FLORIDABLANCA EN 1788-1792.

 

 

Floridablanca, 19 febrero 1777 – 28 febrero 1792:

periodo 1788-1792.

 

Carlos IV inició su reinado en diciembre 1788, de acuerdo con un decreto de las Cortes de 1760 que le habían reconocido heredero al trono. En esas Cortes ya se había planteado que Carlos IV no cumplía la Ley Sálica que impedía reinar a las hembras y a los varones no nacidos en España, pero el 19 de julio de 1760, Carlos había sido jurado Príncipe de Asturias sin problemas y se sobreentendía que las Cortes le habían aceptado.

Carlos IV, siguiendo las recomendaciones de su padre, mantuvo a Floridablanca en el poder. En diciembre de 1788, Aranda esperaba su oportunidad de gobernar, y detrás de él estaba el Partido Aristocrático o Partido Español o Partido Aragonés. Pero el rey optó por la continuidad de Floridablanca, el golilla por excelencia, frente a la posibilidad de dar el poder a los aristócratas.

 

 

Las Cortes de septiembre de 1789.

 

En 22 de mayo de 1789 Carlos IV convocó Cortes para septiembre de 1789 (no se habían reunido desde 1760) con objeto de jurar a su hijo Fernando como príncipe de Asturias y de abolir el Autoacordado de Felipe V de 10 de mayo de 1713 denominado tradicionalmente “Ley Sálica”. El 31 de mayo se envió la comunicación pertinente a 37 ciudades y villas que entonces tenían voto en Cortes. Debían reunirse en septiembre.

El 27 de julio de 1789 se supo en Madrid de los sucesos de la Bastilla parisina. Entonces empezó a valorarse que Francia había convocado Estados Generales en 5 de mayo de 1789, tres semanas antes que la convocatoria española, pero el 17 de junio los diputados franceses se habían declarado en Asamblea Nacional reclamando la soberanía, y en julio, las masas habían tomado la Bastilla. Es decir, los hechos franceses se produjeron entre el momento de la convocatoria de Cortes en España en mayo, y el de la apertura de las mismas en septiembre. Continuarían ocurriendo cosas sorprendentes más tarde, durante la celebración de las Cortes. Los sucesos franceses suponían la ruptura del eje de la política española de Floridablanca, pues la amistad con Francia no se podía mantener, sin hacer cambios profundos en la política interior española. La decisión primera de Floridablanca fue hacer como si nada hubiese ocurrido, mantener el Tercer Pacto de Familia.

La primera reacción de la población española ante los sucesos de la Revolución Francesa fue de curiosidad e inquietud para unos, y de alarma para otros, pero no de hostilidad. Se interpretaba que en Francia estaba ocurriendo algo similar al motín de Esquilache de 1766 en España. En 1789 lo que más preocupaba en España era la mala cosecha de 1788 y la escasez de 1789, y no se valoraba tanto lo que no parecía más que un motín francés.

En septiembre, las Cortes, presididas por Campomanes, tuvieron lugar en un ambiente de nerviosismo, porque los sucesos de Francia, Revolución Francesa de junio de 1789, empezaban a ser graves: Mirabeau había convocado el 23 de junio al estado llano a reunirse separadamente de la nobleza y el clero, y declararse representantes del pueblo.

El 19 de septiembre se reunieron las Cortes en España: En 19 de septiembre de 1789 se produjo el mensaje del Rey a las Cortes, en Palacio. El 23 de septiembre se produjo la jura del príncipe de Asturias en San Jerónimo. El 30 de septiembre tuvo lugar la reunión de Cortes en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid, siendo sus sesiones secretas.

El Presidente de las Cortes era el conde de Campomanes y éste, por orden del rey, se las arregló para que fueran las Cortes quienes suplicasen la abolición del Autoacordado de 10 de mayo de 1713 y su sustitución por las Leyes de las Partidas, para que no pareciese que aquello era interés del rey. Las principales decisiones de estas Cortes fueron:

En primer lugar, Campomanes propuso la abolición del Autoacordado de 10 de mayo de 1713 sobre la sucesión a la Corona, (llamado frecuentemente en España “Ley Sálica”[1]) lo cual parecía una cuestión secundaria en ese momento, pues el rey ya había sido aceptado por las Cortes de 1760 como Príncipe de Asturias y tenía muchos hijos varones. Pero el Autoacordado de 10 de mayo de 1713 de Felipe V prohibía reinar en España a los no nacidos y criados en España, y Carlos IV había nacido en Nápoles. Por tanto, era conveniente reformar la ley sucesoria. No era en esos momentos un tema fundamental, porque Carlos IV ya había sido proclamado por las Cortes príncipe, en julio de 1760, y rey en diciembre de 1788, con lo cual estaba legitimado por las Cortes. El Autoacordado de 1713 fue derogado por unanimidad y en pocos momentos. Así pues, se puso en vigor la ley de Las Partidas en cuanto a la ley 2ª del título IV, partida Segunda. El tema de la abolición del Autoacordado de 1713 se hizo en secreto y no lo conocía casi nadie.

Tan intrascendente parecía el tema, que no quisieron publicarlo en la correspondiente Pragmática, de modo que no hubiese revuelos en las cortes de Francia y Austria, y así no protestaran por la decisión española. La categoría de la ley se quedó sólo en “Resolución de las Cortes”, que eran secretas.

De la abolición del Autoacordado de 1713 se podía prever la unión de Portugal y España, dado que Carlota Joaquina sería heredera y estaba casada con el príncipe heredero de Portugal, Príncipe de Brasil, Juan.

En segundo lugar, como temas importantes de Cortes, Campomanes propuso una serie de reformas para mejorar la agricultura y restringir los mayorazgos:

Se prohibió unir mayorazgos grandes, “pingües”, en una sola persona. Se decidió dividir las grandes fincas de forma que no quedaran fincas de más de 100.000 ducados de renta anual en manos de los Grandes, de 50.000 ducados de renta en manos de los Títulos, y de 20.000 ducados de renta en manos de particulares.

Se prohibió la fusión de mayorazgos, ni por apegación, ni por mejora de tercio o quinto, ni a causa de los que no tenían herederos forzosos, salvo permiso expreso del rey.

Se prohibió constituir nuevos mayorazgos si no llegaban a los 3.000 ducados de renta, superando el límite vigente que era de 1.600 ducados.

Quedó claro que el mayorazgo sólo lo heredaba el hijo mayor, mientras el fideicomiso lo heredaba aquel a quien el padre designase en su testamento.

Se pidió que se elaborasen decretos para remediar el abandono de tierras “no enajenables” (mayorazgos y tierras vinculadas en general), promoviendo su cultivo, riego y plantío.

Se pidió un decreto para poder cercar las fincas que se destinasen a olivar, viñedo con arbolado, huertas de hortalizas y árboles frutales.

Estas propuestas de reformas, dieron lugar a largas discusiones, y al final no se tomaría ningún acuerdo debido a los acontecimientos que relataremos.

El tema de las reformas de los mayorazgos era complicado porque una Real Cédula de 14 de mayo de 1789 había prohibido, cuatro meses antes, la fundación de mayorazgos sin licencia real, la cual sólo se concedía para mayorazgos con rentas superiores a los 3.000 ducados. Con ello se había tratado de evitar la vinculación progresiva de la tierra que se estaba produciendo, al tiempo que se protegía el mayorazgo nobiliario, pero no el de otros estamentos. Pero se había legislado antes de consultar a las Cortes, cuando justamente se las convocaba, y las Cortes habían vuelto sobre ello y estaban originando un posible conflicto con la Corona.

