como Espartero tiraba Gobiernos conservadores, fue adoptado por los progresistas como su líder. Y Narváez fue adoptado por los moderados.

El general liberal Luis Fernández de Córdova se sublevó en Sevilla, pero la insurrección pudo ser dominada. De nuevo se ponía de manifiesto la polémica existente entre políticos y generales.

El 31 de octubre de 1838, Espartero pidió la destitución de Narváez. Consideraba que el ejército no debería tener dos cabezas, pues ello amenazaba con una guerra civil entre moderados y progresistas. Amenazó con que, o caía el Gobierno, o se marchaba él. Los del Gobierno de Frías decidieron destituir a Narváez. Pero ello era una decisión muy complicada, que llevó a Frías a dimitir.

 

En 26 de noviembre de 1838, Felipe Baldrich marqués de Vallgornera reformó de nuevo la enseñanza volviendo a la libertad del profesor, dada en 1836 y limitada en mayo de 1838: decidió que cada profesor podía escoger su libro de texto y el método de enseñanza que iba a seguir, aunque recomendaba que la enseñanza no fuera mecánica repetitiva como en los siglos anteriores, sino que el alumno debía comprende el significado de los que aprendía. Vallgornera hizo divisiones de alumnos de primera enseñanza en niveles: de 6 a 8 años; de 8 a 10 años y de 10 años en adelante.

 

 

La guerra carlista a fines de 1838.

 

Respecto a la Guerra Carlista, el Duque de Frías negoció con Austria, Prusia y Rusia el que retiraran su apoyo a los carlistas. El Gobierno se mantenía en la postura de ofrecer paz por fueros, y negociar con el enemigo. Narváez acabó con los carlistas de La Mancha, ganando un cierto prestigio, pues limitaba el campo de acción carlista a unas zonas determinadas de España.

Maroto reorganizó el ejército carlista a fines de septiembre del 1838. Había muchas disensiones internas y el momento se hacía difícil para el carlismo: La primera, era entre los mandos del carlismo y los militantes de base. La segunda era entre los propios mandos del carlismo por la marcha de la guerra, configuración del Estado y el futuro de Don Carlos. Había agotamiento económico, los soldados desertaban, la policía carlista actuaba demasiado contra los suyos, lo cual era signo de decadencia de la causa.

Algunos militares carlistas empezaron a pensar que debía establecerse entre ellos un absolutismo moderado y dialogante que buscara acuerdos con los liberales. Estaban entre ellos Rafael Maroto, Juan Antonio de Zariátegui, Miguel Gómez Damas. Contaban con el apoyo de civiles como Juan Bautista Erro, José María del Orbe y Elío marqués de Valdespina y Paulino Ramírez de la Piscina. Los que buscaron acuerdos fueron llamados “transaccionistas” y calificados de traidores por los apostólicos o puros. Los apostólicos o puros contaban con el conde de Villemur, Pablo Sanz, Juan Antonio Guergué, José Abarca (obispo de León), José Arias Teijeiro y Pedro Díaz Lavandero. Éstos no admitían ningún acuerdo con los liberales.

 

 

Gobierno Evaristo Pérez de Castro – Isidro Alaix

9 diciembre 1838 – 19 julio 1840.

 

Presidente, Evaristo Pérez de Castro Colomera, pero ejercía interinamente Isidro Alaix Fábregas.

Estado, Evaristo Pérez de Castro Colomera, pero ejercía interinamente Mauricio Carlos de Onís, y a partir de 19 de julio 1840: José del Castillo y Ayensa.

Guerra, Isidro Alaix como titular, pero ejercía como interino Francisco Narváez y, a partir de 8 abril 1840: Fernando Norzagaray / 14 abril 1840: Serafín María de Soto, conde de Cleonard, como titular, pero ejercía Fernando Norzegaray / 19 julio 1840: Manuel Varela Limia.

Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, José María Chacón Pery / 9 diciembre 1838: Isidro Alaix / 10 mayo 1839: Casimiro Vigodet Guernica como titular y ejerciendo realmente Isidro Alaix, y en 12 de junio 1839: José Primo de Rivera Ortiz y desde 21 octubre 1839: Isidro Alaix de nuevo / 30 Octubre 1839: Francisco Narváez / 16 noviembre 1839: Manuel Montes de Oca / 8 abril 1840: Juan de Dios Sotelo Machín / 18 julio 1840: Francisco Armero Peñaranda.

Hacienda, Pío Pita Romero / 10 mayo 1839: José Ferraz / 12 mayo 1839: Domingo Jiménez / 19 agosto 1839: José Ferraz / 20 de agosto 1839: José Primo de Rivera Ortiz / 3 septiembre 1839: José San Millán / 8 abril 1840: Ramón Santillán González.

Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola García

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Antonio Hompanera de Cos / 10 mayo de 1839: Lorenzo Arrazola García / 18 mayo 1839: Juan Martín Carramolino / 21 octubre 1839: Lorenzo Arrazola García / 16 noviembre 1839: Saturnino Calderón Collantes / 8 abril 1840: Agustín Armendáriz Murillo.

 

Pérez de Castro era miembro destacado del partido moderado y sabía perfectamente que el problema principal de su Gobierno era Espartero. Por eso hizo un Gabinete fuerte, de coalición. Su mano derecha, presidente interino, Ministro de Guerra, en algún momento Ministro de Marina, Comercio y Navegación, Isidro Alaix, era compañero de Espartero. Pío Pita, el Ministro de Hacienda era un personaje próximo a los progresistas. De otra parte, quería la conciliación con una nueva generación de políticos.

Pérez de Castro era viejo y enfermo, y para Gobernación del Reino escogió dos ayudantes, Lorenzo Arrazola y Antonio Hompanera, que eran muy jóvenes e inexpertos. La política de gobernar según lo que se creía que podía agradar a Espartero era equívoca e inestable.

El pasado de Pérez de Castro, de colaboración con los liberales, no implica que tuviera ideas de ese tipo. Representaba un intento de la Reina Regente de conciliar a moderados y progresistas en un Gobierno de concentración. Pero la revolución de julio-septiembre de 1840 acabó con esta esperanza, con el Gobierno y con la Regente.

Pérez de Castro suspendió las Cortes en noviembre de 1839. Linage, secretario de Espartero, dijo que Espartero era contrario a esa disolución. Espartero mismo, desde Mas de las Matas (Teruel), se dirigió el 19 de diciembre de 1839 a la Regente para decirle que los miembros del Gobierno no eran idóneos. La fórmula de expresión era común a la de muchos dictadores: “él no intervenía en asuntos políticos, pero quería expresar su opinión”. Quedaba en evidencia el problema de saber quién gobernaba España, si el Gobierno de Madrid o Espartero.

Pérez de Castro hizo unos pocos decretos de mínima importancia histórica:

una Ley del Diezmo,

una ley de contribuciones especiales para recaudar 604 millones para la guerra,

una recluta de soldados de 40.000 hombres,

el 28 de febrero de 1839 emitió una Circular autorizando las Sociedades de Socorros Mutuos, lo cual dejaba en la ilegalidad a las sociedades de resistencia, pero las Sociedades de Socorros Mutuos se convirtieron en una excusa para un nuevo asociacionismo obrero.

Durante el resto de su periodo de gobierno, los Diputados dedicaron el tiempo a discutir e insultarse, jaleados por una turba que desde las tribunas del Congreso abucheaba o jaleaba a los diputados interrumpiendo constantemente. Hicieron todo tipo de decretos estúpidos, pero no llegaron a aprobar ningún presupuesto a tiempo en 1838 y 1839 (los presupuestos de 1840 empezaron a prepararse el 15 de noviembre de 1839 y estuvieron listos el 30 de mayo de 1840). La Ley de Presupuestos fue sustituida siempre por un decreto, o varios, para financiar asuntos concretos. El dinero lo controlaba el Gobierno y no las Cortes.

En junio, Espartero se cansó del Gobierno Pérez de Castro y puso nuevas exigencias a María Cristina, la cual disolvió Cortes y convocó elecciones para julio.

Las elecciones de julio de 1839 fueron bien preparadas por los progresistas mediante mítines, reuniones, programas, campañas de prensa, mientras los moderados se dividieron entre los que opinaban que, en son de protesta, había que abstenerse en las elecciones que había forzado Espartero y lo que querían presentar batalla a los progresistas. El progresismo tuvo una victoria arrolladora. El consenso que los moderados y progresistas habían intentado en los últimos años, se rompió.

 

 

La guerra carlista en 1839.

 

En 1839, los carlistas estaban divididos y desmoralizados. La división interna se debía a la torpeza de Don Carlos, que expulsó del poder a los renovadores y se apoyó en los carlistas cerrados, apostólicos, casi todos ellos mediocres como políticos. Las órdenes de Estado Mayor carlista no eran acertadas, y entre los oficiales inferiores surgió el descontento. El ejército carlista se fragmentó. Por un lado estaban los “apostólicos” liderados por Nazario Eguía, y por el otro los seguidores de Maroto.

En el caos carlista había intervenido Espartero. Espartero había introducido la discordia en el campo enemigo infiltrando conspiradores y pagando a desertores.

A nivel nacional español, los dos bandos, los cristinos y los carlistas, sabían que ninguno conseguiría la victoria a corto plazo, y los dos querían la paz de manera inmediata.

Maroto acusó a los cristinos de incumplir el convenio Elliot y pidió a lord John Hay que intermediara por el final de la guerra, ofreciendo la posibilidad de entrevistarse con Espartero para tratar los temas pendientes.

