EL MOTÍN DE ESQUILACHE[1], marzo de 1766.

 

 

El descontento del pueblo.

Las prohibiciones de Esquilache sentaron muy mal a los madrileños en general: prohibió llevar armas cortas, blancas o de fuego; prohibió los juegos de azar en la calle. Y las “modernizaciones” de Madrid indignaron a las clases sociales marginales porque ello cambiaba el aspecto de la noche para los negocios propios de esas horas, e indignaron a las clases burguesas porque ello significaba más impuestos.

En septiembre de 1765 se habían puesto en funcionamiento 4.000 farolas en las calles de Madrid.

También Esquilache mandó hacer cloacas en las casas y eso supuso unos gastos considerables para los caseros. Muchos propietarios de casas de alquiler eran nobles y eclesiásticos.

El nuevo servicio de limpieza de las casas y el nuevo alumbrado significaron nuevos impuestos a los propietarios de fincas, si bien se les permitió repercutirlos en los alquileres, lo cual quiere decir que subieron los alquileres también. Pero lo que más subió de precio fue el aceite, sebo para velas y las mismas velas, pues el gran consumo público hizo que subieran los precios para los particulares. La prostitución, el juego, los asaltos callejeros, se vieron perjudicados por la existencia de luz a primeras horas de la noche, cuando todavía había gente en la calle.

La otra cara de este asunto es que la basura y excrementos humanos, así como negocios indeseables, empezaron a desaparecer de las calles. A corto plazo, las medidas de Esquilache eran duras, pero convenientes a medio y largo plazo.

Y todas esas medidas políticas se sumaban a que en 1760 sobrevino una sequía que duró cinco años, hasta 1765, y las cosechas eran malas. Hubo crisis de subsistencias y con ella los pobres pasaban hambre y los ricos hacían muy buenos negocios especulando con la escasez.

Esquilache había encargado a los Cinco Gremios Mayores de Madrid el abastecimiento de la ciudad. Pero las importaciones de trigo de Esquilache llegaban a las ciudades del interior peninsular a altos precios, debido a las deficiencias del transporte, y sólo solucionaban los problemas de alimentación de las clases altas.

La libertad de importación de trigo decretada en 1765 con objeto de abaratar los precios no dio el resultado esperado, pero sí algo lógico con las leyes de la economía: los especuladores mantuvieron los precios altos hasta el final, lo cual soliviantaba al pueblo hambriento, y cuando llegó una cosecha excelente, los precios se hundieron y los especuladores se arruinaron.

En resumen, la crisis agrícola de 1760-1765 acabó con los ahorros de las clases medias y con los negocios de los especuladores de las clases altas. Y las medidas de Esquilache provocaron subidas de alquileres y malestar entre las gentes de mal vivir. El ambiente estaba preparado para algaradas sociales, siempre que alguien encendiese la mecha.

También debemos tener en cuenta en 1766, que Esquilache estaba en un proyecto de reorganización del poder local que quitaba el poder a las oligarquías de siempre. Éstas decidieron acabar con Esquilache. Esquilache ya había sido depuesto cuando el proyecto municipal se llevó a cabo, y lo veremos más adelante. Se trata de la introducción de Diputados del Común y de Síndico Personero en los ayuntamientos.

 

 

El fiasco de los especuladores.

 

El librecambismo tiene complicaciones a la hora de su implantación, que no sólo se observaron en España, sino también en Francia e Inglaterra: Quesnay, en La Enciclopedia, había pedido el librecambismo en 1757. Turgot lo impondría en Francia en 1774. España lo inició con Esquilache. Una de las complicaciones del librecambismo es el final de viejos negocios de familias e instituciones tenidas por muy respetables. Es preciso que dediquemos unas líneas a este punto:

Como las cosechas de 1760 a 1765 habían sido malas, y los precios habían subido un 50%, la abolición de precios máximos del trigo de 11 julio de 1765 significó en la primavera de 1766 un nuevo campo económico inexplorado para los especuladores. La ordenanza permitía la exportación si los precios llegaban a ser demasiado bajos.

La idea habitual de los especuladores era comprar el trigo en primavera, inmediatamente después de la cosecha, con precios bajos, guardar el grano en verano, otoño y comienzos de la primavera, y especular con él esperando las mayores subidas de precios. El negocio, antes de la pragmática de libertad de comercio de granos, estaba asegurado puesto que los almacenistas actuaban en régimen de monopolio. Con ello jugaban los grandes asentistas. En el invierno de 1765 a 1766, los especuladores jugaban con el alza de precios como todos los años. En una creencia generalizada de que los precios iban a subir desmesuradamente, pues ya iban cinco años de malas cosechas, muchos se lanzaron a acaparar, a aprovecharse del negocio que todos conocían. En lenguaje más actual, los especuladores habían inflado una burbuja con los precios del trigo. Esta vez, la burbuja les estalló entre las manos, lo que significó una catástrofe económica para estos acaparadores sobrevenidos y también para los especuladores habituales.

Dada la costumbre de que la especulación era algo normal en esa sociedad y siempre se ganaba, había que buscar un culpable de que ese año el negocio hubiera fracasado, y el culpable decidido entre todos fue el Estado que había decretado la libertad de precios para acabar con la especulación con que los especuladores castigaban a las clases bajas. Es la mentalidad de los pueblos atrasados, el culpable es el que pone orden en la economía.

Los ayuntamientos, acostumbrados a los mercados regulados, se quejaron de la ordenanza de julio de 1765 diciendo que ésta permitía precios altos, y ello beneficiaría a la nobleza y la Iglesia y a los grandes propietarios. Entre los ayuntamientos destacaba Madrid en sus protestas. La Mesta también se opuso a que se crearan nuevos labrantíos a costa de tierras de pastos. No razonaban a largo plazo, es decir, que con librecambismo, si subían los precios, habría más incentivos para sembrar y habría más oferta y tendencia a la bajada, pero siempre garantizando el autoabastecimiento, en vez de vivir permanentemente con escasez, real o forzada, como se venía funcionando hasta el momento.

En primavera de 1766, los precios habían subido mucho a pesar de que se esperaba una buena cosecha para ese año. Era teóricamente absurdo, pero normal en un mundo acostumbrado al negocio especulativo. La subida de precios del pan, coincidía con una subida de precios del aceite, sebo y velas, por motivo de la implantación del alumbrado público.

 

Otra causa del motín a tener en cuenta es que el monarca no había atendido las peticiones de la nobleza ilustrada. En general era correctas, pero entre ellas, los nobles habían entretejido la eliminación de los golillas. Aranda era uno de los aristócratas de vieja y alta estirpe que capitaneaba a este grupo social. El rey estaba creando una nueva nobleza, que se hará realidad cinco años más tarde, en 1771, con la creación de la Real Orden de Carlos III. Aquello molestaba a la nobleza tradicional. Los estamentos privilegiados estaban siendo tocados por la evolución social, y eso les incomodaba.

El mundo de los manteístas y golillas no era un ejemplo de moralidad. No interpretemos que Aranda era el malo de la película. Los ascendidos en categoría social, manteístas y golillas, pretendían a veces obtener los arrendamientos fiscales, derechos señoriales y tierras a las que hasta entonces sólo podían acceder la Alta Nobleza y la Iglesia en exclusiva, incluso fincas urbanas que les permitieran vivir como rentistas. Estamos queriendo decir que los golillas y manteístas no eran la parte honorable de la sociedad, y que simplemente querían participar de los pingües negocios especulativos de la alta nobleza, para lo cual necesitaban el apoyo del poder político que garantizara el éxito de sus corruptos negocios.

 

 

Los desórdenes sociales de 1766.

 

En enero de 1766 hubo desórdenes en Cuenca pidiendo precios más bajos para el pan. Solo era un desorden público por escasez de alimentos.

El 22 de enero de 1766 se dio un decreto prohibiendo las capas y sombreros tradicionales españoles. La capa española era una capa larga y con embozo, muy útil para viajar y dormir a la intemperie, pero que daba mal aspecto en la ciudad por su suciedad, y por el anonimato que proporcionaba a su usuario. El sombrero de ala redonda y ancha, llamado chambergo, también era útil para protegerse del “agua va”, pero daba aspecto siniestro a los usuarios. Ambas prendas se habían convertido en las preferidas de los delincuentes urbanos y de los salteadores de caminos.

