GOBIERNO DE PEDRO CEBALLOS en 1800-1803

 

GOBIERNO DE PEDRO DE CEBALLOS GUERRA

13 de diciembre 1800-25 septiembre 1808

 

Pedro de Ceballos[1] era el marido de una prima de Godoy, un hombre de paja que servía al propósito de que Carlos IV y Godoy siguieran gobernando a su gusto. Todos sabían que el verdadero gobernante era Manuel Godoy. Sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, Pedro Ceballos fue uno de los hombres que más tiempo gobernó España, pues fue Secretario de Estado en 1800-1808, y en 1814-1816, diez años. Pero su permanencia en el cargo no se debió tanto a su valía personal como a su adaptabilidad a los tiempos, pues sirvió a Carlos IV, a su hijo Fernando VII en 1808, a los patriotas que luchaban contra Napoleón, y a Fernando VII cuando restauró el absolutismo en 1814.

 

El Gobierno Ceballos:

El Secretario de Estado y Despacho Universal era oficialmente Pedro Ceballos Guerra[2], primo político de Godoy, pero en la práctica gobernaba el preferido de la reina, Manuel Godoy. Pedro Ceballos estuvo en el cargo hasta 19 de abril de 1808, tras el golpe de Aranjuez, momento en que acompañó a Carlos IV a Bayona. Carlos IV, Godoy y Pedro Ceballos fueron un equipo unido hasta el final. Godoy dirigía, Ceballos ejecutaba, y el rey firmaba y recogía peticiones y consejos de muchos politicastros, entre ellos de la reina.

 

 

LA NUEVA ETAPA EUROPEA EN 1800.

 

La política española a partir de 1800, hay que relacionarla necesariamente en política exterior con el 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte. El 10 de noviembre de 1799, Napoleón había dado un golpe de Estado en Francia y había impuesto un nuevo orden público, de autoridad y de paz interior. Ese golpe fue bien visto en España, porque en este país se necesitaban esas mismas condiciones de vida. Napoleón tenía entonces una imagen de España un tanto errónea, había sobrevalorado a España en algunos aspectos y la había menospreciado en otros: creía que la potencia naval española era muy grande, que la influencia española en Italia era decisiva, y que la economía americana era una fuente copiosa e inacabable de oro y plata. Consecuentemente, el 1 de octubre de 1800, había hecho el Tratado de San Ildefonso con España. (lo hemos considerado en 18.5.7.). No había considerado los enormes gastos necesarios para poner en orden la economía americana, previos a obtener rendimientos abundantes. Mientras los gastos de administración corrían a cargo de España, y Francia se beneficiaba del comercio, el punto de vista había sido distinto. Por otro lado, creía que España era tierra de analfabetos e ignorantes, de devotos integristas católicos que cultivaban la superstición y debían ser ilustrados y bien gobernados con leyes que él impondría. Y en este concepto incluía a América. Las sorpresas para Napoleón, a ambos lados del Atlántico, fueron muchas. Acabó siendo éste el mayor error de su vida.

En 1800 Godoy asumió una postura de sumisión ante Napoleón. Esto implicó varias paradojas: la oposición a Godoy fueron entonces los intelectuales universitarios, políticos y el círculo del príncipe Fernando (futuro Fernando VII), que eran ilustrados y jansenistas reprimidos. La oposición a Godoy tomó partido en contra de Napoleón, el reformador al que debieran haber apoyado. De momento, se conformaron con hacer sátiras de Godoy y María Luisa. Las paradojas de la historia son así. Su inquina personal contra Godoy les cegó para no ver la oportunidad de renovación que representaba Napoleón.

También había una parte de la aristocracia arandista, que creía que la nobleza tenía un papel colectivo en el Estado tanto como consejera del rey, como de freno a los excesos del rey absoluto, y que incluso hablaban de la necesidad de una constitución escrita, dado que la “histórica”, no escrita, había sido corrompida por los últimos Austrias, por los Borbones, y sobremanera por Godoy. Pero no eran liberales. Se opusieron a toda reforma y, por supuesto, a la reforma del catolicismo español tradicional e integrista.

 

 

EL CONFLICTO ENTRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Y LA IGLESIA CATÓLICA.

 

El 4 de agosto de 1789, la nobleza y el clero católico francés perdieron sus privilegios. Consecuentemente, el 24 de agosto de 1789 la Iglesia fue despojada de sus ingresos por diezmos. Y el 10 de octubre de 1789, Tayllerand, obispo de Autum, decretó la secularización de los bienes del clero. El 13 de febrero de 1790 fueron suprimidas las órdenes religiosas en Francia y el 18 de agosto de 1791 fueron suprimidas las congragaciones seculares.

La Iglesia fue reducida a una institución más, como cualquier asociación ciudadana, el 2 de julio de 1790, en la Constitución Civil del Clero, en la que las diócesis se hicieron coincidir con los departamentos franceses (se suprimieron 53 obispados) y se suprimieron unas 4.000 parroquias para eliminar exceso de clero. También se decretaba que los obispos y párrocos serían en adelante elegibles.

El Papa Pío VI condenó la Constitución Civil del Clero en 13 de marzo de 1791 y suspendió a los obispos y párrocos que hubiesen jurado fidelidad a la constitución francesa, pues consideraba que la única fidelidad posible era al Papa.

Francia le respondió al Papa en 14 de septiembre de 1791 con la ocupación de Avignon y el condado venesino, territorios papales tradicionales. El Papa se enfadó mucho y buscó una coalición de potencias católicas que lucharan contra Francia. Fue un error grande del Papa, pues Napoleón no se arredró como era tradicional, sino que invadió Italia. Y en agosto de 1792, Francia condeno a los sacerdotes “refractarios”, es decir, a los que se negaban a jurar la constitución francesa y fidelidad al Estado francés.

Las hostilidades estuvieron abiertas hasta 23 de junio de 1796, fecha en la que Napoleón y el Papa firmaron el Armisticio de Bolonia a cambio del cual, Napoleón recibía una fuerte suma de dinero y el Papa obtenía la paz para sus Estados. El Papa redactó el breve “Pastoralis sollicitudo” pidiendo a los franceses que aceptasen el régimen republicano. Era la rendición papal.

No obstante, el Directorio exigió entonces al Papa que revocase todas las disposiciones pontificias tomadas en contra de Francia desde 1789, lo que significaba reconocer la validez de la Constitución Civil del Clero, y ello llevó a la indignación de Pío VI y nueva ruptura de relaciones. Los franceses respondieron invadiendo Roma. El Papa volvió a pedir la paz, que fue firmada en el Tratado de Tolentino de 19 de enero de 1797, en el que Francia le reconocía al Papa su soberanía sobre El Vaticano, pero perdía los Estados Pontificios y además pagaba a Francia una considerable indemnización de guerra. Esto indignó a algunos católicos franceses, ultramontanos, es decir, apoyo del de más allá de los montes Alpes, y tomaron las armas contra el Estado francés. Francia reaccionó una vez más sin miramientos y envió al general Berthier sobre Roma, el cual tomó la ciudad el 10 de febrero de 1798, instauró la república y suprimió la soberanía del Papa, es decir, que el Papa dejó de ser rey.