Maroto representaba a la facción carlista pactista, partidarios de acabar la guerra e ir a la reconciliación nacional, aunque ello fuera a costa de que Don Carlos renunciase a sus derechos. Prefería el matrimonio del conde de Montemolín, hijo de Don Carlos, con Isabel II. Se conformaban con conservar los fueros vascos y navarros, mantener los grados de los oficiales carlistas y los cargos en el ejército y la Administración carlista. Estaban cansados de Don Carlos, que les había defraudado doblemente, primero al no querer entrar en Madrid en la Expedición Real, y segundo al haber llamado a formar Gobierno carlista a los más radicales carlistas, los intransigentes.

Los carlistas radicales se pusieron a fusilar carlistas pactistas, y entonces Maroto, el 19 de febrero de 1839 decidió fusilar a generales carlistas radicales del Gobierno de Estella, como Juan Antonio Guergué, Francisco García, Pablo Sanz Baeza, el brigadier Teodoro Carmona, el oficial Luis Antonio Ibáñez, así como al intendente Francisco Javier Uriz (oficial de la Secretaría de Guerra de Ibáñez), de los que sabía que habían urdido una conspiración para eliminarle a él. Se hizo sin proceso judicial, en Estella. El jefe de la conspiración contra Maroto, Florencio Sanz, logró huir cuando era conducido preso.

Don Carlos destituyó entonces a su generalísimo, Maroto, y nombró Jefe del carlismo a Ignacio de Negri Mendizábal, conde de Negri. Maroto fue declarado traidor por Don Carlos el 20 de febrero de 1839, pero los soldados no hicieron caso a la orden escrita de don Carlos, que el propio Maroto les leyó, y aclamaron a Maroto. Don Carlos se dio cuenta de que perdía a la mayoría de sus hombres, y el 23 de febrero revocó la orden de destitución, retornando Maroto al mando del ejército, pero ya era tarde para Don Carlos, porque Maroto había tomado la decisión de abandonarle y de entrar en conversaciones con Espartero. Automáticamente, todos los dirigentes apostólicos dimitieron y se exiliaron en Francia. Maroto inició conversaciones con Francia a Inglaterra sobre la preparación de una paz. En julio y agosto de 1839, volvió a ponerse en contacto con Espartero.

Maroto había llegado a un punto sin retorno. No le quedaba más salida que negociar la paz con los cristinos. Decidió negociar sobre los fueros y sobre el destino de los combatientes carlistas.

Suprimió la Junta Provisional Consultiva del Ministerio de Guerra, restableció en Consejo Supremo de Guerra, desterró a 28 militares, cambió los jefes del ejército carlista y puso en su lugar a Elío, La Torre, Iturriaga, Alzáa, Urbiztondo, instituyó la Junta de Estado, integrada por los Secretarios de Despacho, los Consejeros y los hombres que designaba Maroto para ello, y nombró nuevo Gobierno carlista:

Último Gobierno carlista, febrero de 1839.

Presidente, Francisco Javier Idiáquez y Carvajal duque Granada de Ega.

Guerra, Juan Montenegro / Francisco Javier Idiáquez y Carvajal duque de Granada de Ega.

Estado, Paulino Ramírez de la Piscina.

Gracia y Justicia, Paulino Ramírez de la Piscina.

Hacienda, José Marcó del Pont / José Goyeneche.

 

 

Conversaciones de paz en 1839.

 

Rafael Maroto y muchos militares guipuzcoanos y vizcaínos estaban dispuestos a pactar, mientras el brazo duro del carlismo, fundamentalmente Don Carlos, y algunos alaveses y navarros, se negaban rotundamente a ello.

Por el lado cristino, en 1839, Espartero general en jefe del ejército del Norte desde 1836, envió 100.000 hombres y 700 cañones contra los carlistas. Los carlistas sabían que el carlismo no podía desaparecer, pues el pensamiento absolutista y católico no podía ser erradicado, pero no estaban dispuestos a morir inútilmente en una guerra sin sentido y sin final, y ello contribuyó a la división interna del carlismo.

Maroto encargó al arriero Martín Echaide, de Borgota, que le pusiera en contacto con Espartero, y los primeros contactos tuvieron lugar a fines de febrero y principios de marzo de 1839.

En las conversaciones de abril y principios de mayo de 1839, Maroto pretendía forzar el matrimonio de don Carlos con Isabel II, y las conversaciones fracasaron. Espartero le respondió que no podía garantizar ese matrimonio, pues sus órdenes eran eliminar físicamente a Don Carlos a su familia, pero que respetaría los fueros y los grados y empleos de los soldados carlistas. No podía haber acuerdo.

En mayo de 1839, Maroto envió a su ayudante Duffau-Pauillac, a ver al mariscal Soult. Éste propuso la renuncia de don Carlos como solución al conflicto. Maroto no podía aceptar.

Maroto se entrevistó con lord John Hay y le expuso que, en su parecer, la guerra era fratricida y devastadora, y además que era inútil. Lord Hay se ofreció a mediar ante los cristinos. Maroto le manifestó estar dispuesto a firmar un armisticio en el territorio que él dominaba, el País Vasco, en el cual se podía acordar la salida de España de María Cristina y de don Carlos, los dos líderes de los bandos en guerra, celebrar Cortes Estamentales, dar una amnistía general y completa para los soldados carlistas con seguridades para los oficiales carlistas en el sentido que conservarían sus cargos militares y sus bienes personales y la opción de retirarse a sus casas o de pasarse al ejército cristino conservando empleos y honores, siempre que juraran fidelidad a Isabel II y a la Constitución, y aceptar el compromiso de respetar los fueros vascos y navarros.

Gran Bretaña tenía interés en asegurar el tráfico del Estrecho de Gibraltar, y Francia el tráfico Argel–Marsella, y ambas querían el fin de la guerra carlista en España.

Palmerston, Ministro de Asuntos Exteriores británico, estuvo conforme con las condiciones de Maroto y ordenó a Lord Hay hablar con el coronel Wylde, agregado militar en el Cuartel de Espartero, y que pusiesen en contacto a Espartero con Maroto para discutir los siguientes términos de un preacuerdo de paz:

Conclusión de todas las hostilidades y salida de España de Don Carlos, debiendo éste recibir de España una pensión vitalicia.

Conservación de empleo y paga de los oficiales y jefes carlistas, y una amnistía completa para todos ellos.

Reconocimiento de Isabel II hecho por las Provincias Vascas en el que reconociera la Regencia de María Cristina, la constitución de 1837 y la integridad del territorio español.

Que las instituciones locales y privilegios vascos, compatibles con el sistema representativo adoptado en la constitución de 1837, fueran permitidas por el Gobierno español, siempre que estas instituciones reconociesen la unidad de la monarquía española.

Los comisionados ingleses hicieron bien su trabajo y lograron dar la impresión de que Gran Bretaña no forzaba las negociaciones para así no molestar ni a cristinos ni a carlistas. Ni siquiera aparecía Gran Bretaña como garante del Convenio de Vergara. Las potencias europeas se interesaron por esas conversaciones de paz a fin de tener parte en los negocios de la parte vasco-navarra. Pero la solución para los que habían prestado a Don Carlos no era otra que la unión matrimonial de Isabel II y el hijo de Don Carlos, a fin de que el Estado español se hiciese cargo de sus empréstitos.

Espartero decidió negociar en nombre propio, sin representar al Gobierno español, como hubiera sido lógico, sin comunicarle nada al Gobierno de Madrid y, en estricta legalidad, el Abrazo de Vergara fue una traición por la que Espartero debía haber sufrido Consejo de Guerra. Al contrario, Espartero fue nombrado duque de la Victoria y fue promovido a la mayor popularidad entre los españoles.

El hombre que generó el mito “Espartero” fue el brigadier Linage, el cual difundió una leyenda que no se correspondía en absoluto con lo que había pasado, y así se explicó en los libros de historia de España durante mucho tiempo. Tampoco era nada progresista la actitud del que iba a ser tenido por líder de los progresistas, y muchos liberales se dieron cuenta de ello y exigieron que el Convenio de Vergara hubiera de ser discutido en Cortes. El líder progresista Mendizábal se oponía a que se mantuvieran los fueros vascos y navarros. Por otra parte, en las Cortes eran los moderados los que venían pidiendo “paz honrosa”, mientras los progresistas pedían exterminio del enemigo carlista. Espartero se había excedido tanto en suplantar a las Cortes como en declararse portavoz de los progresistas. Fermín Caballero y Joaquín María López querían castigo para los jefes carlistas que tanto daño y tantos muertos habían hecho a sus compañeros militares. Y por esas carambolas de la vida, el antiprogresista Espartero resultó líder de los progresistas españoles.

Espartero tuvo conversaciones con Maroto en Vergara. Eran conversaciones entre un disidente carlista y un general cristino que no informaba de ello a su Gobierno. En resumidas cuentas, el Abrazo de Vergara era un acuerdo entre dos generales disidentes, cada uno disidente de su propio Gobierno.

Espartero exigió a Maroto el exilio de Don Carlos, de toda su familia, y de los carlistas más radicales.

El 6 de julio de 1839 tenía lugar el inicio de unas conversaciones paz.

En julio y agosto de 1839, Maroto inició nueva ronda de negociaciones, empezando por consultar a Francia su postura ante esos proyectos, para lo que envió a Francia a Duffau Pauillac, contestándole el francés Soult que don Carlos debía renunciar, y que sería un hijo suyo el que se casase con Isabel II, conservando sus fueros el País Vasco y Navarra.

