LA SOCIEDAD RURAL ESPAÑOLA DEL XVIII

 

 

 

El mundo rural era el componente social principal de la sociedad del Antiguo Régimen y afectaba a un 85% de la población en la Castilla del siglo XVIII y un poco menos en otras regiones. En esa sociedad, abrumadoramente rural, el predominio absoluto en zonas rurales era de los campesinos. Había en las zonas rurales unos pocos mineros, pescadores, comerciantes, profesionales liberales, rentistas, funcionarios y artesanos, además de nobles y clérigos, pero la inmensa mayoría eran agricultores. Y la tierra era el elemento económico fundamental del que todos dependían[1].

En 1797, de unos 3,2 millones de trabajadores españoles, 2 millones trabajarían la agricultura.

El mundo rural evolucionaba hacia una crisis, hacia una oportunidad de desarrollo, o hacia una catástrofe social. Así ocurre cada vez que se derrumban los pilares económicos y sociales en que está fundamentado el sistema económico y social vigente.

Los síntomas evidentes de una próxima crisis eran, en general, que a lo largo del siglo XVIII, algunas personas del estado llano rural habrían hecho dinero, y las grandes masas se habrían proletarizado, con lo cual había habido diferenciaciones sociales. La causa de esta proletarización era el desarrollo social evidente, pero en fase inicial.

En un inicio de desarrollo, e incluso en cualquier proceso de desarrollo, unas zonas se desarrollan antes que otras, y unas personas aprovechan las oportunidades antes que otras, y los hombres tienden a enriquecerse al margen de otras perspectivas morales, y surgen entonces las diferencias sociales e incluso las llamadas “injusticias sociales”.

Para los poco instruidos inmersos en una fase de desarrollo socioeconómico, el desarrollo es difícil de comprender y asimilar: Los precios de algunos artículos, los de primera necesidad, bajan, y muchos de los que podían sobrevivir en el sistema social antiguo, ya no tienen cabida en el nuevo. El problema, cuando es leve, se tiende a mitigar mediante la emigración. Pero cuando se producía una gran dificultad para emigrar por falta de un destino de confianza al que llegar, y se retrasaba la revolución industrial que demandase trabajadores, salvo en Cataluña desde el último tercio del XVII y también en las tierras del levante español que demandaron trabajadores para sus nuevos cultivos, el hambre y la pobreza se convertían en problemas muy graves, y la falta de mercado que ello mismo suponía, retrasaba todavía más la aparición del nuevo modelo socioeconómico.

Y en esas circunstancias de dificultad, suele surgir la inmoralidad, el aprovecharse de los desafortunados, circunstancia trágica que se suma al paro y al hambre, a la miseria y a la enfermedad.

Todo desarrollo tiene una fase inicial dolorosa y la salida de esa situación depende mucho del nivel moral que hayan alcanzado los individuos, los grupos sociales y el conjunto de la sociedad misma. Un buen nivel moral, permite hacer una ley justa adaptada a las nuevas realidades, y crear unos niveles de exigencia de cumplimiento de la ley que permitan el desarrollo. Si entonces confluyen unos dirigentes capacitados, que saben eludir los conflictos sociales, que ineludiblemente se producen, y dirigir las inversiones hacia sectores convenientes para el conjunto social, y un sistema de jueces que combata los apetitos de riqueza desordenada, cabe la posibilidad de que se produzca el desarrollo. Personalmente no creo en modelos liberales que asuman que el individuo es bueno siempre y la libre competencia trae el desarrollo, y tampoco en modelos socialistas que presupongan que el Estado es la solución y hará un reparto justo de la riqueza, o en versión populista, que las masas y asambleas sean de mejor calidad moral que los individuos. La inteligencia y la moralidad son cualidades personales, individuales, y la existencia de unos individuos inteligentes y morales, no garantiza que los demás próximos lo sean, y viceversa. Todos los sistemas religiosos y políticos pueden ser instrumentos de abuso de unas clases sociales sobre otras y escaleras para que trepen nuevos vividores inmorales. Tampoco creo en los “salvadores de la patria” como garantía de moralidad, ni en que los jueces por el hecho de ser jueces sean personas respetables y defensores de la moral pública. Unas personas sí, y otras no, tienen cualidades morales. Ni la moralidad es directamente transmisible de padres a hijos, ni de instituciones a personas. Sólo la moralidad acarrea el éxito, aunque en absoluto la moralidad por sí misma, y sin el capital, inteligencia, iniciativa empresarial, leyes, vigilancia sobre los gobernantes y potentados, y equilibrio entre los diversos aspectos económicos y sociales, no hay oportunidades de éxito. Es precisa la existencia de una moral individual de calidad y de una moralidad social desarrollada. Pero la moralidad por sí sola no servirá de nada. El desarrollo es tan difícil, que muchos fracasan en el proceso, y ése fue el caso de España en el siglo XVIII.

El siglo XVIII fue la peor época de toda la Edad Moderna para los campesinos rurales y trabajadores del campo español. Mientras los habitantes de la ciudad ganaban oportunidades de empleo y gozaban de alguna manera del progreso, a los trabajadores del campo se les explotó al máximo y se les redujo a la más extrema pobreza. Los salarios crecían en términos aparentes, pero crecían muy poco, muy por debajo de la inflación, y el poder adquisitivo siempre fue a menos. Las clases “populares” del campo eran la mayoría de la población. Y en esas clases populares desafortunadas incluimos los pequeños propietarios (cuya propiedad no era suficiente para subsistir), los pequeños arrendatarios, los pequeños aparceros, los jornaleros…

Ante la crisis, la primera solución que se les ocurrió a los hombres del siglo XVIII, fue el sacrificio de las clases más pobres: optaron por privatizar comunales, propios y baldíos. Con ello, estas clases sociales pobres estaban condenadas a desaparecer, pues perdían la posibilidad de alimentar un animal que complementara su alimentación, cazar alguna pieza y tomar leña del monte. El problema social era muy grande y la solución muy difícil. Según Olavide, las clases bajas del campo eran jornaleros medio año, y mendigos el otro medio, y sobrevivían gracias a las tres cosechas que tenía el país, de invierno el olivo, de primavera el trigo y de otoño la vid, las cuales les daban intermitentemente trabajo y oportunidad de comer, y en medio pasaban hambre y contemplaban la muerte de vecinos y familiares, pues al hambre le acompaña siempre la enfermedad, la pandemia.

En todo proceso de depauperación, surgen siempre las crisis de hambre y enfermedad. Aparecen los cuatro jinetes del Apocalipsis. Las crisis de subsistencias eran frecuentes y la hambruna consiguiente solía acompañarse de enfermedades epidémicas, lo que daba lugar a motines y tumultos, que no servían para nada, pues no tenían un plan, unas metas y una organización política, que protestaban contra la injusticia, pero cometiendo en ello injusticias aún mayores. Más que otros, los campesinos de Andalucía y Extremadura vivían al límite de la inanición y muchos vivían gracias a la solidaridad familiar y a la caridad parroquial.

 

 

El campesino español del XVIII.

 

La sociedad campesina era muy compleja. Cada individuo tenía sus propias circunstancias y difícilmente se puede generalizar, como es preciso para un estudio del tema. Para entender un poco la complejidad de las posiciones sociales del agricultor, hay que tener en cuenta cuatro factores socioeconómicos y uno político:

Si el territorio era de realengo o de señorío. En España, la mitad aproximadamente de los campesinos era de realengo y la otra mitad de señorío.

Si el individuo era propietario, arrendatario, aparcero o jornalero.

Si el individuo ganaba su vida en una gran explotación o en una pequeña explotación (la explotación podría contener una o varias fincas).

Si había en la zona posibilidad de complementar la actividad agraria con otras actividades.

El quinto factor, el político, hace referencia a que habría que diferenciar si el individuo vivía en la Corona de Castilla o en el de la Corona de Aragón. Las condiciones legales previas eran diferentes: En Castilla, en el XVIII, el campesino había perdido toda oportunidad de expresarse en las Cortes y ante el Rey, pero en la Corona de Aragón algunos campesinos, una minoría, lo pudieron hacer hasta los Decretos de Nueva Planta, después tampoco. La mayoría de los campesinos de la Corona de Aragón trabajaban tierras de señores y por lo tanto tampoco tenían ese derecho teórico.

El campesino adquirirá en el último tercio del XVIII en toda España la posibilidad de expresarse ante el municipio a través del Procurador Síndico General del Común, y a través de los gremios, que también tenían la facultad de quejarse ante el Consejo de Castilla o ante el Rey. La forma alternativa de expresarse era mediante motines o algaradas.

El campesino estaba sometido por una educación tradicional, mantenida durante siglos, por la que se le enseñaba que debía ser dócil y obediente, se le convencía de que en todo momento era observado y podía recibir un castigo, bien de su señor, bien de la Iglesia, o en último término, de un Dios castigador. El “santo temor de Dios” no evitaba siempre los motines, pero los estamentos dominantes lo intentaban.

 

Entre los agricultores había grandes diferencias, en aquél siglo muy marcadas. La principal de ellas era su relación con la tierra: según Domínguez Ortiz, 360.000 agricultores dispondrían de tierras propias, 500.000 serían arrendatarios o aparceros, 800.000 serían jornaleros, y el resto personas relacionadas con la tierra aunque también ejercieran como ganaderos, pastores, conductores de ganado y de carros, que podían compartir actividades con la agricultura.

Las diferencias entre agricultores se reflejaban en el lenguaje, pero hemos perdido el significado de muchas palabras, hoy sinónimos o en desuso, como campesino, agricultor, labrador, cosechero, aparcero, medianero, labrantín, pelentrín, gañán, labriego, cultivador, espigador, segador, plantador y otras, cuyo significado inicial se diferenciaba claramente en el XVIII. Siento decir que no he encontrado documentación suficiente para diferenciar todos estos tipos rurales y esta parte del trabajo me parece un tanto deficiente. Mi impresión personal, a falta de profundización, es que:

El payés catalán tenía una masía, casa familiar rodeada de una finca.

El pelentrín andaluz (pelantrín en el diccionario RAE) era el propietario de un minifundio en la zona de Andalucía. El labrantín era lo mismo en Castilla la Mancha.

El masovero catalán era un pequeño aparcero con derecho a habitar en la finca.

El roters mallorquín tomaba en arrendamiento por cuatro años una o varias rotas o parcelas de bosque, erial o monte, de escasa productividad, que se comprometía a poner en producción.

El gañán era un mozo de labranza utilizado para arar con pareja de animales.

El aparcero era la persona que tomaba el cultivo de una tierra a cambio de un tercio o una mitad de la cosecha, según las condiciones del trato, quién ponía la sembradura y quién los aperos. Existían grandes aparceros que cultivaban extensiones muy grandes y vivían holgadamente, y pequeños aparceros con muy poca tierra y escaseces a la hora de alimentar a una familia.

El medianero era el que conseguía grandes extensiones de terreno en arrendamiento y subarrendaba todo o una parte de ello. Algunos tenían alto nivel de vida y prestigio social y su nivel de vida era envidiado por la pequeña nobleza y burguesía rural.

El arrendatario o inquilino era el que pagaba un canon anual por el uso de la tierra. Los pequeños arrendatarios y aparceros, a veces simultaneaban esta actividad agrícola con otras actividades como la artesanía, la ganadería o algún servicio administrativo.

El cosechero era el productor de trigo. A veces se utiliza para el productor de vino.

El criado era el servidor de un agricultor que hacía todo tipo de labores del campo, y tenía contrato anual o más largo. No era el servidor doméstico, trabajo desempañado por las criadas y domésticos.

El peón era similar al criado, pero con contratos cortos, y más parecido al jornalero que se contrataba por un día.

El jornalero era la persona que se contrataba por un día, al cabo del cual recibía su salario o jornal. Los jornaleros eran muchos en todas partes, pero sobre todo en el sur de España, Andalucía y Extremadura, y también en Castilla la Mancha.

