FLORIDABLANCA en 1783 – 1788.

 

FLORIDABLANCA, 19 FEBRERO 1777 – 28 FEBRERO 1792:

PERIODO 1783-1788.

 

 

ESPAÑA DURANTE LA PAZ DE 1783-1793.

 

El 20 de enero de 1783 se firmaron los Preliminares de paz, y 3 de septiembre el armisticio con Inglaterra. Desde principios de 1783, los metales preciosos volvieron a llegar de América, el Estado español pagó religiosamente los intereses de la deuda, y el Banco de San Carlos, que había sido creado en 1782 para recomprar los vales reales, podía cumplir su objetivo. El resultado fue que la confianza volvió. Y los vales se cotizaron al 102,5%, lo que suponía una plusvalía del 2,5%. La burbuja financiera y del papel moneda parecía dar alas a la economía, y el futuro se veía con más optimismo.

En este ambiente de prosperidad, Floridablanca ganó, o recuperó, un prestigio que seguía basado sobre la burbuja del papel. En febrero de 1792 cayó Floridablanca. En noviembre de 1792 llegó al poder Godoy, y en 1793 se declaró la guerra a Francia, Guerra de la Convención, y tras la derrota, se acabó la época de paz y prosperidad española.

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS GOBIERNOS DE FLORIDABLANCA.

 

El Gobierno de julio de 1783 estaba estructurado en torno a Floridablanca y Campomanes, el primero en Secretaría de Estado y el segundo en Presidencia del Consejo de Castilla. Floridablanca, además de la Secretaría de Estado ocupaba, a la muerte de José Roda y Arrieta en 1782, la de Gracia y Justicia.

Secretario de Despacho de Estado, José Moñino Redondo conde de Floridablanca.

Secretario de Despacho de Gracia y Justicia, 1782: a la muerte de José Roda y Arrieta asumió la Secretaría José Moñino Redondo conde de Floridablanca / 1790: Antonio Porlier Sopranis.

Secretario de Despacho de Marina, 2 de marzo de 1783: fray Antonio de Valdés y Fernández Bazán[1] (caballero de la Orden de San Juan).

Secretario de Estado y Despacho Universal de Indias desde 1776 a 1787: José Bernardo de Gálvez y Gallardo.

Secretario de Estado y Despacho Universal de Hacienda de España e Indias: 1765: Miguel de Múzquiz Goyeneche conde de Gausa / enero de 1785: Pedro López de Lerena y Cuenca conde de Lerena.

Secretario de Despacho de Hacienda desde 1776, Miguel de Múzquiz Goyeneche[2] I marqués de Villar de Ladrón y I conde de Gausa / enero de 1785: Pedro López de Lerena y de Cuenca conde de Lerena.

Secretario de Despacho de Guerra desde 1780, Miguel de Múzquiz Goyeneche conde de Gausa / enero de 1785: Pedro López de Lerena y de Cuenca conde de Lerena, interinamente / 22 de junio de 1787: Gerónimo Manuel Caballero y Vicente del Campo[3] I marqués de Caballero / 1790: Francisco Negrete de la Torre, conde de Campo Alange y marqués de Torre Manzanal.

En la otra cabeza de Gobierno, en 1783 se nombró Presidente interino del Consejo de Castilla a Pedro Rodríguez Campomanes. Se le nombraría titular en 1789. Estuvo en el cargo hasta 1791.

Pedro Rodríguez de Campomanes[4] estaba en fase de popularidad. Se le había nombrado conde de Campomanes en 1780 y Presidente del Consejo de Castilla en 1783, cargo en el que permanecería hasta 1791. Era especialista en historia y en economía y un jansenista convencido. Estaba dispuesto a apoyar las reformas que se proponían.

 

 

PERIODO 1783-1785 DE FLORIDABLANCA.

 

La época de paz, 1783-1793, era propicia a completar las reformas e iniciativas económicas que se venían intentando durante todo el siglo, y donde ya habían hecho una labor importante el marqués de Canales, Alberoni, José de Grimaldo, Patiño y Ensenada entre otros. Floridablanca será el continuador de las reformas del siglo XVIII.

 

Reformas en agricultura.

Se abrieron escuelas de experimentación agrícola en Aranjuez y en Calanda, se permitió cercar los olivares, viñas y huertas que tuvieran frutales, junto al decreto de libertad de cultivos, se prohibió a los absentistas expulsar a sus arrendatarios, se reguló las hipotecas sobre fincas de cultivo que los agricultores tenían contraídas con Pósitos, Montes de Piedad y Casas de Misericordia, se continuaron obras en los canales de regadío (Canal Imperial de Aragón, Canal de Tauste, Canal de Urgel, Canal de Castilla, Canal de Tortosa), se construyeron pantanos en Murcia (Lorca, Valdeinfierno y Puentes).

 

Reformas en el comercio marítimo.

En 1783 se dio un decreto proteccionista, duro, por el que las mercancías extranjeras pagaban un 5% en aduana y un 10% en el mercado. Este decreto afectó mucho a Cádiz que era la gran importadora de productos extranjeros. El decreto trataba de proteger las industrias españolas, las ya citadas en tiempos de Felipe V y las nuevas establecidas como paños y bayetas de Burgos 1763, hilados de Jaén, hilados de Ávila 1787. Las industrias estaban puestas, pero no había infraestructuras de comunicaciones que propiciaran un mercado amplio. La mayoría estaba destinada al fracaso.

En 1783 se hizo un tratado con Turquía por el que España obtenía libertad de comercio en el Mediterráneo musulmán.

 

Reformas en industria,

Se declaró en 1784 que el trabajo no era degradante ni servil (podía ser hecho por nobles sin perder por ello la condición nobiliaria), concedió estímulos para que los capitales extranjeros viniesen a España, dio libertad de trabajo en contra del control que llevaban los gremios y corporaciones, suprimió aduanas interiores para productos textiles, rebajó los derechos de exportación y suprimió los derechos de importación en las materias primas. En 1778 se liberó el comercio del aceite.

Sin embargo no fue posible una auténtica revolución industrial. España tomó muchas iniciativas en el último cuarto de siglo XVIII, pero sólo triunfaron las de mercado local como sombreros finos, jarcias, cordelería, curtidos, objetos de concha, lino… fracasando los de indianas, paños y telas pintadas por la imposibilidad de competir con Inglaterra que había hecho su revolución industrial y fabricaba más calidad cuando le convenía, y calidades inferiores a precio muy inferior cuando el mercado así lo demandaba. Casi todas las iniciativas españolas en este sentido no duraban más allá de 15 años antes de cerrar. Le faltaba mecanización.

De 1784 hasta 1790, se puso en el Buen Retiro un Gabinete de Máquinas a cargo de Agustín de Bethencourt y Juan López de Peñalver, que con un equipo de artesanos hicieron modelos a tamaño pequeño de las máquinas que habían visto en París destinadas a obras públicas, metalurgia y textil. Hicieron 270 modelos y dejaron planos para 359, además de 99 memorias. La vida de este Gabinete de Máquinas es muy cambiante y en 1802 se integró en la Escuela de Caminos y Canales, en 1808 pasó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1814 a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y en 1824 al Conservatorio de Artes, perdiéndose muchas piezas.

 

Reformas en la administración local.

Hasta el momento de Floridablanca, las ciudades grandes se regían por un corregidor y varios regidores y el cargo de regidor se había hecho hereditario en las familias más poderosas. Los alcaldes eran jueces. Las ciudades medianas y pequeñas se regían por regidores y alcaldes. En las poblaciones de señorío había un alcalde mayor que dirigía los asuntos del pueblo.

El 21 de abril de 1783 se reformó el reglamento de funcionamiento del cargo de Corregidor y el de Alcalde Mayor:

Al cargo de corregidor, sólo podían acceder los que tuvieran 10 años de estudios y 26 años de edad como mínimo; se alargó el tiempo de mandato del Corregidor desde los tres hasta los cinco o seis años; se hizo difícil la renovación del cargo una vez transcurrido el primer mandato; y se decidió que se ascendiera por escalafón. El Corregidor debía ser un funcionario de carrera, lo ponía el Gobierno y se intercambiaba de una ciudad a otra. Había dos tipos de Corregidores, los letrados y los de capa y espada, y se preferían los letrados. Y había tres categorías de corregimientos: la de entrada (15 plazas), la de ascenso (22 plazas) y la de término (28 plazas). En cada categoría, el Corregidor permanecía unos seis años. Al cabo de los 18 años, el funcionario ascendía a un cargo de la Audiencia o de la Chancillería si era letrado, y a un cargo militar si era de capa y espada. En 1784 y 1788 se separaron las funciones de los gobiernos militares del cargo de corregidor.

