EL GOBIERNO MENDIZABAL, 1835-1836.

 

 

 

Gobierno Mendizábal,

25 septiembre de 1835 – 15 mayo 1836

 

Presidente, Juan de Dios Álvarez Méndez, Mendizábal[1].

Estado, Juan de Dios Álvarez, Mendizábal / 27 abril 1836: Ildefonso Díez de Rivera, conde de Almodóvar.

Gracia y Justicia, Álvaro Gómez Becerra.

Guerra, Juan Álvarez Mendizábal / 27 abril 1836: José Ramón Rodil y Gayoso Campillo, marqués de Rodil.

Marina, Juan Álvarez Mendizábal / 2 mayo 1836: José María Chacón Pery,

Hacienda, Juan de Dios Álvarez Méndez, Mendizábal

Interior, Ramón Gil de la Cuadra[2]

El 4 diciembre de 1835, la Secretaría de Interior pasó a llamarse de Secretaría de Gobernación del Reino.

La razón de que Mendizábal fuera titular de tantos Ministerios era que no encontraba colaboradores. Fue nombrándolos poco a poco, intentando la colaboración de grupos moderados y grupos progresistas con su proyecto. Cuando completó el cuadro de Ministros fue en mayo de 1836, pocos días antes de ser despedido. Su Gobierno es calificado por ello de “dictadura” pues lo era de hecho. Cuando en enero de 1836, decidió gobernar por decreto, era una dictadura.

 

 

Papel de Mendizábal en la caída de Toreno.

 

El 10 de agosto de 1835, Mendizábal salió de Londres y fue a Lisboa, desde donde viajó a Madrid. Allí se enfrentó a Toreno, escribió el llamado “programa del 15 de septiembre” o “Exposiciones de Mendizábal“.

En las “Exposiciones” a la Reina Regente decía que todo Gobierno debería respetar las instituciones parlamentarias para tener el apoyo de las Cortes, que se había de reformar el clero regular, que había que atender y resolver el problema de la deuda pública, en quiebra desde 1780, que había que acabar con la guerra carlista y que se necesitaba convocar Cortes para revisar el Estatuto Real.

El 13 de junio de 1835, fue llamado para ser ministro de Hacienda de Toreno, porque ese era el deseo de Gran Bretaña, y acabó siendo nombrado Jefe de Gobierno en 25 de septiembre de 1835.

 

 

Características del Gobierno Mendizábal.

 

El de Mendizábal era un Gobierno de tintes autoritarios, completamente excepcional, pues Mendizábal se hacía cargo de Presidencia, Estado, Guerra, Marina y Hacienda, cinco de las siete Secretarías de Gobierno. Mendizábal, el líder de los liberales de 1835, aparecía como más próximo a la dictadura que a las libertades de los ciudadanos y a las garantías para que esas libertades permanecieran. Curiosamente es recordado como uno de los progresistas más significados, pero puede ponerse en duda que fuera progresista duro, más bien lo contrario.

Mendizábal se propuso tener un Gobierno fuerte y homogéneo que fuera capaz de liquidar el problema carlista, resolviera el problema de las propiedades compradas en 1821 y expropiadas en 1833, legislara adecuadamente, abriera el crédito público, garantizase los derechos de la Corona y estableciera una tabla de derechos y deberes del pueblo. Como método de Gobierno, decidió que sólo él se entrevistaría con la Reina y le informaría de las decisiones que tomara el Gobierno. El problema era encontrar esos hombres valiosos que se sometieran a su autoridad sin rechistar.

Estado y Hacienda fueron siempre de su dominio. Para el resto de carteras, fue llamando ministros que se le subordinaran en todo, y nombró como Jefes de la Administración a hombres de su confianza. Tuvo la suerte inicial de que los españoles creyeran en él, o de que creyeran que era el momento de renovar cargos del Estado y que era conveniente estar con él para obtener alguno de esos cargos.

Con ello, empezó entre los liberales progresistas un sistema deplorable, no mejor que el de los moderados, de conseguir cargos a costa de lo que fuese, prescindiendo de criterios morales. En adelante, sería muy difícil asegurar la fortaleza de cualquier Gobierno, pues cualquier funcionario se podía vender por un cargo mejor pagado. Sería el sino de España durante los siguientes cien años.

 

 

Política Liberal de Mendizábal.

 

Desde un punto de vista del partido liberal, no se entiende que el partido aceptase enseguida el Estatuto Real, pues los liberales querían la Constitución de 1812. Mendizábal hizo un proyecto de revisión del Estatuto Real sin trascendencia alguna. El 28 de septiembre La Gaceta publicó la convocatoria de los Estamentos en Cortes para el 15 de noviembre de 1835, Cortes que debían revisar el Estatuto Real a fin de ampliar la base electoral. Y el partido aceptó la situación sin grandes problemas.

Tampoco se entiende que el partido aceptase una semidictadura o acumulación de poderes en una sola persona, Mendizábal.

Para calmar a los liberales, tomó varias medidas que sabía que les gustaban a los progresistas duros y consiguió que los revolucionarios de las calles abandonasen la violencia: legalizó las Juntas ciudadanas que habían surgido por toda España y las convirtió en Diputaciones Provinciales. Estas nuevas Diputaciones Provinciales tendrían facultades para expedir decretos, hacer nombramientos y cobrar impuestos en sus respectivas provincias. Las Diputaciones Provinciales estarían integradas por delegados de las Juntas de ciudadanos, lo cual satisfacía a los progresistas, que disolvieron sus Juntas Locales. Las Juntas, que pedían la restauración de la Constitución de 1812, dejaron de ser un problema. El progresismo estaba confundiendo ideas con el populismo.

La Milicia Urbana se convirtió en Milicia Nacional y se permitió reclutar a cuantos se quisieran integrar en ella, sin requisitos de ideologías ni de moralidad anteriores al ingreso. De 30.000 guardias de Milicia Urbana, se pasaría en pocos años a 400.000 guardias de Milicia Nacional. Casi todos los exaltados de España estaban en la Milicia Nacional, desde aristócratas a jornaleros, pero sobre todo clase media y estudiantes. Como nadie quedaba fuera del sistema, cesaron las protestas callejeras, pero se había creado un problema mucho mayor que el que se pretendía combatir. Se había solucionado un problema del momento y se había creado otro mayor a largo plazo, el populismo. Lo que se dijera en los cuarteles de la Milicia Nacional iba a estar siempre delante de cada gobernante.