El 20 de febrero de 1798, Pío VI fue llevado fuera de Roma por el ejército francés, lo que iniciaba el cautiverio del Papa, el cual pasó un tiempo retenido en La Toscana y luego llevado a Francia. Llegado a Valence sur Rhone, el Papa enfermó gravemente y la comitiva se detuvo. El Papa murió en 29 de agosto de 1799, habiendo dejado escrito que el nuevo Papa fuera elegido en cualquier territorio católico fuera de Francia.

En noviembre de 1799, Napoleón fue designado Primer Cónsul de Francia. Empezaba su dominio sobre Francia.

El 30 de noviembre de 1799 se reunió el Cónclave en Venecia con sólo 34 cardenales, en el que se trataba de elegir entre los candidatos franceses revolucionarios y los candidatos austríacos antirrevolucionarios. Austria exigía los territorios de Bolonia, Ferrara, Ímola y Rávena. Por fin se eligió un Papa neutral, ni francés ni austriaco. El nuevo Papa, Pío VII, fue elegido el 14 de marzo de 1800.

Francia no aceptó de buen grado el rechazo a sus candidatos e invadió el norte de Italia el 14 de junio de 1799, con lo que el Papa volvía a estar en territorios franceses. Pío VII decidió entonces volver a Roma, a donde llegó el 3 de junio de 1800 y renovó el Gobierno de El Vaticano aceptando funcionarios que no eran eclesiásticos y decidiendo algunas reformas para que El Vaticano pudiera vivir de su propia economía y no de los dineros enviados desde España y Francia.

En 1801, Napoleón y Pío VII llegaron a un Concordato por el que el catolicismo no era religión del Estado francés pero sí de la mayoría de los franceses, el Estado francés nombraba obispos pero el Papa podía deponerlos, la Iglesia cedía sus posesiones territoriales en Francia al Estado francés, y Napoleón reconocía al Papa como soberano de Roma.

El Papa restableció en 1801 la Compañía de Jesús.

La paz entre ambos duró hasta 1808, momento en que el Papa se negó a servir a Napoleón y éste le respondió ocupando de nuevo Roma el 10 de junio de 1809. Inmediatamente, el Papa excomulgó a los ocupantes de Roma y Napoleón envió una fuerza militar para exigir el levantamiento de la excomunión. El Papa Pío VII respondió “no podemos, no debemos, no queremos renunciar a la soberanía sobre Roma ni levantar la excomunión”, y se entregó a los soldados que le llevaron a Florencia y más tarde a Savona y finalmente, el 20 de junio de 1812 a Fontainebleau cerca de París.

Cuando en 1814 Napoleón estaba a punto de ser derrotado y necesitaba todos los apoyos posibles, restauró los Estados Pontificios y liberó al Papa, el cual llegó a Roma el 24 de mayo de 1814, tras cinco años de cautiverio.

 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL INTEGRISMO CATÓLICO EN ESPAÑA.

 

También es preciso ver la etapa 1800-1808, en política interior, como de represión integrista católica sobre los reformistas o jansenistas, la cual se basaba en un sentimiento de rechazo por el cautiverio del Papa Pío VI y en la encíclica de 1794 Auctorem Fidei condenando el galicismo y el jansenismo.

Con la encíclica Auctorem Fidei de 1794, la Inquisición tenía un arma para atacar a todos los reformistas españoles. La etapa de Ceballos es recordada por la represión llevada a cabo por los integristas católicos sobre ilustrados y jansenistas. La Inquisición recuperó toda su actividad represiva por la que es famosa, excepto que ya no condenaba a muerte. El Papa recuperó sus envíos de dinero desde España.

Representante de este grupo de integristas era Lorenzo Hervás Panduro, 1735-1809, jesuita de Cuenca con estudios no sólo de filosofía y teología, sino también de matemáticas y astronomía, profesor de colegios de jesuitas (Seminario de Nobles de Madrid 1771-1772, Annunciata de Murcia 1764…) fue expulsado en 1767 y fue a Forli (Italia), estudió lingüística comparada, regresó a España en 1798 y publicó Causas de la Revolución Francesa, e Historia de la vida del Hombre, acusando a los jansenistas de ser culpables de la revolución. En la guerra de 1808 se volvió a Roma, donde murió.

En la misma línea integrista católica podemos citar a Pablo de Olavide, 1725-1803, el hombre que en su juventud había leído a Voltaire y había dirigido una tertulia ilustrada en Sevilla, el hombre de los repartos de tierras y reforma de la Inquisición y que se había mostrado antiintegrista, e incluso fue condenado a ocho años por la Inquisición por lo que tuvo que huir a Francia en 1780. Este hombre, vivió en Ginebra los sucesos franceses de 1789 y, en principio se sintió eufórico, pero enseguida vio los excesos sansculottes, y en 1794 fue encarcelado como enemigo de la revolución francesa. Sufrió el terror jacobino en la cárcel y allí sufrió una transformación radical: se hizo extremadamente religioso en sentido integrista, y en 1797 publicó en Valencia El Evangelio en Triunfo, o Historia de un Filósofo Desengañado, que fue una obra muy leída, ocho ediciones en los seis primeros años, best-seller del momento en España.

Entiendo por integrismo religioso, pues todas las religiones tienen integrismo, la opinión de algunos miembros de una religión, basada en que sus principios morales religiosos son los únicos posibles, de que tienen derecho, e incluso obligación, de imponer sus normas morales al Estado y a la sociedad en general. No estoy diciendo que no tengan derecho a exponer sus criterios morales, que lo tienen, sino que se sobrepasan en cuanto al criterio de sentirse enviados divinos para imponérselos a los demás. El tema se complica en el momento en que hablemos del derecho de rebelión frente a la injusticia y abuso por parte del Estado o de determinados grupos sociales, pero no entraremos en este tema, demasiado amplio. En casos de integrismo radical, condenan a muerte a los que no aceptan estos criterios religiosos suyos, se creen con derecho a asesinar en nombre de Dios. Así se justifican entre los integristas católicos violentos los crímenes de la Inquisición, como se justifican entre los integristas musulmanes de la “yihad de la espada” o yihad violenta los crímenes de todo tipo contra los no yihadistas, sean musulmanes o no creyentes en el Islam.

