EL GOBIERNO CALATRAVA

De agosto de 1836 a agosto de 1837.

 

 

Gobierno Provisional de Calatrava.

         Del 13 de agosto al 18 de agosto de 1836.

 

Presidente, José María Calatrava

Estado, José María Calatrava

Guerra, Andrés García Camba

Marina, Miguel Moreno

Hacienda, Joaquín María Ferrer Cafranga

Gracia y Justicia, José Landero Corchado

Gobernación del Reino, Ramón Gil de la Cuadra.

 

La Constitución de 1812 entró en vigor en España el 13 de agosto de 1836, antes incluso de formar nuevo Gobierno Calatrava, hasta que las Cortes elaborasen una nueva. Estaba apoyada por Evaristo San Miguel, capitán general de Aragón, que ya había presidido Gobierno en agosto de 1822. La Reina Gobernadora ordenó publicar la Constitución de 1812. Fue San Miguel quien forzó la restauración de la Constitución de 1812, pero una vez logrado, se puso a elaborar la de 1837, concebida como una reforma de la de 1812, en sentido de llegar a un consenso con los moderados.

Europa, aunque no actuaba contra los rebeldes de La Granja, no aceptaba los sucesos españoles golpistas ni la violencia ejercida desde el Gobierno, ni las desamortizaciones, la violencia de las Milicias y la violencia ejercida en la guerra carlista. Consideraba que el Gobierno español era de tipo “republicano” (en ese momento el término se utilizaba con significado de violencia populista, como había sucedido entre los republicanos franceses) y revolucionario, y decidió apoyar a los carlistas. España vivirá con muy pocas relaciones políticas internacionales hasta después de 1848.

El 18 de agosto hubo nuevo Gobierno presidido por Calatrava.

 

 

Gobierno Calatrava.

18 agosto 1836 – 18 agosto 1837

 

El Gobierno Calatrava tenía el mandato de los progresistas de llevar a cabo el proyecto político progresista.

Presidente, José María Calatrava.

Estado, José María Calatrava / 10 marzo 1837: Ildefonso Díez de Rivera y Muro, conde de Almodóvar

Gracia y Justicia, José Landero Corchado

Guerra, José Ramón Rodil y Gayoso Campillo, marqués de Rodil, como titular, pero ejerciendo Andrés García Camba / 26 noviembre 1836: Francisco Javier Rodríguez Vera / 27 febrero 1837: Ildefonso Díez de Rivera, conde de Almodóvar / 22 de marzo 1837: Facundo Infante Chaves / 29 julio 1837: Joaquín Baldomero Fernández “Espartero”, conde de Luchana, como titular, pero ejercía Pablo Chacón Chacón.

Marina, Andrés García Camba / 11 septiembre 1836: Ramón Gil de la Cuadra / 16 diciembre 1836: Juan Álvarez Mendizábal

Hacienda, Mariano Egea / 11 de septiembre 1836: Juan Álvarez Mendizábal

Gobernación del Reino, Ramón Gil de la Cuadra / 11 de septiembre 1836: Joaquín María López López / 23 enero 1837: Agustín Armendáriz Murillo / 27 marzo 1837: Pío Pita Pizarro / 9 julio 1837: Pedor Antonio Acuña.

El embajador inglés exigió que Mendizábal fuera ministro de Hacienda, y se hizo el cambio correspondiente tres semanas más tarde de constituirse el primer equipo de gobierno.

En 1836, el Ministerio de Gobernación restablecido, tenía amplísimas competencias: administración provincial y local, alistamientos y sorteos de quintas, montes caza y pesca, beneficencia y sanidad, elecciones, correos imprenta y periódicos, teatros y diversiones, cárceles y orden público.

 

 

Medidas políticas de los progresistas.

 

En primer lugar, convocaron las elecciones para Cortes Constituyentes, el 21 de agosto de 1836, a fin de modificar, o mantener en su caso, la Constitución de Cádiz.

El ministerio Calatrava decidió por Decreto introducir modificaciones en la Constitución de 1812 que se había puesto en vigor y bajo cuya cobertura se celebrarían las elecciones: cambió el plazo para la celebración de elecciones, la fecha de reunión de las Cortes, la composición numérica de las Cortes pues aumentó el número de diputados, la gratuidad del mandato parlamentario pues suprimió las dietas de los diputados, el estatuto legal de los diputados, los contenidos de poderes de los diputados y la fórmula de juramento de los diputados. Todo se hacía por decreto, muy poco democráticamente, con prisa, conscientes de que eran minoría y podían perder el Gobierno en cualquier momento. Era una contradicción el que los liberales que querían evitar que se gobernase por decreto, impusieran por decreto estas normas constitucionales, pero lo justificaron en una necesidad política.

Pero el asunto no pasó desapercibido, y muchos consideraron que el Ministerio Calatrava era el más anticonstitucional y dictador de los habidos hasta entonces.

Calatrava tenía interés en mostrarse mucho más liberal que Istúriz, más progresista, pero todo era propaganda política, apariencias para ganar popularidad. En la realidad, Calatrava quería ganarse a los más radicales de los progresistas al tiempo que buscaba un pacto con Istúriz, lo cual sería la unidad de todos liberales y les haría más fuertes. Calatrava pactó con la Corona mantener la legitimidad de Isabel II y de María Cristina, y no era tan revolucionario como trataba de aparentar en la calle.

El pretendido progresismo de Calatrava incidía en unos pocos puntos concretos:

Respecto a la Iglesia, se pretendía dar más actividad a las incautaciones de bienes eclesiásticos y a su venta, y el Estado se quedaría con los diezmos que cobraba la Iglesia.

En agosto de 1836,      los municipios pasaron a regirse por las leyes de 1823.

En agosto de 1836 una ley de imprenta hizo desaparecer la censura previa. La libertad de prensa fue mayor, pues no se censuraba antes de publicar, sino que se recogían los ejemplares ya publicados cuando se observaba comisión de un posible delito. Por ello, aparecieron muchos periódicos progresistas. A la vez que los progresistas ganaban lectores, los perdían los periódicos moderados El Mensajero, La Ley, y El Español.

Calatrava publicó una Ley de Sospechosos para perseguir a sus enemigos políticos e incautarse de sus bienes. Ello provocó que muchos moderados se marchasen al exilio.

En el trato el funcionariado, cometió el mismo error que Istúriz, pues despidió a los funcionarios de signo político moderado y les sustituyó por adeptos progresistas. Istúriz lo había hecho despidiendo a los funcionarios de Mendizábal. La depuración de Calatrava fue mayor que la de Istúriz, pues no se limitó al alto funcionariado, sino también cambió puestos intermedios y hasta bajos, incluso jueces de primera instancia. Un hombre como Mendizábal, tenido en su época como persona de moral intachable, colocó a tres sobrinos suyos en la Administración. Así se generó en España un problema que duró más de un siglo y que sólo daba lugar a rencores y malestar, además de continuos golpes de Estado: Cada nuevo gobernante colocaba a los suyos.

 

 

La desvinculación de los mayorazgos.

 

En 30 de agosto de 1836 hubo ley de desvinculación de mayorazgos en la que, con gran alegría para la nobleza española, se definía la propiedad de la tierra, después de un largo conflicto judicial, y los bienes de señorío pasarían a propiedad particular de los señores, y quedarían definitivamente extinguidos los señoríos. Se ratificaban decisiones de 1811 y 27 de septiembre de 1820 y se anulaba el restablecimiento de mayorazgos de 1823. Suprimía vinculaciones de toda especie, restituyendo esos bienes a la clase de libres. A la entrada en vigor de esta ley, el titular del mayorazgo podía disponer libremente de la mitad de los bienes vinculados, y la otra mitad pasaba a su muerte al heredero, ya como propiedad particular. Es decir, el heredero lo heredaba ya todo como propiedad particular individual, libre y plena.      Corroborando lo anterior, nadie en adelante podría fundar mayorazgos nuevos ni crear vinculaciones sobre bienes o derechos inherentes a algún bien.

