EL EQUIPO VILLARÍAS – UZTÁRIZ, 1736-1741

 

 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE VILLARÍAS 1736-1746:

         Época 1736- 1741:

 

En teoría, de 1736 a 1746, gobernaba desde Secretaría de Estado Sebastián de la Quadra Llarena, 1687-1766, marqués de Villarías, 1736-1766, pero los primeros cinco años el hombre fuerte del Gobierno fue Casimiro de Uztáriz, de 1741 a 1743 lo fue José del Campillo Cossío, y desde 1743 Zenón de Somodevilla y Bengoechea marqués de la Ensenada.

Sebastián de la Quadra era un blandengue, que se dejaba manipular por todos, no tenía carácter para el cargo para el que había sido designado. Era un hombre trabajador, pero inseguro, mediocre, lo cual le hacía caer en manos de Isabel de Farnesio. Se decía que había sido puesto para poder gobernar desde el Gabinete de la reina, donde triunfaban en esos momentos Scotti y Cervi. Sebastián de la Cuadra se dejaba influir mucho por los comerciantes vascos, de los que era su hombre en Madrid. El Gobierno era también muy vulnerable a las presiones de los comerciantes ingleses y franceses, cuyo objetivo era conquistar el mercado americano, y los tratados se vulneraban o exigían a conveniencia de estos mercaderes. Se dice del marqués de Villarías que era tranquilo y discreto, que era culto, y que profesaba una religiosidad exagerada con culto a las reliquias. Un hombre demasiado meticuloso que necesitaba varios informes de todo lo que se le proponía, para acabar haciendo con sumisión lo que le propusiesen los reyes, especialmente Isabel de Farnesio.

Se daba la circunstancia de que Sebastián de la Cuadra no conocía ningún país extranjero, sino que había ascendido en el escalafón burocrático de las Secretarías gracias a la ascendencia de algunas familias vascas, a las que después favoreció abundantemente.

Con Sebastián de la Cuadra se demostró que tampoco la vía de la promoción burocrática garantizaba nada contra la corrupción de los hombres del Gobierno.

Aprovecharon esa circunstancia de la personalidad de Villarías los eclesiásticos católicos para imponerle sus criterios, de forma que se restableciesen las relaciones con Roma. Los enviados españoles a Roma fueron: cardenal Troiano Acquaviva[1] embajador de España en El Vaticano, cardenal Luis Antonio Belluga[2] residente en Roma en esa época, y fray Gaspar de Molina[3] general de los agustinos y Presidente del Consejo de Castilla. Pero Felipe V puso como condición para establecer relaciones normales con Roma, que el Papa reconociese al infante don Carlos como rey de Sicilia y Nápoles, y que diera algunas satisfacciones económicas al Estado español por los sucesos de 1736, cuando fueron atacados los soldados españoles en sus territorios. El Papa Clemente XII contestó que se admitiera primero al nuncio, y ya se hablaría de las demás cuestiones más tarde. Se llegaría a un acuerdo en 1737, Concordato de 1737 que veremos más abajo.

 

El Gobierno Villarías quedó integrado en 26 de noviembre de 1736:

Secretaría de Estado y Negocios Extranjeros, Sebastián de la Quadra Llarena[4], (futuro marqués de Villarías). Permanecería en el cargo diez años, hasta 4 de diciembre de 1746, ya en el reinado de Fernando VI. En realidad, la Secretaría era gestionada por Casimiro de Uztáriz[5].

Secretaría de Despacho Universal de Hacienda, Mateo Pablo Díaz de Lavandero y Martín[6], 1681-1747, marqués de Torrenueva, 1732-1747, del equipo de Patiño, pues había sido su Tesorero Mayor/ 10 de marzo de 1739: Juan Bautista Iturralde Gamio, marqués de Murillo de Cuende / 13 enero de 1740: Fernando Verdes Montenegro / 27 de febrero de 1741: José del Campillo Cossío hasta 11 de abril de 1743 / 23 de abril de 1743: Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada.

Secretaría de Despacho Universal de Marina e Indias, Francisco de Varas y Valdés / marzo de 1739: José de la Quintana, interino.

Secretaría de Despacho de Guerra, 1737: general José Carrillo de Albornoz y Montiel[7], I duque de Montemar, y I conde de Montemar, hasta 1741.

