LA SOCIEDAD NO PRIVILEGIADA DEL SIGLO XVIII.

 

 

En el aspecto social, en España, en el siglo XVIII, daba la impresión de que aparecía una burguesía en la periferia peninsular, Cádiz, Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña y Valencia, pues aparecían negocios industriales y comerciales de nuevo, tras la crisis del XVII, pero no llegaron a tomar conciencia de clase, sino que aspiraron a ser nobles y clérigos.

En cuanto a nivel de vida, los viajeros extranjeros por España se quejaban en el XVIII de la escasez y mal estado de las carreteras, falta de posadas, mala urbanización de las ciudades, falta de iluminación… Los Borbones favorecieron muchos progresos en este sentido. A principios del XIX, las impresiones de los extranjeros no habían cambiado demasiado.  Es decir, había una sensación de progreso desde el punto de vista de los nacionales, y una sensación de atraso socioeconómico desde el punto de vista de los extranjeros.

 

 

La persistencia del Antiguo Régimen en España.

 

La persistencia del Antiguo Régimen en España es proverbial, y todavía a mediados de siglo XX acudían a España extranjeros a observar el fenómeno: El arado de madera, la hoz, la era, la fragua de leña estaban plenamente vigentes en 1959. ¿Qué más se puede añadir para entender que España se había anclado en el tradicionalismo técnico de la Edad Moderna?: La familia era extensa y dominada por el paterfamilias. La sociedad era “cristiana” por tradición, sin entender los dogmas en los que decía creer, y practicando los viejos ritos precristianos como lo más natural del mundo. Persistía el respeto atávico a los señores y eclesiásticos, persistían los privilegios vistos como cosa natural y querida por Dios, las costumbres heredadas de los antepasado remotos, el miedo a pensar diferente, el odio al forastero, a lo innovador, a lo desconocido…

La existencia, a mediados del XX, de algunos arados de disco, de fertilizantes artificiales y de sindicatos, no cambiaba tanto la realidad agrícola como para no reconocer la tradición técnica romana y musulmana todavía persistente en el campo. No era lo mismo en Cataluña, que se había industrializado a partir de 1837, o el País Vasco que lo había hecho a partir de 1855, tras unas actividades económicas muy concretas en el XVIII, en la industria textil en Cataluña y en la férrica en el País Vasco.

Si esto era así en el siglo XX, ¿qué más podemos decir del XVIII? Solamente, que los españoles nacidos antes de 1950 pudieron vivir todavía en zonas rurales atrasadas las condiciones del Antiguo Régimen y, si tuvieron la suerte de continuar vivos en el XXI, ver el paso hasta la modernidad más completa, un fenómeno que muy pocos otros han vivido en la historia.

Muchos de los cambios que dan paso a la Edad Contemporánea cultural, tuvieron lugar en España entre 1920 y 1940. Entonces empezaron a desaparecer utensilios que no habían cambiado nada en los 2.000 años anteriores, se abandonaron los trajes y bailes locales que pasaron a considerarse “tradicionales” y propios del folclore, se escondieron los magos y curanderos ante el prestigio del médico, empezaron a desaparecer los burros y mulos y a aparecer camiones, autobuses, tractores, tren-trillas o trilladoras mecánicas, y motores de riego.

De las noticias que los siglos XVIII y XIX dan de sí mismos, no nos podemos fiar. El concepto que los españoles tenían de sí mismos y sobre sus posibilidades económicas cambió mucho: En el siglo XVIII se tenía un autoconcepto de España como de tierra fértil, capaz de rendir inmensas cosechas si se la trabajaba adecuadamente, lo cual es rotundamente falso y explica los muchos fracasos españoles en repoblaciones en montes casi estériles y en regadíos en zonas secas como las de Murcia. Y en el XIX llegó un pesimismo que veía como irremediable lo que simplemente era difícil. Y se volvería a cambiar varias veces la imagen que de sí mismos tenían los españoles: Del concepto de una tierra feraz, pero mal explotada, propio de la generación del 98 se pasó al concepto de una pobreza general de recursos agrícolas. Y en el trascurso de estas opiniones, se crearon los tópicos de una Castilla pobre, una Andalucía seca, una Extremadura olvidada, unas Canarias sin posibilidades económicas y una Galicia de suelos ácidos y propiedad demasiado compartimentada. Todos lloraban sus muchas desgracias, aunque muchos no se considerasen desgraciados, sino que era una forma de comportarse, una forma de hablar. Más tarde, los políticos utilizarían sistemáticamente estos lloros atávicos, útiles para obtener dinero y otras ventajas, pero en los que, en realidad, nadie cree. Es conveniente que analicemos la realidad regional española para valorar tanto sus posibilidades como sus problemas, pues ni el optimismo noventaiochista, ni el pesimismo posterior parecen ajustarse a la realidad.

