EL SISTEMA IMPOSITIVO ESPAÑOL EN EL SIGLO XVIII.

 

 

 

Complejidad de impuestos en el XVIII.

 

El sistema fiscal del XVIII era complejo en dos sentidos, en que había muchos impuestos y derechos diferentes, y en que había diversidad de medios de exacción fiscal.

Era socialmente injusto, porque gravaba más a las clases bajas que al resto de la sociedad, puesto que el grueso del sistema descansaba sobre los alimentos y artículos de primera necesidad.

Era intrínsecamente injusto porque había muchas exenciones y privilegios tributarios, porque cada región tributaba de forma diferente cantidades diferentes en proporción a su riqueza (y más bien de acuerdo con la tradición e historia de la región), y porque cada provincia tributaba diferente dentro de cada región histórica.

Era difícil de recaudar, y hacía costosa la recaudación, pues había multitud de impuestos, y además multitud de exenciones y privilegios a tener en cuenta en la recaudación.

Se prestaba a la corrupción, pues la acción de particulares podía ser interferida por presiones económicas, religiosas y políticas, y por intereses concretos de empresas y personas.

Los “arriendos” de hacienda, eran la contratación de particulares para el cobro de impuestos, rentas provinciales, rentas generales, excusado, tercias… Cada impuesto se subastaba por separado, al principio para todo el territorio, y cuando se tuvo más experiencia para regiones más pequeñas, normalmente una provincia, y se solía realizar la subasta el 20 de septiembre de cada año, para el año siguiente. El mejor postor de cada zona, fijaba con Hacienda los plazos de los pagos que se comprometía a hacer al Estado, y a partir de ahí, se encargaba de recaudar. El sistema parecía fácil y conveniente para el Estado, que no tenía gastos de recaudación, y obtenía dinero líquido antes de la temporada impositiva. El asunto tiene varios inconvenientes: para el Estado, el inconveniente mayor era la posible quiebra del arrendador de impuestos, en cuyo caso se quedaba sin cobrar, pero ese problema tenía solución fácil dividiendo las zonas de recaudación, pues no era previsible que quebraran todos. El segundo inconveniente, es si el recaudador recoge mucho, y el pueblo es muy castigado por los impuestos, con poco beneficio para el Estado. El tema tiene que ser vigilado por pesquisidores, y en tiempos de corrupción, no es tan barato como se podía presumir en principio.

Los “encabezamientos” eran acuerdos hechos con alguien de cada municipio que se encargaba de adelantar una cantidad pactada con el Estado. El ayuntamiento, o el señor en su caso, se encargaba de repartir, después, los impuestos entre los vecinos del pueblo. Solían utilizarse para recaudación de rentas provinciales.

El cobro directo de impuestos no era contemplado en el siglo XVIII, pues necesitaría mucho personal y edificios. Paliativamente se utilizaban los intendentes y justicias, pero se creía que era un procedimiento caro. Ensenada intentó el cobro directo a mediados del XVIII, pero ello era un proyecto demasiado complejo, y fracasó.

Junto al sistema impositivo, es imprescindible tener en cuenta las exenciones fiscales. Las exenciones eran concedidas por la Junta de Comercio, un órgano creado en tiempos de Carlos II, y antes habían sido concedidas por el Consejo de Castilla. En teoría, las exenciones se hacían para el fomento de la economía. La Junta de Comercio debía coordinar la concesión de estos privilegios con la Superintendencia de Rentas y la Secretaría de Hacienda.

 

 

LOS IMPUESTOS DEL XVIII.

 

Las rentas reales eran ingresos procedentes de bienes atribuibles a la Corona o al Estado, pues no se distinguía entre ambos términos, incluyendo monopolios, rentas eclesiásticas e impuestos nobiliarios.

Las Rentas Reales fueron reorganizadas en 1687 por Fernando Fajardo y Álvarez de Toledo, VI marqués de los Vélez desde la Superintendencia de Rentas, haciéndolas independientes del Consejo de Hacienda.

En 1714, se había creado la Secretaría de Hacienda, que desplazó definitivamente al Consejo de Hacienda en las decisiones ejecutivas de este tema.

Desde 1720, el Secretario de Despacho de Hacienda fue también superintendente de Rentas, y todas las rentas pasaron a la administración directa de la Secretaría de Hacienda. Pero esta Secretaría no administraba directamente las rentas sino las arrendaba, calculando previamente su valor y sacando a subasta el cobro del impuesto correspondiente. Quien ganaba la subasta adelantaba el dinero al erario público, y más tarde se ocupaba de cobrar las rentas correspondientes. El contribuyente quedaba desprotegido ante el recaudador, pues éste, además de ser muy poderoso por sí mismo, estaba protegido por el Estado, pero no controlado sino muy por encima. Los contribuyentes pedían la recaudación directa del Estado, y tenemos ejemplos de ello en 1687, 1730 y 1749. En 1749 se consiguió ir a un proyecto de recaudación directa del Estado, pero esa función del Estado requería mucho trabajo previo, que no estuvo listo en el siglo XVIII.

