ARANDA EN 1792.

 

 

El Gobierno de Aranda:

febrero 1792- noviembre 1792.

 

Aranda supo que iba a sustituir a Floridablanca en Secretaría de Estado en 27 de febrero de 1792. Entonces tuvo una entrevista con el rey fijando las condiciones en que aceptaría el cargo: exigió que se suprimiera la Junta Suprema de Estado, y que él fuera nombrado a título de interino, pues siendo un militar, quería poder volver al mando del ejército si había guerra. Pero ese tema de la interinidad no se refiere a que fuera indiferente al poder, pues además de Secretario de Estado de Despacho Universal fue también Decano del Consejo de Estado, con lo cual acumulaba mucho poder en su persona. Aranda quería mantener su ascendencia sobre los militares.

La forma de ser nombrado, en entrevista con el rey, con condiciones previas por su parte, no gustó ni a los partidarios de Floridablanca, cuyo líder y patrón era destituido, ni a los partidarios de Aranda, pues no se hacía conforme a las Instituciones y leyes viejas, como el mismo Aranda había defendido siempre, como el conservador partido español defendía.

En 28 de febrero de 1792 se destituyó a Floridablanca. Floridablanca fue encarcelado en Pamplona acusado de corrupción y abuso de autoridad, en donde permaneció dos años, hasta ser liberado por Godoy en 1794, retirándose a Murcia. Nunca más fue importante en política.

El nuevo Secretario de Estado y Despacho Universal (primer ministro de la época), fue Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, que tenía 73 años de edad. Era y había sido el líder de la oposición a Floridablanca, cabeza del “partido aragonés” o “partido español”. Posiblemente su nombramiento tuviera relación con su puesto de embajador en Francia, donde conocía a mucha gente, burgueses y revolucionarios, y parecía un hombre adecuado para tratar el delicado tema de los reyes de Francia, prisioneros de los revolucionarios. Lo que es seguro es que Aranda no era un revolucionario, sino un aristócrata más bien conservador, y ello aseguraba la estabilidad del Gobierno y de la monarquía española.

 

 

El Consejo de Estado:

 

Aranda quería cambiar todo el equipo de Secretarios de Despacho, pero no obtuvo la venia del rey. Sólo más tarde, se le permitió un cambio en Secretaría de Despacho de Justicia, sustituyendo a Porlier por el sacerdote Pedro de Acuña y Malvar[1].

Aranda intentó entonces cambiar el modelo de Gobierno de modo que los Secretarios de Despacho pasaran a tener decisiones simplemente consultivas, es decir, que no fuesen decisorias. El poder decisorio se reservaba al rey. Los Secretarios de Despacho perdieron el voto deliberativo que antes tenían, y se convirtieron en elementos a tener en cuenta en las consultas que les fueran hechas por el rey y por el Secretario de Estado. El verdadero órgano de Gobierno era el Consejo de Estado. Las Secretarías de Despacho, tal y como habían sido concebidas a lo largo del XVIII, quedaban suprimidas en la práctica.

El Consejo de Estado sería un órgano propiamente nobiliario, aunque participasen en él algunos Secretarios de Despacho. Sería órgano asesor del monarca y no quien tomara las decisiones como venía pasando con los Secretarios de Despacho y la Junta Suprema de Estado. Sería una institución nueva, aunque llevase un nombre tradicional en la historia de España. Estaría integrada por 4 ó 6 personas (en realidad fueron más en la práctica), y no tantos integrantes como una institución homónima había tenido en el siglo XVII. Aranda quería personas que fueran verdaderamente útiles y que no se utilizase el cargo de forma honorífica. Quería que los grandes militares, diplomáticos, prelados, togados y, excepcionalmente, algún Secretario de Estado y Despacho, estuviese en ese organismo asesor del rey. El rey sería el Presidente de ese Consejo de Estado, y Aranda sería el Decano del mismo, con capacidad para sustituir la decisión del rey cuando éste no asistiese a las reuniones, lo que podía ser siempre.

