EL GOBIERNO DE PABLO JERÓNIMO GRIMALDI (1763-1776):

PERIODO 1767-1771.

 

 

El periodo 1767-1771 fueron años de muchos cambios económicos y políticos. Por eso nos vemos “obligados” a dividir la época Grimaldi en dos apartados. Uno solo sería demasiado extenso.

 

 

         LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE GRIMALDI.

 

A partir de la época de Grimaldi sabemos que se introdujeron en la dieta española la patata y el maíz como alimentos complementarios, empezando por las comarcas húmedas del norte peninsular, y arroz, lino, cáñamo, alfalfa, nabos, legumbres y frutales en Cataluña, Valencia y Murcia, lo cual mejoraría las condiciones de vida generales y daría posibilidades a un primer desarrollo que tendrá lugar efectivamente en España en tiempos de Carlos III.

 

Iniciativas económicas en 1767:

En 1767 se dio libertad de comercio para todos los productos del campo, ampliando la libertad de comercio de granos de 1765, y también se protegió a los pósitos.

En 1767 se estableció un servicio de correos a Buenos Aires, con un barco bimensual, y desde Buenos Aires, el correo correspondiente se enviaba a Perú.

En 1767 apareció la empresa privada denominada Compañía de Comercio y Fomento de Fábricas de San Carlos, en Burgos, creada como un banco industrial y comercial para promocionar la creación de empresas. Fue un fracaso desde el principio y ya en 1771 sus acciones cotizaban al 40%, y en 1773 se disolvió.

A partir de 1767 y hasta 1770, el Consejo de Castilla promulgó varias disposiciones para repartir tierras concejiles entre braceros y yunteros pobres. No se trataba de otorgar la propiedad, sino el usufructo de la tierra.

En 1767 se llevó a cabo el proyecto Olavide en Sierra Morena, Linares y La Carolina. Al proyecto de Sierra Morena llegaron muchos alemanes, pero también se sumaron aragoneses, catalanes y valencianos que, juntos, eran más que los alemanes. Cada familia asentada recibió unas fanegas de tierra, una casa, ganado para trabajar, semillas, aperos, víveres y un dinero para empezar. Las tierras se les entregaban en arrendamiento (censo perpetuo) ilimitado, teniendo que pagar la renta a la Corona en especie. Las tierras no se podían vincular, hipotecar, subdividir ni juntar. Debían cultivar trigo, vid, olivo e higueras. Debían poner ganadería, para lo que se les dotaba de unos pastos comunales. Además, cada familia debía trabajar una parte del año en una parcela comunal, cuyos rendimientos servirían para dotar de fondos al Ayuntamiento. El conjunto del pueblo, sería servido por una industria textil para servicio de las necesidades de los campesinos asentados. (El tema ha sido tratado más ampliamente en 18.4.9.Reformas de Carlos III)

 

Iniciativas económicas en 1768.

En 1768 se reiniciaron las obras del Canal Imperial de Aragón, que regó 31.000 hectáreas. Había aparecido una ola de optimismo en los proyectos de construcción de obras públicas, que acabaría en una tremenda crisis financiera y económica a fin de siglo. Los “entendidos” de la época pensaban hacer navegables los ríos (sin caer en la cuenta de que España era más accidentada y tenía menos agua que lo que veían en Europa occidental), regar todos los campos utilizando canales (lo cual es quimérico en la escasez de lluvias peninsular). Lo habían visto hacer en Francia e Inglaterra, y por ello lo querían para España.

En 1768 se produjo la Colonización de La Luisiana, Fuente Palma y La Carlota, terrenos entre Écija y el Guadalquivir, donde se fundaron 13 pueblos y 26 aldeas y se asentó a unos 13.000 colonos en condiciones similares a las anteriores. Los proyectos de ampliar la experiencia a Extremadura, Ciudad Real, Mallorca y Orihuela no se empezaron nunca. Pero la extensión de tierras de cultivo significó la bajada de rendimientos, pues las tierras nuevas que se cultivaban eran de peor calidad, y una bajada progresiva, pues esa tierra agotaba su capacidad generativa con más rapidez. El salto a nuevas tierras se hizo porque había un aumento demográfico y la demanda de alimentos crecía, generándose un alza de precios que se sumaba al alza general habido desde 1735, de modo que, a partir de 1773, el repunte en las subidas fue muy notable. Consecuencia inmediata de estas subidas del coste de la vida fue la subida de arrendamientos.

En marzo de 1768 se permitió exportar a Luisiana, en El Caribe, ampliando la libertad de comercio.

De 1768 es el proyecto del Expediente General, un encargo del Gobierno al Procurador General del Reino para recopilar información sobre el estado de la agricultura española. El Expediente General pretendía resolver los problemas agrarios españoles. Se recogieron los informes y quejas castellanas y andaluzas desde 1750 en adelante, se pidieron informes a todos los intendentes y se recogió todo el material en el Consejo de Castilla elaborándose un informe que es el llamado Expediente General de 1768. Este informe era previo a una Ley Agraria que cambiaría profundamente las cosas. Se formaron equipos de estudio y redacción de esa ley en 1770-1794, pero la ley nunca llegó a aprobarse. Todo se quedó en un proyecto. El Expediente General es la base para muchos documentos posteriores como Respuesta del fiscal en el expediente de la provincia de Extremadura, de Floridablanca en 1770, Memorial Ajustado, de Campomanes en 1771, y el Informe sobre la Ley Agraria, de Jovellanos en 1794. Floridablanca en 1770 se preocupaba sobre todo por la existencia de tierras sin cultivar como comunales, propios, baldíos, dehesas de particulares. Campomanes en 1771 se preocupaba por la situación de pobreza de los campesinos a los que era imposible invertir en la tierra y proponía que los patrimonios agrícolas fueran inalienables e indivisibles y que los contratos a corto plazo debían desaparecer para ser como los catalanes. Jovellanos en 1794 cree que el mal de la agricultura está en la existencia de latifundios excluidos del mercado, imposibles de comprar por los campesinos, vinculados.

