LA DESAMORTIZACIÓN DE 1836 y 1837.

 

Llamamos desamortización al proceso de convertir en propiedad individual lo que antes eran derechos señoriales. El término proviene de que, antes de 1811, los bienes que no se podían vender ni comprar se decía que estaban en “manos muertas”. Ponerles en el mercado era resucitarles, desamortizarles.

Las tres Leyes de Desamortización básicas son:

El 19 de febrero de 1836 hubo un decreto declarando en venta, por sistema de subasta, las tierras de las órdenes religiosas suprimidas, tierras convertidas en “bienes nacionales”. Sólo las de órdenes suprimidas. El decreto de supresión se había dado el 11 de octubre de 1835 y la venta de bienes estaba siendo ejecutada en ese momento.

El 29 de julio de 1837 se desamortizaban los bienes del clero regular de cualquier tipo y se sumaban los del clero secular.

Estas leyes fueron revitalizadas por Espartero en Ley de 2 de septiembre de 1841, vigente hasta 8 de agosto de 1844.

 

Mendizábal justificaba su decisión de desamortizar en la necesidad de poner los bienes en manos de quienes podían sacarles provecho. No estaba pensando en una mejor redistribución de la tierra, ni creía en ideas de tipo social, porque creía que la libertad obraría en el mejor sentido posible. Lo que deseaba Mendizábal era una clase burguesa fuerte que apoyase al poder constituido en torno a María Cristina de Borbón, que movilizase el dinero y la riqueza existentes en el país, y que todo ello sirviese para revitalizar Hacienda y sanear la deuda española. La deuda era en ese momento de unos 11.500 millones de reales e iba en aumento continuo. Con la desamortización, la propiedad de la tierra quedaba liberalizada y entraba en el mercado de bienes y, como ya se había producido la desvinculación, cambió el régimen jurídico de la propiedad de la tierra y se transformó la distribución de los propietarios, pues desapareció uno de los grandes propietarios, la Iglesia.

Se dice que Mendizábal hizo lo que pudo y no lo que quería hacer al frente de su ministerio. Copió los decretos de 3 de septiembre de 1820 y los publicó en un momento en que las Cortes estaban cerradas, lo cual pareció una medida autoritaria a todos, a los moderados porque eran católicos partidarios de una iglesia poderosa económicamente, y a los exaltados porque no creían que las cosas se pudieran hacer sin las Cortes. En general, la gente se oponía más a la forma de hacerlo que al fondo del problema. El Español, periódico moderado, estaba de acuerdo con la medida tomada si las cosas se hacían bien y respetando los derechos de los religiosos a ser socorridos por el Estado. El Eco del Comercio, órgano de los exaltados, se opuso a la desamortización por la forma en que se hacía, pero poco después, compró fincas desamortizadas. Flórez Estrada se opuso al sistema de subastas porque eliminaba a los pequeños y medianos propietarios de acceder a la propiedad de lo desamortizado. Andrés Borrego culpó a Mendizábal de haber roto la sociedad en dos jirones, ricos y pobres. La Junta de Desamortización de Madrid tuvo el mal gusto de ver en los templos y monasterios góticos el símbolo del fanatismo y la tiranía católica, por lo que pedía la demolición de conventos y templos.

Mendizábal, aunque ha pasado a la historia como un duro enemigo de la Iglesia, era un blando. Con él, empezaba tímidamente la desamortización. Sólo alcanzaba a conventos suprimidos. Los monasterios desamortizados eran los de órdenes contemplativas, respetándose los conventos que se dedicaban a la enseñanza o a la sanidad. También se declaraba que serían nacionalizables los bienes del clero secular, pero esto actuaba más bien como una amenaza, pues de momento no se llevó a cabo hasta que Espartero lo ponga en vigor.

El decreto de desamortización tomó mayores alcances cuando en 29 de julio 1837, se decretó la desamortización de bienes de conventos y monasterios de todo tipo e incluso de los bienes del clero secular.

La desamortización de 1836 no fue toda la desamortización eclesiástica, y la desamortización eclesiástica no fue lo más importante de la desamortización, pero sí lo que más literatura suscitó en un país católico como España. Hubo también desamortización de bienes del Rey y de bienes de Ayuntamientos, con mucha mayor superficie y trascendencia histórica que la desamortización eclesiástica.

 

 

El origen del problema de la desamortización.

 

La desamortización de Mendizábal es un tema no trascendental en la historia de España, muy aireado en una España conservadora y católica como la del siglo XIX. Según los liberales, no atacaba el derecho de propiedad individual sino, al contrario, permitía el acceso a la propiedad libre, ayudaba a disminuir la deuda pública, ayudaba a terminar una guerra civil e iniciaba la necesaria reforma del clero. Aunque fue un fracaso a corto plazo, resultó un éxito a largo, pues cambió mucho el aspecto general de la sociedad española en buen sentido. Bien entendido que se desamortizó la tierra de las instituciones religiosas, y no la propiedad particular de los sacerdotes y obispos, que mantenían sus tierras, que no eran pocas. El volumen grande desamortizado tuvo lugar en 1855.

En la desamortización, compraron los que podían hacerlo porque tenían el dinero suficiente, y podían hacerlo porque les dejaba su conciencia. Por ejemplo, los carlistas no compraron, porque lo consideraban una injusticia social, aunque muchos se arrepintieron de ello y cambiaron de idea en 1855.

Hay tres maneras de sacar fuera del mercado la tierra: incorporación a mayorazgos nobiliarios, entrega a la Iglesia y entrega a instituciones públicas y privadas, como Ayuntamientos, fundaciones, capillas…

El origen de la fortuna hecha por la Iglesia en tierras, era antiguo y variado: En el siglo X se habían entregado muchas tierras a la Iglesia, a cambio de la salvación del alma y de una atención en los años de vejez, en forma de donaciones y mandas testamentarias, además de las compras que la Iglesia hacía. Además, los reyes buscaban asentamientos de población que hicieran duraderas sus conquistas. Las donaciones reales por conquista o por defensa de determinados territorios o posiciones políticas fueron incrementando el patrimonio eclesiástico territorial sin parar. Ya en el siglo XIII los reyes se habían dado cuenta del enorme poder económico de la Iglesia y de su situación de privilegio respecto a los impuestos, y habían tratado de someterla a impuestos con la excusa de guerras y cruzadas para las que se pedían tributos ocasionales. Las donaciones de particulares no habían cesado nunca y, en el siglo XIX, se calculaba que la Iglesia poseía el 17-18% de la tierra, de la mejor calidad, lo que representaba más del 20% de la riqueza agrícola y ganadera. Poseía también fincas urbanas, edificios varios como inclusas, capillas, conventos, casas de acogida… Una institución como la Iglesia, que nunca vendía y no hacía más que acumular propiedades, siendo como era un gran prestamista hipotecario que se iba quedando con más y más fincas, y recibiendo mandas testamentarias para la salvación del alma del difunto, se habría de convertir en propietario único de todo si alguien no paraba el proceso. Los privilegios de no pagar impuestos por tierras concretas, sino un global bastante pequeño, y el de no utilizar la justicia ordinaria, sino atenerse a la episcopal, eran gran fuente de dinero, en vez de motivo de gastos. La teocracia era el final previsible. Alguien tenía que darse cuenta de la inmoralidad del proceso, aunque hubiera sido completamente legal.

