LA OBRA DE ENSENADA

en hacienda, política, industria.

 

 

Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, era originalmente un personaje secundario, un golilla, un técnico dentro del Gobierno de Carvajal, pero su obra reformista de la política económica y militar española fue tan importante, que el tiempo engrandecería su figura hasta el punto de ser recordado en la historia entre la media docena de mejores políticos del XVIII.

Ensenada tenía un programa de Gobierno, cosa que no era muy habitual en los gobernantes españoles del XVIII, algunos de ellos bastante ineptos. Y la más importante de las reformas de Ensenada fue rodearse de un equipo eficiente.

 

Las ideas básicas de Ensenada, eran:

Tener unos objetivos centrales claros, alrededor de los cuales girase el resto de acciones políticas.

Hacer tolerables los tributos. Para ello habría que poner en Castilla un impuesto semejante al de los países de la Corona de Aragón que se llamaría “sola contribución”, “real contribución”, “catastro”, o “capitación”, pero que sería igual o semejante al catastro catalán, un impuesto proporcional a la riqueza de cada castellano. Esto no lo pudo llevar a cabo por razones técnicas, como la elaboración de un censo de población y un catastro de riquezas inmuebles, pero también por razones sociales, pues era toda una revolución el que los nobles y eclesiásticos pasaran de ser privilegiados que pagaban pocos impuestos, a ser los que más contribuyeran.

Favorecer la agricultura y fábricas españolas, mediante la libertad de trabajo y elección de oficio.

Favorecer el comercio y la producción de las Indias y fortalecer la economía básica española peninsular mediante la libertad de comercio interior, construcción de canales, puertos de montaña, caminos…

Reforzar la armada (con ayuda de Jorge Juan y de Antonio de Ulloa), a fin de poseer unos 50 navíos de guerra en unos ocho años.

Evitar en Indias el plan inglés de “libre navegación de los mares”, porque el objetivo de Inglaterra era quedarse con esas tierras, pero Ensenada pensaba hacerlo sin oponerse de lleno a Inglaterra, porque España no tenía medios para hacerlo.

 

 

 

PRIMERA PARTE: PROGRAMA DE INGRESOS DE HACIENDA.

 

Lo urgente en 1746 era equilibrar las cuentas del Estado, y así, en 1746 se decretaron nuevas fuentes de ingresos para Hacienda.

 

El sistema viejo de los impuestos se basaba en tres fuentes: las rentas provinciales, los estancos de tabaco y sal, y las siete rentas.

Las RENTAS PROVINCIALES eran tres: tercias reales, alcabalas y millones.

Las tercias reales eran un tercio de los diezmos pagados a la Iglesia, pero un tercio de ese tercio (es decir, un noveno del diezmo) se dedicaba a construcción y reparación de iglesias. La recaudación de las tercias la hacía directamente el Estado, pues se estuvo dando anteriormente la circunstancia de que con las tercias recaudadas por los pueblos se pagaban otros impuestos como encabezamientos y contribuciones, y el Estado decidió intervenir.

Las alcabalas gravaban los contratos y los tratos comerciales hasta en un 14% del precio de venta.

Los millones eran tributos sobre el vino, vinagre, aceite, carne, pescado, sebo, cacao, azúcar, que pesaban sobre todos los estamentos sociales.

LOS ESTANCOS DEL TABACO Y LA SAL, eran monopolios estatales de venta de estos productos, a fin de cargar sobre ellos una cantidad de impuestos.

LAS SIETE RENTAS eran otros estancos similares a los de tabaco y sal, pero pesaban sobre el salitre, pólvora, azogue, plomo, lacre, bermellón, naipes, alcohol y azufre, que en algún momento fueron sólo siete productos y de ahí se les quedó el nombre.

Así planteadas, las rentas provinciales eran muy difíciles de recaudar. Muchas de ellas se arrendaban a asentadores y ello generaba muchos problemas: en primer lugar se calculaban las necesidades del Estado para ese año, lo cual ya era difícil, sin contabilidad. Luego se repartía el monto de lo estimado necesario de recaudar, entre lo estimado como riqueza de las provincias. Las estimaciones eran más bien por razones de tradición. Los intendentes repartían las estimaciones entre los alcaldes de los pueblos y éstos entre los vecinos. Los asentadores de impuestos cobraban lo que podían, y las malas lenguas decían que recaudaban tres y cuatro veces más de lo que el Estado les pedía, con lo cual el negocio era pingüe. Como se daba la circunstancia de que los ricos tenían exenciones fiscales por privilegio estamental, y que los ricos tenían influencias a la hora de confeccionar la listas de pecheros de forma que muchas de sus riquezas no eran computadas y no pagaban por tanto impuestos, resultaba que los pobres pagaban mucho más que los ricos. En definitiva, los recaudadores ganaban más que el Estado, y sus abusos quedaban legalizados en su propio contrato, o asiento, con el Estado.

 

Y en octubre de 1749 una Real Cédula abolió algunas Rentas Provinciales. La reducción del montante global de las rentas provinciales, debía servir para que hubiera en Castilla más comercio y actividad industrial, y ello redundaría en más recaudación de Hacienda.

Esta labor de intentar una recaudación más sencilla complementaba a la realizada por Felipe V de unificar la recaudación en el ministerio de Hacienda. El criterio de Felipe V no era todavía el actual, proporcional a la riqueza, pero racionalizaba a su manera los tributos: repartía proporcionalmente a la población la cantidad de impuestos que el Estado deseaba cada año. Esta cantidad la decidía el Estado según unos criterios: calculaba la riqueza rústica y urbana de cada territorio o provincia y la hacía pagar a todos los habitantes, de cualquier condición que fueran. Calculaba, en segundo lugar, los impuestos a obtener del trabajo y actividades comerciales, impuestos de los que estaban exentos la nobleza y el clero. Por eso el Catastro de Ensenada tenía un valor fundamental en la recaudación.

El intento de reforma fiscal de Ensenada levantó un gran descontento y oposición de los nobles y la Iglesia, que acabarán convenciendo a Fernando VI para que le retire su confianza.

También se abolieron los impuestos que tenían mayor gasto de recaudación que de producción de ingresos, o que producían muy poco al Estado, aunque produjesen ganancias a los recaudadores, como era el caso del Consejo de Cruzada, organismo que fue sustituido por una Contaduría de Cruzada. También se abolió el impuesto de “servicio y montazgo” que pagaba la mesta.

Era una decisión demasiado arriesgada, condenada al fracaso. Estos ingresos que se perdían trataron de ser compensados por otros nuevos, que vemos a continuación.

 

 

NUEVAS FUENTES DE INGRESOS DE HACIENDA:

 

Como a corto plazo, el catastro no iba a estar listo y la Contribución Única no iba a dar ingresos y sí gastos, Ensenada tuvo que pensar en unos ingresos extraordinarios e inmediatos, los cuales se esperaban obtener de la administración directa por el Estado del cobro de las rentas provinciales; de la figura del Real Giro; y de fondos de la Iglesia, los cuales se debían negociar en un nuevo Concordato.

Se impuso una contribución del 50% de las sisas[1] y arbitrios de los pueblos

Se aplicó al Erario Público un tercio de las rentas, sueldos y emolumentos de los cargos enajenados por la Corona.

Se pidió un donativo forzoso a los arrendadores de rentas, y se vendieron algunas fincas del Patrimonio Real (como la Dehesa de La Serena).

