REFORMAS DE CARLOS III, EN RELIGIÓN, EJÉRCITO Y AGRICULTURA.

 

 

La época de Carlos III intentó muchas reformas. Afrontamos en este apartado las religiosas, las del ejército y las de la agricultura. En apartados inmediatamente posteriores expondremos las reformas en la industria, comercio, transporte, impuestos y banca, porque nos parece que deben ser tenidas en cuenta al contemplar la evolución del reinado. Y todavía dejaremos para el final del capítulo las innovaciones en ciencia, humanidades, y enseñanza, que quizás sea mejor contemplarlas de forma global, tras conocer el reinado en su conjunto.

 

 

LAS REFORMAS RELIGIOSAS.

 

Tras la expulsión de los jesuitas de España en 1767, las reformas religiosas se acumularon en pocos años.

 

En primer lugar, había que liquidar el problema de la expulsión de los jesuitas:

Los bienes de la Compañía fueron puestos en manos de cinco obispos para que los convirtieran en centros de enseñanza y residencias universitarias.

Las rentas de la Compañía fueron asignadas a hospitales y servicios sociales.

Las cátedras de Teología de los jesuitas fueron suprimidas y sus apuntes de clase prohibidos. Las doctrinas jesuíticas fueron prohibidas y en consecuencia, los libros de texto de los jesuitas fueron prohibidos.

Los Colegios Mayores que habían sido dominados por jesuitas y alta nobleza, fueron reformados en 1771, haciendo que acogieran a estudiantes pobres, y no a la élite de la sociedad.

Se introdujeron Censores en las Universidades para vigilar el cumplimiento de las prohibiciones contra los jesuitas y las demás normas que daba el Gobierno.

El Colegio Imperial de Madrid, que los jesuitas habían creado en 1625, fue cerrado. Se reabriría en 1771, con carácter estatal, con el nombre de Reales Estudios de San Isidro. La nueva institución contaba con asignaturas de física experimental, derecho natural, derecho internacional y lógica, pero no aristotélica.

En 1769, el Papa preguntó a los obispos españoles su opinión sobre la expulsión de los jesuitas y 42 se mostraron a favor, 6 en contra y 8 no contestaron. El padre Vázquez, General de los Agustinos, y el padre Boixadors, General de los Dominicos, pidieron al Papa la supresión de la Compañía de Jesús como estaba pidiendo en Roma el embajador español José Moñino.

 

En segundo lugar, había que regular la vida de las órdenes regulares. El objetivo era que los conflictos internos y las disputas entre órdenes fueran resueltos en España, y no se necesitase la intervención del Papa, que siempre aprovechaba para llevarse su buena parte de dinero. Había que regular pues a los agustinos, basilios, capuchinos, cartujos, franciscanos, mercedarios y trinitarios.

Los superiores de estas órdenes, o generales, debían ser españoles.

Se impuso el derecho canónico de Van Espen, profesor de Lovaina.

Se publicó la obra de Jacques Bossuet.

Cada Universidad recibió un “censor real” para hacer cumplir las normas del Estado en dicha Universidad. Esto afectaba a las órdenes religiosas que tenían profesorado.

 

En tercer lugar, a partir y 1770 se desmontó el poder de la Inquisición:

En 1770 se le prohibió usar la tortura.

En 1771 se le prohibió actuar por causas de adulterio o bigamia y se le prohibió encarcelar sin pruebas.

En 1773 se le arrebató el poder de la censura, se reguló el procedimiento de la censura de libros de modo que los inquisidores sólo pudieran opinar en cuestiones de fe y moral, herejía y apostasía, y sólo pudieran condenar a alguien después de demostrada su culpabilidad y habiendo escuchado antes al acusado,

En 1776 se le prohibió encausar a funcionarios del rey sin permiso previo del soberano.

De todos modos, el poder de la Inquisición era muy grande y sus autoridades sólo dudaban ante el encausamiento de Secretarios de Despacho y Fiscales del Consejo de Castilla, a los que se consideraba protegidos del rey, pero de ahí para abajo no dudaba en encausar y encarcelar a cualquiera.

La actuación de la Inquisición no era ya muy popular, como se demostró en el caso de Ignacio Rodríguez en 1784: este tipo, vago, mendigo y exsoldado, vendía afrodisíacos en el porche de una iglesia de Madrid, ayudado por algunas mujeres que actuaban como sus agentes comerciales. Fue detenido y juzgado por la Inquisición y azotado en público por las calles de Madrid en medio de una procesión macabra. Pero el espectáculo, muy popular en otras épocas, ya no gustó demasiado. Pero la Inquisición era utilizada por los gobernantes y tenía apoyos en el rey y los Secretarios de Despacho, lo que ejemplificamos en la utilización que, en 1792, hizo Floridablanca cuando le pidió que censurara una lista de libros franceses que él consideraba políticamente peligrosos, lo cual revitalizó a la institución por veinte años más.

 

También a partir de 1771 se desmontó gran parte del poder social de la Iglesia pues en esa fecha se le quitaron las testamentarías a los párrocos, se quitó valor a los títulos universitarios dados en conventos y seminarios, y se impuso el tribunal de La Rota para disolución de matrimonios, un tribunal formado por seis jueces españoles nombrados por el rey (ello conllevaba la supresión definitiva del Tribunal de la Nunciatura). Además se inspeccionarían las obras pías, el Estado se quedaría con el “excusado”, que era que el “mayor hacendado” de cada lugar, diezmara al rey y no a la Iglesia. En 1773 se limitó también el derecho de asilo en las iglesias.

 

En 1773 se consiguió un recorte en la jurisdicción de Nuncio de Roma, quien presidía el Tribunal de la Rota, tribunal que dirimía las causas de divorcio, o “separación matrimonial” hablando en términos católicos. El Tribunal fue dominado por el Rey a partir de ese año, y los muchos ingresos que este tribunal generaba se repartieron entre la Iglesia y el Estado.

 

Las reacciones a partir de las reformas religiosas fueron diversas. En general, los agustinos se entusiasmaron con los nuevos saberes que incorporaba la ciencia, mientras los dominicos tomaron posiciones conservadoras, integristas, anticientíficas:

El arzobispo de Toledo, Luis Antonio Fernández de Córdoba Portocarrero Guzmán y Aguilar, 1696-1771, XV conde de Teba, arzobispo en 1755-1771, conocido integrista, hizo tal oposición a las reformas que hubo de ser desterrado de Madrid en 1767.