Los alcaldes mayores, nombrados por la Cámara de Castilla desde 1749, también tenían estas tres mismas categorías y ascensos. Las categorías valían tanto para los corregidores y alcaldes mayores de letras como para los de capa y espada.

Se intentó democratizar la vida política municipal, completando la reforma emprendida en 1766:

El 18 de marzo de 1783 una Real Cédula declaró honestos y honrados todos los oficios, incluidos los mecánicos, de modo que el ejercicio de éstos no inhabilitaba para ejercer cargos municipales ni para acceder a la hidalguía.

En 1783 se dio un decreto declarando a los gitanos gente con derechos iguales al resto de los españoles con la condición de que abandonasen su traje y su lengua. Las órdenes de abandonar la vida nómada, traje, lengua y modo de matrimonio, habían sido dadas por diversos monarcas como Carlos I, Felipe II y Felipe III, pero los gitanos se empeñaban en seguir viviendo del engaño, el hurto y la venta de caballerías muchas veces robadas. También Felipe V había dado órdenes en 1705, 1708, 1717, 1726… en el mismo sentido prohibiéndoles vender caballerías, portar armas, vagar sin licencia y amenazándoles con serios castigos para sus delitos.

La reforma municipal se completó en 1785 con un mapa de provincias de Castilla, y cada una tuvo su Intendente. Las Intendencias se dividían en Partidos Judiciales, cuyo ámbito territorial venía a ser la antigua merindad que hubiese existido en la zona en concreto.

 

 

Signos de agotamiento económico y social.

 

No obstante la paz y los proyectos emprendidos, había algunas señales de que las cosas estaban mal y de que la economía estaba fallando. El mismo recurso a los adolescentes de 12 años para el ejército debiera haber llamado la atención de alguien. Pero síntomas más claros se daban en la industria:

En 1784 hubo conflictos laborales en la Real Fábrica de Algodón de Ávila. Duraron hasta 1785.

En 1784, Cabarrús salvó a la Compañía de Caracas de la ruina y creó la Compañía de Filipinas, que la sustituía en 10 de marzo de 1785.

Por otro lado, la mortalidad alarmante de los infantes de España, también debiera haber llamado la atención de alguien. Cuatro hijos de Carlos IV murieron en un intervalo de dos años. Se trata de María Luisa Carlota, muerta en julio de 1782 a la edad de cinco años; Carlos Domingo Eusebio, muerto en junio de 1783 a la edad de 3 años; Felipe Francisco de Paula, muerto en octubre de 1784 a la edad de un año; y su gemelo Carlos Francisco de Paula, muerto a la edad de un año en octubre de 1784. El problema de sanidad, epidemias y medicina, fue tratado por su lado menos importante, el de la sucesión al trono de España y el hecho de que en 1784 no le quedaban al príncipe de Asturias, Carlos, más hijos varones, problema que se consideró solucionado cuando nació Fernando VII en 1794. Pero el problema de fondo era la viruela. Ciertamente el problema de las sucesiones estaba provocando en Europa sucesivas guerras, lo cual era un problema diferente, de concepción patrimonial del Estado que tenían los reyes. Pero era mucho más grave que en España se estuviera muriendo masivamente, de viruela, tuberculosis, paludismo… y que los acontecimientos de Palacio no fueran más que un reflejo de la realidad que no se quería ver. La única consecuencia de tan graves sucesos, es que el rey se deprimió y se retiró a sus aposentos, como habían hecho sus antecesores, participando mínimamente en adelante en la política hasta su muerte en 1788.

 

 

 

EL EQUIPO FLORIDABLANCA-LERENA EN 1785-1788.

 

En 1785 surgió un contrapeso al poder de Floridablanca, que era Pedro López de Lerena[5], que asumió las Secretarías de Guerra y Hacienda y era un reformista moderado. Lerena llegó con ocasión de la muerte de Miguel de Múzquiz, conde de Gausa, Secretario de Despacho de Hacienda desde 1776, y del Despacho de Guerra desde 1780, un hombre de confianza de Floridablanca. Lerena era un hombre de ideas más diferentes respecto a Floridablanca. Por eso consideramos que en 1785 hubo un cambio de política.

Aupados en sus cuatro Secretarías, se consideraba que Floridablanca y Lerena controlaban todo el poder. De todos modos, el Gobierno ya no fue tan monolítico como el anterior a 1785, y entre Pedro López de Lerena y Floridablanca hubo algunas discrepancias. Éstas fueron aprovechadas por el Partido Aragonés y Aranda, de ideología aristocrática y xenófoba, para extender algunas críticas de cierto calado:

Que en Gracia y Justicia, la provisión de empleos se estaba haciendo a favor de amigos del Secretario de Despacho.

Que el Consejo de Guerra estaba siendo anulado por la aparición de Consejeros con voto decisivo y con el nombramiento de Decano del mismo para el Secretario de Despacho de Guerra.

Que había una Secretaría de Despacho de Indias que sustraía los temas de América a las demás Secretarías de Despacho, como si los temas americanos fuesen ajenos o distintos a los peninsulares. Además, el Secretario de Despacho de Indias era Gobernador del Consejo de Indias, lo cual devaluaba al Consejo de Indias a organismo inferior.

Que era pernicioso para el Estado que un solo individuo mantuviese los cargos de Secretario de Despacho de Hacienda, Gobernador del Consejo de Hacienda y presidente de la Superintendencia de Hacienda.

El modelo de Gobierno del Partido Aragonés era: el rey a la cabeza del Estado; un ministro confidente encargado de todo; un Consejo de Estado integrado por nobles de probada valía y moralidad, con capacidad para supervisar todos los asuntos de las Secretarías de Despacho; las Secretarías de Despacho.

En suma, Aranda defendía la pervivencia de los viejos Consejos, mientras Floridablanca tendía a su supresión a favor de las Secretarías de Despacho.

 

 

LAS REFORMAS DE FLORIDABLANCA Y LERENA.

 

El equipo de Floridablanca y Lerena acometió muchas reformas en agricultura, caminos, tráfico marítimo, empresas comerciales y bancarias, ciencia, ejército, política mediterránea… Dejaremos para el final, precisamente por su trascendencia, el intento de reforma de Hacienda y la burbuja de los vales reales alimentada tras su fracaso.

 

Reformas en la propiedad de la tierra.

En 1785 se fijaron las condiciones en que un arrendatario podía ser expulsado de la tierra, dando un gran paso hacia la libertad de cultivo de la tierra. Se prohibió aumentar el precio de los arrendamientos y expulsar a los arrendatarios, salvo que el propietario fuera labrador y residiera en el pueblo en que estaba la finca. Esta ley será ratificada en 1794 por Carlos IV, y anulada en 1803 también por Carlos IV. También se decretó la libertad de cultivos, salvo cuando fueran peligrosos para la salud como era el caso del arroz debido al paludismo.

 

Obras de regadío en levante.

En 1785, Floridablanca suspendió las obras del Canal de Murcia, y empezó la construcción de dos pantanos, Valdeinfierno y Puentes, que eran la verdadera solución al regadío murciano. La obra civil era de extrema dificultad, dado el clima extremado en sequías habituales y gotas frías esporádicas, lo que daba lugar a que los pantanos se atarquinasen en unas circunstancias y reventaran por exceso de agua en otras. El pantano de Puentes se rompió en 1802 causando 600 muertos.

 

Mejoras del tráfico terrestre.