En la España del XVIII, muchos reformistas católicos fueron llevados ante la Inquisición, aunque no se pudo probar nada contra ninguno. Se denunció ante la Inquisición a obispos, catedráticos e ilustrados en general siendo destacables entre los acusados:

el obispo de Cuenca, 1800-1802, Antonio Palafox y Croy, que había colaborado en la Sociedad Económica de Amigos del País y se relacionaba con ilustrados. Era hermano de Felipe Antonio de Palafox y Croy y cuñado de la condesa de Montijo;

el obispo de Salamanca, Antonio Tavira Almazán, 1737-1807, Prior de Uclés en 1788, obispo de Canarias en 1791, obispo de Osma en 1796, obispo de Salamanca en 1798, el cual había estudiado en el Seminario de San Fulgencio en Murcia, en la Universidad de Baeza y en la de Salamanca, Colegio Menor del Rey de la Orden de Santiago. Como obispo de Salamanca, se le ocurrió suprimir varias procesiones de Semana Santa, que eran de todo menos cristianas, y tuvo problemas con la Inquisición.

el obispo de Barbastro, Agustín Íñigo Abad y Lasierra, 1745-1813, benedictino, abad de Besalú, obispo de Barbastro en 1790;

el obispo de Astorga e Inquisidor General, Manuel Abad y Lasierra, 1729-1806, hermano del anterior, benedictino en San Juán de la Peña, obispo de Ibiza en 1782, obispo de Astorga en 1787, Inquisidor General en 1793.

Gaspar Melchor de Jovellanos.

El agente de la Inquisición apellidado Llorente.

Algunos canónigos de Madrid.

La condesa de Montijo: María Francisca de Sales Portocarrero Guzmán Luna y López de Zúñiga, 1754-1808, sufrió la muerte de su padre a los tres años de edad, lo que dio como resultado el ingreso de su madre en un convento y el suyo propio en otro de monjas salesianas. A los 14 años la casaron con Felipe Antonio de Palafox y Croy, 15 años mayor que ella. Heredó de su familia los títulos de VI condesa de Montijo, XVI condesa de Teba, IX condesa de Baños, V condesa de Fuentidueña, VII marquesa de Valderrábanos, VI marquesa de Osera y Castañeda, X marquesa de Villanueva del Fresno… y era dos veces Grande de España. Afortunadamente para ella, era rica. Afortunadamente para ella, tenía un esposo ilustrado y reformista con el que tuvo un matrimonio feliz. Creó una tertulia que se interesó por los temas religiosos, pues era católica convencida, pero reformista y jansenista. Por sus ideas, tuvo que enfrentarse a la Inquisición, la cual en 1805 la desterró de Madrid acusada de jansenismo.

 

El grupo de católicos reformistas era muy grande. Los reformistas querían otro tipo de Iglesia. Con la represión, la oportunidad de reformar la Iglesia española y de encontrar la reconciliación entre los católicos se perdió. Son destacables:

Francisco Armañá, 1718-1813, obispo de Lugo en 1768, obispo de Tarragona en 1785;

Felipe Bertrán, 1704-1783, catedrático de filosofía en Valencia en 1735, obispo de Salamanca en 1763, Inquisidor General en 1774 que autorizó una traducción de la Biblia al castellano, creador del seminario diocesano de Salamanca en el colegio del Espíritu Santo (Clerecía).

Joaquín Lorenzo Villanueva, 1757-1837, profesor de filosofía en el seminario de Orihuela.

Enrique Flórez de Setién y Huidobro, 1702-1773, agustino, autor de la España Sagrada y descubridor de Julióbriga en Retortillo (Cantabria).

Francisco Antonio Lorenzana, 1722-1804, obispo de Plasencia en 1765, arzobispo de México en 1766, cardenal en 1789, arzobispo de Toledo en 1800. Destacaba en México por ir a visitar a los hacendados y reprenderles por tratar a sus criados como esclavos, así como por sus advertencias a monjas poco cuidadosas, o practicantes de religiosidad falsa. Defendió la suspensión de trabas fiscales en Nueva España y la libertad de comercio entre virreinatos, que se concedió a Nueva Granada y Guatemala en 1778, pero no a Nueva España.

Félix Amat Pons, 1750-1824, sacerdote en 1774, abad de San Ildefonso, arzobispo de Palmira, obispo de Osma en 1810.

Manuel Rubín de Celis, obispo de Murcia en 1773.

Josep Climent Avinent, 1706-1781, obispo de Barcelona en 1766-1775.

 

Este clero ilustrado, denominado despectivamente a veces por los integristas “jansenista”, se diferenciaba del tradicional integrista en muchas ideas de fondo:

En cuanto al concepto del trabajo los conservadores mantenían el que se tuvo en España durante la Edad Media y Moderna. Según los conservadores, el trabajo era un castigo divino por el pecado original, era una participación en el sufrimiento de Cristo, era propio de profesiones innobles e impurificaba. Los nuevos católicos, los ilustrados, consideraron el trabajo como algo noble y digno, cualquiera que fuera el tipo de trabajo que se realizase. De la consideración del trabajo como algo digno se derivó la consideración del ahorro como algo virtuoso, cuando los tradicionalistas habían considerado el capital y el comercio en general como pecado de usura. Los ilustrados opinaban que el trabajo y el ahorro era la providencia para los hijos, lo cual hacía virtuosos a los padres que ahorraban. Del ahorro, derivaba a su vez el nuevo concepto de capital, generador de riqueza, lo cual permitía adquirir nuevas propiedades. De ahí la importancia de La Riqueza de las Naciones de Smith, y la polémica que la obra causaba entre los inquisidores.

 

 

En cuanto a la caridad, los renovadores predicaban una caridad activa. Frente a los tradicionalistas, que veían santo el dar limosna, los ilustrados predicaban el enseñar a trabajar, enseñar habilidades técnicas que permitieran al necesitado vivir por su cuenta. Los renovadores también practicaban la caridad pasiva, aunque la considerasen mal negocio, y de hecho, los clérigos ilustrados prestaban a veces, en los pósitos de la Iglesia, sin garantía de reembolso, porque veían las necesidades sociales.

Pero lo que más molestaba de los jansenistas es que quisieran acabar con las prácticas religiosas populares que, según ellos, rayaban, o eran directamente, superstición, hechicería y magia. En cuanto a las prácticas religiosas, los reformistas querían una iglesia plena de religiosidad, pero de religiosidad interior, verdadera, consecuente en las obras, con menos ceremonias y solemnidades externas, con menos hipocresía cuando las prácticas religiosas eran seguidas de injusticia social (impagos de salarios), abuso respecto a los semejantes (trato a las criadas, a la mujer y a los hijos, desprecio a los menos afortunados de la sociedad), y negación completa en privado de las virtudes que reclamaban en público en las iglesias y procesiones (por la mañana a misa y comunión, y por la tarde al prostíbulo o a atender a la querida). Por eso, querían que los cristianos leyeran directamente las escrituras, porque había que romper el poder de los que administraban la palabra de Dios en su propio beneficio, y había que dar cultura al pueblo, porque sólo saliendo de la ignorancia y la superstición se llegaría a una vivencia real de los principios cristianos. Predicaban una piedad en la que cada cristiano se esforzara por ser mejor, que abandonara la rutina de los signos externos que no se traducían en modificaciones de la conducta hacia el bien obrar.