Las prohibiciones de llevar estas prendas en Madrid, no eran nuevas, pues se habían producido en época de Felipe V en 19 de abril de 1713, 9 de julio de 1716, 6 de noviembre de 1723, 17 de julio de 1729, 10 de abril de 1737, 16 de abril de 1740, 13 de noviembre de 1745. Siempre se había prohibido usar estas prendas en los nuevos paseos urbanos que se estaba abriendo, en los teatros, en las procesiones y en las fiestas populares. Es decir, se cuidaba de evitar embozados que daban cobertura a los asaltantes callejeros. La prohibición de 22 de enero de 1766 no podía por tanto ser tenida como atentatoria a las costumbres de los españoles, pues era una repetición más. La orden de 1766 aclaraba que se debía ir por la calle en peluquín, pelo propio, o sombrero de tres picos y si se llevaba capa, debía ser corta.

La orden de enero de 1766 decía que la capa larga debía sustituirse por el redingot británico (redingote en español), o paletó si se toma del francés, una especie de abrigo de apariencia actual, con solapas en el cuello, y largo una cuarta por debajo de la rodilla. Respecto al sombrero, la orden decía que el sombrero de ala redonda y ancha debía ser recogido en tres picos, o ser sustituido por la peluca.

La orden debía hacerse cumplir por todos los funcionarios, a fin de que la totalidad de la población de Madrid y alrededores cambiase sus hábitos. Para el común de la población resultaba onerosa, porque significaba comprar ropa nueva, si se era vecino de Madrid, y ropa de sustitución, para vestir en Madrid, si se era de fuera. Por eso, los fiscales pidieron un plazo para la aplicación de la ley, y se concedió un mes para los vecinos de Madrid y dos meses para los visitantes. También pidieron que no hubiera penas arbitrarias, que no se infringieran castigos corporales, que no hubiera confiscaciones de capas y sombreros y que se encargaran de aplicar el decreto los alcaldes y justicias, y no la totalidad de los funcionarios.

 

El bando de prohibición de capas y sombreros se publicó el 10 de marzo de 1766, añadiendo a las prohibiciones de siempre que quedaba prohibidos en todo caso y lugar, y especificando que la capa debía dejar libre una cuarta, desde el bajo hasta el suelo, y que quedaban prohibidos el sombrero redondo, la montera calada y el embozo. En su lugar, se debía llevar sombrero de tres picos, peluquín o montera sin calar. Los transeúntes podrían llevar sus prendas de vestir, pero no podían circular por Madrid embozados y, al tercer día de estancia en Madrid, debían vestir correctamente según las normas antedichas. La multa era de seis ducados la primera vez, o doce días de cárcel, el doble la segunda vez, y cuatro años de destierro la tercera vez.

Salieron a la calle exhibiéndose en contra del bando los “castizos”, grupo de nobles contrarios a los gobernantes extranjeros y al absolutismo monárquico. Se quejaban de que los extranjeros habían acumulado mucho poder. Y las críticas se centraban en Esquilache que era Secretario de Despacho de Hacienda, Secretario de Despacho de Guerra, Superintendente General de Cobro y Distribución del Consejo de Estado, Presidente de la Real Junta General de Comercio, Presidente de la Junta de Moneda, Presidente de la Junta de Dependencias de Extranjeros y Minas, Presidente de la Real Junta de Tabacos, Presidente de la Junta del Montepío de Viudas y Huérfanos de los Empleados de Oficinas, Presidente de la Real Junta de Obras y Bosques, Presidente de la Real Junta de Abastos, Presidente de la Junta de la Única Contribución.

El director de la campaña contra Esquilache era el embajador de Nápoles, príncipe Yacci, un hombre del gobernante de Nápoles, Tanucci. El tema tenía también muchos aspectos de rivalidades entre italianos.

Sacar gente a la calle contra un extranjero, no resultó difícil. Se utilizaron todos los tópicos que usan los políticos cuando mienten en campaña contra un gobernante del bando opuesto, y que el pueblo siempre se cree, porque está deseando creérselo. Y se incluyeron los gastos suntuarios de la mujer de Esquilache, María Verdugo. Y se acabó culpando a Esquilache del decreto de capas y sombreros.

 

 

El estallido de la burbuja especulativa.

 

Volviendo sobre el tema principal, el de la especulación sobre los precios del trigo, en marzo de 1766, los especuladores decidieron jugar al alza de precios, a que los precios seguirían subiendo y a que ellos manejarían el mercado como venían haciendo desde siempre. Se justificaban en un concepto particular de la libertad de precios y de mercado, libertad que ellos siempre habían administrado. Creían que obtendrían un “pelotazo” si guardaban bien cerrado el grano que poseían y vendían lo que quisieran al precio que quisieran.

La gente común interpretó que el decreto de la libertad de comercio favorecía a los especuladores, porque siempre había sido así, y que iban a tener que pagar caro el trigo y pasar hambre por culpa del decreto de libertad de comercio. Por eso, pedían regulación de los precios mediante leyes, leyes por las que el Estado debería dar precios baratos y evitar el negocio especulativo. Los especuladores eran tanto funcionarios e intendentes como personas privadas, gentes que se apoyaban los unos a los otros y creían tener asida la sartén por el mango.

A mediados de marzo de 1766, las noticias de las diversas regiones de España eran que habría una estupenda cosecha de cereales. Era una mala noticia para muchos, para los acaparadores de siempre, dueños de los silos, que estaban acaparando y jugando al alza de los precios, y para los acaparadores sobrevenidos por los rumores de alza de precios.    La primera intención de los especuladores fue endosar al Estado las pérdidas que se preveían, pidiendo al Estado que les dejase vender a precios altos, o que los pósitos les comprasen el grano al precio que ellos habían pagado, muy alto. No se les escuchó.

Intentaron los especuladores una última jugada, aguantar. Y se produjo la paradoja económica de que una bajada generosa de los precios del trigo a recoger en primavera inmediata, era acompañada de una subida de los precios de la harina y del pan en marzo. La gente del pueblo estaba muy nerviosa, y ése fue el momento en que estallaron los motines.

Y el estallido de la burbuja fue repentino, los precios se hundieron, y las ventas de trigo en un mercado libre empezaron a arruinar a muchos, pues se podría llevar libremente grano de unas regiones a otras.

 

 

La revuelta en Madrid en marzo.

 

Retomemos el tema de las capas y sombreros: La gestión del cumplimiento del decreto de capas y sombreros generó violencia: salieron los alcaldes y alguaciles a la calle acompañados de sastres, y los alcaldes mandaban a los sastres recortar las capas y coser las alas de los sombreros en tres picos, sobre la marcha, y ponían multas, e incluso encarcelaban a los que se resistían a pagarlas. El 11 de marzo, los bandos de capas y sombreros comenzaron a ser arrancados de las paredes.

El 12 de marzo de 1766 se publicó en Madrid un escrito titulado “Constituciones y Ordenanzas que se establecieron en la Corte y Villa de Madrid, para un Nuevo Cuerpo que, en Defensa de la Patria, erigió el Amor Español”. Era un panfleto de contra-propaganda en el que se amenazaba al rey, si no retiraba el decreto de capas y sombreros en el plazo de doce días. Y se levantaba un cuerpo de policía popular, el Cuerpo Español. Se exigía: gobernantes españoles que fueran defensores de la fe católica, del rey Carlos y de España; que todos los escritos fueran encabezados invocando a la Virgen o a los santos; que la gente debía acudir al oír el sonido de un cohete de siete truenos, que se haría estallar cuando algún vecino fuera atacado; que la gente debía acudir gritando ¡Viva el Rey!, y contestar ¡Viva España!, como santo y seña para reconocerse como compañeros; que no se utilizasen armas de fuego, a no ser que las autoridades empezasen a apresar gente, en cuyo caso se utilizarían para liberar a los apresados; que nadie debería descubrir a sus compañeros de conspiración, y que la asociación de conspiradores se comprometía a cuidar de la familia de los detenidos mientras estuviesen presos; que los ladrones y violentos contra mujeres y niños serían castigados por el “Cuerpo Español” pasándoles por las armas, y que se premiaría al vecino que lo ejecutara en caliente; que aclamarían al rey cuando desterrase a los extranjeros; que si los Grandes ocultaban al rey la voluntad del pueblo, serían ejecutados de igual manera; que la recluta de gente armada necesaria para llevar a cabo estas acciones populares se haría legalmente en Junta General y sin perjudicar a nadie; que se evitarían desórdenes en esta recluta de gente, no se admitiría a mujeres y se exigiría la máxima disciplina. El objetivo era “hacer justicia” eliminando a Esquilache y a Grimaldi, extranjeros enemigos del pueblo, pero sin cometer delitos ni hurtos. Se pedía sobornar a las clases bajas y pagar los daños que la plebe hiciera en la algarada que se estaba preparando. De este documento, circularon cientos o miles de copias por Madrid.

Algo más que una revuelta popular se estaba tramando en Madrid. El asunto explica que en Madrid las cuestiones planteadas en los días siguientes al 12 de marzo fueran más complicadas de lo que parecía, pues había gente organizada detrás instigando. Pero todavía hay que explicar que el motín se extendiese en días sucesivos a diversas poblaciones españolas.