En 1785 Floridablanca creó al Dirección General de Caminos, dependiente de la Superintendencia de Correos y Caminos. Esto llevaría a que en 1799 se creara una Inspección General de Caminos y Canales dirigida por Agustín de Bethencourt, José Chaix, José Agustín de Larramendi y Francisco Javier van Baumberghen, que crearían en 1801 unos Estudios de la Inspección General de Caminos, que en 1803 se convirtieron en Escuela de Caminos y Canales. El esfuerzo se perdió en la Guerra de la Independencia, pero se abrió otra vez la escuela en 1820, y por tercera vez en 1834, dando lugar a un alto nivel científico capaz de construir caminos y canales con eficacia y calidad.

En 1785 se inició el Canal del Guadarrama con un plan que pretendía poder navegar desde Torrelodones a Aranjuez. Las obras estaban financiadas por el Banco de San Carlos, pero hubieron de suspenderse en 1799 por derrumbe de la presa de cabecera que se estaba construyendo, la cual estaba proyectada con 251 metros de longitud, 72 metros de espesor del muro en la base (6m. en la cima), y 93 metros de altura. Se cayó cuando llevaba 57 metros de altura. El proyecto en sí era una utopía, y su realización un ataque a la cordura de los políticos y economistas de la época.

 

Mejoras del tráfico marítimo.

En 1785 se creó en Santander el Consulado de Santander, con el fin de promover y financiar los muelles y las dársenas necesarias para el servicio del puerto.

En 1788 se puso en servicio el faro de Monte Igueldo, en San Sebastián.

Lerena, en su ministerio y hasta 1795, hizo obras en los puertos de Tarragona, el Grao de Valencia, Alicante, La Coruña y Santander, y dejo proyectos para renovar los de Barcelona, Málaga, Cádiz y El Ferrol. Las obras venían impulsadas por una Real Orden de 8 de febrero de 1781 que indicaba las bases para obras en los puertos.

Otras obras de mejora del tráfico marítimo fueron la reconstrucción de la Torre de Hércules en La Coruña, el faro de Tarifa y la iluminación de los puertos de Mallorca, Barcelona, Málaga, Cádiz y La Coruña, a fin de poder trabajar de noche.

 

Reformas militares en 1783-1785.

Se intentó continuar la política expansionista económica y militar que se venía intentando desde tiempos de Ensenada. El responsable de esta política fue Antonio Valdés y Fernández Bazán, el cual, el 9 de marzo de 1783 había sido nombrado Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina.

En 1784 se tomaron medidas de dudosa eficacia “para mejorar el ejército español”, como admitir adolescentes de 12 años argumentando que así preparaban suboficiales, pues se formaban veteranos con edades muy jóvenes.

En 1785, la marina pidió una bandera y se le puso una roja y amarilla, por cuartos, origen de la bandera española impuesta en 1843 para todo el ejército.

 

La Compañía de Filipinas.

En 10 de marzo de 1785 se creó la Compañía de Filipinas. El Secretario de Despacho de Indias, José Bernardo de Gálvez, se la concedió a Francisco Cabarrús, con permiso para exportar mercancías a América y obtener plata, ir con la plata a Filipinas y cambiarla por seda y productos orientales, y vender estos productos en Europa. Los accionistas o socios de la nueva Compañía eran muy importantes: Carlos III llevaba el 37,5% y era socio mayoritario, el Banco de San Carlos llevaba el 13%, los Cinco Gremios Mayores de Madrid participaban con el 8%, y el resto lo ponían la Compañía Guipuzcoana de Caracas y la Real Compañía de Barcelona[6], que desaparecían, saldaban sus deudas y quedaban integradas en la nueva compañía como socios importantes pero minoritarios. Al negocio de la Compañía de Filipinas se opusieron muchos: Holanda porque sentía amenazada su Compañía de las Islas Orientales, que hacía el mismo negocio desde el siglo XVII; los sederos catalanes porque perdían parte de su negocio; los sederos valencianos porque les aparecía una competencia mucho mayor que lo que ellos representaban como productores y elaboradores de muselinas (tejidos de seda y algodón). Los barcos de la Compañía de Filipinas se convirtieron en un objetivo prioritario para los británicos, y en 1798 lograron capturar un barco cargado, lo que fue una gran pérdida. En 1802 se intentó relanzar la empresa aprovechando la paz con Inglaterra, pero la guerra volvió en 1804 y ya no ganó grandes sumas, hasta que en 1834 cerró.

Detrás de la fundación de la nueva compañía de comercio había otra operación, la de cierre de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y el de la Compañía de Barcelona, que según Cabarrús, no servía a los fines del librecomercio y debía ser cerrada.

La nueva Compañía de Filipinas debía navegar necesariamente por Buena Esperanza y nunca por América. La Compañía de Filipinas comerció con Turquía y con América, e incluso hizo tráfico de esclavos, gestionó la fábrica de armas de Plasencia, elaboró vasijas de hierro para transportar mercurio… Se arruinó en 1808-1814 con la guerra y fue disuelta por Real Decreto el 6 de septiembre de 1834.

 

En 1 de mayo de 1785 se creó la Caja de Descuentos de Cádiz para hacer giros bancarios y regular el mercado de los vales reales. En 1786, la Caja fue autorizada a contratar seguros marítimos. Era manejada por comerciantes poderosos y concedieron créditos arriesgados por lo que fracasó casi inmediatamente. Se intentó sanearla en 1791 pero un nuevo desfalco en 1801 acabaría con ella, aunque duró todavía algunos años.

 

 

LA POLÍTICA EXTERIOR MEDITERRÁNEA EN 1785-1788.

 

La paz con Marruecos se amplió en 1785 con unos acuerdos comerciales rebajando los derechos aduaneros para que España pudiese importar legumbres, verduras, frutas, ganado, carbón y leña, para lo cual España abrió la casa comercial Darbeyda que les compraba el trigo a los marroquíes de forma regular todos los años. Negoció por España Manuel González Salmón pidiendo rebajas arancelarias para algunos alimentos exportados a Marruecos, exención para otros, y condonación de gastos de amarre para los barcos. Marruecos exportaba a España trigo y cebada a través de una compañía establecida en Casablanca.

Intento de recuperar Gibraltar: En 1786 se ofreció a Inglaterra Puerto Rico y Caracas a cambio de Gibraltar, pero Inglaterra rechazó el ofrecimiento.

En 1786, Floridablanca hizo un tratado de paz con Argel. Argel había sido atacada por España, por Alejandro O`Reilly, en junio de 1775, constituyendo la operación un gran desastre para las armas españolas. La nueva posición española en 1786 respecto al problema del norte de África, fue la contraria a la llevada hasta entonces: en vez de ataques y castigos a sus bravuconerías, asaltos a barcos, asaltos a Ceuta y Melilla, España optó por regalar Orán y Mazalquivir. Francia se dio cuenta del error que estaba cometiendo España, y se presentó en Argel, la tomó, e inició la conquista del norte de África, la cual tendría mucho futuro, pues al inicio del siglo XX sería casi completa, quedando España relegada a potencia muy marginal y secundaria en la zona, al tiempo que seguía siendo “culpabilizada” por los rebeldes marroquíes sistemáticamente.

Con Marruecos se trató de hacer otro tratado similar al de Argel, condescendiente, que se terminaría en 1799. El error diplomático español no era comprensible dada la mucha experiencia que España tenía en la zona.

Proyecto de alianza con Rusia. En 1787, Turquía atacó a Rusia con intención de recuperar Crimea. Las potencias culparon a Prusia de armar a los turcos con el fin de animar una guerra en el sur que impidiese la alianza entre Rusia y Austria, que acabaría con los planes de expansión prusianos en el norte.

Gran Bretaña hizo entonces una alianza entre Inglaterra-Prusia y Holanda, a la que respondió Catalina la Grande de Rusia con un proyecto de alianza Rusia-Austria-Francia-España, proyecto que se presentó en Madrid a fines de mayo de 1788 (y en el que se incluía a Nápoles como aliado de España). Las negociaciones las llevó ya el nuevo monarca, Carlos IV, en 1789.

 

 

CERRAZÓN DE LA IGLESIA A SU RENOVACIÓN.