También se liquidaban los censos, las exenciones, los privilegios y los cotos de caza de los señores. Era la supresión de pequeños privilegios señoriales, que venían sobradamente compensados con la entrega de las fincas en propiedad.

Esta ley, conocida corrientemente como la desvinculación de los mayorazgos es quizás la más importante y significativa del régimen liberal, aunque la que más literatura haya producido haya sido la desamortización eclesiástica.

La desvinculación de los mayorazgos se complementó con la ley de libertad de cultivos y de uso de las fincas. El 6 de septiembre de 1836 se restableció el decreto de 8 de junio de 1813 declarando cerradas todas las fincas particulares aunque no tuvieran cerca ni valla, y se decretó que cada propietario pudiera dedicar su finca al uso que desease, que el arriendo era libre en precio y duración del contrato, que los precios de los frutos de la tierra eran libres y que el tráfico y comercio de granos era libre. Con ello quedaba instaurada la libertad burguesa y confirmado definitivamente que el liberalismo español iba a ser burgués, muy por encima de democrático. Era la democracia de los pudientes, aunque la hicieran los progresistas.

 

 

Valoración de la desvinculación.

 

Que el señorío se convirtiera en propiedad de los señores y exclusivamente de los señores, fue una gran injusticia social ya denunciada en ese mismo momento, pero la conveniencia del Gobierno de ganarse a las clases medias y altas, que eran los únicos con derecho a voto, les llevaba a los progresistas a tomar una de las medidas más conservadoras y transcendentes de la historia de España. Lo fundamental se cedía, con la esperanza de tener el Gobierno y poder hacer cambios que, hoy, nos parecen mucho menos importantes. Se gobernó a corto plazo y se cometieron grandes errores para el largo plazo.

Los nobles aprovecharon la circunstancia de su nuevo estatus de propietarios para comprar tierras de las que se estaban expropiando a la Iglesia. Estas tierras muchas veces fueron esquilmadas agotando su caza, madera y otros recursos, y en la segunda mitad del XIX, vendidas en pequeños lotes a campesinos más pobres. De esta manera, la nobleza mediana y pequeña de zonas rurales, se hizo con dinero, y ello le permitió comprar casa en una ciudad importante y trasladarse a ella, y trataron de invertir en negocios en Bolsa. Los negocios abiertos a raíz del liberalismo, reanimaron el funcionamiento de la Bolsa de Madrid.

Considerado el tema a largo plazo, se condenó a España a una política conservadora en manos de los propietarios de la tierra a fin de conservar esa propiedad, lo cual sólo se podía romper con una revolución violenta. Los españoles desafortunados en 1836 fueron empujados a la violencia a favor de la consecución de la tierra, y ésta se manifestó durante más de cien años. Los campesinos que compraron pequeños lotes de tierras en la segunda mitad del XIX, ya esquilmados, no solucionaron su economía familiar, pues los precios agrícolas fueron a la baja y pronto debieron abandonarlos.

En lo inmediato y a corto plazo, no sabemos cómo influyó esta ley de 30 de agosto de 1836 en la agricultura, pero podemos intuir que produjo grandes cambios porque las herencias de los nobles, desde ese momento se podían dividir entre todos los hijos, los hijos podían vender todo o parte de lo heredado, y las condiciones se repetían en sucesivas generaciones. La realidad fue que, mayoritariamente, las fincas se mantuvieron unidas, indivisa la propiedad, pues cuando la herencia las dividía, se instituyó la costumbre de que un hermano comprase las partes de los demás, en lo cual todos estaban de acuerdo para mantener el nombre de la familia. Esto fue normal en los grandes mayorazgos, pero los “mayorazgos cortos”, es decir, los pequeños o pobres, sí fueron divididos y vendidos. La mayor parte de los compradores fueron titulares de grandes mayorazgos y arrendatarios que deseaban acceder a la propiedad, pero no tenemos datos que confirmen estas impresiones.

 

 

Las elecciones de septiembre-octubre de 1836.

 

La Ley Electoral de Calatrava permitió votar a todos los ciudadanos que pagasen más de 200 reales de contribución directa o percibieran más de 1.500 reales de renta anual, a los colonos que pagasen censos (rentas) superiores a 3.000 reales, que eran muy pocas personas, a los industriales y comerciantes y a los profesionales aunque ganaran menos de las cantidades reseñadas. Con ello, los votantes se elevaron a 250.000. Si en 1835 tenían derecho a voto 23.000 personas, y con el moderado Istúriz se había pasado a 65.000, con Calatrava se cuadruplicaba la última cifra. Los españoles debían estar asombrados.

En la formulación de esta Ley Electoral de 1836 se mostró que los progresistas eran también doctrinaristas, aunque esta idea se atribuye comúnmente a los moderados. Creían en el gobierno de los mejores y que los mejores eran los que tenían dinero, los que habían demostrado capacidad para ganar o para conservar una fortuna. La diferencia es que ponían la barrera un poco más baja que los moderados. Otros que podían acceder a los mecanismos de la política eran los que poseían el saber o la virtud, lo que equivalía a la moralidad en el pensamiento de entonces.

Las elecciones tuvieron lugar efectivamente a lo largo de septiembre y octubre de 1836 y se caracterizaron por la abstención y la indiferencia general. Las abstenciones se pueden explicar por la guerra carlista, por la excesiva violencia progresista en la calle que no daba confianza a los propietarios altos y medios, por el sistema de Gobierno por decreto y a la contra del grupo de los moderados, por el excesivo número de elecciones convocadas recientemente (era la tercera vez que se votaba ese año) y por la sorpresa del crecimiento del derecho al voto. Las elecciones se celebraron mediante sufragio universal indirecto y para Cámara única, como mandaba la Constitución de Cádiz.

Los resultados no fueron un triunfo arrollador de los progresistas como éstos se esperaban: Fueron elegidos 242 diputados para una Cámara única y salieron elegidos 4 nobles, 14 eclesiásticos, ningún artesano y ningún campesino. Los elegidos eran profesionales y mercaderes (35%), funcionarios (32%), propietarios (23%), y otras personas. La política era cosa de una minoría social.

Entre los elegidos, había varias tendencias: Los que querían la reforma de la Constitución de 1812, que eran unos 30 diputados; los que querían la reconciliación de los moderados y los progresistas y una Constitución de consenso como sería la futura Constitución de 1837, que eran unos 90 diputados; y los que querían un Senado hereditario que volviese a unir los intereses de la nobleza con la burguesía, que eran unos 70 diputados. Quedaban sin encuadrar unos 52 diputados, llamados “flotantes” porque podían inclinar su voto hacia cualquier parte en cualquier momento.

La mayoría de los diputados quería romper con el pasado y buscar la reconciliación nacional entre liberales, con una Constitución más moderna y más a tono con los tiempos, lo cual expresaban diciendo que querían “una Constitución como la de las naciones más avanzadas de Europa y Estados Unidos”

 

 

La ruptura con El Vaticano.

 

En octubre de 1836 hubo ruptura de relaciones entre España y la Santa Sede. El intransigente cardenal Luigi Lambruschini, Secretario de Estado de El Vaticano y factótum del Papa Gregorio XVI, 1831-1846, comunicó al Encargado de Negocios, José Narciso de Aparici, que el Papa no quería en Roma a un diplomático cuyo Gobierno había adoptado la Constitución de 1812. España no reaccionó ante la agresión de Lambruschini y permitió la presencia en Roma de un Encargado de Negocios, que siguió siendo Aparici, y mantuvo la Agencia de Preces hasta 7 de junio de 1837, momento en que decidió suprimir esta fuente de ingresos de El Vaticano.

 

 

Las Cortes de octubre de 1836.

 

El 24 de octubre de 1836 hubo reunión de Cortes Constituyentes. En el Discurso de la Corona, la Reina Gobernadora dijo que las Cortes debían revisar la Constitución de 1812 con cautela e independencia, sin dañar al trono, sin precipitación ni pasiones. Los Diputados debían hacer una Ley fundamental que permitiera al Legislativo deliberar sin precipitación y sin pasiones, al Ejecutivo gobernar libre y enérgicamente, y a la administración de Justicia tener la independencia necesaria. Con este discurso se estaba insinuando la necesidad de la segunda Cámara, que es lo que significa “deliberar sin precipitación”.