En los días siguientes hubo una “guerra” de bandos y pasquines. Los funcionarios fijaban más y más bandos a las paredes, y los revoltosos arrancaban los bandos y repartían pasquines. El Gobierno encomendó al Comandante Militar de Madrid restablecer el orden, en el sentido de que impidiese arrancar los bandos. Y el 17 de marzo el ejército hizo efectivas las penas. Un asunto baladí se había militarizado y convertido en tema grave.

El 18 de marzo sucedió el primer tumulto madrileño, tras un acto de violencia.

En 23 de marzo llegó el tumulto general. Era Domingo de Ramos, las 16,30 horas aproximadamente, cuando en la calle Antón Martín, salieron dos embozados, con capa larga y sombrero redondo de ala ancha, y posaron calmosamente delante de dos soldados que allí estaban. Éstos se les acercaron, y entonces se lanzaron contra ellos, aparecieron unos 30 hombres más, que estaban apostados cerca, y desarmaron a los dos pobres soldados. Entonces empezaron todos a gritar: ¡Viva el Rey! ¡Viva España! ¡Muera Esquilache! A continuación, varios piquetes se dirigieron a los barrios de Madrid, y entraron en las tabernas convocando manifestación en la Plaza Mayor. Acudieron unas 4.000 personas, muchos de ellos pobres, mujeres, campesinos, artesanos y mendigos. En la Plaza Mayor se organizaron en varias columnas, que fueron cada una a un lugar predeterminado: a la casa de Esquilache (La Casa de las Siete Chimeneas de calle de las Infantas), a la casa del Gobernador Diego Rojas Calderón, obispo de Cartagena, a casa del Secretario de Estado Jerónimo Grimaldi (calle San Miguel), y al Palacio Real. Por el camino, las columnas de manifestantes rompían las farolas que iluminaban Madrid desde septiembre anterior, hacía sólo seis meses. En casa de Esquilache encontraron a dos criados, a los que maltrataron, y uno de ellos murió a consecuencia de ello. También destrozaron algunos muebles. Esquilache, que estaba avisado de los acontecimientos, se había marchado a Palacio Real, y su mujer se había ido al convento de las Salesas (hoy Palacio de Justicia) donde estaban educándose sus dos hijas. Los que fueron a Palacio Real encontraron al duque de Medinaceli, Caballerizo Mayor del Rey, le cargaron a hombros y le pasearon un rato por las calles, hasta llevarle de nuevo a Palacio con un mensaje para el rey: Amaban al rey, pero deseaban la muerte de Esquilache. Medinaceli informó al rey. El rey hizo llamar a la Guardia de Corps a caballo y a las Guardias Españolas (cuerpo militar de élite para el ataque) y les ordenó defender el Palacio. Otros grupos de amotinados asaltaron las cárceles y liberaron presos, y también asaltaron un cuartel para hacerse con armas, asalto en que se produjeron dos muertos y varios heridos.

Los amotinados estaban haciendo correr rumores de que había habido alzamientos en Toledo, Ocaña y Segovia, y luchas entre Guardias de Corps y Carabineros, de una parte, contra Guardias Valonas de la otra. Los amotinados que llegaban a las tabernas y boticas de Madrid, pedían bebida para todos, y se iban sin pagar. Más tarde fueron otras personas a estos mismos sitios y pusieron sobre la mesa mucho dinero a fin de, no sólo pagar la deuda, sino de que hubiera barra libre hasta que se acabase la bolsa que dejaban en prenda. Mientras los parroquianos bebían, los nuevos visitantes hacían discursos contra Esquilache. Se reclutaban voluntarios, que luego fueron utilizados para asaltar los cuarteles y para formar cuerpos armados ciudadanos, por lo que había muchos mendigos entre estos “soldados” populares. Algunos religiosos colaboraron predicando que los que murieran serían mártires y libres de todo pecado.

Rafael Olaechea afirma que el 23 de marzo pudo haber en Madrid unos 20.000 amotinados en las calles.

El 24 de marzo, lunes santo, los concentrados ante Palacio eran muchos, más que el día anterior. También por las calles se habían incrementado los gritos de que no querían el sombrero de tres picos y de que querían pan barato. El motín se convirtió en protesta contra los altos precios de la harina y el pan. El Palacio Real estaba sitiado por la multitud y así permaneció el 24 y 25. Frente a las masas estaba la Guardia Española y la Guardia Valona, unidades de élite del ejército. Las masas insultaban y acosaban a los militares. La Guardia Española hizo una descarga de aviso, y hubo algunos heridos entre la masa de amotinados. Entonces alguien tuvo la “idea brillante”, desde el punto de vista populista y revoltoso, de lanzar las masas contra la Guardia Valona[2], que eran extranjeros y habían tenido recientemente algún enfrentamiento con las masas. Se embistió contra los valones, y sucedió que los Guardias Españoles no reaccionaron defendiendo a sus compañeros. Unos 15.000 ó 20.000 amotinados embestían contra un millar de valones, y les hicieron 12 muertos. Por fin, se ordenó a la Guardia de Corps a caballo cargar contra la multitud y socorrer a los valones, resultando muertos 4 mujeres y 2 hombres, aparte de una docena de heridos.

La situación de 24 de marzo de 1766 se había convertido en algo mucho más grave de lo previsto por todos, y se decidió que había que calmar a las masas, en evitación de actos más graves de violencia: el duque de Medinaceli, el duque de Arcos, los frailes de San Felipe Neri, y los frailes de San Gil, salieron a la calle a pedir calma a las masas.

A primera hora de la tarde del 24 de marzo, nosotros diríamos a mediodía, se vivió un espectáculo triste y lastimoso, propio de pueblos subdesarrollados: el padre Cuenca, misionero del convento de San Gil, se ofreció a Carlos III para intermediar ante la multitud. El padre Cuenca tomó una imagen de Cristo crucificado, la levantó en alto, y caminaba por las calles con una corona de espinas en la cabeza y una soga al cuello. Subió a un balcón de la Puerta de Guadalajara de la Plaza Mayor de Madrid, y empezó a suplicar y a orar a voces, hasta que la gente calló y le escuchó. Enseguida llegaron varios religiosos de la orden de San Felipe Neri, esta vez en situación perfectamente planificada, y se mezclaron entre la gente predicando la paz y el orden público como voluntad de Dios. El religioso convenció a las masas para que pusieran por escrito sus demandas, pues él se las llevaría al rey.

Las demandas que salieron de aquélla parte del tumulto, las de los que estaban en Plaza Mayor, fueron: que se desterrase a Esquilache y a su familia; que todos los ministros fueran españoles; que se extinguiera la Guardia Valona; que se suprimiera la Junta de Abastos; que se hiciera rebaja en los precios de los comestibles; que se dejara portar los sombreros y capas tradicionales; que se retiraran las tropas a sus cuarteles.

El padre Cuenca fue recibido por Carlos III. El Rey concedió todo, e inmediatamente, los religiosos de Santo Tomás trajeron una imagen de la Virgen del Rosario, la pararon ante el balcón de Palacio de Su Majestad y se pusieron a cantar la salve. El rey, y los miembros de la familia real confirmaron las concesiones y cayeron de rodillas, y empezaron a rezar el rosario, la multitud acompañó, y rezando el rosario se calmaron todos. Hubo algunos vivas al rey, y hacia las 17 horas del 24 de marzo, se dispersó la masa. Entre el 23 y el 24 de marzo, y sumando todas las víctimas fuesen quienes fuesen, hubo cerca de un centenar de muertos.

El rey convocó una Junta de urgencia o Consejo de Guerra: el teniente general duque de Arcos, capitán de la primera compañía de Reales Guardias de Corps; el teniente general conde de Priego, coronel de las Guardias Valonas; el conde de Gazola, comandante general de Artillería; el teniente general marqués de Sarriá, coronel de las Guardias Españolas; el conde de Oñate, Mayordomo Mayor de Palacio; y el capitán general conde de Revillagigedo, presidente del Consejo de Guerra. Arcos pidió una represión ejemplar y fue apoyado por Priego y Gazola, pero se opusieron Sarriá, Oñate y Revillagigedo, cuya opinión era hacer algunas concesiones a las masas.

El rey decidió el 26 de marzo dar perdón general y destituir a Esquilache, decidió permitir la capa larga, bajó el precio del pan desde los 12 cuartos que valía, a ocho cuartos. Esquilache fue llevado a Cartagena y embarcado para Nápoles (13 de abril). Esquilache fue compensado con la embajada de España en Venecia, cargo que se le dio en 1782 y en el que permaneció hasta su muerte.