 

En 28 de septiembre de 1786, Pedro Leopoldo Gran duque de Toscana, convocó el Sínodo de Pistoia el cual fue dirigido por el obispo Scipione di Ricca. El concilio declaró que la infalibilidad residía en el concilio y no en el Papa. La idea era propia del jansenismo reformista, pero marcaba con su fracaso el final de este movimiento reformador del catolicismo. Los jesuitas declararon su oposición rotunda a los reformistas, incluido Carlos III de España. La lucha empezó por oponerse a la canonización de Juan Palafox obispo de Puebla, canonización que promovía Carlos III para apoyar el progresismo católico. Juan Palafox Mendoza había sido virrey interino de Nueva España en 1642 y había apoyado el acceso de los indios a cargos públicos y el fomento de la economía y comercio americanos, y fue luego arzobispo de México en 1643. Pero quiso someter a los regulares a las visitas de inspección del obispo, y ello causó la furia de los jesuitas. En 1688, se propuso su beatificación en México, aunque ya había iniciado lo mismo Osma en 1666, y los jesuitas se opusieron frontalmente y lograron impedirla. Hay que decir que Juan Palafox fue declarado beato en 2011, lo cual matiza y da un significado especial al momento religioso de fines del XVIII.

 

 

LA REFORMA DE HACIENDA DE PEDRO DE LERENA.

 

En enero de 1785 se hizo cargo de Hacienda Pedro López de Lerena. Estuvo en el cargo hasta 1792. Este Secretario de Despacho de Hacienda era muy consciente de los problemas de fondo en su departamento, e intentó una reforma de Hacienda que le parecía más factible, abandonando momentáneamente el proyecto de “Única Contribución” para Castilla, que parecía inviable. Se alegó que “la exactitud matemática era inviable”. Se volvió a tributos que ya existían en el siglo XVI, pensando que la tradición probada era más efectiva que los ensayos racionales enciclopedistas.

En primer lugar, propuso un sistema de encabezamientos para el cobro de impuestos de las Rentas Provinciales. El sistema era más sencillo que la Contribución Única, pues no necesitaba de catastro previo: en cada pueblo, unos vecinos se encargarían de cobrar los impuestos confiando en que los del pueblo sí que sabían la riqueza de que disponía cada vecino, lo cual significaría que cada vecino cotizase según la riqueza real que poseía. Según Lerena, el proyecto permitiría rebajar los impuestos sobre artículos de primera necesidad, unificar las oficinas de recaudación bastando una en cada provincia, y vigilar y seleccionar al personal de Hacienda a fin de evitar los muchos casos de corrupción y de personas que no hacían absolutamente nada en su cargo, que todos conocían.

No resultó tan fácil como parecía por dos razones, porque los perjudicados por el nuevo sistema no estuvieron de acuerdo en colaborar y porque Hacienda necesitaba más recursos de forma inmediata.

El nuevo sistema de Hacienda perjudicaba a los más ricos, que normalmente ocultaban a Hacienda gran parte de sus riquezas, y se opusieron.

Sería conveniente recordar el sistema de impuestos vigente en el siglo XVIII, que hemos tratado en “18.4.13.El sistema de impuestos en el siglo XVIII”. Los impuestos eran muchos, complicados de cobrar y pesaban mucho más sobre las capas más pobres de la sociedad, que sobre los ricos.

Lerena se propuso configurar las cuentas de Hacienda, disponer de una balanza comercial, y también utilizar la fiscalidad como instrumento de la política comercial, desgravando algunos productos y presionando sobre otros.

Por un lado se rebajaron algunos impuestos:

Por estos años se rebajaron las alcabalas y se pusieron al 5% en Castilla, 8% en Andalucía, 2% en productos alimenticios básicos, 2% para manufacturas nacionales, 4% para el resto de géneros nacionales, mientras se ponía el 100% para los productos extranjeros. Los impuestos de alcabala habían llegado durante el XVIII hasta el 14%.

En Cataluña se cobraba hasta ese momento la bolla, que era un impuesto sobre el paño fabricado y vendido. Un inspector de tributos ponía un sello al inicio de la pieza y otro al final y comprobaba la longitud de la misma, de modo que en sucesivas visitas cobraba el 15% de lo vendido. Cada vez que había una venta, el inspector ponía un sello de cera, o bolla, para saber cuánto quedaba de la pieza. El impuesto de la bolla fue rebajado al 8% y sin visitas de inspectores y la recaudación aumentó.

En 1785, Lerena hizo estadísticas de comercio exterior y de producción interior, que avanzaban hacia la instalación de impuestos mejor repartidos, pero era un trabajo más complicado de los que Lerena creyó en un primer momento. El censo de Floridablanca de 1787, al fin y al cabo, no es más que la continuación de estos estudios de Hacienda.

De otra parte, se creó un nuevo impuesto que compensara con creces las bajadas antes dichas: el nuevo impuesto se llamó “impuesto sobre frutos civiles”, y se sumaba al de las Rentas Provinciales. Gravaba sobre los arriendos de tierras, ingresos de las fincas, derechos reales y jurisdiccionales en un porcentaje de un 4,6% sobre las rentas percibidas. En otra fuente he leído que las rentas de tierras tributaban un 2,5% para los propietarios residentes en la misma localidad y un 5% para los que vivían fuera de ella. No puedo explicar la discrepancia de las fuentes.

Pero este nuevo impuesto sobre frutos civiles necesitaba un censo de frutos y manufacturas. Lerena se lo encargó a Alcalá Galiano. El catastro que los españoles más ricos se empeñaban en obstaculizar, se hacía necesario una vez más.

 

Lógicamente con los medios aplicados, el proyecto de impuesto sobre frutos civiles fracasó, y el de encabezamientos de las rentas provinciales resultó inviable, si no funcionaba el primero, pues no se podía permitir bajadas de recaudación.

Y una reforma impositiva, que era de justicia y mucho más necesaria, quedó sin hacer: Se mantuvieron los poderes jurisdiccionales de la nobleza y el clero, e incluso se permitía que éstos recaudaran impuestos en su propio beneficio y que aplicaran penas de muerte cuando habían adquirido del rey la “alta jurisdicción” o el “mero imperio”, algo que parecía superado en el siglo XIV. Los nobles estaban tan envalentonados que llamaban a sus señoríos “estados”.

 

 

LA BURBUJA DEL PAPEL EN 1785-1808.

 

No fue muy buena la mejoría de la operación de los vales reales, de la cual hemos hablado al principio de este artículo, pues se había abierto una burbuja económica peligrosa. Aparentemente era un buen negocio emitir papel y la gente estaba animada, pero la realidad, que nadie quería ver, era que no se podían avalar tan grandes cantidades de dinero. Carlos III se animó a emitir más vales para financiar, según la propaganda oficial, la Acequia Imperial y el Canal Real de Tauste:

El 7 de julio de 1785 emitió 4,2 millones de pesos.

En 1788 emitió 2,4 millones de pesos.

La burbuja dependía de la seguridad del comercio del Atlántico, de la recaudación de impuestos que había que reformar, y de los gastos de guerra que estuviera dispuesta a hacer España, cuestiones muy frágiles, pero que nadie quiso ver como peligrosas durante el final del XVIII. Ni siquiera Carlos IV reconoció la profundidad de la burbuja en que España se había metido, y así se continuó, en quiebra técnica del Estado, hasta mediados del siglo XIX.

La burbuja fue simultánea a una serie de irracionalidades financieras: En 1788 la situación de Hacienda era insostenible y, a pesar de ello, se tomó una medida extraordinaria: condonar deudas al Erario Público por atrasos en el pago de contribuciones. ¿Se quería hacer borrón y cuenta nueva, y dar un poco de confianza a los tenedores de deuda? ¿o tal vez se renunciaba a esforzarse en la recuperación de una deuda que parecía de todos modos irrecuperable?. Se estaba entrando en una época de optimismo. Llegaron al Gobierno unos pocos optimistas que pensaban que todo tenía solución y precisamente la clave era abordar el problema con optimismo.

Para aparentar que había respaldo económico, se pusieron como garantía de los vales reales las propiedades del Canal Imperial de Aragón (tierras de regadío), las rentas de Correos, y los derechos de exportación de la lana. Pero el total de vales emitidos ascendía a 548 millones de reales. La burbuja seguía creciendo. La cantidad recuperada por el Banco de San Carlos en 1788 era de 15 millones de reales, un 2,6% del total del papel nuevo emitido, lo que significaba que no se tardaría 20 años en amortizar la deuda, sino mucho más, tal vez nunca.