El obispo de Cuenca, Isidro Carvajal y Lancáster acusó al Gobierno de mala administración del excusado, de ruptura de las inmunidades del clero, de amenazar con la desamortización, de dejar a los curas sin dote económica, de no respetar el derecho de asilo en tierra sagrada (santuario) y de requisar las caballerías del clero para servicios del Estado. Fue condenado por el Consejo de Estado y se le prohibió acercarse a cualquier “sitio real”.

 

 

 

 

LA REFORMA MILITAR EN 1766-1770.

 

Carlos III decidió participar en 1761 en la Guerra de los Siete Años, 1756-1763, es decir, al final de la misma, y entonces pudo comprobar las muchas deficiencias del ejército español respecto a los europeos del momento. Al rey le gustaba controlar personalmente el tema militar, así como no le gustaba el de la administración ordinaria del Estado. Por eso hizo algunas reformas militares.

Las primeras, en 1762, al tiempo que decidía entrar en guerra, no gustaron a Aranda, y Carlos III las derogó y mandó hacer otras.

En 1764, las escuelas de artillería de Cádiz y de Barcelona se unificaron y se establecieron en Segovia.

En 1765 llegó a España un hombre empeñado en cambiar las técnicas de construcción de barcos militares. Fue François Gautier Audibert, 1733-1800. Quería imponer las técnicas francesas, que eran peores que las españolas, pero más baratas. Llegó a España a petición de Grimaldi y fue destinado en principio a Guarnizo (Cantabria), en 1767 pasó a El Ferrol. Sus métodos tuvieron muchas quejas, y en 1782 se volvió a Francia, siendo destinado a la base de Tolón.

Una ordenanza de 1766 mandó reclutar milicias en todas las poblaciones de España, con algunas excepciones. El reemplazo de las bajas en las milicias era responsabilidad de cada provincia. El número de soldados de la milicia se distribuía en función del vecindario de cada pueblo de la provincia. Los requisitos de condiciones físicas y límites de edad eran semejantes a los que exigía el ejército. Los hijos de nobles y de hidalgos se integraban como cadetes de milicias porque así, no tenían que desplazarse lejos del domicilio familiar, pues las milicias permanecían normalmente en la provincia de origen de los reclutas. Los milicianos tenían un fuero especial, semejante al militar. Y desde un cuerpo de milicias se podía pasar al ejército regular con cierta facilidad si lo autorizaba el mando correspondiente y lo solicitaba el miliciano. Desde 1734 venían pasando algunos milicianos al ejército, y en 1766 se ordenó que también el hecho funcionase en sentido contrario, de modo que los cabos y soldados licenciados del ejército podían pasar a integrarse en milicias provinciales, al tiempo que se daban facilidades para que los cadetes de milicias pasasen a los regimientos de veteranos.

Carlos III envió grupos de oficiales a estudiar el sistema militar prusiano de Federico el Grande. Uno de esos oficiales fue Alejandro O`Reilly, el cual, tras su regreso, fundó la Academia Militar de Ávila para reformar la caballería, infantería e ingenieros. La Academia de infantería de Ávila pasó a Puerto de Santa María posteriormente, la de caballería se instaló en Ocaña y la de artillería en Segovia.

La infantería adoptó la táctica de línea con tres en fondo, lo que permitía gran potencia de fuego, pero requería gran disciplina de movimientos para no ver truncada la ventaja de fuego por desorden y caos al intentar maniobrar. También se desarrolló una infantería ligera que luchaba a modo de guerrilla como estaba de moda en Europa en ese tiempo.

La caballería fue entrenada para cargas masivas coordinadas, aunque no se abandonó la antigua fuerza de dragones que actuaba más individualmente. Las cargas masivas requerían una gran cantidad de caballos, y aunque España creía que ya tenía muchos, se vio que podía necesitar más.

La artillería tuvo su Academia de Artillería en Segovia y fue dotada con cañones pesados que se fabricaban en Liérganes y La Cavada, Sevilla y Barcelona. Los cañones pesados requerían tecnología moderna y para ello se trajeron expertos franceses. Por ejemplo, el francés Moritz fundió 180 cañones de bronce.

El fallo principal y general del ejército español no eran los hombres ni la tecnología, sino los abastecimientos o logística en todas sus facetas: alimentos, pólvora, balas, uniformes, botas… Los Intendentes, como solución de emergencia, dieron dinero a los soldados para que cada uno comiera por su cuenta. Por decreto 4 de octubre de 1766 se adjudicaron pagas a los soldados. La paga era de 45 reales al mes y 750 gramos de pan diario. También se les adjudicó uniforme. Se les dieron cuatro meses de permiso al año, en primavera, para que tuvieran ocasión de acudir a sus pueblos a recoger las cosechas, segar y trillar.

Estas medidas no eran válidas en tiempo de campaña militar, cuando los soldados no podían tomarse permisos, y en esas ocasiones cada soldado tenía que comprarse su comida como pudiese, y ello era complicado, sobre todo si el primer día de paga el soldado se la había gastado en bebida y putas. El resto del mes cada día era propicio a violencias con los civiles y entre soldados. El problema se demostró en Argel en 1775, dando lugar a un fracaso sonado.

 

 

LAS ORDENANZAS MILITARES DE 1768.

 

En 1768 hubo nuevas ordenanzas militares: Se aprobaron las Ordenanzas de S.M. para el Régimen, Disciplina, Subordinación y Servicio de sus Ejércitos de 22 de octubre de 1768, publicadas en 25 de enero de 1769. Por estas Ordenanzas[1]:

Se organizaba el ejército en regimientos y se establecía su régimen económico. Lo más importante es que se trataba de eliminar los abusos en el reclutamiento, pues los reclutadores llenaban el cupo con soldados licenciados, enfermos, inválidos e incluso fallecidos, a fin de cobrar la prima de reclutamiento, dado que su sueldo era bajo.

Se fijaban los deberes y competencias de cada escalafón militar, lo cual era la primera vez que se hacía, y pareció una afrenta a los nobles, sobre todo porque fijaba los ascensos sin tener en cuenta la posición social ni la antigüedad en el ejército, sino la idoneidad para el cargo.