En decretos previos al inicio de la reforma constitucional, las Cortes establecieron:

La confirmación de María Cristina como Reina Gobernadora del reino, hasta la mayoría de edad de Isabel II. Este decreto iba en contra del artículo 192 de la Constitución de Cádiz que establecía que la regencia la ejercerían 3 ó 5 personas.

La declaración de compatibilidad de ser ministro y diputado al mismo tiempo. Ello iba en contra del artículo 95 y 139 de la Constitución de Cádiz.

La eliminación del procedimiento de revisión constitucional establecido en 1812. Lo hicieron para poder agilizar lo que ellos llamaban reforma de la Constitución de 1812, y nosotros llamamos Constitución de 1837.

 

 

La Comisión Constitucional de 1836.

 

El 5 de noviembre de 1836 se reunió la Comisión Constitucional que debía redactar el borrador de las reformas.

Los encargados de la reforma constitucional fueron Agustín Argüelles Álvarez[1], un doceañista que fue designado presidente de la comisión, y Salustiano Olózaga Almandoz[2], un progresista que fue designado secretario. Lo lógico con estas personalidades es que se hiciese una Constitución de consenso.

En la Comisión constitucional, se planteó si estaban haciendo una Constitución nueva o reformando la de 1812, y no resolvieron esa duda, ni entonces ni en los años siguientes. Por eso, es lícito hablar de ambas cosas en este caso.

Pero personalmente, Argüelles y Olózaga, ambos fueron partidarios, desde el primer día, de la reforma y no del mantenimiento de la Constitución de 1812. La idea era introducir una segunda Cámara y establecer que las Cámaras no pudieran estar disueltas más de 3 meses.

La Comisión Constitucional hizo unas Bases para la Reforma Constitucional que eran:

Eliminación en la Constitución de 1812 de los preceptos legales y reglamentos. Se trataba de acortar el largo texto de 1812 y dar paso a las leyes y reglamentos oportunos.

Regulación del Legislativo: Establecimiento de quién debía hacer las leyes y bajo qué procedimiento, quién debía ejecutarlas y su procedimiento, y quién debía aplicarlas a los casos particulares y su procedimiento.

Se propuso bicameralismo para mejor estudiar los temas y evitar a los oradores de poco seso.

Dejar claro que la soberanía le pertenecía a la representación del pueblo, las Cortes, y no a la Corona, lo cual significaba que María Cristina debía perder su condición de soberana.

Se propuso que el Rey tuviera muchos poderes, un rey fuerte, que tuviera la sanción de las leyes, y la facultad de convocar, suspender y disolver Cortes. Se recomendaba al Gobierno que estas facultades se usaran poco.

Se propuso el sufragio directo censitario eliminando el universal indirecto practicado en la de Cádiz.

Debía quedar claro que se aceptaba a Isabel II como Reina y a María Cristina como Regente.

El 13 de diciembre de 1836, estas Bases de la Comisión Constitucional pasaron a Cortes y fueron aprobadas el 28 de diciembre. La Comisión Constitucional siguió trabajando el proyecto de Constitución.

En estos días, Espartero venció en el Puente de Luchana a los carlistas y se preveía el final de la guerra. Por ello, la discusión del articulado fue tensa, pues con la victoria sobre el carlismo parecía menos necesario el consenso. Más tarde, la victoria sobre el carlismo no llegó a producirse de momento.

Durante el año 1837, cada mes era Presidente del Congreso de Diputados un progresista diferente. Estuvieron: Joaquín María Ferrer Cafranga, Miguel Antonio Zumalacárregui Imaz, Pablo Antonio Acuña Cuadros, Martín de los Heros y de las Bárcenas, Agustín de Argüelles Álvarez, Vicente Sancho, Antonio Seoane Hoyos y Juan Bautista Muguiro Iribarren.

 

 

Reformas económicas de 1836-1837.

 

El principal problema económico español a finales de 1836 era la creación de un mercado interno, lo cual requería libertad de comercio, libertad de fabricación, libertad de cultivos, desaparición de privilegios de gremios, libertad de tráfico interior entre distintos reinos y con las provincias aforadas, y un ordenamiento mercantil común. El tratamiento de estos problemas se venía haciendo en los años 1833-1836, como ya hemos tratado más arriba.

El 23 de noviembre de 1836 se derogaron la Ordenanzas de Montes y Plantíos y se restablecieron los decretos de 14 de enero de 1812 concediendo la plena y absoluta libertad a los dueños de los montes para hacer en ellos lo que les pareciese oportuno.

El 6 de diciembre de 1836 se dio libertad de crear fábricas sin necesidad de permisos previos. Una de las consecuencias más notables de esta apertura industrial fue la industria de fabricación de papel: En 1836 había llegado a Madrid de la mano de Tomás Jordán, una nueva técnica de fabricar papel, inventada por Robert en 1799, por la que unos cilindros estiraban la pasta de papel y salía una cinta continua de la que se partían las hojas necesarias. Se acababa así el procedimiento de hacer a mano cada hoja de papel que había funcionado en España desde el siglo X. Sabemos que en el XI lo fabricaba en Játiva Abu Mosayfa. La pasta se fabricaba triturando trapos viejos en molinos de agua, a los que se añadía esparto. Pues bien, en 1840 se cambió también la materia prima y se empezó a triturar madera blanda, pero España no tenía este tipo de madera y se importaba masivamente la pasta de papel. Tomás Jordán consiguió una exclusiva de fabricación que expiró en 1849, momento en el que abrieron unas pocas fábricas, la mayoría en Guipúzcoa, pero también en Cataluña y Levante. A fin de siglo habría un centenar de papeleras en España.

En cuanto a la desamortización, hay que reseñar que, en marzo de 1837, se habían recogido 327.566.390 reales de vellón en dinero y 4.224.495.058 reales en títulos de deuda pública que tenían un valor real de cotización de aproximadamente un 50% del nominal. Para entender la importancia de esta operación hay que considerar que en 1850 la deuda del Estado español se calculaba en 4.000 millones de reales, la mitad se debía a españoles y la mitad a extranjeros, lo que quiere decir que Mendizábal pagó la mitad de la deuda pública de 1836.

Aun así, la deuda española seguía siendo inabordable y Calatrava negoció un préstamo de 200 millones de reales con Gran Bretaña y otro de 2 millones de libras esterlinas pagadero con los derechos aduaneros de la isla de Cuba. Es decir, entregó el mercado cubano a Inglaterra. Los industriales españoles se indignaron por ello, pero los moderados apoyaban a Calatrava.

El 29 de julio de 1837 se abolió el diezmo, lo cual era eliminar una tributación paralela a la del Estado, algo natural y justo, por muy mal que lo viesen algunos curas y religiosos. Era justo porque eliminaba cargas fiscales que pesaban fundamentalmente sobre los pobres y no tenía justificación en el siglo XIX.

El Estado se comprometería a sostener culto y clero.

 

 

La guerra carlista a fines de 1836.

 

En agosto de 1836, Luis Fernández de Córdova fue destituido como Jefe del Ejército del Norte. Le sustituyó interinamente, Santiago Méndez Vigo. A éste le sustituyó, también interinamente, Marcelino Oráa. Y el mando definitivo recayó en el mariscal de campo Baldomero Fernández, Espartero.

 

En agosto de 1836, Juan Bautista Erro, ministro universal de Carlos V, envió a Maroto a Cataluña con el fin de volver a intentar la organización de un ejército. Pero no le entregó los medios materiales necesarios para hacerlo. Maroto reunió a Brujó, Porredón (el Ros de Eroles), Tristany, y Masgoret, los líderes de cuadrillas catalanas y trató de coordinarles. Entonces surgió un conflicto de competencias entre Maroto y la Junta de Cataluña, junta carlista integrada por Torrabadella, Ferrer y el Marqués de Monistrol, y Maroto decidió abandonar Cataluña. Lo hizo por Francia. El nuevo jefe militar de Cataluña fue Blas Royo.