Las Rentas Reales suponían el 68% de los ingresos del Estado y las cantidades concretas de que estamos hablando eran en segunda mitad del XVIII:

1747, 214 millones de reales.

1755, 315 millones de reales.

1760, 578 millones de reales.

1769, 493 millones de reales.

1780, 853 millones de reales.

 

 

LOS MONOPOLIOS DEL ESTADO:

Una fuente de ingresos del Estado, o del rey, pues ambos términos se confundían era     el “patrimonio real” o “derechos patrimoniales del rey”, que eran los ingresos procedentes de las fincas pertenecientes a la Corona. En el siglo XVIII, los reyes habían perdido muchas tierras por donaciones a nobles e Iglesia, y precisamente habían perdido las de más calidad. En Castilla, muchas fincas daban pérdidas, pues los gastos de explotación eran más altos que los escasos rendimientos que se podían obtener de ellas. La recaudación se hacía por arrendamiento y se sospecha que los arrendadores del cobro de rentas se quedaban con gran parte de esos ingresos, lo cual, justifica las posibles pérdidas declaradas. En el Reino de Aragón se obtenían muy buenas rentas, sobre todo en Valencia, pero también en el resto, porque los reyes no habían donado tanto. El Reino de Aragón podía aportar al monarca en 1787 unos 2 millones de reales. También era patrimonio real la propiedad de las Órdenes Militares, puesto que el rey era maestre de todas ellas, y ello suponía muchos pueblos que pagaban sus rentas al rey y que podían aportar 1 millón de reales a Hacienda (aunque producían por 4,4 millones, pero las exenciones y gastos de recaudación dejaban un neto cuatro veces menor). También eran patrimonio real los Reales Sitios de Aranjuez, San Ildefonso, Riofrío, El Escorial y El Pardo, pero éstos, residencia de los reyes, sólo daban gastos.

Los monopolios o estancos del Estado, suponían en conjunto, hacia 1790 el 25% de los ingresos del Estado, y eran un ingreso bastante seguro. Los estancos eran los artículos cuyo comercio estaba controlado por el Estado y prohibida su venta a vendedores particulares que no tuvieran permiso del Estado. El término estanco, en su sentido originario, quiere decir “cerrado” o prohibido. El estanco fundamental de todos era el tabaco, cuyo precio subía ya en el XVIII cada vez que Hacienda necesitaba dinero, y era el que provocaba mayor movimiento de contrabando. Otros estancos eran la sal de las salinas interiores, el papel sellado, los naipes, las siete rentillas (salitre, azufre, pólvora, plomo, antimonio, mercurio, bermellón y goma laca y alguna más, que fueron siete alguna vez, al principio). Aunque no considerado habitualmente como estanco, eran también monopolio del Estado los caudales, esto es, el oro y la plata que se traían de América.

Renta del tabaco era un impuesto sobre la venta del tabaco al por menor, que varió progresivamente empezando por 3 reales por libra, para ir subiendo a 15, 32 y 48 reales por libra, lo que en 1760 producía 96,8 millones de reales, en 1773 producía 178 millones de reales y en 1805 112,3 millones. La fabricación y venta del tabaco habían sido declarados monopolio del Estado (estanco) en 1631. En 1731 el estanco pasó a ser gestionado directamente por hacienda.

Renta de las Salinas, era un impuesto global que pagaban los productores de sal y por el que se recaudaban en 1787 55 millones de reales. Era regalía desde tiempos de Alfonso XI (primera mitad del siglo XIV), pero era muy difícil evitar que la gente produjese y vendiese sal ilegalmente, por los que se establecieron unos locales, “alfolíes”, únicos legalizados para vender sal. Se obligó a los pueblos a comprar forzosamente el “acopio” anual de media fanega de sal por vecino, un cuartillo por yunta y una fanega por cada cien animales de ganado. En 1793 produjo 56 millones de reales y en 1795 80 millones.

El papel sellado fue un monopolio del Estado impuesto por Felipe IV en 1636, obligando a utilizar este papel en documentos, títulos y despachos reales, escrituras públicas, contratos y actuaciones judiciales en general. Además, en 1794 se obligó también a utilizarlo a los tribunales eclesiásticos. Los usuarios debían comprar este papel. En 1758 produjo 3 millones de reales; en 1787, 6 millones; y 1797, 15 millones.