Los sembradores o plantadores, segadores, escardadores, vendimiadores, eran peones que se contrataban por la temporada propia de su especialidad, unos días.

Dentro de estas profesiones especializadas, destacaba la de labrador. El labrador era el que poseía una o varias parejas de tiro de labranza (yunta de bueyes o pareja de mulas o de burros) y sus aperos correspondientes. Se pagaba muy bien su trabajo y tenía una posición económica holgada y los podemos considerar un nivel alto dentro de la sociedad rural. Se utiliza tanto para el que alquilaba su trabajo y su pareja de animales y arado, como para el propietario de tierra dueño de una pareja de animales y el arado correspondiente. Los labradores ricos podían tener una serie de trabajadores dependientes de ellos: sirvientes, mozos, domésticos y criados. Su alto nivel le permitiría comprar tierras. Desconozco cuándo se identificó labrador con propietario de fincas y es un tema en el que debo profundizar más.

Los espigadores eran una subclase que aprovechaba los rastrojos después de la siega y antes de que entrase el ganado, para recoger espigas caídas. Se entendía que eran indigentes o muy pobres, mujeres y niños. Molestaban a los ganaderos, pues si espigaban demasiado no quedaba comida para los animales.

 

Los grandes propietarios de fincas de los pueblos vivían al margen de la vida local, encerrados en sus palacios y caserones, cazando y pescando en sus fincas, y vigilando el cobro de sus rentas.

Los grandes propietarios, podían ser absentistas, vivir de rentas dentro del propio pueblo, poner tierras en renta o en aparcería, cultivar mediante criados y jornaleros… en fin, las situaciones eran muy diversas.

A lo largo del siglo XVIII surgieron importantes propietarios de tierras que no eran ni nobleza ni clero, sino de origen burgués. En eso radicaba en parte la crisis social y económica del XVIII.

En resumen, los excedentes del campo iban a parar a manos de gentes no cultivadoras del mismo, tales como los señores (a través de los derechos señoriales), la Iglesia que cobraba sus diezmos, primicias y casuales, los propietarios que percibían arrendamientos, y los medianeros que contrataban jornaleros y subarrendaban para trabajar las tierras que habían tomado en arrendamiento.

 

El propietario medio, o acomodado, tiene poca literatura histórica, o no la he encontrado.

El caso socialmente más favorable es el del campesino con plena propiedad sobre sus tierras, no sometido a señorío territorial ni jurisdiccional de ningún tipo. Este caso se daba en el norte de España (País Vasco y Cantabria) aunque no era frecuente, y era muy raro en el resto del país. De 22.000 pueblos que se calcula que tenía España en el XVIII, 12.000 eran de señorío: 10.000 nobiliario, y 2.200 eclesiástico.

Lo corriente es que el campesino compartiera la cosecha con su señor, pero la dependencia de señorío es distinta para cada familia y sólo cada uno sabe la cantidad que le debe a su señor según sus propios compromisos adquiridos históricamente.

 

Los pequeños propietarios, pelentrines andaluces (pelantrines en diccionario de la RAE), labrantines manchegos, masones catalanes, podían tener diferentes niveles de vida, desde el que era capaz de alimentar a la familia, al que su labor no les permite sino sobrevivir sino a costa de trabajos complementarios.

Los que iban siendo expulsados del sistema a medida que los precios bajaban, debían complementar sus ingresos en jornales agrícolas, ganaderos, industriales o de la construcción, o tomar muevas parcelas en arrendamiento o aparcería con la esperanza de salir adelante.

Se calcula que los aparceros pobres y pequeños propietarios pobres serían unos 900.000.

 

Los arrendatarios se podían encontrar en circunstancias económicas muy diferentes, desde el medianero que subarrendaba, al pequeño arrendatario que apenas ganaba para sobrevivir.

Se calcula que los arrendatarios serían unos 507.000 en el conjunto español.

 

Los jornaleros, peones, criados, etc. estaban condenados a la miseria, pues sus salarios crecerían muy poco, muy por debajo de la inflación.

Los jornaleros cobraban en el XVIII unos 2,5 reales por día, pero los días de trabajo en el campo, descontadas fiestas y días de temporal o de imposibilidad de trabajar por calor y sequía, eran unos 120 al año, y si no trabajaban, tampoco cobraban. En Galicia los jornales eran de lo más bajo, unos dos reales por día, y en Cataluña de lo más alto, unos 3,2 reales por día. La situación de Cataluña se debe a que tenía demanda laboral en la artesanía y el comercio, y los altos jornales de estas actividades, y la escasez de mano de obra consiguiente en el campo, influía al alza en los jornales del campo.

Los jornaleros del campo español serían 1.000.000. Entre el 50 y el 75% de los campesinos eran jornaleros, más en Andalucía occidental y Extremadura, y un poco menos en Madrid, Toledo, La Mancha, Murcia, Granada, Baleares y Canarias.

 

 

 

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.

 

Los propietarios de la tierra pueden ser englobados en cinco grupos: la nobleza, los municipios, la Iglesia, la Corona y los pequeños propietarios.

 

La nobleza era el grupo de propietarios más importante: Unas 1.323 familias que poseían 16.940.000 hectáreas de terreno, y otros 390.000 hidalgos que poseían 9.160.000 hectáreas. Además de estas posesiones territoriales, poseían los señoríos legos a los cuales estaban sometidos 17 ciudades y un tercio de los pueblos de España. En los señoríos, el señor nombraba jueces y autoridades locales, poseía alguno de los monopolios de molino, horno, lagar, caza y pesca, y cobraba unos tributos señoriales pagaderos en especie y en dinero. En la Edad Media se había instituido el mayorazgo (substitutio francesa, strict settlement británico, fideikommisz alemán), pero sólo lo podía autorizar el rey y sólo para la nobleza, pero en las Leyes de Toro de 1505 se convirtió en institución de derecho común, y cualquier persona jurídica, con una renta anual no muy grande, podía instituirlo, de modo que Santander, País Vasco y Navarra organizaron la casi totalidad de sus bienes en mayorazgos que incluían, no sólo los bienes raíces, sino también los muebles, alhajas, censos (pagos de arrendamientos) y juros (títulos de deuda pública) que poseían. Cada título de nobleza conllevaba la concesión, bien de unas tierras, bien de unos derechos señoriales, lo cual incrementaba constantemente lo amortizado.

En los mayorazgos de Castilla, a la muerte del señor se reconsideraba el contrato de arrendamiento de la tierra, lo cual daba a los señores ciertos derechos sobre la misma. No ocurría otro tanto en Cataluña, donde los arrendamientos se hacían viejos y los arrendatarios tenían todas las ventajas sobre el dominio eminente, pues el precio del arrendamiento se convertía en simbólico con el tiempo. En el XVIII surgió con fuerza un payés que era un privilegiado, que gozaba de rentas bajas y las defendía comunitariamente. Los campesinos catalanes no tendrán pues las mismas condiciones que el resto de España, sino una situación de privilegio a costa de los teóricamente “privilegiados”, los nobles propietarios de la tierra.

 

Los municipios eran el segundo grupo en importancia respecto a la propiedad de la tierra. Tenían más tierra que la Iglesia o que la Corona, aunque no fuera de la mejor calidad y sus rendimientos anuales fueran bajos. Provenían de concesiones reales. Se llamaban “propios” los bienes privativos del municipio, que éste explotaba arrendándolos a particulares o haciendo que se cultivaran entre todos los vecinos del municipio (lo que era más común en el norte de España). Los beneficios eran los ingresos municipales con los que el municipio hacía frente a sus pagos y prestaciones de servicios. Se llamaban “comunes” los montes y baldíos de aprovechamiento directo, personal y gratuito por los vecinos del municipio, cuyos beneficios principales eran los pastos y la leña. Su aprovechamiento estaba regulado en cada pueblo por las ordenanzas o por las costumbres.

 

La Iglesia era propietaria de muchos bienes y señor jurisdiccional de muchos pueblos. Aunque cada miembro de la Iglesia era “pobre”, porque entrega gratuitamente a la Iglesia sus servicios y muchas veces sus ganancias personales, la Iglesia era desmesuradamente rica, fenómeno percibido por muchos predicadores fundadores de sectas y organizaciones que predicaban la pobreza y desprendimiento de los bienes materiales. La Iglesia poseía 1.380.000 hectáreas de propiedades rústicas, casi siempre de la mejor calidad y situadas en los mejores lugares, y dominaba 2.592 localidades en señorío (de las cuales 1.423 estaban en Galicia). Las posesiones en propiedades urbanas, rentas hipotecarias, deuda pública y riquezas muebles no hacen al caso en este capítulo. Lo que sí es conveniente resaltar, es que los monasterios, y los edificios de las iglesias en general, se habían establecido casi siempre en terrenos muy fértiles, de mucha calidad, y la importancia productiva de este patrimonio era muy superior a la proporcional a la extensión de sus fincas. El proceso amortizador era constante, pues la Iglesia incitaba a las donaciones, sobre todo en los testamentos a cambio de misas por la salvación del alma, pero también para supuestas obras pías de paliación de los males sociales (enseñanza, sanidad, pobres, huérfanos, viudas mayores). Las tierras en manos muertas, o amortización, eran mal cultivadas, peor que las de propiedad privada.

 

La Corona como propietario rural era una institución en decadencia económica desde el principio de la Edad Moderna, pues la costumbre era la continua donación de bienes a nobles e Iglesia. En el siglo XVIII ya había donado lo mejor de sus posesiones, y sólo poseía montes yermos y llanos poco productivos, salvo en Aragón y Granada donde todavía poseía tierras de alguna calidad. En el XVIII, la Corona trató de recuperar la titularidad de sus señoríos, ocupados por nobles, Iglesia y campesinos con diversas excusas, recuperar tierras para mejorar el erario público, y ello perjudicaba a los señores y campesinos, que ya tenían bastantes problemas con las rentas bajas y subarrendamientos.

 

Los pequeños propietarios eran unos 364.514, que cultivaban unas 17.500.000 fanegas de tierra.

La fanega de tierra es la superficie en la que se sembraba una fanega de capacidad, 55,5 litros que pesaban unos 44 kilos de trigo. La fanega de tierra, o de superficie, variaba mucho según la fuerza productiva de la tierra, pues en las mejores se sembraba más apretado y en las peores más disperso. Las fanegas de tierra más grandes son las de Andalucía y Castilla la Mancha, que tienen más de 6.400 metros cuadrados (la hectárea son 10.000 metros cuadrados), las de Castilla y Granada tienen entre 3.333 metros (3 fanegas por hectárea) y 2.000 metros (5 fanegas por hectárea), y las más pequeñas son las de Valencia con sólo 833 metros cuadrados (12 fanegas por hectárea).

Los labradores estaban sometidos a tributos diversos, que no afectaban a la nobleza ni a la Iglesia, tributos al rey, tributos de señorío lego o eclesiástico, y su situación económica, al revés que el caso de nobleza y clero, era peor que la cantidad de cosecha que recolectaban.

Los gastos del campesino eran principalmente la renta, que ocupaba desde el 10 al 50% de la producción, el diezmo que era del 9 al 12%, y los impuestos al Estado que representaban un 3%.

Los beneficios oscilaban entre el 16 y el 60% de la cosecha. Los casos son muy distintos en zonas de secano, de agricultura tradicional inmovilista, que en zonas de regadío en renovación como podían ser los márgenes del Ebro, Guadiana y Guadalquivir y las huertas de Valencia y Murcia.

 

 

Los cultivos indirectos.

 

Las tierras de los ricos eran cultivadas por terceros, por arrendatarios, por aparceros o por jornaleros.

