GOBIERNOS DE SAAVEDRA, 1798,

Y DE URQUIJO, 1798-1800.

 

 

 

 

EL GOBIERNO FRANCISCO SAAVEDRA.

marzo 1798 – agosto 1798

 

Francisco Saavedra Sangronis[1]fue nombrado Secretario de Estado en 30 de marzo de 1798, permaneciendo oficialmente en el cargo hasta 22 de octubre de 1798, pero en mayo enfermó de cólicos y en agosto se le cesó por enfermo y fue sustituido interinamente por Mariano Luis de Urquijo, el cual sería Secretario de Estado titular a partir de octubre de 1798.

Pudo haber otras razones para el abandono de Urquijo del cargo en agosto, porque 1798 fue año de mala cosecha y hambre en España, y porque el Fondo de Amortización y la Caja de Amortización estaban siendo un fracaso. Tal vez unos cólicos no sean razón de peso suficiente para explicar la caída de Saavedra.

Francisco Saavedra pretendía una reforma interior de la Administración, y unas relaciones con Francia y con Inglaterra simultáneamente, de modo que España jugase un papel entre ambas. Nombrado en marzo y enfermo desde mayo siguiente, poco pudo hacer. Para entender mejor su tiempo, hay que tener en cuenta que, a partir de 1798, Napoleón se había convertido en el general victorioso y admirado de Europa. Acercarse a Napoleón era someterse a él.

 

El Gobierno Saavedra estaba configurado así:

Secretaría de Estado, Francisco Saavedra Sangronis / agosto 1798: interinamente Mariano Luis de Urquijo

Secretaría de Hacienda, Francisco Saavedra / 6 de septiembre de 1798: Miguel Cayetano Soler Ravasa.

Secretaría de Gracia y Justicia, Gaspar Melchor de Jovellanos[2] / 15 de agosto de 1798: José Antonio Caballero Vicente Campo marqués de Caballero.

Secretaría de Guerra: 21 septiembre 1796, Juan Manuel Álvarez Faria (tío de Godoy)- 4 septiembre 1799 /

 

José Nicolás de Azara[3] fue designado embajador en París. Era un cargo de primordial importancia, pues España era un país del grupo de los dominados satélites de alguna potencia, ni del grupo de primeras potencias, ni del grupo de segundas potencias. Napoleón parecía el nuevo líder de Europa, enfrentado a Gran Bretaña, la potencia colonial y del mar. Y Napoleón consideraba a España como uno de sus países satélites.

Manuel Godoy seguía estando en la camarilla de la reina supervisándolo todo aunque no ocupaba ninguna Secretaría de Despacho. Desde allí colocaba a sus hombres, pues Pedro Cevallos, el hombre que “gobernaría” teóricamente en 1800, era primo de Godoy, Juan Manuel Álvarez era su tío, y Miguel Cayetano Soler y José Antonio Caballero marqués de Caballero eran del “partido” de Godoy.

 

 

Panorama político internacional en 1798.

 

En 1798, Napoleón se trasladaba a Egipto e iniciaba la conquista de un territorio que Gran Bretaña consideraba esencial para viajar a sus posesiones de la India. La posesión, o al menos dominio comercial de Egipto, que era el mercado intermedio con Asia, era complementaria a la posesión de América, dos de los tres objetivos fundamentales de Napoleón Bonaparte. El tercero era el dominio del mercado europeo continental.

Gran Bretaña organizó la Segunda Coalición contra Francia, a la que se unieron Rusia, Turquía, Austria, Portugal y Nápoles. Napoleón abandonó el proyecto egipcio en manos de sus generales, regresó a Europa, y venció a Austria en Marengo en 1800, rompiendo la coalición, lo que llevaría a Inglaterra a una rendición en la Paz de Amiens 1802.

Napoleón tenía por fundamentales los mercados del Mediterráneo, a veces intermediarios de los productos de oriente, y el mercado de las Indias occidentales. El primero estaba copado por Inglaterra, y lo atacó en 1798, el segundo era monopolio de España, y lo atacaría a partir de 1807. Se equivocó en sus cálculos de dominar España y Portugal, que había proyectado para unos tres meses, antes de obtener el mercado americano, y se metió en el proyecto de dominar Europa, sin haber rematado favorablemente sus anteriores proyectos. Fue su fracaso. Un fracaso de precipitación en los planes. De todos modos, la grandeza de miras militares de Napoleón Bonaparte, el dominio mundial, es una ambición digna de consideración, por la que Napoleón es recordado siempre, pues está a la altura de los grandes conquistadores, como Alejandro Magno, Gengis Kan, Hernán Cortés, Simón Bolívar o Adolfo Hitler.

Los apuros de Gran Bretaña en Egipto, hicieron flaquear el bloqueo a que tenía sometidos a los puertos españoles peninsulares y del Caribe. Ello significó la llegada de caudales americanos a España, y la Caja de Amortización pudo pagar los vales que se le presentaron al cobro ese año, recuperándose un poco la confianza. Entonces Francisco Saavedra, y más tarde Mariano Luis de Urquijo, consideraron que su política era un éxito, e iniciaron una política expansiva fomentando las Sociedades Económicas de Amigos del País, publicación del Informe sobre la Ley Agraria, construcción del Real Observatorio Astronómico, construcción de un centro para disminuidos, escuelas de veterinarios, escuelas de anatomía, escuelas de ingeniería… pero no tenían fondos para sostener estas iniciativas. Creyeron poder obtener fondos favoreciendo a fabricantes y labradores de modo que hubiera más producción y el crecimiento generase más impuestos, pero se equivocaron. No valoraron en su profundidad la crisis española y sobrevaloraron la capacidad española de recuperación económica. Su España existía sólo en su imaginación. Pero como América todavía no se había sublevado, los españoles se podían permitir el lujo de fantasear.