Secretaría de Despacho de Justicia, José Rodrigo marqués de la Compuesta.

Presidente del Consejo de Castilla era el cardenal Gaspar de Molina y Oviedo, desde 1733 y hasta 1744.

Presidente del Consejo de Indias era el conde de Montijo.

 

 

Casimiro de Uztáriz.

 

El hombre fuerte de la época 1736-1741 era Casimiro de Uztáriz Azuaga, en principio Oficial Mayor de Guerra y Secretario de Millones del Consejo de Hacienda, quien pasó a gestionar de hecho, aunque no era titular, la Secretaría de Estado y la de Guerra, y además era Secretario de la Junta de Comercio y Moneda, Secretario de la Sala de Millones, y Secretario de la Junta de Tabaco. Villarías resultaba un personaje casi secundario.

Casimiro Uztáriz vio con claridad el problema español y aconsejó que lo fundamental era mantener el monopolio español sobre América, tanto en el aspecto territorial de no perder retazos del mismo, como en el aspecto comercial. Pero Uztáriz no tenía medios militares para imponer sus ideas en América. Los ingleses se apercibieron del problema y empezaron a buscar motivos de conflicto, que acabarían en la Guerra de la Oreja de Jenkins en 1739.

 

En 15 de marzo de 1737 se firmó el Convenio de París que establecía las buenas relaciones de España con Portugal, tras los conflictos en Sacramento y la retirada de embajadores habida en 1735.

 

En 1737, Zenón de Somodevilla creó el Almirantazgo, tratando de copiar a Inglaterra en cuanto a la organización de la Marina, y puso al frente de esa institución a un Infante de España, Felipe. Se trataba de coordinar las acciones de la Marina. Ensenada se hizo nombrar Secretario del príncipe, lo cual le permitía gobernar todo el proyecto de renovación de la flota española. En 1748, Felipe fue nombrado duque de Parma y el proyecto del almirantazgo se abandonó, pues en realidad, en España, no era necesario, pues se podía ocupar del tema un Secretario de Marina. En 1741, Ensenada salió para Parma, y regresó en 1743, para hacerse cargo de su Secretaría de Marina.

 

 

Situación de quiebra en Hacienda.

 

En 1737, Mateo Pablo Díaz de Lavandero, marqués de Torrenueva, pidió que una Junta Económica, también llamada Junta de Medios, estudiase el problema del déficit del Estado. La Junta se creó el 9 de abril de 1737 integrándola como Presidente el marqués de Torrenueva; secretario, Alejandro Vega Robles, Superintendente de Juros; Gaspar Molina Oviedo, Presidente del Consejo de Castilla; el Secretario de Guerra, duque de Montemar; José Ventura Güell, del Consejo de Castilla; José Manuel Gaspar de Segovia, del Consejo de Hacienda; Casimiro de Uztáriz Azuaga, Secretario de Millones del Consejo de Hacienda; Antonio López Salces, Contador General de Valores de la Real Hacienda[8].

La Junta de Medios habló sobre la situación exacta del erario público y, en 20 de abril de 1737, 11 días después de constituirse, dictaminó: que las rentas de la Corona eran de 21 millones de escudos más los caudales que llegaran de América, cuando llegaban, y que los gastos anuales eran de 34,5 millones de escudos, por lo que España se gobernaba en déficit, un déficit muy importante, de 13,5 millones de escudos, más del 60% de los ingresos; que lo urgente era pagar a la tropa, abastecer de víveres a los soldados y también pagar los sueldos atrasados a los funcionarios; que había que recaudar 31,3 millones de reales que la nobleza debía al Estado en concepto de atrasos en el impuesto de lanzas y medias annatas; que se debía ofrecer a los madrileños el redimir la regalía de aposento a cambio de que los propietarios de casas pagasen una buena suma al Estado; que no se pagasen los créditos atrasados hasta ser examinados, uno a uno, por la Junta; que no se concedieran nuevas pensiones ni privilegios económicos. Es evidente que en diez días, no hacían más que transmitir los sentimientos puestos en común.

Lo fuerte era que proponían suspensión de pagos del Estado, medida que Felipe V no aceptó en 1737 pero sí la aceptaría en 21 de marzo de 1739. El Gobierno de España estaba en quiebra técnica en 1737, y sólo faltaba reconocerla oficialmente.