 

Los arrendatarios eran de distinta condición, pues los había de arrendamientos a largo plazo, lo cual daba lugar a rentas generalmente bajas, y con posibilidad de hacer mejoras en la finca puesto que se preveía una estancia larga del arrendatario. Había arrendamientos a corto plazo que sufrían subidas de la renta cada poco y no solían hacer mejoras a una finca que podían perder en pocos años. La renta de la tierra se llamaba censo.

Es de destacar el censo enfitéutico catalán o masovería, pues era de duración indefinida, del cual estaban excluidas las viñas, cuya duración del arrendamiento era a rabassa morta, lo cual significa unos 16 ó 18 años, que es lo que vive la cepa. El censo catalán era de lo más bajo y el campesino tenía derecho a plantar, edificar, legar, hipotecar y vender su derecho de arrendamiento (aunque en el caso de venta debía abonar al propietario el laudemio). Valencia, Navarra, País Vasco y La Rioja, así como el norte de Aragón, tenían arrendamientos a largo plazo.

Otro arrendamiento a largo plazo es el de Galicia y Asturias, donde la tierra solía ser de monasterios o de mayorazgos no muy extensos, donde se arrendaba por tres generaciones, es decir, unos 75 años, con derecho a lagar, pero en la práctica se heredaba y el arrendamiento continuaba a perpetuidad. En Galicia este arrendamiento se llamaba foro, y el arrendatario o forero se comprometía a conservar la finca, mejorarla y devolverla al final del contrato. En 1744, Felipe V permitió dar fin a los foros, lo que suponía subir las rentas, y muchos campesinos fueron desahuciados. En 1763, el Consejo de Castilla suspendió los desahucios, prohibiendo el aumento de la renta hasta nueva decisión del rey, y esto significó una distorsión muy grande del fenómeno forero: las rentas no subieron en los siguientes cien años y se quedaron muy pequeñas, dando lugar a que muchos foreros subarrendaran, también a perpetuidad, y así hasta tercero y cuarto subarrendamiento, y excepcionalmente un quinto. Al subdividir las fincas entre los herederos de las mismas, el lío legal de quién era el arrendador y de qué foreros era muy grande, lo que también se utilizaba para no pagar el foro.

En Castilla dominaba el pequeño arrendatario con arrendamiento a corto plazo.

 

La aparcería era un tipo de arrendamiento en el que la renta se pagaba en especie y había dos maneras principales de ajustarla, por mitad (de la cosecha) si el propietario ponía la simiente y aperos, y por un tercio si los ponía el aparcero. La aparcería convivía con el arrendamiento, de modo que un mismo campesino podía tener fincas bajo los dos sistemas.

 

Los jornaleros trabajaban por un salario diario, jornal, para propietarios, arrendatarios y aparceros. El salario se pagaba en dinero, o en especie, incluyendo la comida, y algunas veces, las condiciones más penosas, trabajando sólo por la comida. En Andalucía, Extremadura, y La Mancha era frecuentes los latifundios, y lo normal era que éstos se arrendaran por partes más pequeñas, e incluso se subarrendaran, comprometiéndose el arrendatario a la explotación de la finca, lo cual hacía contratando jornaleros. Se calcula que más del 80% del trabajo agrícola de estas regiones lo hacían los jornaleros.

La mano de obra escaseaba en las zonas malas, donde se pagaba poco, pues los excedentes poblacionales emigraban hacia la periferia peninsular, las ciudades y las zonas de regadío.

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN EL XVIII.

 

Territorialmente considerada, España tenía muchas zonas agrícolas diferentes en cuanto a la propiedad:

En Galicia y Asturias predominaba el minifundio en arrendamiento o foro.

En Santander, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña había pequeños propietarios y arrendatarios.

En el Duero y el Tajo las explotaciones eran de tamaño medio y pequeño en secano.

En Andalucía y Extremadura predominaba el latifundio.

El minifundio era el factor dominante en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Huesca y Cataluña.

 

 

La cornisa cantábrica.

 

Galicia era un país de parcelas pequeñísimas, consecuencia ello de la obligación paterna de dividir la propiedad en partes iguales para que heredasen los hijos. En Galicia se vivía arrendando tierras y los arrendamientos eran considerados vitalicios y hereditarios mientras se siguiera pagando la renta.

A este tipo de arrendamientos se les conoce como “foros”. El foro se originó en unos arrendamientos que hicieron la Iglesia y la nobleza, que se quedaron anticuados, a precios demasiado bajos, lo cual permitió subaforar. El forero, si no había dividido el foro en herencia puesto que no era suyo, tenía una explotación grande que podía subarrendar a un segundo forero, y éste a un tercero, cuarto y, a veces, quinto forero. En el siglo XVII se estableció la costumbre de arrendarlos “por el reinado de tres reyes o reinas y 29 años más”, lo que era, como poco, un siglo. En el XVIII, se consideraban perpetuos. El foro era hereditario. El forero adquiría el derecho de uso y disfrute de la tierra a cambio de una renta anual. El forero arrendaba, subarrendaba la finca, vendía el foro, e incluso aforaba parcelas del foro que se convertían en subforos y así hasta tercera y cuarta aforación, y más allá en casos extraordinarios.

Las rentas forales se pagaban en especie muchas veces, y algunas en dinero. La renta en especie conllevaba la obligación de producir siempre el mismo producto. Al forero le convenía la segunda opción pues la depreciación de la moneda actuaba a su favor y eran ocasión de convertirse en absentista y rentista, es decir, subaforar y vivir sin trabajar. El caso de los foros era particularmente complicado porque los foreros habían creado todo tipo de complicaciones a fin de que el arrendamiento fuera irreversible, tales como la institución de patronatos, memorias (rentas a favor de misas y responsos por el alma de alguien), capellanías (rentas a favor de algún protegido de la familia), que eran a perpetuidad y se exhibían como derechos adquiridos frente al propietario. Para más seguridad de los foreros, éstos habían llegado a asociarse para defender sus derechos. El pago que hacía el trabajador de la tierra era alto, pero el 80-90% se quedaba en manos de los intermediarios, o medianeros, que solían ser hidalgos o burgueses. Los propietarios de la tierra luchaban por cobrar más por sus fincas, pero en 1763 se dio la razón a los foristas porque la sociedad entera vivía de este sistema especulativo y no parecía prudente eliminar las tradiciones. En 1763, Carlos III prohibió expulsar de la tierra a los arrendatarios foreros mientras éstos pagasen su renta, lo cual dio lugar a una casta de foreros que consideró como suyas las tierras y las subarrendó en nuevos foros.

Los grandes propietarios, Iglesia y nobles, intentaban actualizar las rentas, pero la Corona resolvió en favor de los foreros. En 1836, en la desamortización, se les dio la oportunidad de comprar sus foros por poco dinero y casi todos lo hicieron. Compró el primer forero al propietario o forista y, una vez comprado, se convirtió en forista de los que tenía subarrendados como siguientes foreros. El problema de los foros siguió igual. Los nuevos foristas, trataban de dominar las alcaldías y los gobiernos provinciales gallegos a fin de garantizar su propiedad y que no les hagan lo que ellos hicieron en 1836. Ello da lugar a un caciquismo muy duro. El gallego típico por lo tanto, el forero y el que ni siquiera tiene arrendado un foro, era pobre, construía sus propias herramientas, tejía y confeccionaba sus propios vestidos y no tenía oportunidad de comercializar sus productos fuera de su país. El gallego se enrolaba en barcos de pesca de empresas catalanas que se instalaron en Galicia a partir de fines del XVIII, emigraba a América, se iba todos los años a Castilla a la siega o se iba a Madrid donde el término gallego se identificaba con los camareros, aguadores, amas de cría, porteadores y criadas.

Los campesinos de Galicia tenían explotaciones medias de 1,5 – 3,5 hectáreas.

Era imposible que las escalas bajas de foreros vivieran olgadamente, pues los arrendamientos resultaban muy caros en el último escalón, lo cual era preciso para poder pagar a todo el escalafón de foreros. Por ello, Galicia completaba sus actividades laborales agrícolas en la pesca, la ganadería, cultivo de maíz y patata en huertos familiares y mediante una emigración estacional a Castilla y Andalucía, de mayo a septiembre, a ofrecerse como segadores y recolectores. Este dinero extra permitía subsistir a muchas familias durante el invierno. Y también había emigración a América, pero ésta solía ser definitiva.

Pero no sólo había foros. También en Galicia había tierra en propiedad y en arrendamiento normal y en señorío.

El gran propietario era la Iglesia, pero también la nobleza poseía mucha tierra. Apenas disponían de jornaleros. Lo común era el arrendamiento por tres generaciones (foro) al cabo de las cuales se revisaba la renta. Las rentas se pagaban en especie.

 

 

Los campesinos de Asturias y Cantabria conocieron también algunos foros, pero en el XVIII se fueron transformando en arrendamientos a medida que expiraban los plazos, y el problema caducó.

En la cornisa cantábrica, las parcelas eran pequeñas y pertenecían a muchos propietarios que tenían justo para sobrevivir, lo cual era considerado por algunos un estatus envidiable. Sólo el 25% de los campesinos eran jornaleros. Había muchos mayorazgos, conventos y colegiatas que tenían muchas posesiones, la tierra en venta escaseaba y alcanzaba altos precios, lo que llevaba a rentas altar de arrendamientos. La emigración era frecuente (los jándalos montañeses iban a Cádiz, y los indianos eran los pocos que regresaban de las Indias).

Asturias era un país con muchos arrendatarios distribuidos por todas sus montañas porque no existe el desahucio. El gran propietario vivía en Madrid de las rentas. En los valles del oeste había minifundistas como en Galicia. En la cuenca de Oviedo propietarios medios y se debería vivir bien pero había frecuentes conflictos sociales debido al carbón. Importaba trigo de León para subsistir.

Cantabria era una tierra caracterizada por las muchas propiedades de los ayuntamientos, propios y comunales y por el gran número de propietarios de fincas. Entre ellos había campesinos ricos que no habían dividido sus heredades y campesinos pobres que sí lo habían hecho. Los ricos intentaban cercar sus fincas y forzar la venta de comunales, lo cual les enfrentaba a los pobres por motivos obvios. El comercio y la industrialización de mitad de siglo XIX darán salida a muchos capitales que pondrán en venta pequeñas parcelas que se dedicarán a la ganadería a finales del XIX y principios del XX, iniciándose un minifundismo ganadero. El cántabro también emigró a Madrid, a América e incluso a Andalucía, siendo famosos los canteros cántabros para la construcción de palacios y catedrales.

 

El País Vasco se caracterizaba por propiedades de 4 ó 5 hectáreas con un caserío construido en la propiedad. La propiedad no se dividía. Heredaba cualquiera de los hijos o hijas al que sus hermanos tenían el deber de vender su parte, adquiriendo el heredero la obligación de mantener junta y en pié la propiedad familiar. La propiedad era sagrada y no existía el desahucio. Los arrendamientos eran baratos. El hombre y la mujer eran iguales ante la ley y en el trato social diario. Consideraban que lo rural era más importante que las ciudades, lugares en los que vivían “pobres hombres sin tierra”. Vivían de las vacas, maíz, trigo, patatas, explotación del bosque, pesca, navegación a Europa y metalurgia. Eran católicos, muchos de ellos integristas, y por ello creían que el Gobierno debía seguir los preceptos de la Iglesia y despreciaban y condenaban a las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio así como a sus hijos.

Los vascos, debido a sus fueros, estaban exentos de reclutamiento, de tributos exigidos por el Estado (de modo que ellos mismos fijaban sus impuestos), y de aranceles aduaneros (las aduanas estaban en la línea del Ebro). El origen de esta situación radicaba en que era un país pobre, y los vascos se negaban a pagar impuestos altos como los castellanos, porque ello significaba hambre.    La situación del campesino vasco mejoró en el XVII gracias a la difusión del cultivo del maíz. Pero era un país alimenticiamente deficitario, que debía importar de Castilla. Pagaba sus importaciones con la producción de hierro, pescado y dineros ganados en Indias. La situación cambiará significativamente a mediados del XIX.