En la defensa del Mediterráneo, fundamental para los británicos, éstos consideraron básico mantener unos puertos que garantizasen la entrada a ese mar. Eran Lisboa, Gibraltar y Mahón (Menorca).      En 1798, los ingleses ocuparon Menorca. Ya habían poseído la isla en 1708-1756 y 1763-1782. Ahora, en 1798, se quedaron hasta 1802, fecha en la que el Tratado de Amiens la devolvió definitivamente a España.

 

 

Progresos científicos españoles en 1798.

 

Hemos visto en otro lugar, que España, en tiempos de Carlos IV, empezaba a tener un fondo de científicos y enseñantes que podía detener el declive iniciado en el siglo XVII, y que había relegado a España a potencia sin importancia, satélite de quien se mostrase fuerte en cada momento. El espejismo de dominar América, duraría ya muy poco tiempo, y América era el único recurso que todavía quedaba de aquella primera potencia mundial del siglo XVI. España tenía una oportunidad de renacer, de renovarse. Tenemos indicios de que había algunas oportunidades de cambio:

En 1798, Gabriel Císcar Císcar, 1760-1829, un guardamarina formado en Cartagena fue enviado a París a observar el sistema métrico decimal. Gabriel Císcar sería miembro de la Regencia en 1808 y participaría en la regencia formada en 1823, por lo que sería condenado a muerte por Fernando VII, huyendo a Gibraltar, donde murió en 1829.

En 1798, el alemán Alejandro von Humboldt 1769-1859, obtuvo permiso para visitar las Indias en compañía del francés Aimé Bonplan e hizo un viaje de cinco años estudiando la botánica, fauna, flora, geología, historia y costumbres de los pueblos canarios y americanos.

Estos avances españoles eran parte de una cadena más amplia en la que hay que recordar que Proust estaba enseñando química en Madrid desde 1786 y en Segovia desde 1794, desde 1788 había un Gabinete de Máquinas en Madrid, que desde 1789 había una Real Escuela de Mineralogía y Laboratorio Químico en Madrid, que en 1789-1798 Alejandro Malaspina y José Bustamante causaban admiración en el mundo por su recogida de muestras animales y vegetales, que desde 1790 el Observatorio Astronómico de Madrid impartía clases de matemáticas de alto nivel, que desde 1795 había un Real Estudio de Medicina Práctica en Madrid. (Para más información, recomendamos ver 18.5.10.La Ilustración española en tiempos de Carlos IV).

En conclusión, tenemos síntomas de que España estaba preparada para abandonar la secular ignorancia y atraso cultural y económico que había padecido. Pero se impusieron otras circunstancias como el nepotismo de Godoy, el favoritismo de María Luisa y el integrismo católico.

Algunos españoles podían confundirse en la interpretación de los síntomas, sobre todo si eran poco cultos, aunque un poco cultos.

 

 

El problema Jovellanos de marzo-agosto de 1798.

 

Gaspar Melchor de Jovellanos, nombrado Secretario de Gracia y Justicia en el Gobierno Saavedra, intentó quitar a Roma y a la Inquisición sus privilegios en España, y se abrió una campaña contra Jovellanos, católico no integrista, hasta que éste fue relevado y sustituido por José Antonio Caballero, un hombre sumiso a la jerarquía católica, un integrista católico.

En 1798 llegó a España una Carta Abierta del obispo francés Henri Gregoire, obispo de Blois, al Inquisidor General, pidiendo tolerancia religiosa y el final de la Inquisición. Gregoire había aceptado la Constitución Civil del Clero y se oponía a los revolucionarios jacobinos igual que se oponía a los conservadores del Antiguo Régimen, sin dejar de considerarse católico romano. Dejó su obispado en 1801, cuando Napoleón negoció con la Santa Sede, porque consideraba una contradicción el que Napoleón defendiera la democratización de la Iglesia al tiempo que la entregaba a las pretensiones de un Papa ultraconservador. La Carta Abierta de 1798 no hubiera sido de trascendencia a no ser porque se hicieron miles de copias que circularon por toda España y América. La carta del obispo francés fue prohibida y los integristas empezaron a predicar contra el francés. El bibliotecario real y el calificador inquisitorial acusaron a Gregoire de promover una rebelión contra Carlos IV. Jovellanos fue la víctima de esta campaña. Tras estos acontecimientos, hubo una crisis ministerial, y en 15 de agosto de 1798 cayó Jovellanos. Y tal vez la caída de Francisco Saavedra estuviera relacionada también con el caso.

A la caída de Jovellanos, Francisco Saavedra alegó estar enfermo y decidió no seguir acudiendo a sus funciones gubernamentales. Lo cierto es que no se lograba vender bienes reales ni encomiendas, que no se podían tocar los bienes de la Iglesia pues la Iglesia amenazaba a los posibles compradores, y la solución al problema de Hacienda parecía imposible.

Jovellanos se marchó de Madrid, en medio de una catarsis general, en la que cayeron nobles, militares, altos funcionarios…

 

 

 

 

GOBIERNO MARIANO LUIS DE URQUIJO.

De agosto de 1798 a diciembre 1800.

 

 

Mariano Luis de Urquijo, en agosto de 1798, se hizo cargo interinamente de la Secretaría de Estado, teóricamente por enfermedad de Saavedra. En 22 de octubre de 1798 sería nombrado en propiedad, hasta diciembre de 1800. La enfermedad de Saavedra, cólicos renales, no parece una explicación convincente para su abandono del Gobierno.

Mariano Luis de Urquijo había traducido a Voltaire, por lo que los católicos integristas le consideraban “jansenista”, la rama crítica del catolicismo, y pedían su destitución que consiguieron en 1800.

 

Cambios en Secretarías de Despacho:

Miguel Cayetano Soler, se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda en 6 de septiembre de 1798, que antes ejercía Francisco Saavedra. Soler permanecería en el cargo hasta marzo de 1808 / marzo de 1808: Miguel José Azanza.

José Antonio Caballero Vicente Campo Caballero Herrera, II marqués de Caballero, sustituyó a Jovellanos en Gracia y Justicia el 15 de agosto de 1798, permaneciendo en el cargo diez años. Representaba los intereses de la Iglesia Católica integrista. Caballero siguió una política errónea de perseguir ilustrados y jansenistas y deterioró el ambiente político en contra los godoístas.