La reuniones del Consejo de Estado podían ser ordinarias (si contaban con lugar y fecha prefijados), de pleno, y extraordinarias.

El modelo de Gobierno con Consejo de Estado, imaginado por Aranda, era pues completamente diferente al de la Junta Suprema de Estado de Floridablanca. Floridablanca potenciaba las Secretarías de Despacho con poder decisorio, mientras Aranda las relegaba a simples entidades consultivas.

Aranda se dio prisa en la creación de la nueva entidad de Gobierno, y en 28 de febrero de 1792 inauguró su Consejo de Estado presidido por el rey, y dirigido por un “Consejero Decano” que sería él mismo, Aranda.

Curiosamente, esta institución creada tan apresuradamente, permaneció hasta 1834 y se consideró la máxima autoridad del Gobierno durante todo ese tiempo. Hasta 1792, se consideraba que la máxima autoridad era el Consejo de Castilla, aunque para las decisiones rápidas de cada día estaban las Secretarías de Despacho. Posteriormente a la supresión del Consejo de Estado, en 1834, aparecieron los Ministros, ministros responsables, y su conjunto integra el Gobierno, tal y como lo conocemos en la actualidad.

El Presidente del Consejo de Estado era el Rey, aunque Carlos IV no solía acudir a las reuniones y delegaba en el Decano de Estado, Aranda. La situación se mantendría hasta 15 de noviembre de 1792. En el Consejo de Estado, debían ingresar algunos Consejeros de Estado y algunos Secretarios de Despacho.

Eran miembros del Consejo de Estado:

Pedro Francisco Luján y Góngora[2], duque de Almodóvar;

Antonio Valdés y Fernández Bazán[3], Secretario de Despacho de Marina e Indias;

Antonio Porlier Sopranis[4], marqués de Bajamar, Secretario de Despacho de Gracia y Justicia saliente;

Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán[5], XVI marqués de Astorga;

Manuel Negrete de la Torre[6], conde de Campo Alange, Secretario de Despacho de Guerra;

Francisco González de Bassecourt[7], conde del Asalto;

Manuel Antonio Flórez Maldonado[8], conde de Casa Flórez;

Pedro Rodríguez de Campomanes[9], 1723-1802, conde de Campomanes;

Diego Gardoqui[10], Secretario del Despacho de Hacienda, propietario en la Secretaría desde 25 de marzo de 1792 hasta 1796.

 

 

Cambios sobre la política de Floridablanca.

 

Aranda entendía que las medidas represivas tomadas por Floridablanca eran excesivas, y levantó las trabas a la difusión de prensa francesa, dio libertad de circulación de extranjeros por España, emigrados y residentes, y parecía que llegaba con aires más liberales, o tal vez sólo fuera una negación de lo que había hecho Floridablanca. Anulaba lo que los suyos veían como medidas de Floridablanca inútiles e irrealizables, pues al final todas las noticias se sabían, aunque fuera con unos días de retraso.

Un tercer punto de diferencias con Floridablanca era que Aranda no creía conveniente atacar Francia porque los franceses acababan de derrotar a los austríacos en Valmy, porque el rey francés corría peligro, porque los catalanes, y también los vascos, amenazaban con pasarse a Francia, y porque era preciso mantener el ejército en España por si surgía allí una revolución. Prefería mantener relaciones con la República Francesa a pesar de las condenas de la Inquisición.

Pero algo quedó de la reforma de Floridablanca, pues la Secretaría de Estado ya fue siempre considerada como con cierta ascendencia sobre las demás, es decir, se había dado un paso hacia la Jefatura de Gobierno. Una vez más, hago constar que, para este trabajo, estoy utilizando las Secretarías de Estado del Siglo XVIII como si fueran Gobiernos, pero porque me viene bien para dividir los tiempos históricos. No había tales jefaturas de Gobierno.