Los problemas de la agricultura habían sido recogidos por el Consejo de Castilla entre 1750 y 1765 para ser publicados en el Expediente General, que debía ser un documento previo a una ley agraria. Pero esa ley tardaba mucho en elaborarse. Los proyectos fueron amontonándose entre 1770 y 1794 y la ley nunca llegó a aprobarse. De todo este estudio, nos quedan documentos como Respuesta del Fiscal en el Expediente de la Provincia de Extremadura de José Moñino conde de Floridablanca 1770, Memorial Ajustado de Campomanes 1771, e Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos 1794.

La Respuesta de Floridablanca cree que el mayor defecto de la agricultura española es la cantidad de tierras incultas que existen y propone poner en cultivo comunales, propios, baldíos y dehesas de propios y de latifundistas que estén abandonadas.

En 1771 se publicó el “Memorial ajustado…” de Campomanes, avanzando en la Ley Agraria en tono más moderado que el usado por Olavide. El Memorial de Campomanes se preocupa por los campesinos no propietarios y propone patrimonios familiares inalienables e indivisibles, al estilo catalán, entregados por el gobierno a familias de campesinos no propietarios. Estos campesinos recibirían además créditos para iniciar la explotación con ganado y aperos suficientes. También propone que los arrendamientos sean a largo plazo o indefinidos.

En Informe de Jovellanos se preocupa por la separación entre explotación y propiedad, y cree que los mayorazgos y tierras de la Iglesia deben ser expropiables y puestos en el mercado (desamortizados) como una mercancía más.

 

Iniciativas económicas en 1769.

En 1769 se hizo cargo de la construcción naval y sucedió a Jorge Juan, Francisco Gautier, cuya idea era construir barcos de tecnología francesa, muy grandes, aunque poco maniobrables. No parece que fuera una buena idea y los ingenieros españoles discreparon de los proyectos de Gautier. En 1782 se haría cargo de la construcción naval José Romero Fernández de Landa, que hizo muy buenos barcos, y algunos muy grandes, entrando en la época de mejor calidad y construcción, que continuó en 1794 Julián de Retamosa en una fase en la que empezaba a faltar dinero. En 1796 se inició la decadencia de la Armada española.

En 1769 se prohibieron las importaciones de tejidos de algodón. Este tema venía siendo muy polémico a lo largo del siglo y Alberoni había prohibido en 1717 las procedentes de Asia, y en 1765 habían sido recargadas en un 25% todas las de las demás procedencias. Los industriales pedían más proteccionismo y se prohibieron totalmente. Esta medida proteccionista se complementará en 1775 con la prohibición de importar productos de ferretería.

En 1769 se ordenó la señalización vial colocando mojones cada legua. Una legua son 5.572 metros.

 

Iniciativas económicas en 1770.

En 1770 se empezó a dar marcha atrás en el proyecto de repartir comunales entre los pobres. El Consejo de Castilla retiró el proyecto del reparto de tierras, de 1766-1769, en los casos de los pueblos donde hubiera costumbre de aprovecharlas en común. También se decidió, que las que se repartiesen, fueran otorgadas a agricultores pequeños, pero que poseyeran aperos y ganado de tiro para trabajarlas. No se volvieron atrás los repartos de años anteriores, y así se consolidó el dominio de hecho que los ricos habían establecido sobre las tierras repartidas.

En 1770 se reintentó imponer en Castilla la Única Contribución, al estilo de la que se había impuesto en Aragón en 1716 de modo que los pueblos se repartían el impuesto según su número de vecinos, y los vecinos pagaban en función de sus rentas, caudales y haciendas, no dejando exenta a la nobleza pero sí a los pobres de solemnidad. Este impuesto había sido intentado en 1749 sin éxito y en 1760 de nuevo sin éxito. Además, el impuesto se extiende a las diversas actividades económicas y no sólo a la agricultura y ganadería, pues se cobra un impuesto real sobre las casas, tierras, edificios, rentas, diezmos, censos y pensiones; un impuesto industrial sobre sueldos, jornales y ganado; y un impuesto de comercio sobre los beneficios de mercaderes, negociantes y asentistas. El proyecto hubo de ser abandonado en 23 de julio de 1776 debido a las múltiples disparidades e injusticias encontradas en el nuevo impuesto al no existir catastros y censos fiables. La nobleza, la Iglesia y los grandes terratenientes no estaban interesados en esta reforma tributaria que les haría pagar muchos más impuestos, pues preferían que se repartiesen como siempre, por estimaciones que ellos mismos hacían sobre el pago que cada vecino debía hacer.

En 26 de mayo de 1770 se mandó repartir algunos terrenos de propios entre labradores y braceros de los pueblos en algunos lugares concretos de España, contribuyendo a la repoblación emprendida en la época ilustrada.

En julio de 1770 se permitió exportar a Campeche Honduras) y Yucatán (México).