En cuanto a la administración directa del cobro de impuestos, hay que decir que los impuestos antiguos eran tan complejos que se habían hecho absurdos, e incluso en alguna recaudación se perdía dinero. La solución planteada era la administración directa por el Estado y la simplificación de los impuestos, al tiempo que se abolía el sistema de arrendamientos o asientos. El 1 de octubre de 1749, Ensenada decidió administrar directamente las rentas del Estado, aunque ello significara que salieran perjudicadas muchas fortunas españolas cuyo negocio era la recaudación. Según este proyecto, los impuestos serían recaudados en adelante por Hacienda directamente. Las dificultades fueron al principio muchas por falta de infraestructura, pero enseguida la recaudación se incrementó notablemente, y esta reforma fue permanente.

Pero el sistema de la recaudación era tan absurdo si lo recaudaban los arrendadores como si lo hacía el Estado. Era preciso simplificar. La “contribución única”, era la sustitución de los múltiples impuestos por uno solo sobre la riqueza estimada para cada empresa familiar o sociedad de producción o de comercio.

Pero no había un catastro de la riqueza existente en el país, y de los propietarios de dicha riqueza. Y los que podían hacerlo no tenían interés ninguno en que se descubriesen sus bienes y actividades lucrativas, lo cual redundaría en pago de impuestos. Y el catastro fue imposible. En 1715 se había hecho un catastro en Cataluña, pero aprovechando la situación de derrota y castigo a los nobles rebeldes a Felipe V, lo cual había facilitado las cosas. Pero Castilla no quería catastro. En 1746 se intentó empezar el catastro en Guadalajara, a modo de ensayo previo a hacerlo en toda Castilla (Castilla, Andalucía, Extremadura, Galicia, País Vasco y Murcia eran Castilla). Para hacer el catastro era preciso primero tener un censo de población, que Floridablanca hizo, y al que no se dio mucha importancia en su tiempo, pero sí en épocas posteriores para los historiadores del XVIII. En 1749, los nobles y eclesiásticos protestaron, y en 1754, lograron la caída de ensenada y el abandono del proyecto.

Ensenada decidió, en 10 de octubre de 1749, imponer la “Contribución Única” en Castilla, sustituyendo a las rentas provinciales (alcabalas, cientos y millones) por un impuesto único y proporcional a la riqueza, pero su planteamiento se quedó en mera teoría. Respecto a la Única Contribución, la nobleza no protestó demasiado, pero el clero sí. Ensenada explicó que sólo pretendía sustituir los muchos impuestos que pagaba el clero (muchos se debe entender por variedad, no por cantidad) por uno sólo, y el clero se apaciguó.

La Única Contribución requería de un catastro, y se ordenó hacerlo. La Contribución Única se proclamó solemnemente en 1770, pero fue un fracaso por deficiencias en el catastro, y sería eliminada posteriormente por Floridablanca.

Mientras tanto se ponía en marcha la Contribución Única, las Rentas Provinciales serían administradas directamente por el Estado a partir de 1 de enero de 1750, lo cual eliminaba a los arrendadores y mucha corrupción.

 

El Real Giro.

La consecución de infraestructura para realizar el cobro directo de impuestos, realización del catastro, nuevos edificios y funcionarios, no era fácil, pues nuevos edificios y nuevos funcionarios significaban nuevos gastos, y los nuevos gastos significaban un nuevo impuesto.

El impuesto pensado para esta financiación fue la Oficina del Real Giro, creado en 1752. Hacienda decidió gestionar la salida de dinero de España y ser ella la que pagase las operaciones comerciales y financieras que los españoles hacían en el extranjero, tanto los gastos de las embajadas en el sector público, como los pagos comerciales en el sector privado, así como los pagos a embajadores y embajadas en el extranjero. El Real Giro era una dependencia oficial, del Estado, que debería negociar directamente los efectos monetarios del Estado, así metales preciosos, como letras y otros efectos. Ello significaba prescindir de los asentistas que abastecían al ejército y a la Corte y tomar directamente la administración del dinero. Invitaba a los particulares que quisieran que sus metales fueran administrados por el Estado, a solicitar la intermediación. Ensenada quería constituir un fondo de metales que le permitiera su autofinanciación. Para los particulares, el Real Giro, era un sistema de pagos en el extranjero que evitaría los costosos gastos de transferencias hechas por medio de cambistas y era mucho más barato que pagar la comisión de los cambistas que rondaba el 20%. La oficina central de esta nueva institución estuvo en Madrid, y tenía delegaciones en Barcelona, Bilbao, Cádiz y Málaga, y sucursales en París, Londres, Amsterdam, Lyon, Roma, Génova, Nápoles y Lisboa, y actuaba como un verdadero banco negociando letras en el extranjero. La parte negativa del hecho es la pérdida de negocio de muchos comisionistas de Madrid y de las ciudades citadas, que quedaron descontentos. Naturalmente, el Real Giro no gustó a los financieros, llamados algunas veces banqueros pues de alguna manera adelantaban un dinero y se lo cobraban después, pero tampoco hacían una labor distinta a los asentistas.

El proyecto era que este organismo evolucionara hacia la posesión de fondos propios, como un banco, pero Ensenada fue depuesto en 1754 y la Oficina de Giro no llegó a desarrollarse.

Los ricos de España protestaron y se coaligaron contra Ensenada, logrando eliminar el Real Giro en 1754, al mismo tiempo que caía Ensenada. Pero Carlos III lo retomaría en 1784 con el Banco de San Carlos.

La necesidad de un Banco estatal era sentida por casi todos los españoles, pero este proyecto todavía tardaría 31 años más, hasta la creación del Banco de San Carlos en 1782.

 

Nuevos ingresos arancelarios:

En 1747 se insistió en un arancel proteccionista, lo cual significaba algunos ingresos más.

Se aumentó la renta de aduanas sustituyendo el “cobro por aforo” (es decir, por volumen) por un cobro por el valor intrínseco de las mercancías comercializadas.

Ensenada elevó los impuestos sobre la sal, lana y tabaco.

Creó nuevos arbitrios como la Renta del Almirantazgo, y la renta del azogue (mercurio).

Ensenada puso un nuevo impuesto cargando un 6% sobre la extracción de oro y plata e incrementó la vigilancia sobre los barcos que hacían comercio de Indias. El sistema de flotas había sido eliminado en 1740, y los navíos de registro debían ser vigilados, pues era fácil pasar el registro y recoger mercancías y pasajeros en un punto determinado o a través de un segundo barco.

 

También se luchó contra la corrupción y el contrabando: Hacia 1748 Jorge Juan y Antonio de Ulloa habían escrito, durante su expedición a América (1734-1753), las Noticias Secretas de América, (publicadas en Londres en 1826), en donde se contaba que gran parte del comercio americano era ilícito y que ello era posible gracias a la corrupción generalizada de los funcionarios españoles, los cuales eran sobornados por los colonos para que permitieran el contrabando. Los autores de esta crítica fría, eran los renombrados Antonio de Ulloa y Jorge Juan, que habían ido a medir el meridiano a América. El informe sugería que los remedios no eran disciplinarios, ni aumentar la vigilancia de las costas, los cuales serían remedios puntuales, sino estructurar mejor el comercio, suprimir el sistema de flotas, acabar con el monopolio de la Casa de Contratación, abastecer bien y a buen precio a los americanos acabando con los abusos de precios que se estaban produciendo y utilizar la ruta del Cabo de Hornos para ir a Perú, desechando la de Portobelo (Panamá). En 1762, Bernardo Ward repetiría las tesis de las Noticias Secretas de América. Se supone que en 1753, a la vuelta de América, se las comunicaron a Fernando VI.

 

Reducción de gastos ordinarios del Estado.