 

 

El Gobierno del Consejo de Estado de Aranda.

 

El tema de la primera reunión del Consejo de Estado fueron las relaciones con Francia. Aranda empezó estableciendo relaciones con los revolucionarios franceses aceptando al “Encargado de Negocios” Bourgoing en marzo de 1792 (menor categoría que embajador), despidiendo al Embajador de Luis XVI, y aceptando sin trabas a los franceses que querían pasar a España. Aranda suprimió los subsidios que España estaba pagando a los príncipes y nobles franceses emigrados, tanto en España como en Holanda.

Los revolucionarios franceses estaban interesados en tener relaciones con España porque Dumouriez estaba preparando un ataque sobre Austria-Alemania, y no les interesaba un doble frente de lucha.

En abril de 1792, Aranda se declaró neutral en el posible conflicto de Francia con Austria. El 20 de abril, Francia le declaró la guerra al Emperador de Austria, y entonces las tropas austro-prusianas decidieron entrar en Francia, y la invadieron en julio.

España, a pesar de todas las declaraciones oficiales, acogía a emigrados franceses, apoyaba a los católicos del sur de Francia contra los revolucionarios, restringía el comercio con Francia, y ello llevó a una campaña de prensa de los revolucionarios franceses contra España.

España sostenía una política pacifista encaminada a negociar con la Convención la vida y el futuro del rey de Francia.

Aranda no confiaba en los gobernantes europeos: ni en un rey de Suecia demasiado joven, ni en una Rusia vacilante en sus alianzas, según los sucesos de cada temporada, ni en un Nápoles que se amparaba en España pero ponía poco de su parte en el terreno de lo militar, ni en una Cerdeña demasiado ocupada de sí misma, ni en una Portugal que se empeñaba en ser neutral y en no pactar con España, ni en una Austria que quería recuperar las Países Bajos y se desentendía del resto de los problemas europeos y americanos. Aranda no veía futuro a la victoria sobre la Convención, si ésta se lograba algún día. Lo único que veía con claridad eran las apetencias de Inglaterra de quedarse con las colonias de todo el mundo, sobre todo América.

Aranda escribió al gobernador de Cataluña, Lacy, en 7 de agosto de 1792, que estuviese preparado para intervenir en Francia, pues España tenía deseos de compartir con los aliados los despojos de Francia. Esperaba la invasión, derrota de los revolucionarios y reparto de bienes franceses.

 

El 10 de agosto de 1792, el asalto a las Tullerías y la proclamación de la República Francesa, asustó a Europa. Los acontecimientos franceses habían transcurrido así: los sansculottes, ante una pequeña derrota ante Prusia, asaltaron las Tullerías, encarcelaron al rey, formaron una comuna popular, destituyeron al rey y eligieron una Convención Nacional por sufragio universal. Empezaba la República Francesa. Los sucesos conmovieron a un Aranda que creía poder manejar el peligro de la revolución en España.

 

El 24 de agosto de 1792, Aranda consultó al Consejo de Estado qué había que hacer ante los sucesos de Francia, e informó que Austria, Prusia, Suecia y Rusia le habían pedido que España entrara en guerra contra Francia, aliada con ellos.

Aranda propuso que eligieran entre declarar la guerra a Francia como estaban haciendo otras Cortes europeas, o que España se declarase neutral y protegiese América de los revolucionarios. El Consejo de Estado votó por la guerra, pero pidió que la decisión se mantuviera en secreto por varias razones: para que diera tiempo a preparar un ejército, y para no levantar las iras de los revolucionarios franceses, de modo que fuera factible entrar en guerra cuando el conflicto estuviera maduro. Entendían que los revolucionarios serían pronto dominados por la coalición de las potencias europeas y no convenía adelantarse a los acontecimientos.

El embajador francés Bourgoing contraatacó organizando comités y clubs revolucionarios en diversas ciudades a través de los cuales difundía noticias y propaganda revolucionaria en España. En Francia se estaban imponiendo los Girondinos, partidarios de llevar la revolución a toda Europa.