Se fijaban los honores militares debidos a las autoridades del Estado y del ejército.

En infantería y caballería se incorporaron tácticas prusianas de formación militar, manejo de arma y evoluciones de la infantería, y se cambió del tradicional orden de combate profundo francés, al orden abierto prusiano.

Se fijaban los trabajos de guarnición en tiempos de paz.

Se fijaban los servicios en tiempos de campaña militar.

Se organizaba la justicia militar.

El soldado debía permanecer 7 años si servía en infantería, u 8 en caballería, y eran equivalentes a 10 los años de servicio en milicias de cara a los cambios de destino entre ellos. La antigüedad en el ejército se contaba teniendo en cuenta la mitad de los años servidos en milicias. Los cadetes debían ser nobles o hijos de oficiales del ejército, contar con suficientes medios económicos y tener un mínimo de 16 años.

En artillería se podía ingresar con 14 años en las academias, puesto que había que dedicar algún tiempo al estudio antes de entrar en el ejército propiamente dicho. Se daban equivalencias entre técnicos de artillería y jefes del ejército de modo que el ingeniero jefe sería considerado coronel, el ingeniero segundo teniente coronel, el ingeniero ordinario capitán, y los ingenieros extraordinarios tenientes.

Una Real Orden de 1769 prohibió al ejército reclutar milicianos, salvo que lo hubiera solicitado el miliciano.

 

Una Real Orden de 23 de octubre de 1770 hizo obligatorio el paso de los milicianos solteros a los regimientos de veteranos, a razón de 300 por regimiento. Tuvieron preferencia los que lo solicitaron por voluntad propia. En esos regimientos de veteranos debían permanecer entre tres y cinco años, y los afectados quedaban exentos de servicios de milicias y de nuevas quintas.

 

 

El sistema de quintas anuales.

 

En 13 de diciembre de 1770 se implantó el sistema de quintas anuales, modificando el sistema de reemplazos en el ejército o realización de quintas cuando parecía conveniente. Carlos III había constatado que los regimientos no podían cubrir sus bajas con la recluta ordinaria y por ello dio la Real Orden de 13 de noviembre de 1770 imponiendo un sistema de quintas para mozos de 17 a 36 años por sorteo en quintas. Los afectados por el sorteo no podrían ser sustituidos, pero debían poseer las mismas condiciones físicas que se exigían a los reclutas ordinarios. Esta Real Orden estuvo vigente hasta 1800.

El sistema de quintas fue mal acogido en el País Vasco, Navarra y Cataluña, y estuvo viciado por los privilegios y exenciones como todos los demás del siglo XVIII. Las regiones citadas protestaban porque tenían sus propias milicias, unos 23.000 soldados, mal adiestrados y peor disciplinados, pero que no querían ser enrolados en ejércitos que les llevaran lejos de su tierra.

El sistema de quintas anuales funcionaba así en 1770:

Se contabilizaban las bajas habidas en los regimientos, y el reparto de ellas entre el vecindario útil de las distintas provincias de forma proporcional. Los intendentes de la provincia repartían las bajas entre los pueblos de su provincia atribuyendo a cada corregidor o justicia de un partido judicial un número de quintos reclutar. Y los corregidores distribuían el cupo entre los pueblos de su partido judicial.

Se reunía a los varones de entre 17 y 30 años de edad y se sorteaba entre ellos los que iban a ser reclutados por 8 años. Los afectados trataban de sobornar a los magistrados reclutadores, se escondían, se casaban para quedar exentos. Estaban exentos ya de por sí los hidalgos, burócratas, profesiones liberales, artesanos y una serie de casos previstos en la ley. Los sacerdotes escondían a muchos en su modo de entender la caridad, sin tener en cuenta que esconder a uno era propiciar que fuera enrolado otro. Los señores escondían a otros muchos para tener mano de obra en sus campos y protegían a los fugitivos para quedárselos con el mismo fin. El resultado era parecido al que se sufría con los tributos, que sólo se reclutaba a los pobres y éstos no lo hacían de buen grado.

 

Las quintas de último tercio del XVIII, Real Orden de 1770, convivieron con las levas forzosas de vagos y malentretenidos, pues las levas forzosas servían para incrementar soldados en tiempos de guerra, mientras las quintas sólo cubrían bajas ordinarias. La inclusión de criminales, mendigos y vagos, hacía muy difícil la disciplina militar.

La Ordenanza de 7 de mayo de 1775 definió como vago a todo aquel que se mantuviera ocioso, careciera de medios propios de subsistencia, y hubiera abandonado su ocupación laboral ordinaria. Los vagos eran capturados en las calles, y muchas veces, entregados por los propios vecinos, familiares y amigos que se querían librar de ellos. Eran examinados físicamente, y si eran declarados aptos, pasaban a servir al ejército, bien en los arsenales de la Armada, bien en las obras públicas del Estado.

El problema de los vagabundos no se resolvió, pues muchos eran declarados no aptos por ser menores de 17 años, mayores de 36, impedidos, enfermos, mujeres…

En 1776 se abandonó el sistema de quintas de 1770, que era un fracaso, y el Estado aceptó que los Regimientos y Batallones estuvieran incompletos. Entonces se derivaron muchas contradicciones: nominalmente el ejército tenía 70.000-80.000 hombres, pero raramente se podía contar con más de 40.000, y cuando en un momento de necesidad se enrolaba masivamente, había que contar con novatos dispuestos a desertar.

En 1781 y 1784 se luchó contra el problema de los vagos recomendando imponer una formación profesional en los hospicios y casas de misericordia, a fin de insertarlos en talleres anejos a esas instituciones, pero en 1785 se constató que esa política era un fracaso y se volvió a la idea de que el único destino posible de los marginados era el ejército, donde la disciplina rígida podía redimir a algunos y mantenía la dignidad de los más.

Muchas veces se recurrió a la recluta de voluntarios extranjeros, para cubrir las vacantes que el sistema padecía, y hubo muchos extranjeros que acudieron al ejército español, por lo que aparecen muchos apellidos flamencos, italianos e irlandeses en las tropas españolas. Hacia 1780-1788, España tendría 8 regimientos de extranjeros: 3 flamencos, 2 italianos y 3 irlandeses, más 6 batallones de Guardias Valones y 4 regimientos de suizos. Los extranjeros solían ser desertores de otros ejércitos y eran peligrosos allí donde acampaban, por lo que la disciplina era difícil.