 

 

La familia española en el XVIII.

 

La sociedad española, tomada en su conjunto, era analfabeta. Si en una familia alguien sabía leer y escribir es que era una persona diferente. Los sistemas de enseñanza eran malos y se obtenía fácilmente cualquier título sabiendo tan sólo escribir. Sabían leer y escribir los clérigos y la mayor parte de la alta nobleza, varones. El resto de la sociedad vivía según valores culturales “populares” de creencias, costumbres, dichos y atavismos, más o menos irracionales, y siempre regionalizados, diferentes en cada comarca e incluso en cada pueblo.

El honor era algo fundamental en la vida del español, el honor de la propia persona, el familiar, el del linaje y el de ser español. Sin embargo las condiciones de vida estaban muy lejos de provocar el respeto que una sociedad honorable parece que debe tener hacia sus semejantes.

 

La familia era gobernada por el marido y padre, y estaba conformada por los cónyuges y sus descendientes que vivieran bajo el mismo techo. En 1716, se impuso en Aragón la legislación castellana, y se unificó el modelo familiar.

El marido-padre administraba todos los bienes sin limitación alguna, pero tenía el deber moral de atender a las necesidades de la esposa. Es decir, el marido tenía derechos sobre las personas y bienes de sus hijos, hasta los 25 años de edad de éstos, y en ello se incluía la potestad para corregirles, castigarles, autorizar o no su matrimonio, y disponer de los bienes que ellos hubieren conseguido por sí mismos.

El matrimonio se contraía generalmente en el pueblo de la novia, tras las debidas amonestaciones, las cuales servían para impedir que hubiera hijos ilegítimos desconocidos de cualquiera de los contrayentes, pero sobre todo los de la novia. El matrimonio de Castilla era en régimen de gananciales, y como había familias que intentaban privar a la esposa de este derecho, en 1801 se ordenó que ninguna mujer pudiera ser privada del mismo. Así pues, la mujer era titular de bienes, pero no podía disponer de ellos, derecho que sólo le correspondía al marido.

La muerte de la esposa no cambiaba apenas la familia, y era sustituida por otra esposa o por la gestión de alguna hija en edad de hacerse cargo de los deberes de la casa. La muerte de las esposas era frecuente en el posparto.

La muerte del marido-padre significaba el final de la familia, con el consiguiente reparto de bienes, y los hijos pasaban a tutela del designado por el difunto.

La autoridad del padre de familia era grande: Disponía de los bienes familiares, entregaba a las hijas en matrimonio, obligaba a los miembros de la familia a cumplir determinadas obligaciones.

Los hijos no podían contraer matrimonio sino con sus iguales y para ello necesitaban el consentimiento de sus padres o tutores. Los matrimonios “desiguales” fueron prohibidos en 1766 y la falta de consentimiento paterna causaba desheredamiento. Si el consentimiento paterno no era dado, el perjudicado tenía derecho a apelar a los tribunales para probar que no había causa justa para ello.

Desde 1785 se permitió que las hijas expresaran su voluntad para casarse o no. Para ese efecto, las hijas eran depositadas en alguna casa para que se expresaran libremente.

El nucleo familiar se componía, como media, de cuatro personas adultas, y en el XVIII ya no era extensa, como en siglos anteriores, lo mismo que sucedía en toda Europa. El número de hijos venía a ser de 6-7, pero 3 ó 4 morían en edad infantil: el 30% de ellos antes de cumplir un año, y el 50% de los nacidos no llegaba a cumplir 7 años.

A los componentes del núcleo familiar se solían añadir algunos elementos agregados, como parientes, criados y servicio doméstico, y en su caso, aprendices, oficiales, mozos de tienda, pero no muchas personas, pues este colectivo sólo representaba el 10-20% de la población española, lo cual quiere decir que tampoco era tan abundante.