En tercer lugar, también había un asunto de política internacional al que había que dar solución en las Cortes, la proposición de una alianza, que presentaba Catalina de Rusia (mayo de 1788), y que incluiría a Rusia, Austria, Francia, España y Nápoles, que haría frente a la reciente alianza de Inglaterra-Prusia-Holanda. Inglaterra y Prusia estaban tanteando a Carlos IV para que entrase en su alianza y no en la de Rusia y Austria.

 

 

El cierre de las Cortes de 1789.

 

En septiembre se supo en España de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, de 26 de agosto de 1789. El 6 de octubre se produjo el asalto al Palacio de Versalles. El Gobierno de Floridablanca quedó muy impresionado y trató de que las noticias no llegasen a España, pero llegaban de todas formas. Las ideas conectaban con otras expresadas desde hacía tiempo en España por algunas minorías a las que no se había atendido ni dado la importancia que merecían.

En 7 de octubre de 1789, se recibió en Madrid una carta de Luis XVI de Francia, declarando que todo lo que estaba sucediendo en Francia se estaba haciendo en contra de su voluntad. El rey y Floridablanca se impresionaron mucho y, viendo las discusiones que había en las Cortes españolas, decidieron clausurarlas precipitadamente. Ni siquiera se esperó a la preceptiva recepción de las peticiones de los Procuradores, a los que se dijo que podrían trasladarlas al rey en cualquier otro momento.

No fueron las discusiones habidas en Cortes sobre los mayorazgos las que causaron la clausura de Cortes. Medidas similares a las discutidas en Cortes estaban previstas en el programa de Floridablanca expresado en la Instrucción Reservada, pero no habían llegado a convertirse en decretos por temor a alteraciones de orden público como las de 1766. Las medidas legales españolas limitando el poder de la nobleza podían parecer graves, pero no eran el motivo del cierre apresurado de las Cortes. La causa del cierre de Cortes era el miedo a lo desconocido que provenía de la Revolución Francesa.

Las Cortes se cerraron el 5 de noviembre de 1789. Se habían celebrado en completa normalidad y habían cumplido los objetivos de Floridablanca y Campomanes, pero habían dejado pendiente el tema de abolición del Autoacordado de 10 de mayo de 1713 sobre la Sucesión a la Corona de España, que había que publicar.

Floridablanca salía como triunfador de las Cortes de septiembre 1789, pero también la oposición había adquirido mucho peso y la resistencia a la Junta Suprema de Estado había crecido. El aparente triunfo de Floridablanca se volvió en intranquilidad inmediatamente.

Había motivos para que Floridablanca estuviera inquieto, y no sólo eran los sucesos de Francia: Los estamentos privilegiados del partido aragonés llevaban tiempo pidiendo restricción del poder absoluto del rey, y en este momento acusaban a los golillas de legislar alegremente contra la propiedad porque ellos no eran propietarios, de carecer de experiencia en la vida real, y de gobernar por ideas abstractas aprendidas en libros. Entre la baja nobleza, profesionales liberales y burguesía habían calado ideas liberales que hablaban de democracia y leyes fundamentales a las que se debía el rey igual que el resto de los ciudadanos.

La ofensiva del partido aragonés era intensa, y se acusaba a Floridablanca de déspota, de abuso de autoridad. Se hablaba de la existencia de una “constitución de la monarquía española”, hecha por la historia misma, que limitaba los poderes del rey y de las instituciones de gobierno desde tiempos medievales, lo cual era contrario a las ideas de Floridablanca y su Junta Suprema de Estado. Se pedía el restablecimiento de las “antiguas leyes fundamentales”, que no existían, pero se decía que estaban implícitas en muchas disposiciones reales y de Cortes. El ambiente tenía algo de “revolucionario”, visto que habían tenido lugar los sucesos franceses.

 

 

La reacción contra los revolucionarios franceses.

 

La reacción de Floridablanca a la revolución francesa en octubre de 1788 fue de hostilidad contra los revolucionarios franceses, al tiempo que se temía los ataques británicos en el mar, pues no se tenía detrás el apoyo francés: en 1790 se cedería ante Gran Bretaña en Nootka para no pedir ayuda a los revolucionarios franceses.

Floridablanca ordenó el llamado “cordón sanitario” en decretos emitidos entre septiembre de 1789 y junio de 1791: era un cierre de la frontera francesa mediante 10.000 soldados, que debían cerrar el paso de hombres, periódicos y libros franceses mediante un plan muy preciso:

El Gobierno abriría e inspeccionaría las cartas y paquetes del correo de Francia.

Los oficiales del ejército tenían prohibido hablar de temas franceses.

Los periódicos tenían prohibido contar los sucesos franceses.

Quedaban expulsados de Madrid todos los forasteros.

Se prohibía a los estudiantes salir a estudiar al extranjero salvo para determinadas universidades y con permiso expreso del Gobierno.

Se exigía a los extranjeros que quisieran seguir viviendo en España, que jurasen fidelidad al rey y a la Iglesia católica.

Se prohibía a los viajeros extranjeros entrar en Madrid. La insistencia en alejar de Madrid a los extranjeros se debía a que los franceses estaban prestando libros prohibidos a quienes sabían leer francés, que eran bastantes entre las clases altas.

Se prohibía portar y difundir folletos revolucionarios; se pidió al clero que colaborase en impedir la difusión de los escritos franceses.

Se suprimían los periódicos no oficiales. En 1791, Floridablanca prohibió periódicos como El Censor, El Duende de Madrid, El Corresponsal del Censor, El Observador…

Se suprimían las escuelas que enseñasen francés.

Y se publicaba una lista de libros prohibidos que perseguiría duramente la Inquisición.

En la ingenuidad de un censor superado por la realidad, Floridablanca pidió a Francia que controlara más la frontera, cosa a la que los revolucionarios franceses no hicieron el menor caso.

Además, Floridablanca pidió colaboración a la Inquisición para que luchase contra la difusión de ideas ilustradas y revolucionarias dentro de España. En octubre de 1789, Floridablanca ordenó a los oficiales de aduanas de fronteras y puertos, confiscar todos los escritos y dibujos que llegaran de Francia. También ordenó al Inquisidor que recogiera lo que se colara en el filtro de las aduanas. Declaró que las ideas francesas eran antievangélicas y contrarias a las doctrinas de los santos apóstoles Pedro y Pablo. La orden fue recibida por los agentes de la Inquisición el 14 de octubre de 1791.

 

 

Resultados de la política de desinformación.

 

Los historiadores hablan de que Floridablanca entró en pánico. Floridablanca tomó la decisión de ocultar los sucesos a los españoles censurando los periódicos y la correspondencia de Francia e impidiendo a los “transeúntes” franceses entrar en España, a no ser que se manifestaran católicos y juraran lealtad a Carlos IV (caso de los sacerdotes franceses).