Cada año se necesitaban unos 6.000 soldados de reemplazo y las reclutas sólo cubrían la mitad de esa cifra, por lo que había que recurrir a cubrir otras 3.000 plazas con voluntarios.

 

 

La oficialidad en 1770.

 

En conjunto, el sistema de dirigir el ejército español era deficiente. Para empezar, se distinguía entre oficiales de origen noble y oficiales de origen plebeyo, y luego, entre los de origen noble, se distinguía entre Grandes y Títulos, y nobleza ordinaria. Los hijos de Grandes y Títulos no tenían muchas veces preparación ninguna para la milicia, pero eran preferidos por privilegio y ocupaban altos cargos. El absurdo era evidente, y los ilustrados quisieron que hubiera una oficialidad no noble, profesional, pero éstos siempre fueron una minoría, un tercio aproximadamente de los oficiales. Y como los plebeyos nunca ascendían, los oficiales de alta graduación a menudo eran incompetentes. Como además los oficiales estaban mal pagados, resultaba que sólo los nobles podían permanecer en sus cargos, pues los plebeyos no tenían capacidad para soportar las deudas que acumulaba un oficial corriente que no cobraba en varios años. O sea, que los nobles tenían razón en que sólo los nobles podían ser oficiales, pero por causas diferentes a la del honor y privilegio que ellos alegaban.

Y como resultado global y más absurdo todavía, los ascensos de los nobles conducían a que hubiera un exceso de generales y un déficit de oficiales subalternos.

En 1781 se había mejorado un poco el sistema de avituallamiento del ejército y la campaña de Pensacola fue un éxito que sorprendió a los ingleses, los cuales en este caso habían menospreciado a los españoles contando con su conocida desorganización, pero esta vez se equivocaron.

 

 

Los astilleros militares.

 

En 1770 se creó el Cuerpo de Ingenieros Navales. La Marina estaba por entonces mejor preparada que el resto del ejército porque Ensenada la había organizado desde años antes. En 1765 se hizo cargo del programa naval François Gautier, el cual dirigió la construcción de 6 navíos de línea en Guarnizo (astilleros de Manuel de Zubiría), y en 1767 pasó a el Ferrol a construir 3 navíos de línea. Gautier no gustaba de los diseños británico ni español, e introdujo el diseño francés. Los ingenieros españoles, cuya técnica era de superior calidad a la del francés presentaron muchas quejas, y Gautier se volvió a Francia en 1782, siendo destinado a Tolon.

El Ferrol se abasteció de madera de Asturias, Cantabria y Navarra, e incluso de los Pirineos. Una parte de la deforestación de estas provincias se debe a los astilleros, y otra a los altos hornos. Los mástiles solían ser casi todos del Báltico (Suecia y Rusia).

En Cartagena se contrató a diseñadores genoveses, los cuales construían muy barato. El resultado de los arsenales de Cartagena fue que La Mancha se quedó sin árboles, Andalucía agotó el roble albar y se tuvo que recurrir a comprar madera en Italia, cedros de Cuba y roble albar del pirineo catalán.

En 1772, Pedro González Castejón hizo la Ordenanza de Pertrechos y puso un Inspector General de Ordenanza y un subinspector en cada astillero de marina.

La dirección de los astilleros se puso en manos de militares y quedaron en segundo plano los intendentes y funcionarios civiles que debían controlar los gastos e inversiones del astillero. Los astilleros dependían de la competencia de los militares que los dirigían, a veces incompetentes totales.

 

 

Los oficiales de Marina.

 

La preparación de oficial de Marina español era mala porque se le ofrecían asignaturas teóricas que no le servían para nada, y muy pocas sobre navegación y armas. Cuando un almirante sabía mucho de filosofía y casi nada de armamento, se podía producir la situación de que fuera rechazado por los ejércitos extranjeros cuando iban a colaborar en las guerras con franceses o británicos. También eran despreciados por sus colegas franceses y británicos. Por ejemplo, Nelson estaba convencido de que en España no había un solo oficial competente y hacía gala de un desprecio absoluto para con los españoles, lo cual le llevó a grandes gestas por la mucha confianza que tenía en sí mismo frente a ellos. Eso no quiere decir que algunos oficiales no estuvieran bien preparados, sino que los que lo estaban, lo debían más a su esfuerzo personal que a la preparación recibida.

Además, al igual que había déficit de soldados en infantería y caballería, también había déficit de marinos. En España había unos 500 barcos mercantes servidos por unos 65.000 marineros, y la Marina militar necesitaba 25.000 marinos. Era casi imposible obtenerlos, pues si se detraían de la marina mercante, quedaba ésta sin servicio.

En conclusión, la Marina española, aunque de dimensiones grandes tras el paso de Ensenada, tenía más efecto disuasorio que capacidad real de combate, jugaba mejor papel en las defensas que en el ataque, y los grandes marinos españoles lo sabían, y ante el ataque inglés solían refugiarse en puertos y bahías y organizar la defensiva.

 

 

 

REFORMAS EN LA AGRICULTURA.

 

Abordamos en este punto el tema “revolución industrial” en un sentido amplio, como intento de revolución integral, en la que incluimos la base económica más importante del momento que debía haber sido generadora de ahorro, alimentos y materias primas, la agricultura.

El deseo de reforma agraria estaba muy vivo a mediados del XVIII. En 1763, el Gobierno ordenó suspender los desahucios en los arrendamientos a corto plazo.

 

 

Repartos de baldíos y comunales.

 

En un ambiente político de necesidad de una reforma agraria, se dio la Ley de Reparto de Baldíos y Comunales de 1766, a la que se opusieron los agricultores que no coincidían con el parecer del Gobierno.

En los repartos de baldíos hubo mucha corrupción e inmoralidad. Los regidores de muchos ayuntamientos procuraron autoadjudicarse, para ellos y sus familias, la mejor parte. Y quedó el problema de las tierras poco productivas, repartidas entre agricultores más pobres: las tierras pobres fueron perdiendo productividad con los años, y los “beneficiarios” de los repartos se vieron incapaces de hacer frente a las contribuciones, censos y juros que tenían que suscribir. En algunos casos, la única solución que encontraron fue deshacerse de ellas y emigrar a América.