Entre las supersticiones más abominables denunciadas por los jansenistas españoles de fines del XVIII estaba la de los falsos endemoniados, una especie de moda en el XVIII por la que algunos individuos proferían grandes gritos, entrecalados con chillidos agudos, en el momento de alzamiento de la hostia en misa. Esos individuos eran un buen negocio para los exorcistas, que trataban de quitarles la tontería que decían que tenían dentro y para la que todos debían aportar su dinero en colecta.

Otras supersticiones eran la creencia en los milagros, cuando los ilustrados comprendían que muchos de ellos eran fenómenos naturales, explicados por la física y la química, pero el pueblo inculto gustaba de que hubiera milagros y que se repitieran una y otra vez.

 

Los tiempos eran de crisis religiosa: Lo que parece que estaba cambiando a fines del XVIII era la religiosidad entre los más jóvenes. Jovellanos nos relata que los jóvenes no mostraban ningún interés en las ceremonias religiosas, y no rezaban a diario, se limitaban a cumplir con ir a misa, pero salían de ella lo más aprisa posible para gozar del descanso dominical, es decir para reunirse a cantar y bailar.

Esta opinión de un español sobre la religiosidad española, contrasta con el testimonio de un extranjero como Jean Batiste Labat, dominico francés, que a principios de siglo XVIII hablaba del gran recogimiento con que los españoles oían la misa, la asistencia diaria a la misma, algunos incluso a dos misas, una por la mañana y otra por la tarde, de cómo se paraba toda actividad, incluso los toros, a la hora del rezo del ángelus. Esta opinión nos sugiere que en Francia, el abandono de las prácticas religiosas era mayor que en España.

Creemos que a fines del siglo XVIII había muchas formalidades externas, y que el tiempo estaba haciendo aparecer “rebeldes” juveniles que cumplían con los mínimos exigidos, pero nada más.

 

La Inquisición fue utilizada como arma represiva por los integristas: Felipe V no había querido acabar ni limitar el poder de la Inquisición porque se valía de ella, y el rey se fortalecía en el poder gracias a que le apoyaron los inquisidores. Carlos III domesticó la Inquisición siendo él el que nombraba los inquisidores, y agradecía a la Inquisición el hecho de que el pueblo la temía, porque así podía hacer respetar sus decretos. El peligro de estas políticas de los reyes españoles de “usar” aquello en lo que no se cree, es que en un momento dado el instrumento caiga en manos de un redentor del mundo, un salvador, o unos integristas en este caso. Ya a principios de siglo, la Inquisición se había cobrado el precio de acusar a los novatores de poner en riesgo el dogma católico y de enseñar nuevas doctrinas que iban contra materia de fe. En 1800, la Inquisición sirvió para atacar la racionalidad, e intentar dar marcha atrás en la historia.

Fue mal momento para las Sociedades Económicas de Amigos del País, tan abundantes a finales del XVIII. Las Sociedades Económicas de Amigos del País habían contado a menudo con clérigos y obispos en sus filas: la Sociedad Bascongada tenía 96 miembros eclesiásticos; la Sociedad Económica de Amigos del País de Tarragona estaba presidida por el obispo Francésc Armagná y contaba con 109 clérigos entre sus 169 socios; al menos otras cinco obispos estaban en Sociedades Económicas de Amigos del País. No se recuerda en los libros de historia actividad de las Sociedades Económicas de Amigos del País en el siglo XIX.

Hay que entender que, en la España del XVIII, muy poca gente sabía leer, y los alfabetizados se reducían a gente que había pasado por la enseñanza de colegios, casi todos dominados por religiosos u obispos, y luego por las Universidades. Eran una minoría social muy pequeña. Por tanto, el problema entre integrismo y jansenismo era muchas veces un problema interior del clero. Había clérigos integristas, que en 1800 triunfaban, pero también había clérigos ilustrados que se sentían atraídos por los nuevos saberes, e incluso clérigos revolucionarios que leían libros prohibidos porque se sentían atraídos por las reformas que se estaban haciendo en Francia respecto a la organización del Iglesia.

En los años siguientes, reinado de Fernando VII, los ilustrados y jansenistas españoles fueron culpabilizados de todos los excesos cometidos por los revolucionarios franceses y por los causados por los que seguían las doctrinas revolucionarias en España. El daño sufrido por España tuvo consecuencias durante muchas décadas.

 

 

Políticos en la represión integrista católica.

 

Se tiene por principal responsable de esta persecución que los católicos integristas hacían sobre los católicos reformistas a José Antonio Caballero, Secretario de Despacho de Gracia y Justicia y por tanto encargado de las relaciones con la Iglesia. Los ilustrados y jansenistas habían tenido anteriormente la protección de los gobernantes, como Carlos III, Aranda y Urquijo. Pero en el momento de iniciarse el siglo XIX, José Antonio Caballero estaba obsesionado por eliminar ilustrados y jansenistas. Prefería clérigos ignorantes, a clérigos que estuvieran contaminados por las reformas religiosas francesas. Es sorprendente en este tipo, que amaba las matemáticas y las ciencias modernas y las trató de introducir en el Plan de Universidades de 1807, junto a los viejos saberes de cánones y teología, que eran los tradicionales, su antirreformismo religioso. Sus reformas universitarias nunca se pusieron en vigor, pues la guerra de 1808 lo impidió. Evidentemente, los acontecimientos entre la Francia revolucionaria y los Papas estaban influyendo mucho en los modos de ser de los españoles.

En este terreno, Manuel Godoy, que personalmente estaba en contra de la Inquisición, jugaba un papel complicado: En su primera etapa, en 1792, había nombrado Inquisidor General al obispo de Astorga, Manuel Abad de la Sierra, benedictino, con la intención de reformar la institución y hacer que los inquisidores fueran cultos, capaces de entender los libros de la Ilustración y de llevar correctamente los procedimientos judiciales. En 1796 había apoyado contra el Santo Oficio a Ramón Salas, profesor de Salamanca, haciendo que el Secretario de Gracia y Justicia revisase el caso y le liberase de sus perseguidores. Por eso mismo, el arzobispo de Sevilla y confesor de la reina había acusado a Godoy de ateo e inmoral ante la Inquisición, pero el Inquisidor Lorenzana no quiso actuar contra Godoy. Escribieron cartas a Roma, entonces dominada por Napoleón, que recibió y abrió las cartas, y se las envió a Godoy. Éste destituyó inmediatamente a Lorenzana y nombró Inquisidor General a Ramón José Arce[3], arzobispo de Zaragoza.

Pero Godoy era ante todo un populista, y si los aires soplaban a favor de la Inquisición y del integrismo católico, hacía lo mismo que decía Groucho Marx: “si no le gustan estos principios, tengo otros”. Para hacer creíble a los católicos su reconversión al integrismo, permitió el regreso de los jesuitas desde Italia, orden restablecida en 1801. Y además, apoyó a José Antonio Caballero, manteniéndole diez años en el poder, hasta 1808.