En lo tocante a los gastos de Palacio, que parecían muy cuantiosos, éstos habían sido regulados en 1743 por la Única Tesorería de las Reales Servidumbres, antes de la llegada al trono de Fernando VI, pero la puesta en práctica se debió a Ensenada a partir de 1749, que planteó una reducción del número de criados de Palacio y que éstos tuvieran un sueldo fijo, pero resultó que el gasto era similar al existente antes de la reforma.

En 1750 se suprimió el Consejo de la Santa Cruzada, dependiente de la superintendencia General de Hacienda, que se encargaba de recaudar los impuestos o contribución de la Iglesia en concepto de Cruzada, creando en su lugar la Comisaría General de Cruzada, cuya misión más importante era controlar y recaudar el impuesto del excusado.

En algún caso, hubo reforma de esas infraestructuras de recaudación: En 1751 se creó la Contaduría Mayor de Indias, aneja al Consejo de Indias, pues los funcionarios americanos tenían muy mala fama, como corruptos casi todos ellos. Inmediatamente, la institución creó complicaciones por conflictos de competencias con los Secretarios del Consejo de Indias. En 1790, al Contador General se le añadieron tres Directores de la Real Hacienda y Comercio de Indias (Diego Gardoqui, Pedro Aparici y Casa Valencia) que no pudieron con la corrupción americana, y en 1794 se volvió a reformar la Contaduría General, y en 1804 se insistió en la reformas, lo que sugiere lo profundo del problema y sus dificultades de subsanación. Si a principios del XVIII no gustaban los funcionarios que habían tenido cargos en América, y sólo el 16% de ellos procedían de estos cargos, la situación se invirtió desde mediados de siglo, y el Consejo de Indias fue regentado por antiguos cargos americanos, y en 1773 ya eran casi todos. La corrupción no indicaba nada bueno, y era obvio que los corruptos pedirían más y más, lo que hay que tener en cuenta a la hora de las independencias, no como reacción contra los corruptos, sino como reacción de los corruptos ante la posibilidad de perder sus privilegios.

 

También se decidió eliminar las diversas monedas de plata de distinta riqueza que había en los diversos territorios peninsulares y difundir el real de a dos, de poco contenido en metal. Los catalanes llamaron a esta pieza pequeña “peçeta” (piececita) y éste fue el origen del nombre de una moneda española.

 

El 15 de julio de 1748 se suspendió el interés de los juros, justificándolo en que su interés era excesivo. La medida afectaba a la deuda contraída desde 10 de julio de 1746, muerte de Felipe V, a 15 de junio de 1748. Es difícil entender lo que pretendían con este decreto. Felipe V había hecho “reducciones” de juros en 1705, que consistían en rebajarles por decreto el interés a cobrar, del 5% al 3% anual. En el fondo del problema había dos cuestiones: que el Estado no tenía ni idea de la cantidad de juros que estaban en circulación y que los juros estaban circulando como moneda con la simple firma de un contador que garantizaba que se pagaría ese juro, lo cual era muy poca seguridad y provocaría depreciación, si se seguían emitiendo juros. Quizás se pretendía que no circularan los juros, o no en tan gran cantidad como habían aparecido en la calle. Llegó a proponer la redención voluntaria de algunos juros, pero esa meta era quizás demasiado alta para las posibilidades del Estado español.

 

En 1750 se decidió que los censos aragoneses cobraran el 3% en interés anual y no el 5% como hasta entonces. Los censos eran las rentas que el Estado pagaba por el uso de determinados inmuebles o fincas, y habían sido rebajados en Castilla en 1705, afectando a 43 millones de reales anuales de rentas. En Aragón afectaba a 68 millones de reales en rentas. Generalmente, los perceptores eran eclesiásticos.

 

El 13 de octubre de 1749 apareció la Ordenanza de Intendentes restableciendo la figura del Intendente, lo cual debía hacer posible la realización del Catastro, y también debía proteger la economía y recursos de las ciudades, os pueblos, el sector rural, el comercio e industria locales. Resultó que no todos los intendentes estuvieron de acuerdo en la realización del catastro. Había cuatro “intendentes de guerra” en Sevilla, Extremadura, Zamora y Galicia, y 18 “intendentes de provincia” distribuidos por todo la geografía nacional. Los Intendentes debían realizar informes semanales sobre agricultura, ganadería, precios, estado de los caminos… Algunos intendentes se ausentaban de sus destinos alegando razones familiares y de salud. Ante tantas resistencias se decidió devolver a los corregidores la justicia y la jurisdicción que tenían anteriormente, hasta que en 1802 los intendentes recuperaran estas funciones de nuevo.

 

En 10 de octubre de 1749 se ordenó hacer el llamado Catastro de Ensenada en las 22 provincias que estaban incluidas en Castilla, Galicia, Extremadura, Andalucía y Murcia, buscando los vecinos pecheros: los datos excluían a los nobles, viudas, gente sin domicilio y gentes procedentes de otros reinos que viviesen en Castilla. Quedaron excluidos de este catastro Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, pero estas cuatro últimas regiones ya tenían su catastro hecho con anterioridad. El Decreto de 10 de octubre de 1749 creaba una Junta para la Investigación Catastral y encargaba a los Intendentes hacer localización de fincas. Era una vieja idea, que realizó Felipe V para Cataluña, y que Ensenada trató de ampliarla a toda España y, aunque resultó imposible, logró recaudar más. Era una labor muy compleja, y muy elaborada:

Los “libros maestros” de cada población recogían con detalle las propiedades y rentas de cada vecino, y de cada libro se hacía un duplicado que se enviaba a Intendencia, mientras el original se guardaba en el ayuntamiento interesado.

Las “respuestas generales” eran un cuestionario oficial que ocupó 672 volúmenes (hoy en el archivo de Simancas) con informes de las autoridades locales sobre las propiedades rentas y producción atribuible al pueblo. Se sospecha que tuvo muchas ocultaciones, puesto que sabían que serviría para cobrarles los impuestos.

Los “resúmenes” son informes en 109 volúmenes, por reinos y provincias (hoy en el Archivo Histórico Nacional).

Se estimaba suficiente cobrar en adelante un 4,06% del Producto Nacional, pero incluyendo la riqueza territorial, la industrial y la comercial. El impuesto también incluiría un 1% sobre todas las riquezas de la Iglesia, y ello provocó que la Iglesia protestase y encabezase la oposición al nuevo sistema de impuestos, y el proyecto se pospuso. En 1770 se volvería a intentar la contribución única, con el mismo resultado.

El proyecto, dentro del nivel de desarrollo técnico de su época, era faraónico. Cada informe causaba múltiples reclamaciones y quejas, que había que resolver una a una, y suponía que las autoridades municipales y las justicias colaborasen en la idea de asignar los nuevos impuestos. Tenía pocas posibilidades de éxito, o ninguna.

 

El Catastro de Ensenada es para nosotros de difícil interpretación: Cuando incluye gente sin domicilio, es muy difícil interpretar qué quiere decir, si carecían de casa, o si eran transeúntes o inmigrantes, y el problema es grande porque en algunas provincias aparecen más de cien mil personas en esta situación, mientras en otras no aparece prácticamente ninguno. La calificación que se da a las personas censadas, cabezas de familia, jornaleros, pastores, criados, pobres de solemnidad y personas sin domicilio, hace que los datos sean difíciles de interpretar, pues no es lo mismo una familia completa normal, que las familias en los otros diversos casos. Utilizar coeficientes generales para transformar vecinos en habitantes es muy arriesgado y ello da lugar a la desconfianza de los estudiosos del tema (con coeficiente 5 daría una población española de 8.625.856, lo que a todos les parece exagerado; con coeficiente 4,5, daría 7.924.837 habitantes, lo que les parece muchos más habitantes de los previsibles; con coeficiente 4, daría una población de 7.223.788 habitantes, lo que todavía les parece más de lo que en realidad, previsiblemente, habría). El problema es que Campoflorido daba en 1717 una población de 804.000 vecinos para la zona coincidente con la de Ensenada y éste da 1.385.000 vecinos, lo que sería mucho crecimiento. Y no debemos olvidar que la intención de ocultamiento, de cara a Hacienda, sería la misma. Sabemos que Campoflorido se quedó muy corto en sus cálculos, pero los datos siguen sin encajar.