Durante la reconquista, los poblados se hicieron dueños de algunas tierras, que pasaban a propiedad de la comunidad, concejo o ayuntamiento, llamados “propios”, que servían para obtener rentas anuales para gastos corrientes propios del regimiento, y también otros, propiedad de la comunidad de los vecinos, llamados “comunales”. Los propios eran arrendados para con las rentas pagar los gastos municipales. Los comunes eran explotados para pastos del ganado de los vecinos, cortas de leña, caza y pesca, en repartos hechos según costumbre de cada pueblo. Los propios no eran inalienables y no serían literalmente bienes de manos muertas, pero en la práctica estaban fuera del campo del mercado.

A partir del siglo XIV, los nobles fueron obligados a instituir el “mayorazgo” o costumbre de que uno sólo heredara la totalidad del patrimonio familiar a fin de que no se perdiese la importancia de la familia por excesivas divisiones, y con ello, la familia pudiese seguir ejerciendo las labores militares, judiciales y administrativas necesarias en toda sociedad. Sus tierras eran para ellos indivisibles e inalienables y, a cambio, recibían el privilegio del Estado de que también eran inconfiscables, salvo retirada expresa del privilegio por el rey.

En el siglo XVIII, cuando la nobleza y la Iglesia habían perdido sus funciones sociales y políticas, la sociedad empezó a cuestionarse el derecho al disfrute de los bienes de manos muertas, los de la Iglesia, los de la Nobleza y los de Ayuntamientos. Sin dejar de reconocer las obras sociales de la Iglesia, como recogida de enfermos y peregrinos, protección a viudas y huérfanos, atención a presos y cautivos de piratas, ayuda a los pobres de la parroquia, etc., los excesos de la Iglesia construyendo iglesias y catedrales, custodias espectaculares de oro y plata, y palacios episcopales, no dejaron de tener consecuencias tales como un espíritu de secularización por el que los cristianos rechazaban ciertas prácticas de la jerarquía católica. Incluso algunos llegaron al llamado anticlericalismo. Así, en 1737 se legisló que los bienes que la Iglesia adquiriese en adelante no gozaran del privilegio de exención de tributos. Los defensores más ultras de las propiedades de la Iglesia, los jesuitas, fueron disueltos en 1766, cuando era patente el llamado jansenismo español.

Uno de los sectores de la desamortización, los propios, fueron un problema político grande: eran considerados de mucho más beneficio que perjuicio a la sociedad. En 1766, algunos ayuntamientos alquilaron propios a campesinos pobres como ayuda para salir de situaciones difíciles. Pero también pareció que serían más útiles en manos privadas aunque no fueran bienes de manos muertas.

 

 

Desamortizaciones anteriores a 1811.

 

La enorme deuda acumulada por el Estado a fines del siglo XVIII, hizo que éste se fijara en la riqueza que no tributaba y era susceptible de producir dinero. En 1798, Godoy decretó la subasta de “casas de propios”, es decir, de construcciones que se habían venido haciendo en ellos y que normalmente eran hospicios y colegios hechos por la Iglesia. Igualmente, decretó que se subastasen los bienes de los jesuitas expulsados y disueltos, en beneficio de Hacienda. En 1806, el Papa llegó a un acuerdo con el Estado español concediendo la venta de un séptimo de las tierras a cambio de recibir en metálico y sistemáticamente un 3% anual sobre el precio que resultase. No hubo subasta debido a la revolución de 1808, pero quedaba claro el deseo del Estado de obtener esos recursos y una posible postura de la Iglesia de ceder propiedades.

El reinado de José Bonaparte pudo ser definitivo para las propiedades de la Iglesia y las de los nobles. No es extraño que gran parte de los sacerdotes y nobles se le pusieran en contra e hicieran campañas, absolutamente deshonestas, acusándole de borracho y pervertido. En diciembre de 1808, José decretó la incautación de todos los bienes de los Grandes de España y nobles que no le habían reconocido, y un tercio de todos los bienes de los conventos. La revolución que se preparó contra los franceses y afrancesados, que pudo ser mucho menos popular de lo que se nos ha hecho creer en los tratados de historia, impidió la realización del decreto de José I.

 

 

Desamortizaciones en 1811-1833.

 

Una época de venta de bienes de manos muertas se produjo en 1811-13, durante la guerra contra los franceses. La hicieron los liberales de Cádiz, siempre mal vistos por los historiadores católicos.

En 1811 se produjo la venta de determinados bienes de la Corona, el más poderoso de los nobles, y el 4 de enero de 1813 se decretó la enajenación de:

bienes de los municipios

propiedades de las Ordenes Militares

baldíos no necesarios para el ganado de cada pueblo

fincas de los conventos destruidos durante la guerra

propiedades de los afrancesados

de las fincas concedidas por el Papa en 1806

los bienes de conventos que no tuvieran un mínimo de monjes, quedando prohibido que hubiera dos conventos de la misma orden en un mismo municipio.

Este decreto de 1813 fue abolido en 1814, al llegar Fernando VII de Francia, puesto de nuevo en vigor en 1820 y de nuevo abolido con nulidad de las ventas efectuadas hasta entonces, en 1823. Es decir, no tuvo eficacia práctica ninguna de momento, pero sí cuando se hicieron legales estas ventas en 6 de marzo de 1834.

Igualmente, en 1824 fue abolido otro decreto que declaraba que los bienes de los nobles eran propiedades individuales atribuibles la mitad a la persona que detentaba el título y la otra mitad a sus allegados y familiares legitimados. Cuando en 1841 se vuelva a adoptar esta ley, los nobles dejarán de ser privilegiados y pagarán sus errores políticos, civiles y criminales con la pérdida de patrimonio, o con la cárcel, como el resto de ciudadanos corrientes.

Otras decisiones complementarias, y muy importantes para facilitar la desamortización, fueron las aboliciones de privilegios de la Mesta, abolición del diezmo, eliminación de los pósitos y regulación de los foros.

En general, pues, la primera fase de ventas, 1813-1814, 1820-1823, fue un fracaso y se quedó en meras intenciones.

La segunda época de ventas se reanudó a partir de 1833, con la llegada al poder de los liberales, y en ella tuvieron lugar realmente muchas ventas de tierras.

Para entonces, se había producido el pacto nobleza-burguesía, y los nobles se salvaron de la pérdida de tierras pasando a ser propietarios. Los ayuntamientos fueron respetados por su colaboración con los liberales en la guerra de 1808 y en 1820. La víctima será la Iglesia, que apostó por el carlismo queriendo mantener posiciones integristas teocráticas, y fue derrotada junto a él.

En 1834 se suprimieron los monasterios de los que se fugase algún miembro y el superior no diera parte de ello a la autoridad, y de todos los que hubiesen sufrido la fuga o desaparición de al menos un sexto de sus miembros. Se suprimió la Inquisición. Se prohibió que los clérigos realizasen ventas, porque estaban haciendo ventas ficticias de patrimonio, a católicos que pensaban que no iban a dejarles sin tierras. En 1835 se suprimió la orden de los jesuitas y todos los conventos que tuvieran menos de doce religiosos. Las supresiones de conventos implicaban puesta en venta de sus tierras.

En enero de 1836 se produjo el desalojo de edificios religiosos alegando que era para proteger a los frailes de posibles motines populares. Los religiosos fueron dispersados y unos se marcharon al extranjero, otros pasaron al clero secular y fueron colocados en distintos territorios españoles, en los cuales debían ganarse la vida como pudieran. Mendizábal pensó en la necesidad de darles un subsidio, pero las circunstancias no le permitían abordar nuevos gastos.