Todos los hombres del Gobierno eran del grupo de Godoy, el cual era tenido por verdadero gobernante, aunque en la sombra.

Los nuevos gobernantes representaban al ala más conservadora, con el integrista católico José Antonio Caballero a su cabeza, el cual había acusado a Jovellanos ante la Inquisición de atentar contra el Papa. Jovellanos no se libraría ya nunca de la persecución inquisitorial y en 1801 sería detenido en Gijón y apresado en Mallorca hasta 1808. El mismo Antonio Tavira, catedrático de Salamanca, capellán de Carlos III y obispo de Canarias, de Osma y de Salamanca a partir de 1798, fue acusado de jansenismo con el argumento, de no mucho peso, de que sabía francés y había leído libros franceses, pero no lograron expulsarle de Salamanca.

Los integristas católicos denunciaban pecados generalizados de inmoralidad, corrupción, libertinaje, impiedad, y pronosticaban un apocalipsis debido a los pecados cometidos por los últimos gobernantes, a no ser que se volviera a la ortodoxia católica. Los clérigos se dividieron en torno a la bula papal de 1794 condenando las proposiciones del Sínodo de Pistoia que hablaba de que sólo el concilio era Infalible y máxima autoridad en la Iglesia. Esta polémica fue muy viva en 1798-1800.

 

En 22 de octubre de 1798 Mariano Luis de Urquijo y Muga fue habilitado como Secretario de Estado ya en propiedad, sustituyendo a Francisco Saavedra.

El Gobierno Mariano Luis de Urquijo estaba constituido por los siguientes hombres:

Secretaria de Estado, Mariano Luis de Urquijo y Muga[4]/ 13 de diciembre 1800: Pedro Ceballos Guerra hasta 19 de abril de 1808.

Secretario de Hacienda, 6 septiembre 1798: Miguel Cayetano Soler Ravasa[5] / marzo de 1808: Miguel José Azanza.

Secretario de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero Vicente Campo Caballero Herrera[6] (II Marqués de Caballero a partir de 1807, sobrino de Jerónimo Caballero). Permaneció en el cargo hasta 1808.

Secretario de Guerra y Marina: 21 septiembre 1796: Juan Manuel Álvarez de Faria / 4 de septiembre de 1799: Antonio Cornell Doz y Ferraz / 1801: Jerónimo Manuel Caballero Vicente Campo, I marqués de Caballero / 1805: Francisco Gil / 1805: Pedro Ceballos / 1807: Antonio Olaguer Felice / 1808: Gonzalo O`Farril Herrera.

 

 

FRACASO DEL GOBIERNO URQUIJO.

 

 

  1. FRACASO DE LA POLÍTICA DE URQUIJO.

 

El fracaso en la política internacional, fue uno de los aspectos del fracaso general de Urquijo: Urquijo trató de volver a las relaciones con Rusia, a fin de que España volviera a tener algún protagonismo en Europa, y también de establecer relaciones con Portugal, para disminuir la presión inglesa, sin desdeñar el continuar las relaciones con los jacobinos franceses. Pero no quería ponerse al servicio del Directorio francés, lo que le valió ser acusado de anglófilo. Inmediatamente Francia envió a España a Guillemardet a pedir su sustitución. Francia prefería a José Nicolás de Azanza, quien estaba dispuesto a prestarle la Armada española. España estaba considerada en Europa como un país que hoy llamaríamos “bananero”, donde “se ponía y se quitaba” con dinero, persuasión y corrupción. Urquijo cedió a las presiones francesas y envió barcos españoles a un intento de desembarco francés en Inglaterra o Irlanda. La empresa fue un fracaso, y los barcos quedaron bloqueados en Brest.

Inglaterra forzó la situación capturando una escuadra española en El Ferrol y una fragata con oro y plata americanos. Calificado de anglófilo, los ataques de Inglaterra, acabaron con él en diciembre de 1800.

 

El fracaso en cuanto a las relaciones con la Iglesia católica, dominada por los integristas, fue más notorio: Urquijo era tenido por regalista, enciclopedista y anticlerical por los integristas.

El 29 de agosto de 1799 murió Pío VI en Francia, prisionero de Napoleón, con 81 años de edad y casi 25 de papado. Había sido “apresado” en 20 de febrero de 1798, y había estado confinado en monasterios de Siena y de Florencia, pero la conmoción general se produjo cuando fue llevado a Francia. Napoleón era partidario de la Constitución Civil del Clero, es decir de la igualdad de los clérigos con el resto de los ciudadanos, y de una Iglesia no jerárquica, sino asamblearia, en la que los fieles católicos eligieran a sus párrocos y a sus obispos (que así era la Iglesia primitiva). Pío VI había excomulgado a los que aceptasen la Constitución Civil del Clero. El problema que se planteaba en septiembre de 1799 era si habría nuevo Papa, cosa que no estaba muy clara, o si los cardenales elegirían por su cuenta y riesgo un Papa, o varios, en alguna ciudad de Europa, y sobrevendría el cisma.

De 29 de agosto 1799 a 14 de marzo de 1800, no hubo Papa. El cónclave se reunió en Venecia. La elección del cardenal Bellisoni fue vetada por Austria, quien propuso al cardenal Mattei. Los cardenales propusieron entonces al cardenal Gerdil, y también fue vetado por Austria.

Urquijo quiso aprovechar la circunstancia, y en 5 de septiembre, publicó un Real Decreto, “Decreto de Devolución”, que reducía la Nunciatura del Papa en España a simple embajada, es decir, sin capacidad de intervenir en asuntos españoles, y recordaba a los obispos españoles que el rey era el competente para nombrar obispos. El decreto decía que los obispos tendrían mayor jurisdicción, podrían utilizar sus facultades conforme a la antigua disciplina de la Iglesia, podían dar dispensas matrimoniales sin necesidad del permiso de Roma. Y sobre los nombramientos de obispos y arzobispos decidiría el rey. Las dispensas matrimoniales (dispensas para casarse entre familiares, lo cual era frecuentísimo en las sociedades rurales) eran una de las fuentes de ingreso más importantes en la curia Romana. También Urquijo reguló las funciones del Tribunal de La Rota (“divorcios” católicos denominados “nulidades”), otra de las fuentes de ingresos en Roma. El Estado español se ahorraba una buena cantidad de dinero con estas medidas.