El Catastro se elaboró durante cinco años, hasta que el despido de Ensenada lo interrumpió. Se empezó con el estudio piloto en Guadalajara, y después se amplió a toda Castilla asignándole un presupuesto de 40 millones de reales. No se pudo completar y puede ser calificado como un fracaso, pero en ese periodo de 1749-1754 se logró subir la recaudación de hacienda en un 500%, logrando los primeros superavits desde el siglo XVI. La recaudación, cuando llegó Ensenada, era de cinco millones de ducados y cuando se marchó era de 27 millones. Ello fue posible, sobre todo gracias a lo trabajado en el catastro de 1750 por el que aparecieron cantidad de contribuyentes ocultos. Los nobles y eclesiásticos pararon el progreso del proyecto.

El catálogo o catastro de todas las fincas de España no estuvo listo sino en el siglo XX, a partir del proyecto de Echegaray 1906 y el trabajo de Franco en 1941-1950. El catastro de Ensenada sólo fue una encuesta con un cuestionario de 40 preguntas generales que debía responder en cada pueblo una comisión integrada por el cura, miembros del concejo y algunos labradores nombrados por el Ayuntamiento o por el intendente, y una segunda parte de respuestas particulares hechas por cada vecino del pueblo sobre miembros de su familia, su oficio y patrimonio, y su hacienda en cuanto a propiedades, calidad y valor de las mismas. Con estos datos se confeccionaron el Libro del Mayor Hacendado para que tributara su diezmo a la Corona en vez de a la Iglesia, y el Libro del Enajenado de la Corona o relación de personas con empleos o rentas vendidas por el Estado.

 

 

Dificultades para la implantación del liberalismo.

En 1748 se hizo una gran liberalización del comercio americano:

Se autorizó la libre navegación por el Estrecho de Magallanes o Cabo de Hornos.

Se habilitaron varios puertos para fletar barcos para América. El decreto provocó una gran protesta en Cádiz y se abolió el decreto.

En 1751 se renovó el proteccionismo prohibiendo importar algodones y lienzos pintados de China, Asia y Levante en general, al tiempo que se ponía un arancel del 30% a los cotonados de Malta y a las muselinas.

 

Valoración de las reformas hacendísticas de Ensenada:

Hay que tener en cuenta la circunstancia de que los años 1747-1753 fueron años de mala cosecha y hambre en España, años malos por tanto para subir impuestos.    En 1748 hubo una gran manifestación en Granada contra las subidas de precios.

Pese a ello, el aumento en el consumo y el crecimiento demográfico, también contribuyeron a aumentar la recaudación de impuestos, sobre todo las rentas que procedían de América que, en tiempos de paz como 1748-1759 casi se duplicaron, aunque Ensenada opinaba que todavía se podían hacer crecer mucho más. Sobre estas rentas procedentes de América, Ensenada pensaba que se debían dedicar íntegramente a gastos extraordinarios de la Corona y armamento para Ejército y Marina, pues era la forma de que revirtiese en más seguridad para el comercio americano y nuevos ingresos de Hacienda.

En 1748 se acabó la Guerra de Sucesión de Austria y ello pudiera sugerir que los gastos del Ejército y la Marina se reducirían, pero no era cierto: el Estado, y también Ensenada, querían potenciar la fuerza militar española, y había que fabricar barcos y armas para proteger el comercio. Ciertamente se redujo el porcentaje de participación en los gastos del Estado, pero tal vez se debió al aumento de recaudación por revitalización del comercio. Si los gastos militares de 1731 suponían el 75% de presupuesto, en 1737 era el 62% y en 1755 era sólo el 57,1%, pero seguía siendo un gasto muy grande.

 

 

 

SEGUNDA PARTE: PROGRAMA DE REFORMAS POLÍTICAS.

 

Nos referimos a las reformas políticas de la administración territorial, intendentes y corregimientos, y no a las reformas de la administración central, emprendidas mucho antes.

En 13 de octubre de 1749 se generalizó el sistema de Intendentes a todos los reinos peninsulares, proyecto iniciado en 1711 y en 1718 y abolido teóricamente en 1724, salvo para abastecimiento y vigilancia de gastos del ejército. La idea había sido planteada en 1711, y en 1713 para la Corona de Aragón, en 1714 con el Reglamento de Intendentes, y en 1718 por Alberoni, y nunca había tenido éxito. Alberoni llegó a poner 20 intendentes que debían ser como Gobernadores provinciales, pero en 1721 y 1722 le echaron abajo la idea, y sólo quedaron 9, con funciones de inspector de rentas, pues se les quitó la gubernativa, recaudativa de Hacienda, y la judicial. En 1740 recomenzó la reivindicación del Intendente declarándole juez exclusivo en asuntos de rentas reales. Y el 13 de octubre de 1749 llegó la ocasión idónea cuando Ensenada abolió el arrendamiento de impuestos y extendió la idea de la “contribución única” (que nunca pudo cobrar), labor para la que serían necesarios nuevos funcionarios.

Los Intendentes eran por una parte agentes políticos del Gobierno, con funciones como los Gobernadores actuales, pero también controlaban y observaban la economía de su distrito y tenían la misión de intentar el catastro, defender los intereses provinciales, defender las fuentes de recursos autóctonas, y fomentar el comercio y la industria local. Estos intendentes hicieron como labor más destacable para nosotros, unos mapas de las provincias que gobernaban.

Las funciones del Intendente ya venían reguladas, por la Ordenanza de 4 de julio de 1718, y eran de justicia, policía, hacienda y guerra, pero Ensenada insistió en controlar las rentas reales y suministrar alimentos y armas a las tropas, y en las competencias de “policía”. Policía significaba en aquél tiempo proteger la industria, ganadería, bosques, regadíos, cría de caballos, confeccionar mapas y censos de población, hacer estadísticas de producción y controlar las posadas y caminos. Además se les atribuían funciones de “justicia” como: conservar la paz, velar por la recta administración de la justicia, vigilar los arbitrios municipales, controlar a los escribanos, y reprimir a los vagabundos.

Los Intendentes de 1749 eran de tipo provincial, no militar como hasta entonces. El Intendente debía enviar al Consejo de Castilla informes periódicos de la situación económica y política de su provincia. En 1749 ya no hubo apenas oposición, pues el cargo de Intendente no entraba en conflicto con el de Corregidor, dado que se ordenó que el Intendente fuera a la vez Corregidor de la ciudad capital de la provincia en que tenía jurisdicción. Estos intendentes estuvieron en activo hasta 1765. En 1766, hubo reformas de sus funciones. Sabemos que hubo unos 31 Intendentes, pero las fronteras territoriales de cada jurisdicción no eran claras, no podemos hablar de provincias en puridad. En Aragón había un Intendente por virreinato. En Castilla había un Intendente por cada Capitanía General y cada Corregimiento.

Había 5 intendencias de tercera clase: Palencia, Toro, Ávila, Soria y Guadalajara.