Pero era difícil que la colonia francesa de Cádiz no se enterase de lo que pasaba en Francia, y no lo comentara en la Casa de la Camorra, su lugar de reunión preferido. Igualmente era difícil que Barcelona y San Sebastián, en constante contacto con negociantes franceses, no se enteraran de los acontecimientos franceses. Floridablanca lo sabía y puso su mayor empeño en que estas dos ciudades no se convirtieran en distribuidoras de información, organizando allí centros de recogida de textos revolucionarios. Para la frontera de San Sebastián, estableció una segunda línea de cierre de información en Logroño, Palencia y Valladolid, y ordenó que todo el material recogido fuera enviado a Madrid. En el edicto de Floridablanca de 1789 se establecía un ”índice de libros prohibidos” que abarcaba 41 títulos, y también se prohibían los nuevos libelos que pudieran llegar de Francia y que habían de ser confiscados al llegar a la oficina de correos.

Para entender más completamente a Floridablanca y al rey, hay que tener en cuenta también el temor político a las malas cosechas, tan frecuentes en España, y que provocaban motines. En efecto, 1789 fue año muy seco, de mala cosecha y hambre en España, y por ello se podían repetir los motines. En 1789 hubo, de hecho, tumultos por hambre, por los precios del pan, en Vich, Barcelona, y Mataró.

Las medidas para el cordón sanitario actuaron en contra del fin que se proponía Floridablanca: El malestar producido por el cordón sanitario se dejó notar entre los estudiantes de Valencia, Granada, Valladolid y Murcia que organizaron clases paralelas donde informaban a sus compañeros y gentes de la calle que quisieran asistir, de lo que sabían sobre el liberalismo. También surgió un malestar entre los emigrados a Francia tras la represión, y acabarían organizando clubs en Bayona y Perpignam desde donde emitían panfletos para difundirlos en España, panfletos contra el despotismo del Estado, la intolerancia, la Inquisición. Igualmente, los masones españoles (Aranda era una gran autoridad en una logia) difundían las ideas y sucesos franceses. Incluso había grupos de curas pro-liberales que discutían temas revolucionarios en reuniones clandestinas, con los breviarios encima de la mesa para disimular.

 

 

El liberalismo político en España a fines del XVIII.

 

En conjunto, un sector social importante empezó a analizar el origen del poder absoluto: en general, se entendía que el poder del rey no debía extenderse más allá de las leyes, y se pensó en la necesidad de unas “leyes fundamentales” (nosotros diríamos constitución) que definieran el poder real. Estas ideas estaban en circulación mucho antes de 1789, pero tomaban especial relevancia con los sucesos franceses. La idea sobre estas leyes fundamentales, o constitución, era vaga, y muchos se inclinaban por la teoría tradicional, y secular en España, de una constitución histórica, lo cual permitía muchas interpretaciones y diversas demandas políticas incluso contradictorias. Comentaban algunos que la costumbre se había viciado por algunas malas prácticas, y que la soberanía del pueblo se había obviado desde que no se convocaban Cortes, más que para cuestiones secundarias como jurar al rey, pero no para las principales que eran pedir y sugerir las leyes al rey. Se defendía que la ley era la expresión de la voluntad del pueblo, y que el ejecutivo tenía la misión de aplicarlas y los jueces de interpretarlas, pero que las leyes debían proceder de las Cortes, lo cual era la base de una monarquía justa.

Es preciso citar aquí al sacerdote ovetense Francisco Martínez Marina, 1754-1833, que escribió su Teoría de las Cortes… de León y Castilla[2] entre 1808 y 1813, para concluir que circulaban teorías sobre el Estado que decían que, faltando el monarca, no dejaba de existir el Estado en el que reside la soberanía, y no dejaba de existir la constitución histórica. También Benito Ramón de Hermida y Porras, 1736-1814, se había planteado estos temas desde una ideología absolutista. La tesis se confirma por la idea de los diputados de Cádiz 1810 de que no había una constitución histórica, sino que había que redactarla en artículos concretos. Francisco de Cabarrús, conde de Cabarrús, hablaba de un contrato social por el que las personas buscaban su propia seguridad como individuos, la propiedad de sus bienes y la libertad de opiniones, lo cual es muy francés y demuestra que las mismas ideas de los revolucionarios franceses circulaban en España.

También es justo decir, que estas ideas circulaban por la Universidad y por las tertulias de las mujeres y hombres aristócratas que alardeaban de ideas revolucionarias, pero nada más, no circulaban entre el pueblo.

Parece ser que las teorías de la “voluntad general” de Rousseau y las de separación y mutuo control entre distintos poderes del Estado de Locke, habían impresionado bastante a los conservadores absolutistas.

 

 

La Revolución Francesa en Europa.

 

La revolución francesa tuvo simpatías iniciales de muchos europeos, porque pensaban que se disponía a hacer lo que los ilustrados venían predicando desde principios de siglo, acabar con los privilegios de los estamentos nobiliario y eclesiástico.

En esta visión ilustrada de la nueva sociedad, el estatus de la Iglesia debía ser reconsiderado. Roma jugaba un doble papel que había que desenmascarar y reducir a lo que era de justicia, según los ilustrados: Como Santa Sede, desde la que el Papa dirigía la Iglesia, nada tenían que decir; pero como Corte Pontificia donde se defendía extender los Estados del Papa, recaudar dinero de todo el ámbito católico, y defender privilegios económicos y singularidades jurídicas, era un aspecto a liquidar. Naturalmente, la Iglesia integrista se mostró enemiga de la revolución.

La revolución francesa era también una rebelión abierta contra el poder temporal del Papa, y el signo más evidente fue la Constitución Civil del Clero. Si Roma toleraba aquello, tenía que renunciar a muchos ingresos que le permitían mantener jerarquías fuertes en todas partes y nuncios en todos los Estados. Su influencia política se perdería. El argumento de los papistas era que se perdería su influencia religiosa, pero ése era otro tema, distinto del objeto principal de los revolucionarios.

El ambiente europeo respecto a los privilegios de la Iglesia Católica era reformista neto, pero no revolucionario. El poder del Rey provenía directamente de Dios y no podía ser mediatizado ni por el pueblo, ni por el Papa. La novedad revolucionaria era que el pueblo mediatizaba el poder del rey. Pero la idea de que los privilegios de la Iglesia debían ser recortados, era anterior a la revolución:

Bernardo Tanucci, Regente de Nápoles, estaba haciendo política de recortar el dinero que salía para Roma.

José II de Austria estaba eliminando monasterios y desamortizando tierras y pretendía hacer lo mismo en Italia, pero renunció a ello a cambio de un concordato, de 1794, que le permitía proponer obispos en Milán y Mantua.

El Gran Duque Leopoldo II de Toscana hizo reformas eclesiásticas y declaró que el Papa no tenía supremacía sobre los príncipes de los Estados (Sínodo de Pistoia, 1786).

 

 

Reformas políticas españolas

de primera mitad de 1790.

 

La política española en los dos primeros años de conocimiento de los hechos de la Revolución Francesa, fue de continuación de las reformas típicas del XVIII:

En 1790 se declaró la libertad para ejercer cualquier oficio sin necesidad de examen y visto bueno del gremio correspondiente.