Entonces se cayó de pleno en la tentación de hinchar la burbuja hasta el final: La Compañía de Filipinas, que estaba en quiebra técnica, solicitó del rey la emisión de vales, comprometiéndose a amortizarlos en 10 años, y Carlos III accedió en 1790 a emitir 59,85 millones de reales en vales de 300 pesos cada uno.

En octubre de 1790, Pedro de Lerena, Secretario de Hacienda, hizo un alarde insólito de optimismo manifestando que se podía conseguir crédito en Amsterdam y en otras plazas europeas. Aunque la situación era de quiebra técnica del Estado español, los políticos podían aparentar lo contrario de lo que sabían que estaba ocurriendo. Y creían que así, con declaraciones que generaran confianza, se conseguiría nuevos créditos y se saldría del agujero.

Y entonces apareció la circunstancia menos deseada, la guerra, Guerra de la Convención 1793-1795, y Godoy, el nuevo gobernante, se lanzó de lleno a hinchar la burbuja de papel:

En febrero de 1794 lanzó 243 millones de reales al 5%, para los que creó un “fondo de amortización especial” a base de los ingresos del impuesto de propios y arbitrios, más los impuestos del derecho de indulto de extracción de la plata.

En agosto de 1794 lanzó 18 millones de pesos más (unos 270 millones de reales).

En febrero de 1795 lanzó otros 30 millones de pesos (unos 450 millones de reales).

Estas emisiones de vales reales vinieron acompañadas de incrementos en los impuestos sobre el tabaco, sal y papel sellado, de reducción de los sueldos de los funcionarios, de contribuciones impuestas a las Órdenes Militares, a la Encomienda de San Juan y a los pensionistas de la Orden de Carlos III, y de un subsidio extraordinario de 36 millones de reales sobre las rentas eclesiásticas.

Otra medida recaudatoria fue la petición a los obispos y cabildos del oro y la plata no estrictamente necesarios para el culto.

La cifra de vales reales emitidos en 1793-1795, 963 millones de reales, era espectacular, equivalía al presupuesto del Estado de un año entero. Ciertamente se pusieron muchas garantías, como la renta de las salinas, el indulto cuadragesimal, las rentas de cargos y beneficios eclesiásticos vacantes, la contribución extraordinaria (del 6% sobre la tierra y 4% sobre los inmuebles), el impuesto sobre los mayorazgos (impuesto de 1795, del 15% del valor, sobre los mayorazgos que se establecieran en adelante), el impuesto sobre bienes adquiridos por manos muertas (el 15% del valor de lo adquirido), pero no dejaban de ponerse como avales lo que eran ingresos ordinarios que no bastaban para cubrir el gasto ordinario del Estado español. Además, si las guerras se perdían, el Estado no podría hacer frente a los pagos y se declararía en quiebra, convirtiéndose los vales en papel mojado. La guerra de 1793-1795 se calcula que le costó a España 847 millones de reales, según dice la Historia General de España y América, es decir, que todo el esfuerzo financiero se lo había comido la guerra.

Consecuentemente, la cotización de los vales empezó a bajar, y en 1794 se cotizaron al 91%, en 1795 al 86% y seguirían bajando.

En octubre de 1796, Carlos IV inició una nueva guerra con Gran Bretaña y las cotizaciones de los vales, lógicamente, se hundieron: en 1798 se pagaban a 71%.

Pero como cuando las cosas van mal, siempre pueden ir a peor, surgió la posibilidad de un negocio nuevo, puramente especulativo: comprar vales con quebranto y colocárselos al Estado, que debía comprarlos a nominal. Comprar al 71% a los particulares y vender al 100% al Estado era un buen negocio para algunos especuladores, siempre que se pudiesen endosar al Estado esos vales. En futuras emisiones de vales, el Estado tendría que vender a precio reducido, el que estuviera vigente en el mercado, y comprometerse a devolver el nominal, con un resultado catastrófico de salida. La confianza del inversor en vales tenía que ser mucha para seguir comprando.

Los vales empezaron a parecerse a los viejos juros: los vales habían sido, al principio, una obligación general del Estado y no estaban asignados a ninguna renta como los juros, pero, si se fijaban a cubrir su pago unos impuestos determinados, resultaban similares a los juros.

Y se crearon organismos, diferentes de Hacienda, para administrar ese fondo de financiación del Estado, de forma que se recuperara la confianza en los vales. Estos organismos eran la Caja de Amortización de febrero de 1798 y la Junta Gubernativa de Consolidación de Vales de agosto de 1800.

En abril de 1789 se volvieron a emitir 800 millones y los vales perdieron el 40% de su valor e incluso en 1800 llegaron a tener un 70% de quebranto en algún momento. El 27 de marzo de 1802, tras la Paz de Amiens, el valor se recuperó y alcanzó el 90% del nominal. La Caja de Amortización captó el aviso que le estaba dando el mercado y retiró 300 millones de reales en vales, pero el quebranto creció y en 1804 estaba en el 57%. Carlos IV no podía ser muy popular entre los burgueses y nobles que habían comprado vales reales.

En 1808, con la guerra, los vales se hundieron. Se recuperaron un poco en 1816 cuando Martín Garay fue Secretario de Hacienda de Fernando VII y recogió 7 millones de pesos, pero la desconfianza ya nunca desapareció. En 5 de agosto de 1818 se hizo que perdieran su valor monetario y se convirtieran en deuda pública corriente, pues de hecho ya no circulaban, pues no eran aceptados. Los nobles y burgueses pedían que se los hicieran efectivos en plata o de alguna otra manera, pero ello no fue posible hasta la desamortización de 1836, un nuevo buen negocio para los tenedores de vales. Y también para los políticos. Buen negocio económico, porque podían ofrecer el doble del valor de mercado de las mismas, pues pagarían con vales cotizados al 50% de nominal. Buen negocio político, porque una vez cedidos los vales a cambio de tierras, los antiguos tenedores de vales no podían volverse atrás en su apoyo al liberalismo y a Isabel II, o de lo contrario, perderían el negocio.

 

 

El papel jugado por el Banco de San Carlos en la burbuja del papel.

 

A partir de 1785 se permitió que los particulares hicieran depósitos en el Banco de San Carlos y abrieran cuentas corrientes, a fin de obtener capital por diferente medio al de las acciones, pero la gente tampoco aceptó. La causa era obvia: existían los vales reales, un papel que cumplía los mismos servicios y además daba intereses anuales.

Cabarrús tenía un negocio muy rentable utilizando el Banco de San Carlos: obtuvo el monopolio de exportar plata en barras, que se pagaba muy bien en Europa, mucho más que en España. A partir de 1783, con la Paz de Versalles, las remesas volvían a llegar desde América y era viable. Pero en 1791, Cabarrús fue encarcelado, en 1793 se inició la guerra a Francia, y ésta cortó el suministro de metales americanos, y en 1796 se declaró la guerra a Inglaterra, y los metales americanos dejaron de llegar en cuantía importante, y el negocio de la plata se arruinó.

El abastecimiento al ejército resultó ser un negocio ruinoso y el banco lo abandonó en 1791. En siete años el banco había perdido 38,5 millones de reales en esta gestión.

A partir de ahí, la gestión del banco fue poco acertada: compró 31 millones de reales en deuda pública francesa en 1788 y fracasó con la revolución de 1789 y vaivenes de los gobiernos republicanos; el banco especuló con sus propias acciones y se ahogó; en 1782 emitieron billetes-cédulas sin interés, convertibles a la vista, que circularon como dinero.

 

 

EL CENSO DE FLORIDABLANCA A PARTIR DE 1786.

 

En 25 de julio de 1786 ordenó Floridablanca hacer un censo de población y recursos, esta vez por reinos, principados y provincias y no por obispados, y también publicó los datos del censo de Aranda de veinte años antes. El censo y el catastro eran los instrumentos urgentes e imprescindibles que Hacienda necesitaba y se llevaban intentando desde 1715.