Había 6 intendencias de segunda clase: La Mancha, Murcia, Segovia, Jaén, Cuenca y Ciudad Rodrigo.

Había 7 intendencias de primera clase: Madrid, Burgos, León, Granada, Córdoba, Toledo y Valladolid.

Había 8 intendencias consideradas militares: Mallorca, Galicia, Extremadura, Castilla, Valencia, Aragón, Cataluña y Andalucía.

 

La puesta en marcha de la figura del Intendente en 1749, volvió a chocar con los intereses de las Audiencias y Corregidores que veían conflicto de competencias, pero Esquilache apoyó a los intendentes y Campomanes lo haría en 1766. Esta vez, triunfó la figura del intendente. Ensenada podía tener información de lo que realmente ocurría en provincias y tenía funcionarios que ejecutaran sus órdenes. El objetivo final era introducir la “Única”, o única contribución. Una vez establecida, el cobro de los impuestos sería fácil y barato, y además justo, pues sería proporcional a lo que realmente tenía cada vecino, y no por estimaciones en las que los poderosos siempre se escamoteaban a Hacienda. Pero el proceso de instalarla era prácticamente imposible, pues se necesitaba un censo de población y un catastro de agricultura, ganadería, bosques y fincas urbanas, una utopía en el siglo XVIII. Ensenada sobrevaloró la capacidad del Estado absoluto para un objetivo como éste, y se equivocó.

 

En 1749 se reformó el sistema de corregimientos, de manera que muchos fueron unificados con la Intendencia correspondiente a su zona, además de regular las funciones del cargo de Corregidor: presidiría el ayuntamiento, haría visitas de inspección a los pueblos de su circunscripción, controlaría la percepción de arbitrios y rentas de propios, vigilaría a los vagabundos, fomentaría la economía (ganadería, montes y plantíos, tierras de cultivo, ferias, mercados), conservaría los caminos, y comunicaría al Consejo Real el estado de los frutos y las cosechas periódicamente. Los corregimientos eran muy antiguos, de tiempos de los Reyes Católicos, y habían sido puestos en los pueblos y ciudades más populosos, extendiéndose su autoridad a los pueblos cercanos a modo de provincia. Habían recibido nuevas normativas en 1648 y en 1711. La reforma de 1749 se anuló en 1766, separando corregimiento de Intendencia. Y en 1783 llegaría una nueva reforma.

El Corregidor permanecía en el cargo tres años, y luego, podía ser destinado a otro corregimiento distinto. Tenía autoridad judicial (era justicia mayor de la ciudad en que residía, y como tal presidía el juzgado de primera instancia), competencias en orden público (controlaba a gitanos, vagabundos y mendigos), funciones militares (reclutamiento), y algunas funciones de tipo económico (velaba por la integridad de las regalías del monarca, gestionaba la Hacienda municipal y la del corregimiento), funciones administrativas (presidía el ayuntamiento de su ciudad de residencia y nombraba los cargos municipales. E incluso, en 1788, se le atribuyó capacidad de castigo de los pecados públicos. El corregidor tenía limitaciones o más bien instituciones que le controlaban: estaba sometido a juicio de residencia a final de su mandato, recibía visitadores (inspectores) y pesquisidores (juez que podía abrir o reabrir procesos). Estaba asistido por un teniente de corregidor, o alcalde mayor, que se ocupaba de hecho del tribunal de primera instancia en nombre del corregidor. En las ciudades grandes estaba asistido por dos alcaldes (jueces): el alcalde de lo civil o primer teniente corregidor, y el alcalde de lo criminal o segundo teniente alcalde. El alcalde mayor podía residir en pueblo distinto al del corregidor, y eso sucedía en sitios donde había varias ciudades populosas cercanas, de manera que el corregimiento aparecía dividido en varias alcaldías mayores. Los alcaldes mayores, en la primera mitad del XVIII, eran nombrados por el propio Corregidor de su zona, pero en 1749 se decidió que les nombrara la Cámara de Castilla, porque empezaron a darse casos en los que el Corregidor vendía cargos.

Había dos tipos de corregidores por su origen: eran “de letras” los togados, y llevaban traje de golilla, sin espada ni bastón. Eran “de capa y espada” los militares y llevaban espada y bastón. Se prefería muchas veces a los de capa y espada “por su gran mérito y experiencia”, pues se entendía que tenían más carácter y autoridad y se hacía que el Gobernador militar de l aplaza ejerciera el cargo de corregidor. Eran militares los corregidores de La Coruña, Bayona, Zamora, Ciudad Rodrigo, Alburquerque, Badajoz, Valencia de Alcántara, Sanlúcar de Barrameda (en la frontera de Portugal), Cádiz, Puerto de Santa María, Tarifa, Campo de Gibraltar, Málaga, Motril y Almería (en la costa mediterránea), y los de la Corona de Aragón.

 

El Ayuntamiento, presidido por el Corregidor en las grandes ciudades, o por el Alcalde Mayor en ciudades más pequeñas, era gestionado por regidores. El cargo de regidor era anual e principio, pero había sido asumido o comprado al rey de forma que muchas veces era vitalicio y en algunas hereditario. Los regidores eran entre dos y cuatro en los pueblos pequeños, y muchos más, hasta 24, en ciudades grandes. Los regidores tenían competencias en Hacienda (repartían impuestos entre los vecinos y cobraban estos impuestos), en abastos (mercado y pósitos, pastos, bosques y baldíos), en beneficencia, en policía (cuidado de las cosas, desde los bosques y prados, hasta las calles y mendigos), en obras públicas, limpieza de las calles, tratos y comercio, abastecimiento del ejército, enseñanza pública, pesos y medidas, caminos vecinales, etc. Algunos municipios, pocos, tenían excluidos a los nobles del cargo de regidor, muchas más tenían “mitad de oficios” (la mitad de regidores nobles y la mitad del tercer estado), y muchos otros tenían el oficio en manos de nobles porque lo tenían como derecho o porque lo habían comprado al rey (aparte de los pueblos de señorío, donde el cargo era controlado totalmente por la nobleza). Las “ciudades de estatuto” excluían a los plebeyos del cargo. Las ciudades con voto en Cortes, exigían en sus estatutos que todos los regidores fueran nobles. Los “regidores a título de heredad” eran los que habían comprado el cargo al rey con derecho a venderlo, legarlo y poner sustitutos (tenientes de regidor).

En la Corona de Aragón, la introducción del regidor favoreció a la pequeña nobleza urbana y a los titulados en Derecho, pues el sistema les favorecía: ellos presentaban ternas de candidatos a cada puesto, el corregidor hacía el informe de cada persona, y la Audiencia elegía al candidato. Ello causó mucha conflictividad porque los comerciantes e industriales perdieron sus puestos en el ayuntamiento (consell), dejaron de ser jurats, y fueron los nobles de todo tipo, grandes y pequeños, los que accedieron al cargo. Además, en 1739-1741, la Corona vendió oficios en Aragón, como ya lo había hecho en Castilla, y ello disgustó mucho más a los burgueses. Las cosas fueron a peor en el resto del siglo XVIII, pues se estableció una endogamia entre regidores que significó un poder muy grande, tanto que se atrevían a desobedecer las órdenes del corregidor y las del Gobierno de Madrid, en la seguridad que les proporcionaba la solidez de su grupo.

En general, los ayuntamientos de regidores se fueron corrompiendo a lo largo del XVIII, lo que tuvo consecuencias políticas a partir de 1760.