 

La prensa española que quedaba, tras los cierres ordenados por Floridablanca, La Gaceta, el Diario de Madrid y El Mercurio, reaccionó de forma diversa ante la proclamación de la República Francesa, en artículos de rechazo total a los sucesos franceses, de necesidad de ciertos cambios como los de Ensenada y Floridablanca, de adhesión a ciertas ideas francesas con las cautelas necesarias, y muy raramente, a favor de los revolucionarios.

 

En 26 de agosto de 1792, la Asamblea Legislativa francesa ordenó que los sacerdotes refractarios salieran de Francia en quince días, o de lo contrario, serían deportados a Guayana. Sacerdotes refractarios eran los que se negaban a aceptar la Constitución Civil del Clero y a jurar la Constitución. Los sacerdotes franceses huyeron masivamente, muchos de ellos a España, donde eran bien acogidos: Montserrat acogió a cientos de sacerdotes franceses; Valencia a 700; Toledo a 400; Orense a 300; León-Sigüenza a 100; Zamora a 50. Y se calculaba que el total de clérigos franceses en España era de 6.000, algunos de ellos obispos, y unos 500 de ellos frailes, siendo el resto clero secular. El Gobierno español asignó a los clérigos franceses unos lugares concretos para vivir, de los que no podían salir, ni podían contar nada de los sucesos revolucionarios franceses. Los lugares asignados eran conventos españoles, y allí podían decir misa, pero no predicar ni enseñar. Los conventos elegidos no estaban cerca de la frontera francesa ni cerca de ninguna ciudad importante.

En agosto de 1792, tras la detención del rey, Aranda cambió su política de moderación frente a Francia, para volver a las medidas duras instaladas por Floridablanca.

A partir de 22 de noviembre de 1792, los eclesiásticos exiliados de Francia fueron vigilados y se ordenó a los obispos hacer matrícula de ellos (fichero) y controlar sus movimientos, recomendando alojarles en conventos e incomunicarles en ellos de modo que ni siquiera pudieran confesar ni ser confesados por españoles.

 

 

Los revolucionarios españoles.

 

Los españoles revolucionarios, aunque pocos, trabajaron dentro de España y fuera de ella con entusiasmo. Entre ellos cabe citar a:

José Marchena y Ruiz de Cueto, 1768-1821, conocido en los últimos años de su vida como el “abate Marchena” sin que fuera eclesiástico ni hubiera tenido relación con ese tipo de vida. Era sevillano y cursó estudios en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, y en la Universidad de Salamanca donde se graduó bachiller en leyes. En 1787 publicó una gacetilla estudiantil titulada “El Observador” en las que expuso algunas ideas de la Ilustración, sátiras sociales y críticas teatrales, por lo que intervino la Inquisición acusándole de volterianismo. En abril de 1792 fue a Bayona (Francia) sin ningún dinero, y colaboró en la Sociedad de Amigos de la Constitución elaborando proclamas en francés y en español para ser distribuidas en España. En 1793, el girondino Brissot le llamó a París, junto a Juan Antonio Carrese y José Manuel Hevia, y a partir del 7 de marzo de 1793 tradujeron al español el Manifiesto de la Convención Francesa a los Pueblos de Europa y otros artículos menores de propaganda. El 31 de mayo de 1793 cayeron los girondinos, y Marchena fue encarcelado en octubre de 1793, en la Conciergerie, mientras los más destacados girondinos eran guillotinados, hasta que fue liberado en julio de 1794. Se opuso al Directorio por ser un Gobierno centralista al estilo jacobino y en 1796 se exilió a Suiza. En 1797 volvió a París y en noviembre de 1799, tras el 18 de Brumario de Bonaparte, consiguió un empleo como inspector de contribuciones en Alemania y Suiza. En 1801 volvió a París y en 1808 fue a España acompañando a Murat, y en 1813 huyó, para volver en 1820 como liberal exaltado, es decir, partidario de una revolución completa y rápida.