Los obispos no entendían muy bien qué significaba aquello: podría ser que se les estuviera entregando la gestión de la Iglesia hasta la elección de un nuevo Papa, o podría ser que se intentara una reforma de la Iglesia haciendo prioritaria la autoridad del Sínodo de obispos sobre el Papa. Aquello se parecía un poco a la Constitución Civil del Clero francesa, y algunos cardenales españoles denunciaron que en España había aparecido el cisma, una Iglesia Nacional cuya cabeza era el rey. El nuncio exigió explicaciones sobre el decreto de 5 de septiembre, utilizando mal tono, y fue expulsado de España.

Mariano Luis de Urquijo estaba prometiendo a los obispos españoles la plenitud de sus facultades conforme a la antigua disciplina de la Iglesia primitiva y por eso se denominó “Decreto de Devolución”. Pero también la medida suponía que una buena parte de los dineros que España enviaba a El Vaticano se quedaran en España. Pero la solución escogida era la misma que proponían los jansenistas españoles y por ello, Urquijo fue tachado de jansenista. Ocho obispos apoyaron la postura de Urquijo, y ninguno se manifestó en contra.

El decreto de 5 de septiembre fue revocado el 26 de marzo de 1800, y con la revocación se anulaban las soluciones a las relaciones Iglesia – Estado por las que se venía luchando todo el siglo XVIII. La Iglesia quedaba completamente desprestigiada entre los no integristas, y en adelante ya no sería tratada con el sumo respeto de que había gozado. Sólo los integristas españoles luchaban por los privilegios católicos. En 1800, Godoy, un hombre poco creyente, que estaba interesado en el apoyo de los integristas católicos y prefería estar a bien con ellos, derogó el decreto.

Si Urquijo era antipático a los francófilos y a los católicos, también era conocido por sus opiniones antinobiliarias, en el sentido de que no estaba conforme con que la nobleza tuviese privilegios, y hasta habló de redistribuir las posesiones de los nobles.

 

 

  1. FRACASO DE LA POLÍTICA DE CAYETANO SOLER EN 1798.

 

El panorama que tenía por delante el nuevo Secretario de Hacienda, Cayetano Soler, era “catastrófico”: el déficit de ese año fue de 644 millones de reales, y la deuda total reconocida era de 2.587,9 millones en préstamos y obligaciones y 1.440 millones en vales reales. Y Cayetano Soler decidió recoger dinero extraordinario en medio de una España pobre y con un Estado muy endeudado. La labor era muy complicada.

En esa situación de quiebra del Estado, no se podían emitir vales porque se había perdido la confianza y se pedía mucho descuento al tomarlos (quebranto), no se podían pedir préstamos al exterior porque nadie estaba dispuesto a prestar al Estado español, no se podían aumentar los impuestos a la agricultura y la industria porque la población pasaba hambre y estaba a punto de sublevarse, no se podía pedir dinero a las grandes empresas porque nunca se les había devuelto lo prestado y, lógicamente, se negaban a colaborar, y la Iglesia, que sí tenía dinero todavía, adoptó la política de quejarse de lo mucho que el Estado les debía y tratar de poner de su parte a las masas.

Los grandes prestamistas interiores estaban agotados: los Cinco Gremios Mayores de Madrid estaban al borde de la quiebra porque no se les habían pagado anteriores préstamos, y el Banco de San Carlos no tenía ya fondos porque se los había llevado el Estado en anteriores ocasiones. Y para entender mejor el problema, la Marina y el Ejército estaban pidiendo con urgencia más dinero.

Miguel Cayetano Soler, Secretario de Hacienda de Mariano Luis de Urquijo, se enfrentó al déficit de Hacienda en 19 de septiembre de 1798 con cuatro medidas extraordinarias encaminadas a sanear la Caja de Amortización:

Concedió libertad a los poseedores de mayorazgos para enajenar bienes raíces en subasta pública, siempre que el producto se invirtiese en valores de Hacienda. Los poseedores de mayorazgos no confiaban en la Caja de Amortización y no aceptaron una renta perpetua del 3%. En 1799 se autorizó a los vendedores de bienes de mayorazgos a que se quedasen un octavo del producto de la venta, figurando en la Caja de Amortización como ingresada la totalidad de la misma, lo cual era un “premio” interesante (hoy diríamos incentivo). Tampoco se aceptó.

Ordenó la venta del patrimonio de los Colegios Mayores en predios, e ingresar el producto en la Caja de Amortización, que les otorgaría en adelante el 3% anual sobre lo ingresado.

Ordenó que pasasen al Estado los bienes de los jesuitas que quedasen todavía por vender. La Iglesia Católica, en cuanto jerarquía, no se opuso a esta operación.

Ordenó la desamortización de hospitales, hospicios, casas de misericordia, casas de expósitos, cárceles, bienes de cofradías, colegios mayores, bienes de obras pías, patronatos de legos de la Iglesia, fincas de patronatos de Órdenes Militares, ordenando ingresar el producto en la Caja de Amortización, que abonaría en adelante el 3% anual sobre ello (esta decisión de Soler es conocida a menudo como la “desamortización de Godoy”). No es un asuntó menor porque afectó a casi una sexta parte de los bienes del clero en Castilla.

El 11 de enero de 1799 se creó la Junta Suprema de Amortización para gestionar el proyecto de desamortización de 19 de septiembre de 1798, presidida por el arzobispo de Sevilla, Antonio Despuig.

Las cuatro medidas de Cayetano Soler hicieron muy impopular al Gobierno entero.