Se enteraron los desterrados carlistas de las negociaciones y acusaron a Maroto de traidor, destacando el obispo Joaquín Abarca y el canónigo Juan Echeverría[2] por sus llamamientos al pueblo vasco contra Maroto. También estaban entre los que querían eliminar a Maroto: Florencio Sanz, Labandero, Orellana, Martínez de Celis, Mitchell, Basilio García y Marcó de Pont. Don Carlos no estuvo de acuerdo en realizar una acción contra Maroto.

Maroto, se enteró de la conspiración contra su persona, y supo que la negociación de paz era urgente.  Maroto consultó a continuación con Inglaterra enviando a John Hay y supo que Inglaterra defendía a Isabel II y defendía las mismas posiciones que le había manifestado Soult.

Maroto le hizo llegar a John Hay sus puntos de la negociación de la paz: que Isabel II reconociera los fueros vasco navarros; que Isabel se casara con un hijo de Don Carlos, el que ella quisiera; que hubiese una amnistía política; que los militares conservasen cargos y grados; que hubiese una Constitución similar al Estatuto Real, pero no una Constitución progresista como la de 1837.

En agosto de 1839, los apostólicos lograron sublevar Navarra contra Maroto. Dos batallones navarros se declararon apostólicos y enemigos de Maroto. Juan Echeverría entró en Navarra y exigió a don Carlos un apoyo expreso a los apostólicos. Pero la decisión de Maroto era ya inamovible.

A fines de agosto de 1839, John Hay le comunicó a Maroto un ultimátum: o cedía a las negociaciones, o Inglaterra pondría sus medios al servicio de Isabel II. Maroto se enfureció y dijo preferir seguir peleando que ceder a un chantaje.

Maroto pidió condiciones a Espartero y éste ofreció respeto a los fueros vascos, pero no concedió derechos ni a don Carlos ni a su hijo, y con ello se mostró más duro que lo que Francia e Inglaterra habían manifestado.

El 26 de agosto de 1839, Maroto le comunicó oficialmente a don Carlos las proposiciones de Espartero y de Gran Bretaña, y le manifestó que la paz podía poner fin a una carnicería previsible.

El 27 de agosto, Maroto pidió perdón a Don Carlos por las ofensas del pasado.

Juan Montenegro, Ministro de Guerra carlista, habló de traición y declaró expulsados del carlismo a los transaccionistas. No citaba expresamente el nombre, pero todos entendían a quién se refería cuando hablaba de un traidor al carlismo. Se alzaron entonces los vizcaínos y guipuzcoanos en apoyo de Maroto y en contra de los integristas católicos navarros que les mandaban a la muerte sin pensárselo y sin pestañear.

Maroto envió a Simón de la Torre a hablar con Espartero. Las condiciones en que se encontró Maroto eran negativas: los transaccionistas no aceptaban la eliminación de Don Carlos en la sucesión a la Corona de España. Los apostólicos querían eliminar físicamente a Maroto. Maroto estaba completamente solo.

El escrito de Espartero hacía vagas promesas sobre los fueros y sólo dejaba claro que respetaría los cargos y grados de los combatientes carlistas.

Los carlistas transaccionistas aceptaron las condiciones de Espartero, respetándose los fueros vascos y navarros, y los empleos y cargos de los militares que abandonaban el carlismo, a título personal y sin representar al movimiento carlista. Así se firmó el Convenio de Vergara de 31 de agosto de 1839. Alaveses, navarros y castellanos no aceptaban los términos del Convenio.

Las conversaciones de Vergara fueron ratificadas por el Convenio de Oñate de 29 de agosto de 1839 y por el Abrazo y Convenio de Vergara de 31 de agosto de 1839. Aunque lo importante fue el Convenio, lo espectacular fue el abrazo que se dieron los generales Espartero y Maroto delante de los soldados de ambos y el bullicio que se originó entre los soldados, allí mismo, cuando supieron que la guerra se había terminado. Maroto no compareció a firmar, pero la mitad del ejército carlista abandonó las armas. La realidad se imponía. El 14 de septiembre de 1839, Don Carlos huyó de España.

Por el Convenio de Vergara, Espartero se comprometía:

A proponer a las Cortes la concesión y ratificación de los fueros vascos.

a respetar los empleos y grados de los soldados carlistas e incorporarlos al ejército español, o darles la opción del retiro,

a liberar a todos los prisioneros carlistas que aceptasen el convenio, y a cuidar de las viudas y huérfanos del bando carlista.

y además se proponían nuevos fueros y la modificación de otros a favor del País Vasco y Navarra.

A cambio, el bando de Maroto entregaría las armas y pertrechos de guerra.

Pocas semanas más tarde, una ley confirmó los fueros vascos y la guerra se dio por terminada.

Maroto fue perdonado por don Carlos a fin de que los soldados carlistas no asesinasen al propio Don Carlos. A continuación, Maroto se marchó a Chile, donde murió en 1847.

El Convenio de Vergara decía no haberse supeditado a las exigencias de ninguna potencia extranjera, lo cual hay que interpretar como que el Estado no iba a pagar los empréstitos tomados por los carlistas. De otro modo, no se entiende que en la letra del tratado se siguieran las pautas venidas desde Londres.

El Convenio de Vergara era una negación de la validez del Tratado de la Cuádruple Alianza pues se decía que ni París ni Londres deberían en adelante intervenir en los asuntos de España.

La paz constituyó una decepción para los españoles. Venían siendo engañados desde hacía siglos con cuentos de que España era un país rico y próspero, que se recuperaría tras superar las guerras de 1808 y 1833, lo cual ponía fin a los conflictos entre liberales y absolutistas. Todavía no eran conscientes de la quiebra que se había producido al final del reinado de Carlos III y durante el de Carlos IV. A medida que transcurrían los años, tras la paz de Vergara, comprobaron que las cosas iban a peor, que los recursos mineros y agrícolas españoles eran muy limitados, que los españoles eran pobres respecto a los franceses y británicos, y surgió un complejo de inferioridad, que enseguida se transformó en un nacionalismo español antibritánico y antifrancés, presente durante el resto del siglo XIX.

Gran Bretaña no consiguió los objetivos buscados por Palmerston, de controlar la economía española. Ya controlaba desde años antes los negocios portugueses, y le interesaba controlar el comercio del Estrecho de Gibraltar, el comercio Alicante-Argel (complementario del Alicante-Marsella que dominaba Francia).

Los problemas internos y externos de Francia (la cuestión egipcia), y la caída en España de María Cristina de Borbón en 1839, que era partidaria de Francia, pusieron en ventaja a Gran Bretaña en 1840-1844 como líder de la política internacional. Luego cayeron Thiers en Francia y Palmerston en Gran Bretaña, ambas potencias volvieron a entenderse entre ellas, pero ello no fue positivo para los ingleses, pues los liberales españoles pusieron muchos obstáculos tanto a los negociantes franceses como a los británicos. Cuando España resolvió sus principales problemas exteriores, el reconocimiento de Isabel II como Reina, el cumplimiento del Tratado del Duero (Lisboa 1835) y la apertura de relaciones con El Vaticano, pensaron que la mejor manera de defender sus intereses era colaborar con Francia. Así lo declaró Narváez a partir de 1843. Luego, las relaciones entre Francia y Gran Bretaña se endurecieron por la cuestión del matrimonio de Isabel II, y la Entente Cordial fracasó rotundamente.

 

 

Consecuencias del Convenio de Vergara.

 

Don Carlos abandonó España el 14 de septiembre de 1839. Huyó a Francia y el Gobierno francés le confinó en Bourges el 22 de septiembre de 1839 prohibiéndole realizar actividades políticas. Acompañaba a Carlos en Bourges, toda su familia: los hijos de su primera esposa, Carlos Luis, Juan y Fernando, su actual esposa María Teresa de Braganza princesa de Beira, y el hijo de ésta Sebastián Gabriel.

El ejército carlista en el País Vasco se desmoronó tras el abandono de los militares más capaces.

Cabrera no aceptó el Convenio de Vergara porque él no era militar y no se le garantizaba la amnistía. Continuó la guerra carlista por su cuenta. Cabrera decidió continuar la guerra en el Maestrazgo y allí aguantó un año más. En diciembre de 1839 cayó enfermo Cabrera, el último jefe carlista sólido que quedaba. No se daba información de qué era lo que padecía. Tal vez era una depresión por ver la ruina del carlismo, o tal vez una enfermedad venérea, o ambas cosas. En esos momentos, Cabrera tenía delante suyo a todo el ejército cristino y a Espartero en persona, y ello le ponía las cosas especialmente difíciles.

La acción de Cabrera en el Maestrazgo es otro signo de la descoordinación existente entre los carlistas. Cuando el País Vasco ya cedía ante los cristinos, Cabrera mostró la máxima violencia en el Maestrazgo. Cabrera era el líder de unos pocos campesinos mal armados, pero decididos y feroces, que actuaban sobre Teruel, Castellón y Tarragona, atacaban pueblos de Valencia y Cuenca, y amenazaban Madrid. Como la represión contra ellos fue muy dura, y ellos asesinaban y quemaban por método, aquella guerra se pudrió, se convirtió en guerra sucia.