Las siete rentillas eran los impuestos que se pagaban por algunos estancos de fabricación y venta, que seguramente fueron siete en épocas antiguas, como el salitre, pólvora, azufre, azogue (mercurio), plomo, lacre, solimán, bermellón (naranja rojizo del sulfuro de mercurio), almagre (ocre rojo usado en alfarería), cinabrio, naipes (fabricación y venta) y alcohol, cuyos impuestos se pagaban por separado y pueden aparecer como distintos. En 1847, hacienda se había hecho cargo del cobro directo de estos estancos y se añadieron estancos atípicos como cargas de leña, pescado y naipes. En conjunto, en 1787 producían 16,1 millones de reales.

Regalía de la moneda en cuanto la acuñación debía ser retribuida al Estado.

Renta de postas y correos cuyos servicios fueron reorganizados por Felipe V en la Superintendencia de Correos y Postas, dependiente de Secretaría de Estado, con la peculiaridad de que estos impuestos eran dedicados a conservar y mejorar las obras públicas necesarias para estos servicios.

Las remesas de Indias proporcionaban al rey otros 100 millones de reales. Incluían los impuestos, similares a los españoles, cobrados en América: productos de los monopolios reales, impuesto de cruzada que pagaba la Iglesia, el subsidio que pagaban los eclesiásticos, los derechos de acuñación de moneda en México y Perú, los almojarifazgos cobrados sobre las mercancías a la entrada y salida de los puertos, las alcabalas de América…

La real lotería apareció en 1763 y los beneficios del Estado en 1787 ascendieron 10,9 millones de reales.

 

LAS “RENTAS ECLESIÁSTICAS” eran los impuestos que gravaban al clero, aunque éste estuviera exento de algunos impuestos personales y de muchas rentas provinciales: el excusado, expolios y vacantes, subsidio, bula, tercias reales, medias annatas y noveno. El clero pagaba estos impuestos, que en conjunto eran mucho menos de lo que le correspondería si utilizásemos criterios sociales actuales, pues pagaba en proporción mucho menos que las clases bajas.

El “excusado” era un impuesto concedido por Pío V a Felipe II en 1567, por el que el diezmo del mayor hacendado de cada pueblo debía ser entregado al rey. Este derecho se hizo perpetuo en 1753. Se elaboró un “libro del mayor hacendado” enumerando la lista de las personas en esta condición. La Iglesia no pagaba religiosamente lo que correspondería por este impuesto, sino que negociaba con el Estado una cantidad alzada, global, que el Estado aceptaba puesto que investigar cada año uno a uno a los imputados le sería más costoso todavía, y así la Iglesia se beneficiaba, pero también recaudaba para el Estado. En 1787, este ingreso supuso 9,8 millones de reales, y en 1804, 31,2 millones de reales.

“Expolios y vacantes”, eran las propiedades y rentas que dejaban los eclesiásticos al morir, puesto que no tenían herederos legítimos. Sobre ellos se echaba en la Edad Media el obispo, muchas veces de casas nobiliarias e incluso familiar del rey, como fuente principal de ingresos. En 1753, Benedicto XIV se los concedió al rey Fernando VI. Cuando moría un eclesiástico, el Estado se hacía cargo de sus bienes y rentas hasta la llegada del nuevo titular, al que se entregaban algunos bienes, los propios del cargo eclesiástico, pero no todos los del muerto. En 1789 rentaba 1,4 millones de reales; en 1792, sólo 16.000 reales; en 1795, 6 millones de reales.

El “subsidio” era un impuesto sobre las rentas e ingresos de los eclesiásticos que Benedicto XIV donó a perpetuidad a Fernando VI. En 1787 produjo 3,5 millones de reales.

La “bula”, además de ser un impuesto que la Iglesia cobraba a los cristianos en concepto de poder evitar el ayuno y la abstinencia, o cuando la Iglesia tenía necesidades especiales, era una contribución de la Iglesia al Estado en concepto de ayuda para defender y propagar el cristianismo en tiempo de cruzada. Los Reyes Católicos decidieron declarar cruzadas todas sus acciones de gobierno, y así el impuesto se hizo permanente. En 1787 produjo 22 millones de reales.

Las “tercias reales” eran una concesión de Gregorio X a Alfonso X, y consistían en la cesión que la Iglesia hacía al Estado de tres novenos del diezmo. De esos tres novenos, el monarca devolvía a la Iglesia un noveno en concepto de obras de fábrica (construcción y reparación de iglesias), por lo que las tercias reales eran, en definitiva, dos novenos del diezmo, exactamente dos tercios del tercio de fábrica. Eran un ingreso formidable, pero los reyes habían vendido a perpetuidad este derecho en muchas comarcas, a cambio de adelantos para sus guerras, y a fines del XVIII reportaban pocos ingresos al Estado, unos 15 millones de reales anuales.