 

La Caja de Amortización contaba también con otros ingresos forzados, pues se decidió exigir nuevos impuestos:

El 10% de los propios y arbitrios de los ayuntamientos (impuestos de los que se beneficiaban los regidores, que solían ser los hombres más ricos de cada pueblo),

El 10% de las rentas de dignidades, canonjías, beneficios eclesiásticos (rentas de las que se beneficiaban los clérigos),

Y el 15% del valor de los bienes raíces (lo cual perjudicaba a los propietarios) en concepto de derechos reales en el momento de adquirirlos cualquier mano muerta o comunidad.

Soler decidió que la redención del censo de Granada ingresara en la Caja de Amortización.

Decretó que la mitad del “sobrante” de la venta (neto obtenido) de propios y arbitrios, fuera ingresado en la Caja de Amortización.

Se ingresarían también los bienes de secuestros y sindicaturas de quiebras y pleitos.

También los depósitos judiciales.

Impuso una nueva contribución sobre legados y herencias en sucesiones transversales. Era la primera vez en la historia de España que aparecía un impuesto de sucesiones.

La Caja de Amortización fue un fracaso y se suprimió en 9 de agosto de 1800. Se volvió a intentar una cosa similar en 1824, con López Ballesteros, y también fracasó en 1832. Esta Caja hizo una desamortización en septiembre de 1798, dedicando el 30% de lo recaudado a amortizar vales reales, llegando a retirar del mercado 300 millones de reales en vales.

La Caja de Amortización volvió a cambiar de nombre para llamarse en 1800 Caja de Consolidación. La estrategia de cambios de nombre no servía para nada. La confianza en el Estado ya no volvía y por ello nadie quería prestar al Estado. Por otra parte, nadie quería abastecer a unos ejércitos que no pagaban.

 

El problema de los bienes de la Iglesia católica. La Iglesia poseía grandes riquezas y éstas eran vistas como una posible solución a la quiebra del Estado. El elemento de discordia dentro del Gobierno era que los privilegios de la Iglesia tenían que ser tocados necesariamente, pero José Antonio Caballero estaba allí para que eso no se hiciera sin pedir previamente permiso al Papa. El resultado fue la no efectividad del Gobierno. La desamortización era una expropiación de bienes sin base legal, pues todavía no existía el concepto de “establecimiento público” como para que el Estado dispusiese de “establecimientos públicos” por decreto. Con este argumento, la realización de la primera desamortización era muy difícil y lenta.

Imaginamos, tras la consideración de estas medidas, que los motines populares podían estar dirigidos.

Ante el fracaso evidente de la recogida de papel, lo que suponía que tampoco se ingresarían dineros en Hacienda, Soler dispuso que los bienes desamortizados se fraccionaran en partes pequeñas que facilitaran su venta. Además se dieron facilidades de pago, pudiéndose pagar en dos años. Se recaudaron unos 1.500 millones de reales en los siguientes diez años.

 

El 30 de marzo de 1799, Hacienda se declaró en quiebra.

El 6 de abril de 1799, se hizo algo sorprendente, difícilmente comprensible para nosotros: Para solucionar la quiebra de Hacienda, que era causada por los muchos vales reales emitidos, se decidió sacar más vales reales por valor de 800 millones de reales. El resultado fue catastrófico pues, de salida, se cotizaron al 66% en Madrid y al 53% en Sevilla. No había forma de colocarlos. Hubo sospechas de mala gestión y de falta de honradez en la Junta de Amortización y ésta fue disuelta el 6 de julio de 1799. Un decreto hizo una devaluación del nominal de los vales en un tercio.

En 17 de julio de 1799 se decretó el curso forzoso de los vales reales, fijándose su valor en un 94% del nominal. Complementariamente, se crearon varias Cajas de Reducción, en varias ciudades de España, que debían canjear y reducir los vales.

Ante la medida claramente abusiva del Gobierno, los españoles se lanzaron abiertamente al fraude, y la crisis financiera se convirtió en crisis económica total, pues el comercio y la industria estaban corrompidos, y la misma sociedad había entrado en crisis de valores.

En abril de 1800, el Estado admitió que los vales se valorasen al 50% en las compraventas ordinarias, y también ordenó que en los contratos de compraventa se especificase el tipo de moneda con que se debía pagar lo convenido. El Gobierno afirmó que “la deuda era sagrada” y se pagarían los intereses y la amortización de los vales, pero ya nadie le creía. En agosto de 1800, los vales se cotizaban al 25% de nominal, y con la nueva guerra de 1804 se devaluaron más. Al comenzar la guerra de 1808, los vales reales no valían nada, no se admitían a ningún precio. En estas condiciones, la llegada de los franceses no se debería interpretar como una injerencia insoportable, tal y como dijeron los “patriotas” y todo el liberalismo español del XIX.

Miguel Cayetano Soler estuvo en el cargo diez años, hasta marzo de 1808, fecha en que fue sustituido por Miguel José Azanza. No solucionó el problema de Hacienda, por lo que es difícilmente explicable su permanencia en el cargo.

 

 

  1. FRACASO DE JOSÉ ANTONIO CABALLERO.

 

Caballero, adalid del integrismo católico, persiguió a Jovellanos y a los ilustrados en general. La actuación de Caballero supuso el final de los jansenistas españoles, empezó derogando los decretos de Urquijo, publicó la bula “Auctorem fidei” condenando los postulados del sínodo de Pistoya, y a cambio, obtuvo del Papa Pío VI el visto bueno para la desamortización propuesta por Cayetano Soler.

El Sínodo de Pistoya, convocado por el obispo Escipión de Ricci, obispo de Pistoia y Prato, en 28 de septiembre de 1786, había condenado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el uso de imágenes y la devoción por las reliquias. En su diócesis se toleraban los periódicos “jansenistas”.

En España no habría pues renovación católica y triunfaba el integrismo.

 

 

ÉXITOS DEL GOBIERNO URQUIJO.