Quedaban vacantes las Secretarías de Hacienda y la de Guerra:

El nuevo Secretario de Hacienda fue Miguel Músquiz un oficial navarro de la Secretaría de Hacienda, que llevaba 25 años en el servicio y se había comportado sin manifestar gustos políticos por ningún bando. Era una persona honrada y trabajadora, pero quizás no preparada para el cargo de Secretario de estado, por tener poco carácter, por ser pusilánime, con poco valor personal para sostenerse en las decisiones comprometidas de Estado.

Unos días más tarde, el nuevo Secretario de Guerra fue Juan Gregorio Muniáin, comandante general del ejército de Extremadura.

Grimaldi permaneció en su puesto de Secretario de Estado (Asuntos Exteriores) diez años más.

 

Los sucesos de Aranjuez de marzo de 1866.

 

Y en la noche del 24 al 25, a las 2,00 horas, el rey huyó de palacio y se fue a Aranjuez. Sin duda hay que tener en cuenta el factor religioso del pueblo español, que no creía demasiado en los frailes, monjas y curas, pero todavía creía en la existencia de un orden social superior puesto por Dios, en una Iglesia que era obra de Dios, y que aunque estaba corrupta y funcionaba mal, también gestionaba las obras de beneficencia y concedía alguna vez a algunos individuos derecho de asilo. Además, había curas de moral sana, y obispos que no eran corruptos y no utilizaban la sede como negocio familiar, y esos también estaban en la Iglesia. El pueblo creía sobre todo en los ritos religiosos, como fue el rosario. Sólo así se puede entender que se calmaran y dejaran marcharse al rey la noche del 24.

Pero el motín no cesó en Madrid tras la comedia del rezo del rosario, ni cuando el duque de Medinaceli y el duque de Arcos ofrecieron comestibles más baratos. La manifestación popular estaba siendo dirigida, se estaba utilizando el descontento de las masas para otros fines políticos, y los organizadores no habían conseguido todavía sus fines.

El 25 de marzo por la mañana se supo que el rey se había marchado de Madrid. La multitud volvió a concentrarse, en cantidad mucho mayor. El 25 y 26 de marzo llegó a haber en las calles de Madrid hasta 50.000 personas, una multitud nunca antes vista. Era una segunda fase del motín, protestando contra la huida del rey, además de por la falta de alimentos. La multitud asaltó el Cuartel de los Inválidos para tomar armas, y el Cuartel de La Galera para liberar los presos.

Con esas armas, la multitud tomó las puertas de la ciudad de Madrid y las cerraron. Fueron ante el obispo Diego de Rojas, Gobernador del Consejo de Castilla y le hicieron sus peticiones. Un presidiario natural de El Toboso, llamado Diego Avendaño (posteriormente fue enviado el calesero Bernardo de Málaga, con una segunda carta por si no llegaba el primer mensajero), fue enviado a ver al rey a Aranjuez con un mensaje de los amotinados. El mensaje empezaba diciendo “Humilde Representación que hace a Vuestra Majestad…”, y más tarde fue redactado como “Representación que la Corte de Madrid elevó a su monarca, Carlos III, de los motivos que tuvieron sus fieles vasallos para el motín levantado el Domingo de Ramos 23 de marzo de 1766”. El contenido del mensaje hacía análisis de la situación del gobierno de España en ese momento. Evidentemente, el mensaje era obra de una persona culta. Y quedaba claro que la causa no era el decreto de las capas y sombreros.

El 25 de marzo, martes santo, una turba entró en la embajada inglesa en Madrid gritando: Viva España, Viva el Rey y los españoles, Muera Esquilache y Viva Inglaterra.

El rey recibió en Aranjuez a Avendaño, le indultó y le concedió algún regalo, que Avendaño se negó a recibir porque había pena de muerte para quien aceptase regalos. Avendaño regresó a Madrid el 26 de marzo miércoles, a mediodía. La respuesta del rey fue leída a la multitud por el obispo de Cartagena Diego de Rojas, Gobernador del Consejo de Castilla. El rey pedía tranquilidad y concedía todo lo pedido. Los amotinados devolvieron 4.000 fusiles y 2.000 bayonetas que habían tomado en los cuarteles. El rey perdonó a todos, menos a los alborotadores y malhechores durante los acontecimientos, pero como nunca se investigó nada, no se detuvo nunca a nadie por los hechos del 23 al 26 de marzo.

De todos modos, el rey decidió no volver a Madrid, y hasta diciembre de 1766 no regresó a la capital.

El 27 de marzo, Esquilache salió de Aranjuez en dirección a Cartagena, donde se embarcó para Sicilia, con destino a Nápoles. Ese día aparecieron en Madrid pasquines celebrando su muerte, la cual era falsa.

 

 

Difusión del motín por España.

 

El 9 de abril, Aranda, el nuevo Presidente del Consejo de Castilla, estaba convencido de que el tumulto popular había sido fabricado por otra clase social diferente a la que estuvo en la calle.

El 17 de abril de 1766 hubo un nuevo escrito de los conspiradores, quienes fuera que fuesen, pero ya no tuvo repercusión alguna.

El motín de Madrid es un típico motín de Corte dirigido desde la oposición a Esquilache, pero lo sorprendente fue que, en quince días, se extendiera por tantos lugares de España. Al principio fueron considerados inductores del motín Ensenada y algunos clérigos y nobles, pero ante la extensión del conflicto no hay más remedio que buscar causas más amplias que movieran a la gente. Las causas que parecen más evidentes tuvieron que ser el problema de los abastos en las ciudades y la corrupción existente entre los políticos que se lucraban con estos abastos y especulaban con los precios. Y que el problema político era el verdadero problema de fondo está en sintonía con la abolición de tasas sobre granos de 11 de julio de 1765, y con la creación de los diputados del común y del síndico personero, de 5 de mayo de 1766, a fin de atacar el sistema oligárquico que regía en los municipios. El motín de Esquilache no sería una revolución, como decían en la época, sino más bien una contrarrevolución de los especuladores dañados en sus privilegios.

El motín, de 23 de marzo, tuvo muchas réplicas en distintas ciudades de España en abril, alguna en los primeros días de mayo, y desapareció, no dejó nada tras sí. Ya no hubo más tumultos hasta 1789, trece años después.

Los otros tumultos fueron:

30 de marzo, Tobarra

1 de abril, Salamanca.

2 de abril, Cuenca (200 amotinados). Algunos familiares del obispo Isidro de Carvajal y Lancáster fueron miembros activos de las manifestaciones populares, y un miembro de la Curia fue posteriormente procesado, por José Moñino, como autor de pasquines. Se tenía por jefe de los alborotadores a un regidor de la ciudad.

5 de abril, Zaragoza. En Zaragoza había habido un enfrentamiento entre el intendente marqués de Avilés y el Presidente de la Audiencia marqués de Castelar, porque Avilés quería cortar los abusos que Castelar hacía en la administración de la justicia. Castelar aprovechó los motines, supuestamente contra Esquilache, para asaltar la casa de Avilés y quemar sus papeles, es decir, las pruebas contra los abusos de Castelar (una de las pruebas consistía en que la Dehesa de Miraflores había sido adjudicada por la Audiencia al Hospital Real, siendo un propio del Ayuntamiento, y Avilés había exigido la formación de una Junta de Propios y Arbitrios que reintegraba al Ayuntamiento esa dehesa). Castelar podía haber evitado el tumulto popular porque tenía tropa a su servicio, y se le ofreció la cooperación de los vecinos de la parroquia de San Pablo, pero no quiso cortar el tumulto en Zaragoza, porque tenía otros intereses. El tumulto lo cortaron los frailes convocando a una procesión a cruz alzada y con el Santísimo Sacramento, implorando la paz. Posteriormente a los hechos, un noble fue apresado, juzgado severísimamente y ejecutado.

6 de abril, Badajoz. En Badajoz, el intendente conocía la preparación de la asonada con antelación a que se produjese.

7 de abril al 6 de mayo, pueblos de Aragón, como Huesca.

Primeros días de abril, Valencia, Alicante, Cartagena y Orihuela.

7 de abril, en Sevilla, unos soldados del Regimiento Córdoba, recién regresados de La Habana, reclamaban pagas atrasadas.

 

El 11 de abril fue nombrado Presidente del Consejo de Castilla, Pedro Pablo Abarca de Bolea conde de Aranda. Era una persona rígida y cabal, acostumbrado al reglamento de la milicia. Su nombramiento no gustó a los conspiradores, nobles de altas casas y clérigos. También el duque de Alba se sintió postergado por este nombramiento a un cargo que él pretendía. Alba había estado desde el principio en el grupo de Roda, y del padre Osma (Osma era confesor del rey y su nombre real era Joaquín de Eleta). La diferencia de Alba con sus compañeros era que Alba odiaba a Grimaldi, reconociendo sus limitaciones y embustes, mientras los otros le soportaban pues les permitía mantenerse en el poder. De modo que para interpretar correctamente lo que estaba ocurriendo, deberíamos, como poco, distinguir entre el grupo de los Grandes, el grupo de Aranda en segundo lugar, y el grupo de los ilustrados regalistas, el grupo de clérigos y jesuitas.