Pero Cabrera no significaba nada en la estrategia general carlista aunque fuera el único capaz de alargar la guerra. Todos sabían que los carlistas no serían capaces de soportar una guerra larga. Los carlistas no eran ya capaces de reponer sus bajas, porque no había voluntarios del resto de España, ni quedaban jóvenes vascos y catalanes dispuestos a morir “por la causa”, mientras los cristinos seguían reponiendo sus bajas, aunque con las dificultades propias de una mala economía. Las dificultades económicas de los carlistas eran cada vez mayores a medida que se incrementaba su deuda con el exterior y se perdían las perspectivas de un final rápido.

Las distintas partidas carlistas no aceptaron muy bien la solución final ofrecida por Espartero, y el carlismo se convirtió en una tradición que pasaba de padres a hijos en el País Vasco, y en un bandolerismo endémico en el Maestrazgo. Tras los acuerdos de Vergara, Guipúzcoa y Navarra, las partidas se sintieron traicionadas y perdidas, y decidieron abandonar la guerra, pero no la idea que había generado la guerra, simplemente la aplazaban para una ocasión mejor.

En noviembre de 1839, los carlistas catalanes asesinaron a Carlos de España conde de España, su jefe, acusándole de transaccionista. Carlos de España era cruel y extravagante y tenía muchos enemigos entre los carlistas, pero no se sabe quién le mató.

El carlismo fue derrotado pero no desapareció. El carlista de a pie no entendía cómo, teniendo de su parte a la mayoría de la población española como le decían sus clérigos, su ejército había tenido tan pocos hombres en armas. Entendemos como explicación a esto, que el carlismo no tenía demasiados seguidores entre las clases medias, militares de carrera, juristas de altura, administradores y economistas, diplomáticos, pensadores, periodistas, funcionarios eficientes, médicos eficientes… Tenía mucha gente, pero no la gente capaz de gestionar una sociedad. Las expediciones de 1836 y años posteriores no les habían solucionado el problema. Entre otras cosas, porque los expedicionarios carlistas no tenían claro si querían llevar soldados y administradores a su zona del norte de España, o querían abrir nuevos frentes por doquier. Por ello, las expediciones, ni habían triunfado ni fracasado. No libraron ni una sola batalla importante. No fueron derrotados. En general, cuando llegaban a una región nueva eran bien recibidos, se les vitoreaba y se les aportaban recursos, y las guerrillas de la zona se sumaban a ellos. Entonces, toda la región proclamaba a Carlos V como rey de España. Los carlistas cambiaban las autoridades municipales, cobraban los impuestos que hubieran correspondido a ese año si ellos hubieran dominado la zona, y daban algunas leyes nuevas. Al cabo de no mucho más de una semana, los carlistas expedicionarios tenían noticia de la aproximación del ejército cristino y huían. Unas veces se iban a una zona vecina y otras a lugares distantes, siempre tratando de despistar a sus perseguidores. En la zona siguiente, volvían a ser aclamados y socorridos. Mientras tanto, el ejército liberal que había llegado a la zona anterior, reponía a las autoridades depuestas por lo carlistas y trataba de castigar a los que se habían manifestado carlistas. Y al cabo de varios meses, la expedición carlista regresaba al País Vasco o Navarra tras haber perdido algunos cientos de hombres en diversas escaramuzas y habiendo reclutado otros cientos de hombres que reponían las bajas, pero nada más. Sacaban en ventaja el haber conseguido algún dinero, armas y municiones, pero no en cantidad importante.

 

 

Política de Pérez de Castro.

 

El 24 de julio de 1839 hubo elecciones. Ganaron los progresistas, o más bien los esparteristas. Espartero estaba en el máximo de popularidad. Esa popularidad le había servido para ser elegido diputado por Barcelona y para ser presentado por los progresistas como el hombre que debía gobernar España.

El 31 de agosto de 1839 se ratificó en el Gobierno el Convenio de Vergara, que ratificaba el Abrazo de Vergara de 6 de julio, y se dio por finalizada la Guerra carlista.

El 1 de septiembre se abrieron unas Cortes de mayoría progresista, las cuales confirmaron los fueros vascongados, lo que provocó algún descontento entre los conservadores, y mucho más entre los progresistas convencidos. Algunos diputados plantearon la ilegalidad de los impuestos cobrados a los españoles sin haber sido aprobados en Cortes y se aprobó una moción dándoles la razón. Entonces, el 15 de noviembre de 1839 se creó urgentemente una Comisión de Presupuestos que se diera prisa en elaborar unos presupuestos del Estado. No había presupuestos desde 1835 y las Cortes se limitaban a autorizar el seguir cobrando los mismos impuestos de años anteriores, pero nunca el tema había pasado por la discusión en Cortes. El trabajo era arduo, y como María Cristina renunció a fin de año, nunca se elaboró un presupuesto del Estado completo. El 30 de mayo de 1840 se autorizó al Gobierno a cobrar los impuestos como en 27 de julio de 1838, momento en que las Cortes habían remitido a cobrarlos como en 1835. De esta manera, los Gobiernos de 1835-1840, nunca dieron cuenta a las Cortes de los impuestos que cobraban y gastos que tenían.

Muy importante para recordar a Evaristo Pérez, sería la liberalización de las minas: Hasta 1839 las minas eran propiedad del Estado y mediante una ley de 1839 y otra de 1859, se autorizó a los particulares a poseer minas, excepto las de Almadén que seguían siendo monopolio estatal. La total liberalización del subsuelo se produjo en 1868.

También en 1839, se decidió que cada provincia tuviera una Caja de Ahorros y Monte de Piedad lo cual dio lugar a la aparición de:

1839, Caja de Madrid (ya existía desde 1838);

1839 la Caja de Santander (fracasada);

1839 Caja de Granada (fracasada);

1841, Caja de Valladolid (fracasada);

1841 Caja de Sagunto;

1842 Caja de Sevilla;

1844 Caja de Barcelona.

Las Cajas eran instituciones de crédito sin ánimo de lucro aparecidas en Alemania y Gran Bretaña en el XVII para asegurar el ahorro popular, con ciertos privilegios, pero con limitación de actividades financieras a fin de no causar disturbios económicos. En España aparecieron cuando en 1834 el Marqués de Villacreces abrió la Caja de Ahorros de Jerez admitiendo imposiciones de hasta 2.000 reales hasta un máximo de 20.000 reales en cuenta, con un interés del 4%.

En 1838 se decidió a abrir Caja de Madrid (realmente abierta en 1839) por iniciativa del marqués de Pontejos, de Ramón Mesonero Romanos y de Francisco Acebal Arratía, pagando intereses del 4% y cobrando al Monte un 5%.

En 1853 se obligó a las Cajas a invertir en deuda pública y dejaron de invertir ese mismo montante en Montes de Piedad. En 1926 se decretó que lo invertido en deuda fuera como mínimo el 50% de las imposiciones. En 1927 hubo una Asamblea General de Cajas Benéficas de España y acordaron crear la Confederación Española de Cajas de Ahorro para controlar por sí mismas la actividad de las Cajas. En 1951 se decretó que invirtieran en deuda el 60% de los ingresos. En 1978 se les quitaron las limitaciones, y las Cajas pasaron a actuar como bancos normales bajo control de los Gobiernos autónomos correspondientes. Este control político de los caciques de cada lugar, dio lugar a su ruina definitiva en 2008-2011, cuando sus inversiones al servicio de políticas populistas y de propaganda del político de turno fueron contrarias a las conveniencias económicas del negocio.

El 25 de octubre de 1839 fueron confirmados los fueros vascos y navarros. Según estos fueros, estas provincias tenían competencias en montes, ayuntamientos, aduanas, y un sistema especial de contribución por cupo, recaudando la Diputación los impuestos y reteniendo una parte de ello, para entregar al Estado solamente el cupo. Este privilegio lo mantendrán hasta 21 de julio de 1876, cuando fueron suprimidos los fueros.

Las Cortes ratificaron el Convenio de Vergara a pesar de la división entre moderados y progresistas.

 

 

Crisis del Gobierno Pérez de Castro.

 

Pérez de Casto pudo gobernar unos meses más porque los progresistas estaban divididos. Una cosa era la mentalidad progresista, y otra el populismo que se había adherido al progresismo y que había tomado a Espartero como su líder.

A mediados de noviembre, los progresistas más exaltados entraron en las Cortes violentamente. María Cristina disolvió Cortes y convocó elecciones para diciembre 1839-enero 1840. Esta vez, los moderados prepararon bien las elecciones de forma que no hubiera abstencionismo entre los moderados.

En noviembre y diciembre de 1839, los progresistas fueron a ver a Espartero y los moderados hicieron otro tanto. Ambos querían tener de su parte en las siguientes elecciones al héroe popular del momento, al hombre que había conseguido la paz en Vergara. Todos sabían que ganaría el que contase con Espartero. Espartero todavía no sabía si iba a ser moderado o progresista, pues su falta de convicciones políticas le podían inclinar hacia cualquier bando.

El 15 de diciembre de 1839, Linage, el hombre de confianza de Espartero, publicó el “Manifiesto de Mas de las Matas” en El Eco del Comercio. El Partido Progresista anduvo listo y decidió utilizar el citado manifiesto en su favor: costeó el reparto del manifiesto por toda España, a la vez que acusaban a los moderados de haber disuelto las Cortes, de remover generales y funcionarios, de no sostener la Constitución de 1837 vigente, y de poner en peligro, con todo ello, el trono de Isabel II y la Regencia de María Cristina. La jugada progresista era muy hábil, pues trataban de luchar contra el bando de María Cristina argumentando que apoyaban a Isabel II y a María Cristina misma. Ganaron a Espartero.