Las “medias annatas” eran un impuesto por el que los eclesiásticos y nobles, al obtener un cargo, debían entregar al rey la mitad de las rentas obtenidas por su nuevo cargo en el primer año de disfrute del mismo. En el caso de los eclesiásticos, también se podían llamar “mesadas eclesiásticas”. El rey tenía la obligación de dedicar este ingreso a obras pías (hospitales, hospicios, viudas, enfermos y ancianos…).

El “noveno” era un impuesto cedido por el Papa a Carlos IV en 1800, por el que le entregaba un noveno de los diezmos con el fin de contribuir a la extinción de la deuda. En 1801 produjo 31 millones de reales.

El impuesto de cruzada, era una cantidad que eventualmente pedía el rey a la Iglesia, y necesitaba que ésta tuviera a bien concedérsela, cuando emprendía una acción que interpretaba era a favor de la Iglesia.

En total, podemos calcular que la Iglesia contribuía con unos 100 millones de reales anuales, con muchas variaciones de un año con otro, pero la cifra nos sirve para hacernos una idea.

 

En 1763 se le prohibió a la Iglesia adquirir nuevos bienes, salvo con licencia del rey. Cuando se legaban bienes a la Iglesia, la Corona se quedaba con el quinto de esos bienes, ley que ya provenía del siglo XV. Éste era una forma de impuesto sobre bienes eclesiásticos.

 

 

IMPUESTOS NOBILIARIOS eran los pagados por el otro estamento privilegiado, también exento de muchos impuestos personales y locales. Eran principalmente las lanzas y las medias annatas:

Las “lanzas” eran un impuesto proveniente de principios de la Edad Moderna, cuando las huestes nobiliarias fueron sustituidas por ejércitos profesionales. Como los nobles ya no daban servicio personal al rey, condición indispensable en su estatus de nobleza, lo sustituyeron por este impuesto. Y como lo que los nobles habían ofrecido al rey, generalmente, eran unos lanceros, el impuesto se llamó “de lanzas”. Después de pasado mucho tiempo, el impuesto no se había actualizado y era por la ridícula cantidad de unos 10.000 reales anuales.

La media annata era un impuesto creado en 1631, y soportado igual por la nobleza y por el clero, por el que los interesados abonaban al rey la mitad de los ingresos de su primer año en un cargo público. En 1787 produjo 5,4 millones de reales.

En total, podemos calcular que la nobleza contribuía con 5,4 millones de reales al presupuesto anual.

En 1789 se prohibió hacer nuevos mayorazgos sobre bienes raíces de menos de 3.000 ducados de renta; en 1795 se les gravó con un impuesto del 15% y en 1798 se autorizó a los propietarios de mayorazgos a vender sus bienes, lo cual constituye la primera fase de la desvinculación, fase voluntaria. La medida no tuvo éxito porque obligaba a invertir el producto de la venta en vales reales al 3% y ello no todas las veces era atractivo. Además el cambio de los bienes inmuebles por otros muebles era perder seguridad y caer en manos del Estado.

 

 

LOS IMPUESTOS AL TERCER ESTADO, no deben ser confundidos con impuestos a los pobres, pues eran pagados por todos los que no tuvieran títulos de nobleza ni dedicación eclesiástica, por comerciantes ricos y pobres, agricultores ricos y pobres y todo el pueblo llano en general. Estos impuestos eran los más productivos:

 

INGRESOS PROCEDENTES DE LAS RENTAS MUNICIPALES. El rey se llevaba el 2% de estas rentas en concepto de “renta de propios y arbitrios municipales”. Los ayuntamientos ingresaban dinero por los propios (dehesas, montes, prados, eras, tierras de pan, molinos, casas, matadero, almudines (almacenes que guardaban y vendían grano), alhóndigas (lugares de venta de productos agrarios). También ingresaban dinero por los arbitrios que regían en su municipio, como censos y derechos que pagaban las fincas particulares. De esas cantidades, los ayuntamientos debían entregar al rey el 2%. Este impuesto era cobrado por una Dirección General de Propios y Arbitrios, hasta que fue cerrada en 1836.

 

 

 

IMPUESTOS INDIRECTOS.

 

LAS ”RENTAS GENERALES” eran impuestos a la importación y exportación de productos. Comprendían diezmos de la mar, almojarifazgos y renta de la lana. Hoy las llamaríamos rentas de aduanas. Eran especialmente importantes los llamados “añadidos” de la exportación de lanas, y las tributaciones por el oro y plata americanos. La Renta de la lana era un impuesto que había sustituido al más antiguo de montazgo y en el XVIII se cobraba por exportación de la lana, pagando distintas tasas las distintas regiones españolas, según beneficios estimados en cada una de ellas. Estas Rentas Generales suponían más ingresos que las Rentas Provinciales, pero estaban expuestas a vaivenes por las guerras y crisis económicas, eran más inseguras. Podían significar en años buenos hasta el 45% de los ingresos de la Corona.