Aranda recibió poderes para acabar con los disturbios en toda España, y se dirigió contra los que creía que eran los instigadores del motín, clérigos y jerarquías católicas, aristócratas de altas casas nobiliarias, y por supuesto, los jesuitas, los cuales aparecieron como núcleo de los clérigos amotinados, tal vez chivos expiatorios por todos ellos. Aranda prohibió los pasquines en las calles. Logró restablecer el orden en la calle. Pero Aranda no era un conservador, sino que continuó las reformas de Campomanes y de José Moñino. En sus siete años en el Gobierno del Consejo de Castilla, 1766-1773, mostró que quería ser algo más que un acólito del equipo de los Secretarios de Despacho y no estuvo pues en el grupo de los reformadores.

El 10 de abril de 1766, tras la prohibición de los pasquines, apareció en Aranjuez un pasquín amenazando de más motines.

 

Los motines continuaron:

13 de abril, Elche (2.000 amotinados).

17 de abril, Iniesta.

Mediados de abril, las matxinadas vascas: Había habido ya una matxinada en 1718, y en 1766 se reproducía protestando contra el poder central y contra las autoridades locales vascas. Las matxinadas son protestas rurales que toman su nombre de las protestas de los ferrones de la cofradía de San Martín, pero que se quejan cada vez que falta grano, sube el pan, suben los impuestos, suben los precios, o se trata de imponer el servicio militar, o una compensación en dinero a cambio de la exención. Consideran que la exención de impuestos de los vascos es un derecho y que tener aduanas que signifiquen aranceles y subidas de precios es un ataque al pueblo vasco, así como exigirles servicio militar. Una docena de localidades de Guipúzcoa hicieron matxinada. En 1766 protestaban por escasez de carbón, vino y grano.

 

El 21 de abril de 1766, se pidió una “pesquisa secreta” para encontrar a los culpables de los motines. La habían pedido el duque de Alba y el padre Osma (Joaquín de Eleta, confesor del Rey). A todos les parecía que los organizadores habían sido algunos eclesiásticos entre los que habían descollado los jesuitas.

 

Y los motines continuaron:

Mediados de abril, Murcia, Lorca (8.000 amotinados). En Lorca, un hidalgo llamado Juan Marín, sería condenado posteriormente a 10 años de cárcel por los sucesos de 1766. También allí había habido procesión para calmar los motines.

19 de abril, Jaén.

En 23 de abril de 1766, en Palencia, algunos civiles de Palencia se amotinaron contra los fabricantes de paños de la ciudad. El coronel marqués de Vallehermoso estuvo en las manifestaciones “populares”, aunque manifestó posteriormente que lo había hecho para impedir extremos de violencia. Antes de los acontecimientos, en Palencia, se preparaba una asonada contra especuladores de la harina y también contra los fabricantes y maestros del gremio de la lana y los proyectos eran conocidos. El intendente pidió ayuda al comandante militar de la ciudad para cortar el motín antes de que se produjese, pero el militar se negó “para no exponer a la tropa delante de un motín popular”.

28 de abril, Totana.

3 de mayo, La Coruña.

26 de mayo, Granátula.

En Burgos, la asonada se preparó contra el propio intendente y contra los regidores, es decir, contra todas las autoridades del lugar.

El lugar de Elche de la Sierra, en el ayuntamiento de Aína (Murcia entonces, y hoy en el sur de la provincia de Albacete) se sublevó en 1766 porque los de Aína no pagaban un recargo del 10% en los abastos, que ellos sí tenían que pagar. Elche de la Sierra tenía 400 habitantes pero dependía del ayuntamiento de Aína, que aunque sólo tenía 200 habitantes, era la residencia de los tres regidores del municipio quienes, hábilmente, habían liberado a Aína de esos impuestos para tener ellos alimentos más baratos. Estas arbitrariedades, que unos pagaran y otros no sin razón alguna, eran frecuentes en España.

A esta lista de pueblos amotinados hay que añadir: Ciudad Real, Baza, Renera, Oviedo, Aramayona, Aranjuez, Córdoba, Granada, Bujalance, Quesada (300 amotinados), Villena, Liétor, Mambrilla, Campo de Criptana, El Toboso, Honrubia, Navalcarnero, Pampliega, Soria, Barcelona (8.000 amotinados). El último motín conocido se produjo el 30 de junio en Villar del Rey (Extremadura).

 

En resumen, el motín se extendió a unos 126 lugares, y en 39 de ellos, los acontecimientos fueron de cierta gravedad. En todas partes, las algaradas fueron “preparadas”, se hacía una serie de demandas y se daba un plazo para su cumplimiento. Las autoridades locales mantenían una actitud pasiva frente a los alborotadores, ordenaban la bajada de precios de los alimentos y no hacían nada más. Los militares de provincias se abstuvieron en todo momento de intervenir, ni contra unos ni contra otros. Se considera que los instigadores de estas manifestaciones “populares” fueron siempre nobles de alta y media nobleza, casi siempre con el matiz de reclamar para ellos los puestos del Ayuntamiento a que estaban accediendo los burgueses.

 

 

Causas de la caída de Esquilache.

 

Había mucha gente interesada en eliminar a Esquilache. El asunto es muy complejo. La caída de Esquilache se debe a un conjunto de factores entre los que podemos citar:

La oposición de Ensenada a la política de Esquilache.

La oposición de los católicos. El Gobierno quería otro sistema de recaudación de los impuestos del “subsidio” y del “excusado”, que iban a perjudicar a la Iglesia.

El integrismo católico que opinaba que los abusos cometidos durante siglos por la Iglesia se habían convertido en derechos, y odiaban las nuevas posturas regalistas de limitar la adquisición de nuevos bienes por la Iglesia, y de pensar en quitarle algunos en beneficio de la Corona. En la mentalidad integrista católica de aquel momento, los privilegios se consideraban derechos adquiridos. La inmunidad del clero y la posesión de enormes riquezas no sometidas a impuestos ni susceptibles de venderse, les parecía un derecho natural de la Iglesia. Ejemplo de este integrismo católico puede ser Isidoro Carvajal y Lancáster, obispo de Cuenca, el cual dirigió una carta al Rey Carlos III diciendo que la Iglesia estaba siendo saqueada, ultrajada y atropellada. Ello mereció una alegación de José Moñino, lo que a su vez significó que Floridablanca fuese tildado siempre en adelante como furibundo enemigo de la Iglesia, lo cual es muy discutible, y probablemente falso.

La acción de los jesuitas. Pasado un tiempo, después de la pesquisa secreta, en Madrid se interpretaba que el motín de Esquilache había sido una conspiración en la que estaban involucrados los jesuitas. Los jesuitas habían pedido poco antes, que se destituyera a Esquilache y se rehabilitase a Ensenada. Y ambas cosas se relacionaron. En contra de este argumento, los pro-católicos como Constancio Eguía Ruiz, Jesús García Latorre afirman que no hubo conspiración sino manifestación espontánea del pueblo.

La ruptura interna en la Iglesia española. Los jesuitas sostenían desde hacía algún tiempo una polémica sobre la fe: la teoría jesuita de la fe decía que ésta, para que fuera considerada verdadera, debía ser acompañada de buenas obras. Discutieron con los agustinos y dominicos que tenían otros puntos de vista. La polémica se politizó porque los colegiales se hicieron projesuitas y los “jansenistas españoles” antijesuitas. Y se culpó a los jesuitas de oponerse al patronato real, porque de hecho se oponían a ser supervisados por el ordinario (obispo de su diócesis) y querían obispo especial para su orden. Se recordó que habían conspirado contra el rey de Portugal y habían sido expulsados de Portugal en 1759 y que habían sido acusados de malversación en Francia y expulsados en 1762.

La nobleza en general porque temían medidas como las de Tanucci en Nápoles, y Esquilache era el hombre de Tanucci, sin duda. Lo más doloroso para éstos, era que la Corona quería recuperar señoríos reales injustamente ocupados por los estamentos privilegiados, tierras a veces muy extensas que producían rentas jugosas. La nobleza, capitaneada por el Duque de Alba, distribuyó dinero para la algarada.

La acción del “partido aristocrático español” y su grupo de “colegiales”. Los embajadores ingleses pensaban que los organizadores del motín eran francófobos, enfadados por el Pacto de Familia de 1761, que protestaban tanto contra el despotismo como contra los extranjeros, es decir, el llamado “partido nacional” o “partido castizo”.