 

Complementariamente al sistema de Intendentes y corregimientos, en 1752 se prohibieron las asambleas de ciudades y villas con voto en Cortes para preparar esas Cortes y se mandó que cada una las preparara por separado. Estas disposiciones afectaban sobre todo a Galicia que tenía la costumbre de hacer estas reuniones.

 

 

Regalismo.

 

El regalismo era una nueva postura del Estado borbónico frente a la Iglesia Católica, una postura de defensa de que el rey tenía derecho para intervenir en cuestiones de la Iglesia que no fueran estrictamente religiosas. Estas regalías se obtuvieron por concesión pontificia unas veces o por decreto en otras ocasiones.

Esta postura se llama también patronato regio. El patronato ya existía sobre Indias, pero los Borbones trataron de extenderlo a la península. Este patronato incluía la idea de aminorar la intervención de la Curia Romana en España, intervención que se realizaba sobre todo por la Nunciatura y el Tribunal de Cruzada, ambos integrados casi siempre por extranjeros. También incluía la idea de someter el Tribunal de la Inquisición a la autoridad real.

Las regalías pretendidas por los ilustrados se confirmaron en el Concordato de 1753:

El derecho de presentación era una regalía obtenida por los Reyes Católicos. En contra estaba la “reserva de expolio” por la que el Nuncio se quedaba con las rentas de las sedes vacantes.

El placet, o regium exequatur era otra regalía que permitía al rey retener bulas papales, regalía que data de tiempos de Juan II de Castilla.

Los ilustrados creían que el clero era excesivo en número y tenía demasiados privilegios y demasiada riqueza. En ese sentido, una tarea difícil del Estado era controlar cada uno de esos factores citados.

 

 

 

TERCERA PARTE: PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN.

 

 

Las compañías de comercio y fábricas.

 

Ensenada creó las compañías de comercio y fábricas, compañías que estaban obligadas a fabricar en España los productos que luego comerciaban en el extranjero. La idea de Ensenada era llegar a exportar a América y dejar de ser importadores natos y netos. Así, se desarrolló la industria textil de Toledo y la Compañía de San Fernando de Sevilla, las cuales se hundieron cuando desaparecieron las subvenciones a estas prácticas.

Complementariamente, en 1751 se renovó el proteccionismo prohibiendo importar algodones y lienzos pintados de China, Asia y Levante en general, al tiempo que se ponía un arancel del 30% a los cotonados de Malta y a las muselinas.

Las principales compañías para el fomento de la producción industrial fueron:

En 1746 se creó la Real Compañía de Comercio y Fábricas de Zaragoza para desarrollar comercial e industrialmente Aragón. Su objetivo principal era captar depósitos bancarios. La iniciativa era del marqués de Rafal, intendente de Aragón, pero la familia Rocamora no tuvo mucha suerte, sino bastante inestabilidad en el siglo XVIII, o que puede explicar en parte el fracaso de esta iniciativa[2]. Se le concedió derecho de tanteo[3] en la compra de materias primas para sus fábricas, franquicias arancelarias para importar y exportar, exenciones fiscales por 20 años, y fundamentándose en ello creó fábricas de tejidos de seda (180 telares), lana (88 telares de lencería y 24 de paños), indianas (20 telares), sombreros, papel y jabón. Pero el negocio fue mal gestionado y con la picardía atribuida a los españoles de la Edad Moderna, falseando balances para atraer inversionistas que pusieran nuevo dinero, de modo que decía ganar mucho dinero y en realidad estaba perdiendo a costa de muchos directivos incompetentes y muchos obreros que apenas trabajaban. En 1774 presentó suspensión de pagos, y en 1784, un decreto real la dio por extinguida.

La “picardía” española, término que en general se usa para designar a golfillos de poca monta que vivían del engaño y pequeños robos, era mucho más grave entre los ricos propietarios, que practicaban diversas formas de abuso y chantaje al Gobierno, bajo el amparo de la ley. Además eran insolentes y reclamaban su derecho a los negocios corruptos que gestionaban.

El problema no se encontraba sólo en Zaragoza. Todavía era peor en Extremadura, Granada, Toledo y Sevilla.

1746, Compañía de Zarza la Mayor, para hacer tejidos de lana y seda en Extremadura, Valencia y Toledo, con el objetivo de ser vendidos en Portugal. Se le concedió 75% de descuento en los aranceles de unos cuantos años.

En 1747 se abrió la Compañía de Granada, también con derecho de tanteo y exención total de derechos de exportación e importación, e incluso con libertad para no atenerse a las leyes y reglamentaciones vigentes sobre la seda. Tan grandes privilegios sólo servían para explotar a los comerciantes y fabricantes de sedas granadinos, que se quejaron repetidamente del abuso manifiesto, de la ruina a que les sometían los de la Compañía de Granada.

En 1747 se abrió la Compañía de Sevilla, para fabricar tejidos de seda con destino a América, concediéndole también el 75% de descuento en los aranceles de unos pocos años. La Compañía de Sevilla, Compañía de San Fernando, en Sevilla, contaba también con privilegios de exenciones de alcabalas y cientos en primera venta y desgravaciones arancelarias en caso de importación y exportación, y los más importante, el beneficio de tanteo. Además, tenían permiso para negociar con América (excepto La Habana y Caracas, que eran monopolio de otras compañías) con navíos propios o fletados por ellos. Para llegar al colmo de la desvergüenza, pidieron el capital a inversores flamencos, que no debían enterarse de nada de lo que pensaban hacer. En 1766, los flamencos supieron lo que pasaba, que se declaraban ganancias y había pérdidas, porque se estaban llevando el dinero los gestores, y pidieron la devolución de su dinero, con intercesión del gobierno de España, pero el dinero no se les devolvía, ni podía hacerse, y los flamencos insistieron en 1776 y 1777. La estafa continuaba.

La Compañía Zarza la Mayor se fusionó en 1747 con la Compañía de Granada, fusión que dio lugar a la Compañía de Extremadura. En 1747 se abrió la Compañía de Extremadura obteniendo un 75% de rebaja en derechos aduaneros con Portugal (con la obligación de instalar en Toledo entre 12 y 20 telares). Su principal negocio fue el derecho de tanteo, dedicándose al abuso (robo legalizado) de comprar más de lo que necesitaba y luego revenderlo a más alto precio a los que de verdad lo necesitaban, vendiendo en este caso en Portugal la lana en bruto, sin elaborar, en un negocio puramente especulativo y corrupto, que se caería en cuanto perdiera los privilegios de tanteo y exportación.

El negocio funcionó mientras tuvieron protección del Estado, y dejó de funcionar en 1754 cuando ya no era posible seguir aprovechándose de los demás, se separaron y fracasaron al poco todas ellas.

En abril de 1748 se fusionó la Compañía de Extremadura con la Compañía de Comercio y Fábricas de Toledo. La fusión de la Compañía de Extremadura y la Compañía de Granada, se hizo para ser más fuertes en la defensa de sus privilegios y mejorar los resultados de las malas prácticas que tanto les beneficiaban. No eran criterios industriales los que predominaban, sino de captación de subvenciones y privilegios.

 

Estas compañías habían sido fundadas con fines especulativos, para captar subvenciones, y todas fracasaron en cuanto vieron la amenaza de perder las subvenciones.

Las compañías industriales citadas eran movimientos especulativos de captación de unas ventajas arancelarias y ayudas del Estado, llamadas a fracasar, y plagadas de pillos, más dañinos que los pícaros comunes en la historia de España.

No nacía una economía sana, basada en la moral social y la honradez. En la España del XVIII, faltaba este elemento esencial para el desarrollo, la honradez. Esta es una de las causas del fracaso de la industrialización española en el XVIII, no muy comentada por cierto en los manuales de enseñanza españoles, ni en otros libros, que prefieren pasar por alto este desagradable aspecto de la picaresca española.