En diciembre de 1839 y hasta 19 de enero de 1840, hubo elecciones y las perdieron los progresistas por 75 a 166. Los progresistas, que habían ganado en las grandes ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia o Zaragoza, decidieron entrar en política utilizando la violencia populista. Combinaban el ataque en las Cortes con la violencia en la calle, llegando los violentos a entrar en el Congreso e insultar y zarandear a algunos diputados conservadores. María Cristina, que sabía que detrás de los alborotadores estaban los progresistas y Espartero, acabaría, en su momento, proponiendo a Espartero para jefe de Gobierno.

María Cristina nunca había sido de pensamiento liberal. En 1832 había pactado con los liberales para salvar el trono de su hija. Los liberales sabían que la Reina Regente no creía en el liberalismo, pero la necesitaban contra Don Carlos. En 1839, cuando Don Carlos había sido vencido, María Cristina ya no era necesaria. Se la condenó al exilio.

María Cristina tenía un programa político que pretendía imitar al modelo francés de su época: controlar a los Gobiernos provinciales y municipales desde el Gobierno Central, y culminar acuerdos con El Vaticano para suavizar las acciones políticas de los integristas católicos. No era un programa descabellado, como dijeron los progresistas. De hecho, cuando Espartero ganó la Regencia en 1840-1843, intentó exactamente lo mismo. Lo que ocurrió con Espartero es que como sus apoyos eran progresistas, quedó prisionero de sus ideas, y por ello debió conceder la autonomía municipal y la Milicia provincial, aunque no creía en ninguna de las dos cosas.

María Cristina estaba en una posición política débil: A los tres meses de enviudar, se había casado con un guardia de corps llamado Fernando Muñoz (más adelante duque de Riánsares) en matrimonio canónico, católico, pero ilegal, pues las reinas necesitaban permiso de las Cortes para casarse. Además, Fernando VII había dejado en su testamento que, si la reina se casaba, debía perder la tutela de Isabel II, lo que conllevaría perder la Regencia. Desde 1833, todos jugaban la farsa de que no se habían enterado de nada y de que el matrimonio había sido secreto, lo cual era difícil de sostener pues la Reina se embarazaba frecuentemente, hasta siete veces. La situación política en las altas esferas de Gobierno era de chantaje: los liberales presionaban sobre la Regente diciéndole que si no hacía esto o aquello desvelarían el secreto de su matrimonio, lo que equivalía a deponerla como Regente. Y sobremanera, Espartero utilizó este chantaje ante la Reina en 1840.

 

 

Programa de Gobierno de enero de 1840.

 

A Partir de enero de 1840, aprovechando que había ganado las elecciones, Pérez de Castro hizo un programa político de gobierno muy moderado:

una ley electoral con el sufragio muy restringido;

una ley de prensa muy dura que permitía al Gobierno ir contra cualquier opinión que le desagradase;

el restablecimiento del Consejo de Estado;

una Ley de Ayuntamientos que permitiera al Gobierno nombrar a los alcaldes.

De todos estos proyectos de Ley, analizaremos detalladamente el más transcendente, la Ley de Ayuntamientos. Era el proyecto de María Cristina, una gobernante más hábil de lo que parecía a muchos.

 

 

El Proyecto de Ley de Ayuntamientos.

 

En marzo de 1840 Evaristo Pérez de Castro presentó en las Cortes el Proyecto de Ley de Ayuntamientos, que fue muy polémico: constaba de un solo artículo autorizando al Gobierno a controlar los Ayuntamientos nombrando a los alcaldes. En las ciudades grandes eran nombrados directamente por el Rey y en las pequeñas por el Jefe Político de la provincia correspondiente, el cual había sido designado por el Rey. Además se elevaban las cuotas pagadas de contribución que daban derecho a votar. Ello iba en contra de la Constitución de 1837 que en su artículo 70 preveía ayuntamientos electivos. Si se hacía, era porque permitía a los moderados eliminar las Milicias Nacionales, de tendencia progresista radical.

Los moderados alegaban que las concejalías seguían siendo electivas, y con ello se cumplía el precepto constitucional. Los progresistas decían que el precepto incluía no sólo a los concejales, sino también al alcalde.

La importancia de esta ley era que las elecciones generales tendían a ganarlas los moderados, pero las municipales las ganaban los progresistas. Si se les quitaba el alcalde, los progresistas se quedaban sin el mando de la Milicia Nacional, y con ello perdían todo atractivo para la gente que les votaba.

La Milicia Nacional era una situación desde la que se podía aspirar a cargos diversos de la Administración y al ingreso en el ejército, y ello era atractivo para las masas. La Milicia Nacional era utilizada por los progresistas constantemente, haciéndola salir a la calle para poder decir que “el pueblo” pedía tal o cual cosa. El pueblo, en este caso, no era más que el grupo al que ellos mismos habían ordenado salir a la calle. Los progresistas tenían por fuerza que oponerse a la Ley de Ayuntamientos de Pérez de Castro, pues significaba su desaparición de la política. Acusaron al Proyecto de Ley de inconstitucional, pero ello era un argumento populista y falso.

El Gobierno moderado de Madrid se proponía, con este proyecto de ley, acabar con tantos protagonismos absurdos de alcaldes que decidían contra las leyes y contra el Estado. El Gobierno promulgaba la Ley de Ayuntamientos para que los alcaldes de capitales de provincia, las más peligrosas por su importancia numérica humana, fueran designados desde el Gobierno Central. Subiendo la cotización a hacienda que permitía votar, y subiendo más todavía la que permitía ser votado, redujo las posibilidades de que salieran alcaldes revolucionarios.

Sin alcaldes populares y sin milicias ciudadanas, a los progresistas no les quedaban más opciones políticas que salir a la calle o resignarse a desaparecer. Decidieron sacar la gente a la calle y plantar cara al Gobierno. El 24 de febrero de 1840 hubo algarada de apoyo a Joaquín María López. Los diputados estuvieron cercados por la gente durante dos horas. Algunos ministros fueron zarandeados. El 18 de marzo, Joaquín María López y Fermín Caballero renunciaron a sus actas de diputado alegando que las actas de diputado se habían otorgado sin las garantías suficientes, pero aquello no era más que otra excusa para llamar al desorden, era otra escena de la algarada progresista-populista.

El debate de la Ley de Ayuntamientos se alargaba por diversas causas buscadas intencionadamente por los progresistas. Entonces los moderados propusieron que la ley se votase de una sola vez, en bloque, en lectura única, y los progresistas se las arreglaron para que esta propuesta no fuera aceptada. Se pasó a discutir artículo por artículo. Y así se llegó hasta junio de 1840, tras tres meses de discusión en Cortes.

María Cristina, en jugada de habilidad, ascendió a Linage desde la categoría de Brigadier a la de Mariscal de Campo. La idea era ganarse al personaje para llegar a poner a Espartero de su parte. Los ministros y generales moderados no entendieron el juego de María Cristina. Opinaron que ésta estaba claudicando ante Espartero y los progresistas. Dimitieron Calderón Collantes, Francisco Narváez y Montes de Oca.

El 4 de junio de 1840 las Cortes aprobaron la Ley de Ayuntamientos y la pusieron a la firma de María Cristina, pero la firma se iba retrasando porque María Cristina era consciente de que se podía iniciar un enfrentamiento civil y militar, entre facciones moderadas y progresistas. Mientras tanto, la ley no podía entrar en vigor.

Los moderados (cuyo dirigente era María Cristina) habían previsto algaradas progresistas y habían hecho salir de Madrid a la Reina Regente y a su hija la Reina Isabel II, excusándose en que los médicos les habían recomendado baños de mar para curar un herpes. Las Reinas dijeron que proyectaban ir a los baños de Caldetas y a las playas catalanas. El objetivo verdadero de la Reina Regente era entrevistarse con Espartero, que estaba en Lérida. Los moderados le habían aconsejado que no hiciera esta entrevista con un líder de los progresistas que tampoco creía demasiado en el liberalismo, pero la Reina Regente se empeñó en hacerlo. Argumentaban los moderados que un fracaso ante Espartero podía comprometer el trono, y que la aceptación de la Ley de Ayuntamientos era previsible que sentara mal a los progresistas y a Espartero. María Cristina, que tenía 34 años de edad, y un fuerte encanto personal, confiaba en sus propias dotes de seductora.

El 7 de junio, los progresistas le pidieron por carta a Espartero que apoyara a la Milicia frente a un próximo Gobierno que preveían moderado. Le dijeron que se opusiese al Gobierno de Pérez de Castro pero que no llegase al nivel de un golpe de Estado. Que se manifestase contra la Ley de Ayuntamientos y que lograse que María cristina vetase la Ley.

Espartero, el nuevo líder progresista, protestó las medidas de 4 de junio. Pero no todo el ejército estaba con él, sino que Narváez capitaneó a los partidarios de un poder central fuerte, a los moderados. Dos ejércitos se estaban desafiando mutuamente. O`Donnell, Manuel de la Concha, Oráa y Diego de León estaban en La Mancha y en Valencia y apoyaban a María Cristina, la cual, no tenía más que ir hacia el sur desde Barcelona para encontrarse con tropas partidarias de su persona.

La Regente salió para Barcelona el 11 de junio. Los moderados dominaban Madrid, Guadalajara y Valencia. María Cristina todavía no había puesto veto a la Ley de Ayuntamientos ni la había sancionado tampoco.