En 1770 se retomaron los proyectos de un Canal en el Manzanares. El proyecto lo había iniciado Felipe II que se lo había encargado a Juan Bautista Antonelli y pretendía navegar desde Madrid a Lisboa, vía Aranjuez. Era un proyecto faraónico, fuera del alcance de Felipe II, y cuando murió Antonelli en 1588 y Felipe II en 1598, fue abandonado. Pero en 1770 lo había retomado Carlos III. Era una empresa en quiebra, y se hizo cargo de las obras el Estado. Debía hacerse una presa en Madrid, Puente de Toledo, y desde allí una serie de esclusas que permitieran llegar a Vaciamadrid, al sureste de Madrid, donde aprovechando las aguas del Jarama y el Henares, se haría un canal, más sencillo de hacer, en el río Jarama, hasta Aranjuez. A fines del XVIII sólo se habían hecho 11 kilómetros de los más de 20 necesarios, y ya se habían necesitado 7 esclusas, pero se seguía en el empeño. En 1818, Fernando VII retomó las obras y continuó haciendo esclusas. En 1852, cuando se inauguró el tren a Aranjuez, se desechó el proyecto.

 

 

 

El conflicto entre agricultores y ganaderos

en Extremadura.

 

En 1771, José Moñino y Pedro Rodríguez Campomanes publicaron un primer memorial sobre el pleito entre Extremadura y la Mesta. El asunto provenía de 1764, cuando el miembro de la diputación de Extremadura, Vicente Paíno, presentó un memorial al rey y al consejo de Castilla sobre la situación económica extremeña, pidiendo la reducción de ganado que pastaba en los invernaderos de Extremadura. Paíno decía que el mal se debía a que la Mesta tenía mucho ganado trashumante. Se pidió su opinión a la Mesta, y ésta emitió un informe en contra, alegando que el mal se debía a las muchas roturaciones que se habían hecho últimamente en Extremadura, a costa de tierras de pastos, y a las muchas cabezas de ganado que habían adquirido los agricultores extremeños. En esta situación, los nuevos ganaderos estaban ofreciendo rentas más altas por los pastos y querían desplazar a la Mesta para quedarse ellos con los pastos. También se habían plantado viñas en baldíos y comunales y eliminado con ellos muchos pastos.

El Procurador General del Reino en 1771 dio la razón a Paíno, pero no dejó de llegar al fondo del problema, en el que tanto Paíno como la Mesta no habían querido entrar: los grandes agricultores extremeños estaban roturando y comprando ganado a costa de los pequeños agricultores y de la Mesta. Por tanto decidió: Dar a cada agricultor la posibilidad de tener hasta 250 ovejas por cada pareja de labor de que dispusiese el agricultor; asignar pastos para el ganado transhumante; reducir las competencias de los tribunales de la Mesta a fin de que no ganaran todos los pleitos contra los agricultores sistemáticamente.

Campomanes propuso que las dehesas extremeñas fueran propuestas como de pasto y labor y que se atribuyeran 50 fanegas de terreno a cada yunta de un agricultor, debiendo los trashumantes conformarse con las cañadas y los pastos sobrantes de los pueblos.

El 18 de febrero de 1773, Carlos III decidió que las partes podían alegar contra esa resolución y en 1779, la Mesta nombró una comisión para tratar de conseguir una avenencia con la Diputación de Extremadura. El 6 de abril de 1780 se llegó a un acuerdo de pastos en los siguientes términos: primero se atendería a los pastos para el ganado auxiliar de labranza. En segundo lugar se atendería a los pastos para las ovejas de los serranos. Con este acuerdo, los perjudicados eran los grandes señores extremeños, los autores del conflicto, y el reparto no progresó ni hubo acuerdos, hasta que en 1783 se paralizó por completo el reparto de pastos. Entonces José Moñino hizo un “segundo memorial ajustado” recogiendo los aspectos del acuerdo de 1780.

 

 

 

LAS REFORMAS POLÍTICAS DE GRIMALDI.

 

Reformas políticas en 1767.

El 16 de octubre de 1767, Aranda decidió acabar con el conflicto de las capas y sombreros surgido en 1766 con Esquilache, y negoció para ello con los gremios de Madrid: Aranda estaba dispuesto a ceder en el largo de las capas, pero no en las alas del sombrero ni en el embozo de la capa. Aranda amenazó con que si no cambiaban la fea costumbre de taparse la cara, el rey se iría de Madrid, y los gremios perderían la mayor parte de sus negocios. Al fin, los gremios menores, el 17 de octubre de 1767, decidieron aceptar y así se lo comunicaron a Aranda el 25 de octubre. A pesar de la negociación, no fue fácil eliminar el sombrero gacho, o chambergo, ni la capa: el 18 de diciembre de 1804 se prohibieron una vez más los hábitos largos de sotana y manteo, excepto para los clérigos ordenados y siempre que llevasen las alas levantadas y con forro de tafetán negro engomado. Es decir, que la costumbre en el vestido perduró hasta el siglo XIX.

En 1767 se decretó el Servicio Militar Obligatorio por sistema de quintas y se creó un cuerpo de oficiales profesionales. El reclutamiento regular anual impuesto por primera vez en España, levantó fuertes protestas en 1773 en Barcelona, Navarra y Vascongadas.

En 1767 se dio una ordenanza sobre caminos reales por la que se destinaron 250.000 reales mensuales a la pavimentación de caminos, lo cual constituía gran novedad pues desde tiempos de los romanos no se pavimentaban. Floridablanca posteriormente pavimentará 200 leguas de carreteras, construirá nuevas 195 leguas y levantaría 322 puentes para su servicio.