 

En 1799 se hizo el Censo de Frutos y Manufacturas de España e Islas Adyacentes, patrocinado por el Departamento de Fomento General del Reino y Balanza de Comercio. Este documento tendrá toda su importancia en 1813, pues será la base para que las Cortes de Cádiz fijen la contribución directa de casi todos los españoles, aunque se hizo en forma de cupos provinciales, pues no se encontraban en condiciones de recaudar directamente. La información del Censo de Frutos fue facilitada por los Intendentes y es obviamente mala porque se admiten subjetividades a la hora de calcular el valor de las cosechas y los ganados, de modo que tienen valor muy dispar, según el intendente que lo valore, a pesar de estar a veces evidentemente próximas unas explotaciones a otras. A partir de esta fecha, se puso interés en poseer censos ganaderos puestos al día y se publicaron dos en el XIX y unos 18 entre 1900 y 1935, con el fin de saber cuántos caballos, mulas, asnos, vacas, ovejas, cabras y cerdos (las siete especies) había en España a fin de cobrar la contribución correspondiente. Los mejores censos ganaderos serán los de 1865, 1917, 1920 y 1924, porque distinguen sexo, edad, raza y funciones a que están destinados los animales.

En 1799 se crearon los Reales Colegios de Burgos y Santiago con rango universitario.

En 1799 apareció en Barcelona la Comisión de Fábricas del Principado, una asociación de comerciantes de indianas que sería reconocida legalmente en 1829.

 

 

NOVIEMBRE DE 1799, NUEVA ÉPOCA PARA EUROPA.

 

En 9 de noviembre de 1799 (18 de Brumario) pasó a gobernar Francia Napoleón Bonaparte, como Primer Cónsul. Sus aspiraciones eran muy ambiciosas, y desde el primer momento quería dominar algún territorio en América que asegurase el comercio francés en la zona. En 1798 se quedará con Trinidad, y en 1800-1802, con Luisiana. En 1800 exigió una postura clara de los países europeos respecto a él. España se comprometió a ocupar Portugal, aliado de Gran Bretaña, y Godoy fue sobre Portugal y ocupó Olivenza. El 2 de agosto de 1802, Napoleón sería declarado cónsul vitalicio, y el 2 de diciembre de 1804 se coronaría emperador.

Napoleón aparecía ante la opinión pública como un hombre de orden y un genio de la guerra, un diplomático que se entendía bien con el Papa y un enemigo cerrado de Inglaterra. La sumisión de España a Napoleón contrastaba con la opinión de Inglaterra, Rusia, Austria, Nápoles, Toscana, Portugal y Turquía, que se habían aliado contra Francia.

 

El 1 de diciembre de 1799, 35 cardenales se reunieron en cónclave en Venecia, en lo cual tuvo bastante intervención Nicolás de Azara. Por fin, el 21 de marzo de 1800 el conclave eligió a Gregorio Barnaba Chiaramonti, obispo de Ímola, quien se había destacado por defender una postura de no beligerancia contra los franceses. Se quiso llamar Pío VII. El Papa se trasladó a Roma en 3 de julio de 1800.

En 29 de marzo se supo en España la noticia de la elección de Pío VII, y Carlos IV se apresuró a decir que pactaría con Pío VII las condiciones en que había de administrarse la Iglesia española. Todos estaban satisfechos, porque no habría cisma en Roma, y no habría cisma en España. Urquijo exigió un plan de negociación, cuestiones concretas sobre las que llegar a acuerdos, y abandono de las viejas declaraciones grandilocuentes que sólo servían para que las cosas permaneciesen como siempre, sin arreglar.

El 31 de marzo de 1800, Carlos IV revocó el decreto de 5 de septiembre de 1799 sobre elección de obispos, y regulación de dispensas matrimoniales y Tribunal de la Rota. El nuncio se estaba entrevistando con Godoy acusando a Saavedra de jansenismo, y juntos, fueron a ver a la reina, lo cual significó la caída de Urquijo en diciembre.

Godoy se puso del lado de los integristas católicos y una vez destituido Urquijo, publicó la bula papal de 1794 condenando al sínodo de Pistoia. Ello no trajo precisamente la paz a la Iglesia española, pues las discusiones fueron muy duras.

 

 

EL SEGUNDO TRATADO DE SAN ILDEFONSO CON FRANCIA.

 

El 1 de octubre de 1800, Carlos IV firmó con Francia un nuevo Tratado de San Ildefonso (el anterior era de 18 de agosto de 1796) en el que la Armada española se comprometía a ayudar a Francia a levantar el bloqueo inglés de Malta, y a trasladar las tropas francesas que quedaban en Egipto. En 1798, Napoleón había llevado a Egipto 38.000 hombres, y había intentado tomar Siria, pero en octubre de 1799 él se había retirado a Francia, dejando a su ejército bloqueado por los ingleses de Nelson. El 24 de enero se había producido la rendición francesa, y los soldados se habían quedado encerrados sin salida. Otros puntos del acuerdo de San Ildefonso de 1800, decían que Francia recuperaba la Louisiana, que Francia se comprometía a proteger el Reino de Etruria, e incluso a ampliar los territorios del duque de Parma, temas que no tenían valor alguno para España. Recordemos que la Luisiana apenas estaba poblada y carecía de valor una vez separada del norte de América, el mercado interesante. En resumen, por el Tratado de San Ildefonso, España ponía su flota a disposición de Napoleón.

Urquijo trató de ver si el Tratado tenía alguna utilidad para España y atacó Menorca sin avisar a Napoleón, que se hubiera opuesto a ello, naturalmente. La reacción francesa fue negativa y además se encolerizó el Papa Pío VII, que acusaba a Urquijo de haber querido quitar privilegios a la Iglesia. Urquijo fue cesado.

 

 

QUIEBRA DE LOS VALES REALES EN 1800.