 

La herencia, por norma, se hacía a partes iguales, con una parte de mejora para alguno de los herederos. Esta parte de mejora era, en Castilla, de un quinto. En Cataluña, las tres cuartas partes pasaban al hereu. El que recibía la mejora debía cumplir unas condiciones presentes en el testamento, o perdía su parte. Los grandes propietarios y nobles tendían a hacer mayorazgo, o herencia de uno sólo de sus hijos, pero Carlos III luchó por que no se generalizara el mayorazgo, y decretó que se necesitara autorización real, a fin de que no ocurriera que muchos quedasen en la calle sin oficio ni beneficio.

La familia estaba cohesionada por necesidades de la propia sociedad: La familia noble estaba cohesionada por el mayorazgo. Las clases medias estaban cohesionadas por la cooperación en el trabajo, pues las familias odiaban introducir extraños en sus quehaceres, funciones sociales y negocios, y preferían familiares, o yernos.

 

Otro vínculo social, hoy casi perdido, era el “paisanaje”. Ser del mismo pueblo, ser paisanos, era un vínculo social que se tenía en cuenta entre los emigrados a ciudades grandes o al extranjero, bien por servicios militares o por estudios, e igualmente funcionaba en los Colegios Mayores. Ser paisanos era un vínculo que se tenía muy en cuenta y debe ser considerado a la hora de resolver problemas familiares.

 

La religiosidad estaba fuertemente ligada a la familia, y ello se traducía en una serie de costumbres, o manifestaciones colectivas familiares que tienen poco que ver con la ortodoxia religiosa, ni se comparecen con la teología, ni con la liturgia oficial, pero eran asumidas como ortodoxas para conveniencia de todos.

Lo mismo ocurre con lo folclórico, distinguiéndose a veces mal lo uno de lo otro, lo religioso de lo folclórico. Estamos hablando de celebraciones familiares, medio religiosas, medio profanas, de celebraciones de santos y aniversarios, de bailes procesionales, fiestas, rituales diversos, y asistencia a misa o cumplimiento de los sacramentos católicos, todo entremezclado.

La familia rezaba junta el rosario, el ángelus, iba junta a misa y se saludaba con “ave María purísima – sin pecado concebida”, “alabado sea Dios – y sus ángeles y sus santos”, y otros rituales similares.

 

 

 

 

LOS GRUPOS SOCIALES NO PRIVILEGIADOS.

 

 

 

Los Militares.

 

El ejército era particularmente importante en la vida española. Los presidentes de Chancillerías y Audiencias solían ser militares, y también lo eran los Capitanes Generales de la ciudad. El pueblo identificaba a los militares con la alta justicia. Los Intendentes llevaban uniforme militar y tenían trato de oficiales. Muchos Corregidores eran militares y compaginaban el cargo con el de Gobernador Militar de la ciudad. Algunos cargos importantes del Gobierno de Madrid eran también militares. El Gobierno de los Borbones era militarista.

Los altos cargos militares eran nobles titulados.

Por todo ello, los militares se comportaban como señores de su jurisdicción. No era sólo teoría, sino que tenían privilegios como jurisdicción militar propia, derecho de precedencia en ceremonias religiosas y civiles, derecho aportar uniforme y espada, y además muchos eran “protectores” de damas, figura por la que una dama, incluso casada, escogía a un militar de su ciudad que actuaba en lo sucesivo de acompañante, protector (y en algún caso amante), con el beneplácito del marido y de toda la sociedad. Otras damas preferían canónigos para este servicio, pero también se daba el caso de amoríos con ellos.

Frente al poder de los altos militares, estaban los militares de baja graduación, casi siempre descontentos por su suerte, pues tenían prohibido casarse antes de ascender a capitán, estaban mal pagados y eran destinados a los sitios peor considerados. Los oficiales de baja graduación siempre estaban dispuestos a sublevarse con tal que cambiaran las cosas y tuvieran oportunidad de ascender y trasladarse a un sitio mejor. En sus revueltas siempre encontraban eclesiásticos que aspiraban a mejores cargos y comerciantes que se sentían huérfanos de los favores que el Estado hacía a otros, y juntos podían organizar cualquier revuelta.

 

Los militares asumían funciones administrativas y, sobre todo, colaboraban con sus conocimientos de ingeniería, ciencia y técnica a la realización de las obras públicas, al control del orden público, al cobro de impuestos y a la represión de huelgas y motines, funciones con las que hoy no relacionaríamos a un militar.