El 25 de abril de 1790 se hizo una reforma política volviendo a las cinco Secretarías de despacho clásicas. Así, el modelo de Secretarías y Consejos tomó forma definitiva: Se redistribuyeron los negocios de Ultramar entre otras Secretarías y desaparecieron las dos Secretarías de Indias. Con ello, se decía que se igualaban los derechos de los ciudadanos de ambas partes del océano pues todos los asuntos del mismo tema serían gestionados por la misma Secretaría. Las funciones de las Secretarías de Despacho de Indias se repartieron entre la Dirección General de Rentas (se puso en manos de Diego Gardoqui), Dirección General de la Real Hacienda (se puso en manos de Pedro Aparicio) y Dirección General de Comercio de Indias (se puso en manos de Francisco de Valencia y Alcántara conde de Casa Valencia). Estas Direcciones Generales eran de nueva creación.

Se mantuvieron los Secretarios de Despacho fundamentales en el equipo Floridablanca:

En Secretaría de Estado a José Moñino Redondo conde de Floridablanca. / 1792: Aranda.

En Secretaría de Hacienda, Pedro López de Lerena y Cuenca, conde de Lerena. / En 16 octubre de 1791, Secretario de Hacienda interino: Diego Gardoqui Arriquibar[3], (en 1792 sería titular) quien estuvo en el puesto hasta 28 de octubre de 1796.

En Secretaría de Marina e Indias, Antonio Valdés y Fernández Bazán.

Se cambiaron Secretarios de Despacho:

En Gracia y Justicia, para poner a Antonio Porlier Sopranis[4], que venía de ser Secretario de Gracia y Justicia de Indias.

En Secretaría de Guerra, para poner a Francisco Negrete de la Torre II conde de Campo Alange.

Se cambiaron los Presidentes de los Consejos:

En el Consejo de Guerra, se nombró Decano-Presidente a Gerónimo Manuel Caballero y Vicente del Campo I marqués de Caballero, el cual venía de ser Secretario de Despacho de Guerra.

En el Consejo de Castilla, en 1791, se nombró Presidente a Juan de Silva Pacheco Meneses, XIV conde de Cifuentes sustituyendo a Pedro Rodríguez Campomanes. Cifuentes murió en 1792 y fue sustituido por Juan Rico Acedo, conde de Cañada.

Desapareció la Superintendencia de Estado y Despacho Universal de Indias. Esta desaparición de una Superintendencia en 1790, se continuaría en 1795, cuando también desapareció la Superintendencia de Hacienda, pasando sus funciones a una Secretaría de Estado y de Despacho Universal de Hacienda. Las Superintendencias estaban desapareciendo.

Las reformas políticas se producían en un ambiente de progreso científico en el que España trataba de asimilarse a Europa occidental. El símbolo de esto bien puede ser que, en 1790, se abrió el Observatorio Astronómico de Madrid para que Salvador Jiménez Coronado enseñase astronomía. El observatorio sería enriquecido en 1802 con un telescopio Herschsell, adquirido por Mendoza y Ríos. Fue arruinado totalmente durante la Guerra de la Independencia y no habría otro en Madrid hasta 1846.

 

 

Inflexión política en 1790.

 

En 30 de abril de 1790, Aranda escribió a la reina, y no era la primera vez que lo hacía, para preguntar por qué él se hallaba postergado, y nunca se le concedía el Gobierno.

El 16 de junio de 1790 hubo un incendio en la Plaza Mayor de Madrid.

En 18 de junio de 1790, Floridablanca sufrió un atentado contra su vida en Aranjuez, recibiendo dos puñaladas. Lo hizo un francés psicópata, Juan Pablo Peret, cirujano, ateo, que inmediatamente fue ajusticiado, sin que confesara si había alguien, o no, detrás de su atentado. Fue ahorcado en la Plaza de la Cebada de Madrid el 10 de agosto. Con ello, se tomó conciencia de que la revolución francesa podía ser un peligro real, aunque quizás el atentado contra Floridablanca no tuviera relación con los revolucionarios franceses.

El 5 de julio de 1790, Floridablanca se reincorporó a sus funciones de Gobierno. Pero no volvió a ser el mismo. El ilustrado se convirtió en represor.

 

 

Política exterior en 1790.

 

En 1790 surgió una guerra civil en Marruecos. Había muerto el sultán Mohamed Abdallah y dejaba ocho hijos varones, tenidos de sus cuatro esposas. Como no había ley de sucesión lucharon unos contra otros y resultó vencedor Muley Eliacit, enemigo de España. Eliacit hizo grandes preparativos para tomar Ceuta, pero Floridablanca hizo otro tanto. El ataque se repitió en 1791 siendo rechazados igualmente los marroquíes.

Los berberiscos atacaron la plaza de Orán en 1790 y en 1791 se repitieron los ataques, de donde resultó que España abandonó Orán y Mazalquivir en manos de la regencia de Argel. La derrota no fue bien recibida en España.

Quizás lo más grave en 1790 para las negociaciones internacionales que se estaban llevando en España, fue el incidente de Nootka, una isla al suroeste de la isla de Vancouver, (frontera de Canadá y Estados Unidos) lugar abundante en focas. Los ingleses se presentaron a cazarlas y España no supo reaccionar. La isla había sido descubierta por el español Juan José Pérez Hernández el 8 de agosto de 1774, dando cuenta de que existían unas bahías interesantes para el establecimiento de puertos. En marzo de 1778 llegó el británico James Cook y bautizó la isla como Nootka dando cuenta de las posibilidades de comercio con China desde esos puertos, pero no se estableció allí, como no lo había hecho Juan José Pérez en 1774. En 1779 volvieron los españoles con Ignacio de Arteaga, y en 1787 Floridablanca dio orden de ocupar efectivamente esas tierras y enviaron a Esteban Martínez y a Gonzalo López de Haro a esa misión, los cuales se encontraron allí a un barco portugués tripulado por británicos a las órdenes de John Meares. Como era completamente ilegal la presencia de portugueses en esas longitudes, y los británicos estaban bajo bandera portuguesa, los españoles tomaron posesión del lugar el 5 de mayo de 1789. Llegaron barcos británicos mandados por James Colnet y Thomas Hudson, con intención de establecer una cabeza de puente de comercio con China, y Esteban Martínez les apresó y les envió a Nayarit, un puerto de Nueva España intermedio entre California y Guadalajara. Esteban Martínez construyó más tarde los fuertes de San Miguel y San Rafael. El 28 de octubre de 1790, Floridablanca hizo concesiones a Inglaterra permitiéndole la pesca, navegación y comercio en el Pacífico, con lo cual legalizaba la intervención inglesa en Vancouver. En 1791, los ingleses se presentaron de nuevo en la zona y exigieron el territorio y la devolución de los barcos apresados. Carlos IV pidió entonces ayuda a París, pero los revolucionarios franceses contestaron que los Pactos de Familia firmados por el rey no obligaban al pueblo francés, ante lo cual, España decidió devolver los barcos británicos y ceder el territorio. España se rindió a Gran Bretaña sin lucha ni protestas.

Para evitar la guerra contra el Reino Unido, España se comprometió a abandonar esas tierras (lo cual se hizo efectivamente en 1795), a devolver las presas hechas y a indemnizar a los británicos por los daños causados, además de reconocer “la libertad de los mares” por la que los británicos reclamaban acceder a todas las posesiones de otros países. El nombre de la isla grande, se lo puso George Vancouver, el cual llegó en 1791.