Miguel Rubín de Celis, -1799, era un militar español originario de Asturias, que formó parte de una expedición científica a El Chaco (selvas del norte de Argentina) junto al ingeniero Pedro Antonio Cerviño y el militar Francisco Gabino Arias, la cual se hizo famosa por descubrir un meteorito. En 1789 se manifestó simpatizante de los revolucionarios franceses y en 1792 estuvo junto a José Marchena en Bayona publicando La Gaceta de la Libertad y la Igualdad.

Andrés María de Guzmán, 1752-1794, era de Granada (España) pero se nacionalizó francés en 1781 para hacerse militar. Fue miembro del ejército revolucionario en 1789. En 1793 luchó contra los girondinos y colaboró en llevar al poder a Robespierre, y a la caída de éste en 1794, fue guillotinado.

Vicente María Santiváñez, 1759-1794, era un profesor madrileño y tuvo que huir a Bayona en 1793, se hizo jacobino y acabó encarcelado en 1794.

José Manuel Hevia Miranda era desde 1781 un funcionario de la embajada española en París, se hizo girondino, y en 1793 colaboró con Marchena en traducción de propaganda revolucionaria.

Andrés María de Santa Cruz vivió en París a partir de 1791.

Domingo Iriarte y Nieves Pavelo, fue encargado de negocios de la embajada española en París desde 1786 a 1792. Era hermano de José Gabriel Domingo Iriarte, Tomás de Iriarte, y Bernardo Iriarte.

 

 

Los reformistas españoles ante la Revolución.

 

Algunos miembros de la elite española colaboraron con los revolucionarios, sobre todo con los Girondinos, pero la mayoría de los españoles eran ilustrados reformistas, pero no revolucionarios.

Francisco Cabarrús Lalanne, 1752-1810 fue encarcelado en 1790 y luego colaboró con José I en 1810, pero no era revolucionario.

Gaspar Melchor de Jovellanos defendió a su amigo Francisco de Cabarrús y fue enviado a Asturias una temporada, pero tampoco era revolucionario.

Antonio de Capmany Suris y de Montpalau, 1742-1813, militar hasta 1770 y luego historiador con la Historia del Comercio y las Artes en la antigua Barcelona, y también filólogo con Discursos analíticos sobre la formación de las lenguas, 1776, Filosofía de la Elocuencia, 1777, y Teatro Histórico Crítico de la elocuencia castellana, fue un ilustrado y colaborador de los revolucionarios de Cádiz, pero no de los revolucionarios franceses.

 

 

Aranda, entre la guerra y la neutralidad.

 

Aranda expuso ante el Consejo de Estado que había dos posturas posibles: o la unión con los monarcas europeos para liberar al rey francés, lo que significaba la guerra, o la neutralidad para mantener tranquila a Francia, y así poder contener a Inglaterra en sus ansias de invadir América. El Consejo de Estado adoptó una postura intermedia: aceptó la guerra y se decretó llevar 40.000 hombres a la frontera francesa encargando a Lacy estar preparado para la invasión de Francia desde Cataluña. Se le dieron órdenes al Gobernador de Cataluña para que levantase un ejército. Pero decidieron que no se declararía la guerra hasta el momento oportuno, para no hacer peligrar la vida de Luis XVI.

La derrota de los prusianos ante el ejército de la Convención francesa en septiembre hizo cambiar de planes a Aranda, que pidió inmediatamente a Francia la paz, o neutralidad, puesto que no se había llegado a iniciar la guerra. Aranda quiso vender a los franceses una posición de neutralidad, pero los franceses sabían perfectamente que se había decidido la guerra contra ellos. Era un paso complicado en la postura antirrevolucionaria adoptada por España

La explicación a esta anómala situación española, ni de guerra ni fuera de ella, se puede encontrar en la difícil situación militar española del momento: gran parte del ejército estaba en los puertos norteafricanos, la deuda estatal era inmensa.