En 1787 Floridablanca empezó el censo sobre todos los territorios de la Corona española y no sobre los obispados, como había hecho Aranda anteriormente, lo que constituye una novedad y un trabajo del máximo interés para políticos e historiadores. Los franceses, cuando llegaron en 1808, utilizaron este censo. Además, el censo estuvo hecho por autoridades municipales, que ciertamente se valían del párroco para ir de casa en casa preguntando a la gente y, a veces, para tener alguien que supiera leer y escribir, pero que dirigían desde el poder laico el procedimiento. Se entiende que este procedimiento evitaba que los intereses del clero, predominasen demasiado sobre la realidad.

El censo de Floridablanca es de mucha fiabilidad, pues abarcaba todos los pueblos de España por pequeños que fueran, y además informaba sobre las edades y profesiones de cada persona censada. Hay algunas dudas sobre él, y por ejemplo, Pierre Vilar dice que en Cataluña, las cifras están mal sumadas. El resultado sería una población española de 10.400.000 habitantes.

Por ejemplo, sabemos datos sobre la Iglesia española gracias a este censo: En 1787 había en España 3.189 conventos, de los cuales 2.067 eran masculinos y albergaban a 51.740 frailes y 1.122 eran femeninos y tenían 26.250 monjas. Tenían privilegios fiscales y consuntivos. Tenían propensión marginal al consumo y enseguida emprendían gastos de ampliaciones de conventos, construcción de nuevas iglesias, compra de estatuas y cuadros, realización de obras benéficas… El 80% de ellos eran mendicantes, principalmente franciscanos. Los mendicantes eran predicadores urbanos aparecidos entre 1400 y 1650, que en principio vivían de pedir, pero que en el XVIII ya tenían algunas rentas patrimoniales y, sobre todo las monjas, tenían rentas de dotes, rentas de casas y activos financieros.

 

Hambruna en 1786-1787.

En 1786 y 1787 hubo hambruna en España por mala cosecha de cereales. A las dificultades generadas por los políticos, la burbuja del papel, se sumaba la catástrofe natural.

 

 

REFORMAS POLÍTICAS DE 1787.

 

En tiempo de crisis económica, se intentaron reformas políticas como si la política por sí misma pudiera solucionar las crisis. En 1787 se tomaron dos medidas políticas de urgencia: la división de la Secretaría de Despacho de Indias en dos secretarías, y la creación de una Junta Suprema de Estado.

 

División de la Secretaría de Indias:

En 8 de julio de 1787, a la muerte de José de Gálvez Gallardo, la Secretaría de Indias fue dividida en dos, al tiempo que se creaba la Junta Suprema de Estado y con ella se ampliaba el equipo de Gobierno:

Gracia y Justicia de Indias (o de Ultramar), Antonio Porlier,

Guerra, Comercio, y Navegación de Indias (con competencias en Hacienda de Indias), Antonio Valdés y Fernández Bazán.

Secretario de la Junta Suprema de Estado, Eugenio Llaguno Amirola, que era el oficial más antiguo de Secretaría de Despacho de Estado, es decir del negociado de Floridablanca.

Ambas Secretarías, “Gracia y Justicia de Indias”, y “Guerra, Comercio y Navegación de Indias”, se reunificarían de nuevo en una sola, en 1790. Igualmente, la Junta Suprema de Estado desapareció en 1792.

Con esta ampliación del número de Secretarías de Estado y Despacho, se llegó al máximo, siete, pues las clásicas fueron cinco. Recordemos que la primera división de la Secretaría de Estado, origen de todas las demás, se había producido en 1705, para separar Estado de Hacienda y Guerra. En 1714 fueron cuatro Secretarías, cinco en 1754 y siete en 1787. En 1790, las dos Secretarías de Indias repartieron sus funciones entre la Dirección de Rentas, Dirección de la Real Hacienda y Dirección de Comercio de Indias y desaparecieron como Secretarías de Estado, volviendo a ser cinco las Secretarías. La Junta Suprema de Estado fue suprimida en 1792.

 

 

La Instrucción Reservada de 1787.

El 8 de julio de 1787, Floridablanca emitía la “Instrucción Reservada que la Junta de Estado… deberá observar…” Con ello se creaba un órgano nuevo denominado Suprema Junta Ordinaria y Perpetua de Estado, pero de manera resumida, Junta Suprema de Estado.

Estas instrucciones de la Instrucción Reservada constaban de dos partes claras, una de relaciones con la Iglesia, y otra de política general.

En cuanto a relaciones con la Iglesia, fijaba las posturas del regalismo español prohibiendo congregaciones y concilios que tratasen de luchar contra las regalías y derechos del monarca, que tratasen de evitar el deber de tributar. Las congregaciones deberían tener un provincial que impusiera disciplina y respeto a las leyes españolas, y debía ser español, con jurisdicción sobre los clérigos y conventos españoles. El matrimonio debiera ser regulado a fin de no perjudicar a los hijos. Se debiera crear la Rota de la Nunciatura para no llevar tantas reclamaciones a Roma. El clero debería pagar algunos impuestos. Se debería controlar a los calificadores del Santo Oficio a fin de que no actuasen contra el monarca y su Gobierno y a fin de que esas personas fueran instruidas y afectas al rey. Los cristianos nuevos deberían tener iguales derechos a los cristianos viejos. Las diócesis grandes deberían subdividirse para no constituir órganos de poder político, diferentes de lo que debe ser un servicio religioso. Cada eclesiástico debía residir en su lugar de destino. No se amortizarían nuevos bienes a favor de regulares, capellanías ni fundaciones perpetuas. Los esponsales y contratos matrimoniales, así como dispensas matrimoniales (permisos para casarse entre familiares hasta séptimo grado) debían gestionarse dentro del Estado español y no en Roma, porque ir a Roma acarreaba pérdida de tiempo y dinero.

En cuanto a las reformas que necesitaba la Administración del Estado, creía que los Tribunales Superiores de las provincias debían ser completados con otros de rango inferior para resolver delitos menores, y que los tribunales deberían tener ordenanzas acordes al tiempo actual. Se debería regular de nuevo la elección y las competencias de autoridades desde las más altas a las más cercanas al ciudadano. Se deben regular los hospicios, hospitales y casas de misericordia, y tratamiento que se da a los vagos, haciendo recluta continua de desaplicados, vagos y traviesos para el ejército. Se debían estimular las Sociedades Económicas. Se debían eliminar las vinculaciones al desaparecer la familia que las creó y eliminar los pequeños mayorazgos, aunque los grandes pudieran tener alguna utilidad. Se debía crear una Academia de Ciencias y cátedras de Comercio (economía), un banco nacional, canales de riego y navegación, pantanos. Se deben conservar los montes, dar libertad de comercio de granos y libertad de comercio en general eliminando impuestos. Se debería poner en cultivo un tercio de los eriales. Y todas estas medidas económicas se deberían tomar también en América. España se debería hacer cargo del comercio de negros desde Fernando Poo.

En política internacional, la Instrucción Reservada se ocupaba de dar instrucciones para cada territorio americano y Filipinas, recomendaba la división del Consejo de Indias en departamentos más pequeños. Se debería mejorar el ejército y la marina, así como el comercio de cabotaje, la pesca. Se debería iniciar una política de extinción de la deuda pública, favorecer el proteccionismo comercial. Se deberían cortar los abusos de los recaudadores de rentas del Estado a fin de poder rebajar los impuestos, poniendo una “contribución única”, es decir, igual, universal y sencilla. El resto del comunicado son instrucciones de política exterior.

En resumen, Floridablanca quería incorporar los señoríos jurisdiccionales a la Corona, acabar con los pequeños mayorazgos, estimular el desarrollo económico del país, buscar el equilibrio exterior de potencias que garantizase el dominio sobre América, para lo cual era fundamental atraer a Portugal a una alianza con España, abandonado la que tenía con Inglaterra.

 

La Junta Suprema de Estado.

La Junta Suprema de Estado, oficialmente “Suprema Junta Ordinaria y Perpetua de Estado”, de 8 de julio de 1787 era un intento de coordinar a las Secretarías de Despacho y crear una especie de Gobierno, precursor del Consejo de Ministros de 1823 y de los actuales Gobiernos del siglo XXI. Floridablanca insistió en un Gobierno centralista, más centralista todavía que el de los primeros Borbones, y controlado por él mismo. Recordemos que en ese tiempo suprema significaba soberana.