 

 

La desamortización de 19 de febrero de 1836.

 

La desamortización de Mendizábal tenía tres aspectos diferentes o fases sucesivas: la supresión de órdenes religiosas, la incautación forzosa de bienes y su conversión en bienes nacionales, y la venta de bienes en subasta pública. El proceso era pues complejo y, a menudo, se prolongaba en el tiempo.

El 19 de febrero de 1836 se produjo el Decreto de Desamortización: se ordenó poner en venta todos los bienes declarados nacionalizables o extinguidos por leyes anteriores. Se daban por nacionalizables los bienes del clero regular, es decir, frailes y monjas. Era la gran desamortización eclesiástica. Cada obispo hizo inventario de los bienes eclesiásticos incautados, su valoración, su tasación para subasta pública.

Se dijo en el decreto de desamortización que se deseaba amortizar (eliminar o cancelar) la deuda pública, que se pretendía que más personas accedieran a la propiedad, y se optaba por una mejora o crecimiento de la producción agrícola española.

Se dieron al comprador de fincas, tierras o casas, dos fórmulas de pago: La primera pagando en efectivo, el 20% en el momento de comprar y el resto en plazos a 15 años. La segunda pagando el 20% en efectivo en el momento de comprar y el resto en plazos de ocho años en títulos de deuda pública que se aceptaban por su valor nominal. La ventaja de la segunda fórmula era que los títulos podían adquirirse en el mercado por casi la mitad de su valor nominal. El Estado también podría haber comprado la deuda a mitad de precio, pero prefirió perder dinero y sumar a la causa isabelina a los compradores. En realidad, los liberales hicieron una gran estafa al país, malvendiendo las fincas por deuda pública de valor muy inferior al que aceptaban como pago.

Para aclarar este decreto de 19 de febrero de 1836, se dio otro suprimiendo monasterios, conventos, casas de comunidad y colegios, tanto en clero regular como en Ordenes Militares, no siendo que, para librarse de la desamortización, se escudasen en simples cambios de titularidad.

Antes de celebrarse la primera subasta, Mendizábal ya no estaba en el Gobierno. Mendizábal pudo ser la causa del fracaso de los exaltados en las décadas posteriores, por lo mal que hizo el proceso desamortizador, con criterios políticos por encima de los económicos. A corto plazo, salvó el problema carlista. A largo plazo, perdió la ocasión de eliminar una buena parte de la deuda del Estado.

El problema de la desamortización se concretaba en la fase de venta de la tierra: la gente no se atrevía a comprar esas tierras debido a la inseguridad de que viniese un régimen absolutista y las perdiesen posteriormente, como había sucedido en 1824. También había algunos españoles solidarios con el clero católico. Los primeros en decidirse lo hicieron por bienes urbanos, bienes que se podían comprar discretamente, sin dar a conocer demasiado el nombre del comprador. En 1837 hubo una oleada de compradores en la confianza de que los problemas políticos que había causado Mendizábal estaban superados, pero una incursión carlista sobre Madrid volvió a poner el miedo en el cuerpo de los compradores y las ventas se redujeron mucho.

De 1837 a 1840 las ventas fueron poco numerosas porque la demanda era escasa. La gente tenía miedo a comprar debido a la inseguridad jurídica-política, es decir, que si triunfaban los moderados podían perder sus compras. Ya en 1824 habían tenido que devolver lo comprado durante el Trienio Constitucional. No estaban desacertados del todo, y en 1840 se paralizó la desamortización del clero, pero no hubo que devolver fincas. Ello dio mucha confianza a los compradores.

A partir de la desamortización de 1836, se reforzó en España el “neorromanismo” o neocatolicismo, lo que hoy llamamos integrismo católico y es llamado también a veces ortodoxia católica y ultramontanismo otras veces. Los católicos sentían haber perdido el apoyo del Estado, al que consideraban suyo desde tiempos de los Austrias, menos con los Borbones, y de nuevo con Fernando VII. Entonces creyeron que necesitaban estar unidos entre ellos y en torno a la figura del Papa. Así, Pío IX, 1846- 1878, se convirtió en un mito, y más tarde, en el concilio Vaticano I lograron aprobar la infalibilidad del Papa.

 

 

Desamortización de Mendizábal de 1837.

 

El 29 de julio de 1837, se produjo la Ley de Desamortización, cuando Mendizábal era Ministro de Hacienda. Amplió la desamortización, iniciada en 19 de febrero de 1836, a todos los bienes del clero secular y suprimió el diezmo, la renta más cuantiosa cobrada por la Iglesia Católica. Tras la supresión de la Inquisición, la supresión del diezmo y la desamortización, la Iglesia española quedaba desprovista de gran parte de su poder económico y social en España.

La enajenación de bienes del clero secular se haría por sextas partes en seis años sucesivos a partir de 1840, es decir, a partir del tercer año tras la publicación de la Ley de Desamortización, lo que preveía 10 años en total para completar el proceso.

A cambio de la desamortización, se entregaba al clero una dotación de “culto y clero”, y además, la renta de la deuda nacional obtenida por las enajenaciones se dedicaría al sostenimiento del clero.

 

 

Desamortizaciones posteriores a 1837.

 

En 2 de septiembre de 1841, Espartero decidió revitalizar la desamortización de bienes del clero secular con una compensación para la Iglesia, la de 1837. Por una parte hizo una “ley de culto y clero” para subvencionar a la Iglesia con derechos de estola, donaciones de creyentes, aportaciones reguladas de los vecinos de cada pueblo y aportaciones del Estado, y por otra parte decidió vender bienes del clero secular, como se estaban desamortizando los del clero regular.

Esta decisión de Espartero fue abolida en 8 de agosto de 1844 por Narváez que, sin embargo, decidió dar por buenas las ventas ya hechas y devolver a la Iglesia las tierras expropiadas o nacionalizadas y todavía no vendidas. Esta decisión la corroboró el Papa en el Concordato de 1851. Así pues, 1843 resultó el año de la consolidación de la desamortización, pues los bienes desamortizados y ya vendidos pasaron a propiedad de los adquirentes. Ello venía de la mano de los moderados, los teóricos defensores de la Iglesia Católica, así que no había nada que temer en adelante. El precio político se pagó en su día en el Concordato de 1851, en el que hubo que hacer muchas concesiones al Papa para que éste diera su visto bueno definitivo a las ventas.

La segunda gran desamortización se produjo en 1855 y es conocida como Desamortización de Madoz.

 

 

Los compradores de fincas.

 

El proceso desamortizador tenía tres fases que lo hacía muy complejo: en primer lugar, la finca en cuestión era denunciada como amortizable por alguien del pueblo o por peritos de Hacienda, que la tasaban a precios reales de mercado de cada lugar. En segundo lugar, se procedía a la subasta, momento en que las pujas solían llegar a un 220% del precio de salida, como media. Esto hacía que los campesinos se retiraran de la subasta, pues las fincas adquirían valores muy por encima del mercado. En tercer lugar, las fincas eran pagadas, un 20% al contado e inmediatamente (lo que significaba un 40-50% del valor real de mercado), y el 80% restante a plazos en deuda pública. Como la deuda pública se adquiría en el mercado por debajo del 50% de su valor nominal, y mediante la desamortización se le endosaba al Estado a nominal, el pago final se reducía al valor inicial de mercado en que se había tasado en primera fase. Era una estafa legal y consentida por el Estado. Era un medio para que los ricos se quedasen con las tierras, pues pretender que los pobres supieran las jugadas financieras descritas es utópico. Era una manera de comprometer a los ricos con el trono de Isabel II, pues sabían que perderían las tierras si triunfaban los carlistas y con ellos la Iglesia católica.