 

Reformas políticas en 1768.

Desde 1768 se generalizaron los Intendentes en América. Este cambio afectó mucho a Hispanoamérica. Si el comienzo del siglo XVIII supuso muchos cambios para América, cambios económicos, sociales, mentales, la reforma de la administración en el último cuarto del XVIII supuso otra serie de cambios, y esta vez cambiaba la visión que la península tenía de las Indias y la visión que las Indias tenían de España. La Ilustración afectó más rápidamente a América que a la Península Ibérica porque el comercio de libros era más libre en América. El cargo de Virrey perdió importancia y podemos decir que desapareció, aunque un funcionario seguía llevando ese título. Perdieron importancia el Corregidor y el Alcalde Mayor y apareció la figura nueva del Intendente. El Intendente concentraba los poderes administrativos, sobre todo de hacienda y fomento, judicial, militar y tenía asesores letrados. Poco después de crearse la Intendencia se le quitaron las funciones judiciales, que se le entregaron a la Audiencia de nuevo, quedando el Intendente con funciones policiales. La primera intendencia funcionó en La Habana en 1756 para dirigir cortas de madera y construcción de navíos. La Intendencia en América es contemporánea de las Sociedades Económicas de Amigos del País en España. Las Intendencias se generalizaron a partir de 1768, una vez que se constató la ruina general de América y la necesidad de darle un impulso económico nuevo.     El Intendente era un funcionario español. Los últimos Virreyes, Corregidores y Alcaldes Mayores eran criollos. La pérdida de estos cargos y la imposición del Intendente es un motivo importante para entender la independencia.

En 1768 se redactaron las Ordenanzas de Carlos III para el ejército español (el tema ha sido visto en 18.4.9.Reformas de Carlos III). Aranda visitó Prusia y le regalaron un himno de granaderos que se transformó desde entonces en himno nacional español. Las ordenanzas de Carlos III organizan un ejército según modelo prusiano, vigente hasta 1842 en que se adoptaría el modelo napoleónico. La transformación de la Caballería fue obra de García Ramírez de Arellano, marqués de Arellano, coronel de dragones, que en 1774 sacó su “Reglamento y Ordenanza para el ejercicio y maniobras de la caballería y dragones montados de los ejércitos y otros puntos relativos al servicio de estos Cuerpos”. En 1768 se exigía que el recluta tuviera al menos cinco pies de estatura (unos 140 centímetros) y gozara de buena salud.

En 1768 se crearon los Alcaldes de Barrio a fin de controlar los tumultos populares en las ciudades. Estos alcaldes llevaban una lista de la población de su barrio, conservaban el orden público y vigilaban las tabernas y posadas. Eran nombrados por el Alcalde de Término, y necesariamente resultaba nombrado un vecino residente en el barrio. Estaban a las órdenes del teniente de alcalde. No podían ausentarse del barrió por más de 24 horas sin permiso del Alcalde de Término, que nombraba un sustituto.

 

Reformas políticas en 1769.

En 1769, siendo Aranda Presidente del Consejo de Castilla, decidió que hubiera tres Fiscales del Consejo de Castilla y no dos. Cuando había dos, uno se ocupaba de asuntos de lo civil, y otro de lo criminal. La idea de Aranda fue hacer fiscales de tipo territorial, uno para la Chancillería de Valladolid y las Audiencias de Galicia y Asturias, un segundo para la Chancillería de Granada y las Audiencias de Sevilla y Canarias, y un tercero para los asuntos de la Corona de Aragón.

 

Reformas políticas en 1770.

En 1770 se impuso el servicio militar obligatorio por quintas, y los españoles protestaron contra esta imposición. En teoría, el sistema era más justo que el anterior, pues todos participaban por igual, pero mostraron su desacuerdo con protestas en la calle Aragón en 1770, Navarra en 1772 y Barcelona en mayo de 1773.

En 1770 se creó el Cuerpo de Ingenieros de Marina e Hidráulicos. El Cuerpo de Ingenieros de Marina tiene coherencia con un programa de fortalecimiento de la Armada española cuyo primer impulso se había dado a partir de 1714 con Patiño, el segundo a partir de 1748 con Ensenada y Jorge Juan. En 1770 se ponía en marcha una tercera fase, la de reorganización interna, complementada en 1772 con un Reglamento del Cuerpo y en 1776 con una Ordenanza de Arsenales.

En 1772 se dio el Reglamento de ese Cuerpo por el que los ingenieros militares se clasificaron en tres grupos: ingenieros, ayudantes de ingeniero y técnicos de nivel inferior. El conjunto de todos ellos integraba la maestranza.

Los maestros de construcción naval pasaron a llamarse ingenieros, y pasaron a tener mando sobre los diques secos y los navíos atracados en ellos, sobre altos hornos del astillero, fábricas de artículos de cáñamo y montes que surtían madera.

Los técnicos de nivel inferior fabricaban jarcia (aparejos cabos y cuerdas) y lona con la que abastecían a los barcos, y también anclas y clavazón en el campo de la metalurgia, así como herramientas diversas y objetos de metal que los barcos debían llevar consigo, y por otro lado fabricaban bombas de vapor, cerrajería e instrumentos náuticos diversos como municiones, moldes, lingotes, objetos de cobre. Otro grupo de técnicos eran los carpinteros, los canteros para fortificaciones y dársenas, los sogueros…

Y en 1776 se hizo la Ordenanza de Arsenales, por la que en Cada Departamento Marítimo apareció una Junta, integrada por seis jefes de Marina y un Intendente, que debía ocuparse de los problemas de la Marina, encargando las actividades constructivas a militares (despidiendo a los civiles).