En 1737, Canga Argüelles calculaba los gastos del Estado en 335,9 millones de reales, de los cuales, el 62,5% se gastaba en Guerra y Marina, lo cual quería decir que reducir los gastos militares era lo mismo que equilibrar el déficit. El 10,6% eran gastos de la Casa Real, muy por debajo del gasto anterior. Y el resto de los gastos eran menores. Pero hay que matizar este aserto, pues gran parte de los gastos eran prebendas y beneficios que en Hacienda, Indias y Guerra se concedían a múltiples privilegiados que vivían bonitamente a cuenta del Estado. No era exactamente la función militar propiamente dicha la que acarreaba el déficit. Por otra parte, el Alcázar Real se había quemado en 1734, y las obras de construcción del actual Palacio Real, también consumían muchos fondos.

1737 es citado como año de malas cosechas, lo cual agravaba el problema del Estado, pues afectaba a toda la población española.

El julio de 1737, tres meses más tarde de pedir la suspensión de pagos, la Junta Económica presentó una memoria proponiendo nuevos impuestos y arbitrios como la supresión de las plazas de supernumerarios, la prohibición de gozar de más de un sueldo del Estado, la reducción de gastos del ejército y la supresión de pagos de deudas del Estado anteriores a 1736.

El 8 de octubre de 1738 se creó la Junta de Baldíos y Arbitrios con el objetivo de recuperar y vender las tierras procedentes de bienes reales que los ayuntamientos y particulares se habían apropiado a lo largo de los siglos. El trabajo era ímprobo e ineficaz, y la Junta fue suprimida en 1741.

 

 

El Concordato de 1737.

 

En 26 de septiembre de 1737 se firmó un Concordato de España con Roma (firmado por el cardenal Firrao en 26 de septiembre, ratificado por Felipe V en 18 de octubre, y ratificado por Clemente XII en 12 de noviembre) regulando:

el derecho de asilo que daba la Iglesia (santuario), quedando excluidos de ese derecho los reos de delitos atroces, lesa majestad, y quienes hubieren atentado contra los dominios del rey;

la reducción de número de frailes y monjas;

la reducción de excomuniones o casos de excomunión, porque estaban resultando ya un abuso;

y el reparto de los beneficios de vacantes episcopales, decidiendo que un tercio de esos beneficios fueran a pobres y a iglesias de la diócesis y a pensiones para los curas de la diócesis.

El Papa insinuaba la posibilidad de que en adelante las propiedades eclesiásticas tributasen igual que las laicas, pero no se concretaba nada. El Papa se comprometía a no aumentar el número de clérigos, sobre todo regulares, pero sin concretar. El Papa aceptaba la autoridad de los obispos sobre los clérigos regulares, pero tampoco se concretaba en qué se traducía ese reconocimiento.

Había mucha fraseología y pocos asuntos resueltos. La Iglesia Católica se hizo famosa por elaborar escritos de frases huecas, sin contenido alguno y de muy difícil interpretación, que no servían para nada, y este fue uno de los casos más significativos. Era tan impreciso, que no era aplicable a ninguna situación concreta. Ni se cortaban los abusos de la Dataría, ni las excesivas competencias del Nuncio de Madrid en un país extranjero, ni se concedía al rey el patronato universal. Los regalistas y los integristas permanecieron en las mismas discusiones que antes del concordato. En resumen, el Concordato de 1737 venía a decir que el rey de España y el Papa no eran enemigos, pero que ninguno estaba dispuesto a ceder en sus pretensiones. Este Concordato sería sustituido por el de 11 de enero de 1753.

Tras la firma del Concordato, el nuncio volvió a Madrid, Carlos fue reconocido rey de Nápoles, y Felipe V fue compensado personalmente con algún dinero a cambio de que no cortase el enorme chorro de dinero que se llevaba Roma de España. Todos aceptaron y dieron el problema por resuelto, aunque no se había resuelto nada. El cardenal Valenti se llevaba 95.000 escudos, el Papa Benedicto XIV se llevaba 30.000 escudos, el nipote del Papa (familiar, muchas veces hijo ilegítimo) se llevaba 6.000 escudos, y el Protodatariado de Roma se llevaba 13.000 escudos. Todos contentos.