El Estado era plenamente consciente del problema del pago de las fincas. Podía haber exigido dinero contante y sacar más por ellas, comprando a continuación la deuda pública en el mercado y ser el Estado el beneficiario de la especulación. Se eliminó de hecho un tercio de la deuda pública y se calcula que podía haberse eliminado el doble. En el Gobierno se discutió si dar las fincas a los guerrilleros de 1808-1814, que habían tenido muy poca recompensa por su esfuerzo. También podían entregarse a campesinos pobres. En caso de haber elegido esta opción, no se recibiría un dinero al instante, pero se incrementarían los ingresos contributivos anuales. Se decidió comprometer a la nobleza y burguesía con la Corona. La nobleza y burguesía empezaron a contribuir más en impuestos, porque muchas tierras que hasta entonces no contribuían empezaron a tributar.

Juan de Dios Álvarez Méndez, Mendizábal, no compró bienes de la Iglesia antes de 1843. No puede ser acusado de corrupto, de utilizar la ley y el Gobierno en su propio beneficio.

Los grandes compradores[1] de fincas procedentes de la desamortización fueron burgueses, muchos de ellos amigos de Mendizábal. Muchos fueron compradores de la deuda emitida por Mendizábal en 1836 susceptible de servir como pago al Estado, y también de la deuda emitida por Espartero, lo cual obligaba a éste a tomar decisiones en contra de sus fuertes creencias religiosas católicas. Todos eran líderes de la Milicia Urbana, Muchos eran suministradores de abastecimientos para el ejército cristino. Casi todos eran capitalistas de poca monta, de escasa creatividad, más bien con mentalidad campesina especuladora que fijaban sus ideales económicos en poseer mucha tierra, para ellos identificada con la riqueza.

Mariano Paz García, propietario de El Eco del Comercio, el cual compró toda una fortuna en 1837.

Fermín Caballero, el cual compró fincas en la provincia de Cuenca.

José Safont Casarramona, natural de Vic (Barcelona) propietario de El Patriota, periódico desde el que apoyaba la política de Mendizábal, negociante de fincas, arrendatario de rentas del Estado, empresario minero, un hombre que forjó una gran fortuna en los avatares de 1808 y de 1833. Cuando Mendizábal era ministro de Hacienda a partir de 11 de septiembre de 1836, emitió deuda por 25,5 millones de reales admisibles en pago de la mitad de todas las contribuciones pagaderas al Estado. José Safont, que ya había prestado dinero a los liberales para víveres y abastecimientos militares, compró gran parte de la deuda. Luego la invirtió en comprar fincas desamortizadas. Compró en Madrid, Cataluña, Mallorca, Ávila, Ciudad Real, Toledo y Sevilla. En Ávila llegó a ser un hombre importante y fue elegido Diputado en 1841.

Juan Álvarez, primo de Mendizábal y también suministrador del ejército liberal, fue otro comprador.

Jaime Ceriola Sarri, catalán, banquero, asentista de servicios del Estado como abastecer al ejército Cristino, una gran fortuna en su tiempo.

Guardamino.

Rivas.

Domingo Norzagaray, era de Llanteno (Álava), en 1814 abrió tienda de tejidos en Aranjuez, y en 1823 pasó a Madrid como banquero prestamista, lo que le permitió acumular gran cantidad de deuda pública comprada a bajo precio. En 1836 aprovechó para canjear su papel por fincas.

Tomás Jordán.

Antonio Jordá.

Vicente Beltrán de Lis, negociante valenciano, líder de una partida antifrancesa en 1808, colaborador de los liberales de Cádiz en 1811 como importador de algodón, continuó en el negocio en 1814, en 1820 se fabricó un pasado revolucionario para ser el banquero de los progresistas. Exiliado en 1823, hizo un buen negocio vendiendo fusiles a los Voluntarios Realistas. En 1833 regresó a España aprovechando la amnistía.

Pablo Collado.

Francisco de las Bárcenas, fue un banquero y comerciante de Madrid, miembro de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, recaudador de contribuciones territoriales para el Estado, que financió a Mendizábal, a Espartero y otros, y compró fincas urbanas en Madrid y tierras en Ciudad Real.

José María Nocedal y Capetillo fue un negociante en bolsa, gran comprador de fincas en Ciudad Real.

José María Álvarez Martínez,

Mateo Murga Michelena, vasco que había hecho fortuna en los ferrocarriles cubanos.

Muy por detrás de estos grandes compradores, hubo otros pequeños que eran abogados, funcionarios, pequeños industriales y políticos, incluso burguesía rural, pero casi nunca agricultores, porque la deuda pública y la capacidad de adquirirla estaban en manos de los ricos y no de los agricultores en los pueblos. También había algunos de los antiguos nobles, ahora burgueses tras la desvinculación. Nunca hubo compradores que fueran pequeños propietarios, jornaleros o pequeños arrendatarios, porque no se les dio oportunidad de hacerlo.

¿Por qué se vendió la tierra a los poderosos? Aniceto Álvarez, amigo y colaborador de Mendizábal nos da la respuesta: Mendizábal no tenía ningún interés en que los pobres adquirieran propiedades pues, en el caso de que pudieran adquirir o se les facilitase la finca, sería siempre una pequeña finca, no tendrían medios para explotarla, no resistirían ni la primera crisis por mala cosecha o bajada de precios, porque no tenían capital para ponerla en producción y aguantar las primeras dificultades.

En cambio, los nuevos propietarios de la tierra, hombres adinerados, tenían mentalidad capitalista, buscaban obtener ganancias de la tierra de todo tipo, por cultivo o por venta especulativa. Ello tuvo el inconveniente de que estos nuevos propietarios aumentaron las rentas cobradas al campesino explotador de las fincas, y se mostró que no tenían reparos en romper los contratos y cambiar de arrendatario o no contratar a los trabajadores que, de siempre, se contrataban en cada pueblo. Mendizábal sabía que con esas decisiones políticas, los pequeños agricultores y trabajadores de la tierra apoyarían a los carlistas, pero prefería tener de su parte a los ricos, a los poderosos de la sociedad.

 

 

Significado económico de la desamortización.

 

La propiedad no sólo implica poder comprar y vender la tierra, sino también poder decidir qué destinos darle a ese medio de producción y, en caso de cultivar, decidir qué cultivos explotar. La población aumentaba en el XIX y los precios de los alimentos subían, los productos de las colonias españolas habían desaparecido del mercado a precios asequibles, y todo ello inducía a cultivar. Las viejas tecnologías y métodos de cultivo no daban para más y había que renovar los sistemas de producción agrarios. Para ello, había que eliminar algunas leyes y costumbres del pasado que impedían producir más en cantidad y distintos productos de los tradicionales.

Establecer un mercado nacional requería el libre ejercicio del comercio y de la industria, la desaparición de privilegios gremiales, la libertad de tráfico interior de mercancías sin aduanas interiores, y un ordenamiento jurídico y mercantil común, de modo que todo ello se produjera simultáneamente, pues unos aspectos implicaban a los otros.