La militarización de las empresas de construcción de buques de guerra, dio mucha efectividad al sistema y el número de barcos de la Armada pasó de 119 en 1774, a 149 en 1782, y 167 en 1787. Los problemas vinieron entonces por el lado de la ruina de Hacienda, abandono de la actividad constructora militar, y las derrotas frente a Inglaterra en Cabo San Vicente 1797 y Trafalgar 1805. En 1812, sólo quedarían 78 barcos en servicio, y en 1835 la ridícula cifra de 17.

Aun así los técnicos españoles no fueron capaces de alcanzar la tecnología europea del momento ni en el XVIII ni en el XIX. Desde 1812, Gran Bretaña tuvo barcos muy rápidos, los clipper, con gran envergadura de velas.

 

 

REFORMAS UNIVERSITARIAS DE GRIMALDI.

 

Reformas universitarias en 1768.

En 1768 las universidades pasaron a ser de jurisdicción real y aparecieron con ello las actuales universidades estatales. El plan de estudios se completó con la creación del Instituto de San Isidro en 1770. Una vez estatalizadas, hubo un reglamento universitario por el que no se permitía acceder a la Universidad sin saber latín y griego, no se permitió pasar de curso sin pasar examen y aprobar el curso anterior, se jerarquizó a los enseñantes en bachilleres y doctores y reguló sus vacaciones dejándolas en 40 días al año.

 

Reformas universitarias en 1769.

En 1769 se inició la reforma académica universitaria solicitando a las Universidades que presentaran planes académicos nuevos. En 1771 se aprobaron los planes de Valladolid, Salamanca y Alcalá; en 1772 se aprobaron los planes de Santiago; en 1774, los de Oviedo; en 1776, los de Granada; en 1786, los de Valencia.

El Gobierno pedía poner más énfasis en la ciencia y concretamente en la ciencia aplicada a la agricultura, la industria y el comercio. El plan de estudios existente hasta entonces era demasiado conservador: primer año, lógica y dialéctica; segundo año, metafísica; tercer año, física aristotélica. En alguna universidad, como Salamanca, se introdujeron materias nuevas, como Introducción a la Experimentación, y algunas enseñanzas de ciencia moderna y medicina, lo cual fue un cierto progreso en la enseñanza universitaria, pero muy corto. No se pusieron verdaderas asignaturas modernas a la altura de París u otras Universidades de Europa Occidental. (El tema será visto más ampliamente en “18.4.25. Las reformas universitarias.”)

En 1770 se abrió la Academia Médico Práctica en Barcelona (desde 1991 llamada Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona) que complementaba al Real Colegio de Cirugía de Barcelona abierto en la misma ciudad en 1760 al servicio del ejército.

 

 

POLÍTICA EXTERIOR EN 1767.

 

El 28 de mayo de 1767 se hizo un Tratado de Paz con Marruecos.

Las relaciones de España con Marruecos siempre habían sido difíciles, y se alternaban gestos de firmeza con concesiones graciosas de España. España siempre desconfiaba de Marruecos, porque de vez en cuando surgían oleadas de integrismo islámico que rompían los pactos y atacaban a España. Inglaterra, que conocía el problema, trataba de estimular las discordias entre España y Marruecos, de modo que el Estrecho de Gibraltar quedara libre a su disposición. En 1766, España inició conversaciones, y en 1767 se llegó al acuerdo de paz.

Marruecos accedía a dejar pescar en sus aguas y dejar utilizar sus puertos a cambio de dejarle utilizar los puertos españoles. También España pedía ampliar los territorios de Ceuta, Melilla y Vélez, pero sin límites precisos. Los encargados de negociarlo fueron el capitán de guardiamarinas Jorge Juan de Santacilia y Tomás Bremond por España y Sidi Ahmet el Gazel por Marruecos.

A partir del tratado con Marruecos de 1767 se restableció el comercio entre ambos países con el resultado de que Marruecos vendió a través de Tánger, Tetuán y Larache, bastante trigo y ganado, pero España no fue capaz de penetrar en el mercado africano. El origen de estas mejoras relaciones fue la llegada al trono marroquí de Sidi Muhammad abd Allah, un hombre ilustrado que creó un ejército permanente, una marina, un sistema para recaudar más y una Administración más eficaz. No fueron grandes logros desde el punto de vista europeo, pues no llegó a ser una potencia importante, pero sí que fue una transformación muy positiva y notable desde el punto de vista marroquí, respecto a su propia historia. Además, Muhammad opinaba que el acercamiento a Francia y a España le era muy conveniente, pues quería escapar del agobio británico. En 1765 se abrieron conversaciones con el Gobernador de Ceuta, Diego María Osorio, a través del delegado de Muhammad, el judío Samuel Sumbel. Más tarde, el rey de Marruecos envió una misiva al rey de España a través de Fray José Voltas, misionero franciscano en Fez, y más tarde envió a España a Sidi Ahmed El Gazel. El Gobierno de España le recibió con alegría, pero los católicos y sus grupos políticos mostraron hostilidad pues le consideraban enemigo del catolicismo, y decían que un tratado con Marruecos era una herejía. El Gobierno envió a Marruecos en el viaje de vuelta a Jorge Juan y Santacilia, el cual negoció una paz perpetua, unas relaciones comerciales, seguridad en el mar, ensanche de los presidios españoles (que no logró) y neutralidad de Marruecos en caso de una guerra entre España y Gran Bretaña. Con estos acuerdos se firmó la paz de mayo de 1767.