Las Rentas Generales, hasta 1740, estuvieron arrendadas a particulares, y desde 1740 asumido su cobro por el Estado, cuyo beneficio ascendía a 47-86 millones en épocas de guerra con poco comercio, y 148 millones de reales en épocas de paz regulares (153,7 de recaudación, menos 5,3 de gastos de recaudación). Eran generales por cuanto afectaban a los tres estamentos. Entre las rentas generales destacaba

Las rentas generales producían 22,4 millones de reales en 1787.

Debido a que las rentas generales eran altas, el contrabando se organizó de modo general y sistemático, tanto en la península como en América. A partir de 1749 detectamos un decrecimiento de estos ingresos del Estado, lo que hay que interpretar, o bien porque la producción española estaba decayendo, o bien porque el comercio legal perdía puntos sobre el de contrabando.

 

LAS “RENTAS PROVINCIALES” eran varios impuestos cobrados en Castilla y León, impuestos al consumo que gravaban sobre artículos de primera necesidad, contratos y comercio interior. Son muy difíciles de precisar, porque eran locales, diferentes para cada provincia, y fluctuantes de unos años a otros. Además, cada renta se percibía por separado por una entidad a veces distinta, y eran costosas de recaudar y sus rendimientos netos variables. Se calcula que en 1787, 3.150 personas trabajaban en estas recaudaciones, lo que costaba al estado unos 10 millones de reales. Pero no se encontraba forma de mejorar el sistema, porque no había un catastro de bienes rústicos y urbanos que permitiera uniformar y simplificar el trabajo recaudatorio, y por tanto, había que recurrir a la costumbre admitida por ambas partes, recaudadores y pagadores, y ésta sólo era conocida por los citados profesionales. En 1785-1792, se trató de racionalizar este impuesto (Pedro de Lerena), haciendo encabezamientos en cada pueblo importante, de modo que los impuestos fueran más proporcionales a la riqueza, siendo el encabezador el que proporcionase esos informes, pero la costumbre era que los ricos escondiesen al fisco sus propiedades (aprovechando que tenían propiedades en varios pueblos, que las herencias y compraventas antiguas eran muy confusas). Si de verdad comenzaban a pagar los ricos, las rentas aumentarían, y ello permitiría rebajar impuestos sobre productos de primera necesidad, unificar recaudaciones mediante oficinas de recaudación provinciales, y seleccionar el personal evitando corrupciones establecidas secularmente. Naturalmente, fracasó. Así que se siguieron cobrando las viejas “rentas provinciales”: alcabala, cientos, millones y fiel medidor.

La alcabala, era un impuesto de origen medieval sobre las ventas, todo tipo de ventas, desde fincas e inmuebles a las pequeñas ventas diarias de los mercados. En el siglo XVI la alcabala era del 10%. En el siglo XVII, era del 14%, porque Felipe II había añadido los “cientos”. Los impuestos recaudados por alcabala y cientos en 1798 ascendían a 28,9 millones de reales.

Los cientos, eran “unos por ciento” de recargo sobre la mayoría de los artículos de consumo, y como eran cuatro, significaban un 4% de recargo además del 10% de la alcabala.

Los “millones” eran un arbitrio puesto por Felipe II sobre el consumo de carne, vino, vinagre, aceite, jabón, velas de sebo y productos extranjeros, por el que los vendedores adelantaban al rey una cantidad importante por el permiso de vender. Se arrendaban a particulares por una cantidad grande de dinero, millones, y el particular se resarcía cobrando en los mercados al llegar la mercancía para venderse: por ejemplo, el ganado tributaba un 4%, las manufacturas un 2%, las manufacturas extranjeras con hasta un 100%, y las tierras de labor que se vendían tributaban un 2,5% si el propietario las trabajaba y un 5% si era absentista. En 1798 produjeron 30,3 millones de reales. Arbitrio es una medida impositiva puesta por una autoridad competente en beneficio de una necesidad pública, por su simple autoritarismo. Este impuesto era adelantado al rey por los vendedores autorizados, cobrándoselo éstos después en cada venta.

El “fiel medidor” era un arbitrio de 1659 sobre la venta de vino, vinagre y aceite al por menor, consistente en 4 maravedís por arroba. Era muy difícil de controlar y se ocultaba al máximo. En 1798 produjo 100.000 reales.