 

 

LA GUERRA DE LAS NARANJAS.

 

El 29 de enero de 1801 Godoy llegó a un acuerdo con Luciano Bonaparte en el que Godoy se comprometía a invadir Portugal. La acción se llamó Guerra de las Naranjas. La guerra a Portugal se hizo lo más incruentamente posible. Portugal se había negado a cerrar sus puertos a los barcos británicos y Godoy se comprometió a someter a Portugal, se hizo llamar “generalísimo”, y acordó que el mando lo tendría él.

Del 18 al 21 de marzo de 1801, tuvo lugar el Tratado de Aranjuez, entre Manuel Godoy y Luciano Bonaparte:

Fernando de Borbón Parma, a quien se le había prometido un reino en Italia en octubre de 1800, renunciaría a Parma a cambio de una indemnización que pagarían Francia y España.

Su hijo, Luis Francisco de Borbón Parma, sería rey de la Toscana, denominado Reino de Etruria.

La Luisiana sería para Francia. La Luisiana se entregó oficialmente el 15 de octubre de 1802. Sería vendida a Estados Unidos en 1803 por 15 millones de dólares.

 

Napoleón trataba a España como país satélite de Francia y primero la utilizó para proteger la retirada de sus tropas de Egipto en 1800-1801, atacando el bloqueo de Malta que estaban haciendo los ingleses, y más tarde para presionar a Portugal para que abandonara su alianza con Inglaterra, y por fin para intentar borrar a Portugal del mapa político e incluirlo en la Corona española, mientras él se quedaba con la parte de España al norte del Ebro. Napoleón se creía con derecho a trazar nuevas fronteras, a utilizar los hombres en la guerra y mandarles morir para él. Napoleón es el representante de los nuevos tiempos burgueses, pero fue también una especie de monarca de espíritu absolutista, hijo de su tiempo, capo mafioso de Córcega. Cuando Portugal decidió no romper su alianza con Gran Bretaña, Napoleón decidió que España le hiciese la guerra.

El trato despectivo de Napoleón hacia España fue todavía más claro con motivo de la sublevación de Ahití de 1801: Napoleón envió a Carlos Víctor Leclerc con 16.000 hombres, los cuales sufrieron una peste en noviembre de 1802 y una derrota muy severa en noviembre de 1803. Napoleón exigió que la flota española acudiera a la isla de Santo Domingo, que había sido cedida a Francia en la Paz de Basilea de 1795, pacificara la isla, y se la entregara de nuevo a Francia.

Carlos IV no estaba dispuesto a hacer la guerra a sus parientes, los reyes de Portugal y planificó una guerra de salón, sin derramamientos de sangre.

El 20 de mayo de 1801, Godoy acaudilló las tropas españolas que se adentraron en el Alentejo. El portugués Luis Pinto de Souza se puso enseguida a negociar con Luciano Bonaparte, su verdadero enemigo, llegando con él al Tratado de Badajoz de 6 de junio de 1801 en el que Godoy solo era espectador:

Portugal, cerraba sus puertos a los ingleses, no admitiría depósitos de contrabando de mercancías destinadas a territorios españoles en América, e indemnizaría a España con la ciudad de Olivença.

España, garantizaba la integridad territorial de Portugal, incluyendo sus dominios americanos.

Luciano Bonaparte se comportó suciamente, y exigió para él la suma de 5 millones de reales en concepto de pago por la negociación. Los franceses empezaban una serie de episodios de corrupción, en el que todos pensaban que podían enriquecerse, gracias a Napoleón, sobre todo a costa de Italia, España y Portugal.

El 6 de junio de 1801 la guerra se dio por terminada y Godoy llevó una cesta de naranjas de Olivenza a la reina, lo cual dio nombre a la guerra como “Guerra de las Naranjas”.

A Napoleón no le gustó el Tratado de Badajoz: La garantía de integridad de Portugal establecida en el Tratado de Badajoz no era acorde a los planes de Francia de establecerse en Portugal y Brasil, como cabeza de puente a un imperio más grande, sucesor del imperio español. Además, el objetivo primario era debilitar a Inglaterra, y con este tratado no se conseguía ese objetivo. Por otra parte, la corruptela de su hermano Luciano tampoco le gustó. Además, Luciano Bonaparte y Manuel Godoy habían negociado un texto sin consultárselo a él previamente, y él hubiera querido aportar el texto que se debía firmar. Y por último, Francia no obtenía ventajas de ese tratado, ni territoriales ni pecuniarias. De esta manera, la Paz de Badajoz se constituía en un fracaso de Napoleón, cosa que le indignó. Napoleón deseaba una baza para jugar en las negociaciones con Gran Bretaña, y no se le había dado. Luciano no había entendido el negocio que se le había encargado, o tal vez se había corrompido.

Napoleón aceptó el Tratado de Badajoz, pero decidió que España pagaría esta pequeña “traición”, o engaño, o farsa, a que habían querido someterle Godoy y su hermano Luciano Bonaparte. Y las consecuencias se verían en Amiens en marzo de 1802.

 

 

LA PAZ DE AMIENS DE 1802.

 

En 27 de marzo de 1802 se llegó a la Paz de Amiens entre Inglaterra por un lado, y Francia por el otro. Aparecían como satélites de Francia: España y la República Bátava (Países Bajos de Holanda, convertidos en República Bátava por Francia en 1795).

Actuaban como ministros plenipotenciarios: Charles Cornwallis por la Gran Bretaña de Jorge III; José Bonaparte por la Francia de Napoleón Bonaparte; José Nicolás de Azara por la España de Carlos IV; Roger Jean Schimmelpennick por la República Bátava.

El Tratado se convirtió en una negociación entre dos, Francia y Gran Bretaña, a costa de España. Los preliminares de la Paz de Amiens se habían firmado sin notificarlo a España, lo cual quiere decir, que España aceptó lo que se le dio, sin poder opinar nada en Amiens. España tenía el mismo rango que la República Bátava, y Napoleón hacía visible que no se fiaba en nada de Godoy, ni de los españoles en general. Recuérdese que Godoy le había engañado en cuanto a la invasión de Portugal en mayo de 1801.

Los puntos importantes de la Paz de Amiens eran:

Inglaterra devolvía El Cabo y las Indias Orientales a la República Bátava, Egipto a Turquía, Menorca a España, y Malta, Gozo y Comino a los Caballeros Hospitalarios. Retenía Ceilán (francés), Gibraltar (español), Trinidad y Tobago (españolas).

Francia devolvía Egipto a Turquía, Estados Pontificios al Papa, Nápoles a la dinastía de Borbón.

España entregaba a Inglaterra Trinidad a cambio de recuperar Menorca, tomada por los ingleses en 1798.

La cesión de Trinidad, una isla al este de Venezuela, era ceder gran parte del comercio del Caribe a Inglaterra, lo cual perjudicaba mucho los intereses españoles en la zona. El contrabando sería imposible de parar, y los corsarios tendrían campo libre para sus fechorías.