Tomás Bremond se quedó en Larache como cónsul español en Marruecos y desde allí coordinaba dos vicecónsules en Tánger y Tetuán. En cumplimiento de este tratado se abrió en 1769 el puerto de Málaga a barcos marroquíes y el de Cádiz a barcos procedentes de Rabat.

La paz con Marruecos duró poco: España no cumplió el tratado en cuanto abrir todos sus puertos, pues consideraba que sólo servían para importar y no para exportar. Marruecos tampoco cumplía el tratado en cuanto a respetar las ampliaciones de territorios de Ceuta y Melilla, pues no dominaba a los rifeños. En 1769, Marruecos atacó y conquistó la posición portuguesa de Mazagán (hoy El-Yadida, en la costa atlántica, a mitad de camino entre Tánger y el Aaiún) e inmediatamente surgieron las campañas para conquistar Ceuta, Melilla y el Peñón de los Vélez. Melilla sería efectivamente atacada en 1774.

 

En 1767, los ingleses desembarcaron en las Malvinas y las llamaron Falkland, fundando una colonia que llamaron Port Egmon. En junio de 1770, España dio órdenes a Buenos Aires para que los británicos fueran expulsados, y pidió ayuda a Francia, como tenía derecho y era preceptivo tras el Pacto de Familia. Francia dijo que un motivo tan pequeño no justificaba una guerra, y no quiso colaborar, por lo que España retiró la orden de atacar las Malvinas y así salvó el Pacto de Familia, y evitó la guerra, pero perdió las Malvinas.

En 1770 se mandó atacar a los ingleses que habían ocupado las Malvinas.

En 1770 fue muy evidente la oposición del Presidente del Consejo de Castilla, Aranda, al Secretario de Estado, Grimaldi, con motivo del conflicto de las Malvinas, pues éste quería dialogar con Gran Bretaña, mientras Aranda defendía la guerra.

 

 

 

RELACIONES DEL ESTADO CON LA IGLESIA.

 

Relaciones con la Iglesia en 1768.

En 1768 se produjo un roce entre El Vaticano y España por la cuestión del Monitorio de Parma: el Papa Clemente XIII negó, en el documento conocido como “Breve del Monitorio de Parma”, que el regalismo español tuviera vigencia en Parma, y alegaba que esto no estaba en el Concordato de 1753, pero Carlos III entendía que en el Concordato estaban incluidos todos los territorios dominados por los Borbones españoles y, por tanto, también Parma. El 11 de marzo de 1768, el rey Carlos III ordenó recoger el Breve del Papa para retirarlo de la circulación, y el 16 de junio ordenó restablecer el regium exequátur que, tácitamente, estaba suspendido en los últimos años.

El monitorio de Parma era un asunto dirigido por el Papa Clemente XIII en 1768 contra el Gobierno de Parma del príncipe Felipe de Borbón Farnese, hermano de Carlos III de España, por el asunto de las prerrogativas de los reyes españoles sobre la Iglesia. El mayor problema en el Gobierno de Felipe de Borbón Farnese (Felipe de Parma) era que el mayor propietario del ducado era la Iglesia, y ésta no pagaba impuestos en virtud de la creencia de que las prerrogativas religiosas eran derechos adquiridos. En 1768, Felipe de Parma empezó a desamortizar, cobrar tributos a la Iglesia y exigir el regium exequátur propio de los reyes españoles. Puso tribunales propios para sustituir a los señoriales de la Iglesia, gestionados por la Curia Romana. Habiéndose tocado temas de dinero, el Papa Clemente XIII protestó y amonestó a Felipe de Parma, mediante el “monitorio” (advertencia) para que devolviese los subsidios y los tribunales eclesiásticos.

Campomanes salió en defensa de Felipe de Parma, y publicó el Juicio Imparcial afirmando el derecho del Estado español y amenazando al Papa con la ruptura abierta entre el Estado español y la Santa Sede. En el Juicio Imparcial, Campomanes se cuestionaba el poder temporal del papado, lo cual era considerado por el catolicismo integrista del momento como un ultraje a la Iglesia.

Se molestaron algunos obispos y se escandalizaron los más conservadores o integristas, que dijeron que Campomanes era un hereje, y pidieron a la Inquisición que procesara a Campomanes, pero Carlos III se opuso al procesamiento. Los obispos más moderados opinaban que se podían hacer las cosas más discretamente y no con las formas que había utilizado Campomanes.

En 1768, España ocupó Benevento y Pontecorvo, al tiempo que Francia ocupaba Avignon, en claro mensaje al Papa de que podrían invadir sus Estados y dejarle sin ciudades, castillos ni tierras a explotar. Pero el Papa no creía en que fuera posible la rebelión de los países católicos contra él, y levantó todas las fuerzas que pudo. La Inquisición acusó a Campomanes de “enemigo de Cristo Redentor”, y de actuar sólo por quitarle algún dinero a la Iglesia. El rey protegió a Campomanes y a Ensenada, los objetivos de los integristas. La publicación del Monitorio fue prohibida. Los jesuitas fueron expulsados de Parma. Y en adelante, la Inquisición necesitaría permiso del rey para publicar cualquier cosa, edicto, condena, prohibición o lo que fuese, en virtud del regium exequátur. Las relaciones con la Iglesia venían reguladas por el Concordato de 1753 y se planteaba una revisión de dicho Concordato.