Las rentas provinciales no afectaban a las Provincias Exentas, es decir, Navarra y País Vasco, y tampoco se pudieron imponer en la Corona de Aragón, por lo que significaban una carga que pesaba sólo sobre Castilla.

El conjunto de las Rentas Provinciales podía aportar al Estado en el XVIII entre un 20 y un 35% de los ingresos y, aunque no eran el principal ingreso de la Corona, eran el más estable y seguro.

La forma de calcular las rentas provinciales era bastante mejorable: el Estado calculaba sus gastos, y los dividía entre las diversas provincias según la riqueza estimada de cada una de ellas, riqueza que nadie había contabilizado nunca, y que se copiaba de año en año y de siglo en siglo, resultando profundamente injusta en ocasiones. La provincia repartía la cantidad entre los municipios que la integraban, con criterios muy similares a los dichos para el reparto entre provincias. El municipio repartía las cargas entre los cabezas de familia pecheros, igualmente sobre riqueza estimada. Y teniendo en cuenta que la riqueza estimada la hacían los regidores, y los regidores eran los más ricos de la ciudad, el fraude era muy probable. Nadie sabía la producción real de cada año en cada provincia, no se tenía en cuenta la prosperidad o decadencia a lo largo de los años. En algunas provincias aparecían muchos vecinos exentos (hidalgos, títulos, eclesiásticos, instituciones) y ello significaba que los pecheros tocaban a más para pagar. Las adjudicaciones de impuestos se hacían por sentir de algún político, hecho a ojo, y por tradición de lo que venía pagando hasta el momento.

Cuando Hacienda se hizo cargo de la recaudación de rentas provinciales, en 1749, se recaudó más que en años precedentes, y lo cobrado a los contribuyentes fue lo mismo que en años anteriores, lo cual indica que las cosas iban mal. En la segunda mitad del siglo XVIII se hizo revisión de los encabezamientos en varias ocasiones, y el resultado fue que el Estado cobró cada vez más, y el contribuyente pagó cada vez más.

 

OTROS IMPUESTOS AL ESTADO LLANO:

Los “servicios ordinario y extraordinario” eran contribuciones personales originadas en permisos otorgados por las Cortes al rey para cobrar una cantidad atribuible a una necesidad concreta del Estado, expresada con motivo concreto y extraordinario. El servicio ordinario era el que habitualmente concedían las Cortes para los gastos ordinarios del Estado. Servicio extraordinario era el concedido por las Cortes para satisfacer una demanda concreta del rey. Esa cantidad global se repartía entre las provincias y más tarde entre los pecheros (todos del tercer estado). A partir del siglo XVI, estos impuestos se hicieron regulares, sin intervención de las Cortes y pueden ser considerados rentas provinciales, como de hecho hacen muchos autores. Producían grandes ingresos: el servicio ordinario producía unos 300 millones de reales, y el extraordinario 150 millones. Carlos IV los suprimió en 1795.

Las tercias eran un impuesto para el estado llano, diferente a las tercias reales que pagaba la Iglesia.

La renta del aguardiente y licores, era un estanco en el siglo XVII, pero perdía dinero y se decidió sustituirlo por un tanto alzado, repartido entre los pueblos productores, que en 1798 obtuvo 7,3 millones de reales.

La renta del jabón y velas de sebo, pagaba 4 maravedís por libra.

La renta de la nieve (venta de nieve en las ciudades), tributaba con la quinta parte del precio más dos maravedís por libra. En 1798 produjo 0,6 millones de reales.

La renta de sosa y barrilla, productos jabonosos para fregado de utensilios de cocina, fue un impuesto fijado en Murcia y Andalucía, las regiones productoras, de 13 reales por quintal de barrilla y 6,5 reales por quintal de sosa. En 1798 produjo 0,3 millones de reales en impuestos.

La renta de hierbas,

La renta de azúcar, impuesto de 1,5 reales por cada dos arrobas de azúcar producida en Granada.

La renta de población, impuesto especial existente en Granada, proveniente de época de la conquista, cuando se impuso a los moros pagos por censos, tierras y uso del mar. A fines del XVIII producía 0,8 millones de reales.

La renta de la abuela, impuesto pagado en Granada por los edificios, como renta urbana actual.

La renta de diezmo de alfarage, impuesto del 10% pagado en Sevilla por el aceite, higos y brevas producidas.

La renta del cargado y regalía, impuesto pagado en Sevilla por el vinagre, vino y aceite embarcado para exportar.

La renta de internación, impuesto pagado en Sevilla por los productos extranjeros que se querían exportar y equivalía a un 5% de su valor. Producía en 1798 12 millones de reales.