Espartero y los progresistas tampoco estaban in albis, y exigieron que la Reina Regente viajase por Zaragoza y Lérida y no por Valencia como tenían planificado la Regente y sus apoyos moderados. Espartero impuso su voluntad y hubo que ceder, o no se celebraría la entrevista.

La Reina Regente fue por Zaragoza. En Zaragoza, la Regente fue aclamada, pero se oyeron vítores a Espartero y a la Constitución de 1837. Los progresistas estaban haciendo su trabajo, porque la Constitución de 1837 era contraria a la Ley de Ayuntamientos, además de impedir las dotaciones de culto y clero que María Cristina estaba otorgando a fin de ganarse simpatías católicas, y era contraria también a los Proyectos de Ley de Imprenta y Electoral que se estaban preparando entre los moderados. Los gritos estaban perfectamente calculados.

En Lérida se encontraron la Reina y Espartero. María Cristina iba con el firme propósito de obtener de Espartero la venia para firmar la Ley de Ayuntamientos, y pensaba explicarle su plan de gobierno. Los progresistas estaban presionando a Espartero para que convenciese a María Cristina de que no firmase. Espartero, o algún otro personaje progresista, se dio cuenta de que el viaje de María Cristina significaba que el poder estaba en realidad en manos de Espartero.

María Cristina le ofreció a Espartero el Gobierno con la única condición de presentarle a ella un programa de gobierno. Espartero le dijo a María Cristina que no quería presidir el Gobierno, sino terminar primero la guerra. La entrevista fue en tono cordial.

En Esparraguera se celebró una segunda entrevista ya más tensa en la que Espartero exigió la retirada de la Ley de Ayuntamientos. Espartero, en su programa de gobierno, exigió cumplir la Constitución de 1837, disolver las Cortes, disolver el Gobierno, no sancionar los decretos y leyes que estaban en proyecto en las Cortes en ese momento, entre ellos la Ley de Ayuntamientos, y cerrar las Cortes. La contestación de Espartero, un hombre mediocre intelectualmente, sorprendió por completo a la Reina Madre. María Cristina había errado en su confianza de subyugación de los hombres estando cara a cara. Esparraguera fue el mayor fracaso de toda su vida, el de más trascendencia para ella.

El Gobierno consideró en julio de 1840, que los ánimos ya habían tenido tiempo de sosegarse e hicieron llegar hasta María Cristina el pliego en el que debía firmar la Ley de Ayuntamientos. La Reina no sabía qué postura tomar, si firmar o no.

El 13 de julio de 1840, Espartero entró en Barcelona. Salieron a recibirle unas 40.000 personas (80.000 según Vicens Vives) y le vitoreaban. Muchos eran trabajadores. Se aplaudía a alguien que era capaz de oponerse a María Cristina, que había propuesto la paz con los carlistas al margen de la política del Gobierno, y que se oponía a la Ley de Ayuntamientos.

En la noche del 14 de julio de 1840, la Regente, que estaba en Barcelona, sancionó la Ley de Ayuntamientos. Era lo contrario de lo que Espartero le había pedido.

Para mostrar su descontento con el Gobierno, Espartero dimitió en julio de 1840 de su cargo de jefe militar. María Cristina no podía dejar que Espartero dimitiese, pues ello sería el toque para que los progresistas iniciaran una serie de motines. Nombró a Espartero Comandante de la Guardia Real Exterior.

La dimisión de Espartero fue el toque de clarín para el inicio de una serie de amotinamientos urbanos, que empezaron por Barcelona y continuaron por otras muchas ciudades, incluso Madrid. Eran algaradas “populistas” progresistas. El 18 de julio hubo motines en Barcelona. Las algaradas permanecieron hasta la llegada al Gobierno de Antonio González, un hombre de Espartero.

Con las algaradas de 1840, nacía el movimiento progresista como contrario al moderado. Ya no eran dos partidos liberales hermanos. España se dividió entre moderados, que se oponían a los ayuntamientos electivos, y las Juntas populares que de nuevo salían a la calle en apoyo de Espartero. Los seguidores de Espartero eran cada día más, y los partidarios de la Regente María Cristina cada día menos. El populismo era esencial en el progresismo y la consigna “ley y orden” la bandera del moderantismo.

La Reina Regente se asustó e hizo dimitir a algunos ministros que se oponían a la intervención del Gobierno en los municipios. Los propuestas de Gobiernos sucesivos hechas por la reina caían a los pocos días de ser presentados. María Cristina vio que no había más remedio, para restablecer la paz, que llamar a Espartero.

Evaristo Pérez de Castro cayó en 18 de julio de 1840.

 

 

La guerra carlista en 1840.

 

Espartero estableció su cuartel general en Más de las Matas (Teruel) a pocos kilómetros del cuartel general de Cabrera, Morella, y fue tomando los pueblos de la zona.

En mayo de 1840, Cabrera perdió Morella y huyó a Cataluña por Flix, pero se encontró con que los catalanes habían sido batidos y derrotados a fines de abril en Peracamps y al carlismo le quedaban muy pocos recursos para contraatacar. El 2 de julio perdió Berga y huyó a Francia 6 de julio de 1840.

En 1840 ya no había guerra, pero seguía habiendo algunas partidas carlistas en el monte.

Se calculaba que los emigrados a Francia eran más de 26.000. Los franceses presionaban para que España amnistiase y para que los carlistas refugiados se enrolasen en la Legión Extranjera a fin de quitarse el problema de vigilarles y subsidiarles. Cabrera fue enviado de Perpignan a París y desde allí a Hyeres, Lille y por fin a Lyon. Desde allí se fue a Londres, se casó con una inglesa rica y se dedicó a vivir la vida. Carlos V quedó en Bourges y se le negó el permiso para ir a Austria. Los legitimistas franceses eran el apoyo de los carlistas españoles y subvencionaban sus gastos.

En el exilio, los carlistas apostólicos y moderados se inculparon unos a otros de la derrota. Cada bando escribió la historia de la guerra deformándola en su favor, exculpando lo que les estorbaba y difamando cuando les parecía. Don Carlos desautorizó las publicaciones ultras y se negó a reabrir en el exilio los procesos entre carlistas. Los ultras se enfadaron mucho y dijeron en sus panfletos que Carlos V estaba preso de los marotistas y que Maroto sólo quería la abdicación de don Carlos para lograr un buen pacto con Isabel II.

El carlismo evolucionó hacia tendencias “conciliatorias” entre sus diversas ramas. Sus dirigentes vivían en el exilio se cansaron de echarse la culpa mutuamente de la derrota de 1839. Las diversas tendencias pagaron la publicación de relatos de la guerra completamente deformados, al servicio de la facción que pagaba la publicación. Los apostólicos no perdonaban a los transaccionistas el haber aceptado la pérdida de derechos al trono de Don Carlos de Borbón. Las conciliaciones no empezaron hasta 1844.

El 18 de mayo de 1845, don Carlos firmó en Bourges su abdicación en su primogénito Carlos Luis de Borbón y Braganza, conde de Montemolín, Carlos VI. Él se marchó a Trieste y desapareció de la vida política. Carlos Luis de Borbón y Braganza murió en 1861. Intentó negociar su matrimonio con su prima Isabel II, apoyado por integristas católicos como Jaime Balmes y el marqués de Viluma. Nadie en Europa ni el resto de España le apoyaba.

La guerra carlista se reanudaría a partir de octubre de 1846, en lo que se llama segunda guerra carlista, cuando los catalanes proclamaron rey al Conde de Montemolín, Carlos VI, y llamaron a Cabrera para que volviera a dirigir sus ejércitos. En esa fecha exigían que Isabel II se casase con el conde de Montemolín, hijo de Carlos V.

 

 

 

La crisis del partido progresista

del verano de 1840.

 

La llegada de los progresistas al poder, no hizo más que demostrar su incapacidad para gobernar. Sin Espartero, los progresistas no eran nada.

En tres meses, de 20 de julio a 16 de septiembre de 1840, pasarán cuatro Gobiernos sucesivos: Valdeterrazo, Ferraz, Cortázar y Sancho. Eran Gobiernos de una generación más joven que los anteriores, a los que la guerra de 1808 les había pillado con menos de 25 años, pero también eran hombres de segunda fila, tutelados o protegidos por militares, y no líderes políticamente estables por sí mismos. Los dos primeros Gobiernos eran progresistas, es decir, hombres considerados próximos a Espartero, Cortázar era moderado y Vicente Sancho era progresista exaltado. Darán paso al verdadero líder del partido progresista, que era Espartero.

 

 

 

Gobierno de Valdeterrazo.

20 julio 1840 – 12 agosto 1840.

 

En julio de 1840, la Regente nombró un Gobierno progresista amigo de Espartero con ánimo de aplacar la situación, pero no logró la paz que buscaba. La Reina Regente se negaba a anular la Ley de Ayuntamientos y Antonio González dimitió a los 22 días de su nombramiento.

Presidente, Antonio González González, marqués de Valdeterrazo.

Estado, Mauricio Carlos de Onís como titular, pero en realidad ejercía José del Castillo Ayensa.

Gracia y Justicia, Antonio González González como titular, pero en realidad ejercía Ramón Santillán González.

Guerra, Valentín Ferraz Barrau como titular, pero en realidad ejercía Manuel Varela Limia / 11 agosto 1840: pasó a ejercer Valentín Ferraz.

Marina, Comercio y Gobierno de Ultramar, Francisco Armero Peñaranda.

Hacienda, José Ferraz como titular, pero en realidad ejercía Ramón Santillán González.