Con la confianza de un apoyo internacional, los carlistas, comandados militarmente por el general Nazario Eguía, volvieron a sitiar Bilbao de 24 de octubre a diciembre de 1836, hasta que Espartero, general isabelino, rompió el cerco en 24 de diciembre de 1836, con la victoria de Luchana frente a Eguía.

El fracaso de Bilbao provocó una crisis entre los carlistas:

Bruno Villarreal dimitió como jefe militar carlista el 29 de diciembre de 1836, y fue sustituido por el infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, hijo de la Princesa de Beira, la ultrarrealista líder. Este nuevo jefe carlista nombró como Jefe de Estado Mayor carlista a Vicente González Moreno. Y como ayudantes de campo a Elío, Villarreal, Pablo Sanz, Zabala y el Duque de Madeira.

En el Gobierno carlista, Juan Bautista Erro dimitió en enero de 1837 y fue sustituido por un Gobierno duro, apostólico, presidido por Joaquín Abarca e integrado por:

Presidente del Gobierno carlista, el obispo Joaquín Abarca,

Gracia y Justicia, José Arias Teijeiro.

Guerra, Manuel María Verdes y Cabañas / octubre: Arias Teijeiro.

Estado, Wenceslao María Sierra / José Arias Teijeiro.

Hacienda, Pedro Alcántara Díaz de Labandero.

Este Gobierno carlista permaneció en el mando hasta el fracaso de la Expedición Real en mayo de 1837. Entonces se produjo una purga general y el Gobierno de Abarca se vio implicado en ella.

El Gobierno suprimió parte de la obra de Juan Bautista Erro: el Consejo General de Negocios del Reino, los Comisarios Regios y los comisarios de Vigilancia Pública.

 

 

Calatrava en marzo-agosto de 1837.

 

El 24 de febrero de 1837 estuvo listo un Proyecto de Constitución y se empezó a discutir en Cortes. Entonces, en 10 de marzo de 1837, Calatrava se descargó de algunas de sus funciones, que delegó en Ildefonso Díez de Rivera y Muro, conde de Almodóvar como Secretario de Estado: 10 marzo 1837 – 18 agosto 1837. Almodóvar era un destacado masón y había sido Ministro de Guerra en septiembre de 1835.

Como hitos importantes de este periodo podemos citar:

El 2 de junio de 1837, La Gaceta de Madrid se convirtió en Boletín Oficial Nacional. La Gaceta la publicaría a partir del 18 de junio.

Se discutió la Constitución de 1837, la cual se aprobó definitivamente en junio de 1837. El 18 de junio juro la Constitución la Reina Gobernadora. La Reina se felicitaba a sí misma por poder convocar y disolver Cortes, por haber logrado que el Parlamento tuviera dos Cámaras y por el establecimiento de la elección censitaria directa de los Diputados.

En 1837 se impuso el servicio militar por quintas: toda la población masculina se incluía en unas listas de las que se excluían los enfermos, los bajitos de menos de metro y medio, y los hijos únicos de viuda o de padres ancianos. Los ricos podían eludir el servicio militar fugándose al extranjero, comprando un sustituto por 4.000 ó 6.000 reales, o pagando la redención que impusiera el Estado. La lista se dividía en cinco series y se sorteaba cuál era la que se incorporaba al servicio militar, la quinta. Las bajas producidas por exclusión se rellenaban con soldados voluntarios pagados, con reenganchados pagados. Los ricos, cuando iban al ejército, no formaban clase de tropa sino suboficiales. El proyecto había sido presentado en septiembre de 1835 por Mendizábal y se volvió a él en 1837. La obligación del servicio militar, había sido establecida por Carlos III en 1769. El nuevo impuesto, pues así se interpretó, será mal recibido por las masas y será una bandera del populismo aprovechada por los progresistas. En 1868 los golpistas prometieron abolir quintas y las masas les siguieron, pero los nuevos gobernantes no cumplieron sus promesas.

Se aprobó la ley electoral de 20 de julio 1837.

 

 

La ley electoral de 20 de julio de 1837.

 

En el nuevo sistema electoral, los diputados deberían ser elegidos a razón de 1 por 50.000 habitantes y por sufragio directo con las condiciones que dijera la Ley Electoral (las condiciones fueron de sufragio censitario). Los senadores deberían ser elegidos por la Corona de entre las ternas propuestas en las Asambleas Provinciales. Según la ley electoral de 1837, podrían votar en España un total de 635.000 personas, cifra muy reducida para una población de más de 12 millones de habitantes, pero asombrosa para la época teniendo en cuenta que en enero de 1836 tenían derecho a voto 23.000 personas; en junio de 1836, 65.000; en septiembre de 1836, 250.000; y en junio de 1837 se daba voto a 635.000 personas.

En la ley electoral progresista de 20 de julio de 1837 se aceptaba un sufragio censitario más amplio. El artículo 7 creaba un cuerpo electoral de base censitaria amplia: tenían voto los contribuyentes, propietarios, labradores, colonos e inquilinos que tuvieran una renta determinada:

Para ser elector se necesitaba cumplir alguna de estas situaciones: pagar una contribución anual de 200 reales o tener una renta líquida superior a los 1.500 reales de bienes rústicos o urbanos; pagar en calidad de arrendatario o aparcero una cantidad superior a 3.000 reales de vellón al año por las tierras, ganados, aperos y establecimientos de caza y pesca arrendados; o habitar una casa exclusivamente para sí y su familia que valiera al menos 2.500 reales de vellón en Madrid, 1.500 reales en pueblos de más de 50.000 almas, 1.000 reales en pueblos de más de 20.000 almas, o 400 reales en pueblos más pequeños. Era válido acumular la renta procedente de bienes propios con la pagada por arrendamientos computando la de arrendamiento como equivalente a la mitad de la renta propia. Por ejemplo, tenía derecho a voto el que tuviera 500 reales de vellón de renta propia, y 2.000 reales en arrendamientos. También eran electores los abogados con dos años de bufete abierto, los médicos, cirujanos y farmacéuticos con dos años de profesión, los doctores y licenciados, os arquitectos, pintores y escultores con título expedido en Bellas Artes, los catedráticos de cualquier establecimiento público (quedaban excluidos los maestros de escuela) los militares de grado de capitán para arriba, estuvieran en activo o retirados, y los jefes y capitanes de la Guardia Nacional.

Y si alguna provincia no completaba el número de 300 electores por diputado a que tuviera derecho, podía añadir a votar a los mayores contribuyentes en impuestos directos que en ella residieran.

Para ser elegible, diputado o senador, era preciso disfrutar renta propia o sueldo de 30.000 reales o pagar 3.000 reales de contribución. Salvando estas circunstancias, todos los españoles eran elegibles. El Gobierno argumentaba que de esta manera serían elegidas personas educadas e inteligentes.

La ley electoral de julio de 1837 amplió derecho al sufragio pasando de 0,15% de la población, 65.067 personas, con derecho a voto en la última ley, a 2,2% de la población, 257.067 personas, pero seguían siendo muy pocos los que votaban. La ampliación era todavía más considerable si se comparaba con los que tenían derecho al voto en el Estatuto Real, unas 16.026 personas. Se consideraba que podían votar todos los propietarios de alguna relevancia. Pero 257.000 votantes eran muy pocos para una población de 14 millones de habitantes.

 

El sistema de realizar las elecciones quedaba regulado así: Las Diputaciones Provinciales elaboraban las listas electorales de personas con derecho a voto, a propuesta de los Ayuntamientos. Las listas se rehacían en cada elección. Se observaban exclusiones e inclusiones no explicables fácilmente.

Las Diputaciones Provinciales dividían su territorio en distritos electorales de modo que fuera cómodo a los electores acudir a la capital del distrito electoral. Entonces se constituía una mesa que recibía los votos y hacía posteriormente el recuento, elaboraba acta y la enviaba a la capital de la provincia.

En la capital de provincia se hacía el recuento general y se proclamaba a los diputados elegidos. Entonces se confeccionaba una lista triple de posibles senadores, que era envida a la Corona a fin de eligiese a los senadores por su provincia.