Los campesinos en el País Vasco tenían como particularidad a principios de siglo XVIII[2], que el 60% de los campesinos tenía tierras propias y el 38% eran arrendatarios, pero la situación de igualdad social se fue deteriorando y a fines de siglo sólo el 36% eran propietarios y el 63% habían pasado a arrendatarios. El número de propietarios era el mismo, pues los vascos conservaron con devoción el patrimonio familiar, pero el aumento de la población significaba que, al no dividirse el patrimonio no había tierra en venta, y al ser los contratos de arrendamiento a largo plazo, las nuevas familias se quedaban sin explotaciones, y pasaban necesariamente a la emigración, la pesca, el ejército, la Iglesia…

La costumbre había dividido el territorio en pequeñas parcelas, cada una con una casa construida, el caserío, que explotaba simultáneamente algún labrantío, pastos y un poco de bosque, lo cual les bastaba para sobrevivir. La mayor parte de los habitantes de los caseríos no eran propietarios sino arrendatarios de un señor absentista, poseedor de varios caseríos, pero los arrendamientos eran perpetuos y las rentas se habían quedado pequeñas con el tiempo.

El conjunto del sistema daba como resultado una sociedad estable, que empezó a desestabilizarse en el XVIII con el crecimiento de la población: más población significaba necesidad de cultivos en zonas marginales, de menor productividad. Y la compra de esas tierras significaba tratar con sus propietarios, la Iglesia y los nobles, a fin de que dieran facilidades de pago.

Un sistema social especial rechazaba tanto a los nobles poderosos como a las clases marginadas (gitanos y mendigos), los cuales acababan por marcharse a Castilla. No se rechazó a la Iglesia católica.

Navarra noroccidental es geográfica y culturalmente igual al País Vasco, y Álava se parece más a Castilla y era diferente al resto del País Vasco.

 

 

 

La pequeña y media propiedad sobre tierras pobres es propia de Castilla, León, Cáceres, La Rioja, Navarra suroriental y parte de La Mancha:

Este conjunto territorial tiene una pluviometría desigual pero siempre escasa y por ello practica el monocultivo, por no tener garantías de lograr otra cosecha que no sea la del cereal. Era una región pobre que, tradicionalmente, echaba la culpa de su pobreza a causas tan poco creíbles como la despoblación de algunos territorios, el lujo, la abundancia de curas, monjas y frailes, las ovejas que lo destruían todo, los demasiados estudiantes que vivían sin trabajar, el absentismo de los grandes propietarios y los muchos impuestos. Esta es su propia opinión sobre el tema. Nosotros creemos que hubo causas más profundas: Hubo un abuso en las rentas, llevado a cabo por propietarios no tan ricos. Hubo una sobrecarga de impuestos, no tanto de lo que se entiende comúnmente por ello, sino las añadiduras del diezmo y del “tributo de sangre” (mozos para el ejército). Los ganaderos ricos eran escasos y no tan ricos como lo que percibía el pueblo, aunque había excepciones obvias.

La mayor parte de los pueblos de estos territorios estaba formada por agricultores pobres y ganaderos pobres. Los agricultores eran más numerosos que los ganaderos y trataban de dominar los ayuntamientos a fin de restringir los derechos y privilegios de los ganaderos, como el paso de ganado, pasto en determinadas zonas, derrota de mieses y arrendamientos de propios y comunales. Una vez abolida la Mesta en 1839, la lucha agricultor-ganadero se hizo en cada pueblo, de donde resultaba que si un grupo pertenecía a un partido, el otro grupo se apuntaba a la oposición, independientemente de cuáles sean los partidos y sin ninguna lógica a nivel nacional. Es decir, los pueblos podían votar a cualquier partido en cualquier momento si ello favorecía sus intereses dentro del pueblo, pero siempre había unos votos para uno de los partidos nacionales en oposición.

Los campesinos en el valle del Duero vivían diversas circunstancias: predominaban las pequeñas parcelas en propiedad en el norte, los arrendatarios en el centro, y la gran propiedad en el sur.

Castilla es una tierra pobre, muchas veces estéril, y estaba en propiedad de señores absentistas que ponían “mayordomos” o “medianeros” a explotar sus tierras, unas veces por arrendamiento y otras mediante jornaleros. Los arrendamientos eran a corto plazo, unos nueve o diez años, a fin de subir las rentas cuando parecía conveniente. Resultaban caros porque subían cada poco tiempo.

El campesino de la meseta padecía la división de la propiedad por la herencia, de forma que había llegado a dimensiones insuficientes para alimentar a su familia, y seguían disminuyendo a cada generación. Gran número de campesinos eran propietarios, más del 50% de la tierra, pero un 22% de la misma pertenecía a la Iglesia y un 22% a absentistas (nobles y burgueses) que la arrendaban directamente o mediante medianeros. Apenas había enfiteusis o arrendamientos a tiempo indefinido, ni foros o arrendamientos a muy largo plazo. El problema político de la tierra castellana era si había que respetar las viejas rentas o había libertad para que arrendador subiese las rentas, porque estaba socialmente mal visto que el arrendador expulsase a su arrendatario. En 1813 se obtuvo la libertad para rescindir contratos, lo cual dio a los propietarios plena libertad para arrendar.

Entre el 25 y el 50% de los campesinos eran jornaleros, excepto en las provincias de Toro y Palencia, cuyo número se elevaba incluso hasta el 75%.

Eran frecuentes los comunales, y ello ayudaba a la subsistencia de las familias pobres, con algo de leña y la posibilidad de tener una o varias cabras, ovejas e incluso alguna vaca en los comunales.

Una de las rémoras con peor remedio de Castilla la Vieja era el monocultivo cerealístico, de trigo y cebada y centeno, según calidades de la tierra, pues en los años malos se padecía hambre dado que era imposible adquirir cereales por los altos costes del transporte, y en los años buenos era imposible vender pues todos tenían la misma buena cosecha. Las malas comunicaciones hacían imposible el comercio de cereales a larga distancia, por el incremento de costes que ello suponía.

La Iglesia católica, como cualquier señor de su tiempo, expulsaba de la tierra a los arrendatarios que no pagaban sus rentas, y dejaba por doquier familias abandonadas, a las que luego la parroquia cristiana ayudaba mediante la caridad.

La ganadería castellana era rica, pero estaba concentrada en pocos propietarios: el duque del Infantado tenía 36.000 cabezas de ovino, el duque de Alburquerque poseía 26.000 cabezas, el duque de Béjar unas 18.000, y la Iglesia católica un número inmenso del que no tenemos cifras. Los pequeños propietarios de ovejas tenían entre 100 y 200 animales.

 

En Navarra, entre un 25 y un 50% de los campesinos eran jornaleros.

 

Entre los campesinos de Extremadura, predominaban los jornaleros. En Extremadura predominaba la propiedad en manos de unos pocos señores con muchas y grandes posesiones (el estereotipo era que cuatro o cinco tenían casi todo lo de un pueblo). Junto a ellos, vivían unos pocos pequeños agricultores con propiedades y explotaciones pequeñas. Todos los propietarios utilizaban jornaleros en alguna circunstancia, puntual o sistemáticamente. Había muchos pastizales propiedad de la Mesta, y escasez de propios y baldíos. Los señores practicaban el absentismo, viviendo en Madrid. Todos ellos estaban unidos frente a la Mesta, pues los ganaderos querían tierras de pastos y pasos de ganado, y los campesinos querían roturar y se apropiaban de espacios comunales en cuanto podían. Un truco para cultivar terrenos de baja calidad y evitar el paso de ganados era plantar viñas, las cuales se podían cercar, y molestaban mucho a los ganaderos.

En el siglo XVIII, los agricultores extremeños consiguieron disponer de los comunales para roturarlos, la Mesta protestó y en 1796 se llegó a un acuerdo determinando qué tierras eran susceptibles de roturación y cuáles debían seguir produciendo pastos.

Donde no estaba la Mesta había ganaderos particulares con los mismos problemas. La renta de la tierra era cara porque la tierra en venta era escasa, a pesar de que la tierra disponible fuera tan abundante como extensa es Extremadura. La mano de obra era cada vez más barata. Una calamidad endémica en Extremadura eran las guerras con Portugal, en las que los soldados de uno u otro país arrasaban la tierra.

 

 

El latifundio era la característica predominante en Andalucía, Badajoz, Ciudad Real y Albacete:

Los cultivos de esta zona respondían a la más típica trilogía mediterránea de trigo y cebada en primavera, olivos en invierno, vid en otoño, a lo que añadían algunos montes bajos dedicados a la cría de toros bravos.

Lo típico en Andalucía era el “cortijo”. El cortijo es una casa de grandes dimensiones, disociada en torno a un patio, abierto o cerrado, en la que viven los empleados permanentes del latifundio y hay algunas habitaciones para cuando viene el amo. Además de los empleados permanentes, el latifundio necesita jornaleros para ayudar cuando aprieta el trabajo, jornaleros a los que uno de los empleados permanentes contrataba cada día, a veces por la comida o poco más, y siempre con los salarios más bajos de España, un 50% más bajos. Los demandantes de jornal eran muchos, pues eran zonas de altísima natalidad y no había trabajo para todos. El paro real del siglo XVIII lo calculamos hoy en un 40-50% habitual, con épocas de mucho más paro, y estaciones mejores que coincidían con la recogida de las cosechas, los años en que había cosecha.

Había bandolerismo de caminos y delincuencia urbana como medios para sobrevivir y un cierto proteccionismo popular hacia estas acciones ilegales.

La Ilustración consideró que el latifundio era una injusticia social y ya en el XVIII intentó repartir tierras cosechando fracaso tras fracaso. El problema del latifundio es mucho más complejo de lo que pueda parecer a primera vista: Se trata de tierras no siempre de buena calidad y amenazadas siempre por la sequía. El advenimiento de tres o cuatro años secos, cosa que ocurre una o dos veces por década, elimina al pequeño cultivador. En estas condiciones el pequeño cultivador prefiere vender la tierra, que ya no le sirve para nada, una vez que se ha deshecho de animales, sembradura y aperos para ir comiendo. Y las tierras de los pequeños tienden a volver a manos del latifundista. La solución de repartir la tierra es inútil. La solución de que el Estado mantenga a los labradores es inviable. Ambas falsas soluciones han sido predicadas durante siglos por muchos redentoristas del sur. Para sobrevivir hay que tener algún capital y no ser un empresario demasiado pequeño.

Esta condición especial de latifundio, ha hecho que incluso los conceptos del habla campesina sean distintos en el sur: Allí llamaban labradores a los arrendadores de algunas tierras del latifundio que subarrendaban a otros más pequeños o pelentrines. Al propietario se le denominaba el señorito. Los pelentrines recurrían sistemáticamente a los “labradores” (medianeros castellanos) en las épocas de sequía y éstos les ayudaban dejándoles utilizar las tierras marginales que normalmente no arrendaban, y también prestándoles semilla. Estos favores eran pagados políticamente, de modo que los “labradores” siempre dominaban los ayuntamientos y, desde allí, y con la amenaza de dar, o no, jornal a los jornaleros del pueblo.

 

En Castilla La Mancha había tendencia a la gran propiedad trabajada mediante jornaleros, y destacaba la presencia de las Órdenes Militares, las cuales dieron al campesino un trato bastante mejor que los señores de Andalucía y Extremadura. Sus recursos económicos eran las ovejas, mulos, cereales y vides.

La mesta era todopoderosa en el XVIII.

La expansión demográfica del XVIII llevaba a cultivar más tierras y ello significaba menos pastos para la Mesta.

En la segunda mitad del siglo XVIII se alcanzaron los límites de la explotación agrícola y ganadera, y el conflicto no tuvo más salida que la emigración.