A partir de 1791, tras el incidente de Nootka las relaciones entre España y Gran Bretaña fueron malas, y las relaciones de España con Francia fueron a peor, porque España consultó el problema a Francia, como era preceptivo por el Pacto de Familia, y entonces, en la Asamblea Nacional Francesa se dijo que el Pacto de Familia carecía de validez porque había sido firmado por “Reyes” y no por “Pueblos”, y aunque al final de la discusión, Francia acordó ayudar a España, Floridablanca entendió el mensaje de los revolucionarios. Como los revolucionarios sabían que Floridablanca decía que la revolución iba en contra del orden establecido, las “simpatías” entre Francia y España eran mutuamente malas.

La revolución francesa había roto el esquema general de la política exterior española. La Revolución Francesa era un grave contratiempo para la política de Floridablanca, basada en la amistad y cooperación con Francia y lucha contra Inglaterra. En 1790, en los asuntos franceses, Floridablanca no sabía con quién tratar, y las posibilidades eran muchas y contradictorias: con el marqués de Lavauguyon, ex-embajador de Luis XVI; con Monsieur D`Urtubise, encargado de negocios en España; con el duque de Havré, representante de los príncipes franceses emigrados por causa de la Revolución; o con el barón de Bourgoing, delegado de la Asamblea Francesa.

Es más, D´Urtubise y Bourgoing pidieron la destitución de Floridablanca, porque estaba tratando con contrarrevolucionarios.

 

 

Floridablanca en la segunda mitad de 1790.

 

Tras el atentado de 18 de junio acabó una época en la vida de Floridablanca y terminó el espíritu de continuar las reformas políticas.

Cuando el 12 de julio de 1790, Francia aprobó la Constitución Civil del Clero, obra del sacerdote Louis Alexandre Expilly de la Poipe, Floridablanca empezó a sospechar que la revolución francesa era grave, pues atacaba al integrismo católico, y Floridablanca era integrista. Esta ley, suprimía los cabildos catedralicios, reestructuraba las diócesis haciéndolas coincidir territorialmente con los Departamentos (Provincias), hacía que los párrocos y los obispos fueran elegidos por los fieles, decretaba que los eclesiásticos fueran en adelante retribuidos por el Estado, y todos los eclesiásticos perdían sus privilegios y quedaban igualados al resto de los ciudadanos.

Ochenta obispos franceses se negaron a jurar fidelidad al Estado francés, y el Papa Pío VI condenó la Constitución Civil del Clero en 1791 y suspendió a los sacerdotes que la aceptasen. Pío VI era un reformista ilustrado, y había llegado a regir El Vaticano donde reordenó Hacienda, promovió la agricultura y eliminó cargos que sólo servían para cobrar dinero a cargo de la Iglesia o de las naciones católicas. Pero las reformas en Europa le hacían mucho daño, perdía sus ingresos, y se discutía su autoridad papal. No quería esas otras reformas que se le imponían.

En 1790, las ideas de los revolucionarios llegaban ya con profusión a España en forma de folletos, libros, cartas… en las que se hablaba de una nueva ciencia económica, de una nueva filosofía, de la ciencia moderna, y también de ideas políticas nada tranquilizadoras para los monárquicos y absolutistas. Algunos pocos revolucionarios franceses viajaron a España para comunicar las nuevas ideas. Algunos más viajaron a España porque huían de los revolucionarios, y contaban lo que estaba sucediendo. Algunos españoles viajaban a Francia porque lo hacían normalmente y se enteraban de la actualidad francesa. La colonia francesa de Cádiz estaba muy excitada pues entre ellos había partidarios de la revolución. Disponemos de testimonios escritos de que en 1789 ya se conocían en Cataluña, Bilbao, Zaragoza y Cádiz los sucesos franceses, sobre todo en Cádiz donde un club de franceses llamado La Camorra, distribuía los folletos revolucionarios.

La reacción general española era de hostilidad a la revolución, aunque hubiera minorías, muy pequeñas, de simpatizantes.

En 1790 se había pasado el sentimiento de curiosidad respecto a la Revolución Francesa. Había nuevos acontecimientos como la Constitución Civil del Clero, la presencia de infiltrados revolucionarios entre las filas de franceses teóricamente reaccionarios y el atentado a Floridablanca atribuido a revolucionarios quizás de forma forzada. Estos acontecimientos habían cambiado la curiosidad por el miedo. Y en este ambiente, las intrigas del Partido Español y las protestas por la política tributaria tomaban un aspecto diferente.

Consecuencia del nuevo ambiente fue que las reformas ilustradas se vieron con otros ojos, y Cabarrús fue encarcelado por su Elogio de Carlos III, Jovellanos fue confinado en Asturias por tratar de defender a Cabarrús, y Campomanes sería despedido en 1791.

 

 

Crisis del Banco de San Carlos en 1790.

Estallido de la Burbuja del Papel.

 

En 1790 sobrevino la crisis del Banco de San Carlos: El Gobierno de Carlos IV le pidió crédito y el banco, que estaba en situación de quiebra técnica en 1790, no podía darlo y se conoció su descubierto. Se denunciaron irregularidades en la gestión de los bonos, se hizo dimitir a toda la Junta de Gobierno del banco. En 1791, Cabarrús, director del Banco de San Carlos, fue acusado de fraude y encarcelado por cinco años, quedando el Banco bajo supervisión de Floridablanca. Cabarrús fue liberado en 1793 porque nadie sabía lo suficiente de contabilidad para acusarle seriamente y no había interés político en hacerlo.

El Banco de San Carlos permaneció en quiebra técnica, pero sin cerrarse, hasta 1829, porque ningún político se atrevía a declarar la quiebra oficialmente:

En 1793 se inició la guerra contra Francia y disminuyeron las remesas de oro y plata americanas. Quedó al descubierto que no tenía respaldo para tanto papel como había emitido en vales reales. Los vales cotizaban muy por debajo de su nominal, porque la ruina del banco era cosa conocida.

En 1794, ya sin Cabarrús, se propuso que el banco sacase 50 millones de reales más en papel, pero el público no aceptó ese papel. No había solución por esa parte.

En 1799, el Banco de San Carlos suspendió el pago de dividendos, pues a duras penas podía hacer frente a los clientes que reclamaban su dinero metálico presentando billetes del banco. La desconfianza llevó a exigir pagos en oro, y el banco no podía hacerlo, porque no lo tenía.

En 1802 se cerró la sucursal de Cádiz. La proximidad de quiebra oficial del Banco de San Carlos era cosa cantada, pero el negocio era tan grande, que amenazaba con la ruina de la Real Hacienda española y con disturbios en España. El rey Carlos IV estaba muy preocupado por el tema.

En 1808, Cabarrús se declaró afrancesado y perdió el apoyo de los liberales que estaban en Cádiz, lo cual fue malo para el banco, y en 1814 se encontró sin activos de particulares y con enormes deudas que Fernando VII no quería pagar. Así que en 1829, el banco fue disuelto y entonces se encontró que, de los 309 millones de reales de capital teórico, sólo tenía 40 millones. Los millones salvados fueron dedicados a crear el Banco de San Fernando.

 

 

Incertidumbre política en 1791.

 

En la política interior, en el invierno de 1790 a 1791 se constató descontento con los excesivos impuestos y la violencia ejercida para recaudarlos. El obispo de Orense escribió un Memorial al rey justificando los motines gallegos y la desobediencia en el pago de impuestos. Y el Secretario de Estado, Floridablanca, revocó la orden recaudatoria. Era la primera señal de no aceptación de Floridablanca y de que algo estaba cambiando en la población española.