 

 

El terror de septiembre de 1792 en Francia.

 

Septiembre de 1792 fue un mes de terror en Francia, aunque anterior al Terror de septiembre de 1793.

El 20 de septiembre de 1792 los revolucionarios franceses ganaron la batalla de Valmy. Todo el plan de Aranda se vino abajo, pues en vez de derrota de los revolucionarios, sobrevenía su victoria. Los sacerdotes huyeron de Francia o fueron deportados y muchos llegaron a España.

En septiembre de 1792, Bourgoing había comunicado a los revolucionarios la postura española, tomada en agosto, de preparación para invadir Francia. Pero España, tras el triunfo de Valmy, decidió no actuar.

España aparecía como un caso especial entre los revolucionarios franceses: La diferencia entre los aliados y España, en términos generales, era que los aliados pensaban desmembrar Francia y repartírsela, mientras España quería invadir, restaurar la monarquía, y mantener una Francia unida. En términos más concretos, en septiembre de 1792, la cuestión era que Aranda, ni había ayudado a los aliados en la reciente invasión, ni estaba en condiciones de afrontar las represalias que se esperaban de los revolucionarios franceses, dado que sabían que se había preparado la invasión desde España. Aranda quedó desprestigiado dentro y fuera de España. Dentro, porque se supo que iniciaba otra guerra más, que España no quería. Fuera porque no había estado con los aliados en Valmy.

Aranda tampoco le era simpático a la reina, y tampoco a Godoy el amigo de los reyes, pues le consideraban afrancesado y excesivamente temeroso, amedrentado ante Francia. Aranda era un militar altivo que despreciaba a arribistas como Godoy, que ni siquiera era un golilla (profesional de la carrera administrativa, por vía manteísta) ni un manteísta (universitario de origen en la pequeña nobleza).

En ese momento delicado, Aranda le propuso a Carlos IV la declaración de neutralidad argumentando que una guerra con Francia perjudicaría a España en sus posesiones americanas, que serían tomadas por Inglaterra, y que España no tenía mucho que ganar en el reparto que pudieran hacerse los aliados de los territorios franceses.

Entre tantas tensiones por los sucesos franceses, pasó casi desapercibida una propuesta de Aranda para solucionar el problema de América, que España ya no estaba en condiciones de gobernar, puesto que no era dueña de Atlántico: propuso dividir América en Monarquías, cuyos monarcas serían príncipes españoles, dependientes del rey de España. La ventaja para España era que estos nuevos Estados deberían atender a los gastos de su propia defensa, y además, aportar fondos a la Corona española.

 

 

Desarrollo económico y social en 1792.

 

El 1 de octubre de 1792 apareció en Barcelona el Diario de Barcelona, un diario de cuatro páginas fundado por Pedro Pablo Ussón que divulgaba los gustos y modas francesas y los sucesos de la ciudad de Barcelona. En 1808, a la llegada de los franceses, se publicó en tres idiomas, castellano, catalán y francés. Popularmente se llamó El Brusi, porque en 1814 fue su director Antonio Brusi Mirabent, un absolutista. Este diario seguirá abierto hasta el siglo XXI.

En 1792 se inició el puerto de Santander moderno, y también de por esta época son los de Málaga, Coruña, Gijón y Bilbao, y los faros en Mallorca, Barcelona, Málaga, Cádiz y La Coruña.

En 24 de agosto de 1792 se concedió a la Marina española la explotación de las Minas de Langreo. La Marina necesitaba carbón para sus ferrerías de Trubia y La Cavada, para el aserradero a vapor de Cádiz, la fábrica de planchas de cobre de Jubia, los hornos de reverbero de municiones de cañones. Por ello, el general Antonio Valdés y el ingeniero militar Antonio Casado quisieron la gestión directa de las minas por el ejército, y se les concedió el valle del Nalón en el entorno de Langreo. Empresas del Nalón fue la otra empresa militar situada en Asturias.