En agradecimiento por el Concordato, el Papa aceptó que el infante Luis de Borbón fuera nombrado arzobispo de Toledo y de Sevilla a los 10 años de edad, lo que significaba unos buenos ingresos para la casa real española. El clero se dividió profundamente entre regalistas que querían acabar con privilegios y decían que la Iglesia cedía poco, y ultramontanos que creían que la Iglesia estaba cediendo demasiado. El Concordato había sido iniciado por Patiño, pero lo firmó Sebastián de la Quadra. El Concordato se convirtió en letra muerta nada más ser firmado y se decidió negociar otro, lo que tendría lugar en 1753. En el Concordato de 1753, el rey tenía derecho a nombrar dos tercios de los obispos españoles y podía cobrar impuestos sobre propiedades de la Iglesia.

 

 

Los matrimonios de los infantes.

 

Isabel de Farnesio intentó casar a sus hijos, de los cuales Carlos VII era ya rey de Nápoles desde 1735. La primera candidata fue la segunda hija de Carlos VI de Austria (la primera hija del emperador, María Teresa, ya estaba casada), pero Carlos VI de Austria se opuso. Se eligió por fin a Mari Amelia, la hija del rey de Polonia y elector de Sajonia Augusto III en 1738, llamada en España María Amalia de Sajonia[9].

El matrimonio de Felipe de Borbón Farnese, hermano menor de Carlos quedaba en negociaciones. Felipe de Borbón Farnese, 1720-1765, duque Felipe I de Parma, se casaría más tarde con la primogénita de Luis XV de Francia, Luisa Isabel, matrimonio que se celebró por poderes en Versalles en 26 de agosto de 1739 y, en presencia, en Alcalá de Henares el 25 de octubre de 1736.

Luis, el tercero de los hermanos, fue nombrado arzobispo de Toledo y cardenal en 1735.

A Fleury no le gustaba nada el matrimonio pactado por España y Austria, que Carlos de Borbón Farnese había aceptado y obedecido, porque era un acuerdo entre España y Austria a espaldas de Francia. Carlos se casó, contra el parecer del gobernante francés, en 9 de mayo de 1738 con María Amalia. La novia tenía 13 años y el matrimonio por poderes se celebró en Dresde, desde donde la nueva reina de Nápoles viajó por Alemania, Silesia, Bohemia y Austria hasta ser recibida por los españoles en Palmanova.

 

 

El Tratado de Viena de 1738.

 

En 18 de noviembre de 1738, se celebró el Tratado de Viena, un Tratado pergeñado entre el cardenal Fleury (su gestor) y Austria-Alemania, complementario de otro Tratado de Viena celebrado en 1731. Este Tratado cerraba definitivamente las negociaciones de Soissons y de Sevilla 1731, estableciendo los siguientes puntos:

Paz inmediata en Polonia, Austria, e Italia. Augusto III, (Federico Augusto, elector de Sajonia), sería reconocido rey de Polonia.

Estanislao Leszczynski renunciaba al trono de Polonia, y recibía a cambio el ducado de Lorena y el ducado de Bar.

Carlos de Borbón Farnese era reconocido como rey de Nápoles y Sicilia, con derecho a utilizar los puestos de Toscana, pero sin dominio alguno sobre el interior del ducado.

Carlos VI de Austria recuperaba el ducado de Parma y Plasencia, y mantenía Milán y Mantua.

Francisco duque de Lorena recibiría Florencia y la Toscana occidental.

El duque Juan Gastón recibiría una gran cantidad de dinero.

España aceptó este Segundo Tratado de Viena en 21 de abril de 1739.

Llama la atención en este Tratado de Viena de 1738, que Inglaterra y Holanda habían permanecido al margen.

España aprovechó la situación de regularización de la política europea para reprimir el contrabando en América, y ello afectaba sobremanera a los ingleses, hasta el punto de que la economía inglesa se resintió y el Gobierno inglés decidió atacar a España en Carolina y en Florida. El Parlamento inglés tuvo algunas discusiones entre Walpole y Keene que querían un entendimiento con España, y Newcastle que quería la guerra.

 

 

Conflicto España- Gran Bretaña en 1738.