En el siglo XVIII, antes de la existencia de esta Junta Suprema de Estado, cada Secretario de Despacho tomaba decisiones por su cuenta y despachaba directamente con el Rey, y Floridablanca pretendía que las decisiones se comunicaran a todos, que el Jefe de Gobierno se enterase de todo y enterase también al rey, y que el Gobierno estuviese más centralizado y uniformado.

La Junta Suprema de Estado era convocada a voluntad del monarca, y se hizo costumbre que el rey no asistiera y fuese presidida por el Secretario de Estado, Floridablanca, que además actuaba como enlace con el rey comunicándole los asuntos tratados cada semana.

La componían los siete Secretarios de Estado y Despacho, que se reunían un día a la semana, y cuando fuera de urgencia y gravedad. El monarca podía convocar a la Junta a otros cargos, civiles y militares, en casos de gravedad de un asunto en el que fueran útiles sus consejos y ayuda, por lo que no era un “consejo de ministros” contemporáneo.

Era Secretario de la Junta Suprema de Estado el Secretario del Consejo de Estado. Era presidente de la Junta Suprema de Estado el rey, pero en su ausencia lo hacía el Secretario de Despacho de Estado, Floridablanca.

 

Las funciones de la Junta Suprema de Estado eran:

Deliberar sobre asuntos que sobrepasaran las competencias de un Secretario de Despacho individual;

Dirimir conflictos entre las Secretarías de Despacho, entre ésas y los Consejos, y entre los órganos de Gobierno y los tribunales de justicia. La Junta Suprema de Estado atribuía a cada institución de Gobierno las competencias que les correspondiera a fin de que el asunto fuera gestionado competentemente, es decir, dirimía conflictos entre Secretarías y Consejos, entre Secretarías y Tribunales de Justicia, y entre unas Secretarías y otras. La Junta coordinaba pues a las Secretarías, los Consejos, Juntas Supremas y Tribunales.

Informar al rey sobre las resoluciones adoptadas.

La Junta Suprema de Estado también estudiaba las propuestas para atribuir los cargos y empleos de la Administración y del ejército, tanto en España como en Indias, según mérito y conocimientos demostrados, y cualidades del candidato.

La Junta Suprema de Estado entendía de todos los negocios de las siete Secretarías de Despacho Universal, de los de las Juntas Supremas, de los de Tribunales.

Con este organismo, Floridablanca eliminaba la discrecionalidad de actuaciones de los gobernantes españoles, pues asumir o no un tema o hacer un nombramiento, ya no dependía de cada institución, sino que lo debía comunicar a la Junta, y esta asentía o negaba. Incluso algunos asuntos podían ser tratados de forma global por varias Secretarías de Despacho, si así lo decidía la Junta Suprema de Estado. Y todas las resoluciones, obligatoriamente debían ser comunicadas al monarca.

 

El Reglamento de Funcionamiento de la Junta Suprema de Estado fue concienzudo y fue aprobado por Carlos III. Floridablanca alcanzaba con ello el máximo poder:

Los Consejos quedaban subordinados a las Secretarías de Despacho. Los Consejos eran el Consejo de Estado, Consejo de Castilla, Consejo de Indias, Consejo de Órdenes, Consejo de Guerra y Consejo de Hacienda. También había una Cámara de Castilla, dentro del Consejo de Castilla, con nivel de Consejo de Gobierno. Los Consejos eran deliberativos y de apelación, pero sin poder ejecutivo. Se reunían una vez por semana y siempre que se juzgase conveniente. Realizaban las funciones del Consejo de Estado, pero al margen del Consejo de Estado. Con esta Junta Suprema de Estado, Floridablanca gobernaba sobre todos los Consejos y se imponía a Aranda.

 

La Junta Suprema de Estado como devaluación de los Consejos.

Con la creación de la Junta Suprema de Estado, los Consejos, desvirtuados a partir de 1701 por el Consejo de Gabinete, y en 1726 por las Secretarías de Patiño, quedaron en la nada, lo cual era relegar a los Grandes, los cuales ocupaban los cargos de Consejeros, a la inutilidad política más absoluta. Aranda trataría de revitalizar los Consejos en su momento. Para ello, tenía que destruir la Junta Suprema de Estado, y los hizo en cuanto Floridablanca fue despedido.

La Junta cayó tras la caída de Floridablanca, en 28 de marzo de 1792. Había funcionado durante cinco años y se había reunido 186 veces.

Los Consejos, que sólo eran cuerpos deliberativos, consultivos y tribunales de apelación, eran el Consejo de Castilla (Consejo Real), Consejo de Estado, Consejo de Indias, Consejo de Órdenes, Consejo de Guerra, Consejo de Hacienda y la Cámara de Castilla (que aunque era un organismo del Consejo de Castilla, tenía entidad suficiente para ser citado aparte).

 

 

INICIATIVAS CIENTÍFICAS Y CULTURALES 1787-1802.

 

En 1787 y hasta 1802, se organizó en México la Real Expedición de Nueva España al cuidado de Martín de Sessé, que recorrió México, Guatemala, California, Cuba y Puerto Rico, y envió a José Mariano Mociño a Nutca, en el Canadá Occidental, y con los frutos de la expedición creó el Botánico de México.

En 1788 apareció en Madrid el Diario de Madrid con información local, actualidad social y científica y literaria, y colaboraciones de los lectores. Habían comprado los locales del “Diario Noticioso, Curioso-Erudito…” de 1758, fracasado en 1781.

En 1787 se creó el Colegio Real de San Carlos en Madrid para enseñar cirugía, centro que fue muy avanzado, pero no se le dotó de fondos y fracasó. Los conservadores se oponían a estos colegios porque amenazaban con acabar con todo el sistema de enseñanza universitaria.

 

En el terreno de la economía, las “Cartas Político-Económicas al conde de Llerena”, de León de Arroyal, empleado de Hacienda, escritas hacia 1786-1790, y a veces equivocadamente atribuidas a Campomanes y a Cabarrús, plantearon el problema de la relación entre política y economía, defendiendo que la libertad política es el resultado de la libertad económica y reclamando las reformas políticas y económicas precisas para que fuera posible el cambio hacia el desarrollo económico y social.

Los cambios no llegaron. La petición de cambios era notable en tiempos de Godoy y las críticas se volvieron contra él, que intentaba algún cambio parcial, pero no se atrevía con el fondo del problema.

León de Arroyal, en sus Cartas, se planteaba cómo templar los abusos de un rey absolutista, y los de sus validos, y encontraba como solución la existencia de una “regla de gobierno” a la que atenerse, lo que hoy llamaríamos una constitución. Los males del absolutismo eran la lentitud burocrática, la multitud de organismos políticos, la actuación aislacionista de cada uno de los organismos políticos, ardientes defensores de sus jurisdicciones, que gastaban el tiempo en luchar contra posibles injerencias de otro organismo. Otro mal era la concepción Austria del absolutismo, con distintas leyes territoriales y locales, que sólo agravaban el mal antes dicho.

La solución a los males de la política española, según Arroyal, era imponer un impuesto proporcional a la riqueza, eliminación de privilegios, desamortización nobiliaria y eclesiástica, y desvinculación, creando un sistema que no dejara a los segundones en la miseria, sino que esos talentos fueran aprovechados por el Estado.

La industria catalana introdujo las primeras máquinas de vapor. Y hubo iniciativas industriales en otros puntos de la península: Sagardelos en Lugo inició una fábrica de cerámica y otra metalúrgica.

Se pusieron gravámenes especiales a los productos extranjeros, iniciándose un cierto proteccionismo.

 

 

LA OPOSICIÓN A FLORIDABLANCA EN 1787.

 

En octubre de 1787 volvieron a Madrid los enemigos políticos de Floridablanca: Aranda que volvía desde su embajada en París en la que había estado once años, y O`Reilly, desde su capitanía general de Andalucía. Inmediatamente intentaron una nueva ofensiva para llegar al poder y hacer las reformas que proponían desde hacía décadas:

Se opusieron a la existencia de la Junta de Estado, y aprovecharon la circunstancia de un decreto de Floridablanca, en el que algunos militares perdieron el tratamiento de “excelencia”, mientras lo adquirían los caballeros de la orden de Carlos III, para hacer una campaña populista entre los militares y entre el pueblo de Madrid, en el que aparecieron pasquines.