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Vicente Sancho como titular, pero en realidad ejercía Ramón Santillán González.

 

 

Gobierno de Ferraz,

         12 agosto 1840- 28 agosto 1840

 

Valentín Ferraz Barrau[3] era también progresista, pero tal vez fuera designado Presidente porque era en ese momento Capitán General de Castilla la Nueva.

Presidente del Consejo, Valentín Ferraz Barrau.

Estado, Mauricio Carlos de Onís.

Gracia y Justicia, Francisco Silvela de Le Vielleuze como titular, pero en realidad ejercía Ramón Santillán González. / 19 agosto 1840: José María Secades.

Guerra, Valentín Ferraz Barrau.

Marina, comercio y Gobernación de Ultramar, Francisco Armero Peñaranda.

Hacienda, José Ferraz como titular, pero en realidad ejercía Ramón Santillán González.

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Francisco Cabello como titular, pero en realidad ejercía Ramón Santillán González. / 19 agosto 1840: José María Secades.

 

Avances económicos españoles hacia 1840.

 

El periodo 1837-1844 inició otra época de inversiones en España. El desarrollo económico, iniciado hacía 1826, continuaba. La industrialización del vapor iniciada en Barcelona en 1833 estuvo viva hasta 1844[4]. En 1833 había llegado la primera máquina Watt a Cataluña. En los siguientes 11 años se abrieron 42 empresas en Barcelona y alrededores. Los empresarios eran antiguos artesanos del algodón, comerciantes de tejidos que invertían en industrializar el algodón, y empresarios colaterales al negocio, como metalúrgicos y mecánicos.

En 1837 se inauguró el primer ferrocarril en España, uniendo La Habana con Bejucal.

En 1838 se instaló en Barcelona la Fábrica de Estampados de Josep Coma.

En 1838, abrió en Barcelona la fábrica de alfombras Saury Beaurel y Cía.

En 1838, Manuel Lerena, Nicolás Tous i Soler, Joan Güell y Ferrer, Jaume Ricard, y Manuel Serra, crearon La Barcelonesa, un taller de maquinaria en La Rambla de Barcelona.[5]

En 1839 se hizo el primer daguerotipo en España, la primera imagen técnica objetiva de nuestra historia.

En 1839, la Ley de Minas dio seguridad a las inversiones mineras y ello dio lugar a muchas empresas mineras. Esta ley era complementaria de la de 6 de diciembre de 1836 decretando la libertad de industria.

En 1839, Ferrán Puig i Gibert creó una fábrica de hilo en Sant Andreu (en 1903 llegaría a ser Fabra y Coats).

En 1839 se abrió Nueva Vulcano en Cataluña, una metalúrgica.

En 1840, se produjeron las importaciones de 1.229 máquinas textiles para Sabadell (Barcelona).

En 1840 se abrieron en Barcelona las Hilaturas de Ferrán Puig.

En 1840 se puso un alto horno de cok en Asturias de la empresa Asturiana Mining Company.

En 1840 se terminaron las obras del Canal de Castilla.

En 1841, Güell puso en Barcelona la Compañía Barcelonesa de Fundición y Construcción de Máquinas, a partir de la compra de El Vapor a los Bonaplata.

En 1841, Manuel Girona abrió en Barcelona la Sociedad de Navegación e Industria.

En 1841, Romualdo Arellano y Tomás Epalza abrieron en Bilbao una fundición de hierro llamada Santa Ana de Bolueta. Esta empresa construirá altos hornos de cock en 1843 y en 1849.

Ya existía de antiguo, pero hay que tenerla en cuenta, una fundición de hierro en Guriezo (Cantabria), que en estos años era explotada por Dubony, Allen et Dupont, y que fue vendida en 1848 a Ibarra, incorporándose a las industrias vascas.

En 1843 se importarán máquinas para Tarrasa (Barcelona).

En 1844, Alejandro Mon rescatará mediante indemnización los monopolios del tabaco concedidos a particulares, e inició un monopolio del Estado que en su tiempo llegará a afectar al cultivo y preparación del tabaco (Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco de 1944) y a la elaboración y comercialización del mismo (Compañía Arrendataria de Tabacalera S.A.). El monopolio durará hasta la entrada de España en la Unión Europea en 1986. Canarias no estará nunca en el monopolio.

En 1844 se empezó a construir Vapor Vell (vapor viejo), una empresa textil de Güell, en Sans (Barcelona). Abrió en 1846.

En 1844, Bonaventura Solá creó una fábrica de lanas.

De 1837 a 1840 se habían abierto en Asturias muchas pequeñas explotaciones que sacaban carbón por métodos artesanos: una mula tiraba de una gran rueda que hacía de polea y en ella se colgaban las cestas de carbón y, luego, las cestas se cargaban en carretas de bueyes para llevarlas hacia la costa, o hacia Oviedo para venderlas.

 

 

 

    Gobierno interino de Cortázar,

       28 agosto 1840- 11 septiembre 1840.

 

Presidente interino, Modesto Cortázar Leal.

Estado, Mauricio Carlos de Onís.

Gracia y Justicia, Modesto Cortázar Leal.

Guerra, Francisco Javier Azpiroz.

Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, Francisco Armero Peñaranda.

Hacienda, José María de Secades.

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Fermín Arteta Sesma.

 

Modesto Cortázar era un hombre de pasado oscuro que llegó a Presidente de Gobierno por designación de la Reina Regente en plena crisis de la Regencia.

Era la vuelta de los moderados, tras dos fracasos progresistas. Era un Gobierno conservador, último recurso de la Regente para salirse con la suya en el problema de la Ley de Ayuntamientos. Pero representaba la ruptura total de la Regente con los progresistas y un desafío a sus líderes. La Reina Regente se había marchado de Barcelona y se había dirigido a Valencia para hacer este cambio de Gobierno. Rehuía Madrid.

 

El 1 de septiembre de 1840 se inició en Madrid una revuelta, que se propagó por muchos ayuntamientos como Zaragoza, Málaga, Granada, Valladolid y otros, creando Juntas de Gobierno revolucionarias, que se oponían a los proyectos del Gobierno. En Barcelona había revuelta desde antes.

La Milicia Nacional de Madrid exigió la retirada de la Ley de Ayuntamientos, disolución de Cortes y un Gobierno progresista.

María Cristina llamó a Espartero para que reprimiese la sublevación, pero el 7 de septiembre Espartero justificó la insurrección y se mostró más bien de acuerdo con los sublevados.

La Reina pidió a Espartero que pusiese orden en la calle, pero Espartero dijo que temía que los soldados no quisieran batirse contra el pueblo español. Hay que tener en cuenta que Espartero era el líder aclamado por los sublevados. Los progresistas apostaban decididamente por el populismo, sacar a la gente a la calle mediante bulos y promesas, y aprovecharse políticamente de la situación exigiendo el poder para el grupo reducido de autoproclamados dirigentes “progresistas”. Lo de progresismo era sólo una palabra que se habían autoadjudicado, pues el término exaltados les parecía poco amable, aunque expresaba mucho mejor el espíritu de los progresistas del siglo XIX español.

El deber de Espartero hubiera sido reprimir estas algaradas, pero se inhibió y dejó que las Milicias se adueñasen de la calle, exigiendo bajo cuerda que María Cristina se declarase públicamente culpable de los desórdenes y amenazando con divulgar su matrimonio morganático que llevaba en secreto. Es más, Espartero redactó un escrito quejándose de que la Reina apoyase siempre a los moderados, y pidiendo disolución de Cortes y nueva ley de Ayuntamientos.

 

 

Junta Provisional de Cafranga.

2 de septiembre de 1840 – 16 de septiembre de 1840

 

El apoyo a Espartero lo venía organizando el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por los progresistas. Allí, el alcalde Joaquín María Ferrer Cafranga organizó una Junta Provisional que él mismo presidía e inició el levantamiento.

El Ayuntamiento de Madrid estaba en una conspiración progresista, la cual trataba de involucrar a todos los ayuntamientos que eran cabeza de provincia, en un levantamiento que forzase el veto a la Ley de Ayuntamientos. El Ayuntamiento envió un emisario a cada ciudad cabeza de provincia con la misión de enterarse de cuáles estaban dispuestas a sublevarse, con cuánto dinero, y cuántos hombres tenían comprometidos. Las consignas de estos emisarios eran proclamar un general como jefe de la rebelión y, una vez conocido el nombre, tocar generala para que se levantase toda la Milicia Nacional. Los siguientes pasos eran asesinar a todas las autoridades que se resistiesen al levantamiento y se negasen a entregarles los Ayuntamientos, y la declaración de rebeldía de estos Ayuntamientos comunicada al Gobierno.

La Junta Provincial de Gobierno de Madrid era presidida por Joaquín María Ferrer Cafranga, el cual tomó el poder provisionalmente el 2 de septiembre de 1840, y se constituyó una Junta Provisional de Gobierno, que se mantuvo hasta que Espartero tomó efectivamente el poder en 16 de septiembre de 1840:

Presidente, Joaquín María Ferrer Cafranga.

Vocales:

Pedro Beroqui.

Fernando Corradi.

Pío Laborda.

Valentín Llanos.

José Portilla Gutiérrez.

Pedro Sainz de Baranda.

 

Joaquín María Ferrer Cafranga comunicó a Espartero los hechos del 2 de septiembre por carta.