 

 

Repartos de tierra en Extremadura.

 

En 1766, el intendente de Badajoz repartió tierras a familias pobres utilizando posesiones municipales y la idea se extendió por Extremadura y Andalucía con la bendición del Consejo de Castilla.

Una acción tan “caritativa” como el reparto de tierras, que puede ser mirada con simpatía a primera vista, no resultó nada positiva: en primer lugar las tierras repartidas eran de mala calidad, había que desbrozarlas y allanarlas, y ello requería de un capital inicial que los pobres no tenían. Y como las tierras eran malas, un crédito era muy difícil de pagar. Y en segundo lugar, colocar a cultivar a alguien que no tenía herramientas, ni animales de tiro, ni locales propios del oficio de agricultor, ni a veces conocimientos adecuados, significaba de antemano el fracaso. De todo ello, pensándolo un poquito, se deduce que iba a pasar lo que realmente pasó: que los nuevos agricultores vendieron sus nuevas fincas a los terratenientes. Y el problema del mal reparto de la propiedad se agravó en vez de paliarse.

En 1766 alguien propuso llevar a América a católicos alemanes, húngaros, irlandeses y otras nacionalidades europeas en número de 6.000, pero Olavide dio un informe negativo diciendo que prefería llevar negros. Los europeos podían repoblar tierras peninsulares españolas, que estaban casi abandonadas. Y se decidió admitir europeos en España, lo cual era otro planteamiento simplista, que tuvo muchos problemas.

El 11 de abril de 1768 se dio una instrucción para distribuir las tierras concejiles no cultivadas “para promover el común beneficio y fomento de la agricultura”. De hecho, ya se estaba haciendo desde 1766.

En 1770, tras cuatro años de mal hacer las cosas, los bienintencionados políticos ya se habían dado cuenta parcialmente de su error, y el 26 de mayo de 1770 se decidió que las tierras nuevas fueran a parar a los yunteros, y no a los jornaleros que se limitaban a venderla. Persistía el error de considerar que toda la tierra es buena, cuando hay tierra de mala calidad que no se puede cultivar. De todos modos, empezaron a ver un poco la complejidad de un problema que habían tomado en principio por simple: hacía falta crédito para poner en marcha las explotaciones, y hacía falta regular las relaciones con la ganadería, para lo cual en 1770 se dio permiso de cercar fincas. También esta decisión es discutible, pues la ganadería es necesaria para fertilizar los campos de mala calidad, aunque no sea conveniente la entrada de animales todos los días del año.

Y de la protección a la agricultura surgió un nuevo problema, que los precios del grano subieron mucho más que los de la lana, y los ganaderos se sintieron discriminados y empobrecidos e hicieron sus protestas. Se confirmó que, en temas socioeconómicos, las ideas simples tienden a ser falsas.

 

 

Repoblaciones en Sierra Morena y Andalucía.

 

Pablo Olavide[2] se hizo enseguida famoso por ser nombrado intendente de las repoblaciones de La Carlota y La Carolina, en un proyecto de repoblación de Sierra Morena de 1767. El 5 de julio de 1767 se concedieron exenciones tributarias para futuros repobladores de Sierra Morena. Olavide escogió una zona desértica entre los términos de El Viso y Bailén, y tierras de Écija y Córdoba. Y abrió dos zonas de repoblación: La Carolina y La Carlota.

La Carolina era el centro de una de las nuevas zonas de repoblación, pero se abrieron muchos otros poblados llamados Fernandina, Isabela, Navas de Tolosa, Carboneros, Escolástica, Guarromán, Rumblar, Arquillos, Santa Elena, Almuradiel, Montizón, Aldea Quemada, y otros.

La Carlota era el centro administrativo de la otra zona, llamada La Parrilla, y compuesta por los poblados de San Sebastián de los Ballesteros, Fuente Palmera, La Luisiana, y otros.

 

El Fuero de estos pueblos de repoblación lo redactó Campomanes: Se trataba de un ensayo de una sociedad sin mayorazgos, vinculaciones, mesta, ni asociaciones ganaderas, y planificada de forma que la vivienda estuviera dispersa, pero hubiera escuela para los niños. Todos debían ser agricultores y ganaderos simultáneamente. También tenían comunales, dehesas boyales, molinos, hornos, propios del ayuntamiento y una regla por la que la propiedad no era acumulable, de forma que nadie podía poseer dos haciendas. Cada colono recibiría unas 50 fanegas de tierra (unas 16 hectáreas) y la exención del pago de arrendamiento por diez años, pues la propiedad era del Estado.

 

La evolución de las repoblaciones[3] fue la siguiente: Llegaron a los pueblos de repoblación alemanes y suizos y también españoles, pero no todos eran agricultores, sino que se apuntaron a recibir tierra algunos desertores franceses, tunantes de toda Europa, inútiles de diversas nacionalidades… Las condiciones españolas era que debían ser matrimonios católicos no lisiados, sino aptos para el trabajo.

Los inmigrantes debían jurar fidelidad a Carlos III y sus sucesores, y al llegar recibían un lote de animales (pongamos como lote tipo 5 cabras, 5 ovejas, y cerda de cría, dos vacas, 5 gallinas y un gallo aunque no todos recibieron todos los animales citados), recibían una casa construida y amueblada, una finca de labor de entre 10 y 25 hectáreas, aperos de labranza, un olivar pequeño, una viña pequeña, un vestido y camisas, y quedaban exentos de contribución durante diez años y de diezmo durante 4 años. Quedaba de su mano el desbrozar la tierra, el monte, lo cual se hizo lentamente pues no se dispuso de mano de obra suficiente.

Las rebeliones eran continuas y resultó ser gente alborotadora, no idónea para el experimento. La Inquisición estaba descontenta con las ideas de estas gentes, porque los colonos no eran sumisos a la Inquisición como sí lo eran el resto de los españoles.