La conspiración de diplomáticos franceses a los que no gustaba la independencia política de Esquilache. Los franceses querían que se fuera para que volviera Ensenada, lo que creían que les convenía.

La postura de Bernardo Tanucci. La oposición a Esquilache la dirigía Bernardo Tanucci desde Nápoles. Había sido Secretario de Justicia en 1752, y Secretario de Estado en 1754. Tanucci era el Presidente del Consejo de Regencia de Nápoles en 1759, pues Fernando IV tenía sólo 9 años de edad. Su estrella cayó en 1776, pues no era agradable a la reina Carolina de Nápoles, esposa de Fernando IV.

El descontento del pueblo por las malas cosechas de 1763-1765.

El fallo de los especuladores con motivo de la buena cosecha de 1766, lo que les hizo perder grandes fortunas.

También perjudicó mucho a Esquilache la vida de su mujer, María Verdugo, a quien le gustaba la ostentación, el lujo y los grandes gastos, lo cual llevó a habladurías que acabaron culpabilizando a Esquilache de corrupto, al servicio de su mujer.

Los motines provocados en 1766, que, siendo coincidentes en el tiempo y en algunas peticiones, hacen sospechar cierta coordinación. Dentro de este capítulo debemos considerar la multitud de transeúntes en Madrid, esperando medrar. Los alcaldes de los Cuatro Cuarteles de Madrid hicieron en 1766, tras del motín, una investigación sobre la población transeúnte de Madrid, y hallaron que había 72 posadas, 6 hosterías (y en ellas 26 sacerdotes con estancia justificada, pues llegaban a oposiciones a capellanías, abrir pleitos o pretender cargos), 110 tabernas, 125 aguardienterías, 34 bodegas y 11 casas de juego, lo cual daba una base de datos para investigar y controlar transeúntes. Sobre el resto de los bajos fondos, Aranda ordenó recoger a los mendigos, vagos, prostitutas y maleantes y sacarlos de la calle. En conclusión, estaba en la conciencia de todos que los motines tenían mucho que ver con esta gente desocupada.

Las subidas de precios y carestías forzadas en los años precedentes. Los motines aparecían casi siempre como protestas contra la política de “abastos” que mantenía altos precios, pero la nobleza instigaba por detrás para mantener altos los precios. Lo común era pedir rebajas en el precio de la harina, y en cada lugar se protestaba por algunas cosas más. La subida del precio del pan y de la cesta de la compra en general, ya tenía a los madrileños, y a los españoles en general, enfadados hacía tiempo. Las soluciones que proponía el pueblo, de tipo populista, eran imposibles de aceptar: que fuera el pueblo mismo el que fijase los precios de los alimentos, que no saliera trigo de las ciudades que lo tenían almacenado, y adueñarse de los convoyes de alimentos que pasaban en tránsito por los pueblos. La fijación del precio por el pueblo es una utopía que presupone buena voluntad y moralidad alta en el pueblo. Pierre Vilar hablaba en 1970 de una crisis de subsistencias en 1765.

En Madrid en concreto, se añadió la subida de precios de las velas de sebo, lo que hoy denominaríamos “subida de la luz”. Para acabar con la subida de precios de las velas, se decidió cambiar las farolas de Madrid, rotas en los motines de abril, por otras de aceite, las cuales eran de un consumo económico menor, y además no ampliaban la demanda de velas de sebo, lo cual permitió la bajada de precios (de la luz, en ese momento de la historia).

La realidad, por lo que fuere, especulación o malas cosechas, es que había subido el precio del pan, vino y tocino, alimentos fundamentales en aquel tiempo.

Aunque algunos autores afirman que la causa profunda del motín fue el intento de liberalizar el comercio de cereales con la esperanza de que bajasen los precios del pan, más bien creemos que el alza de los precios y el decreto de liberalización fueron utilizados como gancho para atraer a la gente a las manifestaciones. Desde el primer momento, el Rey y el Consejo Real estaban convencidos de que esa no había sido la causa de los tumultos. Los ayuntamientos habían decretado bajadas de precios a raíz del motín, bajadas que fueron anuladas por una orden real de 5 de mayo de 1766, a fin de que la economía fuese por sus pasos y no sufriera quebrantos graves. Y nadie protestó por este decreto de anulación. Tal vez, porque ya se sabía que la cosecha venía buena y se esperaba la bajada inmediata de los precios en junio.

La escasez de grano y alimentos en general no pueden ser aceptados como la causa fundamental, pues en 1766 los pósitos tenían grano en reserva. La cosecha de 1765 había sido mala, y los precios subieron en marzo, abril y mayo, los llamados “meses mayores”, pero como todos los años. El motín había aprovechado esta circunstancia, pero no era la causa del mismo.

La especulación tuvo una doble vertiente política y económica. Económicamente, era costumbre forzar los precios al alza para beneficiarse del negocio de los abastos. No se apiadaban del hambre y de los muertos. En la ocasión de 1766, la especulación corría un gran riesgo, pues era primavera y se sabía que la cosecha venía buena. Ello no era un gran problema mientras los especuladores controlasen los mercados, pero la libertad de comercio de granos que había hecho Esquilache, podía arruinarles. Políticamente, convenía forzar la escasez en Semana Santa, para forzar el descontento de la gente, aunque existiesen, como existían, reservas de grano en los pósitos y se previese una buena cosecha.

Pero el motín tiene muchas otras cosas detrás. Casi ningún motín de 1766 tenía como única reivindicación, la bajada del precio de los alimentos, y solían añadir otras cosas.

Los altos impuestos: Los impuestos cobrados por el Estado y por las administraciones locales habían aflojado a partir de 1735 por causas de la inflación monetaria no compensada por la fiscalidad, y los arrendadores de impuestos, en un momento dado, decidieron apretar más y obtener mayores beneficios. En 1766 se pedía que los impuestos no fueran arrendados a recaudadores y que las “utilidades” que cobraban los ayuntamientos, bajasen. Había sensación de estar pagando demasiados impuestos.

Las altas rentas señoriales, pues los señores estaban aplicando una subida generalizada de rentas para compensar la inflación habida desde que en 1735 entró en España plata mexicana y oro brasileño.

El aumento de la extensión de los propios señoríos, tendencia que no había parado de aumentar en los siglos XVI y XVII por venta de realengos cada vez que el rey tenía necesidades económicas urgentes. El paso de realengo a señorío significaba aumento de las rentas. Entre 1754 y 1744 hubo muchas quejas al Consejo de Castilla por esta causa. En 1766 esta protesta apareció en Valencia y en Cabezas Rubias (Sevilla). En Valencia este descontento ya se había manifestado en 1693 y durante la Guerra de Sucesión, y el Archiduque Carlos les había prometido abolir los derechos señoriales (cosa de improbable cumplimiento pues Carlos de Habsburgo era conservador y pro-nobiliario). El 13 de abril de 1766, el tumulto de Elche protestaría contra los derechos señoriales y a favor de su incorporación a realengo (ya lo había hecho desde 1734), y por la rebaja de los precios de los alimentos y el alcalde ordinario Jaime Álamo se proclamó corregidor y declaró abolido, en Elche, el señorío. Igualmente, Crevillente se sublevó en 1766 contra el marqués de Arcos, Albatera contra el marqués de Dos Aguas, y Almoradí, Catral y Callosa de Segura contra sus señores.

 

 

 

LA REPRESIÓN DEL MOTÍN DE ESQUILACHE.

 

 

Primeras víctimas.

 

Se decidió, unos días más tarde del motín, que Diego Rojas, obispo de Cartagena, fuera sustituido en la Presidencia del Consejo de Castilla por el conde de Aranda. Se terminaba con una costumbre de que el Presidente del Consejo fuera un obispo, y pasaba a serlo un militar que, en ese momento, era Capitán General en Valencia. El nuevo Presidente del Consejo de Castilla era Pedro de Abarca y Bolea, conde de Aranda. Era el 5 de abril cuando Aranda llegó a Aranjuez y el 11 de abril cuando fue nombrado Gobernador del Consejo de Castilla.

Junto a Diego de Rozas, parece que en la conspiración contra Esquilache estaba Ensenada. Ensenada fue llevado al Castillo de la Mota, en Medina del Campo, hasta su muerte en 1781. Ensenada fue expulsado de Madrid el 19 de abril de 1766. Fue llevado al castillo de La Mota en Medina del Campo, donde recibía muchas visitas de Grandes y Nobles, lo que sugiere que era líder de un grupo político importante. Era el segundo destierro de Ensenada. El primero, en 1754, a Granada, había sido levantado por el rey en mayo de 1760. En el grupo político o clientela de Ensenada había muchos jesuitas y era tenido por amigo de los jesuitas.