También el problema que sufría el grupo progresista quedó resuelto de momento: el grupo progresista sufría la escisión entre los “juntistas” y los “autoritarios”. Los juntistas eran los más “de izquierda”, los populistas, y habían estado liderados por Toreno. Los autoritarios o partidarios de un partido jerarquizado, se consideraban más moderados. Pero ante la caída y desprestigio de Toreno y el nombramiento de Mendizábal para jefe de Gobierno, los juntistas se disolvieron e hicieron piña con el resto del Partido Progresista. El problema se solucionó sin intervención de Mendizábal. El populismo no parecía problema y se calificaba de liberal, cuando lo cierto era que había asumido la soberanía cada Junta y ello era jacobinismo. De ahí se deriva que Mendizábal sea asimilado al progresismo más radical o de izquierdas.

 

 

Política general de Mendizábal.

 

En el terreno político, el principal objetivo de Mendizábal era la continuidad de Isabel II, porque eso garantizaba la continuidad del liberalismo.

Para conseguir este objetivo básico, era preciso resolver dos temas urgentes: ganar la guerra carlista, y fortalecer la hacienda pública. Lo segundo era imprescindible para conseguir lo primero.

Pero Mendizábal cayó en una contradicción evidente a la hora de aplicar las soluciones: la salida que encontró a sus preocupaciones fue la desamortización de los bienes de los conventos, lo cual debía solucionar el problema de Hacienda, pero luego cedió a la idea de comprometer a la gente con el liberalismo, y medio regaló las tierras aun a costa de perder dinero para Hacienda. No solucionó ninguno de los dos problemas en cuestión.

La desamortización servía también para eliminar el máximo número posible de frailes y monjas, pues ello debilitaría al carlismo. No era ello el objetivo que hoy vemos como prioritario, pero favorecía a Mendizábal en el sentido de contentar a las clases medias de comerciantes, funcionarios e industriales, entre los cuales había un fuerte sentimiento anticlerical, puesto que los ricos habían comprado tierras en 1822-1823 y el Gobierno se las había quitado en 1824, y las clases medias estaban cansadas de tanto pedigüeño cotidiano en sus puertas, en las puertas de las iglesias, en las plazas, en todas partes. Se creía que con el reparto de tierras desaparecerían.

El ambiente anticlerical se había mostrado muy claramente en julio de 1835 en Barcelona, donde había habido quema de conventos. La milicia urbana había colaborado en los incendios en vez de tratar de reprimir a los incendiarios o de apagar el fuego.

Pero volviendo al tema principal del momento, la ruina de Hacienda, hay que decir que el problema era muy grave, pues la deuda española era impagable. Se gobernaba en déficit debido al mal sistema de impuestos y al atraso económico del país que permitía poca recaudación, y además, había que pagar la guerra carlista. Se buscó un empréstito en Gran Bretaña, pero Natham Rothschild, el contacto de Mendizábal en Gran Bretaña y explicación de muchas de las cosas que pasaban en España, murió en aquellos días y los ingleses se negaron a darle dinero a Mendizábal argumentando que eran más seguras las inversiones en ferrocarriles británicos que los préstamos al Estado español. El razonamiento británico se justificaba, en que España no pagaba intereses de la deuda desde hacía años. En la práctica, el decreto de desamortización daría dinero al Estado español a largo plazo, pero no garantizaba el pago de la deuda en los años inmediatos.

Entonces Mendizábal acudió a una nueva manera de recaudar dinero para el Estado, pero muy arriesgada, un decreto de leva general: en septiembre de 1835 decretó que todos los varones solteros entre de entre 18 y 45 años fueran declarados soldados, salvo que pagasen una redención de 4.000 reales por barba. Obtuvo 75.000 soldados y 25 millones de pesetas. El objetivo era más recaudar dinero que tener soldados.

La recaudación por exenciones militares no era suficiente para mantener la guerra, y Mendizábal negoció un préstamo de 200 millones de reales con los banqueros españoles José Safont Casarramona (quien fue sucedido en 1841 por su hijo José Safont Lluch), J. M. Tapís, Mariano Alcober y Francisco Alabau, poniendo como garantía los impuestos de Cuba (con 18% de quebranto) y de Filipinas (con 33% de quebranto). Estos banqueros españoles hicieron un gran negocio especulativo, pues compraron deuda en el mercado español, donde se cotizaba a bajo precio, y la presentaron para cobrarla a nominal, además de beneficiarse del quebranto de los préstamos citados. En esta operación especulativa se beneficiaron mucho, una vez más, los Rothschild, que trataban a España como a una “colonia” de su banco y actuaban con hombres interpuestos. Quebranto era el hecho de que el banquero prestamista entregaba una cantidad menor al nominal prestado, como garantía de su operación.

El resultado final es que no se pudo pagar la deuda acumulada en 1820-1834 y se dejaron de pagar intereses a partir de 1841, incluso contando con los ingresos de la desamortización, lo cual era prácticamente lo mismo que haber declarado en quiebra al Estado español. El reconocimiento de la situación de quiebra no se hizo hasta el “arreglo de la deuda” de Bravo Murillo, en 1851, lo cual tampoco significará resolver el problema, sino simplemente reconocerlo.

Enseguida supo Mendizábal que nunca podría levantar un ejército de 100.000 hombres, con el que terminar la guerra carlista, lo cual parecía imprescindible para empezar a arreglar el problema de Hacienda. Acudió al británico Villiers para que le resolviera el tema. El 28 de noviembre propuso un tratado a Inglaterra por el que Mendizábal recibiría dos millones de libras que se pagarían mediante pagos semestrales a cuenta de los aranceles de los productos de algodón británicos, es decir, que los británicos dejarían de pagar aranceles en España. Palmerston no aceptó la propuesta que le hacía su embajador en Madrid y contraofertó que ningún producto inglés pagara aranceles al entrar en España. Entonces fue Mendizábal el que no aceptó. Mendizábal ofreció esas mismas condiciones a los británicos, pero en los mercados americanos. Esta propuesta era lo mismo que vender aire, porque los mercados americanos ya eran, de hecho, de los británicos desde hacía años, y no ganaban nada en el trato. De todos modos, Palmerston envió a España 10.000 hombres a la guerra y prometió el apoyo de la flota británica a los cristinos, con la condición de que los gastos los pagarían los españoles.

 

 

El programa de Gobierno de Mendizábal.