 

El honor militar era similar al nobiliario, y era defendido con igual tesón. Pero el privilegio y el honor militar derivan de la función que ejercen como profesionales al servicio del Estado, y no por sangre o herencia. Además, la nobleza ya no ejercía en la Edad Moderna servicios como estamento, sino que eran los militares los que prestaban muchos de los servicios que antes prodigaba la nobleza.

 

Los privilegios militares estaban contenidos en el fuero militar, pero no se heredaban. Se gozaban mientras se permanecía en activo. Estos privilegios eran:

Estar exentos de oficios y cargos concejiles y de cruzada, cuando lo desearan, así como de obligación de alojamiento militar y repartimientos de carros, bagages y bastimentos.

Poder llevar armas.

Derecho de caza, guardando las vedas.

No podían ser presos, ni ser embargados, por deudas.

No podían ser tocados por la justicia ordinaria ni se les podían imponer penas afrentosas. Solamente podían ser juzgados por jueces de Rentas Generales, es decir, en caso de delito de contrabando.

Estaban exentos del pago del servicio ordinario y extraordinario, es decir, de gabelas y contribución por sus personas, sueldos y bienes inmuebles. Pero sí tenían que pagar sus “haciendas y tráficos”, es decir, por sus actividades en agricultura y comercio.

Los privilegios de los militares se extendían a sus viudas, a los oficiales de cualquier grado, a los asentistas del ejército en lo tocante a las mercancías destinadas al ejército (no en otros negocios), a los retirados que hubieran servido un mínimo de 8 años, o hubieran permanecido 10 años presos por potencias extranjeras. Desde 1734, se concedieron los privilegios militares a los miembros de milicias, y sus padres mientras estuvieran en servicio sus hijos, de donde había mucho interés por integrarse en milicias.

 

El ejército del siglo XVIII alcanzó los 100.000 hombres como máximo y los soldados provenían del enganche voluntario, de los sorteos por quintas (un hombre de cada cinco), de levas de vagabundos y ociosos y de la recluta de extranjeros (se apuntaban irlandeses, suizos, valones).

El sorteo de quintas fue una novedad que el País Vasco y Cataluña se negaron a aceptar y que hay que tener en cuenta como base del carlismo en 1833.

Había cuerpos de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros.

La Guardia Real estaba formada por distintos cuerpos entre los que estaban los Alabarderos, Guardias de Corps, Guardias Españolas, Guardia Valona.

Los Carabineros y Carabineros a Caballo servían para perseguir malhechores.

El Cuerpo de Inválidos servía para la vigilancia de cosas y recintos.

En la reserva había unas Milicias Provinciales reclutadas por los Corregidores para casos de necesidad.

El mando de este ejército lo gestionaban seis Capitanes Generales, y los demás cargos eran el de Teniente General, Mariscal de Campo, Brigadier, Coronel, Teniente Coronel, Comandante, Sargento Mayor Ayudante, Capitán, Teniente y Subteniente.

Felipe V organizó el ejército en batallones de 500 hombres y regimientos de 12 compañías, de las cuales una era de granaderos y el resto de fusileros con bayoneta. Su ejército tenía 46 regimientos de caballería armados con carabina y rifle y organizados en escuadrones, 63 regimientos de infantería (de los que 7 eran valones, 2 italianos y 1 suizo) que estaban organizados en batallones, y un regimiento de artillería.

El ejército tenía su complejidad, y no se trataba solamente de unos soldados dispuestos para la lucha:

Había fábricas de cañones en Sevilla, Barcelona, Liérganes y La Cavada. Fábricas de armas había en Guipúzcoa, Trubia y Oviedo. El alcance de un cañón en esta época era de 3.000 metros.

La marina tenía arsenales (fábrica de barcos de guerra) en La Carraca, El Ferrol, Cartagena y La Habana, junto al de Guarnizo que se abrió en ese siglo. Un arsenal es un establecimiento complejo de fábricas que debían producir hierro, clavazón, madera, pólvora, velas, cabos, y todos los utensilios de uso diario dentro de un barco.

Todos los pescadores tenían obligación de servir en la marina y sucedía que los andaluces y vascos, muy avezados en la pesca de altura, solían llegar a oficiales por su buen desenvolvimiento en el mar. En 1779 la marina española tenía 79 navíos, un número considerable de fragatas y otros barcos menores. En 1795 había 62 navíos, 48 fragatas y 125 barcos menores.