 

 

El campesino andaluz padecía la situación más desfavorable de todas las regiones españolas pues en su mayor parte era arrendatario a corto plazo, subarrendatario, o jornalero de un latifundista. En Andalucía occidental se padecía con mayor rigor el mal del latifundismo, pues un 3% de los propietarios poseía el 50 – 60% de la tierra cultivable. El propietario era absentista.

El gran propietario arrendaba grandes lotes que el arrendatario medianero (denominado en la zona labrador) trabajaba mediante jornaleros, pero subarrendaba las tierras más alejadas del pueblo o del cortijo, o las menos productivas, a campesinos que tenían algún animal de trabajo y algún apero de labranza, llamados pelantrines o pelentrines en Andalucía y labrantines en otras regiones próximas a Andalucía.

56 propietarios (entre los que estaban el duque de Medinaceli, el duque de Osma y el duque de Arcos) poseían 800.000 fanegas de tierra (unas 300.000 hectáreas).

En el XVIII, 563 propietarios, el 0,17% de la población poseía el 13,5% de la tierra y obtenía el 14,3% del producto agrícola bruto.

Los propietarios no absentistas y los grandes arrendadores o medianeros, dominaban los cargos municipales, y ello les permitía adueñarse en uso de propios, baldíos y comunales e incluso arrendarlos en su beneficio particular.

Los arrendamientos eran a corto plazo, de modo que las rentas subían sistemáticamente y resultaban altas. Los subarriendos eran a más corto plazo y así las rentas resultaban elevadas y los rendimientos del rentero de los más bajos de España. Jaén, Córdoba y Sevilla tenían el más alto número de jornaleros, por encima del 75%. Los arrendatarios no solían hacer mejoras en la tierra, porque ello significaba subida de rentas en el contrato siguiente. La tierra era cara. Los pelantrines eran pequeños propietarios con una o dos yuntas, demasiada capacidad de trabajo para la poca propiedad que tenían, así que trabajaban lo suyo y arrendaban otras tierras.

Los braceros o jornaleros eran la clave de funcionamiento del sistema, pues era una mano de obra muy barata que permitía la explotación en subarriendo con ganancias para todos los propietarios, labradores y pelentrines. Los jornaleros eran muchos. La excelente condición climática obraba en contra del jornalero andaluz en una paradoja explicable: Andalucía podía producir cereales en mayo, uvas en septiembre, naranjas en noviembre, olivas en diciembre, brevas en mayo, higos en septiembre… Con esa regularidad de cosechas, los jornaleros podían sobrevivir con muy bajos jornales, lo cual era aprovechado por los latifundistas para imponer jornales bajísimos, lo que daba como resultado altas ganancias para la exportación, y mercado interno muy reducido, pero muy selecto, pues los ricos lo eran en cantidad y podían darse todo tipo de lujos.

Los campesinos con medios suficientes para su sustento, y algo más, que poseían tierras y una o varias yuntas de bueyes o parejas de mulas (los bueyes se tenían allí donde había hierba, y las mulas donde escaseaba la yerba pero podían alimentarse con grano, cebada, centeno y paja generalmente), eran denominados labradores. Entre ellos, había simples labradores que apenas tenían más que la pareja de animales y el arado, y los llamados labradores ricos, que tenían tierra abundante y cuyo símbolo social de riqueza era poseer uno o varios mozos y criados (contratados por todo el año en una festividad determinada). Es de resaltar que los labradores ricos eran muy pocos en cada pueblo y los labradores sin criados algunos más, pero también muy pocos.

Los campesinos con escasos medios, pocas tierras y falta de animales, eran denominados labrantines, pelantrines o pelentrines según las zonas del sur peninsular. El labrantín o pelentrín debía completar sus ingresos como podía, tomando tierras en aparcería, dedicándose a la artesanía, contratándose como jornalero, en la emigración temporal para las recogidas de las cosechas (mayo es la siega en Andalucía, junio es la siega en Castilla, septiembre es la vendimia, y diciembre es la recogida de la aceituna) o en la venta ambulante en el mismo pueblo o por los pueblos de la comarca.

Las leyes del XVIII repartieron tierra, principalmente entre los pelantrines, pero ello no sirvió apenas de nada, pues era tierra de muy mala calidad, que acabó en manos de los dominantes en cada pueblo cuando los pelentrines no pudieron continuar con su explotación.

La situación general del campesino iba empeorando a lo largo del XVIII porque los señores abusaban de su situación de privilegio y ocupaban tierras comunales y tierras baldías, incorporándolas al señorío y quitando con ello al campesino algunos ingresos (cría de una cabra, o una vaca, o un par de ovejas) y sometiéndole a nuevos pagos por el uso de esos comunales y baldíos. El campesino pasaba hambre y frío, hambre porque apenas disponía para comer de un poco de pan negro (de cebada y centeno y sin quitar el salvado muchas veces) y algunas legumbres (garbanzos, habas, judías, lentejas), siempre en pequeña cantidad. Una situación que dañaba mucho la hacienda familiar del campesino era la “luctuosa” o costumbre a la muerte del campesino titular, pues el mejor animal de su cuadra debía ser entregado al señor, lo que perjudicaba al capital del campesino y a los medios de trabajo, por lo que se intentó cambiar a un pago en dinero, que molestaba menos.

 

 

La huerta caracterizaba a las zonas mediterráneas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia:

En estas regiones hay un interior seco, frío y de suelos miserables y unas zonas de regadío muy feraces. El interior pobre y católico solía dar muchos soldados a los ejércitos carlistas.

Aragón, zona interior, pertenece casi todo él a la primera zona, sobre todo el Alto Aragón montañoso, tanto Huesca como Teruel, donde lo predominante son los rebaños trashumantes. El Bajo Aragón, casi todo en la provincia de Zaragoza, combina el secano de trigo y vid y los regadíos a los lados de los ríos y del Canal Imperial. Una especificidad de Aragón es la costumbre de la jornada de 8 horas, que permite a los pequeños propietarios una segunda jornada en tierras propias.

Cataluña tiene también un interior pobre que sufrió una gran emigración desde que las ciudades próximas a la costa se industrializaron. Pero lo que más nos interesa de Cataluña son sus zonas medias, cultivables y las zonas industrializadas. En las zonas medias se cultivaban el trigo, vid, olivo y frutas y verduras, aprovechando incluso los muy abundantes montes con bancales o terrazas, de donde salió el dicho “los catalanes, de las piedras hacen panes”. En medio de su explotación familiar agrícola, que heredaba una sola persona, hereu o pubilla, tenían su casa que llamaban torre en el norte, y masía en el sur y en todo Aragón. Las tierras marginales o del monte solían pertenecer a latifundistas que las arrendaban a los payeses o campesinos. El tiempo de arrendamiento se había fijado históricamente en la “rabassa morta”, es decir hasta que la cepa de la vid muriese, de donde a estos arrendatarios se les llamaba también rabassaires.

En los alrededores de Barcelona había surgido a lo largo del XIX toda una serie de huertas para abastecer a los obreros.

Valencia y Murcia reproducían el mismo esquema catalano aragonés pero en una franja de terreno estrechísima, lo que es el este de la Ibérica. Las partes altas son montes secos y fríos donde se cultiva el trigo, leguminosas y olivo, o pan, alubias y aceite como dicen ellos. Lo característico de estas regiones es la riqueza de su “huerta” o zona baja susceptible de regadío. Los regadíos en esta zona existían en tiempo de los romanos, tenemos todavía algún pantano y acequias árabes y siempre han trabajado por ampliar el regadío. Tienen unos sistemas tradicionales de reparto del agua, muy organizados y meticulosos, que guardan con una disciplina admirable. Se trata de regiones con mucha densidad de población, que tienen dividido el terreno en minifundios pequeñísimos. El rendimiento de las fincas era altísimo, pero la capitalización no podía ser muy alta y la productividad dejaba bastante que desear. Además de la naranja, fruto emblemático de la zona, cultivan vid, arroz y muchísimas verduras.

 

El campesino catalán disfrutaba de una situación relativamente favorable porque la institución del hereu mantenía indivisa la finca familiar, la masía, y no empobrecía a futuras generaciones. La consecuencia principal de este fenómeno era que la mayoría de las explotaciones agrarias eran gestionadas directamente por el propietario, y también que el tamaño de las explotaciones no se iba empequeñeciendo con las particiones por herencias. La masía era una propiedad no pequeña dotada de una vivienda rural, capaz para el propietario y los animales. El propietario cultivaba la masía mediante un arrendador enfitéutico, o mediante jornaleros. El hereu debía entregar algún dinero a los segundones, pero éstos debían marcharse y buscarse la vida en otra parte, el ejército, el comercio, la artesanía u otros servicios. Además, tanto el propietario como el arrendatario se benefician del derecho de poder comprar, vender y cultivar sin necesidad de permiso de su señor.

El arrendatario tenía a menudo un contrato enfitéutico, de duración perpetua, sin límite de tiempo, y sin posibilidades de modificación ni aumento caprichoso, por lo que no puede ser expulsado de la tierra, y la tierra arrendada podía ser heredada e incluso vendida, con la carga de pagar la renta. Por este contrato, el señor recibía una cantidad fija de la cosecha, cantidad que no podía modificar a su antojo cada año. Los jornaleros eran muy pocos.

La explosión demográfica del XVIII empujó a explotar suelos marginales, suelos aluviales, límites de bosques y zonas de montaña, tierras malas en las que el único cultivo posible era la vid. Estos terrenos malos, que pertenecían a la nobleza y la Iglesia, fueron obtenidos por los campesinos en arrendamiento a largo plazo. El campesino trataba de hacer viable su explotación abriendo pozos, los cuales le permitían sembrar patatas y maíz. La exportación masiva de aguardiente a América y a Inglaterra, significó una excelente oportunidad para estos nuevos campesinos, aunque mejor para los comerciantes que compraban barato y lo exportaban a altos precios.

La mayor transformación agraria de Cataluña en el XVIII consistió en plantar viñas en tierras malas, las cuales se arrendaban al plazo de “rabassa morta” que se consideraba terminado cuando dos tercios de las cepas morían, lo cual viene a ser unos 18 años. Los arrendatarios de viñas consideraron que este plazo era demasiado corto, e inventaron cláusulas anejas al contrato, colgats y capficats, que alargaban el tiempo de contrato. En 1765 fueron prohibidos los colgats, y más tarde se limitó la duración del contrato a 50 años, lo que nos indica que los arrendatarios habían logrado contratos de larga duración con la práctica de los colgats. Los rabasaires, en 1765 se quejaron al rey, por la limitación. En el interior del país, tierra más fría, se cultivó cereal y ello daba lugar a una densidad de población muy baja, pues los recursos eran pocos. A partir de 1765 subieron los precios de los arrendamientos. En 1778-1788 hubo una crisis vitícola y los rabasaires se empobrecieron.

Las pequeñas explotaciones practicaban la masovería, o arrendamiento a corto plazo con partición de frutos. La masovería era similar a la aparcería, pero la masovería se diferencia de la aparcería en que el cultivador hacía frente al fisco y además tenía obligación de mejorar la finca, y en que tenía derecho a vivir sobre la finca. El contrato de masovería se rescindía cuando una de las partes avisaba con un año de antelación.

La zona de la costa, de clima más suave, progresó más que el interior, pues se benefició de unos precios altos, suficientes para el cultivo de las fincas de mala calidad.

En el final de siglo, la expansión demográfica hizo inviable la autosuficiencia agrícola, y acabaron importando trigo de Norteamérica y Sicilia y del Norte de África, que se comercializaba desde Barcelona, ciudad que imponía sus condiciones al resto de Cataluña.