 

El 26 de septiembre de 1835, Mendizábal dio un decreto de administración de justicia. En este decreto quedó tajantemente suprimido el “derecho de asilo”. Este derecho era un privilegio histórico ostentado por algunos lugares concretos: en la antigua Roma lo tenían los que se acogían bajo las estatuas de los dioses o del emperador o en un templo, en la Edad Media se tuvo en las iglesias cristianas, e incluso los musulmanes lo respetaban. Alfonso X había empezado a limitar el uso de ese derecho de las iglesias en cuanto a acogida de criminales. En 1737 se excluyó de ese derecho a los salteadores de caminos, los asesinos, los culpables de delitos de lesa majestad y los conspiradores y también se eliminó la posibilidad de acceder a peticiones de los delincuentes que declaraban que habían sido sacados a la fuerza de una iglesia, donde se habían acogido a asilo. En 1835, decíamos, quedó suprimido este derecho. Pero los delincuentes encontrarían otra forma de asilo llamado territorial, al darse cuenta de que con el fortalecimiento del estado liberal, cada Estado era señor de su territorio, pero no podía entrar en el del vecino, lo cual significaba que el paso de la frontera, o la entrada en un barco extranjero o en una embajada, podía significar asilo político, el único que los Estados reconocían y seguirían reconociendo hasta el siglo XXI.

También en septiembre de 1835 y con la colaboración de Martín de los Heros y de las Bárcenas, reorganizó la Milicia Nacional en una Guardia Nacional.

El 11 de octubre de 1835 fueron suprimidos casi todos los monasterios de órdenes monacales masculinas, de canónigos regulares de San Benito, de San Agustín y Premonstratenses. Las tierras de estos conventos fueron vendidas para obtener fondos para el Estado. Se hizo excepción con los monasterios benedictinos de Montserrat, San Juan de la Peña, San Benito de Valladolid, jerónimos de El Escorial, jerónimos de Guadalupe, cistercienses de Poblet, cartujos de El Paular y basilianos de Sevilla, Escolapios, San Juan de Dios y Misioneros de Filipinas, pero prohibiéndoles admitir nuevos profesos y recibir novicios. La excepción se debía a que estas órdenes se dedicaban a la enseñanza entre los pobres, a cuidar enfermos en hospitales (San Juan de Dios), y a las Misiones de Filipinas, actuaciones en las que no eran reemplazables.

La Iglesia católica se había equivocado en su doctrina y práctica sociopolítica de poseer mucho y ejercer la caridad con ello, porque la acumulación de propiedades, sobre todo de los conventos en las ciudades, la desprestigiaba ante los pobres. A partir de 1820 empezó a perder vocaciones, aunque España siguiera siendo, proporcionalmente a la población, el país con más curas, frailes y monjas del mundo. El paso de los años iría en adelante en contra del clero católico.

 

 

Las Cortes de 1835.

 

El 15 de noviembre de 1835 se abrieron las Cortes. Eran las Cortes de Martínez de la Rosa, con mayoría conservadora. Mendizábal contaba con unos 40 seguidores en la Cámara de los Procuradores, un grupo más pequeño que su antecesor. Estaba gobernando apoyándose en la minoría de oposición.

El 16 de noviembre se produjo el discurso de la Reina Gobernadora escrito por Mendizábal, en el que se anunciaban elecciones, libertad de imprenta, responsabilidad ministerial, mientras el monarca seguiría siendo inviolable jurídicamente. También se anunciaban derechos de la Nación, un “arreglo del clero” y unas reformas económicas.

Los procuradores discutieron si las elecciones debían ser por método directo o indirecto, si las circunscripciones debían ser distritos electorales nuevos o seguir siendo las provincias. La burguesía prefería el voto directo, pero censitario. Los liberales exaltados querían un voto censitario amplio que evitase que sólo votaran los burgueses muy ricos. Los líderes moderados Alcalá Galiano y Javier Istúriz exigieron a Mendizábal que se pronunciase sobre sus preferencias en el sistema de sufragio, y Mendizábal no quiso hacerlo, por lo que discutió con los liberales de su propio partido. Istúriz y Mendizábal, en una de las discusiones, se retaron a un duelo a pistola y efectivamente lo llevaron a cabo, pero acabó sin sangre. Istúriz se convirtió en enemigo cerrado de Mendizábal, se alió con Alcalá Galiano y ambos decidieron luchar contra Mendizábal formando una asociación que se tiene por el inicio del Partido Moderado.

El 21 de diciembre de 1835, Mendizábal presentó el proyecto de Ley de que las Cortes tuviesen prerrogativa de “confianza parlamentaria”, es decir, que pudiesen recusar al Gobierno. Explicaba Mendizábal en las Cortes que, a partir de ese momento, las Cortes deberían dejar de poner obstáculos a los proyectos que le presentaba el Gobierno en materia de cobro de impuestos y destino de los gastos, puesto que tenían la posibilidad de tirar al Gobierno en cualquier momento. Era un pacto, moción de confianza a cambio de permiso para obrar libremente en Hacienda.

 

 

La “dictadura” de Mendizábal de 1836.

 

El 16 de enero de 1836 se aprobó la “cuestión de la confianza de las Cortes” junto a una autorización al Gobierno para recaudar unos impuestos que pudieran poner fin a la guerra carlista. Era un toma y daca entre Mendizábal y las Cortes.

En enero de 1836, el Gobierno fue derrotado en la Cámara de Procuradores, cosa lógica puesto que contaba con 77 Procuradores a su favor y 111 en la oposición (eran los mismos que con Martínez de la Rosa) y Mendizábal pidió y obtuvo disolución de Cortes el 27 de enero de 1836.

Decidió gobernar por decreto en lo que fue llamado “dictadura de Mendizábal”. Mendizábal tenía una enorme confianza en sí mismo y en su capacidad para cambiar España. Y lo que si lo hubieran hecho los “absolutistas” hubiera sido intolerable, el Gobierno por decreto, se convirtió en algo deseable y necesario para los liberales, justificado en la necesidad de cambiar la política española.

Los moderados se aliaron, momentánea y teóricamente, a la Iglesia, porque la desamortización atacaba, según ellos, el principio de propiedad. No obstante, cuando las tierras de la Iglesia salieron a la venta y fueron los conservadores los que las compraron, no tuvieron ningún interés en revocar las expropiaciones y sí en que Roma las reconociese y asumiese. La antipatía de las clases populares hacia la Iglesia facilitó este negocio a los ricos. Los moderados eran religiosos en la iglesia, y liberales en su casa, en cuanto a la defensa de sus propiedades y adquisición de las tierras de la Iglesia. La aristocracia y las clases acomodadas eran, en este tiempo, bastante asiduas de las iglesias, mientras el pueblo pobre se dividía por mitades entre beatos y anticlericales. Algunos obreros, sobre todo catalanes, se declaraban ateos.

Pero los progresistas exaltados se pusieron radicalmente en contra de Mendizábal por gobernar sin las Cortes. El mito de un Mendizábal progresista exaltado había caído.