 

No se tomaron medidas para evitar la corrupción y las coacciones que se podían prever a raíz de estas normas electorales. Por ejemplo, se podía intuir la facilidad de eliminar electores de ideas distintas a las de los convocantes de elecciones, sumar a las listas a muchos amigos políticos aunque legalmente no tuvieran derecho a elegir, arbitrariedad en la distribución de distritos electorales y en declarar cabeza de distrito al pueblo más afín, lo que significaba que los enemigos políticos tuvieran mal recibimiento el día de la votación y se les desanimara a acudir, designación de mesa electoral integrada por amigos del Gobierno convocante, que podían falsear algunos votos, hacer desaparecer otros en el acto de votar, o hacer el escrutinio de forma favorable a sus ideas. Y además, cabía la posibilidad de que los candidatos fueran visitados, previamente a las elecciones, por figuras políticas que hicieran atractivo o repulsivo un determinado voto o un candidato, mediante promesas y amenazas.

El resultado de ello, fue que en España se institucionalizó el caciquismo electoral.

 

 

La supresión de Conventos de 1837.

 

El 29 de julio de 1837 se publicó la Ley de Supresión de conventos, que complementaba la Desamortización de Mendizábal de 19 de febrero de 1836. La Ley de Calatrava de 29 de julio de 1837, sólo suprimía conventos, pero una vez suprimidos, entraba en vigor la ley de Mendizábal de 19 de febrero de 1836, que desamortizaba los bienes de conventos suprimidos. No debemos dar demasiada trascendencia a esta ley, pues no llegó a entrar en vigor.

El 29 de julio de 1837, un Real Decreto suprimió en toda la península, islas adyacentes y posesiones españolas en África, todos los conventos, monasterios, colegios, congregaciones, y casas religiosas de ambos sexos con las siguientes excepciones: Los colegios de misioneros para Asia sitos en Valladolid, Ocaña y Monteagudo; algunas casas de escolapios que se dedicaban a la enseñanza; algunos conventos de hospitalarios; algunas monjas de La Caridad de San Vicente de Paúl que practicaban asistencia sanitaria; algunas casas de beatas que tenían a su cargo instituciones hospitalarias o de la enseñanza.

Los Escolapios nunca fueron suprimidos porque, oficialmente, perdieron su carácter de Orden Religiosa y se dedicaron a la enseñanza con un punto de vista católico, pero no como enseñanza de la Iglesia católica. Volvieron a ser legalizados en 1845.

Los hospitalarios eran bien aceptados por los españoles y los Gobiernos españoles y no debieron tener problemas nunca, pero algunos de sus miembros empezaron a hacer críticas de las medidas liberales de los distintos Gobiernos y ello les desacreditó.

Las condiciones de venta de tierras desamortizadas no eran muy duras pero imposibles de alcanzar para los pequeños propietarios y jornaleros, dada la extensión de las fincas de que se suele tratar: se podía elegir o 20% en efectivo y resto en 15 años, o 20% en juros y resto en 8 años. El resultado no fue demasiado bueno pues sólo se recaudaron en el periodo 1836-43, 300 millones de reales en vellón y 4.000 millones en juros lo que equivalía a unos 600 millones de reales de plata, una cantidad del todo insuficiente para pagar los 4.000 millones plata en que se calculaba la deuda. Por otra parte se calcula que el valor real de mercado de las fincas vendidas era el doble del que se pagaba y aun así, el miedo a comprarlas hizo que, en 1845, no se hubiera vendido más allá del 60% de lo desamortizado.

 

 

Abolición del diezmo eclesiástico.

 

También en 27 de julio de 1837 se abolió el diezmo y las primicias que cobraba la Iglesia al margen del Estado. Era un intento de liberar de algunos impuestos a los campesinos. Como ya se había suprimido la Inquisición en 1820, y se estaba iniciando la desamortización en 1837, estaban cayendo los pilares del emporio económico católico.

La desamortización y abolición del diezmo, dieron lugar a la aparición de una aportación fija anual del Estado para la Iglesia, que se vino en llamar “contribución de Culto y Clero” asumiendo que la Iglesia tenía una función social y religiosa importante. También se decidió que las rentas de la tierra desamortizada fueran asignadas a las necesidades de la Iglesia. Ello no era posible en el tiempo inmediato porque no había rentas hasta que no se vendiesen las tierras y las produjeran, así que se decidió continuar con los diezmos. En 1840, Espartero restableció la contribución de Culto y Clero, porque seguía sin haber rentas. La dotación se pagaba con una suma que debían pagar los pueblos en donde se había desamortizado. Era muy difícil de recaudar. En 1844 se renovó la contribución de Culto y Clero, pero había pocas rentas y el Estado tenía que tomar préstamos para financiar la cantidad que le asignaba a la Iglesia, por lo que era un mal negocio para Hacienda.

La Iglesia católica integrista sufrió un golpe importante en su concepción de tener derecho a imponer sus criterios sobre los creyentes: la supresión de conventos de frailes y monjas no sólo restaba poder económico de la Iglesia, sino que eliminaba la fuerza de transmisión de ideas hasta el pueblo, la influencia del clero en política a través del consejo sobre el sentido del voto, y la formación de opinión sobre decisiones del Gobierno. Se estaba desmontando el catolicismo tradicional español, que no el cristianismo.

Las medidas secularizadoras no eran del todo radicales, no tan radicales como a veces se dice:

La enajenación de bienes del clero secular se decretó que se haría por sextas partes en seis años y a partir de 1840, lo cual quiere decir que no se llevó a cabo en seis años, pues cambió el Gobierno mucho antes.

 

 

Avances económicos en 1837.

 

Desde 1826 ó 1834 existían en España siderurgias importantes como La Constancia y El Ángel, ambas en Marbella (Málaga).

En 1837 llegó el cemento Portland a España, lo trajeron los ingleses y se instalaron en San Sebastián. Fabricaban en Iraeta, Zumaya, San Sebastián, Oiquina y Arrona. Este cemento moderno, muy duro pero de fraguado lento, sustituía al viejo cemento calcáreo, inventado o al menos usado por los romanos, que se obtenía calcinando margas y calizas en las caleras y mezclando el polvo. Pero el consumo era muy limitado, excepto en zonas desarrolladas como el País Vasco y Cataluña, y el cemento no se expandiría en España hasta 1880 en Cataluña, y 1900 en Asturias, generalizándose en tiempo de la dictadura de Primo de Rivera.

 

 

Inicios del liberalismo en España.

 

La Constitución convierte a los súbditos en ciudadanos desde el momento en que les dota de derechos políticos que cualquiera puede ejercitar, siempre respetando la Constitución. El hombre medieval era vasallo o siervo, según su condición social. El hombre moderno, siglos XV, XVI, XVII y XVIII, era súbdito, estaba sometido a la obediencia a su soberano. El hombre contemporáneo es ciudadano porque accede a la soberanía y tiene derechos individuales inalienables. Es importante cada derecho concreto de cada ciudadano concreto, de modo que no puede limitarse un derecho sino ante otro igual o de mayor importancia, imposibles de conseguir simultáneamente, pero nunca por conveniencias de Estado, de políticos, de plutócratas, y nunca por decisiones asamblearias. Si una comunidad vota la supresión del derecho de un individuo sin razón suficiente basada en otros derechos, es el individuo el que mantiene su derecho y la comunidad la que está equivocada, a pesar de mayorías e incluso unanimidades de voto en contra de un derecho. Los derechos fundamentales son siempre inalienables y están definidos en las declaraciones de derechos. El resto de los derechos están en manos de los jueces. La consecución de un consenso en torno a estas ideas necesitaría todo un siglo, hasta mediados del XX. El siglo XIX, empezó por algunos derechos elementales, principalmente el voto.

