LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS DE ESPAÑA, 1767.

 

En marzo de 1766 se aceptaron como causas del motín de Esquilache las subidas de los precios provocadas por Esquilache y las reformas de Esquilache sobre capas y sombreros. La primera sabemos que es completamente falsa, pues deberíamos hablar de especulación sobre los precios y pánico a la ruina que preveían los especuladores. La segunda es insustancial.

En verano de 1766, ya se sabía que el motín estuvo planificado, bien organizado, y que algunos eclesiásticos, muchos de ellos jesuitas, habían participado en un intento de golpe de Estado para defender los privilegios de la Iglesia. No se pudo probar que ningún jesuita estuviera en la dirección de los grupos de manifestantes, pero sí que algunos habían preparado las manifestaciones e incitado a las masas con pasquines que contenían acusaciones al rey y a Esquilache y con peticiones de acción contra el Gobierno.

 

 

Campaña antijesuítica anterior a 1766.

 

Los jesuitas, sobre todo los de fuera de España, habían emprendido desde 1750 una campaña contra el Gobierno desmedida, desproporcionada, cuando el Tratado de Límites había dejado sin tierras a muchas misiones o reducciones en Uruguay.

De otro lado, y viendo el problema con una trayectoria más amplia, los jesuitas estaban en la cabeza de los papistas españoles, los cuales eran parte de la oposición al rey, y también estaban muy relacionados con el “partido español” de la aristocracia nobiliaria, el otro brazo de la oposición al reformismo de los Borbones. Los jesuitas eran antirregalistas y los del “partido español” eran contrarios al personalismo del rey. Regalismo y concepción política del Estado diferente eran los dos pilares de la oposición.

La lucha contra los jesuitas fue también una lucha por las regalías eclesiásticas o derechos de los reyes de usufructuar los obispados y abadías vacantes.

También era la oportunidad de otras órdenes religiosas españolas de recuperar sus colegios mayores y menores, y sus puestos en la enseñanza que les habían arrebatado los jesuitas, y estas otras órdenes no dudaron en colaborar con el Gobierno de España en contra de los jesuitas. Los jesuitas habían llegado a dominar los Colegios Mayores, y enardecían a los colegiales a favor de sus tesis y conveniencias, de modo que algunos de estos colegiales se mostraron protagonistas en los sucesos del motín de 1766.

No todos los jesuitas pensaban igual: algunos ex-jesuitas escribían cosas denunciando escándalos y corrupciones de dentro de la orden.

Las acusaciones contra los jesuitas se hacían en libros y folletos, no parándose a pensar que de ellas salían dañadas todas las órdenes religiosas. Pascal, en sus Provinciales, contaba en Francia abusos de frailes, sobre todo jesuitas, y eso fue traducido al español en 1656, en relatos que parecían muy graciosos a la gente y servían para hacer reír a las tertulias. Los tontos siempre están dispuestos a reírse cuando se habla mal de los demás. Se les acusaba de comerciantes, contrabandistas, agitadores de masas en el Paraguay, y dominadores de las reducciones de indios cuyo poder les ensoberbecía. Un ex-novicio llamado José Basilio de Gama les acusó en Portugal por sus actuaciones en Uruguay. En 1759 habían sido expulsados de Portugal con el pretexto de que habían conspirado contra la vida del rey (aunque solamente había sido uno de ellos llamado Malagrida).

Las circunstancias se pusieron en contra de la Compañía de Jesús: algunos aprovecharon para recordar las teorías del tiranicidio expuestas por los jesuitas del siglo XVII; algunos les acusaron de pretender el puesto de confesor real; los obispos recordaron que los jesuitas nunca habían querido someterse al obispo ordinario de su diócesis, sino que querían depender del general de la Orden y tener una diócesis propia de la Orden, lo cual ponía fuera del control del obispo la enseñanza; algunos teólogos culpaban a los jesuitas de difundir una nueva moral al margen del sometimiento a las autoridades eclesiásticas ordinarias y estrictamente evangélicas; algunas órdenes religiosas (agustinos y dominicos) alegaron que los jesuitas venían atacándolas durante muchos años arrebatándoles las cátedras universitarias y los colegios de enseñanza preparatoria para la Universidad; y también decían que los jesuitas se habían opuesto a la beatificación de algunos de los frailes de esas órdenes religiosas. El resultado de todo ello fue que ni los obispos ni las otras órdenes religiosas tuvieron interés en defender a los jesuitas.