El asesinato de Estado de la madre del carlista Cabrera, en 16 de febrero de 1836 en Tortosa, por el sólo hecho de ser su madre, fue una vergüenza para el Gobierno. Fue un escándalo en España y en Europa entera. Los moderados aprovecharon para dividir a los progresistas. El asesinato estuvo precedido de una situación de tensión bélica inusual: Los liberales estaban condenando a muerte a los alcaldes que facilitasen socorros a los carlistas de Cabrera, y Cabrera fusilaba a los que nos les dieran socorro y a los que dieran alguna información sobre él a los cristinos. Entonces, el general Agustín Nogueras hizo fusilar a la madre de Cabrera. El hecho causó conmoción en los dos bandos, pues nadie llegó a entender que se fusilara a una anciana. En venganza, Cabrera fusiló a partir de entonces a las damas liberales. El Convenio Elliot de intercambio de prisioneros evitó algunos muertos, pues se había instaurado la costumbre de fusilarlos a todos.

El 26 de febrero de 1836 empezaron las elecciones. Las elecciones de entonces duraban mucho tiempo, se hacían en días distintos en cada circunscripción y en los tratados de Historia aparecen en muchas fechas. Duraron hasta 17 de marzo de 1836. No hay contradicción de fechas en ello.

El Gobierno forzó los resultados en favor de los liberales más radicales y ello causó una grave escisión de los progresistas, entre más conciliadores y más radicales. Mendizábal volvió a jugar a ser progresista radical. Mendizábal fue elegido Procurador por 7 provincias diferentes: Madrid, Barcelona, Cádiz, Gerona, Granada, Málaga y Pontevedra.

Las elecciones las ganó Mendizábal en la cámara de Procuradores. En la Cámara de Procuradores (Congreso), de un total de 149 escaños, Mendizábal tenía 119 Procuradores de su cuerda, y 30 moderados en la oposición. Pero se quedó en minoría en la Cámara de Próceres (Senado) Con ello, ninguna ley podría salir adelante sin el permiso de los moderados.

Istúriz, Alcalá Galiano y el Duque de Rivas se convirtieron decididamente en enemigo del progresismo y líderes de las filas de “los moderados”.

 

 

Los decretos de 1836.

 

El 31 de enero de 1836 se creaba la Asociación General de Ganaderos y se disolvía el Honrado Concejo de la Mesta. El presidente de la Asociación era nombrado por el rey, y el ministro de Fomento tenía capacidad de inspección. A la nueva asociación se la concedió jurisdicción cobre cañadas y cordeles y caminos pastoriles de la Mesta y se ordenó a los Gobernadores Civiles que colaborasen con esta asociación de ganaderos. Así pues, La Mesta no desapareció del todo. La Asociación se dividió en cuatro “cuadrillas” que eran Soria-Córdoba, Cuenca-Toledo, Segovia-Granada y León-Badajoz.

El 11 de febrero de 1836 se concedió a los españoles libre uso de los pastos y rastrojeras de la propiedad de cada uno.

En 1836 se creó la Dirección General de Amortización, un organismo para administrar el patrimonio del Estado en su conjunto. Al tiempo, se suprimieron las oficinas de hacienda de Indias, totalmente inoperantes ya en esta fecha.

1836 se recuerda en la historia de España por dos grandes decisiones de Mendizábal:

El decreto de 19 de febrero de 1836, la desamortización, restauró parte de la legislación desamortizadora hasta entonces existente en España y sentó las bases para la desamortización del patrimonio eclesiástico que tendría lugar el 29 de julio de 1837. En 19 de febrero de 1836, se declararon en venta todos los bienes de las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los que estuvieran calificados como bienes nacionales. La venta se haría en pública subasta a partir de un valor de tasación inicial determinado, que si no existía, lo podía proponer el demandante de esas tierras. Se podía comprar la tierra mediante títulos de deuda, y los títulos se podían adquirir en las bolsas que controlaban los burgueses. La gran desamortización de Mendizábal fue sin embargo la de 29 de julio de 1837, cuando Mendizábal era Ministro de Hacienda.

El 8 de marzo de 1836 se derogaron las vinculaciones, con lo cual se extinguieron los mayorazgos y se puede dar por empezada la idea de que la tierra era en España propiedad particular.

 

 

La propiedad de la tierra.

 

La tierra era el principal factor de producción, pero el acceso a ese factor estaba limitado por costumbres, leyes y privilegios sociales. El trabajo y el consumo dependían en buena parte de la tierra.

La tierra influía notablemente en los demás sectores productivos, pues daba de comer a todos, proporcionaba materias primas a la industria proporcionaba la mayor parte de los puestos de trabajo.

Pero el factor de producción tierra, era un recurso limitado por la naturaleza. El sistema estamental había logrado muchos avances socioeconómicos, logrando que la tierra soportara hasta 40 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras los sistemas de la Edad Antigua raramente soportaban los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero se había llegado al tope de las posibilidades del viejo sistema de producción feudal. Ya no había tierras libres para que los monjes colonizasen, ni para que los reyes entregasen a sus servidores nobles.

El sistema se transformó en España en el entorno de unas fechas capitales:

19 de febrero de 1836, desamortización de Mendizábal sobre bienes de comunidades y corporaciones religiosas extinguidas.

30 de agosto de 1836, Real Decreto confirmando la desvinculación de los patrimonios nobiliarios hecha en 1820-1823. Esto quería decir que la tierra atribuida a los títulos nobiliarios se convertía en propiedad particular de los nobles.

29 de julio de 1837, desamortización de Mendizábal sobre los bienes del clero secular.

26 de agosto de 1837, con el Real Decreto de abolición de los señoríos, el cual los transformaba en propiedad particular de los campesinos si se presentaban los correspondientes títulos. Como los títulos de propiedad no existían, las tierras fueron a parar a los señores.

19 de agosto de 1841, decreto de abolición de los mayorazgos.

2 de septiembre de 1841, decreto de Espartero revitalizando las leyes de desamortización de Mendizábal. Este Decreto de abolió en 8 de agosto de 1844.

1 de mayo de 1855, desamortización de Madoz.

El derecho de propiedad, según los liberales, era un derecho fundamental del hombre, anterior al Estado, y no era justo que éste, o los estamentos, se hubieran apropiado de él.

Los conservadores españoles, obsesionados por la desamortización del clero, defendieron que éste tenía un derecho de propiedad por voluntad de los españoles que habían optado por mantener la religión y el culto de sus antepasados. En caso de querer el Estado estas tierras, debía indemnizar a la Iglesia.

Los liberales progresistas pensaban que la Iglesia poseía demasiados bienes fuera del mercado, en manos muertas, y que esas tierras se debían poner en circulación dejando de herir el derecho a la propiedad privada. El clero había dejado de ser útil a la sociedad en el campo productivo, y había que transformarlo de modo que fuera útil a una sociedad que todavía era católica. El “cuerpo de funcionarios de lo religioso” era todavía útil al Estado y se podía mantener.