El ejército estudió la rentabilidad de esas nuevas empresas: el mayor coste del carbón era su traslado al mar, lo que hacían carretas de bueyes. Jovellanos propuso una carretera de Sama a Gijón. Casado de Torres propuso canalizar el Nalón hasta Pravia con un coste doble que la carretera, pero con costes de explotación tres veces inferiores. Las obras de canalización requerían abrir canales en algunos tramos, y eliminar rocas de fondo en otros, un camino de sirga y el dragado de la barra de Pravia. La obras, terminadas en 1797, fueron una chapuza, y el camino de sirga nunca se hizo, y los canales eran de tan poca calidad que las riadas se llevaban los muros, así que el coste de explotación resultó 24 veces más caro que con los bueyes. Jovellanos escribió el Informe sobre la Navegación del Nalón en 1797 y pronosticó la ruina. El ejército decidió comprar el carbón de carretas, más barato, que usaba para La Cavada, Jubia, Cádiz, El Ferrol y Cartagena, y sólo utilizaba el carbón caro para altos hornos en Marrón, Trubia y Oviedo. Las dos empresas militares de Asturias fracasaron en 1803.

 

 

Caída de Aranda.

 

En octubre de 1792, Aranda adoptó la política más dura posible contra las ideas revolucionarias francesas. Entonces se crearon dos “inspectores de libros”, el uno por el rey y el otro por la Inquisición, que debían impedir en las aduanas la entrada de cualquier escrito francés.

Aranda, fue depuesto en 15 de noviembre de 1792. Sería desterrado de Madrid y nunca volvería al poder, pues murió en 1798. Con Aranda caía del Gobierno el sector nobiliario, el Partido Español o Partido Castizo, y se daba paso a una etapa más populista, la de Godoy.

Los nobles, que en 1790-1792, estaban luchando contra Floridablanca, al que con demasiada alegría veían caído y olfateaban su oportunidad de poder, no vieron la llegada de Godoy. Es más, los nobles se confundieron creyendo que Godoy era uno de los suyos, aunque llegado de rebote. Cuando en 1790, Aranda fue llamado al poder, habían creído llegada la hora de la aristocracia tradicional, y la disolución de la Junta Suprema de Estado y fortaleciendo del antiguo Consejo de Castilla que debía reducir el poder de los Secretarios de Estado y Despacho, y debía controlar las acciones del rey, les parecía un triunfo. Se vieron sorprendidos por la destitución de Aranda, y no lo supieron interpretar. Cuando en 1794 se dieran cuenta de su error, sería demasiado tarde.

 

El problema de la destitución de Aranda no era pequeño, pues no era fácil encontrarle sucesor. El rey había expulsado del Gobierno a Floridablanca en febrero, sólo ocho meses y medio antes y se había enemistado con los golillas. Y ahora echaba al líder del partido aristocrático o partido español, el de los nobles.

Para salir del atolladero el rey escogió a un don nadie, un joven de 25 años que no era en absoluto conocido en los medios políticos, Manuel Godoy y Álvarez de Faria. Fue una decisión personal del rey Carlos IV y de la reina María Luisa, quienes le habían conocido por casualidad tres años antes. Era un nombramiento inexplicable para la Corte de Madrid. Los arandistas se mostraron escandalizados, pues ya odiaban a los golillas, que al fin y al cabo eran profesionales de la Administración, pero de ningún modo podían aceptar que gobernara un simple guardia de Corps de 25 años de edad. Comenzaron a difundir rumores sobre las posibles relaciones de la reina con Godoy, seguramente falsos, bulos que eran utilizados en España como instrumentos políticos.