En la economía española, las inversiones también estaban cambiando apresuradamente: En esta época se produjo una gran sustitución de capital francés, que se retraía tras la revolución, por capital alemán, inglés, sueco… Los alemanes se instalaron en Madrid y Bilbao vendiendo cristal de Bohemia principalmente y toda serie de artículos alemanes que se les encargaban. También los alemanes hicieron en 1802 una fundición de hierro en Rentería que era técnicamente muy superior a las ferrerías del resto de España. También los alemanes se hicieron cargo de las minas de Guadalcanal que habían sido abandonadas en 1645 por los Fúcares y las habían dejado inundadas e inutilizadas, pero pidieron muchas subvenciones para ponerlas en explotación. Los ingleses se hicieron cargo de la explotación de las minas.

En cuanto a la política americana, en 1791 España declaró libre el comercio de negros en las Antillas y se introdujeron esclavos a muy gran ritmo. La explotación masiva de las Antillas con esclavos se estaba haciendo en fechas muy próximas a la abolición del tráfico de esclavos en Europa: 1806 Gran Bretaña, 1808 Estados Unidos, 1811 Dinamarca y Portugal, 1813 Suecia, 1814 Holanda, 1815 Francia y 1822 España. No se debe confundir la abolición del tráfico con la abolición de la esclavitud: 1834 Gran Bretaña; 1846 Suecia, Dinamarca, Uruguay, Túnez; 1848 Francia; 1856 Portugal; 1862 Holanda; 1864 Estados Unidos; y en fechas posteriores Brasil y España. Con el libre precio de los esclavos, surgió la posibilidad de maltratarlos y exigirles al máximo, pues podían ser sustituidos.

Al mismo tiempo, en 1791, se estaban tomando iniciativas militares en España a fin de tener un ejército moderno, lo que se venía intentando desde 1749, pero se estaban haciendo reformas en lo accesorio. En 1792, el Real Colegio de Artillería de Segovia, construyó el primer globo tripulado de uso militar de España.

 

En política exterior, tras el incidente de Nootka de 1791, Floridablanca se dio cuenta de que España se había quedado sola en América frente a Inglaterra, y decidió impulsar una liga europea de países neutrales, con base en España y Nápoles en el sur, y en los países del Báltico en el norte, cuyo objetivo sería defender la navegación y el comercio frente a Inglaterra. No tuvo éxito, de momento, aunque la idea volvería años más tarde. En 1791, Floridablanca pidió al sultán de Turquía y al zar de Rusia que hicieran la paz para estar preparados ante un peligro mayor como el que se avecinaba. Era otra señal de desorientación de Floridablanca.

En cuanto a los sucesos franceses, no se sabía cómo actuar: el arresto del rey francés en Varennes, 21 de junio de 1791, puso a media Europa contra Francia. Pero se decidió esperar, prudentemente, acontecimientos. España no quería otra guerra porque la situación económica era pésima, y porque una guerra con Francia podía ser la ocasión de que Inglaterra se quedase con todos sus objetivos americanos. La reacción española fue retirar al embajador en París y sustituirle por un “encargado de negocios” de menor categoría diplomática, que fue Domingo de Iriarte. La constitución francesa de 3 de septiembre de 1791 encolerizó a los gobernantes españoles, que la calificaron de asamblearia, y decidieron apoyar a los contrarrevolucionarios con dinero y con una alianza con otros países europeos. La alianza no progresó porque cada país buscó el modo de beneficiarse de la situación.

 

 

La rebelión de Ahití en 1791.

El problema de la esclavitud.

 

En 1791 se produjo la gran rebelión de esclavos de Santo Domingo, y muchos cosecheros de azúcar se trasladaron a Cuba y demandaron esclavos para sus nuevas plantaciones cubanas, de modo que en el siguiente siglo entraron a América, muchos de ellos a Cuba, más de 819.000 negros.

En el siglo XVI fueron llevados a América unos 75.000 negros, una cifra muy pequeña, porque el negocio no era muy interesante para unos negreros que tenían que comprar los esclavos en África, pagar derechos a los portugueses que decían que África eran territorios suyos y pagar derechos de introducción en América a España. Las cosas eran diferentes en Brasil, donde no se pagaban estos derechos y, entre 1550 y 1650 llegaron un mínimo de 300.000 negros.

En el XVII cambiaron las cosas al no pagar derechos a los portugueses en África y se importaron unos 300.000 esclavos negros, la mitad para Nueva España. Entonces empezó a distinguirse entre el negro bozal (nacido en África) y el negro criollo.

En 1697, por la paz de Ryswick, España había cedido a Francia la mitad occidental de La Española, que inmediatamente fue ocupada por los corsarios de Tortuga. Así se originaron los actuales Haití, oeste de la isla, y Santo Domingo, este de la isla.

El tráfico de esclavos, o “comercio del ébano” en el lenguaje diplomático de la época, fue un monopolio de Portugal en el siglo XVII y lo mantuvo hasta Felipe V. Ese negocio quedó en manos de Francia en 1701 y hasta 1713, Utrecht. Entonces tomó el negocio Inglaterra y lo mantuvo todo el XVIII.

Fue el XVIII el siglo de la importación masiva de esclavos, pues se llevaron un mínimo de 580.000 negros a América. Los españoles, los cargaban en Fernando Poo y Annobón en donde principalmente trabajaba la Compañía Gaditana de Negros, la parte española de un negocio también ejercido en mucha mayor cuantía por Francia, Inglaterra y Holanda. En 1789 se permitió la libre entrada de negros en Venezuela y Antillas.

En 1789 fue decretada la libertad en el comercio de negros lo cual permitió legalizar sus negocios a muchos traficantes españoles que iban por libre. La Real Compañía de La Habana aumentó sus cifras de negocio y también aparecieron compañías nuevas para dedicarse al negocio de llevar negros a América. En 1784 y 1789 se prohibió marcar a los negros, se les dio capacidad de casarse y se mandó a los amos atenderles cuando estaban enfermos. Estas medidas legales, por el hecho de haberse hecho necesarias, eran indicadoras del mal trato otorgado a los esclavos y justifican la insurrección del oeste de la isla de Santo Domingo.

En 1807, los ingleses ilegalizaron la venta de esclavos, y ello significó el fin del mercado inglés de esclavos, pero una mejor oportunidad para los comerciantes españoles que los vendían incluso en Estados Unidos. Así sucedió hasta que en 1865 Estados Unidos prohibió estas ventas, que disminuyeron al hacerse ilegales.

 

 

Endurecimiento del Cordón Sanitario en 1791.

 

Floridablanca reforzó los decretos para controlar la entrada de franceses en España, o cordón sanitario. En 1791, las medidas de Floridablanca se endurecieron todavía más y exigió una “matrícula de extranjeros”, o registro de extranjeros en sede policial, y la clasificación de éstos en residentes y transeúntes. Decidió coordinar la actuación de las autoridades civiles con las de la Inquisición. Los funcionarios de aduanas recogían determinados escritos, los encargados de los permisos de salida de España no daban salida a las becas, pensiones y estudiantes que querían salir a Francia, como seguían haciéndolo al resto de los países europeos. La policía de Madrid hizo que los franceses abandonasen la ciudad y que los españoles no residentes en Madrid volvieran a sus lugares de residencia. Y la Inquisición perseguía la posesión de libros y folletos revolucionarios, pues en 13 de diciembre de 1789 se había editado un índice de 39 títulos prohibidos.