La Paz de Amiens resultó beneficiosa para Hacienda española, porque llegó una flota de Indias con plata americana. Parecía que se abría una esperanza de salir de la ruina hacendística, pero todo se vendría abajo en 1803, cuando España decidió pagar dinero a Napoleón a cambio de que éste aceptase la neutralidad española (Tratado de Suministros).

Internacionalmente, la Paz de Amiens no sirvió de nada en cuanto a conseguir la paz, y un año después, Francia y Gran Bretaña estaban de nuevo en guerra.

 

 

EL DIFÍCIL TRÁNSITO POLÍTICO DEL XVIII AL XIX.

 

En conjunto, las líneas de la política española a principios del XIX son difíciles de entender, confusas, pues algunos reformistas estaban en contra del reformador, Napoleón, y algunos constitucionales estaban en contra del liberalismo. Por ello, el alzamiento de mayo de 1808, habrá de ser analizado con cuidado y reservas, y por ello se entenderá que en ese alzamiento y en las Juntas Provinciales que surgieron después, hubiera clero, nobleza y militares, que en absoluto creían en el liberalismo y la igualdad de los seres humanos en derechos. Al tiempo que pedían constitución, pedían mantenimiento de la Inquisición y del régimen señorial, y fin de la desamortización devolviendo las tierras a la Iglesia. Entre los llamados “patriotas” había absolutistas, integristas católicos, liberales moderados y liberales exaltados, y todos luchaban juntos contra José I Bonaparte, al que apoyaban los ilustrados y reformistas que fueron llamados “afrancesados”. En fin, el primer tercio del XIX español se hará un poco difícil de entender para los no iniciados.

 

 

La situación financiera española

a principios del XIX.

 

La situación financiera de la Hacienda española era desesperada, por lo que se recurrió a tomar empréstitos a cualquier precio y condiciones: el 10 de junio de 1801 se tomó un empréstito de 10 millones de florines (81.823.529 reales) con la Banca Ouvrard de París, y el 17 de junio otros 4,5 millones de florines (34.761.763 reales) en Holanda (el florín se cotizaba a 8,8 reales).

Fue una suerte para Godoy encontrar prestamistas, porque Canga Argüelles calculaba la deuda en cifras altísimas:

Deuda flotante del Estado, 7.000 millones de reales.

Deuda consolidada interior, 4.108 millones.

Deuda consolidada en América, 4.000 millones.

Descubierto del año 1801, 720 millones.

Teniendo en cuenta que las necesidades anuales ordinarias del Estado Canga Argüelles las calculaba en unos 700 millones de reales, que se elevaban mucho en los años en que había guerra, la deuda era veinte veces mayor que el presupuesto del Estado, y si hiciéramos un juego mental, suponiendo que toda la deuda estuviera colocada al 4%, nos darían unos intereses de 600 millones de reales anuales. No es exacto, pero nos sirve para darnos cuenta de la magnitud del problema de Carlos IV a principios de siglo.

Tras esta reflexión, podremos entender que los Cinco Gremios Mayores de Madrid, que venían financiando el aprovisionamiento de la Marina y los presidios militares de la costa, se negaran a seguir financiando al Estado español, que la Compañía de Filipinas y la Compañía de Caracas entraran en crisis, y que medidas extraordinarias, como la desamortización que se había pedido al Papa en 1798 sobre patronatos, hermandades, capellanías y censos, fueran no sólo necesarias sino urgentes e insuficientes. La desamortización sería concedida por Roma en 1806.

 

 

La situación económica y social española

a principios del XIX.

 

Las cosechas de 1800, 1803 y 1804, se perdieron por causas meteorológicas, ciclos que eran normales en España. Parte del diezmo y el voto de Santiago, fueron donados por la Iglesia para comprar semillas para que los pobres pudiesen continuar viviendo.

Desde 1800 a 1813 hubo fiebre amarilla en el sur de España.

En 1804 tuvo lugar una epidemia de cólera en Andalucía, Murcia y Alicante y se empezó a hablar de sacar los cementerios fuera de los pueblos a fin de evitar epidemias, algo que la sociedad española no aceptará hasta 1931.

A todo ello se sumaron las revueltas sociales típicas de tiempos de dificultad:

En 1801 hubo una protesta en Valencia quejándose contra la formación de milicias y de los altos precios de la alimentación, y también por soportar el régimen señorial.

En 1801 hubo un intento de suprimir fueros vascos y ello provocó una rebelión de campesinos vascos. Simón Bernardo de Zamácola propuso la creación de un puerto en Abando para evitar los impuestos que pagaban las mercancías que entraban en Bilbao, al tiempo que proponía el libre comercio de los productos agrícolas garantizado por unas fuerzas de orden público presentes en todos los pueblos. Esta decisión perjudicaba a los señores de la Tierra Llana y a los comerciantes de Bilbao, y beneficiaba a los campesinos. La rebelión señorial y burguesa acabó eliminando el proyecto en 1804, a costa de los campesinos vascos.

En 3 de septiembre de 1801, Carlos IV decidió suprimir las milicias y las quintas en Aragón, Valencia, Navarra, Cataluña y Vizcaya, pues daban más problemas que otra cosa, lo cual fue una claudicación muy grave de la monarquía frente a estos territorios en vías de asimilación con el resto de España, y una injusticia radical respecto al resto de los españoles.

Tenemos noticia de algunas algaradas populares que demuestran que la época era mala, de hambre y enfermedad, además de represión integrista católica y represión política. Algunas muestras son:

En 1802 hubo algaradas en varios pueblos de Castilla por carestía de los alimentos. La hambruna duraría hasta 1804. En 1802 hubo una catástrofe en Lorca, debida a la ruptura de la presa de Puentes. Igualmente, la presa de Valdeinfierno se atarquinaría.

En 1803 hubo un motín en Jijona asaltando los vecinos los carros de trigo y maíz que pasaban por la ciudad, mientras los precios eran caros y el grano escaseaba en ella.

En 1804 hubo conflictos laborales en la fábrica de sombreros de Juan Francisco Barrió en La Coruña, por bajos salarios.

En 1804 se decidió reimplantar un precio máximo del trigo, dando marcha atrás al decreto de julio de 1765. El problema económico era que liberar los precios sin cambiar la estructura de la propiedad, seguía permitiendo la especulación de los nobles, Iglesia y terratenientes.

En 1806 hubo conflictos laborales en la fábrica de Rafael Serrano en Ávila y en la de Juan de la Maza en Ávila, protestando contra los bajos salarios.

 

 

PROGRESOS ESPAÑOLES EN 1801-1806.