Los encargados de juzgar el caso de los jesuitas fueron los dominicos y los agustinos, conocidos enemigos de los jesuitas por motivo de las cátedras y de los colegios de segunda enseñanza. Las otras órdenes religiosas también acusaban a los jesuitas de acumular riquezas pues el cargo de confesor del rey que habían detentado tanto tiempo, llevaba aparejados regalos de la Corona, y sus colegios para educar jóvenes conllevaban la costumbre de hacerles donativos, pues educaban a hijos de la nobleza y burguesía.

Cuando el jesuita padre Rábago fue apartado de su cargo de Confesor Real en 1759, los jesuitas perdieron un gran apoyo ante el rey, pues el nuevo confesor desde 1761 era el franciscano Joaquín Eleta La Piedra, 1707-1788, conocido como el Padre Osma, quien también fue Inquisidor a partir de 1764. Era natural de Osma (Soria) y fue obispo de Osma en 1786.

En 1759 los jesuitas habían sido expulsados de Portugal.

En 1762 los jesuitas habían sido expulsados de Francia.

 

 

Campaña antijesuítica de 1766.

 

Tras el Motín de Esquilache de marzo de 1766, los jesuitas fueron acusados de participar en las revueltas de Zaragoza, Cuenca, Palencia, Azpeitia, Loyola y otros lugares, y concretamente se denunciaba al padre Isidro López como organizador de algunas de esas revueltas. Se les acusó de que tenían imprentas, que estaban prohibidas en casas religiosas por Aranda. Y el Consejo de Castilla, presidido por Campomanes e integrado por el Duque de Alba, Grimaldi, Roda, el confesor del rey Joaquín de Eleta, los obispos de Tarazona, Albarracín y Orihuela y los arzobispos de Zaragoza y Burgos, y otros, decidió estudiar el asunto. Se consultó a algunos prelados como el arzobispo de Manila; el agustino fray Manuel Pinillos; y algunos más de los llamados “jansenistas españoles”.

A mediados de junio de 1766, el rey Carlos III no sabía a quién creer, si al grupo que acusaba a los jesuitas (Aranda, el padre Osma, Grimaldi, duque de Alba, Roda…), o a los jesuitas mismos que lo negaban todo. Aranda se enfrentó a Roda y a Osma acusándoles de repartir cargos eclesiásticos sin consultar al Consejo de Castilla. Pero todavía los jesuitas se sentían seguros, pues Aranda tenía un hermano, Gregorio Iriarte, hijo ilegítimo de su padre, que estaba en la Compañía de Jesús.

El 14 de septiembre de 1766 un decreto acusó explícitamente a los jesuitas de haber participado en los motines de Semana Santa. No habían sido ellos solos, sino que otros conventos habían redactado e imprimido pasquines y convocado a las masas. Pero los jesuitas iban a pagar por todos. Roda pidió a Aranda que pusiera en práctica el decreto del 14 de septiembre. El padre Idiáquez se opuso y trató de defender a la Orden de San Ignacio. El padre López, antiguo confesor de Ensenada, advirtió a Idiáquez que Ensenada, su tutor, estaba por entonces mal visto en la Corte y que el padre Osma sería su enemigo. López fue enviado a Monforte (Galicia).

En noviembre de 1766, todos los políticos estaban convencidos de que los eclesiásticos habían sido el motor de los motines de abril, y de que entre ellos había algunos jesuitas. Evidentemente se tapaba con ello la acción de los especuladores, de muchos nobles, mediante el sacrificio de un chivo expiatorio. No es que los jesuitas no estuvieran implicados, sino que no eran ellos solos los implicados, ni eran la parte más importante de los rebeldes de 1766.

 

 

El proceso contra los jesuitas.