Conseguir plenamente el derecho de sufragio, que es lo esencial de la soberanía desde el punto de vista del ciudadano corriente del XIX, llevará mucho tiempo, hasta 1890 para los hombres y hasta 1931 para las mujeres. Pero el derecho al sufragio no es la democracia liberal representativa, como pretenden los fascistas, nazis, comunistas y totalitarios en general (democracia orgánica, democracia popular, y otros adjetivos de la democracia). La democracia es conseguir el disfrute real para todos, o la mayor parte posible de los ciudadanos, de los derechos reconocidos por las Constituciones y declaraciones universales de derechos. Este propósito llevará mucho más tiempo, muchos Gobiernos, y será una lucha eterna. La sociedad que no lucha, pierde de hecho sus derechos ante los grupos políticos y económicos, siempre dispuestos a tener más poder a costa de los ciudadanos. Pero los derechos cuestan dinero, al individuo o a la comunidad, y hay que conseguirlos poco a poco, a medida de las posibilidades de una sociedad. Es muy fácil y populista decir que queremos todos los derechos para todas las personas aquí y ahora. Pero es siempre un engaño al pueblo. El tema es qué derechos se pagan y de cuáles se prescinde puntualmente, lo cual se resuelve de dos maneras, o racionalmente, a criterio de los entendidos, o por votación popular, cuando la sociedad no cree en la moralidad de sus dirigentes.

En el XIX había en España muchas personas desprovistas del único derecho que se estaba discutiendo políticamente, el voto: En el censo de 1860 aparecían sin voto 2.334.110 jornaleros del campo, 99.728 jornaleros de fábricas, 54.472 mujeres jornaleras de fábricas, 73.358 mineros, 401.883 sirvientes, 83.657 pobres de solemnidad, 178.934 mujeres pobres de solemnidad, a más de una cifra no precisada de propietarios, arrendatarios, militares y artesanos, cuyos emolumentos no llegaban al mínimo exigido para votar. Es más, todos ellos eran calificados de “vagos” en la ley de 1845 y en el Código Penal de 1849. Esta masa, colocada al margen de la ciudadanía, era un potencial de violencia al servicio de quien la supiera arrastrar, como ocurrió en 1854, 1873 y 1931.

Los “ciudadanos”, o gente con derecho al voto, tenían la servidumbre de servir a la patria en el ejército, con servicio militar obligatorio, pero se las arreglaron para librarse por medio de la sustitución o la redención, mientras los “no ciudadanos”, o gente desprovista del derecho al voto, fueron obligados a ir a la guerra como soldados. En consecuencia, la calidad del ejército español fue mala.

Además, los militares adquirieron la costumbre de, sistemáticamente, no respetar los derechos humanos, como ocurrió con Zumalacárregui que declaraba reos de muerte a los traidores rebeldes que apoyaban a Isabel II, con Cabrera, con Espartero, y así con otros muchos generales hasta Franco.

Los “no ciudadanos” se mostraron increíblemente crueles en sus acciones, y así surgió el prototipo español: no les bastaba con matar al enemigo, sino querían hacerle sufrir; de ninguna manera se conformaban con la cárcel de su enemigo, sino que querían torturarle hasta la muerte.

Incluso en los siglos XX y XXI, los dirigentes de casi todos los partidos políticos creerán que la fidelidad al partido, y con ello al líder, está por encima de los derechos individuales del militante y de los derechos del elegido para un cargo político, creerán en las listas cerradas preparadas por el partido sin posibilidad de expresión real de la voluntad ciudadana… Es decir, son más autoritarios que liberales.

 

 

Socialismo hacia 1837-1850.

 

Las reformas económicas liberales y los movimientos socialistas modernos nacieron al mismo tiempo. A la vez que triunfaba el liberalismo progresista, se estaba iniciando en España otro movimiento, que suele pasar más desapercibido en los tratados de historia, el movimiento socialista. En 1837 y 1838 aparecieron en Cataluña sociedades de resistencia, unos movimientos obreros organizados por oficios. Y en febrero de 1839 se constituiría la Asociación Mutua de Tejedores de Barcelona. Cultivaron el equívoco entre “mutuas” y “resistencia”, pero se trataba de los primeros movimientos obreros de cierta entidad en España. A partir de 1839 aparecerán ya varios, aunque la eclosión de los movimientos obreros es de los años 1868-1874. Serán muchos y muy duraderos, aunque no tan sonados como los grandes sindicatos históricos.

En Europa occidental, el socialismo respondía a una nueva realidad social y económica, la fábrica y sus máquinas, las cuales originaban situaciones de protesta, análisis del capitalismo y propuestas de una sociedad alternativa. Las soluciones eran utópicas, estaban poco racionalizadas y se movían en terrenos de la fantasía. Incluso ocurría que burgueses muy acaudalados, dueños de muchas tierras o dueños de fábricas, dedicasen su tiempo a estas fantasías personales de nuevas sociedades dentro de nuevos sistemas políticos. En España, no había suficiente nivel de industrialización para provocar fenómenos similares. Pero se empezaba a leer a los teóricos extranjeros, y el conjunto de esos simpatizantes de las nuevas teorías sociales, mostraba que el liberalismo estaba dejando mucho que desear respecto a las expectativas generadas en 1812 y 1837. El liberalismo se estaba mostrando como la revolución de los propietarios. Según la nueva legalidad burguesa, los asalariados quedaban a merced del empresario, indefensos. Y la política se convirtió en buenas palabras que no cambiaban en nada la dura realidad del abuso de los empresarios, como antes lo habían hecho los señores. En 1840, el gaditano Joaquín Abreu, denunció esta realidad. Pero España no generó teóricos de altura sino que difundió teorías francesas de Saint Simon, Fourier y Cabet.

La doctrina de Saint Simon fue divulgada a partir de 1836 por el médico barcelonés Pedro Felipe Monlau en El Propagador de la Libertad, firmando sus artículos como José Andrew de Cobert Spring. Algunos artículos los escribió en El Vapor. Monlau no era igual a los saintsimonianos franceses, sino que tenía su propia interpretación del socialismo: una industrialización fuerte y moderna, pero no en manos de los grandes capitalistas, sino en manos de los propios obreros, y una agricultura moderna en manos de los trabajadores de la tierra. Compañeros de Pedro Felipe Monlau fueron Antonio Ribot Fontseré y Pedro Mata.

Otro difusor de ideas santsimonianas fue Francisco Díaz de Morales, el cual hablaba de una “verdadera democracia” por asociación universal de todos los hombres, una democracia que cambiara la economía y la sociedad y que construyera las obras de progreso que los Gobiernos liberales no estaban haciendo, los regadíos para mejorar la agricultura, el telégrafo, las carreteras, los ferrocarriles, las mejoras en las minas, los sistemas de navegación de los ríos de España, en fin, todos los cambios que eran precisos para que fuera posible el progreso, cambios que necesitaban una planificación económica y una intervención estatal, pues no eran asumibles a pequeña escala local o regional. Díaz de Morales fue en 1840 miembro del Comité Central del Partido Demócrata Republicano.

Joaquín Abreu Orta era un militar liberal exaltado en 1822-1823, exiliado en 1823-1834, fechas en que conoció personalmente a Charles Fourier. Dedicó su vida a propagar el fourierismo. Publicaba artículos en periódicos de Andalucía, Madrid y Barcelona. Defendía cambiar el modelo de familia, de educación, de moral, de organización de la producción y de la distribución de la riqueza por medio del falansterio. Decía que la sociedad era opresora del individuo, le alienaba convirtiéndole en simple medio de producción. Creía que había que dar más poder a los intelectuales y a los políticos a fin de que pudieran cambiar la sociedad. Abreu murió en Algeciras en 1851.

En Cádiz surgió un grupo de fourieristas entre los que estaban Pedro Luis Huarte, Faustino Alonso y Joaquina de Moría. Estas personas tradujeron del francés los textos de Fourier y los publicaron en periódicos. Fueron más fieles a las doctrinas de Fourier que Díaz de Morales o Abreu. Pero tampoco se atrevieron a hacer un buen análisis de la sociedad en que ellos vivían y a dar un modelo de sociedad y economía para el futuro.