La renta del Casco de Madrid, era el conjunto global de rentas que pagaba la ciudad de Madrid y que eran recaudadas por los Cinco Gremios Mayores de Madrid, que tenían alquilada su recaudación. A finales del XVIII produjo 155 millones de reales anuales.

El impuesto de la regalía de casa-aposento se pagaba en Madrid en concepto de que antiguamente se debía alojar al rey y su comitiva, y más tarde se sustituyó por una tasa que afectaba a un tercio del alquiler de cada inmueble madrileño. Al establecer Felipe II la Corte en Madrid, consideró que ese mismo hecho atraía a mucha gente a hospedarse o alquilar inmuebles en Madrid, por lo que la corona tenía unos derechos. En 1787 produjo 0,7 millones de reales.

Las penas de cámara, eran una parte de las multas puestas por los tribunales de justicia, una vez descontados los gastos judiciales. En 1787 produjeron 1,5 millones de reales.

Los “efectos de cámara y frades de escribanos” eran unos pagos que los funcionarios debían hacer en la hora de su nombramiento para un cargo o cuando obtenían ciertas dispensas. En 1787 produjo 0,7 millones de reales.

El impuesto de utensilios provenía de la obligación de los pueblos de dar alojamiento, cama y luz a los soldados, obligación que fue sustituida por este impuesto. Sólo la pagaba Castilla, pues la Corona de Aragón la tenía incluida en la Contribución Única, Equivalente, Catastro Catalán o Talla de Mallorca. En 1787 produjo 3,2 millones de reales.

Las fábricas de paños, estaban sometidas a un impuesto de fabricación de paños, pero también tenían subvenciones y exenciones, cuya suma solía ser mayor a la de los impuestos que debían pagar. El resultado era negativo para las arcas del Estado.

El total de impuestos pagados por el tercer estado, aunque nadie se atreve a dar la cifra por incalculable, variable, era superior a los 500 millones de reales, cinco veces más que la Iglesia, y cien veces más que la nobleza. Claro que también eran muchas más personas, y no todas eran pobres, pues en el Tercer Estado se incluían todos, ricos y pobres, que no fueran nobles ni eclesiásticos.

 

 

IMPUESTOS A TERRITORIOS SINGULARES:

Real Contribución Única de Aragón era un impuesto global, aparecido en 1718, que sustituía en ese territorio al de las rentas provinciales castellanas y se fijó en una cantidad de 5 millones de reales.

Equivalente de Valencia era un impuesto global, que sustituía al de las rentas provinciales castellano en Valencia y se evaluaba en 7,7 millones de reales. Valencia pagaba, además, el 8% del género que entraba a la ciudad, lo cual producía al Estado unos 4,2 millones de reales.

Catastro de Cataluña, era un impuesto global que se pagaba en Cataluña en sustitución de las rentas provinciales castellanas, presumiendo que Cataluña había hecho un cálculo de los haberes y ganancias de cada vecino, y por tanto, del tanto global que le correspondía pagar, que se evaluaba en 16,6 millones de reales en 1787.

Talla de Mallorca, era el impuesto global que se pagaba en las Islas Baleares en sustitución de las rentas provinciales castellanas, y que era revisable cada pocos años, empezando a pagar 0,4 millones en 1717, que eran 2,3 millones de reales a fines del XVIII.

El Servicio de Navarra era la cantidad que las Cortes de Navarra acordaban entregar al rey cada año, según veían sus posibilidades, ya que estaban exentas de rentas generales y rentas provinciales.

El Donativo de las Vascongadas era la cantidad que las diputaciones vascas acordaban entregar al rey cada año, ya que estaban exentas de rentas generales y rentas provinciales.

 

 

DEUDA DEL ESTADO ORDINARIA.

 

Los ingresos del Estado se completaban con los “efectos extraordinarios”, o deuda contraída en el interior y en el extranjero. La deuda tomada para completar los gastos del Estado fue una cantidad demasiado grande para las posibilidades de España, y, pagada con nueva deuda, se formó una burbuja financiera que acabó en crisis completa en los reinados de Carlos IV y Fernando VII. Según Enciso:

En 1793 se tomaron 168 millones de reales.

En 1794, 593 millones de reales.

En 1795, 670 millones de reales.

En 1796, 104 millones de reales.

En 1797, 329 millones de reales.

En 1798, 422 millones de reales.

En 1799, 673 millones de reales.

En 1800, 695 millones de reales.

En 1801, 315 millones de reales.

En 1802, 330 millones de reales.

En 1803, 220 millones de reales.

En 1804, 231 millones de reales.

En 1805, 431 millones de reales.

En 1806, 529 millones de reales.

En 1807, 491 millones de reales.

Es decir, que la deuda tomada para completar los gastos del Estado, o déficit de Hacienda, era de entre el 30 y 46% del presupuesto anual, una cantidad absolutamente insostenible a medio y largo plazo.