Pero el clero regular representaba además un problema político además del problema económico ya mencionado: había servido mayoritariamente a los intereses del carlismo, sobre todo a partir del programa de 15 de enero de 1837 en el que Carlos María Isidro escribía al Papa que sus objetivos eran:

Restituir a la Iglesia todo su brillo y esplendor.

Derogar las leyes que han acabado con la inmunidad personal de los eclesiásticos.

Prohibir los recursos a la fuerza contra el clero.

Promover la enseñanza del catolicismo en la Universidad.

Abolir los impuestos que pagaba la Iglesia, tales como el Excusado, el noveno, las medias annatas y las gabelas.

Además, Carlos María Isidro puso su ejército bajo la advocación de la Virgen de los Dolores y decidió proteger a los sacerdotes y religiosos expulsados de sus casas o perseguidos por causas del nuevo gobierno liberal.

 

 

La “Exposición” de Mendizábal.

 

El 21 de febrero de 1836 apareció en La Gaceta de Madrid una Exposición de Mendizábal sobre la utilidad de la desamortización. Los objetivos de la desamortización eran disminuir la deuda pública, consolidar el trono de Isabel, crear una masa de propietarios a fin de abrir una fuente abundantísima de utilidad pública, desobstruir los canales de la industria y de la circulación, apegar al país por lo propio y ensanchar la patria creando fuertes vínculos internos.

El 7 de marzo de 1836, Mendizábal presentó a la Reina una Exposición, en la que exponía la conveniencia del reparto de los bienes del clero junto a la de ofrecer una solución de medios de vida para el clero; la necesidad de suprimir conventos como una “necesidad de civilización” porque ello acarrearía ventajas sociales; la necesidad de proteger a las monjas y freiles ancianos creando casas de venerables, dotándoles de subsidios y abriendo la posibilidad de que les acogiera la sociedad, que les necesitaba; se creaba una Junta en cada provincia como celadora de las disposiciones del decreto de desamortización; se reconocía el importante papel histórico que habían jugado las instituciones regulares; se reconocía que, en la actualidad, las instituciones regulares se habían convertido en un estorbo al progreso, a las ciencias y a las artes; se proponía proponer a los sacerdotes uso medios honestos para llevar una vida decorosa.

La idea de crear una masa de propietarios significaba en sí misma, aunque Mendizábal no lo dijera, la entrega de los bienes a la minoría que pudiera pagarlos, a la cual se la llamaba para crear riqueza en el futuro. La idea de crear una masa de propietarios burgueses quedaba completamente clara en el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales, donde se decía que se deseaba favorecer a las clases agricultoras, industriales, fabriles y mercantiles que estaban deseando la apertura a sus iniciativas de producción. Alcalá Galiano tenía muy clara esta idea: “Es preciso que las clases medias dominen, porque en ellas reside la fuerza material y no corta parte de la moral”.

La forma propuesta de desamortización ya no dejó dudas: se trataba de beneficiar a la burguesía y no de crear una masa de pequeños propietarios, como tal vez pudiera interpretarse de una primera lectura de la Exposición de Mendizábal.

Hubo defensores de esta última opción, de crear una masa de pequeños propietarios. Flórez Estrada en 1836 defendió que los bienes del clero no podían ser reducidos a propiedad particular, sino que debían ser dados en arriendos enfitéuticos en lotes proporcionales a lo que cada familia pudiera labrar. Eso convertiría, en la práctica, a muchas familias en propietarios de la tierra que ya cultivaban, pero eliminaría algunos ingresos que Hacienda podía sacar con las ventas y subastas. Se advirtió que con ello se corría el peligro de que las clases altas no aceptaran la solución desamortizadora y se rebelaran contra la monarquía de Isabel II. También se perdían recursos de cara a fortalecerse en la guerra contra los carlistas. La solución Flórez Estrada no tuvo seguidores en el Gobierno.

Se adoptó como fórmula de desamortización la subasta. La subasta cubría bien las apariencias, pues permitía acudir a ella a todos los ciudadanos, ricos y pobres, a los que estaban trabajando en ese momento las fincas y a los jornaleros de los conventos. Pero era evidente que en los casos en que los ricos pujaran, todos los pobres quedarían eliminados enseguida. Además, la subasta proporcionaría al Estado dinero fresco de forma inmediata.

Se estimuló la subasta declarando persona digna a todo aquél que promoviera la tasación de una finca eclesiástica, y como recompensa a esta denuncia, se le otorgaría el privilegio de ser perito de la tasación y, si nadie pujaba por encima, se quedaría con la finca por el precio tasado. Igualmente, si el promotor igualaba una puja más alta por la finca, también sería para él.

En 19 de febrero de 1836 y 29 de julio de 1837, se produjo la desamortización de bienes del clero católico. Por su importancia, lo tratamos en capítulo aparte.

 

 

Hacienda en la época liberal 1833-1868.

 

En 1833, el problema de Hacienda se complicó con la Guerra Carlista que se financiaba con dinero del Banco de San Fernando (que era el banco del Estado). Las enormes deudas acumuladas a fines del XVIII, las deudas tomadas en la Guerra de la Independencia, y las tomadas por Fernando VII daban cifras escalofriantes.

Los Gobiernos liberales volvieron a la ortodoxia financiera con las medidas habituales: reconocieron la deuda de 1820-23 (que eran 5.000 millones de reales), elaboraron un presupuesto anual, e hicieron que los impuestos los aprobasen las Cortes (tema fundamental en democracia para el que se crearon precisamente las Cortes en el siglo XII). Estas medidas les permitieron tener crédito en el extranjero. El crédito exterior era complicado porque la principal fuente de crédito, Inglaterra, tenía otros campos de inversión más seguros, el ferrocarril británico y el europeo en general. Mendizábal, un hombre conocido por ellos, parecía la única oportunidad de conseguir crédito británico. Los franceses estaban escasos de recursos financieros por los problemas internos habidos en 1814-1830 y porque también invertían en su propio ferrocarril.

En 1835, Juan Álvarez Mendizábal abolió el diezmo y empezó una campaña de desamortización de tierras de la Iglesia para eliminar títulos de deuda, dejó de pagar intereses por la deuda que la Iglesia tenía en juros, y exigió las contribuciones por adelantado y no a año pasado. Es comprensible que los curas y frailes le caricaturizasen con cuernos y rabo.

La política conservadora a partir de 1845, consistió por un lado, en cortar la desamortización para no perjudicar a la Iglesia, con lo que se retrasaba inútilmente el proceso de avance hacia el sistema de propiedad privada. Por otro lado, los conservadores se esforzaron en continuar con las reformas de Hacienda modernizadoras, eliminación de las “rentas provinciales” y su sustitución por impuestos socialmente más justos en lo que se llama reforma Alejandro Mon:

Contribución sobre bienes inmuebles, cultivos y ganadería.