María Cristina le pidió a Espartero que reprimiese los desórdenes de Madrid y Espartero contestó el 7 de septiembre, por carta enviada a Valencia, que no atacaría a los pronunciados porque defendían la legalidad. Al contrario, criticaba a los moderados que intentaban terminar con los defensores de la legalidad.

El levantamiento de Madrid se hizo en completo orden, sin amotinamientos, incendios ni pillajes, como desgraciadamente había sucedido en otras ocasiones. Hubo algunas barricadas, pero fueron controladas por los líderes progresistas de forma adecuada. No hubo reivindicaciones económicas. Sólo se pedía libertades políticas y derogación de la Ley de Ayuntamientos.

 

 

Gobierno de Vicente Sancho,

11 septiembre 1840-16 septiembre 1840

 

Presidente, Vicente Sancho

Estado, Vicente Sancho

Gracia y Justicia, Álvaro Gómez Becerra.

Guerra, Fernando Infante Chaves

Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, Dionisio Capaz Rendón.

Hacienda, Domingo Jiménez.

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Francisco Cabello.

Vicente Sancho, con un pasado progresista exaltado, era el último intento de conciliación de los liberales con la Regente.

Era la vuelta de los progresistas al Gobierno, pero sólo durará cinco días, hasta que Espartero reclamó el poder para sí.

Espartero exigió una ley municipal progresista y la Regente no le hizo caso sino que sancionó la Ley de Ayuntamientos moderada.

Espartero pidió disolución de Cortes, anulación de las leyes votadas en las últimas Cortes, renovación general de los empleados públicos en favor de los progresistas. María Cristina no podía aceptar estas peticiones porque eran anticonstitucionales, porque no se podían anular las leyes de Cortes por Real Decreto. Los progresistas fueron hasta Valencia y amenazaron a la Reina Regente con divulgar lo de su matrimonio, lo que era lo mismo que hacerla abandonar la Regencia.

María Cristina encargó a Espartero que formara Gobierno, y éste escogió para su equipo a Cortina, Gómez Herrera, Ferrer, Chacón y Frías y le planteó a María Cristina la posibilidad de la corregencia, le exigió la disolución del Senado en pleno y le reiteró sus exigencias de junio.

Si María Cristina aceptaba las propuestas de Espartero, se autoanulaba. Si no aceptaba, corría el riesgo de iniciar una guerra civil, pues los progresistas y sus Milicias Nacionales estaban ya en la calle.

En 16 de septiembre de 1840, la regente María Cristina nombró a Espartero Presidente del Consejo de Ministros (Jefe de Gobierno) con la condición de que Espartero no desempañase ningún Ministerio en concreto, aunque oficialmente “para que pudiera mantenerse al frente del ejército”.

 

 

Gobierno Baldomero Fernández, Espartero,

         16 septiembre 1840 – 12 de octubre 1840.

 

El 16 de septiembre de 1840, Espartero fue nombrado Jefe de Gobierno. La Regente estaba en Valencia.

Espartero pidió poder ir a Madrid para conformar un Gobierno. Le ofreció a María Cristina reunirse los dos en Valencia e ir juntos a Madrid para nombrar ese Gobierno, “un Gobierno adecuado”. La Regente no podía ir a Madrid, pues ello era perder el apoyo de sus generales que estaban en Valencia y quedar en manos de los progresistas que dominaban Madrid.

Espartero, por la misma razón, tampoco fue a Valencia a presentarse a la Regente, como era preceptivo, sino a Madrid a formar Gobierno junto a los progresistas como Cortina y Gómez Becerra y el jefe de la Milicia Nacional local Joaquín María Ferrer.

 

Presidente, Joaquín Baldomero Fernández “Espartero”.

Vicepresidente, Joaquín María Ferrer Cafranga.

Estado, Joaquín María Ferrer Cafranga.

Gracia y Justicia, Álvaro Gómez Becerra.

Guerra, Pedro Chacón Chacón.

Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, Joaquín de Frías.

Hacienda, Agustín Fernández Gamboa Fernández de Arroyabe / 10 octubre 1840: Joaquín María Ferrer Cafranga.

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Manuel Cortina (1802-1879).

 

Espartero no era un hombre preparado intelectualmente en el terreno económico y diplomático para un Gobierno, ni tenía convicciones liberales progresistas, sino simplemente era un militar que tenía muchos camaradas militares, que habían regresado derrotados de la Guerra de la Independencia Americana en 1824, y que habían luchado juntos en la Guerra Carlista de 1830 a 1839.

Una vez formado Gobierno, el Gobierno entero fue a Valencia a presentarse ante María Cristina. Era el 8 de octubre de 1840. La Regente les exigió un programa de gobierno y por escrito. Espartero presentó ese programa el 9 de octubre: la Regente debía declarar culpables de las rebeliones a los ministros moderados de Gobiernos anteriores, debía abolir la Ley de Ayuntamientos, debía disolver Cortes y llamar a gobernar a gentes doctas en ciencia y en política. Aquello no era un programa de gobierno, sino una exigencia a la Reina Gobernadora. La Reina así lo entendió y se sintió humillada.

El 11 de octubre, la Regente firmó disolución de Cortes y renovación preceptiva de un tercio de los senadores.

Los “progresistas” decidieron entonces acabar con María Cristina: los burgueses y el pueblo empezaban a enterarse de que los dichos sobre María Cristina eran verdad y ésta perdió popularidad. También los militares moderados decidieron que María Cristina sobraba.

 

 

Abdicación de María Cristina.

 

El 12 de octubre 1840 Espartero aceptó, en el Palacio Cervellón de Valencia, la renuncia de María Cristina a la Regencia.

Espartero estaba asustado por la trascendencia de esta decisión de María Cristina, que podía levantar a los moderados, y trató de disuadir a la Regente para que no abdicase. La norma en esos casos era que el Presidente del Gobierno, asumía la Regencia.

María Cristina salió de España el 17 de octubre de 1840. Martínez de la Rosa, que había apoyado la Ley de Ayuntamientos, se exilió junto a María Cristina en 1840. Narváez fue procesado y declarado rebelde y se exilió a Francia. Las convicciones liberales del nuevo Gobierno de Espartero eran por tanto muy discutibles, pues empezaba exiliando a todos sus enemigos políticos.

Desde Marsella, María Cristina escribió un mensaje a la nación diciendo cuánto había hecho por la libertad y la reconciliación de los españoles, que había abierto Universidades, cortado abusos, iniciado reformas, construido viviendas, elaborado el Estatuto Real y jurado la Constitución de 1837. El escrito proseguía diciendo que era imposible ceder a las pretensiones de las Juntas de insurrectos, pues no era moralmente posible condenar a los que habían sido sus ministros, ni tampoco podía anular una Ley aprobada en Cortes y ya sancionada por ella misma, como tampoco podía plantear otro tipo de Regencia porque ello sería anticonstitucional, debilitaría el poder constituido y sería origen de nuevos desórdenes políticos.

María Cristina estuvo exiliada hasta 1844, cuando Narváez le permitió volver con la condición de que se casase con Fernando Muñoz, su pareja desde once años antes, cosa que ocurrió en octubre de 1844. Al pueblo español se le dijo que María Cristina era una inmoral (en la mentalidad de la época los hechos eran tenidos por muy graves) que había vivido amancebada los diez últimos años. El pueblo no la perdonó, saqueando su palacio en la primera ocasión propicia, julio de 1854. María Cristina murió en 23 de agosto de 1878 en Saint Adresse (Francia).

 

 

 

 

 

[1] Roger Bernard Charles d`Espagne de Ramefort, sentó plaza en el ejército español en 1793 y luchó contra los franceses en 1808-1814, por lo que fue premiado en 1814 por Fernando VII con un nuevo nombre, Carlos de España de Cominges de Couserans y de Foix, conde de España.

[2] Sobre Juan Echeverría, nos cuenta Víctor Pastor Abáigar, en Juan Echeverría, cura carlista, que vivió en 1794-1844, estudió en el seminario de Pamplona y fue sacerdote beneficiado en Los Arcos. Que en 1824 denunciaba a los liberales exaltados ante los tribunales que les perseguían. En 1832 se había vuelto violento y fue condenado alguna vez por sus violencias verbales y físicas. en 11 de octubre de 1833 se apresó a Santos Ladrón de Cegama cerca de su pueblo, Los Arcos. El 15 de noviembre de 1833 se formó Junta carlista en Estella en la que estaban Juan Echeverría, Juan Crisóstomo Vidaondo y Mendinueta, Joaquín Marichalar de Añorbe, Martín Luis Echeverría y Benito Díaz del Río. En 1834 se subastó una parcela aneja a su beneficio parroquial, a la cual él creía tener derecho, y se indignó mucho.

[3] Valentín Ferraz Barrau, 1794-1866, fue un militar típico, cadete en Zaragoza en 1808, soldado en América en 1816-1824, oficial de la Guardia Real, Inspector de Caballería en 1835, Ministro de Guerra para Valdeterrazo y Capitán General de Castilla la Nueva desde 1843. A partir de 1835 se inició su carrera política en la que fue diputado, senador, ministro de la Guerra, siempre ligado a Espartero. En 1840 llegó a Presidente de Gobierno. En 1854 fue alcalde de Madrid hasta 1856.

 

[4] Olivier Raveaux. Los fabricantes de algodón en Barcelona en la modernización de un distrito industrial. Telemme- Aix Le Provence.

[5] Pedro Voltes Bou. La Propiedad Inmobiliaria en la Barcelona de la primera mitad del XIX. Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y financieras. Curso 1991-1992.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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