Los cambios se habían producido a raíz de la muerte de Fernando VII, y entre ellos era fundamental la división provincial de Javier de Burgos y, en la misma fecha, atribución de unas competencias a los Subdelegados de Fomento, Jefes Provinciales en nuestro lenguaje actual, que debían estudiar las necesidades locales, socorrerlas ellos mismos si podían, y proponer al Gobierno los medios de hacerlo en caso de mayor cuantía. En la Instrucción de 30 de noviembre de 1833 de Javier de Burgos a los Subdelegados de Fomento se les sugería la conveniencia de suprimir las injerencias municipales en cuanto a que los municipios regularan los productos a cultivar, en qué fechas se realizaban las labores agrícolas y sobre todo, contra la costumbre de la “derrota de las mieses” o fecha en que entraba la ganadería en los sembrados. También se les sugería la posibilidad de cercar las fincas, lo cual se regularía por una ley posterior. Pero Javier de Burgos no se atrevió a restablecer la ley de 8 de junio de 1813 que permitía el cercamiento de fincas, daba libertad de arrendamientos, permitía el libre comercio y tráfico de granos, y establecía libertad para establecer industrias y fábricas. Lo aconsejaban, pero no se atrevían a legislar lo que era necesario y estaba ya hecho en 1813. Habría que esperar para ello a 1836.

El 30 de mayo de 1829, todavía en vida de Fernando VII, el Código de Comercio había establecido unas mismas leyes para todos los traficantes y comerciantes de España. Este Código estuvo en vigor hasta 1885. Aportaba una ley de enjuiciamiento de negocios y causas de comercio con un proceso rápido y barato.

El 21 de octubre de 1833 se dio libertad de ejercicio del comercio y de la industria. Esta ley se hizo con sentido de imitar a los Estados extranjeros que vendían sus productos por todo el mundo, para lo cual, en España, hacía falta eliminar privilegios y monopolios de venta y fabricación.

El 30 de noviembre de 1833, se dio libertad para el comercio de lanas.

El 10 de diciembre de 1833 se dio libertad para el comercio de pescado, seda, sosa, barrilla, trapo, lino y cáñamo.

El 23 de diciembre de 1833 se dio la Ordenanza General de Montes que permitía cercar montes de propiedad particular y cultivar dentro lo que le pareciere al propietario. El 23 de noviembre de 1836, esta Ordenanza General de Montes fue derogada para poner en vigor el Decreto de 14 de enero de 1812, mucho más progresista, que daba completa libertad a los propietarios de montes y plantíos para hacer lo que quisieran en sus propiedades.

El 20 de enero de 1834 se dio libertad de venta de objetos de comer, beber y arder. Este Decreto acababa con muchos privilegios gremiales y reservas de actividad industrial y comercial. Los gremios se liquidaron en un Decreto del mismo día, bien entendido que no se cerraron los gremios, sino que se les privó de todos sus privilegios, lo cual era condenarles a la desaparición paulatina. Como consecuencia de ello, el 29 de enero de 1835, cerró la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, aunque su declive ya venía de lejos.

El 29 de enero de 1834 se dio libertad de comercio de cereales y harinas.

El 17 de febrero de 1834 se dio libertad de cría de caballos y de venta de los mismos.

El 20 de febrero de 1834 se dio libertad a los cultivadores de viñas para vendimiar cuando les apeteciera.

El 25 de febrero de 1834 se extinguieron las hermandades y gremios de viñeros y se dio libertad de comercio de vinos.

El 29 de marzo de 1834 se estableció la libertad de introducir ganado en todo tiempo en las propiedades particulares aunque ello estuviera en contra de las ordenanzas municipales del lugar correspondiente.

El 3 de mayo de 1834, la Ley de Caza y Pesca daba libertad a los propietarios de fincas para cazar y pescar, dentro de sus fincas, y para autorizar a hacerlo a terceras personas, en estanques y lagunas de su propiedad.

El 15 de julio de 1834 se suprimió definitivamente la Inquisición, que podía ser una restricción a las libertades de comercio e industria.

El 31 de enero de 1835, se suprimían las pruebas de limpieza de sangre, lo cual era una declaración de igualdad de todos los españoles, aunque se hizo con reservas y se siguió exigiendo ser hijo legítimo y poder justificar buena moral y conducta.

En 23 de julio de 1835 se suprimieron los oficios municipales (regidores, alguaciles y guardas) como oficios comprados a la Corona a perpetuidad o transitoriamente, y todos quedaron adscritos a la Corona. También quedaron liberados otros oficios no municipales como escribanos (notarios) y corredores comerciales, que se habían concedido a algunas familias a perpetuidad. Los perjudicados fueron indemnizados por el Estado.

El 11 de diciembre de 1835 se extinguieron algunos privilegios de la nobleza a la hora de ingresar en Colegios Mayores y Seminarios de Nobles.

El 11 de febrero de 1836 se dispuso el libre uso de pastos y rastrojeras que fueran de propiedad particular.

El 6 de septiembre de 1836 se restableció el Decreto de 8 de junio de 1813 sobre el fomento de la agricultura y ganadería, el cual permitía cercar las fincas de propiedad privada y consideraba que todas propiedades privadas quedaban cerradas a los demás, aunque el propietario podía reforzar este cerramiento cercándolas si lo estimaba preciso. Una vez admitido que cada propiedad estaba cerrada a los demás vecinos, el propietario podía destinar su finca a lo que quisiese, podía arrendar con libertad, tenía libertad de precios de los frutos de la tierra, del ganado, de los esquilmos (conjunto de aprovechamientos complementarios al principal), de la caza y de la pesca. También había libertad de tráfico, comercio y almacenamiento de granos y demás producciones agrarias sin necesidad de matricularse para ello.

El 21 de septiembre de 1836 se extinguieron los privilegios de la nobleza para ingresar en la Marina de Guerra.

El 6 de diciembre de 1836 se restauró un segundo decreto de 8 de junio de 1813 que permitía a los extranjeros abrir negocios en España, lo cual significaba un ataque definitivo a los gremios.

El 16 de agosto de 1841, Navarra perdió sus aduanas con el resto de España.

El 29 de octubre de 1841, el País Vasco perdió sus aduanas con el resto de España.

En conjunto, esta serie de decretos y leyes implantó el librecambismo en España y la libertad individual para ejercer el comercio y la industria.

 

 

Consecuencias sociales y políticas de la desamortización.

 

Las clases sociales modestas perdieron los servicios que les prestaban las órdenes religiosas, es decir, los cuidados espirituales, las donaciones de caridad, las escuelas, el servicio de préstamos. Los autores católicos culpan a la desamortización de la descristianización de las masas, pero puede que ello sólo sea una coincidencia en el tiempo, pues el inmoral comportamiento de los clérigos estaba escandalizando a muchos cristianos, obispos, sacerdotes y creyentes en general, desde el siglo XVIII.

La Iglesia se sintió atacada porque perdió las tierras desamortizadas y el diezmo. De la situación de vivir de las fincas, tuvo que pasar a vivir del presupuesto de “culto y clero” que le otorgaba el Estado desde 1845, y de los colegios de enseñanza.

Aumentó el problema latifundista en Andalucía y Extremadura.