Subsidio industrial y de comercio (una cuota fija por cada actividad industrial o comercial y una cuota variable según el precio del alquiler del local de negocio).

Impuesto sobre el consumo (contradictorio con las ideas liberales y suprimido ya en 1820).

Contribución sobre inquilinatos, sobre capitales invertidos en el extranjero y sobre grandes fortunas.

Derechos sobre hipotecas.

La reforma Mon tuvo mucho menos éxito de lo que su autor esperaba. Las contribuciones sobre inmuebles no se podían cobrar por falta de censos y catastros, y las contribuciones sobre inquilinos y capitales fueron burladas sistemáticamente. Los ricos se negaban a pagar impuestos.

La revolución liberal progresista de 1854, una revolución con participación popular, volvió sobre el tema de la desamortización, como era presumible y estaban deseando los conservadores, católicos pero compradores de fincas. Por otra parte se modificó el sistema recaudatorio, se exigió la abolición del impuesto de consumos. Este impuesto se restableció en 1873 con la Restauración borbónica de Alfonso XII.

 

 

La guerra carlista a fines de 1835.

 

El 14 de octubre de 1835 los carlistas, comandados por Bruno Villarreal, Nazario Eguía, Simón de la Torre y Marqués de Valde Espina, volvieron a perseguir el objetivo de tomar Bilbao. Lo intentaron hasta 19 de octubre. De nuevo el sitio fue levantado por los cristinos.

El 21 de octubre de 1835 se nombró nuevo jefe carlista a Nazario Eguía. Eguía dividió el ejército carlista en tres cuerpos mandados por los mariscales Iturralde, Villarreal y Gómez, y dejó un ejército de reserva para casos de urgencia. También organizó un Estado Mayor a cuyo frente estaba el mariscal Mazarrasa.

El 25 de octubre de 1835, Ramón Cabrera fue nombrado Comandante General de las fuerzas carlistas del Maestrazgo y escogió a Joaquín Quílez como su segundo y como colaboradores a Domingo Forcadell, Luis Llangostera, José Miralles, y Josep Torner. Con ello aparecía un segundo ejército carlista, aunque mucho más pequeño que el navarro. Cabrera sólo contaba con 5.000 hombres.

Cabrera se atrevió a atacar a Juan Palarea Blanes, Capitán General de Valencia, y al general Agustín Nogueras, comandante cristino de Teruel y Gobernador de Castellón. Su mayor victoria fue la de Tortosa de enero de 1836, lo que le permitió ordenar a los alcaldes de la zona que le obedecieran y fusiló a los de Valdealgorfa y Torrecilla de Alcañiz que se negaron a prestarle obediencia. Como represalia por esta matanza, los cristinos fusilaron a la madre de Cabrera el 16 de febrero de 1836 en Tortosa.

La guerra del Maestrazgo se convirtió en la más sucia de las guerras, con un ansia de matar por matar, de imponer el terror, por ambos bandos.

El bando carlista decidió sustituir a Cabrera en el mando, y nombró al conde de Villemur para este fin, pero este hombre murió en el viaje de desplazamiento al Maestrazgo. Cabrera siguió en el mando, desde su cuartel general de Cantavieja, donde se había instalado desde 1835. Desde allí, en verano de 1836 dirigió sus ataques a Tarragona y Valencia. Conquistó Uldecona, acción por la que fue nombrado mariscal.

 

Mendizábal decretó la recluta de 100.000 hombres, que debían acabar rápidamente con la guerra carlista. Se encontró con que no tenía uniformes, armas, ni medios de transporte, y que la orden era inútil. Todo se quedó en deseos y no cambió nada en la realidad de la guerra. María Cristina se ofreció a colaborar pagando de su bolsillo tres batallones de cazadores. Mendizábal abrió una cuestación pública para que la gente entregara joyas y dinero, y logró recoger 20 millones de reales. Los liberales tenían muchas ideas, pero estaban dispuestos a aportar poco dinero. Se necesitaban unos 400 millones de reales, y lo recaudado era una miseria.

Al cristino Luis Fernández de Córdova le llegaban cada día al País Vasco soldados sin uniformes, sin armas y hasta algunos inválidos. Córdova se quejó a Mendizábal y quedó enemistado con él. También le llegaron algunos soldados ingleses y otros portugueses y los destinó a Bilbao, que de nuevo estaba sitiada por los carlistas. Fue capaz de levantar el asedio, pero sin vencer a los carlistas.

Mendizábal inventó un sistema que podía financiar la guerra: decretó que se librase de ir al frente todo aquel que aportase 4.000 reales, o en su defecto, 1.000 reales y un caballo. Pero el dinero se utilizó para solucionar problemas urgentes de Hacienda y no exactamente para financiar la guerra.

El cristino Córdova decidió aislar el País Vasco mediante la línea Zubiri que bajaba desde la frontera francesa al Ebro, remontaba el Ebro, subía al oeste de Vizcaya y llegaba hasta el Cantábrico. Entonces Nazario Eguía decidió tomar Guetaria para abastecerse por mar.

El 4 de noviembre de 1835, Eguía fue de nuevo sobre Bilbao, sitio que mantuvo hasta mediados de diciembre y acabó en fracaso. Tras este fracaso, Bruno Villarreal fue sustituido por Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, hijo de la princesa de Beira. El nuevo jefe carlista, Don Sebastián Gabriel, decidió volver a sitiar Bilbao. Sebastián nombró jefe de Estado Mayor a González Moreno, y ayudantes de campo a Elío, Villarreal, Pablo Sanz, Zabala y el duque de Madeira (que era portugués).

En enero de 1836, Córdova atacó Guipúzcoa y en febrero tomó Plencia y Balmaseda.

En primavera de 1836, Merino, el jefe carlista en Castilla, se retiró al País Vasco y la Guerra Carlista se dio por terminada en Castilla.

El 8 de abril de 1836 y tras la muerte de la madre de Cabrera, don Carlos aprobó las represalias y fusilamientos en el Maestrazgo, y Cabrera se pudo mostrar de lo más cruel que ha conocido el mundo. Tenía unos 5.000 hombres y puso su cuartel general en Cantavieja, un pueblo de Teruel en el límite con Castellón, en plenas montañas, al sur de Monroyo y Castellote. Las crueldades de Cabrera eran tantas que los carlistas decidieron sustituirle, pero el conde de Villemur murió poco después en el viaje al Maestrazgo, y Cabrera siguió asesinando a mansalva.