Ensenada era partidario de un Gobierno con españoles, con exclusión de los extranjeros. Su nombre no apareció nunca en los tumultos de Madrid, pero se sospecha que era el tapado que quería acceder al Gobierno sustituyendo a Esquilache. Se atribuye la expulsión de Esquilache a la influencia del duque de Alba, jefe de otro grupo político.

Luis Velázquez de Velasco, 1722-1772, marqués de Valdeflores, fue acusado como autor de pasquines, y enviado al castillo de Santa Bárbara en Alicante durante cuatro años, a Alhucemas por 10 años, que no llegó a cumplir porque murió en 1772.

Entre los acusados posteriormente a esta primera oleada de imputados, hubo algunos comendadores de Órdenes Militares.

 

 

Política de represión en 1766.

 

El 5 de mayo de 1766 apareció un Autoacordado reafirmando la monarquía absoluta y la obligación de todos de obedecer al rey. Era la deslegitimación de los motines. Se declararon nulos los perdones otorgados por las autoridades locales a diversos amotinados. Los alcaldes debían iniciar investigaciones sobre las causas y los autores de los motines. Se decretaban nuevas medidas policiacas. Se decidía reprimir la marginalidad social deteniendo a mendigos y vagos para enviarlos a hospicios, marina o ejército, según su estado físico.

 

 

La pesquisa secreta de 1766.

 

A finales de abril de 1766, Carlos III ordenó a Aranda realizar una pesquisa secreta sobre los motines de Semana Santa, y Aranda le encargó el asunto a Miguel María de Nava, hombre de su confianza. Éste designó un Consejo General Extraordinario del que formaban parte los obispos de Tarazona, Albarracín y Orihuela y los arzobispos de Zaragoza y Burgos. El Consejo Extraordinario encargó la pesquisa secreta a Pedro Rodríguez Campomanes el 8 de junio de 1766. Y Campomanes pidió ayuda a José Moñino, futuro conde de Floridablanca.

Campomanes recogió testimonios durante meses, al cabo de los cuales, el 31 de diciembre de 1766, hizo una acusación contra los jesuitas. Campomanes aconsejó expulsar a los jesuitas de España y pedir al Papa la extinción de la Orden. Efectivamente, el 2 de abril de 1767 se expulsó a los jesuitas de los dominios de la monarquía española.

El objetivo de la pesquisa secreta era averiguar quiénes habían sido los inductores y promotores de las revueltas. Campomanes solicitó, y obtuvo permiso del nuncio, para interrogar a eclesiásticos, con reserva del nombre y de su condición religiosa, sin necesidad de obtener permisos de los obispos ordinarios. Y no sabemos nada más de esos interrogatorios. Todo se tapó. Desgraciadamente, los documentos de la pesquisa secreta fueron destruidos por orden de Carlos III, quien decidió que no fueran culpabilizados ni los nobles, ni los gremios ni los eclesiásticos, sino que los hechos fueran atribuidos al pueblo soez. Sólo tenemos testimonios, sobre todo de Roda y Campomanes, que posteriormente los jesuitas se empeñaron en negar su veracidad y en acusar a Campomanes y a Roda de odio a los jesuitas.

El 14 de septiembre de 1766 se aceptó el informe de Campomanes a raíz de la pesquisa secreta, y se aceptaron los hechos de que algunos jesuitas habían participado en los motines, y que otros seguían emitiendo pasquines después de los acontecimientos de marzo en Madrid. Se decidió cortar la posible solidaridad de otras órdenes religiosas con los jesuitas, y para ello se les enviaron escritos en los que se podía constatar, supuestamente, que los jesuitas atacaban al rey.

Fueron encontrados culpables:

Isidoro López, Procurador General de los jesuitas en Castilla, residente en Madrid, que había sido el organizador de todo el movimiento con intención de derribar a Esquilache y poner en su lugar a un amigo de los jesuitas, Ensenada. El Padre López fue expulsado de Madrid y enviado a Galicia. Era amigo de Grimaldi, de Ensenada y de Luis Velázquez, y se le envió a Galicia, pero el padre López no era un integrista, sino un regalista, lo cual nos despista un poco sobre su situación y actitud respecto a los hechos, pues estaba en contra de Esquilache pero no de la política regalista que se estaba practicando.

Luis José Velázquez de Velasco y Angulo Cruzado, II marqués de Valdeflores[3], historiador, fue encarcelado en Alicante y en Alhucemas, hasta ser liberado en 1772.

Los sacerdotes jesuitas Ignacio González y Manuel Benavente, que habían repartido pasquines durante el motín de marzo de 1766.

El sacerdote Miguel Antonio de la Gándara, natural de Santander, amigo de Ensenada y de los jesuitas. Fue apresado en Pamplona y permaneció preso hasta su muerte en 5 de octubre de 1783.

Se rumoreaba que el padre Calatayud había presidido una junta en Pamplona, donde se había hablado de la posibilidad de asesinar al rey.

El caraqueño Lorenzo Hermoso de Mendoza fue acusado de participar en los tumultos de Aranjuez, y fue desterrado a Valencia.

En Zaragoza hubo 11 ejecutados entre 9 y 17 de abril de 1766.

En Madrid se ahorcó el 28 de junio a Juan de Salazar y Calvete, noble de Caravaca (Murcia), como “reo de Estado” (lesa majestad).

 

Sospechamos que los términos que Campomanes averiguó sobre los jesuitas en su pesquisa secreta fueron cosas como:

Habían apoyado a Ensenada actuando contra el Gobierno de Esquilache, y habían tratado de expulsar al Confesor Real, padre Eleta, para sustituirlo por un jesuita.

Habían declarado que su lealtad al Papa estaba por encima de la debida al rey.

Eran ricos y acumulaban más y más riquezas.

Habían sublevado a los indios en el Uruguay.

Habían hecho teorías del regicidio en siglos anteriores.

Se les había expulsado de Portugal y de Francia.

Algunos miembros habían actuado directamente en los sucesos de 1766.

 

El informe Campomanes fue aceptado por el Rey y por el Consejo de Castilla. Los nobles del “partido español” se sintieron muy aliviados cuando vieron un culpable, que no eran ellos, lo cual les eximía aparentemente. Y estos nobles hicieron circular historietas que desacreditaban a los jesuitas: que un jesuita había afirmado que Carlos III era un bastardo, hijo de Isabel de Farnesio y de Julio Alberoni; que un jesuita había dicho que Carlos III se había acostado con la marquesa de Esquilache. Estas habladurías, si eran verdad, eran casos puntuales sin valor legal alguno.

Una correcta interpretación de los hechos es imposible. Hay que tener en cuenta que, posteriormente a los hechos, los cabildos municipales y los cabildos eclesiásticos, al igual que había hecho el rey, se apresuraron a exculpar a la gente en general, culpando de la violencia habida a “gente ínfima y marginada”, lo cual nos sugiere que hubo violencia no controlada, la de los que fueron lanzados a la violencia, pero no nos explica quiénes les lanzaron. En general se impuso el secreto, y nunca se delataron nombres. Como el rey mandó destruir los documentos de la pesquisa secreta, todavía hay más secretos. Por ello el suceso del Motín de Esquilache queda un poco oscuro para los historiadores.

Pero el hecho de que hubiera un plan, una organización secreta que lo coordinaba y unos objetivos concretos, hace hablar a algunos de algo más que un motín, de un ensayo de revolución. Los organizadores del motín habían constituido una sociedad con sus “constituciones” u “ordenanzas” y su ceremonia de ingreso jurando fidelidad a Carlos III y odio a Esquilache y Grimaldi. Entre los dirigentes había nobles y clérigos. Algunos clérigos predicaron que ir al motín era defender la fe católica. Lo que no aparece probado de ninguna manera es que los jesuitas estuvieran en la trama de la conspiración y más bien parece que se mantuvieron completamente al margen.

 

 

Las medidas represoras de Aranda.

 

El 16 de mayo de 1766 Aranda ordenó suprimir las imprentas que estaban funcionando en conventos y otros lugares dotados de privilegio judicial, o que estuvieran instaladas en las inmediaciones de éstos, pues de allí salían las “hojas volanderas” y los anónimos que circulaban por Madrid, al tiempo que se ordenaba eliminar el servicio de esas imprentas, llevadas por clérigos, y se les concedió a los eclesiásticos dos meses para venderlas. El clero se enfureció ante estas medidas, y reclamó sus inmunidades eclesiásticas, y en septiembre y octubre de 1766 hubo mucha tensión en este tema.

Complementariamente, Aranda ordenó que los ociosos no se concentraran en los cafés, botillerías, mesas del truco (juego de naipes), plazas de las ciudades o esquinas de la ciudad de Madrid. Estaba decidido a acabar con los desórdenes sociales de los maleantes y anunció penas graves. El rey, lo tomó a broma y empezó a conmutar penas graves por multas o expulsiones de la ciudad de Madrid, y Aranda se sintió desautorizado por Carlos III.