 

El campesino de Aragón estuvo muy condicionado por el pasado morisco. La expulsión de los moriscos en 1609 no supuso ninguna ventaja para el agricultor cristiano que le sustituyó, porque se mantuvieron las mismas cargas jurídicas y económicas para los nuevos repobladores. Las riberas del Ebro estaban en manos de latifundistas, señores y prelados, que arrendaban fincas, y el resto del campo, bien era de regadío y se cultivaba, o era de secano y se dedicaba a viña. Otras muchas zonas aragonesas son desiertos. Se habían eliminado los pastos y comunales que habían sido el apoyo de los campesinos pobres. La demanda de nueva propiedad no tenía sentido, pues las nuevas tierras eran muy malas y secas, sin posibilidad alguna. La mejora agrícola que se produjo en Aragón en el XVIII, se dio en el regadío y consistió en la introducción del maíz. La margen derecha del Ebro, el sur, era la de tierras buenas, y estaba en manos de latifundistas. El norte, desértico, o montañoso, según zonas, estaba en manos de pequeños propietarios.

Los grandes propietarios, además de poseer mucha tierra, tenían el privilegio de poder nombrar funcionarios del Estado, y solían ser los que tenían arrendados los cobros de impuestos, lo que significaba fortunas inmensas.

Entre el 25 y el 50% de los campesinos eran jornaleros.

 

Los campesinos de Valencia estaban sometidos a unos señoríos que les exigían unas rentas altísimas que iban desde la sexta parte las más baratas, hasta la tercera parte algunas. El excelente clima y productividad de la tierra actuaba a favor de los señores. Valencia producía trigo, maíz, cebada, cítricos, vinos, aceitunas, pepinos, pimientos, judías, arroz…

El 6% de la población monopolizaba la propiedad de la tierra. Lo normal era el arrendamiento a corto plazo para poder subir periódicamente la renta. Con rentas altas, la burguesía se decidió a invertir en fincas.

Entre el 25 y el 50% de los campesinos eran jornaleros

Lo característico del XVIII fue un alto crecimiento demográfico. Valencia había sufrido mucho con la expulsión de los moriscos en 1609-1618, y a principios del XVIII todavía no había recuperado el número de habitantes, ni repoblado todos los campos abandonados por los moriscos. La inmigración se hacía difícil porque los propietarios querían aprovechar para imponer rentas altas, y como eran nobles con recursos suficientes, no tenían prisa en arrendar. Los señores, al igual que en Aragón, se habían apropiado de los comunales, y la vida del campesino era difícil. Signo de ello fue la revuelta de los campesinos en Alcoy a fines del XVII. La Guerra de Sucesión en 1700-1714 se planteó como una guerra civil de carácter social. Predominaba la pequeña y media propiedad, pero en alguna zona interior había gran propiedad trabajada por jornaleros, y en el caso de Orihuela en enfiteusis. Lo más frecuente era el arrendamiento a corto plazo. Una singularidad valenciana era que los propietarios solían ser comerciantes.

Y en el XVIII llegaron las reformas agrícolas a Valencia, los regadíos, y con ellas hubo crecimiento poblacional: se introdujo el cultivo del arroz drenando marismas, se multiplicaron los regadíos, sobre todo desecando y poniendo en cultivo La Albufera, se plantó la huerta valenciana con frutales, se multiplicó la morera, lino, cáñamo, maíz y judías, y en el secano, sobre todo en La Plana de Castellón se intensificó el cultivo del trigo, cebada, cáñamo, legumbres, olivos, moreras y algarrobos, además de vid y olivo. En Valencia abundaba el arrendatario, pues aunque las rentas no paraban de subir, las buenas perspectivas de cosecha empezaron a hacer posible pagarlas y se encontraron voluntarios para trabajar en arrendamiento. No fue lo mismo en el interior, en el secano, donde la productividad no era buena, y los campos se quedaron vacíos y se depauperaban progresivamente.

 

Entre los campesinos de Murcia, predominaba la enfiteusis o contrato a muy largo plazo. También había arrendamientos en dinero, a plazo medio y corto. Y ya era zona de latifundios, pues era zona de reconquista tardía.

 

 

 

LOS POBRES DE ZONAS RURALES.

 

La población excedentaria en el campo era mucha, y tenía difíciles salidas, como vivir de la caridad de los vecinos (pobres de solemnidad), emigrar, o consumirse hasta la muerte por inanición. Esta calamitosa contingencia mejoró mucho en el XVIII por difusión del cultivo del maíz en Galicia, cornisa cantábrica, Navarra y Aragón, pues era un cultivo de verano complementario, con gran aporte alimenticio (pan de borona), y que servía también para alimentar ganado, lo cual proporcionaba un poco de leche y, eventualmente, carne. Hubo más comida, y menos población excedentaria.

Los muy pequeños propietarios, pequeños los arrendatarios y pequeños aparceros, los jornaleros en general, eran gentes pobres. Entre ellos debemos distinguir los que podían complementar sus ingresos con una actividad secundaria, porque dominaban una técnica determinada y tenían la edad necesaria para doblar el trabajo, tales como hilado de seda, hiladores a rueca, ganadería, pastoreo, conductores de ganado, jornaleros de pastor, jornaleros braceros del campo…, y los que apenas disponen de jornales para completar sus necesidades familiares.

La existencia de tierra para todos en los pueblos, aunque fueran minifundios en precario y la solidaridad de las parroquias con sus pobres, eliminaba la pobreza extrema, y ello cambiaba las condiciones generales de trabajo retribuido.

Calculamos que se necesitaban unos 3 reales diarios para subsistir, aunque podían ser obtenidos entre los varios componentes de familia juntando sus ingresos.

Las catástrofes naturales eran económicamente insuperables, porque la falta de articulación de mercados no permitía transportar alimentos a precios razonables de una región a otra.

En estas condiciones de miseria, muchas gentes rurales, campesinos, ganaderos y artesanos, abandonaron el trabajo, y se convirtieron en vagos y vagabundos, cuya condición era muchas veces preferible a la tenida por ortodoxa. Ser borracho, estafador, salteador de caminos, asaltante urbano, prostituta, no era la peor de las situaciones sociales.

Y la caridad indiscriminada, la sopa boba, mantenía a estos grupos sociales marginales en la marginación.

 

Los pobres eran de muchas categorías diferentes. Un caso de pobreza era el desposeído, el arruinado, y ello no era deshonroso. La pobreza legítima era reconocida por las autoridades y protegida por los convecinos. Otra cosa era la pobreza por vicios, como la embriaguez, la ociosidad voluntaria, o la mala vida.

El pobre legítimo tenía derecho a la ayuda social que le prestaban sus paisanos, los empresarios o el Estado por caridad. La ayuda social había que pedirla, y no era un derecho, sino una concesión graciosa de los empresarios. Pero la gente no tenía problemas para pedir, no era vergonzante. Los empresarios y el Estado daban ayudas a jubilados, enfermos, viudas, huérfanos, limosnas para pagar una deuda concreta, gratificaciones… según la personalidad de cada empresario, pero teniendo en cuenta, a su juicio, la necesidad personal de cada solicitante. Lo normal es que las ayudas se otorgasen por una sola vez, pero había casos de ayudas vitalicias, y alguna se hizo hereditaria. En general, las ayudas eran generosas y abundantes. A finales del XVIII, el Estado entró en quiebra técnica, y restringió las ayudas.

El pobre legítimo podía ser ocasional, que pasaba una racha mala, pero con capacidad para recuperarse, o permanente, sin posibilidad de salida de ese estado de necesidad. En ambos casos, el pobre podía ser “pobre de solemnidad”, es decir, estar condicionado por una circunstancia natural, como era el caso de viudas, huérfanos, ancianos y enfermos; podía ser “pobre vergonzante” o persona venida a menos, que trataba de ocultar su estado de pobreza.

El pobre legítimo tenía derecho a hospicio, casa de misericordia, diputaciones de caridad (pagadas con fondos públicos y muy similares a las de la Iglesia). En las casas de expósitos se enseñaba a leer y un oficio. En 1794 se ordenó que hubiera una casa de expósitos pro diócesis, y que la controlara el obispo.

La “pobreza inmoral” es decir, el conjunto de vagos, malentretenidos y maleantes, rateras y prostitutas, era socialmente rechazada.

El mendigo era el que pedía limosna. Había mendigos porque eran pobres, y mendigos ociosos, que no querían otra forma de vida, que odiaban trabajar.

Vagabundo era un individuo que no tenía oficio ninguno, no disfrutaba de ningún beneficio, no tenía domicilio fijo, era un marginado propenso a actividades ilícitas. El vagabundo estaba mal visto por la sociedad y por las autoridades.

 

Los ilustrados trataron de racionalizar el problema de la pobreza e idearon diversos sistemas para ello:

Los pobres legítimos fueron ayudados por instituciones diversas, y en torno al tema surgió la polémica, pues los ilustrados culpaban a la Iglesia de hacer una “caridad indiscriminada”, que lo mismo ayudaba al pobre legítimo, que al inmoral y asocial, lo cual fomentaba los vicios al tiempo que pretendía practicar la caridad. Los ilustrados pedían que se eliminara la ayuda a los pobres fingidos, los que no querían trabajar, a los vagos, a los ociosos.

Los ilustrados abrieron hospicios y casas de misericordia, donde se educaba a los niños para un trabajo y se recogía a las mujeres. Algunos obispos se dieron cuenta de que la caridad de limosna indiscriminada no era la solución, y colaboraron en abrir instituciones de recogida de marginados sociales. Pero los llamados “malentretenidos” no gustaban de ser encerrados, de tener que aprender y trabajar, y preferían caminar sueltos, a su suerte, y huían frecuentemente de las instituciones de caridad.

Los centros de recogida de pobres, los hospitales y hospicios, sufrían muchos problemas:

En 1730, el Consejo de Castilla nombró los cargos que debían regir los hospitales y se opuso a controlar sus cuentas.

En 1766, los hospitales pasaron a depender de la jurisdicción civil del Consejo de Castilla, y de la jurisdicción criminal de la justicia ordinaria. Desapareció el fuero eclesiástico del que disfrutaban los hospitales hasta entonces. Y los hospitales dejaron de ser asilos de protegidos del clero católico, y pasaron a ser centros exclusivamente médicos. El nuevo estado de cosas procuraba reinsertar a los clientes hospitalarios en la sociedad, y no mantenerlos indefinidamente como hasta entonces.

En 1794-1796 se equiparó legalmente a los hijos legítimos con los ilegítimos, lo que trataba de eliminar niños de la calle y de los orfanatos.

 

Los pobres inmorales fueron llevados a servir en el ejército y a trabajar en los arsenales militares, forzados pero con sueldo. Este fue el destino de los vagos y vagabundos que estuviesen en condiciones físicas razonables, y a partir del reinado de Fernando VI se les llevó también a trabajar en obras públicas, también forzados y con sueldo. Los desertores de estos trabajos forzados eran duramente castigados. Carlos III llegó a hacer levas anuales de estos vagos y ociosos. Tras un tiempo en galeras, arsenales, u obras públicas, los afectados volvían a sus pueblos con algún dinero, y se observaba si ya estaban recuperados socialmente. Esta solución sólo servía para hombres adultos, y no podía ser la única. Los que fueron llevados a trabajos forzados, sufrieron jornadas de trabajo muy largas, trato malo, comida deficiente, alojamientos muy mejorables, es decir, que los lugares de trabajo forzado no eran precisamente un paraíso redencionista. Por eso se organizaban tumultos como El Ferrol 1754, Cartagena 1757, Cádiz 1765, Guarnizo 1766. Estos tumultos no eran muy diferentes a los que tenían lugar en centros industriales como Béjar 1729, Ávila 1784. Pero hay que decir, que muchas personas fueron redimidas, se acostumbraron al trabajo y dieron inicio a poblados nuevos.

 

 

 

LOS ARTESANOS RURALES.