La deuda se lanzaba en el siglo XVI en juros. En 1722 los juros se pagaban anualmente con 20 millones de reales, que se sacaban de las rentas provinciales.

En octubre de 1749, Ensenada puso en marcha el Real Giro, una forma de endeudamiento del Estado por el que Hacienda compraba letras contra empresas comerciales europeas y con ese dinero transfería fondos y realizaba pagos. El sistema desapareció junto con Ensenada.

En 1769 el Estado imaginó otra forma de captar dinero, con menos coste que los juros perpetuos, y eran los “juros vitalicios”. El interesado entregaba al Estado un capital a cambio de una renta vitalicia, que venía a ser de un 9% anual. Este interés era mucho más alto que el de los juros y vales reales, que se emitían al 3%, pero el Estado se beneficiaba pues tenía oferta de dinero abundante. No fue buena idea, porque el Estado no podía pagar.

En el XVIII se lanzó la deuda del Estado en vales reales. La idea de crear los vales reales surgió durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se atribuye a Cabarrús, y su consorcio franco holandés, el lanzamiento de los primeros vales reales, 9.900.000 pesos (que equivalían a 148,5 millones de reales) emitidos al 4%. A Cabarrús se le permitió emitir papel moneda desde 20 de septiembre de 1780, y emitió efectivamente 16.500 vales al precio de 600 pesos cada uno. La solución Cabarrús pareció una mina inagotable a los políticos españoles del momento, y en 1781, 1782, 1785 y 1788 emitieron nuevos vales. En principio, tomar deuda no es malo, si se tiene previsto el modo de pagarla. El problema del XVIII es que nunca consideró realmente pagarla.

 

 

LAS CUENTAS DEL ESTADO.

 

Para valorar mejor las cantidades de impuestos que acabamos de citar, es conveniente considerar los gastos anuales del Estado español.

El presupuesto global de ingresos del Estado se calculaba en 142 millones en 1701, 296 millones en 1745, 650 millones de reales a finales de siglo XVIII en año ordinario[1].

Los gastos del Estado de fines del XVIII, los calculaba en 1834 Canga Argüelles en:

91 millones de reales la Casa Real.

52 millones la Secretaría de Estado.

9 millones la Secretaría de Gracia y Justicia.

12 millones la Secretaria de Indias.

144 millones la Secretaría de Hacienda.

208 millones el ejército en tiempos de paz.

159 millones la Marina en tiempos de paz.

Lo que suma 675 millones, pero que el autor rebaja a 653 en un año más normal.

En todo caso, falta por contabilizar los gastos del ejército en la guerra, los intereses de la deuda y las amortizaciones. Los gastos de guerra eran enormes, pero no dispongo de datos concretos. Los intereses de la deuda se pueden calcular en unos 29 a 32 millones de reales. Las amortizaciones de deuda eran tan importantes como los préstamos que se hubieran tomado, lo que significa que el déficit era creciente.

Para cobrar los impuestos era precisa una policía especial, o fuerza militar, que evitase disturbios en el cobro y latrocinios después de la recaudación. Esa policía recibía el nombre de “el resguardo” y contaba con unos 3.000 ó 4.000 hombres. Su principal tarea era proteger los monopolios del Estado, a fin de que nadie vendiera de contrabando. También había un servicio de guardacostas, para evitar contrabando, pero era tema distinto.

 

 

POLÍTICA IMPOSITIVA DE CARLOS III Y CARLOS IV.

 

Una de las claves para entender el reinado de Carlos III, y el de Carlos IV, es el dato de que los impuestos subieron todos los años, y que los gastos de guerra crecieron mucho más que los impuestos, creando un déficit acumulativo insostenible a largo plazo. A corto plazo se hicieron muchas cosas, y los españoles opinaron que Carlos III era un magnífico rey. A medio plazo se intentaron soluciones temporales, como emisiones de deuda, desamortizaciones… No se hicieron las verdaderas reformas precisas para el funcionamiento de España, el catastro, el pago de impuestos proporcional a la riqueza, la eliminación completa de privilegios señoriales y eclesiásticos. La burbuja estalló en 1808, pero podía haber estallado cualquier otro año de por entonces. Para 1808, Canga Argüelles calculaba la deuda del Estado en 7.098,7 millones de reales, con años de 700 a 800 millones de déficit, lo cual eran los ingresos íntegros de seis años. Carlos III es el iniciador de la burbuja de la deuda pública, y Carlos IV el hombre que no cortó el problema y al que le estalló la burbuja de la deuda.

 

 

 

[1] Fuente: José Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda con aplicación a España, Madrid 1834.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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