Aumentó el problema minifundista en la mitad norte de España porque los burgueses revendieron a los campesinos en porque los lotes más asequibles a pequeñas fortunas.

Se produjo una especulación de la tierra, con más peso que el incremento de producción agrícola. Los campesinos y burgueses de las nuevas propiedades, deforestaron, acabaron con la caza y no les importó esquilmar las nuevas tierras.

Al final, y por diversos problemas políticos, la desamortización se hizo con pocos beneficios para el Estado, y esos pocos beneficios se los comió la guerra carlista. Y Mendizábal dejó tras de sí un caos en Hacienda mayor que el que había encontrado en junio de 1835, cuando fue nombrado ministro de Hacienda. El problema era de tal enjundia, que en los siguientes 8 años pasaron por la cartera de Hacienda 30 ministros, sin resultados mejores. Joaquín de Irazábal opinaba que para sanear Hacienda hacía falta una reforma tributaria, un arreglo de la deuda a base de vender bienes nacionales, y una remodelación del presupuesto reduciendo gastos al nivel de los ingresos, es decir, un ajuste muy duro. En las condiciones políticas en que se hallaba España, este programa era un imposible.

 

 

 

LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA.

 

La vinculación sujetaba los bienes vinculados a un determinado uso o los adscribía a una familia o institución determinada. En el caso de la Iglesia, el Derecho Canónico prohibía vender, por lo que los bienes se acumulaban progresivamente. En el caso de la nobleza, los mayorazgos vinculaban una serie de propiedades familiares al título o al mayorazgo, de modo que no podían ser partidos, vendidos ni embargados. En el caso de los Ayuntamientos, los comunales y los propios estaban indisolublemente unidos al Ayuntamiento. Se calcula que, en el siglo XVIII, las tierras vinculadas eran el 70% de las existentes en España.

Los liberales entendían[2] que la propiedad inicial era del Rey y había sido transferida al Estado en la revolución española de 1810-1814. El sistema antiguo era malo porque no sacaba la máxima productividad a la tierra, condenaba a los pobres a la pobreza pues los poseedores no tenían mayor interés en la productividad. En cambio la propiedad privada individual buscaba el máximo interés en cada momento, según había dicho Adam Smith. Por ello se creó la propiedad privada. Por otra parte, para cubrir algunos servicios sociales, se creó la vinculación de la tierra a nobles, Iglesia y Ayuntamientos. Pero si estas entidades habían entrado en un proceso por el que tendían a acaparar la tierra, y habían perdido el sentido social que tenían en otro tiempo, no había motivo para mantenerlas. En el proceso de acaparamiento de la propiedad por estas entidades, se volvería a la situación antigua que queríamos evitar, pues sólo la propiedad privada extrae el máximo de riqueza a la tierra y las otras actividades económicas. Como las instituciones citadas tenían prohibido vender y sí podían comprar, se podía llegar al absurdo de debilitar al Rey en beneficio de otra entidad o entidades. Se acabaría la capitalización y la capacidad de inversión en actividades de progreso social.

 

 

El tema del señorío nobiliario.

 

En 6 de agosto de 1811, un Decreto había abolido los señoríos pasando el señorío territorial a propiedad privada, y el señorío jurisdiccional a la administración del Estado. En 1814 se abolieron todas las leyes de las Cortes de Cádiz y quedó por tanto anulado este Decreto.

En 11 de octubre de 1820 se eliminaron los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y todo tipo de vinculaciones de bienes. Los bienes pasaban a ser propiedad de los titulares de las instituciones suprimidas. También se prohibió a las manos muertas adquirir nuevos bienes. Esta ley fue derogada el 1 de octubre de 1823 por Fernando VII.

El 3 de mayo de 1823 una Ley Aclaratoria, rechazó los criterios del Tribunal Supremo de que el Señorío era inherente a la propiedad y decretó que los señores mostrasen el título de propiedad de las tierras si querían mantenerlas en su poder.

En 8 de marzo de 1836 se derogaron las vinculaciones declarando propiedad los señoríos territoriales y muchos señoríos jurisdiccionales (los tenidos como propiedad según la creencia general). El resto de los señoríos jurisdiccionales quedaba en propiedad igualmente, puesto que se atribuía la aportación de “la prueba en contrario” a los campesinos, y dado que no había pruebas ni a favor ni en contra, la propiedad quedaba casi siempre en manos de los señores. Los mayorazgos quedaron abolidos definitivamente.

Flórez Estrada pidió en 1836 que las cosas no fueran así, que no se contentara a los nobles, sino que se creara una clase media numerosa de campesinos y que no se arruinara a los ayuntamientos. Flórez Estrada proponía entregar la tierra en arrendamiento perpetuo, con propiedad del Estado.

Andrés Borrego pidió que se entregara la tierra a los campesinos como censos al quitar, con posibilidad de que el campesino la fuera pagando cuando pudiese, sin fecha fija de cancelación de la deuda. El censo al quitar, era un préstamo que producía unos intereses anuales, hasta el momento en que el principal fuera devuelto, una especie de préstamo hipotecario actual.

Esta postura de Flórez Estrada y Andrés Borrego no tuvo ningún efecto práctico, pero nos muestra que los gobernantes eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo con la desamortización: estaban entregando las tierras a las clases privilegiadas a fin de salvar un problema inmediato, el carlismo, y otro muy grave, la ruina de Hacienda, pero creando un problema social a largo plazo, el del campesino pobre y el jornalero.

En 30 de agosto de 1836, Calatrava dio el definitivo decreto de abolición de los señoríos y su conversión en propiedad particular.

El 29 de julio de 1837 se hizo la ley de desamortización del clero secular.

El 26 de agosto de 1837 se produjo la Ley Aclaratoria poniendo en vigor las disposiciones de 6 de agosto de 1811 y 3 de mayo de 1823. Exigió a los nobles la presentación de títulos de propiedad o testimonios concluyentes de otro tipo para demostrar que las tierras eran suyas.

 

 

El tema de las propiedades de la Iglesia.

 

El 21 de febrero de 1798, 26 de febrero de 1798 y 25 de septiembre de 1798 se expropiaron bienes de Colegios Mayores, hospicios y hospitales, muchos de ellos controlados por la Iglesia. Lo hizo Godoy para pagar sus guerras y sus errores financieros.

El 19 de septiembre de 1798 se produjo el Decreto de venta de bienes de casas de beneficencia, hermandades, obras pías y patronatos de legos. La casi totalidad de estos bienes los controlaba la Iglesia.

El 14 de junio de 1804, el Papa concedió a Carlos IV el enajenar bienes de la Iglesia por una renta anual de 200.000 ducados de oro (6.400.000 reales), permiso que fue publicado en España en 15 de octubre de 1805, pero como no se aclaraba qué bienes eran enajenables, se produjo mucho revuelo y no se pudo aplicar. Ello dio lugar a que en 12 de diciembre de 1806, el Papa aclarase que se podían vender un séptimo de los bienes de la Iglesia, órdenes religiosas y órdenes militares, pero nunca de iglesias parroquiales. Estos bienes raíces serían convertidos en deuda pública al 3%. El acuerdo fue publicado en España en Real Cédula de 21 de febrero de 1807.[3]

En 1808-1813, la Inquisición fue suprimida en el Gobierno de José I en diciembre de 1808, y en las Cortes de Cádiz el 28 de febrero de 1813, y sus bienes adjudicados al Estado. Se restauró en julio de 1814. La supresión definitiva se produjo en 9 de marzo de 1820. A lo largo de su reinado, 1808-1813, José I vendió diversos bienes de órdenes religiosas.