 

Los artesanos del campo estaban directamente relacionados con el sector primario y atendían las necesidades diarias de los campesinos y de la comunidad agraria en general. Es decir, herraban caballerías, enrejaban arados, construían y arreglaban carros y carretas, aceiteras, construían viviendas (adobes, cal, tejas) y las reparaban, y producían tablas, velas, candiles, faroles, cordeles y cuerdas, sillas de casa y de montura, albardas, cestas, angarillas, cantareras, cántaros, botijos, pucheros, platos, cuencos, bieldos, horcas, rastrillos, rastras, jaulas, tablas de lavar, manceras, yugos y sus correajes, colleras, trillos, atalajes, clavos, azadones, azadas, azuelas, palotes, palas, cencerros, baldes, calderos, ollas, trébedes, hoces, hocinos, guadañas, albarcas, zapatillas, cinturones y sus hebillas, cuchillos, navajas, tijeras, agujas, punzones, leznas, tenazas, mechas y mecheros, piedras de afilar, mesas, arcas, armarios, sillas y sillones (de espadaña, de mimbre, de madera)… Las mujeres hacían trabajos textiles de rueca, tejido, bordado, etc. además de la chacinería. Un trabajo más especializado era la producción de vinos y aguardientes, harinas. También proporcionaban algunos artículos de lujo (adornos para el cuerpo y para la casa), pero para estos productos era más frecuente acudir al mercado urbano, a la feria y al mercado mensual o trimestral. En conclusión, la actividad artesana rural era amplia e importante.

Las actividades artesanas rurales no estaban agrupadas en gremios. Sin embargo, a efectos de cobrar por su trabajo, se calificaban de maestros, oficiales y aprendices para diferenciar calidades y justificar precios.

Y en algunas comarcas había verdadera actividad industrial a base de miles de hogares manejando ruecas, lavando lana, peinándola, blanqueándola… Estos obreros industriales del XVIII no eran proletarios, no estaban desarraigados, no carecían de todo, sino que vivían cerca de donde realizaban estas funciones industriales y conservaban su propiedad, algún animal, y no estaban sujetos a horarios rígidos ni a ritmos impuestos por la maquinaria. Pero el trabajo había aumentado considerablemente, y los empresarios exigían 10 horas de trabajo en invierno y 11 en verano (en la Real Fábrica de Paños de Guadalajara por ejemplo) y algunos exigían hasta 15 horas, para adelantar trabajo, en periodos concretos del año. Había despidos por el trabajo mal hecho, por faltas disciplinarias y por necesidades empresariales de saneamiento. El salario era variable, los había fijos y a destajo, y los fijos fueron reduciéndose a lo imprescindible (maestros y administrativos). Los días festivos se fueron eliminando poco a poco, pues el mundo agrícola tenía gran cantidad de festivos, y eso que no consideraban festivos semanalmente más que los domingos, llegando a alcanzar la industria los 270 días laborables por año.

 

Los trabajadores del sector servicios de los pueblos eran pocos, pero todo pueblo que se preciase de estable y consolidado, debía tener médico, boticario, letrado, maestro de escuela, cura y sacristán, y a veces frailes, monjas y algún capellán en las casas más ricas.

 

 

LOS GITANOS.

 

Los gitanos son un caso muy especial. Llegados a España hacia 1390 las primeras oleadas, procedentes originariamente de la India, pero habiendo pasado largo tiempo en vida itinerante en Asia y Europa del este, eran un pueblo endogámico, que además seguía su propia ley al margen de la de los Estados en los que itineraban. Eran considerados vagos y peligrosos, pues no se amoldaban a ningún trabajo, y entre sus modos de vida estaba la depredación de los bienes que se les ponían a mano. La política del Gobierno español, visto que no podía expulsarlos, era fijarles en residencias fijas, lo cual no fue aceptado por ellos. Ensenada optó por el trabajo forzado, y recogió a unos 9.000-12.000, y los llevó, a los que podían trabajar, a los arsenales y a las obras públicas, y a los impedidos para trabajar a hospicios y casas de misericordia. Algunos mostraron buena conducta, se integraron en la sociedad del trabajo, y fueron liberados, constituyendo una etnia gitana integrada y sin problemas sociales. Pero muchos otros perseveraron en sus costumbres depredatorias itinerantes, y cuando decayó la presión social sobre ellos, volvieron al vagabundeo y latrocinio sistemático. En 1783, una ley les consideró iguales al resto de los españoles, prohibió nombrarles de manera injuriosa, con la condición de que abandonaran sus trajes y vestimentas específicas, sus costumbres y su lengua (el caló), de que se avecindaran en algún lugar y se pusieran a trabajar, bien para otros o bien en negocios propios. La ley tuvo muchos efectos positivos, pues muchos gitanos se hicieron herreros, trasquiladores y carniceros, y dejaron con ello de ser un problema social, pero otros muchos continuaron en sus modos de vida y se negaron a asimilarse.

 

 

LOS SALARIOS DEL SIGLO XVIII.

 

Los salarios, a mediados del XVIII eran de 8.000 reales/año los más altos (32 reales por día de trabajo), 4.000 reales/año los considerados muy buenos salarios, y 1.200 reales/año los jornaleros especialistas (5 reales por día de trabajo, pero no trabajaban ni cobraban todos los días del año), que eran los salarios bajos de los artesanos. Los salarios bajos, los jornaleros no especializados, estaban por debajo de los tres reales diarios por día efectivamente trabajado.

Hacia 1782, los maestros hilanderos conseguían 10 reales por día trabajado, los hilanderos/as corrientes 5 reales por día trabajado, los hilanderos poco hábiles 3 reales, los tejedores buenos 3 reales.

El mínimo para sobrevivir se calcula en tres reales diarios.

 

Pero de todos modos, la exigencia para con el trabajador no era exhaustiva, como lo sería en el siglo XIX, porque en el XVIII la oferta laboral era muy limitada. El agobio mayor para el trabajador eran los castigos por el trabajo mal hecho y por conducta levantisca. Los castigos eran multas, suspensiones de empleo, y despido definitivo. También había premios a la calidad del trabajo. Otro aspecto de cierto agobio era que el operario tenía que cumplir con los horarios de entrada y salida del trabajo, pero ello es normal y lógico. La vigilancia durante el trabajo era suave. Los propios operarios elegían entre ellos a su mayordomo, encargado de vigilar el trabajo, interlocutor ante los directivos. Cada operario de la “cuadrilla” solía cobrar por el trabajo que hacía una cantidad a juicio del mayordomo y no todos cobraban lo mismo, así que las mujeres y los niños cobraban un poco menos en las actividades de fuerza, y un poco más en las de habilidad de dedos. El operario era en general conformista y, cuando había quejas, se iba a la disputa judicial, siendo muy numerosas estas disputas.

La conflictividad laboral no era frecuente, menos que la social. Los conflictos laborales eran por el salario o por las condiciones de trabajo.

Los artesanos que trabajaban materias primas obtenidas del campo, como la seda, el cuero, y también otros que trabajaban metales en quincallería, representaban el 8,2% de la población activa.

Las mujeres de las zonas rurales cobraban poco como fijas, y solían contratarse a destajo, pues entonces cobraban por trabajo hecho, y podían obtener mayores salarios.

 

 

 

EL ANALFABETISMO

 

El analfabetismo era grande, y se calcula que entre los desmotadores era del 100%, entre los emborradores del 64%, los estambreros del 56%, los maestros del 52%, los tundidores del 48%, los perchadores del 45% y los tejedores de paños del 38%. Pero el analfabeto tenía cierto grado de cultura, quizás más nivel de cultura que algunos alfabetizados del siglo XXI, pues respetaba unas prácticas religiosas y de culto, tenía un sentido de respeto por sus superiores, conocía normas de moral y las respetaba, sabía del tiempo, de las cosechas, los caminos, los árboles, las plantas, los animales…

 

 

 

 

EL SEÑORÍO EN EL XVIII.

 

La propiedad no era plena, sino que el régimen de tenencia dominante era el señorío. Los propietarios no solían tener el usufructo (dominio útil), y los usufructuarios no solían tener el dominio eminente, que son los dos conceptos que juntos significan la plena propiedad. El reparto de la tierra entre dominio eminente y dominio útil se hacía mediante “censos” (arrendamientos) diferentes para cada caso.

El dominio eminente llevaba implícito la jurisdicción señorial y, con ello, algunas rentas añadidas. La jurisdicción señorial se podía tener sin ser noble.

El dominio útil se hacía complejo con los arrendamientos en cadena a campesinos que tenían tierras propias y otras subarrendadas a diferentes señores, lo que al final hacía difícil saber qué tierras eran de señorío, cuáles estaban amortizadas y cuáles eran libres.

En el caso de la enfiteusis, los dominios útiles eran heredados, y entonces acababan considerándose un derecho por parte del arrendatario. En Cataluña, los campesinos acabaron actuando como auténticos dueños de sus arrendamientos. En Galicia, los subforos crearon mucha intranquilidad social, porque la renta y tenía que llegar para los tres o cuatro intermediarios y dejar algo para el dueño de la finca y para el campesino que trabajaba la tierra.

Y en periodo de bajada de precios del grano, o los alimentos en general, el problema social se hacía muy grave, pues era evidente que el trabajador de la tierra no podía pagar las rentas altas, y toda la cadena de beneficiarios de rentas se resentía, y todos se culpabilizaban entre sí. Los propietarios perdían interés por mantener la propiedad, y los burgueses tenían oportunidad de comprar. El resultado final era una tendencia a la concentración de la propiedad en manos de burgueses.

En 1767 se repartieron lotes de tierra en Andalucía, y en 1768 en otras zonas de España, grandes para labradores que tuvieran tres yuntas, y más pequeños para braceros. En 1793 hubo nuevos repartos de tierras a costa de propios, baldíos y tierras concejiles.

 

 

El Régimen señorial en general.

 

Salvador de Moxó enseñaba en Santiago que los estudios sobre el Régimen señorial requerían un gran rigor científico y una gran serenidad de espíritu, pues se trata de un mundo demasiado intrincado y complejo, de extraordinaria importancia en Europa hasta el siglo XIX.

Inicialmente y en una primera aproximación, el señorío es una ordenación de los hombres y un sistema de explotación agrario de carácter rural que proviene de la Edad Media.

El señorío agrupaba en torno a su titular y bajo su autoridad, en grado no uniforme, a tierras, villas y aldeas y moradores de las mismas.

Cada época de señorío fue distinta y tuvo sus propias instituciones de señorío, lo cual hace más complejo el tema, pues las instituciones nacen y desaparecen o pierden importancia a lo largo del tiempo. Incluso cada señorío evoluciona de forma distinta.

En la Edad Media predominaba el señorío solariego, pero a partir del XIV y los Trastámara surgió el señorío jurisdiccional que se suma al solariego. Los señoríos de los Austrias son exclusivamente jurisdiccionales y ya en formas degeneradas de señorío.

El primer elemento del señorío es su base territorial, el segundo la autoridad de que está revestido el titular, el tercero los rendimientos económicos que produce y el cuarto el estatus social de los individuos sometidos a señorío.

El señorío solariego es fundamentalmente el dominio sobre la tierra, dominio útil que pertenece al campesino pero del que coactivamente se extraen unos derechos para los que tienen dominio eminente sobre la misma.

La autoridad del señor tiene su origen en virtud de los privilegios de inmunidad que los monarcas concedían a los monasterios y nobles por gobernar o defender un territorio, guardar el orden e impartir justicia. En virtud de estos privilegios, los territorios quedaban exentos de la autoridad real y esta autoridad se traspasaba a nobles y obispos y abades.