 

 

La importación de técnicos.

 

La política de importación de técnicos se modificó: en vez de que cada fábrica importase uno o varios técnicos que dirigieran la fabricación de un producto, se decidió que se importaran en grupo y se concentraran en determinadas fábricas, de modo que se incrementara al máximo la productividad y la tecnología en esos establecimientos. Así se estableció una Fábrica de Paños de San Fernando (Madrid), y otra Fábrica de Paños en Brihuega, ambas de iniciativa estatal, con las que se trataba de corregir los defectos de la Fábrica de Paños de Guadalajara. Las nuevas fábricas fueron un éxito tecnológico, pero un fracaso financiero, pues la sobreproducción se convirtió en un problema. Destacó la Fábrica de Sedas de Talavera, obra del francés Rouliere, quien pactó con el Estado la renovación de las sedas de Toledo, y acabó arruinando a la mayoría de las fábricas de Toledo de tecnología más atrasada.

En cuestión de privilegios fabriles, la Junta de Comercio hizo una nueva política de exenciones fiscales, de modo que ya no se hicieron a título y beneficio de un particular, sino se concedieron en general, a todo un sector de la fabricación.

 

 

Mejoras en la comercialización

y campañas anticorrupción.

 

El programa de industrialización se vio completado con una campaña para una mejor comercialización de los productos, rebajando los impuestos que debían pagar los “registros” desde el 9% al 6%. Con esta rebaja, se pretendía además, recaudar efectivamente este impuesto y eliminar ocultaciones. Los españoles que comerciaran mercancías ordinarias sólo pagarían el 3%, y la plata que se llevaban los extranjeros cotizaría al 6%.

Complementaria y simultáneamente, se decretaron sanciones muy graves para aquellos a quienes se sorprendiera sin haber pagado el impuesto de registro.

Se sospechaba que en Cádiz había una red de corruptos que vivían a costa de trapichear con los impuestos de registro y con la tolerancia para con descargas fraudulentas y, cuando la flota llegó en 1749, se decretó que se dirigiera a El Ferrol. La flota procedía de México y traía unos 23 millones de pesos en plata, y gran cantidad de cochinilla e índigo. Los comerciantes de Cádiz se enfurecieron con Ensenada, pues muchos debían ir a El Ferrol a buscar sus mercancías, y transportarlas por su cuenta desde ese puerto, 800 kilómetros al norte de Cádiz. Los comerciantes extranjeros se sintieron particularmente perjudicados.

El informe de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, tras su viaje a América, no se limitó a hablar de las riquezas de América y de las técnicas francesas de navegación. También había observado que en América se vendían muchos cargos públicos, sobre todo judiciales, lo cual estaba poniendo las Audiencias en manos criollas, es decir, que los criollos se acercaban al control de aquellos territorios. En 1750, la Corona quiso poner fin a estas ventas de cargos públicos en cuanto a Jueces de Audiencia y Corregidores. El asunto no gustó nada en América y Carvajal, Presidente del Consejo de Indias, perdió popularidad, mientras Ensenada, Secretario de Despacho de Indias ganó prestigio.

 

 

Algunas compañías de comercio y fábricas.

 

En 1748 apareció la Fábrica de Tejidos de Seda de Toledo.

También en 1748, se instaló la Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de Talavera de la Reina, dirigida por el francés Juan Ruliere. Esta fábrica se vendería a Uztáriz en 1762, pasaría a Hacienda en 1780, se quedarían con ella los Cinco Gremios Mayores de Madrid en 1785 y cerraría en 1851.

Desde 1751, Manuel González Montenegro tenía una empresa textil en Ezcaray[4], Real Fábrica de Santa Bárbara, con capital fijo de 1.684.240 reales. Las fábricas de Guadalajara costarían más de 3 millones de reales, y las de Brihuega y San Fernando más de 6 millones.

En 1749 abrió en Ezcaray, entonces provincia de Burgos, una fábrica de paños de propiedad privada de Manuel González Montenegro. Este señor tenía experiencia anterior en una fábrica de bayetas en Mansilla, que cerró al trasladarse a Ezcaray. La fábrica de Ezcaray empezó a producir en 1751 con 4 telares y seguía produciendo tejidos baratos, como hacía en Mansilla, pero añadió algunos tejidos finos, que era lo que se proponía. En 1755 disponía de 26 telares en la fábrica y 18 más en casas particulares, por lo que empezó a ser algo más que una empresa familiar. En 1759 obtuvo la exención de alcabalas y cientos para sus ventas al por menor, y libertad de importación de materias primas para su industria. Las cosas fueron bien hasta la muerte del promotor Manuel González Montenegro en 1765. Entonces tomó la fábrica su hermano, Juan González Montenegro, y un socio llamado Antonio Bazo, que pensaban que la fábrica era una forma de obtener dinero fácil, y la empresa entró en dificultades. En 1772, como falsa salida a esas dificultades, pidieron la protección de Carlos III y éste accedió a coparticipar en la empresa, creándose en 1773 la Compañía Real de Santa Bárbara y San Carlos de la Villa de Ezcaray, con participación del Estado, pero la empresa fue una ruina en la que Hacienda perdió mucho dinero pagando sueldos atrasados y renovaciones de máquinas. Fue un gran error del Estado. En 1785, el Estado seguía en la pretensión de que la fábrica no cerrara, persistiendo en el error de mantener a los ineficaces y corruptos, compró la fábrica y se la cedió a los Cinco Gremios Mayores de Madrid, que ampliaron y modernizaron el utillaje.

La Fábrica de Porcelana del Buen Retiro abrió en 1759 a costa de la fábrica de Capodimonte, que el mismo rey había fundado en 1743 y de la que se trajo operarios, máquinas, moldes y caolín. La fábrica de Capodimonte había copiado a la Meissen, la primera europea en obtener porcelana auténtica. La Fábrica de Porcelana fue situada en un local en el Buen Retiro, donde hoy está la Plaza del Ángel Caído. Se encargaron de la dirección Scheppers y Grizzi, y estos decidieron estampar temas populares, pájaros, flores exóticas, batallas, y marinas, con cierto éxito. De 1759 a 1782 tuvo su época de esplendor y sus obras pueden verse en las “salas chinas” de los palacios de Aranjuez y de Madrid. En 1783 se entró en una mala administración, que perduró hasta 1803. En 1804 se hizo cargo de la dirección Bartolomé Sureda, que recuperó la producción y la calidad, pero los británicos destruyeron la fábrica en la Guerra de la Independencia, y los franceses hicieron después un fuerte sobre las ruinas.

En 1763, se creó un local anexo a la Fábrica de Porcelanas, en el que trabajaban las “piedras duras”.

 

 

La seda en tiempos de Fernando VI.

 

Hacia 1755 abriría la Fábrica Real de Valencia, propiedad de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, con dibujantes de Lyon y maestro tejedor de Génova, para fabricar damascos para Palacio Real y uniformes para el personal de la Casa Real.