 

El 30 de agosto de 1800 se volvió a intentar atacar el problema de la gestión de los vales reales, ya intentado por Godoy en 1798, cuya Caja de Amortización se cerró en 1800. Se abrió entonces la Caja de Consolidación o “Junta Gubernativa de Consolidación de Vales Reales” para gestionar los intereses y amortizaciones de los vales, que por entonces se cotizaban a un 40% de su valor nominal. La Caja de Consolidación dependía del Consejo de Castilla y se componía de 14 miembros presididos por el Gobernador de la Junta Gubernativa. Se pensó que se sufragase con arbitrios de fondos públicos, rentas eclesiásticas, consumo y exportación, importaciones extranjeras e importaciones de Indias. La Caja de Consolidación se cerró en 5 de febrero de 1811, Cortes de Cádiz, y fue sustituida por una “Junta Nacional de Crédito Público”.

En octubre de 1800, el Papa le concedió al rey Carlos IV una ayuda para la extinción de los vales reales, que se llamó el “noveno extraordinario” por ser un noveno del diezmo. El Estado ya venía cobrando tercias reales, tres novenos del diezmo, menos un noveno que reingresaba a la Iglesia en concepto de gastos de fábrica. Con el noveno, el Estado pasaba a llevarse la tercera parte del diezmo. El noveno eran más de 30 millones de reales, y el total que el Estado se llevaba del diezmo, incluido el excusado, serían unos 120 millones de reales. La Iglesia todavía se quedaba con más de 150 millones de reales de este impuesto que ella exigía a los cristianos.

El Papa dio además el consentimiento para las ventas de desamortización decretadas en septiembre de 1798. Se calcularon los resultados de las ventas en 6,4 millones de reales, que invertidos en vales reales, debían proporcionar, en adelante, anualmente al 3%, 215.000 reales anuales a la Iglesia.

El Papa exigía a cambio la represión de los obispos españoles que se habían atrevido a ejercer funciones que, según él, solo correspondían al Papa, y para ello, pedía capacidad de tener inspectores en las diócesis españolas. También pidió la destitución de algunos ministros, aunque el objetivo era solamente Urquijo.

 

 

LA FIEBRE AMARILLA DE 1800.

 

En 6 de julio de 1800 apareció la fiebre amarilla en Cádiz, un suceso que debería tenerse en cuenta a la hora de estudiar la Guerra de la Independencia, pues duró la peste hasta 1814. Llegó de La Habana en la corbeta “Delfín” que traía tres muertos causados por esa enfermedad y pronto contagió a toda la ciudad, en donde habría entre 7.000 y 8.500 muertos. Desde Cádiz se contagió a Sevilla y Jerez y, en 1801 a Medinasidonia, y en 1803 a Málaga donde causó otros 7.000 muertos. Repitió en 1804 con focos en Málaga, Murcia, Alicante y Valencia y se extendió por casi toda Andalucía. Todavía se negaba que fuera contagiosa y no se sabía que la contagiaba el mosquito. En 1810 hubo un nuevo brote en Cádiz, pero ya se empezaba a sospechar que era contagiosa y se aisló a los enfermos, lo cual atajó la epidemia, pero también estaba contagiada Gibraltar y desde allí los mercantes la llevaban a Málaga, Murcia y Alicante. La epidemia cesó en 1814, ya después de la guerra. Todavía reapareció un segundo episodio en 1819 en Cádiz y se extendió por toda España, pero en una crisis menos importante que la de 1800-1814 porque ya se adoptaron medidas sanitarias y se administró quina. El segundo episodio reapareció en 1821 en Cataluña extendiéndose desde Barcelona a Aragón, Baleares y Andalucía. Hubo más episodios de fiebre amarilla en 1858, 1870 y 1878, y desapareció definitivamente.

 

 

TERCER TRATADO DE SAN ILDEFONSO

1 de octubre de 1800

 

En 1 de octubre de 1800 tuvo lugar la firma de los Preliminares del Tercer Tratado de San Ildefonso en el que España negociaba con Napoleón. Fueron protagonistas de la firma del Tratado: Mariano Luis de Urquijo por España, y Louis Alexandre Berthier por Francia.

Antecedentes: Napoleón había vencido a Austria en Marengo el 14 de junio de 1800. Parecía el general vencedor de todos los ejércitos. Lo confirmaría en la batalla de Hohenlinden en 3 de diciembre de 1800. Austria parecía completamente derrotada.

Puntos importantes del Tratado:

Francia concedería a Fernando I de Borbón-Parma un territorio en Italia, sin especificar.   En 1801 se empezó a hablar de que ese territorio sería Parma, y así sería rectificado en el Tratado de Aranjuez de 21 de marzo de 1801.

España entregaría a Francia: 6 navíos de 74 cañones cada uno, que se integrarían en cuatro escuadras franco-españolas (quedaban controlados por los franceses); la Luisiana, que fue negociada inmediatamente por Napoleón vendiéndosela a Estados Unidos, con el fin de conseguir el dinero que necesitaba para equilibrar las finanzas francesas; una declaración de guerra a Portugal.

Con el Tratado de San Ildefonso, Napoleón estaba atacando un punto débil de la monarquía española, las ambiciones personales de la reina.

Sobre el primer punto de los compromisos españoles, la entrega de los barcos, Francia le pidió a España poner en valor la flota de que disponía, pues España poseía muchos barcos pero andaba escasa de tripulación y ésta estaba mal adiestrada. Además los barcos españoles contaban con pocos servicios complementarios (cañones, pólvora, tinglados), pero España no tenía esos servicios porque hacía tiempo que no tenía dinero para sostenerlos. Las malas condiciones en que estaban los barcos y la moral de los marineros (limpieza y buena comida) hacían que en los barcos españoles hubiera fiebres y disentería, y que los marineros no quisieran, por ello mismo, enrolarse en la marina, cerrándose el círculo vicioso, pues con malos marineros empeoraba el estado de los barcos… La situación de mezclarlos con barcos franceses podía hacer útiles esos barcos, y además quedaban perfectamente controlados por la oficialidad francesa.

El abandono de la Luisiana era para España una ruptura con varios siglos de política, abandonar un extenso territorio en manos de un competidor, y traicionar a los criollos que pensaban en una extensión casi sin límites del imperio español, de la cual ellos debían beneficiarse. La Luisiana era territorio español desde 1763 y la había recibido a cambio de Florida. La Luisiana se entregó oficialmente a Francia en octubre de 1802. Francia la vendería en 1803 a Estados Unidos por 15 millones de dólares.