Se aconsejó a los periódicos no hablar de determinados temas, y la Inquisición censuró algunos números de periódicos y algunos libros. Igualmente, las Sociedades Económicas de Amigos del País fueron vigiladas y los centros de enseñanza del idioma francés, controlados.

Floridablanca cerró todos los periódicos no oficiales, y Cabarrús, Jovellanos y Campomanes pasaron a ser orillados y hasta confinados. Campomanes perdió la presidencia del Consejo de Castilla.

Al mismo tiempo, Floridablanca gestionaba poner a salvo a la familia real francesa, aunque lo hacía discretamente.

En 1791, la difusión de las ideas revolucionarias era muy evidente. Lo observamos en las quejas de las autoridades españolas y de la Inquisición, que encontraban propaganda por doquier, e incluso en América.

La propaganda procedente de Francia era muy activa a finales de 1791 y 1792: los panfletos, o pasquines, se fabricaban en París, se llevaban a la embajada de España, y ésta los remitía a España, o por otro camino, se elaboraban en el sur de Francia y se introducían en España por distintos medios ingeniosos, igual que sucede hoy con el contrabando y las drogas actuales en cuanto a inventiva en cualquier frontera.

Para esos menesteres se disponía de una fuerza de 10.000 hombres que, asentados al sur de los Pirineos, debían cerrar la frontera con Francia, pero no parecían suficientes. La medida de colocar soldados en la frontera se tomaba habitualmente cuando había peste. El Gobierno decidió hacer una represión más fuerte.

En junio de 1791, Floridablanca confirmó y redobló las medidas del cordón sanitario:

 

La represión intelectual.

Se impedía el paso de libros e ideas revolucionarias hacia España, de modo que los españoles tuvieron dificultades para salir a estudiar, y los extranjeros fueran controlados para que no pasasen revolucionarios a España. La importación de libros, periódicos y papeles franceses de cualquier tipo quedaba prohibida y el correo que venía de Francia era abierto por la policía.

El 24 de febrero de 1791 fue prohibida la mayor parte de la prensa escrita quedando permitidos La Gaceta de Madrid, El Mercurio y El Diario de Madrid. Estos periódicos se consideraban los más serios y eran los más antiguos de España:

La Gaceta se había creado en 1697 a partir de unas traducciones de la Gacette Parisien que se hacían desde 1641. Juan José de Austria vio el enorme potencial político que podía tener una publicación así para él, y publicó a partir de 1661 Relación o gaceta del algunos casos particulares, así políticos como militares, sucedidos en la mayor parte del mundo, que en muchas partes es tenida como el principio de La Gaceta de Madrid. A la muerte de Juan José de Austria, tomó la publicación Francisco Fabro Bremudán. A la muerte de éste, fue cuando pasó a llamarse La Gaceta de Madrid, ya en 1697.

El Mercurio había evolucionado desde El Mercurio Histórico y Político, de 1738, de Salvador José y Mañer, que también traducía periódicos del francés, y parece ser que mal. En 1784 había pasado a llamarse El Mercurio de España.

El Diario de Madrid se había originado en el Diario Noticioso, Curioso, Erudito, Comercial y Político surgido en 1758 de manos de Francisco Moreno Nipho y en 1788 había pasado a llamarse Diario de Madrid.

Los periódicos permitidos se limitaban a dar cuenta de fiestas religiosas, inauguraciones, visitas, conmemoraciones, avisos, sucesos de Corte, novedades en ferias comerciales y puertos importantes.

La víctima más importante del decreto de febrero de 1791 era El Censor, un periódico aparecido en 1781 que era regalista, liberal, jansenista. Lo gestionaban Manuel Rubín de Celis, Pedro Centeno y José Marchena, pero tenía detrás a la condesa de Montijo, Jovellanos, Meléndez Valdés y otros.

Otro periódico perjudicado era El Correo de Madrid, aparecido en 1786 con el nombre de Correo de los ciegos de Madrid, y cambiado de nombre en 1787. Era un periódico de actualidad literaria, científica, técnica y económica, que criticaba la sociedad estamental, las instituciones, la injusticia, la desigualdad y la ignorancia.

En el paroxismo de la prohibición, en mayo de 1791 se prohibió la exportación a Indias de relojes, cajas de tabaco en polvo, lencería y otros artículos que llevaran enseñas, anagramas, referencias o frases revolucionarias. Y se decidió vigilar a las personas, como los artesanos ambulantes que pudieran transportar esos objetos por España.

 

El control de los extranjeros.

El 20 de julio de 1791 se estableció la “matrícula de extranjeros” o ficha masiva de todos ellos, haciendo constar en cada ficha individual si eran avecindados o transeúntes. Los extranjeros debían entrar en España por determinadas aduanas y viajar por rutas predeterminadas, siendo conducidos a pueblos del interior unos días hasta obtener su permiso de residencia. En esos momentos, se les ofrecían dos opciones: si tenían un oficio, podrían naturalizarse como españoles jurando fidelidad al rey, a la religión católica y a las leyes de España, siempre que renunciasen a los privilegios de extranjería y a toda relación con el país en que hubieran nacido, así como comprometerse a no hablar en España de los sucesos franceses.

El resto de extranjeros serían considerados transeúntes, y debían abandonar España. Los transeúntes, no podían permanecer en España más del tiempo preciso para su misión, con un máximo de 15 días para hacerlo, salvo permiso expreso de la autoridad competente, ni podían desempeñar en España profesión ni oficio ninguno durante su estancia en el país.

Respecto a la colonia francesa en España, muy abundante en Cádiz y en la frontera de Francia, Floridablanca aceptaba como español a todos los que llevaran más de diez años viviendo en España, si renunciaban a la protección de sus cónsules, juraban adhesión a la religión católica y obediencia al rey de España. De 27.502 familias francesas radicadas en España, la mitad resultaron expulsadas. Y efectivamente, emigraron.

Los refugiados civiles franceses eran un problema diferente y Floridablanca los concentró en Cataluña esperando que formasen batallones para atacar a los revolucionarios franceses. No les dio dinero ni les permitió circular libremente por territorio español, y en ello no se equivocó mucho pues los revolucionarios se infiltraron entre ellos y nadie podía distinguir quién era quién. Aranda desconfió de ellos y trató de localizar a los infiltrados, e incluso expulsó a algunos. Intentaron organizar dos regimientos, pero no llegaron a nada concreto.

En cuanto a la colonia británica en España, y dada su diferencia de religión, quedaban excluidos del juramento de adhesión a la Corona y a la Iglesia.

 

 

Juicio a la Represión de Floridablanca.

 

En lo que respecta a los españoles, las medidas antirrevolucionarias eran excesivas en un país donde esas ideas eran difícilmente asimilables por la mayoría de la población, que era analfabeta, y tal vez hubiera bastado vigilar a los nobles y burgueses que tenían capacidad de organizar cosas diferentes.

En cuanto a los extranjeros el establecimiento de un “registro” fue considerado una ofensa por los revolucionarios franceses, que alegaban que no había derecho a obligar a nadie a renunciar a su nacionalidad. El Gobierno francés envió al barón de Bourgoing a pedir la destitución de Floridablanca.