Manuel Sagrario de Beloy trató de organizar una empresa por acciones que funcionara como un falansterio cerca de Jerez de la Frontera. Presentó a Espartero y a las Cortes un proyecto en 1842, y hasta llegó a reunir un capital importante para iniciar su proyecto. Pero era un proyecto muerto antes de nacer. Se basaba en subvenciones del Estado, subvenciones que debían ser periódicas. Hubo algunos comerciantes, médicos y propietarios que llegaron a creer en el proyecto de Sagrario de Beloy, pero es evidente que estaba condenado al fracaso.

Fernando Garrido publicó en Madrid La Atracción en 1847, y La Organización del Trabajo en 1848, difundiendo ideas del socialismo utópico.

Ramón de la Sagra fue un científico gallego que escribió una extensa obra criticando el capitalismo. Era seguidor del belga sainsimoniano Jean Guillaume César de Colins de Ham barón de Colins. Ramón de la Sagra redactó informes sobre la economía y sociedad de los Estados Unidos, Bélgica y Alemania. E intentó hacer una síntesis entre el socialismo utópico francés y los teóricos economistas ingleses. Era demasiado para sus posibilidades y se quedó en la fase de preparación, en la cual tuvo que cambiar de criterio cada poco, según convenía que el obrero fuese completamente libre o que el Estado regulase las relaciones laborales, el reparto de beneficios, los precios y los salarios. Ramón de la Sagra era partidario de una economía agraria y se mostraba contrario al proceso industrializador que había observado en los países más avanzados. En 1856 se hizo católico integrista, neocatólico como se decía por entonces.

En Cataluña, destacaron Abdón Terradas, Narciso Monturiol, Clavé, Montaldo, Juan Rovira, Francisco Suñer Capdevila.

Abdón Terradas publicó en 1841 un opúsculo titulado “Lo que eran y los que son” para ensalzar a Juan Muns, dirigente de los sindicatos de Barcelona. Terradas conoció a Étienne Cabet en Francia. Fue procesado en 1843 por difusión de ideas subversivas, al tiempo que también fue procesado Gouhenant.

En 1847 y 1848 se publicó en España La Fraternidad, y en 1849 y 1850, El Padre de Familia, periódicos que difundían el comunismo icariano. Defendían el pacifismo absoluto, donde nadie atacaría a nadie. Estas doctrinas fueron adoptadas en Barcelona por Víctor Pruneda de Aragón, en Valencia por Jaime Ample Fuster, y en Mallorca por el clérigo Jerónimo Bibiloni. Algunos catalanes llevaron el proyecto “Icaria” a Estados Unidos, y tras fracasar allí, se volvieron a España integrándose en el republicanismo español, grupo de los demócratas republicanos, que luego sería federal en sus varias vertientes, regionalista, cantonalista y socialista.

Barcelona entró en el obrerismo hacia 1855.

En España, la gran eclosión de asociaciones obreras no llegará sino hasta principios del siglo XX: En 1907 habrá en España unas 304 sociedades de socorros mutuos y 111 cooperativas que, aunque autocalificadas de apolíticas y laicas, no dejaban de ser asociaciones obreras de autodefensa contra la enfermedad. Tuvieron problemas cuando llegaba una epidemia, pero lo que más temían eran las enfermedades crónicas y las venéreas, pues agotaban sus fondos. Por ello decidieron hacer exámenes médicos a los que ingresaban y hacían un reglamento de moralidad para sus miembros, de modo que las venéreas no fueran a cargo de la sociedad mutua. Algunas de ellas escondían verdaderas sociedades de resistencia, aunque se llamaran de otra manera.

 

 

La Guerra Carlista en 1837.

 

Don Carlos salió de Navarra hacia Madrid en 15 de mayo de 1837, en la llamada Expedición Real, en la esperanza de que Madrid iba a salir en manifestación a aclamarle, cosa que no sucedió. El 20 de mayo, Don Carlos hizo la proclama de Caseda para que los vascos y navarros se incorporasen a su causa. El conde Villemur sostenía que la guerra había que llevarla a todo el Estado y ganarla en Madrid. Zumalacárregui se había opuesto a una guerra de grandes dimensiones porque sabía que las fuerzas carlistas no estaban preparadas para ello. Nazario Eguía también se opuso en su momento. El primero en consentir una acción de gran envergadura como la Expedición Real fue Bruno Villarreal.

Don Carlos pasó por Huesca el 24 de mayo y venció a los cristinos en Barbastro, pasó por Solsona en Cataluña donde fue vencido en el Segre, una derrota sin importancia. Desde allí envió embajadores a Viena, Turín y San Pertersburgo. Iban bien armados y equipados, reforzados incluso con caballería. Se unió a su grupo Cabrera y fueron sobre Valencia el 15 de julio, pero no entraron en la ciudad para no desgastarse frente al general Marcelino Oráa que la tenía fortificada. El carlista general Zariátegui fue sobre Segovia y La Granja de San Ildefonso, ya en la Sierra de Madrid. Llegó a Somosierra, a un día de camino de Madrid. El cristino Espartero salió a hacerle frente y dejó desguarnecida la ciudad de Madrid, que fue atacada por Don Carlos, que llegaba desde el Tajo. El 12 de septiembre, Don Carlos estaba en Arganda y Vicálvaro (a 20 kilómetros de Madrid), y fue derrotado en Aranda. Había hecho una ruta en zigzag esperando que se le unieran muchos partidarios. Llevaba consigo 14.000 hombres, la mitad del total de soldados que tenía. Madrid estaba defendido por 2.700 hombres de la Guardia Real y la Milicia Urbana, que fueron fácilmente vencidos. Pero Don Carlos no entró en Madrid en los siguientes tres días, en una decisión inexplicable.

Lo cierto es que Don Carlos estaba intentando hablar con su cuñada María Cristina para forzar un matrimonio entre el conde de Montemolín, su hijo, con Isabel II, su sobrina. Hubo una conversación entre María Cristina y Don Carlos por la que aquella le cedía el trono a éste, si el hijo de Don Carlos se casaba con Isabel II. Pero no se contaba con la reacción de Isabel II y de los liberales, completamente negativa a estos proyectos que, de triunfar, pondrían a un absolutista en el trono.

Entre las explicaciones de los hechos de 1837 se dice que los liberales de primera mitad de 1837 estaban más unidos que otras veces en un acuerdo por el que estaban discutiendo la Constitución de 1837.

También es probable que Don Carlos se viera a las puertas de Madrid sin un plan de Gobierno, sin hombres que ejecutaran ese plan, y tuviera dudas, e incluso miedo. Si María Cristina no le facilitaba ningún apoyo, se veía incapaz de tomar el poder por sí mismo, pues se sabía limitado.

Al mismo tiempo que se producía la Expedición Real, en verano de 1837 en carlista Juan Antonio de Zariátegui estaba castigando el norte de Castilla. El 24 de julio de 1837 llegó a Belorado y enseguida se le unió el brigadier Goiri. El objetivo era dominar la zona de Oña, Briviesca y Villafranca. Zaríategui pasó por Roa y Burgos camino de Las Rozas (Madrid), y luego se desvió hacia Peñaranda (Salamanca). Fue batido por Méndez Vigo en Burgos, pero muchos voluntarios se le sumaron y repuso pérdidas. Huyó por Aranda. Fue apresado, pero liberado en 1839 e indultado en 1849.

Los generales carlistas quedaron muy decepcionados de la Expedición Real. Tenían 20.800 hombres a las puertas de Madrid y no entraban al ataque. Cabrera y los generales carlistas estaban dispuestos a luchar, pero Don Carlos decidió volverse a Navarra sin más. En octubre de 1837, regresó al Ebro y ganó Arciniega (Álava) el 26 de octubre de 1837, pasando el Ebro hacia el norte. Cuando llegó a Navarra le habían desertado unos 16.000 soldados. La retirada había sido un gran fracaso del carlismo que significó el inicio de la crisis: hubo conspiraciones, destituciones, fusilamientos y muchas rencillas internas que ya nunca cesaron. El carlismo aguantó dos años más esta situación, pero en franco retroceso.