En el siglo XVIII, la industria de la seda más importante de España estaba en Valencia: en 1718 había 800 telares, en 1738 eran ya 1.419 telares, y en 1760 se alcanzaron los 3.300 telares. La producción de Valencia dejó de crecer, e incluso decayó a partir de 1792, debido a las guerras francesas que emprendió Carlos IV. El éxito de Valencia se debía a haber introducido las técnicas de devanado e hilado de Jacques de Vaucanson, un inventor francés, y también a que en 1755 se planteó lo que a nosotros nos parece muy sencillo y a muchos les parecía entonces una barbaridad, fabricar piezas de menos peso del estipulado por los gremios, de menos consistencia, pero que reducían costes, permitían ahorrar materia prima, obtener productos más ligeros y, para sorpresa de todos, incrementar las ventas muchísimo, en contra de la opinión de que ello sería un fracaso absoluto por fraude contra el consumidor. El éxito de Valencia hizo que los demás fabricantes pidieran poder hacer lo mismo, y se les concedió en 1789, demasiado tarde, pues los acontecimientos bélicos europeos y las rebeliones americanas, ya no permitirían mucho tiempo para ganar dinero. El éxito de la seda valenciana fue unido a la aparición de la empresa Los Cinco Gremios Mayores de Madrid que, en 1753, abrió una fábrica en Valencia. Se hizo por recomendación de Ensenada. Se contrató a obreros lioneses y Juan Bautista Felipot enseñó a hacer estofas de oro y plata, y otros franceses como René María Lamy, Juan José Georget y Pedro Sauvan, hicieron dibujos para incorporar a los tejidos. Los productos se vendieron muy bien en Madrid y en América y la calidad era excelente, tan buena como la mejor europea. Los Cinco Gremios Mayores de Madrid se envalentonaron con el éxito, y abrieron también otra fábrica de medias de seda en Gandía. Otros talleres de seda valencianos estaban en San Felipe (hoy Játiva, que hacía terciopelos y cintas finas), Alcira, Gandía, Orihuela, Alicante, Requena, Alcoy, Azuébar, Murviedro, Ruzafa y Oliva.

Debemos considerar a Murcia como una prolongación de esta importante zona sedera, pues Murcia fabricaba terciopelos, felpas, pañuelos y tafetanes en Murcia, Chinchilla y Cartagena. En Murcia había una fábrica de hilar y torcer a la piamontesa, creada en 1770 por Fernando Gasparro, que en 1786 fue vendida a los Cinco Gremios Mayores de Madrid y daba trabajo a 100 hombres y 500 mujeres.

En el centro de España, destacaban Madrid y Talavera de la Reina:

En 1748 Talavera de la Reina puso también una importante industria sedera: Tejidos de Seda de Talavera de la Reina fue encargada en 1748 a la dirección del francés Juan Rulliere, quien trajo obreros franceses que trabajaban en Cervera y en Talavera, pero la materia prima era de Granada. Pronto los extranjeros abandonaron por el desorden, mala calidad y altos precios de venta. Fabricaban cintas, medias, pañuelos y terciopelos. Como mala inversión que era, pasó por muchas manos: en 1762 era de los hermanos Uztáriz, gaditanos, que vendían en América y lograron hacer rentable la empresa por primera vez. En 1777 la tomó el marqués de Echandía, y dejó de ser rentable, tal vez por el inicio de la guerra con Inglaterra por los Estados Unidos, Menorca y Gibraltar. En 1780 abandonó el marqués de Echandía y tomo la propiedad la Real Hacienda, que no solucionó el problema. En 1785 se encargó de ella Los Cinco Gremios Mayores de Madrid, a cambio de todo tipo de exenciones de impuestos.

Talavera está cerca de Toledo, ciudad que tenía industria de la seda desde muy antiguo, pero que estaba en decadencia pues no supo competir con los estampados italianos, de mucho mejor color. Pervivía gracias al apoyo fiscal del Estado, exenciones de impuestos y privilegios, lo cual es malo para la industria y para el Estado.

Un tercer centro de producción sedera era Cataluña, pero no con la importancia que en esta región tomó el algodón. En Cataluña tenían el obstáculo de las ordenanzas gremiales, que no permitían innovaciones tecnológicas, pues ello implicaba menos trabajadores, mientras los gremios defendían la persistencia de todos los existentes. Los empresarios catalanes lucharon por ir aflojando las recias ataduras gremiales, y lo hicieron poco a poco y sector por sector en los gremios del terciopelo, torcedores de seda, tejedores de velos, fabricantes de medias, fabricantes de pañuelos de seda… y ello les fue permitiendo introducir tecnología y máquinas. Hacia 1715-1720 se introdujo el primer telar para medias de seda en Barcelona, y rápidamente se extendió la novedad: en 1730 eran ya 12 telares, en 1748 eran 111, en 1772 eran 600 telares, y en 1788 alcanzaban la cifra de 1.300 telares. Los telares de seda estaban en Barcelona, Manresa, Reus, Mataró, Olot, Tortosa, Tarragona. Hacia 1755 se copió la idea valenciana de hacer los pañuelos de seda “a un cabo” y no con doble cabo como hasta entonces, y se volvieron mucho más ligeros, más baratos, y se vendieron mejor. La crisis llegó a partir de 1790, debido a la guerra, que afectó especialmente a Cataluña en esos años. En 1804 se perdió el mercado americano, y la industria se vino abajo.

Una cuarta zona de producción sedera era Aragón, donde Zaragoza llegó a tener 280 telares en 1777, pero la industria decayó a final de siglo con la guerra. También se trabajaba la seda en Barbastro, Alcañiz, Híjar y Calatayud, pero los productos aragoneses eran de mala calidad y perdieron el mercado a medida que éste se abría a nuevas ofertas.

También había talleres de seda en Sevilla y Granada, siendo Granada un gran centro productor de capullos.

Llama la atención el que uno de los grandes centros productores de seda en capullo y de tejidos de seda, como había sido Granada, hubiese perdido su importancia dentro de la producción de tejidos españoles. La causa eran los muchos y muy exigentes reglamentos gremiales, las deficiencias en el transporte, la mala comercialización y la escasez sobrevenida de materia prima.

Esas mismas circunstancias gremiales afectaron a Sevilla, con el agravante de que en Sevilla estaban dispuestos a invertir los piamonteses y calabreses, pero era tal la oposición de los gremios, que se perdió esa oportunidad. Los sevillanos, como todos los malos empresarios, pedían subvenciones al Estado, pero no ponían remedio a la falta de calidad y malos colores y estampados.

 

Crisis de la industria de la seda.

La pérdida del mercado americano a principios del XIX y las continuas guerras del país en ese siglo, arruinaron la industria hasta el punto de que Talavera cerró en 1851 y Valencia entró en declive, A finales de siglo XIX y principios del XX, Levante arrancó las moreras y puso naranjos, caña y vid. No se podía hacer competencia a la seda que ahora llegaba de oriente.

En el siglo XX, sólo quedará industria sedera en Murcia y Alicante.

 

 

 

 

[1] Las sisas salían de una costumbre de los ayuntamientos de fijar en el reparto de impuestos por vecino una cantidad mayor de la que le correspondía si sólo se pagasen los impuestos del rey, con lo que el ayuntamiento tenía unos ingresos extra.

[2] Jaime de Rocamora y Cascante, 1684-1740, dejó como heredera a Antonia de Rocamora y Heredia, 1724-1751, VI marquesa de Rafal, VI baronesa de Puebla de Rocamora y XIV señora de Benferri, pero sólo ejerció la jefatura de la casa 11 años, pues murió en 1751. La sucedió Antonio de Heredia Rocamora, 1745-1761, que heredó el título con 6 años de edad y murió con 16 años. Le sucedió Antonia de Heredia Rocamora , 1746-1808, hermana del anterior, por lo que una mujer dirigió la casa entre 1761 y 1808, con las consiguientes intrigas que ello significaba en la época que estamos considerando.

[3] Siempre que igualara la oferta más baja, la compra era para el que tenía derecho de tanteo.

[4] Victoria Sáenz Terreros. Historia textil de Ezcaray.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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