Los rendimientos económicos pueden derivar del aprovechamiento del suelo, de la fiscalidad jurisdiccional, de la fiscalidad de realengo cobrados por el noble aun siendo realengo si así lo han pactado con el rey, de la administración de justicia, del aprovechamiento de montes, bosques, ribazos

El estatus social del campesino de señorío es muy diverso, desde el solariego, maquero, siervo hasta otros muchos. Pero con el tiempo las diferencias entre todos ellos eran insubstanciales y ellos mismos olvidaron su condición social diversa dentro del señorío.

 

 

El señorío en el XVIII.

 

En el siglo XVIII, la gama de señoríos era amplia: había señoríos seculares, abadengos, encomiendas… Algunos procedían de la Edad Media y otros de compras a los Austrias y se habían comprado cosas muy distintas como jurisdicciones, oficios, rentas reales… Muchos señoríos solariegos habían unido lo jurisdiccional y muchos jurisdiccionales lo solariego, pero nunca se puede generalizar y cada caso es diferente. En algunos pueblos, un particular gozaba de derecho sobre oficios públicos, rentas y regalías, lo cual no era propiamente señorío, sino simplemente privilegios. En otros pueblos el señor tenía jurisdicción pero no dominio. En otros tiene dominio y títulos honoríficos, pero no jurisdicción. En otros tiene dominio y jurisdicción y son señoríos denominados “mixtos”, los más numerosos y los que dan el tono general cuando se habla del señorío. En otros, el señor sólo tiene dominio sobre cosas concretas como el arbolado, pastos, molino, lagar, horno, puente, caminos, barcaje, arriendos de escribanías…

Casi ningún señorío tenía escrituras o documentos acreditativos y nadie podía reclamar lo que era derecho señorial y lo que era jurisdicción, pues todo se basaba en la costumbre.

De la jurisdicción señorial derivan algunos derechos sobre la tierra que condujeron a la separación entre el dominio útil y el dominio eminente, lo cual dificultaba las ventas de la tierra, igual que cuando ésta estaba vinculada.

Cada señorío es diferente. El tipo de señor, según su fortaleza política, su condición de noble, eclesiástico, Orden Militar, el tamaño del señorío, la población y rendimiento del señorío, el compartir derechos entre varios señores, cambiaban las condiciones de cada lugar de señorío. En general las condiciones para el campesino eran más suaves en señorío eclesiástico y más duras en el nobiliario.

 

 

Cuantificación del señorío.

 

Los censos de Floridablanca y Godoy nos hablan de los señoríos de España. También lo hace el catálogo de pueblos de España de la Dirección de Tabacos, pero las cifras son dispares:

En 1789, habría en España unos 21.932 pueblos, aunque algunos autores elevan a 28.000 los lugares de población. Para las zonas del norte de España, eso es incalculable, incluso hoy.

 

Primera aproximación, por tipos de señorío:

8.098 lugares de población serían de realengo, otros autores hablan de 6.800 a 7.700 pueblos de realengo.

10.641 eran de señorío secular, y en distintos libros se habla de entre 9.500 y 13.000 señoríos de nobles.

2.261 eran de señorío eclesiástico, pero las cifras se pueden elevar hasta los 8.500 lugares si tenemos en cuenta los señoríos de Órdenes Militares (entre 700 y 4.000) y la disparidad de criterios.

Además, nos topamos con un grupo de entre 400 a 7.000 lugares que serían señoríos compartidos.

 

Segunda aproximación, por lugares:

De 148 ciudades (lugares con más 10.000 habitantes), 15 eran de señorío laico, y 7 de señorío eclesiástico.

De 3.013 villas, 2.286 eran de señorío laico o de realengo, y 727 de señorío eclesiástico.

De 14.525 lugares, los más poblados eran de realengo, y los más pequeños, llamados aldeas, granjas, o cotos, eran de señorío. 7.870 resultaban de realengo, 4.267 de señorío laico, y 2.388 de señorío eclesiástico.

 

Tercera aproximación, por espacio ocupado:

El señorío nobiliario ocuparía 28.300.000 aranzadas que son el 50% de la tierra,

El realengo ocuparía 17.590.000 aranzadas que es el 32% de la tierra,

El señorío eclesiástico ocuparía 9.000.000 de aranzadas que son el 18% de la tierra.

 

 

Distribución geográfica del señorío.

 

Regionalmente, el señorío, laico o eclesiástico, estaba particularmente muy implantado en:

Guadalajara, Sevilla y Córdoba se aproximaban al 100% de señorío.

Valencia tenía un señorío de más del 80% de la tierra,

Extremadura del 75% (50% nobiliario y 25% eclesiástico),

Asturias y León del 75% (55% noble y 20% eclesiástico),

Galicia tenía un señorío de más del 60% de la tierra,

La Mancha de un 55%,

El realengo era importante en Toledo, Palencia, Valladolid, Cataluña, Vascongadas. Se dice que no había señorío en Vascongadas.

 

La importancia política del señorío desapareció con la llegada de Felipe V y su centralismo borbónico y casi todo el problema se redujo a unas relaciones económicas entre señores y campesinos. Los señoríos jurisdiccionales servían para obtener rentas, y los derechos se habían vendido a menudo por rentas en especie o en dinero, pero perpetuas. Los nobles muchas veces no ejercían función tutelar alguna sobre los territorios de su señorío. Pero los señores aspiraban al dominio útil sobre la tierra, al tiempo que los campesinos aspiraban a librarse del dominio eminente.

En el siglo XVIII, los señoríos eran muy impopulares, pero todos los historiadores coinciden en que los señoríos no perdieron ni derechos ni rentas. Lo que sí se observa es que hubo muchos pleitos. Felipe V pensó en acabar con los señoríos rescatándolos con dinero, recomprando los derechos a los nobles, pero ello era un proyecto absurdo y sólo se hizo en unos poquitos casos, de ninguna importancia. Carlos III insinuó la abolición total, sobre todo Campomanes, pero los proyectos se quedaron en simple teoría política. El principal problema de los Borbones era hacienda, recaudar más, rescatar regalías, rentas reales y oficios públicos, pero de ahí no pasaban y una transformación social estaba muy lejos de sus aspiraciones.

Era difícil que se produjera un ambiente revolucionario: eran muy importantes los valores del sentido cristiano del hombre y del sentido jerárquico de la sociedad. La Iglesia enseñaba unos principios de igualdad inicial y dignidad de la persona, estimación de valores espirituales, pero también la resignación, la aceptación de lo jerárquico y aristocrático…

También el ideal caballeresco del XVII, que renunciaba a la utilidad material para lograr el bien de los humanos y perseguir la injusticia, llevaban a una crítica del señorío, pero el ansia por una vida feliz, cómoda… hace que se consideren compatibles los ideales y la vida ordinaria como estaba.

Los contactos con Francia, literarios y filosóficos, también llevaban a un cambio social y político, pero la mentalidad aristocrática y cristiana se impuso. Y los burgueses acabaron adoptando formas de vida nobiliaria y renunciaron a cambiar la sociedad. Los revolucionarios del momento hablaban de la injusticia de la rentabilidad del dinero y la injusticia del lujo, y ello impulsaba a los burgueses hacia el campo contrarrevolucionario.

Estaba claro que se avecinaba un cambio social y algunos gobernantes pensaron en hacer reformas para ese cambio, pero las reformas no fueron suficientes, produjeron contradicciones y la revolución tendría que llegar, pero ya en el siglo XIX.

 

 

Cargas tributarias y señoriales del señorío.

 

Las cargas tributarias del señorío eran leves:

Pago de las funciones jurídicas y administrativas del señor.

Algunas cargas inherentes a la tierra.

Cargas procedentes de la corona y enajenadas por el señor.

Las cargas señoriales eran muchas, pero habían quedado menguadas por el paso del tiempo. Igualmente las corveas, días de trabajo obligatorio para el señor o para el municipio, habían quedado reducidas a muy pocos días. Esta rebaja de pagos señoriales no era siempre buena para el interés general, pues al bajar los derechos por cargas y peajes, si bien hacían más barato el comercio, también provocaban el abandono de la construcción y reparación de las obras públicas de comunicaciones.

Los señores ya no querían tributos, sino rentas. Su interés principal consistía en acabar con las rentas antiguas, demasiado bajas. Por ello querían transformar el señorío en propiedad, lo cual les permitiría actualizar las rentas. Los afectados por este proceso serían aproximadamente la mitad de los vecinos de señorío.

La dependencia jurídica del señor, no la podemos calificar en general de buena ni de mala, sino de insegura: si el señor resultaba magnánimo, todos vivían en mejores condiciones, y si el señor era duro, estaban en peores condiciones. El señor dictaba las ordenanzas municipales, nombraba los oficiales de justicia y dominaba la administración nombrando cargos.

A veces, el señor provocaba deliberadamente la despoblación para tener libre el señorío y dedicarle a pastos, porque los pastos estaban libres de diezmo y tenían menos exigencias de mano de obra.

 

 

Tensiones sociales y emigración desde el campo.

 

Las tensiones en el campo eran muchas pues el campesino vivía en situación límite de marginalidad, las subidas de arrendamientos eran frecuentes, los ricos ocupaban los comunales, debía pelear contra los ganaderos que no querían cercas y reivindicaban los comunes y baldíos, no tenía acceso a la propiedad porque no había tierras en venta, no tenía mercados pues en régimen de monocultivo daba lo mismo una cosecha buena que una mala a efectos comerciales.

A cada crisis de subsistencia o de crecimiento, y las crisis fueron muchas en el XVIII, un grupo de campesinos pobres era empujado hacia la marginalidad y se solía dirigir hacia las ciudades en las que había una masa de revoltosos siempre dispuestos al desorden por unas monedas.

Pero la miseria del campesino no supone la revolución, sino solamente las revueltas, y desórdenes típicos de las clases poco cultas. Para una revolución hubiera hecho falta un modelo socioeconómico alternativo y unos líderes que condujeran al campesinado a algún fin, lo cual no se produjo en todo el XVIII. Los estamentos dirigentes practican la caridad y la alternan con la represión, de modo que la sociedad sea estable.

Únicamente los burgueses tenían la suficiente preparación intelectual como para preparar un programa revolucionario, lo cual significaba previamente su actuación como grupo, o en palabras de Marx, la toma de conciencia de clase. Los burgueses no tenían todavía ese sentimiento de clase social y todavía no eran fermento revolucionario. No es fácil preparar una revolución, e incluso en el XIX será lenta y difícil en España.

Un aristócrata como Aranda, un político como Roda, un abogado como Campomanes, quizás vieron que el futuro estaba en las nuevas clases burguesas e hicieron reformas para acercar la política a las nuevas formas sociales emergentes. Esta actuación, pudo retrasar la revolución por no sentirse castigados los burgueses gracias a la política ilustrada, pudo preparar la revolución al crear más burgueses y más fuertes, o pudo no influir en nada al ser las reformas puramente superficiales y teóricas y seguirse de crisis periódicas que acababan con los grupos de empresarios que intentaban los negocios industriales y comerciales.

Desde el punto de vista social, el siglo XVIII produce las condiciones para una revolución, pero no la revolución misma. Hace persistir una sociedad estamental y hace nacer un grupo de burgueses cada vez más ricos e influyentes, pero sin sentido de clase, sin organización interna como fuerza política, sin posibilidades para hacer una revolución. Existen los burgueses pero no la burguesía.

 

 

 

[1] Quizás, para el no iniciado, sea conveniente recordar que rural es todo lo que pertenece a zonas no urbanas, agrario es la actividad económica derivada del aprovechamiento del campo, y agrícola es lo relacionado directamente con la actividad de la agricultura. Son rurales, las fincas, casas, fábricas, comercio y servicios que tienen lugar en los pueblos. Son agrarias las actividades económicas derivadas del aprovechamiento del campo, como agricultura, ganadería de pastos, caza y pesca. La agricultura es exclusivamente una actividad económica basada en trabajar la tierra y obtener productos del poder generativo de la misma.

[2] Fuente: Fernández Pinedo.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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