El 16 de abril de 1836, don Carlos creó el Ministerio Universal para Juan Bautista Erro para que organizara el Gobierno carlista a fin de poder constituir un Gobierno serio[3]. Erro, que era experto en hacienda, organizó la administración carlista con cuatro Secretarías de Despacho un Junta Consultiva Consejo General de Negocios, Tribunal de Justicia, Comisarios Regios, Servicio de Vigilancia Pública y Junta Permanente de Subsistencias:

Ministro Universal, Juan Bautista Erro.

Departamento de Estado, Wenceslao María Sierra.

Departamento de Guerra, José Morejón.

Departamento de Gracia y Justicia, José Arias Teijeiro.

Departamento de Hacienda, Ramón Autrán.

Junta Provisional Consultiva de Guerra, Luis Penne conde de Villemur. La Junta Consultiva de Guerra estaba constituida por siete generales y tenía por finalidad asesorar a los Departamentos de Estado y de Guerra.

Consejo General de Negocios del Reino, José Aznáez.

Tribunal Provisional de Navarra y Provincias Vascongadas.

Juan Bautista Erro organizó el territorio carlista a base de Comisarios Regios dependientes del Ministerio Universal, los cuales deberían constituir y presidir una Junta del Reino de Navarra y una Diputación en cada territorio vascongado. Fueron Comisarios Regios: Miguel Ramón Modet en Navarra; Tiburcio Eguiluz en Guipúzcoa; José María de Orbe y Elío, marqués de Valdespina, en Vizcaya; Valentín Verástegui en Álava.

Erro creó un Servicio de Vigilancia Pública que era una policía política carlista para localizar desafectos y castigarles adecuadamente.

Erro instituyó una Junta Permanente de Subsistencias que debía asegurar los suministros al ejército carlista en cada una de las cuatro provincias.

Juan Bautista Erro aconsejó tomar Bilbao para tener una base territorial representativa internacionalmente. Estuvo al frente de la organización carlista hasta enero de 1837, momento en que se sintió fracasado y dimitió. Renunciar a la conquista de Bilbao no le resultaba tolerable.

 

En junio de 1836 tuvo lugar una de las expediciones de Basilio García castigando Castilla. Llevaba como segundo a Juan Manuel de Balmaseda. Su principal objetivo era imponer el terror. Sorprendieron al coronel Mayols en Ontoria y le tomaron más de 500 prisioneros. Desde entonces, la norma fue que si se acercaba a ellos el ejército cristino, fusilarían a todos sus prisioneros. La expedición fue por Lerma hasta Olmedo, al sur de Valladolid y retornó al norte por Roa. Atacó luego las provincias de Soria, Burgos, Ávila… El sistema era incendiar las primeras casas de cada pueblo y encender el pánico, para luego fusilar a los colaboradores con los cristinos y llevarse el grano que podían. La expedición de castigo se prolongó durante septiembre y octubre. Balmaseda fue famoso por su ferocidad fusilando a cualquiera del que se dijera colaborador del enemigo. En 1839, Balmaseda se pasó al ejército ruso.

 

En 13 de junio de 1836, Nazario Eguía fue destituido de la jefatura carlista. El nuevo líder fue Bruno Villarreal, el cual tenía a su servicio a unos 43.000 hombres, el número más alto de soldados que tuvo el carlismo. Francisco García operaba desde Navarra atacando la línea Zubiri. Guibelalde atacaba San Sebastián. Villarreal atacaba directamente a los ejércitos cristinos.

En el bando cristino faltaba el dinero y la moral cayó.

En agosto de 1836, Luis Fernández de Córdova no aceptó la presión progresista para que la Reina jurase la Constitución de 1812 y se exilió a Francia. Regresó en 1838 para intentar un levantamiento que fracasó, y entonces huyó a Portugal, en donde murió en 1840.

 

 

Crisis del Gobierno Mendizábal en 1836.

 

Mendizábal quiso captar al grupo de Istúriz, a los progresistas moderados, y planteó un pacto a los moderados, a los que ofreció carteras ministeriales, pero los moderados no aceptaron: ofreció la Secretaría de Instrucción Pública, dependiente del Ministro de Interior, al moderado Antonio Alcalá Galiano[4], luego se la ofreció al más moderado Javier Istúriz. Por fin, la aceptó el progresista Fermín Caballero Morgáez[5], pero tras imponer unas condiciones: habría una ley financiera, se desterraría a los obispos y sacerdotes carlistas, serían reemplazados los jueces carlistas por jueces cristinos y se incluiría a patriotas (así se llamaba a los liberales en lenguaje de entonces) en la Administración. En resumen, las condiciones de Fermín Caballero eran radicalizar el Gobierno Mendizábal.

De esta manera, tras el rechazo de los moderados, Mendizábal no logró constituir un Gobierno sólido. Los moderados de la oposición iban siendo cada vez más fuertes por momentos, aunque las elecciones de marzo de 1836 dieran una impresión diferente. Estaban empezando a comportarse como partido. Y el Estamento de Procuradores elegido en marzo de 1836 ya no fue sumiso a Mendizábal como había sucedido unos meses antes. Exigieron discutir el decreto de desamortización. Los moderados se dieron cuenta de la oportunidad que les daba el descontento católico y se mostraron solidarios con ellos, lo cual les dio mucha fortaleza en años siguientes. La mayoría de los Procuradores elegidos era progresista, pero los mismos progresistas estaban divididos entre ellos por la actitud de Mendizábal para con las Cortes, por su actitud “dictatorial”. Por eso, Javier Istúriz, el contrincante principal de Mendizábal, fue elegido Presidente de la Cámara de Procuradores, para dar una advertencia a Mendizábal.

María Cristina leyó el Discurso de la Corona escrito por Mendizábal y le contestó Javier Istúriz, Presidente de la Cámara, líder moderado y discrepante con Mendizábal. Los desórdenes en la calle apoyaban esta vez la postura de los “moderados” de Istúriz. Mendizábal se puso en manos de Fermín Caballero Morgáez y formó un Gabinete exaltado, radical, hasta tal punto que muchos progresistas no estaban de acuerdo en continuar lo que calificaban una dictadura encubierta de Mendizábal.

Fermín Caballero reunió en su casa a sus partidarios, a fin de coordinar su actuación en la Cámara, y ello se tiene por el inicio del Partido Progresista. Como Fermín Caballero poseía El Eco del Comercio, esos días el periódico publicó los argumentos de los progresistas: soberanía nacional, ampliación de la base del sufragio y necesidad de una nueva constitución. En un momento dado de la discusión, un procurador del grupo de Mendizábal dijo que ellos no deberían llamarse “exaltados”, palabra que hacía referencias a estados de ánimo no convenientes, sino “progresistas”, y con ello bautizó a la nueva tendencia liberal.