 

No sólo debemos contemplar el aspecto negativo de la época. También hubo progresos que eran continuación de los cambios ilustrados producidos en la segunda mitad del XVIII:

En 1801, Godoy publicó un censo de población realizado por Eugenio Larruga desde 1797, que nos es interesante no sólo por dar una cifra de población, 10.541.221 habitantes, sino por facilitarnos las oficinas públicas existentes (cárceles, teatros, casas consistoriales…), las oficinas privadas (carnicerías, pescaderías, panaderías…), las casas de caridad, las casas de estudios, los establecimientos de órdenes religiosas, y los nombres de todos los ciudadanos de España uno a uno por primera vez en la historia de España. el trabajo de Larruga pretendía hacer lo mismo con la producción y la industria española pueblo a pueblo, pero murió en febrero de 1803 sin darle tiempo a más.

En 1801, Godoy mandó abrir Colegios de Farmacia con capacidad para expedir títulos de bachiller en farmacia y doctor en farmacia, lo que daría lugar a que en 1806 se abriera un Colegio de Farmacia en Madrid y en 1815 otros en Barcelona, Sevilla y Santiago (los dos últimos cerrados en 1823), con tres cursos en los que se impartía química, farmacia, historia natural y física. Estos colegios se convertirían en facultades universitarias en 1845, y entonces, abrieron otras facultades de farmacia, Granada en 1850 y Santiago en 1857, introduciendo definitivamente una nueva área del saber en España.

En 1802 se terminó la carretera Madrid-Barcelona-Valencia, del plan 1761 de carreteras, impulsado realmente desde 1778 por Floridablanca. Carlos IV construyó los últimos 2.000 kilómetros (400 leguas) de ese plan, cuyo encargado de obras como Inspector General de Caminos era Agustín de Bethencourt. Este hombre creó en 1799 el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales, y en 1802 la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos y Canales, para permitir hacer la obras que España necesitaba con la calidad mínima deseada.

En 1802 se establecieron en Madrid los Estudios de la Inspección General de Caminos, necesarios tras imponerse un servicio de inspección de obras cuyos técnicos necesitaban unos conocimientos mínimos de ingeniería. En 1803 pasaría a llamarse Escuela de Caminos y Canales. La escuela fue puesta en marcha por Agustín de Bethencourt, inspector desde 1801. Otros profesores famosos fueron José Chaix, José María de Lanz y Juan López de Peñalver, y alumnos destacados fueron Juan Subercase, y Francisco Travesedo. La Escuela se cerró en 1814, se abrió en el Trienio Liberal, se cerró en 1823 y abrió definitivamente en 1834 como Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales.

En 1802 se dieron unas Ordenanzas Generales para el Ejército que tenían como novedad la aparición del Estado Mayor. Tenía como antecedente la Junta de Constitución del Ejército de Godoy 1796 que reunió un grupo de militares ilustres para planificar la fortificación de Los Pirineos y hacer unos planes de efectivos necesarios para el ejército. En 1801, de hecho, Godoy creó un Estado Mayor que coordinase la invasión de Portugal, Guerra de las Naranjas. Pero la aparición de un nuevo Cuerpo y de élite, no gustaba en el ejército y fue disuelto enseguida. Volvió a aparecer el Estado Mayor durante la Guerra de Independencia el 9 de junio de 1810, con Blake a la cabeza, pero fue disuelto el 27 de junio de 1814 cuando se eliminaron todas las reformas liberales anteriores a esta fecha. Volvió a imponerse en 1823, con los liberales, y a quitarse en 1823 con el absolutismo. Y por cuarta vez se impuso en 1836 y de forma permanente, para tiempos de guerra y tiempos de paz y definitivamente el ejército de España tuvo Estado Mayor. En 1867 tendría su propia academia de Estado Mayor, y en 1939 se abriría la Escuela de Estado Mayor. Los oficiales de Estado Mayor se distinguen por una banda azul y una estrella de cinco puntas que, en el siglo XIX llevaba debajo hojas de roble y luego se perdieron.

En 1803 y hasta 1807 tuvo lugar la Real Expedición llamada “de la vacuna”, porque Francisco Javier de Balmis difundió la vacuna contra la varicela, o antivariólica, dando la vuelta al mundo.

En 1803 se creó en Alcalá de Henares una Academia Militar de Ingenieros. Los ingenieros se crearon en la Edad Media para construir fortificaciones y para atacarlas tanto con instrumentos de ataque como técnicas de destrucción como las minas. Estaban integrados con los artilleros, pero los ingenieros tenían altos conocimientos científicos y tendieron a separarse, lo que consiguieron con Carlos III. La academia de ingenieros tendrá una vida itinerante pues se radicará sucesivamente en Madrid, Talavera de la Reina, Ávila, Arévalo, Guadalajara (tiempos de Alfonso XII), Segovia (durante la Segunda República), Burgos y desde 1976 Hoyo de Manzanares (Madrid).

El 2 de febrero de 1803 se reformó el Consejo de Hacienda al que se dotó con cuatro salas: Sala de Gobierno, Sala de Millones, Sala Primera de Justicia, Sala Segunda de Justicia, más una Contaduría Mayor de Cuentas.

En 1803, Godoy reformó la caballería, poniendo 38 jinetes por compañía de caballería (en 1704 eran 25, en 1718 eran 18, y en 1794 se habían subido a 67), pero sobre todo, añadiendo servicios como 13 servidores de caballos y un herrador por compañía de caballería. Reunió 12 regimientos de línea, 6 de cazadores a caballo y 6 de húsares. Estos dos últimos son los que llamamos caballería ligera. En 1805 se restablecieron los Regimientos de Dragones y desaparecieron los cazadores y húsares. Los dragones eran arcabuceros a caballo, mezcla de infantería y caballería, pues podían combatir de ambas maneras, y luchaban junto a la infantería, pero a caballo, para perseguir después al enemigo en desbandada.

En 1803-1807, Domingo Badía, conocido como Alí Bey el Abbasi, realizó unos viajes por el Mediterráneo levantando cartas marinas de Marruecos, Argelia, Arabia, Palestina, Anatolia y Constantinopla, que se publicaron en francés en 1814 y fueron traducidas al español por Pascual Pérez en 1936.