El ambiente social madrileño y español en general era muy particular: Había en Madrid muchos pordioseros, malentretenidos, ladronzuelos, putas, pero afirmar la realidad y ponerla a los ojos de todos estaba socialmente mal visto por la gente bien. Además, los protectores de los malentretenidos argumentaron que echándoles de Madrid no se solucionaba un problema, sino se creaban otros muchos en provincias. A Aranda se le ocurrió la idea de abrir el Hospicio de San Fernando, a dos leguas de Madrid, donde en el primer año recogió a mil de los pordioseros y vagos. Posteriormente se abrieron más establecimientos en donde se procedía a la recogida de pobres y de niños abandonados, a fin de que aprendieran un oficio. Los resultados no fueron muy buenos. También se procedió a hacer levas de vagos, ociosos y malentretenidos para dedicarles a trabajos forzosos, pero retribuidos, para el ejército, la marina o las obras públicas.

Pero por otro lado, estaba actuando el rey, quien decidió repartir cada día 3.000 barras de pan gratis, lo cual estimulaba la llegada de más indigentes a Madrid.

El Rey vivía en Aranjuez y puso como condición para volver a Madrid, lo cual les convenía a los venteros y taberneros y a los alquiladores de casas, que los madrileños aceptaran a las Guardias Valonas en Madrid y que Madrid le pidiera perdón. Los pasquines le respondieron con una negativa.

Aranda suprimió en mayo lo prometido por el rey en 24 de marzo de 1766. La Junta de Abastos fue suprimida. Tras ello y tras el decreto de libertad de comercio de granos, no hubo bajadas de precios, pero sí un mejor abastecimiento a la ciudad de Madrid.

El 26 de junio de 1766 el Consejo de Castilla dio por nulas las concesiones obtenidas en los motines de Semana Santa anterior. Anuló las rebajas de precios hechas por los ayuntamientos en los días de motín.

En 26 de abril de 1766, se mandó salir de Madrid a los clérigos que no tenían allí su destino. La medida era complementaria a las medidas contra los ociosos, pues estos clérigos permanecían ociosos en Madrid.

Aranda anuló los perdones que los gobernadores y magistrados de provincias habían otorgado a los amotinados, dando como razón que el perdón sólo le correspondía al Rey,

Aranda declaró infames a todos los que se amotinaran en adelante.

En mayo de 1766, se crearon los Diputados del Común, y el Síndico Personero del Común. Es un asunto importante del que hablaremos más adelante con más espacio pues afecta a la reforma de la administración municipal.

Se reafirmó en la figura del Intendente, pues uno de los objetivos de los nobles en 1766 era acabar con los intendentes, pero en ese campo perdieron la batalla.

En 1766-72 y por influencia de Floridablanca, la Iglesia fue castigada también con el “excusado”, lo que daba lugar a que “el mayor hacendado” de cada parroquia, pagase sus diezmos al Estado y no a la Iglesia. Este ingreso servía para pagar la “congrua” a los párrocos (la congrua es la paga considerada mínima y suficiente para satisfacer sus necesidades alimenticias). También se quitaron a los párrocos las testamentarías, se exigió titulación expedida por el Estado no valiendo la de los colegios religiosos y se le quitaron a la Iglesia las rupturas matrimoniales estableciendo el Tribunal de la Rota con jueces nombrados por el rey.

Se limitaron los poderes de la Inquisición que en adelante no pudo usar torturas, no pudo actuar por adulterio o bigamia, no encarceló sin pruebas (por simple delación) y no pudo encausar a los funcionarios del rey.

 

 

¿“REVOLUCIÓN” EN 1766?

 

Laura Rodríguez y Teófanes Egido niegan que hubiera una revolución como tal vez pudiera haber insinuado Pierre Vilar en 1975, pero sí se podría hablar de conspiración, de manipulación de las masas con fines políticos.

En el siglo XVIII se utilizaba demasiado frecuentemente la palabra revolución. América copiará este uso del término en el siglo XIX. En cualquier rebelión y cualquier algarada, se utilizaba esta palabra. Todavía no había alcanzado el significado que los historiadores de mediados del siglo XX dieron a este término, como cambio profundo que afecta a todas los aspectos de la realidad, modifica las estructuras mismas, y es duradero. En 1766, la revuelta se hizo por los precios, pero se aprovechó para otras muchas protestas que venían de atrás o que eran urgentes en una región determinada.

Grimaldi llamó a estas algaradas, y sobre todo se refería a la de Madrid, revolución.   Las algaradas de 1766 en España, no son exclusivas de este país. También en Francia e Inglaterra se produjeron, en fechas distintas. La primera diferencia con España fue que Europa terminó la Guerra de los Siete Años en 1763, y tuvo unos años de recuperación económica y buenas cosechas, por lo que sus crisis son posteriores a la española de 1766. España tuvo malas cosechas en 1770-1775 y su recuperación fue más lenta.

En 1763 también había habido agitación popular en Inglaterra en apoyo al diputado John Wilkes, quien se oponía a que Jorge III recuperase el poder absoluto que pretendía “para reformar el Estado” (entre las reformas, estaba el aumento de impuestos, entre ellos el impuesto de las Trece Colonias de Norteamérica de 1763). Por tanto las rebeliones de las Trece Colonias, también estaban en la línea de protestas por carestía habida en estos años. En 1768 y 1769, los wilkesistas lograron movilizar a las masas contra las “enclosures”, pues los pobres perdían la posibilidad de aprovechar los pastos, como en España perdían el derecho de entrar en propios y comunes cuando se los habían quedado los nobles.

El mismo decreto de libertad de precios que España dio en julio de 1765, Turgot lo dio en Francia en 13 de septiembre de 1774, y Turgot fue destituido en 1776.

En España las algaradas eran tan peligrosas como en Francia o Inglaterra, pero en España no surgió una “revolución” como La Gloriosa de 1688, o la Revolución Francesa de 1789.

 

 

[1] Es interesante el artículo de Rafael Olaechea, Tiempos Modernos. 8. 2003 “Contribución al estudio del Motín de Esquilache, 1766.

[2] La Guardia Valona había sido creada en 7 de octubre de 1702 por Felipe V, y estaba integrada por holandeses católicos, mandados por un Teniente General del ejército español designado por el rey, y con oficiales elegidos todos por el rey de España. Su jefe en ese momento era el teniente general Jean Juste de Croy-Havré, conde de Priego. Recientemente se había creado un mal ambiente contra este cuerpo del ejército, pues en la boda de la infanta María Luisa, en 1764, celebrada en el Buen Retiro, la gente se agolpaba y echaba sobre los organizadores de la ceremonia, y se mandó cargar a los soldados que custodiaban el acto, Guardia Valona, que atropellaron a la multitud y causaron 24 muertos, algunos a causa de bayonetazos. Los sucesos de 24 de marzo de 1766, eran una revancha por lo de dos años antes.

[3] Luis José Velázquez de Velasco y Angulo Cruzado, 1722-1772, II marqués de Valdeflores, empezó estudios eclesiásticos en los jesuitas de Granada en 1735-1739 y abandonó la vocación en 1740. En 1743 participaba de la tertulia de la Academia del Trípode en Granada, junto a los clérigos José Antonio Porcel, Alonso Dalda y Diego Nicolás de Heredia, con el sobrenombre de “Caballero Doncel del Mar”. Fue luego a roma a doctorarse de Teología, lo cual logró en 1745. En 1748 se avecindó en Madrid y se sumó a la clientela de Ensenada y los jesuitas, y en 1750 participaba en otra tertulia denominada Academia del Buen Gusto con el sobrenombre de “El Marítimo”. Entró en la clientela de Agustín Montiano Luyando, Secretario de Gracia y Justicia, a través de la cual ingresó en la comisión de Archivos que Fernando VI había creado en 1749 para buscar argumentos históricos a favor del regalismo, cuyo equipo dirigía el jesuita Andrés Burriel. Su suerte empezó a decaer cuando murió José Carvajal y Lancáster en 1754, y Ensenada fue desterrado a Granada en julio de ese mismo año, luego la reina, en 1758 y el rey en 1759. Le quedó una esperanza cuando Carlos III perdonó a Ensenada y éste regresó a Madrid en 1760, pero en 1764 murió su protector Agustín Montiano y su lugar en la Academia de la Historia lo ocupó Campomanes, un enemigo político. La investigación de 1766 encontró a Velázquez de Velasco relacionado con Isidro López y con Ensenada, y fue recluido cuatro años en Santa Bárbara y dos años en Alhucemas, hasta ser liberado en 1772, poco antes de morir.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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