Pero Godoy, de quien no se esperaba nada bueno dada su trayectoria educativa y profesional anterior a 1792, se mostró al inicio como un hombre ilustrado, preocupado por la economía y la educación, no peor gobernante que muchos de los que le habían precedido y le siguieron más adelante. Eso sí, tenía una deficiente cultura económica, y cometió un error grave, pero entendible entre gente de pocos conocimientos en economía, que fue hacer políticas expansivas cuando no tenía dinero. Precisamente las hizo como modo de obtener dinero, y esas políticas expansivas le llevaron al fracaso. Cuando fue consciente de su fracaso, Godoy se convirtió en todo lo malo que se puede esperar de un político, pero eso lo veremos en su momento, más adelante

 

 

[1] Pedro de Acuña y Malvar 1755-1814, permaneció en el cargo dos años, hasta 1794. Acuña era sacerdote y fue afrancesado en 1808.

[2] Pedro Francisco Luján y Góngora, 1727-1794, I duque de Almodóvar 1780-1794.

[3] Antonio Valdés y Fernández Bazán, 1744-1816, fue guardiamarina en Cádiz en 1757, y llegó a dirigir la fábrica de armas de La Cavada (Cantabria) y a ser Secretario de Despacho de Marina en 1783, a los 38 años de edad. En 1787 estuvo en el Consejo de Estado para Floridablanca, y Aranda le confirmó en ese puesto en 1792.

[4] Antonio Porlier Sopranis, 1722-1813, marqués de Bajamar desde 1791, había estudiado en Salamanca y pasó a América donde fue protector de indios, Oidor en Charcas, y Fiscal de la Audiencia en Lima. En 1773 pasó a Sevilla como Fiscal del consejo de Indias. En 1787 fue Secretario de Despacho de Indias, en 1789 consejero de Estado, en 1790 Secretario de Despacho de Gracia y Justicia de España e Indias. En 1792 pasó a ser Consejero de Estado para Aranda. En 1808 sería consejero de Estado para José I. en agosto de 1812, derrotado José I, se retiró a su casa, donde murió en 1813.

[5] Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán, 1756-1816, XVI marqués de Astorga era hijo de Ventura Osorio de Moscoso y Fernández de Córdoba, XV marqués de Astorga, y fue padre de Vicente Isabel Osorio de Moscoso y Álvarez de Toledo, 1777-1837, XVII marqués de Astorga.

[6] Manuel de Negrete de la Torre, 1736-1818, II conde de Campo Alange 1762-1818, fue Secretario de Despacho de Guerra y de Negocios Extranjeros. Fue hombre de Godoy y en 1808 se pasó a José I. era padre de Francisco Javier de Negrete y Adorno, quien fue Capitán General de Castilla la Nueva para Godoy en 1808.

[7] Francisco González de Bassecourt, marqués de Grigny por Flandes, marqués de Gónzález y de Borghetto por Parma, conde del Asalto por España desde 1763.

[8] Manuel Antonio Flórez Maldonado Martínez de Angulo y Bodquin, 1722-1799, se hizo guardiamarina en 1736 y llegó a ser Comandante de El Ferrol en 1771 y teniente general en 1774. En 1776 fue virrey de Nueva Granada y presidente de la Audiencia de Sante Fe de Bogotá, en 1787 fue virrey de NuevaEspaña, y en 1792 consejero de Estado.

[9] Pedro Rodríguez de Campomanes, 1723-1802, I conde de Campomanes desde 1780, fue Secretario de Hacienda para Floridablanca en 1760, Fiscal del Consejo de Castilla en 1762, Presidente del consejo de la Mesta en 1765, iniciador del a Real Sociedad Económica de Madrid en 1775, Presidente del Consejo de Castilla en 1786, y Presidente de las Cortes en 1789.

[10] Diego María de Gardoqui y Arriquibar, 1735-1798, conde de Lerena desde 1791 fue intermediario entre Floridablanca y los rebeldes americanos de los Estados Unidos, a los que llevó armas y dinero a través de la compañía “Joseph Gardoqui e Hijos”

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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