Estaba claro que la reforma de la Iglesia no iba a provenir de la Iglesia misma, sino que la debía hacer el Estado. Y como el Estado quería imponer el regalismo, se atrevió con esta gran empresa.

En la Iglesia española había una escisión: Los integristas católicos defendían que las reclamaciones del Estado en materias en las que gobernaba la Iglesia, eran herejía e intromisión ilegítima, pero los jansenistas españoles no eran herejes pues no ponían en duda la autoridad religiosa del Papa ni el dogma católico, sino simplemente el “derecho” que la Iglesia se había autoatribuido sobre la posesión de tierras y fincas, cátedras, leyes del Estado y sobre determinadas políticas de Estado. Sobre estos temas, decían que no debía ser el Papa quien hiciera concesiones magnánimas a los reyes, sino el Rey quien reclamara lo que eran derechos propios de la monarquía. El rey no podía admitir que hubiera personas, bienes, leyes, jueces e instituciones como el matrimonio, al margen de su control, porque la Iglesia aparecía entonces como un Estado dentro del Estado. Para los católicos integristas españoles del XVIII, no había posibilidad de diálogo.

A partir del Monitorio de Parma de 1768, la política de Campomanes, Roda y Arrieta (Secretario de Gracia y Justicia) fue claramente contra los colegiales y los jesuitas, los grandes apoyos del integrismo católico. En general, los que estaban relacionados con los jesuitas no accederían en adelante a los cargos en las Audiencias y Chancillerías, lo cual cortaba su cursus honorum. A la contra, eran ascendidos a esos puestos, personas que habían colaborado en la expulsión de la orden. A partir de 1771 era muy evidente esta política. A partir de 1783 será ya cosa oficial, y el ser corregidor, tras licenciarse en Derecho, se convirtió en buena base del cursus honorum hacia los altos cargos del Gobierno.

La reacción de la mayoría del clero español fue a favor del rey, y no del Papa, y eso era signo de que se avecinaba una gran reforma del catolicismo, en la que el Papa ya no sería señor feudal que administraba los bienes y jurisdicción de la Iglesia, y que ésta debería abandonar la Edad Media y adaptarse a la Moderna, cuando ya la Edad Moderna estaba terminando. Muchos sin embargo, los integristas, no lo entendían.

Campomanes tuvo que desistir de sus propuestas regalistas de acabar con los Colegios Mayores y su dominio sobre Audiencia y Chancillerías, y dejar paso al más moderado Aranda. El texto Juicio Imparcial tuvo una trayectoria desigual, recogido en un primer momento, fue indultado y reimprimido más tarde.

 

Relaciones con la Iglesia en 1769.

En 1769 se produjo un acontecimiento notable: El proceso al obispo de Cuenca.

El obispo de Cuenca, Isidro de Carvajal y Lancáster, era hermano de un antiguo Secretario de Estado muerto en 1754, José de Carvajal y Lancáster. Era de una familia de abolengo y sus miembros habían sido colegiales. Carvajal se quejó al confesor del rey de la existencia de una persecución a la Iglesia católica española por un Gobierno que criticaba la posesión de bienes por la Iglesia y las inmunidades eclesiásticas. El Consejo Real hizo comparecer al obispo, que fue reprendido públicamente por los fiscales. No hubo más, pero se había llamado la atención a un obispo.

En 12 de julio de 1769, Aranda envió una circular a los obispos a fin de establecer un “Plan Beneficial de las Iglesias de España”. Se trataba de regular y limitar el número de beneficiados que tenían las parroquias de España, sacerdotes y ordenados menores que, o bien se dedicaban a estudiar lo que querían, o bien no hacían nada. Se venía luchando por ello desde hacía muchos años, desde el concordato de 1753, pero los obispos no se decidían a intervenir en un tema comprometido, en el que había que suprimir algunos beneficiados. La circular de Aranda pedía a los obispos:

Un plano (lista) de todos los beneficiados de la diócesis.

Señalar la congrua de cada beneficiado. La congrua era la tasa suficiente (ingresos netos) para la decente manutención del beneficiado, individualmente considerada.

Hacer un plan de unión de beneficios incongruos y tratar de poner les remedio según unas directrices: llamar a los patronos para que, o aumentaran la renta del patronato, o dieran permiso para suprimir el beneficio. Y a continuación, los que rentaran menos de un tercio de la congrua, suprimir el beneficiado y destinar esos ingresos a seminarios, fábrica, dotación de párrocos y obras pías. Los que, unidos, resultasen congruos, el prelado debía establecer un plan y decidir cuál se suprimía y que beneficiado unía dos fuentes de ingresos.

Aragón realizó su plan de congruas antes de 1780, pero en Castilla los planes de los obispos se retrasaron mucho.

Los clérigos y aristócratas se opusieron a suprimir beneficios incongruos, y acusaron a Aranda de ateo por querer suprimirlos. El mismo Papa tuvo un desliz cuando dijo que Carlos III era piadoso pero cortísimo de alcances, y dirigido por un fraile tan ramplón y vulgar como él. Añadía luego, que el rey estaba “secuestrado” por la pandilla de Aranda y Roda.

En 1769 murió el Papa Clemente XIII, y el cónclave de Roma sufrió presiones para la extinción de la orden de los jesuitas. Fue elegido Clemente XIV, un hombre ilustrado.