En 1775 el proyecto parecía un éxito, se instalaron en las aldeas nuevas unas 2.500 ó 3.000 familias, pero desde los primeros días empezaron los problemas porque las casas estaban en pésimas condiciones, las tierras estaban lejos de las viviendas, el clima era demasiado cálido para los alemanes y caían enfermos, y la religión de los nuevos pobladores no era el mismo catolicismo que el de los españoles.

Las condiciones fueron a peor con los años, pues estaban en lugares remotos, alejados de todo mercado en el que poder vender sus productos, incomunicados por el mal estado de los caminos, y la tierra daba muestras progresivas de agotamiento, pues era de mala calidad y no se regeneraba con la suficiente rapidez.

Olavide fue sustituido por Miguel de Ondeano y éste por Fernando de Quintanilla en la dirección del proyecto. El trabajo principal de los nuevos jefes de repoblación fue sustituir a los colonos extranjeros, que eran artesanos y vagabundos, por agricultores españoles, y lograron asentar a 1.500 familias nuevas hasta 1791.

Las repoblaciones de 1767-1776 dieron lugar a 44 pueblos nuevos y 11 ciudades nuevas. Se insistía en los errores iniciales y se actuó contra la naturaleza, y el proyecto fracasó. La idea de generalizarlo en toda España quedó en nada, afortunadamente.

En 1782 ya se hablaba de la conveniencia de suprimir los fueros de estos pueblos y éstos desaparecieron en 1835 y la experiencia terminó.

La verdadera reforma agraria, o de redistribución de la propiedad, estaba sin hacer y no se podría hacer porque se oponían la Iglesia y la nobleza, los poseedores de tierras y explotadores masivos de aparceros, medianeros y jornaleros. Para empezar a hablar de esta redistribución, tenemos que esperar al siglo XIX, 1836 y 1856 en adelante.

En 1769 también hubo una propuesta de repoblar la provincia de Madrid que tuvo el informe negativo de la Sociedad Madrileña de Amigos del País. También se hicieron colonias de repoblación en 1777 en Extremadura, en 1778 en Encinas del Puente, y en 1779 en Alcudia de Mallorca.

 

 

El Expediente sobre la Ley Agraria.

 

El 7 de abril de 1766 se dio inicio al Expediente sobre la ley Agraria, que sería más tarde famoso por el Informe de Jovellanos de 1794 y que fue publicado a partir de 1795.

En 1766 se dio una orden pidiendo informes a los intendentes y a los funcionarios del Consejo de Castilla sobre los problemas de los agricultores españoles, y se hizo una compilación de demandas y recursos puestos por los labradores desde 1752 con el mismo fin (se conservan los informes de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Burgos y muchas memorias enviadas por agricultores). A Estos informes se sumó un documento más antiguo, de 6 de octubre de 1764, de la Junta General de Comercio, sobre medios de incrementar y fomentar la agricultura en España.

El trabajo avanzaba muy poco, y en febrero de 1768 se volvió a dar una Real Orden para que los intendentes de Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, La Mancha y Extremadura mandasen sus informes (de ellos destaca el informe de 2 de agosto de 1768 de Francisco Bruna, decano de la Audiencia de Sevilla).

En 1770, se dio una Ley de Arrendamientos intentando adelantar mejoras en el campo.

1771 significó el final del consenso en el tema reforma agraria entre los tres grandes políticos del tercer tercio del siglo: Aranda, Campomanes y Floridablanca. A partir de este año, se vieron más las diferencias que las similitudes, y Aranda aparecerá como el enemigo de los otros dos, que permanecerán en el poder. Aranda era colegial, Grande de España, militar, mientras Campomanes y Floridablanca eran golillas, de padres hidalgos, que se habían autopromocionado por sus servicios al Estado. Es de tener en cuenta que, visto desde hoy, muchas veces parece más avanzado y progresista Aranda que Campomanes o Floridablanca, pero Aranda tenía facetas poco renovadoras como creer que la nobleza tenía como un derecho natural el ocupar los puestos del Gobierno. Aranda era más progresista en cuanto pensaba limitar la autoridad absoluta del rey mediante la participación de los nobles en un Consejo de Estado (lo cual requería, por racionalidad, que no un cualquiera asumiese esas funciones), y en cuanto pensaba potenciar la personalidad política de los antiguos reinos peninsulares en una especie de autonomías. En 1773, Aranda fue cesado como presidente del Consejo de Castilla y nombrado embajador en París, lejos de Madrid. Estaría en ese destino hasta 1787, y los arandistas nunca consiguieron hacer que regresase.

Desde 1769, el Expediente General estaba ya en manos de Campomanes y éste, en 17 de octubre de 1771, recomendó hacer un memorial con todos los documentos que se tenían y publicarlo.

En 1777, Campomanes encargó a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, un informe o parecer sobre el Expediente de Ley Agraria que se estaba tramitando. La respuesta la dio en 1795.

En 1784 se cortó la fase de recopilación informativa y se encargó a la Sociedad Económica Matritense la redacción del Expediente, pero esta sociedad demoraba resultados y sólo en 1784 publicó un adelanto del trabajo llamado Memorial Ajustado sobre el establecimiento de una Ley Agraria. Este Memorial recopiló expedientes sobre la Mesta, arrendamientos agrarios, informes de Intendentes y propuestas de soluciones a los problemas agrarios reunidos hasta el momento. El tono del documento era más moderado que el usado por Olavide, pero de todas formas, el proyecto de Ley Agraria se enquistó debido a discusiones surgidas en la Sociedad Económica Matritense. Y no se retomaría hasta que Jovellanos se encargara del caso en 1790.

En 1787 La Real Sociedad Económica Matritense encargó el trabajo de redacción del informe a Jovellanos, que se tomó siete años para hacerlo y lo entregó en 1794, siendo aprobado por el Consejo de Castilla en 1795. Por ello será conocido como “informe Jovellanos”, aunque en rigor pertenece a muchos políticos. Jovellanos hablará de los problemas en el campo: los arrendamientos rústicos, los subarriendos, los desahucios, las rentas excesivas, el alza injustificada del precio de los granos, los problemas entre agricultores y ganaderos, la mala distribución del suelo, los problemas entre propietarios y arrendatarios y los problemas de legislación. Pero era mala época para reformas, debido a la revolución francesa de 1789 y el miedo a las revoluciones contra los propietarios, y el Informe Jovellanos no tuvo apenas repercusión legal en España de finales del XVIII y principios del XIX.