Los astilleros para fabricar barcos corrientes eran los de Guarnizo, San Feliú, Cartagena, El Ferrol, Lezo, Orio, Bilbao, Castro, Laredo y San Vicente. Los barcos eran de distintos tipos y había fragatas, corbetas, jabeques, urcas, paquebotes, bergantines, balandras, goletas, bombardas, galeras, brulotes…

La bandera de los Borbones era blanca con una cruz de Borgoña, hasta que fue cambiada en 1785 por la roja y amarilla actual.

 

(Por la complejidad del tema “ejército”, le hemos dedicado dos capítulos completos en las entradas 18.1.5. y 18.1.6.)

 

 

Los exentos de impuestos.

 

Nos referimos ahora a esa gente que no era noble ni clérigo, pero no pagaba impuestos, ese grupo social que estaba libre de determinados impuestos. Incluso, a los hidalgos del norte les podríamos considerar “exentos”, y no nobles, y no estaríamos lejos de la realidad, aunque jurídicamente eran nobles.

Los vascos y navarros en general, no pagaban impuestos al rey, pero sí a las instituciones locales.

Los “ciudadanos honrados” de las ciudades aragonesas no trabajaban con sus manos, y vivían de rentas agrarias, sin por ello tener condición de nobles. La simple exención de trabajo manual les hacía aptos para el gobierno local, incluso a veces en propiedad, y a veces en monopolio de hecho.

Había personas exentas de cargas concejiles, de alojamientos de soldados.

Estaban exentos de determinados impuestos los oficiales de la Casa Real, el verdugo real, los graduados y doctores de Salamanca, Valladolid, Bolonia y Alcalá, los funcionarios del Consejo de Guerra, Cruzada y Hacienda, y los empleados de la Renta de Tabaco.

Las viudas pagaban la mitad de los impuestos que un vecino normal.

Es evidente que, en un sistema de repartimiento, cuanto más exentos había, a más impuestos tocaban los pecheros, pues la cantidad alzada a repartir entre los pecheros era fija y predeterminada.

 

 

 

El estado llano.

 

El estado llano tenía como vínculos comunes las obligaciones de alistarse en milicias y la de pagar muchos impuestos por repartimiento que los demás no pagaban.

El estado llano era el 90% de la población total y, dentro de él, el 90% vivían en zonas rurales y sólo el 10% en zonas urbanas.

El pueblo llano, o carente de privilegios, no era homogéneo. Había entre ellos muy ricos, ricos, acomodados, pobres y muy pobres. Simplemente tenían en común el carecer de privilegios, no tenía estatuto jurídico definido para su grupo social.

Los habitantes de las ciudades del pueblo llano, burgueses stricto sensu como habitantes del burgo, tenían derecho a un diputado en Cortes, y ello era ya un privilegio en sí, pero habían perdido privilegios y fueros urbanos propios de la burguesía medieval. Ellos se denominaban a sí mismos “vecinos”, y no burgueses, pues burgués ya no significaba nada positivo en el siglo XVIII. Además, burgueses en sentido sociológico sólo lo eran los negociantes y comerciantes y no el conjunto del pueblo llano urbano. Los habitantes de la ciudad tendían a diferenciarse a sí mismos del pueblo.

Quizás tuvieran algún privilegio los “ciudadanos honrados” de Aragón.

A los componentes del pueblo llano no podemos denominarles “plebeyos”, porque hoy es un término despectivo, aunque este vocablo se usaba en terminología jurídica.  La diferencia de poder adquisitivo entre algunos burgueses pobres y el bajo clero y baja nobleza era nula, por lo que el uso del término “plebeyo”, que implica inferioridad, no es quizás muy correcta. En el campo también ocurría que algunos componentes del pueblo llano eran más ricos que algunos nobles y clérigos. El hidalgo pobre, el párroco pobre, y el jornalero, podían tener un nivel de vida muy similar entre ellos.

En cuanto a la burguesía propiamente dicha, debemos advertir que no tenía orgullo de clase, es decir, se avergonzaba un tanto de su trabajo o lo consideraba poco agradable y deseaba ser terrateniente, vivir en el campo, aunque en condiciones que otros trabajasen para ellos.

La industria era artesanal, gremial, sin libre competencia, con muy poca elasticidad en la oferta.

 

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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