En Arciniega, se produjo un manifiesto carlista el 29 de octubre de 1837, en el que se reconocía la comisión de muchos errores, lo cual llevaba a que Don Carlos tomara directamente el mando de las operaciones. Se desterró a Villarreal y a Moreno, se procesó a Zariátegui, Elío y Gómez por sus fracasos en las expediciones por España. Se castigó al infante Sebastián Gabriel por sus fracasos. Se decidió que el poder debía estar en manos de ultrarrealistas, pues se culpaba del fracaso a los trasaccionistas.

El fracaso de la Expedición Real tuvo muchas consecuencias, como que los militares cristinos supieron que nunca iban a vencer militarmente, que los carlistas supieron que ellos tampoco iban a vencer, que las potencias europeas simpatizantes del carlismo supieron que entregar dinero al carlismo era perderlo. Con ello la guerra decayó en el País Vasco y Navarra. Los seguidores carlistas perdieron algo de su entusiasmo inicial. Inglaterra, el principal apoyo de Isabel II abogó desde entonces por unas conversaciones de paz.

En Navarra, el Gobierno carlista de Abarca fue sustituido por el de Arias Teijeiro, un apostólico que ejercía tareas en Estado, Guerra y Justicia y se ayudaba de Labandero en Hacienda. Se impusieron los apostólicos, o ultras. Juan Antonio Guergué era el nuevo jefe del ejército carlista. Quedaron relegados a segundo plano los transaccionistas o moderados: Sebastián Gabriel, Villarreal, Zariátegui y de la Torre.

En Cataluña, el jefe carlista Blas Royo de León fue sustituido en julio de 1837 por Antonio Urbiztondo. Royo era acusado de cobarde por seguir actuando en guerrillas y no atreverse ocupar ciudades.

La Cataluña carlista era dirigida por una Junta de Cataluña dirigida por clérigos católicos y pequeña nobleza: Mateo Sampons era vicario general de Tortosa; Salvador Villela era canónigo de Barcelona; Manuel Millá era canónigo de Tarragona; Magín Ferrer; Antonio Gervasio Sans; Marqués de Sentmenat; marqués de Monistrol; conde de Fonollat; barón de Peramola; caballero Fernando Segarra.

En julio de 1837 Juan Antonio de Urbiztondo tomó Berga, y después Gironella, Ripoll y otras poblaciones en el campo de Tarragona. Decidió que Berga sería su cuartel general. Pero no logró la cooperación de las autoridades catalanas aportando fondos a la guerra, ni que los carlistas abandonaran el bandolerismo tradicional que habían adoptado como medio de vida, y decepcionado, se marchó a Francia a principios de 1838. El carlismo catalán estaba dividido entre los más ultras o “universitarios”, y los moderados o “aristócratas”. Publicaban “El Joven Observador”, editado por el eclesiástico Vicente Pou.

Urbiztondo denunció ante Don Carlos que el ejército carlista de Cataluña estaba desorganizado y que se estaba aprovechando el movimiento carlista para cometer toda clase de crímenes y para que muchos se enriquecieran. También decía que la Junta de Cataluña estaba integrada por un grupo de ineptos.

El general cristino, barón de Meer, capturó la carta mencionada y la publicó en El Guardia Nacional, en Barcelona en diciembre de 1837. Desde ese momento, Uzbiztondo sospechó que alguno de los suyos le asesinaría, y se marchó a Francia. El nuevo jefe carlista en Cataluña fue José Segarra, el cual lideró el carlismo hasta julio de 1838.

En 1837 apareció el cansancio entre los carlistas. Desde octubre de 1837, los que querían abandonar eran fusilados, pero esa amenaza no logró detener el crecimiento de la indisciplina y además era signo de que muchas cosas estaban cambiando cuando en vez de tener miles de voluntarios tenían que recurrir a la muerte de los disidentes.

En diciembre de 1837 hubo una nueva expedición de Basilio García, el cual se dirigió a Calatayud, Ateca, Toledo, Puerto Lápice, Úbeda (Jaén), siendo derrotado en Baeza, pero huyó por Granada, retornó hacia Jódar (Jaén). Su táctica era terrible, quemar casas en cada pueblo, fusilar a los cristinos conocidos y salir corriendo hacia otro pueblo. El 26 de marzo de 1838 estaba en Almadén y huyó por Plasencia y Béjar hacia el norte. Fue derrotado en Béjar, pero pudo regresar a las provincias vascongadas.

El carlismo no progresaba ni podía constituirse en un Estado, porque sus territorios estaban dispersos por el campo, porque sufría penuria financiera una vez que no quería esquilmar a los vascos y navarros para no ganarse su antipatía, lo cual le condenaba a vivir exclusivamente de subvenciones extranjeras, y porque no tenía hombres políticamente eficientes y con experiencia de gobierno. El más preparado era Juan Bautista Erro, pero era moderado y no era aceptado por la mayoría, que eran apostólicos o puros.

 

 

Caída de Calatrava.

 

El progresismo tenía entre los suyos grupos antimilitaristas, gentes que creían que el ejército obligatorio y profesional era un gasto inútil y preferían las milicias ciudadanas. Mendizábal había acusado en 1837 a unos oficiales del ejército de quedarse en su favor un dinero del Estado y del ejército.

En 17 agosto de 1837, los oficiales de la Guardia de Pozuelo y Aravaca, brigada Van Halen, se pronunciaron e hicieron caer al Gobierno Calatrava.

María Cristina se entrevistó con Espartero y éste aseguró que no se opondría al cambio de Gobierno, produciéndose en esta consulta el primer acercamiento entre María Cristina y Espartero, que María Cristina creyó amistad. En 1840, Espartero se iría con los progresistas y abandonaría el bando de María Cristina.

Mientras tanto, el aspirante al trono, don Carlos, avanzaba sobre Madrid y los militares creían que no se atendía a la guerra carlista como correspondía. Todo el sistema liberal estaba a punto de caer en manos carlistas.

Tras el Gobierno Calatrava, las figuras escogidas por María Cristina para gobernar fueron hombres de segunda fila. María Cristina trataba de no excitar demasiado a la oposición no poniendo figuras relevantes, y así mantener su secreto de la ilegalidad de su Regencia por su matrimonio morganático. Bardají era un viejo sin apenas recursos. Ofalia era un viejo diplomático que se resignó a aceptar “la papeleta” tras un largo diálogo con María Cristina. Frías era un literato, un poco sordo y con distracciones frecuentes, que no sabía nada de Administración pública ni de Hacienda. Pérez de Castro era un viejo achacoso y sus colaboradores, Arrazola y Hompanera, eran jóvenes inexpertos. Esta postura política de María Cristina fue un error. Las personalidades de segunda fila no arreglaron ninguno de los graves problemas del momento y por el contrario, los agravaron. Este conjunto de gobernantes ejerció su oficio mirando siempre lo que podía pensar Espartero de cada decisión, intentando agradar a Espartero. Pero Espartero quería mucho dinero y muchos hombres para poder acabar la guerra gloriosamente, y el Gobierno no tenía ni lo uno ni lo otro. Espartero se mostraba más fuerte que los gobernantes de turno y nadie se atrevía ni a removerle ni a contradecirle.

 

[1] Agustín Argüelles Álvarez, 1776-1844, era un abogado que había estudiado en Oviedo y sabía inglés, lo cual le permitió destacar en Madrid a partir de 1800. En 1806 fue embajador en Londres para buscar la alianza contra Francia que pretendía Godoy. En 1808 regresó a España para hacerse cargo de la Junta de Legislación de la Junta Suprema Central. Intervino brillantemente en las Cortes de Cádiz. En 1814 fue recluido en Ceuta, y en 1815-1820 en Alcudia (Mallorca). Fue ministro de Gobernación en abril de 1820. En 1823 se exilió a Inglaterra, donde escribió sobre constitucionalismo. Regresó a España en 1824.

[2] Salustiano Olózaga Almandoz, 1805-1873, había estudiado filosofía en Zaragoza y en Madrid a partir de 1819 y se había afiliado a la Milicia Nacional, cuna del liberalismo progresista. Tras los episodios del Trienio Constitucional, en 1823 se puso a estudiar Derecho en Madrid.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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