 

 

Caída de Floridablanca.

 

En 20 de junio de 1791, la familia real francesa intentó huir de Francia y fue detenida. En 3 de septiembre de 1791 se aprobó la constitución francesa y se recibió una carta de Luis XVI diciendo que había aceptado la constitución de manera libre y espontánea. La indignación en España, Prusia y Austria fue grande ante esa carta, que consideraban una falsedad. España pidió la guerra conjunta contra Francia. Los revolucionarios franceses se indignaron ante esta actitud española y decidieron enviar una protesta y la petición de que se despidiese a Floridablanca.

La petición de despido de Floridablanca caía bien en la reina María Luisa y en Aranda y su partido aragonés, que se sentían postergados desde 1776, pero por distintas razones a las esgrimidas por los franceses. Aranda, el militar, representaba un sentimiento del ejército que estaba a disgusto porque Floridablanca introducía golillas en cargos de gobierno a costa de militares que siempre habían desempeñado esos cargos. Aranda, el noble, estaba descontento con el apartamiento de los nobles y postergación de los Consejos frente a las Secretarías de Estado y Despacho. También el clero estaba descontento por el acceso de manteístas a la Universidad en detrimento de los colegiales. María Luisa tenía con Floridablanca una cuestión personal, porque éste no aceptaba los caprichos de la reina de tener “bonitos” entre su cortejo (cosa que estaba de moda en Europa y no se escondía, sino se presumía de ello). Los nobles alegaban que la postura oficial de Floridablanca de no aceptar como válido el juramento del rey francés a la constitución, ponía en peligro la vida del rey.

La última acción política atribuible a Floridablanca fue la evacuación de 6.500 españoles que estaban en Orán, plaza que se abandonó el 26 de febrero de 1792.

Floridablanca fue despedido en 28 de febrero de 1792. Con Floridablanca, cayeron:

Cabarrús, que había publicado Elogio a Carlos III y fue denunciado a la Inquisición.

Jovellanos, que se había atrevido a defender a Cabarrús.

Campomanes, Gobernador del Consejo de Castilla, a quien los conservadores no le habían perdonado su Tratado de la Regalía de Amortización de 1765.

Y también estuvo a punto de terminar la carrera política de Mariano Luis de Urquijo, quien sería Secretario de Estado en 1798. La causa de las dificultades de Urquijo fue que a sus 23 años de edad, y siendo estudiante en Salamanca, se había atrevido a publicar en 1791 La Muerte de César. Tragedia francesa de Mr. Voltaire, libro que fue denunciado a la Inquisición, pero Aranda no quiso que Urquijo fuese condenado, aunque el libro no se libró de pasar al Índice.

Era todo un equipo el que se iba del Gobierno. El nuevo hombre fuerte era Aranda.

Floridablanca fue encarcelado en Pamplona y se inició proceso contra él acusándole de malversaciones en el Canal Imperial de Aragón y abusos varios. Era juez de la causa el conde de Cañada. Fue declarado inocente pues se comprobó que había sido otro el que se había llevado el dinero. Pero entonces, en marzo de 1792, se inició un nuevo proceso contra Floridablanca a iniciativa de los nobles desterrados por él que pidieron revisión de todos los papeles de Estado y el proceso se alargaba hasta que en 1795, tras la Paz de Basilea, Carlos IV le indultó y Floridablanca se pudo ir a Hellín primero y a Murcia después, donde murió.

 

 

Campaña reaccionaria española en 1791-1792.

 

A partir de 1791, comenzó en España una fuerte campaña reaccionaria contra la ilustración, campaña que se irá reforzando en 1792, tras la detención en Francia de los miembros de la Casa Real, y en 1793 tras la declaración de guerra a Francia, y el inicio de la crisis económica en su fase más aguda. Los protagonistas de esta campaña eran algunos aristócratas y algunos clérigos como el padre Zeballos, el padre Vicente Calatayud, el padre Diego José de Cádiz, el obispo de Santander Menéndez de Luarca…

Los reaccionarios utilizaron la Universidad y los Colegios Mayores, unas Cartas Pastorales de lectura obligatoria en los púlpitos, los periódicos y los libros. Con ello cubrían todo el espectro social, y no sólo las élites como les pasaba a los liberales. Atacaban a los ilustrados acusándoles de proximidad a la herejía protestante, reclamaban la ideología de Aristóteles en filosofía, denigraban a los ilustrados por ser minoría elitista y les acusaban de despreciar al pueblo y no tener más interés que buscar lectores para sus descabelladas publicaciones, y de haber despreciado el enorme caudal cultural de lo popular español.

Con Carlos IV se estaba perdiendo una de las oportunidades más interesantes para España. Tras las resistencias a la unión de reinos en el XV y en el XVII, la política de Felipe V empezaba a dar resultados y gracias a la bonanza económica del reinado de Carlos III, las diversas regiones o reinos peninsulares se sentían por primera vez unidas. Los cargos de gobierno ya se habían repartido y no eran exclusivamente castellanos. El catolicismo unía a todos pero la reforma del catolicismo había de ser hecha por parte de los sacerdotes de forma conjunta y ese tema se estaba convirtiendo en motivo de división.

El sentimiento de unificación nacional se demostrará en 1812, cuando Napoleón quiso separar las provincias del norte del Ebro y estos ciudadanos le replicaron que eran españoles. Todos los españoles se habían sentido unidos frente al artículo despectivo que les había dedicado la Enciclopedia en 1783 firmado por Masson de Morvilliers. Pero los ilustrados de Carlos IV, en vez de fomentar esa unidad, se enzarzaron en luchas pro y anti ilustradas, o pro y anti francesas y la ocasión se perdió.

 

 

[1] El Autoacordado de 10 de mayo de 1713 no era la Ley Sálica, pues esta ley excluía absolutamente a las hembras, y el Autoacordado de 1713 posponía a las hembras si había varones en la línea de sucesión. Se dio en llamar Ley Sálica por la tendencia de algunos políticos a deformar y exagerar las cosas cuando les conviene.

[2] José Antonio Escudero, Martínez Marina y la Teoría de las Cortes, www.

[3] Diego Gardoqui Arriquibar, 1735-1798, había creado la empresa “Joseph de Gardoqui e Hixos” a través de la cual España financiaba a los rebeldes norteamericanos, a los que se les proporcionaron 170.000 reales en metálico y pagarés, 215 cañones, y 30.000 equipos militares (mosquete, bayoneta, uniforme), además pólvora, granadas y tiendas de campaña, todo ello por valor de casi un millón de reales. Al terminar la contienda, Gardoqui fue nombrado en 2 de octubre de 1784 embajador de España en los Estados Unidos, cargo en el que estuvo hasta 1789. En 1790 fue Director General de Comercio y Consulados de España e Indias, aspecto de la Administración que conocía bastante bien. En 1792-1796 fue Secretario de Hacienda. Le sucedió en 1796 Pedro Varela.

[4] Antonio Porlier Sopranis, 1722-1813, marqués de Bajamar, 1791-1813, hijo de un funcionario de Indias, tuvo un hermano llamado Esteban, de quien nació en Cartagena de Indias un hijo ilegítimo que se llamó Juan Díaz Porlier “El Marquesito”, que tendrá un papel importante en la Guerra de la Independencia.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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