El 23 de julio de 1811, se aplicaron al Estado los productos del diezmo, excusado, noveno y tercias reales. Las Cortes de Cádiz hicieron una desvinculación de los señoríos, lo cual liberaba las tierras señoriales del mayorazgo. No dijeron sin embargo a quién pertenecían las tierras liberadas, si al noble que hasta entonces figuraba como señor, o al campesino que vivía sobre esas tierras. Hicieron también algunas ventas de conventos y de las tierras que pertenecían a esos conventos vendidos. Todo fue anulado en 1814 por Fernando VII.

El 1 de octubre de 1820 se suprimieron los monasterios de canónigos regulares de San Benito, de la congregación claustral tarraconense y cesaraugustana, de San Agustín, los premonstratenses, los conventos y colegios de las Órdenes de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara, los conventos de San Juan de Jerusalén, San Juan de Dios, Betlemitas, y todos los hospitales de cualquier clase. Los regulares quedaron sometidos a jurisdicción del obispo ordinario. Quedó prohibido fundar conventos nuevos y admitir novicios. Todos estos bienes pasaron al Estado.

El 11 de octubre de 1820 se prohibía a las manos muertas la adquisición de nuevos bienes, lo que afectaba a la Iglesia.

El 29 de junio de 1821 se redujeron los diezmos a la mitad, pasando esa mitad suprimida para la Iglesia a ser cobrada por el Estado.

El 15 de julio de 1834 se suprimió la Inquisición y sus bienes pasaron al Estado. Lo interesante era el tema de los bienes, pues la Inquisición no existía desde 1820.

En 1834 se confiscaron los bienes de los conventos que aparecían destruidos y sin frailes ni monjas que los habitasen.

El 4 de julio de 1835, se suprimió la Compañía de Jesús y sus bienes pasaron al Estado.

El 25 de julio de 1835 se adjudicó el patrimonio de los conventos suprimidos a la amortización de la deuda.

El 11 de octubre de 1835, se restableció el Decreto de 1 de octubre de 1820, que suprimía algunos conventos. Se devolvían a sus compradores las fincas desamortizadas en 1821-1823.

El 19 de febrero de 1836 se produjo la desamortización de bienes del clero regular.

El 8 de marzo de 1836 se suprimieron conventos y monasterios, salvo algunas excepciones y se adjudicó una pensión a los religiosos exclaustrados.

En 1855 se completó la desamortización de bienes de la Iglesia de forma definitiva.

La situación social española se iba tiñendo de anticlericalismo por muchas razones: la Iglesia había apoyado al carlismo, los derrotados en 1833-1840. La Iglesia aparecía como detentadora de grandes riquezas y no como una Iglesia pobre, aunque ayudase cuantiosamente a los pobres con parte de esas riquezas. Los nobles y burgueses habían pagado unas tierras en 1821-1823 y Fernando VII se las había quitado a los compradores y devuelto a la Iglesia sin la correspondiente indemnización. Muchos odiaban y temían a la Iglesia. El sentimiento de temor se perdió en la segunda mitad del siglo.

 

 

El tema de los bienes de los pueblos.

 

Se resolvió a partir de 1 de mayo de 1855, tras la Ley General de Desamortización. Es un tema de mucha trascendencia y lo veremos en su momento.

 

 

En la lista de fechas expuesta hasta aquí, vemos que el proceso de convertir la tierra en propiedad privada en España, fue un proceso largo, de más de medio siglo de duración.

Queremos hacer resaltar la globalidad del proceso, en el sentido de no circunscribir el tema dentro de la desamortización de Mendizábal de 1836, pues ello no es exacto. Ni se corresponde con la verdad integral del tema, ni siquiera con el proceso de desvinculación de bienes de la Iglesia.

 

 

Crítica a la desamortización de Mendizábal.

 

El proyecto Mendizábal fue un fracaso económico relativo, aunque se apuntase un triunfo político sobre el carlismo. En 1836 no podía pagar al ejército y mucho menos mantener la guerra.

Lo más importante de la acción de Mendizábal fue defender la idea de la necesidad de la propiedad privada de los medios de producción y de la libertad de mercado. Este modo de propiedad fue denominada enseguida “propiedad capitalista” y “propiedad burguesa” y tenía tres características: era individual, libre y plena.

Por propiedad individual se entendía que la tierra podía ser poseída en su integridad por una sola persona, lo cual iba en detrimento del sistema económico vigente, con muchos comunales de los vecinos de un lugar, muchos bienes propios de los ayuntamientos, bienes de la Iglesia, bienes de títulos nobiliarios, bienes de centros de beneficencia, de la Corona, de las Universidades, de las Órdenes Militares. La persona propietaria pasaba a tener derecho pleno sobre la tierra, sembrar lo que quisiese, cercar, abrir pozos, vender, cultivar o no…

Por propiedad libre se entendía que el propietario podría hacer con su tierra lo que creyera oportuno, incluso enajenar, dividir en lotes, hacer o no barbecho. La persona propietaria no estaba limitada por las ordenanzas municipales que impedían roturar tierras de pastos, cercar fincas, respetar la derrota de mieses, sobreexplotar los árboles y arbustos…

Por propiedad plena se entendía que no se separaba el dominio útil, del colono, del dominio eminente, del dueño, sistema por el que ambas partes se habían repartido hasta entonces los frutos de la tierra. Cada parte necesitaba el consentimiento de la otra para cualquier actividad agraria, y más para introducir cambios. También se entendía que el propietario no tendría limitaciones a la hora de vender la tierra, y podría venderla en conjunto, dividirla en lotes, ni limitaciones a la hora de vender los productos de la tierra, salvo los que impusiera el propio mercado o punto de relación (lugar, hora y condiciones) entre la oferta y la demanda. No habría reglamentaciones de precios. No existirían normas sobre contratación de mano de obra de vecinos o foráneos. No existiría limitación de horarios y topes de salarios mínimos.

El nuevo sistema económico sólo se basaría en una regla: la búsqueda del máximo beneficio del propietario. Esta ideología es propia de los progresistas del XIX, y no conviene confundir “progresista” con socialista, pues el socialista se declarará progresista en otro sentido, precisamente contrario al progresismo burgués.

 

Álvaro Flórez Estrada propuso una forma alternativa de desamortizar: entregar las tierras a los campesinos pobres mediante un contrato entre ellos y el Estado, contrato que les convertiría en arrendatarios del Estado a cambio de una renta módica. Era un censo enfitéutico, que convertía al campesino a arrendatario perpetuo.

Andrés Borrego propuso otra fórmula alternativa por la cual se entregaban las tierras al campesino en censo reservativo, es decir, en una renta que permitía al campesino comprar algún día la tierra al Estado.

Flórez Estrada y Andrés Borrego pecaban de voluntarismo, de buenismo. Las posibilidades reales de los campesinos pobres eran muy escasas y la historia había demostrado que evolucionaban a endeudarse y a vender sus tierras a los poderosos a fin de salir de deudas. Por eso, quizás el proyecto de Flórez Estrada tenía más sentido que el de Andrés Borrego. Frente a ellos, la postura de Mendizábal de poner de su lado a la clase burguesa española, incluida la nueva burguesía de origen noble, era mucho más realista, aunque socialmente dura.