 

El 31 de diciembre de 1766, hubo un dictamen final del fiscal Campomanes, como resultado de su “pesquisa secreta”. En el informe se citaba a los jesuitas que habían participado en los disturbios, y no se citaba a otros participantes (lo cual fue tomado por los jesuitas como base de trato discriminatorio, aunque la participación de los suyos era probada), en el sentido de haber confeccionado las sátiras que circularon los días del motín de marzo, y también en participación en casi todos los otros motines de diversos pueblos de España. Se concluía que los motines se habían organizado reclutando cabecillas populares que dirigieran las asambleas, servidos por “soldados de la fe” que reclutaban mendigos y marginados para llevarlos a esas asambleas y tumultos posteriores, y que los objetivos del motín eran derribar a Esquilache, y poner a Ensenada, y derribar al padre Eleta, y poner un jesuita como confesor del Rey. Dado que estos eran los verdaderos motivos del motín, era lógico que la exoneración de Esquilache, la salida de la Guardia Valona, la bajada de los precios del pan y la supresión de la Junta de Abastos en 24 de marzo de 1766, no hubieran servido para nada, porque los objetivos verdaderos de los organizadores del motín eran otros. Se acusaba a los jesuitas de haber explicado las teorías del regicidio y de calificar de mártires a los que muriesen en los acontecimientos del motín.

El 4 de enero de 1767, el Consejo Secreto se puso a estudiar el dictamen de Campomanes, y se reunió en casa de Aranda todo el mes de enero leyendo y considerando las averiguaciones de Campomanes, pueblo a pueblo de España.

El Consejo Secreto, un tribunal especial, estaba presidido por el duque de Alba, enemigo de los jesuitas, y eran miembros el Secretario de Estado, Grimaldi; Secretario de Guerra, Muniáin; Secretario de Hacienda, Múzquiz; Secretario de Gracia y Justicia, Roda; Consejero de Estado, Jaime Mesones; confesor del Rey, Joaquín Eleta (padre Osma).

Entonces apareció una carta del general de los jesuitas Lorenzo Ricci en la que se afirmaba que Carlos III no era hijo de Felipe V sino del cardenal Alberoni, amante de Isabel de Farnesio. Era una imprudencia intolerable. Carlos III consideró insultados a sus padres y decidió la expulsión el 27 de febrero de 1767.

La resolución estuvo lista el 27 de febrero. El 1 de marzo la firmó el rey, y Grimaldi se la envió a Aranda. Las órdenes se redactaron en pliegos, que fueron enviados a las Audiencias y Chancillerías de España e Indias, con encargo de que no se abrieran hasta la noche del 31 de marzo a 1 de abril, y todos respetaron la orden porque no sospechaban lo que había en ella. Nadie se enteró de nada hasta el momento elegido por el Gobierno.

 

 

El proceso de expulsión de los jesuitas.

 

En carnaval de 1767 se hicieron grandes fiestas para contentar al pueblo de Madrid.

A partir de 27 de febrero de 1767, se organizó la expulsión con mucho orden: todos los conventos de jesuitas serían cerrados el mismo día, aproximadamente, y mientras tanto, la discreción sería absoluta. Se cerraría todo lo jesuita: casas religiosas, seminarios, iglesias, conventos… Los jesuitas serían llevados a puntos determinados, y desde allí conducidos a los puertos de embarque también predeterminados, para ser conducidos a los Estados Pontificios. Quedaban exentos de expulsión los enfermos, ancianos y novicios que renunciasen a la orden declarándolo fehacientemente. A cada expulsado se le darían 100 pesos. A los grupos concentrados se les leería la orden del rey de guardar silencio durante el proceso de expulsión.

El pretexto difundido entre la gente era que los jesuitas habían organizado el Motín de Esquilache, lo cual no responde exactamente a la realidad, como hemos explicado más arriba. Pero se entendió que era preciso el máximo sigilo a fin de que no pudieran organizarse manifestaciones populares a su favor.

La expulsión se ejecutó en la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 1767 en Madrid y en la noche siguiente en el resto de España. Se utilizó el ejército para ir a los colegios y seminarios de jesuitas de modo que fueran detenidos e incomunicados. Los jesuitas eran apresados, reunidos en una estancia del lugar en que estuvieran, generalmente las Salas Capitulares, se les leía la orden del rey, y se enteraban en ese mismo momento de lo que pasaba, a lo que no daban crédito.

Y el día 2 de abril, cuando todo estaba ya hecho, se hizo pública la orden de que en tres días debían concentrarse en determinados puertos de mar para embarcar para Italia. Quedaba prohibido llevar riquezas y hacer comentarios sobre la orden de expulsión. Fueron respetados sus bienes personales, ropa, utensilios, breviarios, libros, los que cada uno pudiera llevar consigo.

También el 2 de abril de 1767 se cumplió la orden de expulsión en las provincias y territorios americanos.

Se expulsaba a los jesuitas de los dominios de la Corona española. España no era la primera nación en hacerlo, pues en 1759 lo había hecho el marqués de Pombal en Portugal, y en 1762 lo había hecho Francia.