Los moderados, por su parte, comenzaron a reunirse en un convento vacío que había sido de la Compañía de Filipinas. En esas reuniones, entre 1836 y 1839, acabaron organizándose y eligiendo sus líderes, de modo que sus acciones en la Cámara estuvieran coordinadas y así los progresistas no adquirieran cierta ventaja política en las discusiones. Era el inicio del Partido Moderado.

Si en febrero de 1836 se había hablado de dos grupos políticos indenominados, ya en la primavera de 1836 se hablaba de progresistas y moderados. La organización de cada partido en torno a dos jefes vendría un poco más tarde.

En cuanto al término “dictadura” aplicado a Mendizábal, debemos aclarar que   Mendizábal no logró nombrar un equipo de ministros completo hasta pocos días antes de ser despedido. Mientras tanto, gestionaba él mismo todos los ministerios vacantes, al tiempo que gestionaba la guerra civil y la venta de bienes eclesiásticos. A esta concentración de poder, los enemigos de Mendizábal la estaban llamando “dictadura”. Cuando cerró las Cortes y se puso a gobernar por decreto, estaba en dictadura.

 

 

Caída de Mendizábal en mayo de 1836.

 

En 27 de abril de 1836, José Rodil fue nombrado Ministro de la Guerra. Como responsable de ese ministerio, cedió el mando de las acciones contra el carlismo en el País Vasco a Espartero, y él se centró en la persecución de Gómez. Fracasó en cuanto al propósito de capturar a Gómez. Por ello, más adelante sería enviado a Ciudad Rodrigo, donde estuvo dos años esperando consejo de guerra. En 1838 se le absolvería de toda culpa.

El 2 de mayo de 1836 fue nombrado Ministro de Marina, José María Chacón Pery, con lo que se estaba completando el equipo de Gobierno de Mendizábal ocho meses después de su encargo de formar Gobierno y 12 días antes de ser cesado en el cargo.

En mayo de 1836, Mendizábal dio un nuevo Decreto Electoral que cambiaba el sufragio imponiendo el sufragio directo censitario, lo que permitía votar a 65.067 personas en España, cuatro veces más que en el Decreto de mayo de 1834. El decreto se publicaría en 24 de mayo, cuando ya había caído Mendizábal.

El Gobierno era incapaz de legislar y el Ministro de la Guerra, José Rodil, puso moción de confianza, que perdió Mendizábal, y pidió a María Cristina disolución del Gobierno. La disolución de mayo de 1836 no gustó nada entre las filas progresistas, que en agosto de 1836 volvieron a iniciar movimientos juntistas.

 

A la hora de designar un nuevo Presidente de Gobierno, los moderados fueron a Palacio a ver a María Cristina y le hablaron de claridad a la hora de designar Jefes de Gobierno entre el maremagnum de tendencias políticas que habían surgido. María Cristina vio posibilidades en estos nuevos liberales moderados pues Mendizábal tenía una relación con ella de exigencias y de no contar con ella a la hora de tomar decisiones. Pero los moderados no querían que el nombramiento del nuevo fuera visto como un capricho de la Reina Regente.

Y de pronto, y sorprendentemente, surgió la oportunidad de cambio: Fermín Caballero exigió la destitución de buen número de generales entre los que estaban Fernández de Córdova destinado en el País Vasco, Vicente Genaro Quesada, y San Román destinados en Madrid. María Cristina se negó a estas destituciones. Ello suponía que Mendizábal debía elegir entre María Cristina y Fermín Caballero. Y decidió dimitir el 14 de mayo de 1836 para no prescindir de Fermín Caballero.

 

 

[1] Juan de Dios Álvarez Méndez, conocido como Mendizábal, era hijo de un comerciante de Cádiz dedicado a los fletes, seguros y préstamos. Juan de Dios se hizo masón, como era tan frecuente en el Cádiz de principios del XIX, y liberal. Viajó por Londres, Lisboa, Madrid y París y tuvo amistad con José María Calatrava, Agustín de Argüelles y, más tarde, con Pascual Madoz, José Safont, Manuel Cantero, Antonio Jordá, Jaime Ceriola y Juan de Guardamino, Bertrán de Lis, Picardo, Vea, Murguía, negociantes progresistas y miembros de la milicia urbana de Cádiz. Amplió los negocios familiares como proveedor del ejército español y como negociante de créditos en el extranjero para el Estado español. No era anticlerical, pero usó los bienes de la Iglesia para salvar el trono de Isabel II, y los católicos españoles le tacharon de anticlerical. Pero sí que había muchos anticlericales entre el grupo de burgueses que acaudillaba Mendizábal, porque el anticlericalismo era un sentir común a gran parte de la burguesía de su momento, lo cual es necesario tener en cuenta para explicar la política de Mendizábal. El anticlericalismo era un sentir social que se manifestó en Barcelona en 1835, con motivo de una quema de conventos, ocasión en la que se vio cómo casi nadie de la clase media acudía en auxilio de las iglesias quemadas, cuando la Milicia Urbana, organizada para esos casos, podía haber atendido los incendios perfectamente, y no lo hizo. Mendizábal es recordado en la historia de España por el Decreto de Desamortización de 19 de febrero de 1836, y la ley de Desamortización de 29 de julio de 1837.

[2] Ramón Gil de la Cuadra, 1775-1860, había estado en la Junta de Instrucción Pública de la Secretaria de Despacho de Gobernación en 1813 junto a Martín González de Navas, José de Vargas Ponce, Eugenio de Tapia, Diego Clemencín y Manuel José Quintana, los cuales habían hecho un informe sobre la reforma de la enseñanza que era precisa para la España del siglo XIX, y que nunca se llegó a implantar. En 1836 fue Ministro de Gobernación y Fomento y en 1837 fue Ministro de Marina y Comercio.

[3] Rosa María Lázaro Torres. Poder Carlista y respuesta popular. Estudios Vascos. Universidad de Deusto.

[4] Antonio Alcalá Galiano, 1789-1865, había sido exaltado en 1822, menos exaltado en 1823, moderado en 1834 en la oposición a Mendizábal y mucho más moderado a partir de 1844.

[5] Fermín Caballero Morgáez, 1800-1876, había iniciado estudios eclesiásticos en el Seminario de Cuenca y en la Universidad de Zaragoza, y había abandonado estos estudios en 1820 para estudiar Derecho en Alcalá. Fue profesor de Geografía y Cronología en la Universidad Complutense de Madrid. Se hizo liberal exaltado en 1822 y tuvo que emigrar en 1823. Regresó a España en 1833 y fundó el Boletín del Comercio, luego llamado El Eco del Comercio, periódico liberal exaltado. Era muy polémico y dispuesto a salir a todas las disputas políticas. En 1843 colaboró con Espartero al que creía líder progresista, y fue Ministro de Gobernación de julio a noviembre de 1843, tras lo cual abandonó la política.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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