Los puntos fundamentales de discrepancia entre Aranda y Floridablanca eran que Aranda quería mantener los Consejos y la colaboración nobiliaria con el Gobierno, mientras Floridablanca quería unas Secretarías más fuertes que los Consejos, una Junta Suprema de Estado que estaría por encima de las Secretarías y los Consejos. Por otro lado, Aranda quería una autonomía de los territorios americanos tutelada por príncipes españoles sometidos al rey de España, de forma que los americanos atendiesen a sus propias necesidades militares y civiles y todavía aportasen fondos para el Gobierno español, mientras Floridablanca quería la unión de todos los territorios bajo una misma administración dirigida desde España.     La idea de Aranda de las autonomías se veía como peligrosa, pero la idea de Floridablanca de controlar las Indias desde España, desde nuestro punto de vista actual nos parece imposible para aquella época, dada la magnitud del territorio a controlar y lo complejo de los negocios allí instalados, tanto en materia social y jurídica, como económica y militar.

En 10 de octubre de 1788, Floridablanca se sentía acosado por la oposición “aragonesa” y renunció al cargo. Carlos III no aceptó la dimisión. El rey “estaba resfriado” y no quería recibir al dimisionario. El 13 de diciembre el rey testó, y disponía que Floridablanca permaneciese en su cargo y la Junta de Estado perdurase. El rey estaba a punto de morir.

 

Muerte de Carlos III en 1788.

 

En octubre de 1786, Carlos III sufrió un desmayo de media hora que fue interpretado como síntoma de su final. Todavía le quedaban dos años de vida.

En 2 de noviembre de 1788, murió de viruela Mariana Victoria de Braganza, después de un parto difícil. El bebé, nacido en 28 de octubre, murió en 9 de noviembre de 1788.

El 23 de noviembre de 1788 murió el esposo de Mariana Victoria, el infante Gabriel de Borbón y Sajonia, décimo hijo de Carlos III y cuarto de los varones.

En esos días, Carlos III padecía un catarro intenso. Marchó de El Escorial a Madrid para evitar el aire frío de la sierra. Todavía el 6 de diciembre el rey tuvo el capricho de “cazar”, pero se sintió indispuesto mientras cazaba y se retiró a sus habitaciones.

El 14 de diciembre de 1788 murió Carlos III. Carlos III se había sentido abrumado por la conducta de su hijo el rey de Nápoles, la muerte de su nuera portuguesa María Ana Victoria y la de su hijo Gabriel y sus nietos María Luisa, Carlos Domingo, Carlos Francisco y Felipe Francisco y cayó en depresión y fiebre, se recluyó en sus habitaciones, se hizo trasladar de El Escorial a Madrid en diciembre de 1788 y murió en la madrugada del 14 de diciembre de 1788.

Carlos IV recogió el deseo de su padre de mantener a Floridablanca en el Gobierno, y mantuvo la situación de Gobierno cuatro años más. Pero el gran aliado de Floridablanca, Carlos III, ya no estaba para apoyarle y eso se notó mucho.

 

 

[1] Antonio Valdés y Fernández Bazán, 1744-1816, fue Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina en marzo de 1783. Es recordado en la historia, ante todo, por proponer una bandera única para los barcos de la escuadra española y presentar varios modelos en 1785, de los que el rey Carlos III escogió el rojo, gualda y rojo, bandera que en 1843 sería aceptada como la de España. También es recordado por un dique que mandó hacer en el arsenal de La Carraca (Cádiz) en 1787 para los más grandes barcos de guerra, y por la construcción del arsenal de Cartagena en 1792.

[2] Miguel de Múzquiz Goyeneche, 1719-1785, I marqués de Villar de Ladrón, 1767-1785, I conde de Gausa, 1783-1785, fue educado en alicante por su tío Juan de Goyeneche Guiquirrena, administrador de la renta de tabaco en esa ciudad. Su tío le colocó en 1736 como paje del Secretario de Hacienda, Mateo Pablo Díaz de Lavandero, y con él aprendió con aplicación y aprovechamiento la contabilidad y entresijos de la Secretaría. En 1766 fue nombrado Secretario de Despacho de Hacienda sustituyendo a Esquilache. En 1780 se le concedió también la Secretaría de Despacho de Guerra, a pesar de ser un civil. En 1782 colaboró en poner en marcha el Banco de San Carlos.

[3] Jerónimo Manuel Caballero y Vicente del Campo, 1721-1807, I marqués de Caballero, Secretario de Guerra en 1787-1790, y en 1801-1805, tuvo un sobrino llamado José Antonio Caballero Vicente del Campo y Herrera, 1754-1821, II marqués de Caballero que fue Secretario de Gracia y Justicia en 1798-1808, y Presidente del Consejo Supremo de Hacienda en mayo de 1808 para Fernando VII.

[4] Pedro Rodríguez de Campomanes, 1723-1802, I conde de Campomanes 1780-1802, había sido educado en Santillana del Mar por un canónigo tío suyo que le había enseñado un buen nivel de latín a sus 10 años de edad, lo que le preparaba para ir a la Universidad. Estudio Leyes en Oviedo y en Sevilla y se trasladó a Madrid a abrir bufete. Se hizo experto en lenguas vivas y muertas. De 1747 a 1750 demostró preparación en historia y en economía publicando en 1747 Historia sobre la Orden y Caballería de los Templarios, libro en el que expone la condena y muerte de sus últimos dirigentes, y también el destino final de los bienes de la orden. En 1750 publicó Bosquejo de Política Económica española deliberando sobre el estado presente de sus intereses con el pseudónimo de Rodrigo Perianes Campo. En los siguientes años, estudio los concilios españoles. En 1755 dio el salto a la política empezando como Director General de Correos y Postas, para pasar a Secretario de Despacho de Hacienda en 1760, Fiscal del Consejo de Castilla en 1762. En ese momento comienza a exponer proyectos políticos: en 1764 Respuesta del Fiscal sobre abolir la tasa y establecer el comercio de granos, momento en que ya empieza a plantearse la necesidad de limitar el poder económico de la Iglesia católica, y en 1765 Tratado de la Regalía de Amortización, un libro que se tradujo a varios idiomas. Consecuentemente, en 1767 apoyó la expulsión de los jesuitas. A continuación entró en una fase de reformismos económicos en la que colaboró con las repoblaciones de tierras, y escribió en 1774 Discurso sobre el fomento de la industria popular y en 1775 Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, libro al que añadió cuatro apéndices interesantes sobre las causas de la decadencia de los oficios y manufacturas en España, sobre las mejoras a introducir para restablecer las manufacturas, sobre las leyes corporativas de los artesanos, la legislación general española y la legislación municipal que afectaban a la artesanía, y sobre las teorías económicas de Francisco Martínez de Mata.

[5] Pedro López de Lerena y de Cuenca, 1734-1792, conde de Lerena en 1791-1792, era otro hombre del grupo de Floridablanca. Había estudiado en Salamanca e iniciado su carrera política en Cuenca, donde fue inspector del Pósito, Contador de Propios y Arbitrios, y Contador de Cuentas Reales, y Regidor Perpetuo de Cuenca. También estuvo en Santander. El 25 de enero de 1785 fue nombrado Secretario de Hacienda y se encontró con el tema del Banco de San Carlos, al que había que darle vida. Durante un breve periodo de tiempo, enero de 1785- 9 de mayo de 1787, fue Secretario de Guerra interino. En 1788, Carlos IV le renovó como Secretario de Hacienda hasta su muerte en enero de 1792.

[6] La Real Compañía de Barcelona había sido creada en 1755 con privilegio para comerciar en Santo Domingo y Margarita, y más tarde se le concedió también el monopolio sobre Cumaná. Sus negocios fueron pequeños porque tenía escaso capital, y los decretos de liberalización del comercio la arruinaron, cuando se produjo la circunstancia de que varios comerciantes catalanes quisieron comerciar en América por su cuenta, sin utilizar a la Real Compañía de Barcelona como intermediaria.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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