Pero el proyecto de Mendizábal también pecaba de irracionalidad y de optimismo, pues llegó a pensar que, con la desamortización, podría pagar la enorme deuda del Estado. Ello era una utopía. También pecó de optimismo al pensar que sus decisiones no iban a tener costes políticos altos. Sabía que los campesinos no tenían fuerza revolucionaria ni mentalidad combativa, ni persistencia ni aguante ante las crisis agrarias. Dejó a muchos clérigos regulares y monjas sin medio de vida. Perjudicó a muchos campesinos pobres que vieron que en adelante podrían ser expulsados de la tierra y que tenían que pagar rentas más altas.

De todos modos, Mendizábal mejoró la posición del Estado español respecto a la deuda. Pudo obtener nuevos créditos. Puso de su parte a los burgueses. Ello le dio importantes bazas políticas.

La sociedad en general reaccionó a la desamortización con panfletos sarcásticos que desacreditaban a Mendizábal y con sermones de curas desde el púlpito. Esas posturas eran intrascendentes en política. La Iglesia como institución, tenía mayor poder de reacción y argumentó que las órdenes religiosas eran útiles a la sociedad, que los liberales generaban pobreza social, se quejó de que los clérigos no cobraban las pensiones prometidas y alegó que la Constitución garantizaba el derecho de propiedad que el Gobierno estaba conculcando mediante la desamortización. Por ello, la jerarquía católica toleró que los clérigos y monjes ayudaran al carlismo activamente. La Iglesia sabía que el resultado de la desamortización iba paralelo al de la guerra carlista y los obispos, presentes en las Cortes, decidieron no manifestarse y esperar el resultado de la guerra. Como los carlistas perdieron la guerra, no hubo ocasión para que se manifestasen estos obispos “discretos”. Tras la pérdida de la guerra, la jerarquía católica inició la batalla diplomática, batalla que ganaron sobradamente en el Concordato de 1851.

 

Las desamortizaciones, la de Mendizábal de 1836, y más tarde la de Madoz de 1855, no fueron una revolución agraria como algunas veces se llega a pensar ante tanta literatura sobre el tema. No se cambió el sistema de reparto de la propiedad, lo que sí hubiera sido una revolución. Fue un cambio legal y político respecto a las vinculaciones existentes desde la Edad Media. Pero la solución adoptada fue burguesa, y no hubo una auténtica transformación de la estructura de la propiedad. Los nobles, que antes poseían la tierra en virtud de sus mayorazgos y privilegios, pasaron a poseerla en virtud del derecho de propiedad. Y hasta ahí llegó el cambio.

Las desamortizaciones fueron unas ocasiones para que los liberales que estaban gobernando, moderados y progresistas, adquirieran nuevas tierras y pusieran arrendamientos más altos. Los agricultores, que antes eran condueños de la tierra, junto al noble o a la Iglesia, el que correspondiera en cada caso, se vieron completamente fuera de tener derechos sobre la tierra y ello supuso el alza de los precios de los arrendamientos. Podían ser expulsados con más facilidad si se negaban a la subida, y el campesino no propietario estaba más indefenso. Tanto la Iglesia como los nobles subieron los arrendamientos.

No hay base ninguna para pensar que los arrendamientos hechos por la Iglesia fueran más bajos que los demás, aunque los historiadores conservadores hayan difundido esa idea exculpatoria, a fin de cargar la culpa social a la nobleza y burguesía.

En Andalucía se proletarizó masivamente el campesinado porque era donde más latifundios nobiliarios y eclesiásticos había. Ello significó continuas manifestaciones y agitaciones campesinas a partir de 1837. Los campesinos pronto se dieron cuenta de que no tenían intereses en común con la nueva burguesía liberal que había tomado el poder: el hambre estacional venía de antiguo y el hábito de asaltar los lugares donde había comida era muy frecuente. Más fácil que asaltar los almacenes que estaban vigilados y protegidos, era asaltar los campos en donde fructificaba el grano, antes de que lo recogieran. También asaltaban los cortijos y dehesas de las que sabían que guardaban grano y no estaban demasiado protegidas. Enseguida surgió el populismo fácil, los redentoristas que pedían el reparto de los latifundios y dehesas en lotes, para ser atribuidos a los trabajadores. Es una idea fácil de predicar, pero completamente irrealizable, porque no existen lotes para todos. De los 50 millones de hectáreas de extensión que tiene España, como tope máximo son cultivables 12 millones de hectáreas (unos 38 millones de fanegas de tierra en medida castellana). Repartido entre los 15 millones de habitantes que tendría España en 1857, resulta que cada español tocaba a poco más de 2 fanegas, ó 0,7 hectáreas, lo cual, en terrenos improductivos y secos como Castilla, Aragón, Andalucía, Extremadura, Murcia, significaba la imposibilidad de subsistir. En Levante esa cantidad de terreno sería suficiente, pero resulta que allí el porcentaje de terreno productivo es muy pequeño, tan pequeño que el reparto sería ridículo. En el Norte de España, ya se hizo de hecho el reparto en lotes, pues los compradores de fincas hicieron lotes y los vendieron a los campesinos. Y el resultado fue que los campesinos se arruinaron y tuvieron que emigrar masivamente.

Pero la idea del populismo prendió en Andalucía y se produjeron ocupaciones violentas de fincas en 1840 en Casabermeja, Almogía, Alozaina y Periana, en la provincia de Málaga, y muchos optaron por el bandolerismo como medio de vida. En 1857 hubo sublevaciones campesinas en la provincia de Sevilla y zona de Despeñaperros, dirigidas por una Junta Nacional Revolucionaria, con poco éxito en Málaga y Jaén, pero con bastantes seguidores en Sevilla (Utrera, Paradas, Morón y Benaoján, con centro en El Arahal), dirigidos por Manuel García Caro y Gabriel Lallave, que incendiaron algunos cuarteles dela Guardia Civil, algunos archivos notariales, y saquearon algunas casas de ricos al grito de “mueran los ricos”. Fue enviado el ejército y hubo 150 condenados a muerte. En 1861 tuvo lugar en Loja otra revuelta campesina que se extendió por pueblos cercanos de las provincias de Granada, Córdoba y Málaga. Organizaron una sociedad secreta en la que participaron unos 54.000 campesinos, que fueron amparados por el Partido Demócrata. Aunque los campesinos creyeran otra cosa, la revuelta estaba organizada contra Narváez, el cacique de la zona. Empezó cuando Pérez del Álamo se sublevó en Iznájar y tomó Loja proclamando la república. Fue capaz de retener la ciudad cuatro días. Llegó una vez más el ejército y acabó la aventura. Una vez comprobado que los campesinos querían reparto de tierras y los demócratas desorden político, la revuelta no tuvo continuidad.

La desamortización fue una ocasión perdida para poner las bases de una sociedad más justa, una sociedad agraria como la que era la España del XIX.

 

 

 

[1] Es muy interesante la obra de Ángel Ramón del Valle Calzado, La Desamortización Eclesiástica en la provincia de Ciudad Real 1836-1854. Tesis doctoral en la Universidad de Castilla La Mancha, 1995.

[2] Agustín Ruiz Robledo. La abolición de los señoríos. Departamento de Derecho Político de la Universidad de Granada.

[3] Guillermo Hierrezuelo Conde. La Autofinanciación de la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas en la libertad e igualdad religiosas. WWW eumed.net.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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