Hacia 1772, Grimaldi envió a José Moñino a Roma a gestionar la disolución de la Compañía de Jesús. José Moñino se ayudó del Agente de Preces José Nicolás de Azara[1]. En 21 de julio de 1773, por la encíclica Dóminus et redemptor, la orden fue suprimida en todo el mundo. José Moñino fue premiado con el título de conde de Floridablanca e hizo carrera en el Gobierno de España. Los jesuitas fueron restablecidos en 1814, y regresaron a España en 29 de mayo de 1815.

 

 

CENSO DE ARANDA, 1768.

 

Aranda es conocido entre los historiadores sobre todo por el Censo de 1768. Con ese censo trató, por primera vez sobre todo el territorio nacional, de conocer la población española realmente existente. Se lo encargó a los obispos y arzobispos y estos se valieron de los curas de los pueblos y de sus matrículas de confesión y comunión pascuales (control del cumplimiento pascual que se llevaba desde que existía la Inquisición), para dar datos de toda la población española. Un dato del que desconfiamos, es que la Iglesia era parte interesada en preservar sus privilegios y posesiones, lo cual debió introducir inexactitudes en el censo. Pero si Aranda se lo encargaba a los obispos es porque confiaba todavía menos en los ayuntamientos.

Como lo gestionaron los obispos, no estuvieron consignados en el censo, las jurisdicciones nullíus y las tierras en pueblos y ciudades dependientes de Órdenes Militares, que no dependían de los obispados, lo cual es una deficiencia a tener en cuenta. Cada obispado informó del número de pueblos y parroquias que tenía, de los habitantes de las mismas constando sexo, edad y estado civil, y de los beneficiados de la Iglesia tales como curas, religiosos, legos, etc. También informó de las personas que estaban exentas de tributos como podían ser los del real servicio, la real hacienda, la real cruzada, la Inquisición y los poseedores de títulos de hidalguía. Los resultados del censo fueron publicados veinte años después, al inicio del Censo de Floridablanca de 1787 y calculaban una población española de 9.307.804 habitantes.

Los expertos en el tema de población del siglo XVIII están divididos, según la zona en que eran especialistas: muchos opinan que se censó a menos población que la real, porque había deseos de ocultamiento ante el fisco. Pierre Vilar, que estudió Cataluña, dice que aparece más población que la real. En Galicia se apuntó a mucha gente que había emigrado, y no debería haber figurado, pero tal vez se la apuntó porque quedaban algunas posesiones a su nombre.

 

 

LA ORDEN DE CARLOS III, 1771.

 

En 19 de septiembre de 1771 se creó la Real y Distinguida Orden de Carlos III para premiar el mérito al trabajo independientemente del linaje o estamento al que se perteneciera.

Su divisa, “Pro virtute et mérito”, venía a manifestar su ideario: premiar a los que habían servido al rey con eficacia, y ennoblecer a los que hubieran prestado grandes servicios. En principio, la nueva orden tendría 60 Caballeros y Grandes Cruces, y 200 pensionistas. Los 60 caballeros procederían de la nobleza titulada, cuando hicieran los méritos oportunos (se nombró en alguna ocasión a algún no titulado). En todo caso, los caballeros de la Orden de Carlos III deberían demostrar limpieza de sangre.

El enfrentamiento que la Orden de Carlos III suponía, se incrementaría más tarde, en 1775, cuando se dispuso que no podrían ser presentados a títulos de nobleza quienes no hubieren hecho servicios de mérito al rey o a España.

 

 

LA TERTULIA DE LA PLAZUELA DEL ÁNGEL.

 

En 1771-1773, se reunió en la Plazuela del Ángel de Madrid (hoy Palacio del conde de Tepa en la Calle de Atocha) la Tertulia de la Fonda de San Sebastián, fundada por Nicolás Fernández Moratín para luchar contra la vieja poesía del barroco e introducir las reglas del neoclasicismo. Asistieron a ella muchísimos escritores y simpatizantes entre los que citaremos a Tomás Iriarte, Félix María Samaniego, Jovellanos, Juan Meléndez Valdés, Juan Bautista Muñoz, Ignacio López de Ayala, Francisco de Goya, Vicente de los Ríos, José Guevara Vasconcelos, Mariano José de Larra, José Zorrilla, Espronceda…

 

 

[1] José Nicolás de Azara y Perera, 1730-1804, era un aragonés que estudió Derecho en Huesca y en Salamanca y entró a servir a Carlos III en Secretaría de Estado como Procurador General en Roma en 1765, en el momento en que Manuel de Roda regresaba a España para ser Secretario de Despacho de Justicia. Estuvo en la campaña por la supresión de la Compañía de Jesús, conseguida en 6 de agosto de 1773. En 1785-1798 fue Embajador de España en Roma. Fue muy influyente ante los Papas Clemente XIV, Pío VI y Pío VII. En 1798-1803 fue nombrado Embajador de España en París y negoció el Tratado de San Ildefonso de 1800 y la Paz de Amiens de 1802. En Roma, coleccionó esculturas de la Roma Clásica, que regaló a Carlos IV y están en varios palacios de Madrid y en el Louvre. Ayudó a William Bowles, 1720-1784, a traducir al español su libro Introduction to the Natural and Physical Geography or Spain. Ayudó al pintor Anton Raphael Mengs a vender sus obras a los grandes de Europa. Ayudó a Giambattista Bodoni. Editó las obras de Garcilaso de la Vega.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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