 

 

 

 

Los Pósitos.

 

De esta época es el tiempo dorado de los pósitos: los pósitos eran trojes (depósitos de productos agrícolas) legislados por Felipe II en 1584, intentando que cada ciudad o villa tuviera su panera, de modo que los precios estuvieran controlados, y las producciones aseguradas, puesto que se prestaba trigo a los agricultores para la sementera.

Los pósitos antiguos estaban en manos del obispo, párroco, cofradía o persona de confianza y se llamaban “casas de misericordia” o “pósitos píos”. Prestaban trigo a los agricultores a interés, las llamadas “creces”, que había que devolver en la siguiente cosecha. A partir de 1812, los pósitos fueron codiciados por todas las autoridades públicas, y pasaron a ser controlados por Ayuntamientos y Diputaciones 1812, por la Dirección General de Abastos en 1814, por unas Comisiones de Cuentas en 1847, por la Dirección General de la Administración en 1861, cuando ya estaban agotados y no daban rendimientos, y por la Delegación Regia de Pósitos en 1906. En 1928 se clasificaron en municipales, comarcales, socializados y fundacionales. En 1929 se volvieron a hacer obligatorios en municipios agrarios de más de 5.000 habitantes. En 1931 pasaron a depender de los Ayuntamientos. En 1936 dependían de la Sección de Créditos Agrícolas, Pósitos y Seguros de la Dirección General de Reforma Agraria, y en 1955 fueron reglamentados por el Ministerio de Agricultura obligándoles a tener capital en metálico y hacer préstamos agrarios. El dinero en metálico lo obtenían del Servicio Central de Pósitos, del Banco de Crédito Agrícola, de otros pósitos y de legados y donaciones particulares y públicas. Acabaron funcionando como Cajas Rurales.

En el siglo XVIII, tras la época de esplendor, al subir los intereses y pagar menos el grano, los pósitos fueron abandonados por los clientes agricultores, y cuando se dedicaron a ayudar a los pobres se encontraron con impagados, así que los pósitos fueron a menos: Felipe II afirmaba tener unas 12.000 fundaciones de este tipo, casi de beneficencia como hemos dicho, y en 1773 los ilustrados contaban con 8.090, pero a final de siglo, en 1800 ya sólo quedaban 5.151 y en 1907 sólo 3.460 y no eran capaces de colocar el capital de que disponían pues no eran competitivos con la banca y los particulares. Se calculaba que en el XX ya sólo tenían un 5% de los agricultores como clientes.

 

 

La introducción del regadío.

 

El Canal Imperial de Aragón es obra de Carlos III y trataba de regar la margen izquierda del Ebro, además de hacerlo navegable. La obra había empezado en 1529, reinado de Carlos I (emperador Carlos V), con el nombre de Acequia Imperial, y Gil de Morlanes lo concibió como canal de riego, pero las obras se interrumpieron en 1549. Las dificultades técnicas para pasar barrancos, atravesar arroyos y ríos (sobre todo el Jalón) y el coste financiero de todo ello, hizo que se abandonasen las obras, cuando la acequia estaba a medio hacer. Una crecida del Ebro en 1722, arruinó la acequia, e hizo que los damnificados pidieran la reparación. En 1738 se retomó el proyecto y dos militares, Bernardo Lana y Sebastian Rodolf, reconocieron el terreno y el estado de las obras tras la crecida del Ebro y recomendaron ampliar el proyecto, desde el concepto de acequia de riego, al de canal navegable. Retomó el proyecto Aranda en 1768 y encargó las obras a la francesa “Sociedad Juan Bautista Badín” en colaboración con la “Compañía Madrid-Zaragoza”. Recibían prestaciones de mano de obra militar y los beneficios de aprovechamiento por 40 años. La compañía adjudicataria no tenía dinero para las obras y hubo problemas con el control de gastos. Para continuar, se pidió un préstamo de 9,1 millones de reales a unos holandeses. Aquella obra sufría problemas de corrupción administrativa y falta de organización, y en 1772, Aranda destituyó a Badín para poner al frente de la misma a personas más honradas, como el canónigo Ramón de Pignatelli que se responsabilizaba de la marcha general del proyecto y Pedro Herranat y Juan Bautista Condom que se responsabilizaban de la administración del mismo. Pignatelli descubrió la corrupción y los escapes múltiples del dinero y trató de corregirla, pero no era fácil.

Ramón Pignatelli de Aragón y Moncayo, 1734-1793, hijo de Antonio Pignatelli conde de Fuentes, fue enviado en 1744 a hacer estudios eclesiásticos al colegio Clementino de Roma, y en 1753, con 19 años de edad, recibió una plaza de canónigo en la catedral de Zaragoza. Había pues conocido el movimiento ilustrado italiano y dedicó muchos esfuerzos a la difusión del saber en Zaragoza. Quería difundir la industria y el saber, y creó una fábrica de paños y lonas en Zaragoza. En 1772, se encargó de la obra del Canal Imperial de Aragón, cuyas obras habían empezado en 1769 con poco éxito, y el proyecto progresó definitivamente. En 1776, impulsó la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza.

En 1776, Floridablanca reclamó para sí las obras públicas, y las pasó desde Secretaría de Hacienda a la de Estado y replanteó las obras: empezó por renegociar los préstamos de los holandeses, pidió ayuda a los Cinco Gremios Mayores de Madrid, emitió vales reales al 4% de interés y obtuvo dinero para poder seguir. Pignatelli, del partido aragonés de Aranda, siguió al frente de las obras del Canal Imperial, pues había demostrado honorabilidad. En 1780 se pudo utilizar la presa de El Bocal de Fontellas (en Tudela-Navarra), que debía aportar agua para el canal. La presa estaba a medias, pero ya desviaba agua hacia el canal. En 1780, las acequias de Tauste (en la provincia de Zaragoza, pero cerca del Bocal de Fontellas), otro proyecto diferente, se incorporaron al proyecto general del Canal Imperial. En 1781 las obras habían conectado con el Canal de Tauste y se acercaban al proyecto de un canal a lo largo de todo el Ebro.