En 1804 el Estado inició la construcción de cementerios municipales fuera de las ciudades, pero el asunto no era nada fácil por varias razones, porque los ayuntamientos no tenían dinero y porque la gente se resistía a sacar a sus muertos fuera. Lo tradicional medieval era que los ricos compraban sitio en las iglesias y monasterios pagando distinto según el sitio (el centro del altar era lo más caro, el resto del altar, el centro de las bóvedas…). Las iglesias olían muy mal, no solo por la pérdida de gases de las tumbas sino por guardar huesos exhumados demasiado pronto, dada la mucha demanda de tumbas para un suelo tan reducido. Posteriormente los huesos iban al camposanto. Los pobres iban directamente al camposanto y se enterraban en zanjas comunes. Estos camposantos solían estar en un lateral de la iglesia, en medio del pueblo. Las “mondas” o huesos de antiguos cadáveres, se dispersaban por el suelo del camposanto. En 1787, Carlos III había ordenado abrir cementerios extramuros conservando las parroquias seguir percibiendo los derechos de entierro y sólo quedaban exentos de esta orden los que hubieren comprado sepultura dentro de un edificio religioso, pero la orden no fue obedecida. En 1799, Carlos IV renovó la orden y causó una gran polémica porque los pueblos no querían sacar a sus muertos de sus lugares tradicionales de entierro. Así que en 1804, el Estado decidió construir por sí mismo los nuevos cementerios. En 1857 quedaban 2.655 pueblos sin cementerios municipales exteriores, pero casi ninguno había abandonado los interiores. El 26 de octubre de 1876 se dio permiso de expropiación de fincas para construir nuevos cementerios exteriores. En 1884 se ordenó cerrar los cementerios interiores y se cerraron 7.186, quedando 2.905 sin trasladar al exterior. El 16 de julio de 1888 se dio un reglamento de cementerios pasando éstos a depender del Ayuntamiento, quien debía encargarse de cuidar la salubridad y el ornato, cercarlos con un muro de dos metros y ponerles puertas de hierro con candado, que eran alguno de los inconvenientes alegados para no trasladar los restos de los cementerios interiores. Este reglamento se completó con otro de 15 de octubre de 1898 prohibiendo usar féretros metálicos y dictaminando las dimensiones de fosas, nichos y galerías.

En 15 de julio de 1805 se publicó una “Novísima Recopilación de Leyes de las Leyes de España” que se hizo por el sistema anticuado de amontonarlas, sin sistematizarlas ni organizarlas en código como hizo Napoleón en esos años. El trabajo se debe a Juan de la Reguera Valdelomar, que ya había hecho un resumen de leyes en 1798. La primera recopilación de leyes importante la había hecho Montalvo para los Reyes Católicos, y ésta fue completada por Felipe II en la Nueva Recopilación. La Nueva recopilación necesitaba una puesta al día y en 1799, Carlos IV se lo encargó a Juan de la Reguera Valdelomar, relator de la Chancillería de Granada, que entregó a Carlos IV en 1802 un Suplemento y un plan de actuación para la Novísima Recopilación, que estuvo lista en 1804 y se publicó en 1805. Esta recopilación de leyes es un trabajo mediocre, o más bien malo por los siguientes motivos: ya estaba en circulación el código civil de Napoleón, mucho mejor; incorporó leyes en desuso que sólo indicaban erudición, pero estorbaban a la claridad de las leyes; incorporaba leyes derogadas, que no servían de nada; hacía transcripciones incorrectas respecto a las leyes originales; faltaban algunas de las leyes vigentes. Por todo ello, la Novísima recopilación fue muy criticada. La novedad es que la obra fue presentada como leyes de España, y no como leyes de Castilla como había sido el caso de las anteriores. Pero ello mismo era un defecto, pues no derogaba fueros de los otros reinos, y ello parecía una contradicción.

En 1805 una Real Orden creó el Real Instituto Pestalozziano en Madrid, que empezaría a funcionar en 1806 según las ideas de Pestalozzi en su centro de Yverdon. Este método de enseñanza pretendía desarrollar las facultades intelectuales del individuo atendiendo a las peculiaridades de cada uno y a partir de resortes diversos como el sentimiento, la intelectualidad o las habilidades artesanales. El niño debería observar, investigar, recoger materiales y aprender por sí mismo, ayudado por su tutor con los diversos recursos citados. El Instituto desapareció en 1808 sin dejar consecuencias.

 

 

 

 

[1] Pedro de Ceballos Guerra, 1759-1839, era hijo de un contratista de Santander, que había colaborado en las obras del Camino Real Palencia-Santander y en los trabajos del Astillero de Guarnizo. Estudió Leyes y Cánones en Valladolid, carrera propia de eclesiásticos, fue profesor de estas materias y abogado de la Real Chancillería de Valladolid en 1787, pasos inferiores en la carrera política de España en el XVIII. Ocupó un cargo menor en la Administración, Secretario de la embajada española en Lisboa, y alguna delegación política. Sin más méritos, pasó en 13 de diciembre de 1800 a ser Secretario de Estado de Despacho Universal, el cargo más alto de la Administración española. En ese cargo, no supo a veces cómo actuar, pues pretendía sobrevivir en él, y era difícil atender las peticiones de Godoy y las de Napoleón. Pero se mantuvo hasta marzo de 1808. En esta fecha, fue testigo de la abdicación de Carlos IV y la coronación de Fernando VII. En abril de 1808, acompañó a Fernando VII a Bayona y pronto comprobó que allí no tenían papel ninguno los españoles, así que manifestó que iba a servir a José I, y en realidad se pasó a los patriotas que luchaban contra José y Napoleón Bonaparte. La Junta Suprema Central le mantuvo en estima y estaba dispuesta a nombrarle otra vez Secretario de Estado en 15 de octubre de 1808, pero a última hora cambió de opinión y Pedro de Ceballos fue enviado a Londres como negociador español. En 15 de noviembre de 1814, una vez restaurado el absolutismo en mayo anterior, Pedro Ceballos se puso a disposición de Fernando VII y volvió a ser Secretario de Estado hasta 1816.

[2] Pedro Ceballos Guerra, 1759-1839, había estudiado Leyes en Valladolid y fue catedrático en esa Universidad. Era contratista del Camino Real de Santander, y abastecedor de maderas del Real Astillero de Guarnizo. En 13 de diciembre de 1800 fue designado Secretario de Despacho de Estado por Godoy, y ejerció el cargo como testaferro de su protector. En 1807, fue responsable, junto a Godoy, de la entrada del ejército de ocupación francés en España. En 1808, fue mediador entre Carlos IV y Fernando VII en Aranjuez. Acompañó a Carlos IV a Bayona y fue su consejero personal. José I le pidió que gobernase para él y salió para España, pero se incorporó a los patriotas, dejando el puesto en el gobierno francés a Mariano Luis de Urquijo. Denunció, un poco tarde, en la segunda mitad de 1808, casi un año después de la ocupación francesa, y dos años después de conocerse en el Gobierno los planes de Napoleón, que Napoleón quería adueñarse de España. La Junta Central pensó en un primer momento designarle Secretario de Estado, 15 de octubre de 1808, pero se arrepintió, pues Ceballos era absolutista, y le envió a Londres, lejos de los acontecimientos españoles, donde negoció financiación y armas para España. El 15 de noviembre de 1814 volvió a ser Secretario de Estado para Fernando VII, hasta 1816.

[3] Ramón José Arce Uribarri, 1757-1856, era de Cantabria igual que Pedro de Ceballos, y había sido arzobispo de Burgos y arzobispo de Zaragoza. Fue Inquisidor General en 1798-1808 y se puso al servicio de Godoy, y en contra del príncipe Fernando y de los reformistas católicos. En 1808 se puso al servicio de José Bonaparte. En 1814 se tuvo que exiliar a París, donde vivió a costa de Godoy el resto de su vida.

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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