Respecto a Portugal, el consejo de Napoleón era que España debía invadir Portugal, cerrar sus puertos y comercio peninsular y brasileño a los británicos, y negociar después con Inglaterra desde una posición de superioridad, exigiendo la devolución de Trinidad.

España se dejó llevar por un objetivo absurdo e inconsistente, que era el dominio del ducado de Parma y quizás la Toscana.

Parece ser que Urquijo no era partidario de un acuerdo tan desproporcionado y desfavorable para España, como el Tratado de San Ildefonso, pues se entregaba un territorio más de cuatro veces más extenso que España, a cambio de una promesa de apoyo a favor de un particular. Pero firmó por presiones de la Casa Real.

 

 

LA CAÍDA DE URQUIJO.

 

Napoleón empezó a concebir su gran plan de dominio del mundo, empezando por América, y para ello necesitaba debilitar a Gran Bretaña. El primer paso era eliminar al socio de Gran Bretaña, Portugal-Brasil. Para ello envió a su hermano Luciano Bonaparte como Embajador a España. Godoy pidió a la reina que se rechazara al nuevo embajador, y así se lo ordenó la reina a Urquijo. Napoleón se enfureció con Urquijo. Se aprovechó que el nuncio de Roma en España también estaba en contra de Urquijo para hacer un frente contra el Secretario de Estado.

El marqués de Caballero, Secretario de Gracia y Justicia, de corte integrista católico, pidió la destitución de Urquijo, y le acusó de malversación de caudales públicos y de la firma de un tratado tan desventajoso como el de San Ildefonso.

Urquijo estaba viendo que Napoleón lo abarcaba y sometía todo, Alemania, Italia y el Papa, y se dio cuenta de que España también estaba aprisionada desde el momento que la flota española estaba en Brest, un puerto francés. Urquijo mandó salir la flota de Brest. Napoleón exigió la destitución de Urquijo y la de Mazarredo.

Urquijo no sólo fue removido del puesto, sino apresado por malvesador, confinado en Bilbao, preso en Pamplona, hasta marzo de 1808, cuando cayó definitivamente Godoy. Entonces se pasaría al bando de José Bonaparte.

 

 

 

[1] Francisco Saavedra Sangronis, 1746-1819, era doctor en Teología por Granada, pero en 1768 se pasó al ejército en el Regimiento Inmemorial del Rey y luchó en Pensacola y Yorktown con éxito. En 1783 fue nombrado Intendente de Caracas. En 1797 fue Secretario de Despacho de Hacienda para Godoy y en marzo de 1798 Secretario de Estado de Despacho Universal hasta 22 de octubre de 1798, si bien no ejercía desde agosto por enfermedad. El 30 de octubre de 1809 sería de nuevo Secretario de Estado para el Gobierno patriota en guerra contra los franceses, y presidió la Junta Suprema de Sevilla e Indias y también fue Regente del Consejo de Regencia de 1810.

[2] Gaspar Melchor de Jovellanos 1744-1811, fue un hombre culto que se hizo amigo de Campomanes y fue miembro de las academias de Historia y de la Lengua. Había nacido en Gijón en familia hidalga y había ingresado en el seminario hasta que los marqueses de Casa Tremañes le llevaron a estudiar derecho a Madrid. Era un tipo enfermizo. En 1798 fue alcalde del crimen en la Audiencia de Sevilla y allí conectó con Olavide y supo de sus inquietudes reformistas y leyó a Cautillon, Condillac y Turgot, que eran los reformistas de moda en Europa, y a Adam Smith que era el economista de la época, fue preso y desterrado a Gijón, su pueblo natal. En 1778 fue Alcalde de Casa y Corte en Madrid y conoció a Floridablanca, Campomanes, Cabarrús, y perteneció a la Real Sociedad Económica Matritense o de Amigos del País. A partir de 1786 reaccionó contra los ilustrados al ver la figura de Godoy y ambos se reconocerán como enemigos. En 1796, la Inquisición inicia un expediente contra él del que sería exonerado en agosto de 1798, pero Godoy le siguió persiguiendo y le mandó en 1802 al castillo de Bellver (Mallorca) hasta 1808. Fue indultado por Fernando VII. En 1808 fue nombrado ministro de José I y miembro de la Junta Central y Gubernativa del Reino, al mismo tiempo. No era liberal, pues discrepaba radicalmente de los liberales, pero tampoco absolutista cerrado, y el calificativo de afrancesado tampoco le cuadra bien.

[3] José Nicolás de Azara, 1730-1804, fue en 1765 Procurador General en Roma, en 1785 embajador en Roma, y en 1798 embajador en París, donde negoció la Paz de Amiens de 27 de marzo de 1802, poco antes de ser destituido en 1803.

[4] Mariano Luis de Urquijo y Muga, 1768-1817, era de Bilbao, y había sido colaborador de Floridablanca y de Aranda. En 1792 fue oficial mayor de la Secretaría de Estado, y por eso tenía algún conocimiento sobre esa Secretaría, por lo que el 18 de mayo de 1798 fue designado para suplir interinamente a Saavedra, durante la enfermedad de éste. En octubre de 1798, simplemente se hizo definitivo el cargo provisional que ejercía. En 1808 hizo el proyecto de Constitución para José Bonaparte. En 1808 sería Secretario de Estado para José Bonaparte. Huyó a Francia en 1813.

[5] Miguel Cayetano Soler 1746-1809 era de Mallorca y tuvo el triste fin de ser linchado por unos labradores que protestaban por sus impuestos sobre el vino.

[6] José Antonio Caballero Vicente Campo Caballero Herrera, 1754-1821, II marqués de Caballero, 1807-1821, Secretario de Gracia y Justicia en 1798-1808, era sobrino de Jerónimo Manuel Caballero Vicente Campo, 1721-1807, I Marqués de Caballero, 1807-1821, Secretario de Guerra en 1787-1790 y en 1801-1805.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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