 

El 30 de abril de 1767 se redactaron las causas oficiales de la expulsión: los jesuitas fomentaban el desorden público; habían hecho escritos contra el Tercer Pacto de Familia; eran xenófobos; estaban en relaciones con Inglaterra, enemiga de España; combatían la autoridad de la Corona en el tema de las regalías; no eran unos pocos los implicados en los motines, sino un grupo muy representativo; había que prohibir definitivamente la doctrina del Padre Mariana, De Rege et de Regis Institutione, que justificaba el regidio.

Las acusaciones proferidas contra los jesuitas por José Nicolás de Azara, agente de Preces en Roma, y por Roda, de que eran enemigos de la sociedad y del Estado, conspiradores peligrosos, ladrones y asesinos, eran del todo punto exageradas.

Las acusaciones de Campomanes eran mucho más moderadas: explicaba que algunas personas de la Compañía eran intachables y sin culpa, pero que el sistema de votos de la Compañía, la obediencia ciega, les convertían, sin saberlo, en ejecutores de planes siniestros ordenados por sus autoridades internas. Pombal en Portugal había justificado la expulsión en intento de regidio. Choiseul en Francia había justificado la expulsión por los negocios de un jesuita, luego expulsado de la orden, en La Valette.

 

En cumplimiento de la orden de 2 de abril, se envió a los jesuitas a “depósitos interinos” o “cajas”, hacia las que salieron el 3 de abril, para luego dirigirse a los puertos de mar cercanos:

Los de Castilla la Vieja iban a Burgos, y de allí a Santander.

Los de Cataluña iban a Tarragona, y de allí a Salou.

Los de Castilla la Nueva iban a Cartagena.

Los de Aragón iban a Teruel, y desde allí a Salou.

Los de Andalucía Occidental iban a Jerez, y de allí a Puerto de Santa María.

Los de Extremadura iban a Fregenal de la Sierra, y de allí a Puerto de Santa María.

Los de Galicia iban a La Coruña.

Los de Asturias iban a Gijón.

Los de La Rioja y Álava iban a Bilbao.

Los de Navarra y Guipúzcoa iban a San Sebastián.

Los de Granada, Málaga y Almería, iban a Málaga.

Los de Canarias iban a Santa Cruz de Tenerife.

Los del Reino de Mallorca iban a Palma de Mallorca.

Estaban exentos de expulsión los enfermos y ancianos, los cuales deberían quedarse recluidos e incomunicados en determinados conventos, hasta que mejorase el tiempo, o mejorasen ellos, decidiendo entonces su futuro.

Fueron detenidos unos 5.700 en total, y expulsados 2.746 de España, y 2.630 de América. 243 renunciaron a la orden, se integraron en otras y así se libraron de la expulsión.

En España, los jesuitas estaban organizados en cuatro “provincias” que eran Andalucía (de donde fueron expulsados 704), Aragón (630 expulsados), Castilla (801 expulsados) y Toledo (611 expulsados). En América estaban organizados en otras “provincias” que eran: Chile (348 expulsados, 315 en otras fuentes), México (778 expulsados, 562 en otras fuentes. México expulsó a los jesuitas en 1771), Paraguay (490 expulsados, 437 en otras fuentes), Perú (413 expulsados), Quito (269 expulsados, 226 en otras fuentes), Santa Fe (193 expulsados, 201 en otras fuentes), y Filipinas, en Asia (152 expulsados).

Fueron cerradas 146 casas religiosas.

Los jesuitas fueron embarcados y transportados a Civitavecchia, en los Estados Pontificios, cerca de Roma. El Papa Clemente XIII no se lo esperaba, y les negó el permiso para desembarcar, pues no quería una carga económica como aquella, ni ceder ante España. El Papa ya estaba pagando la alimentación de los portugueses y franceses expulsados en años anteriores, y veía como un problema la llegada de todos estos nuevos, que además eran difíciles de manejar y podían criticar todo el sistema de vida de El Vaticano. Los jesuitas se quedaron en los barcos hasta que Génova les permitió desembarcar en Córcega. Allí estuvieron hasta 1768. En ese año, Córcega pasó a ser francesa, y pesaba otra vez sobre ellos la expulsión, por lo que marcharon a Génova, pero como esta república se negó a admitirles, fueron a pie hasta los Estados Pontificios. El Papa no tuvo más remedio que acogerlos. Pero les asignó tierras lo más alejadas posible de Roma: los aragoneses a Ferrara, los castellanos a Bolonia, los andaluces a Rímini, y los toledanos a Forli. Durante la marcha a pie y en los cinco años siguientes, fallecieron 223 jesuitas. En los siguientes cinco años fallecieron 140 más.