En 1782 se logró cruzar el Jalón, punto más complicado de toda la ingeniería de la obra. En 14 de octubre de 1784 el agua del Canal Imperial de Aragón llegó hasta Zaragoza. En 1792, llegaría a Burgo de Ebro, 14 kilómetros más abajo de Zaragoza. La caída de Floridablanca en 1792 fue decisiva para estas obras, pues este ministro fue juzgado por dilapidación de dineros precisamente en el Canal Imperial. Además, Pignatelli murió en 1793. En 1793 el canal llegó a Burgo de Ebro, en Zaragoza. Y allí se quedó.

El Canal de Castilla fue proyectado por Carlos Le Maur y Antonio Ulloa en 1750-1753, y en 1753 se empezó a construir el Canal de Campos (Medina de Rioseco-Calahorra de Ribas), que debía unirse al Canal del Norte (Alar del Rey-Herrera de Pisuerga) y al Canal del Sur (Palencia – Valladolid). En 1754 se paró la obra. En 1758 se reanudó con Fernando de Ulloa. En 1791 se unieron ambos canales, pero sin compuertas para esclusas, y en 1792 se produjo la inauguración oficial del tramo Paredes de Nava-Alar del Rey, al tiempo que Juan de Homar iniciaba las obras del tramo sur que debía llegar a Valladolid. A pesar del fracaso relativo del proyecto, se aprovechó para riego de las zonas marginales, alguna navegación, y establecimiento de molinos para harina, y batanes para metalurgia y tenerías. En 1804 se pararon las obras. En 1828, Fernando VII intentó que lo construyera una empresa privada, y en 1831 se quedó con la concesión la “Compañía del Canal de Castilla” con la obligación de terminar las obras en 7 años, recibiendo en pago la explotación por ochenta años a partir del de terminación de obras. En 1835 se terminó el ramal sur, llegando el canal a Valladolid. En 1849 se terminó el Canal de Campos y comenzó la explotación privada, por 70 años, pues había habido modificación del contrato. En 1919 pasó a la Confederación Hidrográfica del Duero.

La Acequia Real del Júcar trató de regar en Valencia: esta acequia había sido empezada por Jaime I de Aragón en 1258-1273, haciendo la Acequia de Alberique, que sólo es el primer tramo de la del Júcar. Se retomaron las obras en 1767, a cambio del vigésimo de los frutos de la huerta, encabezándolo el duque de Híjar, gran propietario de de la zona. Se completó primero la Acequia Real de Alcira, hasta que se pudo concluir a lo largo de Antella, Alberique, Alcudia, Algemesí, Alcira, Albalat y Guadamar, regando el sur de la ciudad de Valencia.

 

Otros canales de la época eran:

el Canal de Tauste, para 6.500 hectáreas;

el Canal de Urgel;

el Canal del Manzanares;

el Canal de Tortosa abriendo una comunicación entre Amposta y Los Alfaques y creando el pueblo de San Carlos de la Rápita.

Proyectos de menos envergadura, que fracasaron en 1780, fueron:

el canal de Ugíjar en Granada,

canal de Arbolote en Granada,

Canal de Huéscar en Granada, pretendiendo unir Granada con Cartagena.

Otros proyectos de canales en Cataluña, que no pasaron de la fase de proyectos fueron:

El Canal de Urgel,

el Canal Reus-Salou,

y el Canal del Ter en su desembocadura.

 

El proyecto de regar Murcia, una de las zonas más feraces de España y con mejor clima, fracasó siempre debido al optimismo de los proyectos frente a la realidad de que no se disponía de agua. Entre 1785 y 1791 se construyeron pantanos en Lorca, Puentes y Valdeinfierno para regar en Lorca. El de Puentes se lo llevó una riada en 1802.

 

 

[1] Terrón Ponce, Las Ordenanzas de 1768.

[2] Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui, 1725-1803, era un peruano, de Lima, muy culto, protegido de Aranda. Nació en una familia criolla de origen navarro. Estudió en la Universidad de San Marcos en Lima teología y derecho civil, y en 1742 era catedrático de teología en San Marcos. En 1746 hubo un terremoto en Lima y murió su padre, y Pablo Antonio tuvo la ocurrencia de ocultar bienes a hacienda, por lo que fue procesado y acabó en España en 1750 para comparecer ante el Consejo de Indias. En 1754 tuvo sentencia de cárcel y confiscación de bienes, pero salió a los pocos meses bajo fianza. Entonces se casó con una viuda rica llamada Isabel de los Ríos y cambió su suerte. Pagó sus multas en 1757. Viajó a Francia e Italia de 1757 a 1765. En 1766 logró el cargo de director de los Reales Hospicios de San Fernando y de Madrid. En 1766 era intendente de los cuatro reinos de Andalucía. En 1767 era síndico personero del Ayuntamiento de Madrid. Como superintendente de Andalucía, intentó la repoblación de Sierra Morena. Olavide publicaba su pensamiento sin disimulo, creyéndose a salvo con ser protegido de Aranda, y eso no gustaba a los curas católicos. En 1776, Olavide, que era intendente, fue apresado por la Inquisición. Le había denunciado Fray Romualdo de Friburgo, el capuchino alemán que vino con los colonos para ser su párroco y estuvo dos años encarcelado. En 1778, fue condenado a 8 años de prisión, destierro perpetuo y confiscación de bienes. Estuvo primero en el monasterio de Sahagún y, luego, en un convento de Murcia. Olavide se fugó en 1780 a Francia, bajo el pseudónimo de “conde de Pilos”, en donde fue muy bien recibido y la Convención le nombró ciudadano de honor de la República. Vivió en Ginebra y París. Allí vivió la revolución de 1789. En 1791 se fue al campo para huir de los sansculottes. Para su desgracia, el gobierno del Terror en 1794 le volvió a encerrar acusado de contrarrevolucionario. En los años de terror, en la cárcel, sufrió una transformación radical y escribió El Evangelio del Triunfo, o Historia de un filósofo Desengañado, donde se mostró ultrarreligioso. En 1797, publicó en Valencia esta obra, que tuvo ocho ediciones en seis años. En 1798, Carlos III le permitió volver a España y le devolvió sus bienes. Fue a vivir sus últimos años a Baeza donde murió el 25 de febrero de 1803.

[3] Para más información, ver: Francisco José Pérez Fernández. La Ilustración en Sierra Morena y Andalucía, en internet.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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