A los sitios de concentración de jesuitas españoles fueron llegando también los que estaban en América, unos 2.746, los de Dos Sicilias, los de Parma, llegando a reunirse unos 10.000[1]. Los procedentes de la Corona española tenían cada uno una pequeña pensión, insuficiente para comer. La vida de los españoles dependía de los 100 pesos semestrales que el rey de España hacía llegar a cada uno de ellos, vitaliciamente. Pero los franceses y portugueses no gozaban de pensión ninguna, y todavía estaban peor.

El Papa se quejó de cómo se castigaba a todos, habiendo necesariamente algunos que serían inocentes. El obispo de Cuenca, Isidro Carvajal y Lancáster, envió un memorial al rey en mayo de 1767 hablando de las causas que habían impulsado a los jesuitas a obrar como lo habían hecho y citaba la mala administración de la renta del excusado, los abusos en la recaudación de las tercias reales, los proyectos de desamortización, los atropellos al derecho de asilo y al fuero eclesiástico, las acusaciones en libros y periódicos que llegaban a acusar al mismo Papa. El rey mandó quemar todos los papeles de Carvajal.

Los bienes de la Compañía de Jesús pasaron a ser administrados por una Superintendencia de Temporalidades.

Estaba prohibido el intercambio epistolar entre los jesuitas y cualquier persona de España. También estaba prohibido dar noticias de ellos en la prensa. Los obispos que protestaron fueron procesados, desterrados. El pueblo católico integrista español inventó milagros y profecías que castigaban al Gobierno de España y hacían triunfar a los jesuitas. Los más exaltados de estos predicadores fueron detenidos y el problema se controló. Pero la mayoría de los obispos calificaron de fanáticos a estos profetas e hicieron una llamada al pueblo a no utilizar la violencia.

Es justo decir que los jesuitas fueron condenados como colectividad, aunque sólo unos pocos de ellos habían estado en los motines de 1766. Por tanto, los motines no eran la causa de su expulsión.

La expulsión de los jesuitas creó problemas en la enseñanza española, sobre todo en la enseñanza media, que tenían más acaparada. Entonces se pensó en que era ocasión para reformar la enseñanza, y reformar también los colegios mayores donde se habían introducido los jesuitas. Pero eso tendrá lugar a partir de 1771.

 

 

La disolución de la Compañía de Jesús.

 

En febrero de 1769 murió el Papa Clemente XIII que tenía a Lorenzo Ricci como su mano derecha y fue elegido Papa el franciscano Ganganelli con el nombre de Clemente XIV, al que se exigió la disolución de la orden de los jesuitas. El líder en contra de los jesuitas fue el general de los agustinos Javier Vázquez, que presentó al Papa los motivos de su expulsión en España y el dictamen favorable de 46 obispos, de un total de 60 que había en España, destacando como anti jesuitas los de Lugo, Segovia y Zamora.

El arzobispo Azpuru de Valencia, embajador de España en el Vaticano, fue sustituido por José Moñino. Utilizó éste al agente de preces José Nicolás de Azara, y lograron la disolución de la Compañía de Jesús en 21 de julio de 1773 mediante el Breve “Dóminus et Redemptor” de 1773. Clemente XIV falleció ese mismo año y fue sustituido por Pío VI que mantuvo la disolución. José Moñino fue premiado con el título de conde de Floridablanca.

Pero el secreto prevaleció en todo, los implicados habían jurado guardar secreto ente ellos, y lo cumplieron, y los investigadores prometieron a la Iglesia guardar secreto, y también lo hicieron. El asunto quedó muy cerrado para la investigación posterior.

Pío VII restableció la orden en 7 de agosto de 1814. A España volvieron por orden de Fernando VII en 29 de mayo de 1815.

 

[1] Los comentarios posteriores sobre el caso hablarán de cifras muy dispares, de entre los 23.000 y los 43.000 expulsados, pero no sabemos si se refieren a todos los expulsados de todas partes, incluían a los servidores de los colegios, los perdonados por mayores de edad o enfermos…

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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