 

Sebastián de la Quadra mantuvo la misma política respecto a Inglaterra que había sostenido Patiño, la de detener contrabandistas. Los “colonialistas” británicos se enfurecieron progresivamente, como lo venían haciendo desde 1731, pero en algunos momentos fueron moderados por Walpole.

La disputa principal internacional entre Inglaterra y España eran los territorios de Carolina y Florida, deseados por Inglaterra. Y las diferencias se centraban en el derecho de visita o inspección que los españoles reclamaban sobre los barcos ingleses que comerciaban con Indias. También reclamó España el pago de los asientos de negros no pagados, y que ascendían a 68.000 libras en opinión de España. Los ingleses pedían a cambio del pago, que España no ejerciese el derecho de visita. La escuadra inglesa se presentó en Gibraltar. España les anuló el asiento de negros.

Los hechos fueron tragicómicos: un personajillo inglés insignificante llamado Jenkins fue pillado por los españoles en Indias y se le cortó una oreja. Los “colonialistas británicos” llevaron a la Cámara de los Comunes en 17 de marzo de 1738 al capitán de barco Jenkins, quien contó que un corsario español le había cortado una oreja cuando él trataba de hacer contrabando. La oreja fue presentada al Parlamento inglés como señal de crueldad hispana y eso sirvió para forzar la votación en contra de España. Los “colonialistas” armaron todo el revuelo que les fue posible, y el Parlamento acabó aprobando el envío de barcos de guerra a América y al Mediterráneo. La guerra se produciría en 1739.

En mayo de 1738, España no se amilanó por la amenaza británica, sino que recrudeció la persecución de contrabandistas. Walpole insistía en negociar con España de modo que ésta pagara las indemnizaciones correspondientes y se solucionara el conflicto sin guerra y el 9 de septiembre de 1738, en la Convención de Londres, España y Gran Bretaña valoraron los daños sufridos por barcos británicos en 95.000 libras. Como la South Sea Company debía a España 68.000 libras, pues nunca había pagado los derechos del Asiento de Negros, se quedó en que España rebajaría en años sucesivos un monto de 27.000 libras de las cuotas anuales que Inglaterra le debía ingresar por ese motivo. Pero la South Sea Company se negó a pagar nada mientras no le fueran devueltas las presas capturadas por España a partir de 1718, y además, exigía la prolongación del plazo del Asiento de Negros por 30 años, pues caducaba en 1744 y quería mantener el monopolio del negocio negrero. España respondió que estaba dispuesta a devolver los barcos capturados, pero no a prolongar la concesión del mercado de negros. Walpole encargó a Keene la negociación de un acuerdo entre Gobiernos, acuerdo en el que no debía intervenir la South Sea Company, que se mostraba intransigente en todo. Y el 14 de enero de 1739 se llegó a un acuerdo llamado Convención de El Pardo, cuyos puntos esenciales eran los siguientes:

Los límites fronterizos entre las colonias de Georgia y Florida, y los derechos de navegación (si era libre o cada Estado tenía derecho a controlar el comercio de su propio territorio) se dejarían para más adelante, pues eran temas demasiado conflictivos y prolijos.

Felipe V pagaría 95.000 libras, cuando la South Sea Company pagara las 68.000 que debía a España.

La South Sea Company reiteró que no pagaría nada a España.

 

 

Isabel de Farnesio presiona en el Gobierno.

 

En marzo de 1739, Juan Bautista Iturralde llegó a Hacienda y José de la Quintana a Marina e Indias. Eran personajes del bando de la reina.

Juan Bautista Iturralde Gamio fue Secretario de Despacho de Hacienda desde marzo de 1739 a enero de 1740. Intentó limitar el número de pensiones que salían de los fondos públicos en España y América, y también evitar la acumulación de cargos en una sola persona, e incluso poner límites a los beneficios de los asentistas que trabajaban para el Gobierno. Para ello, suspendió por dos años el pago de las pensiones y de los salarios extraordinarios. Ello era una suspensión de pagos, una declaración de bancarrota, aunque no se reconociera así oficialmente. También decidió pagar al ejército, a los capitanes, por los soldados que tenían realmente, y no por la plantilla que tenían asignada. Vendió baldíos, que fueron a parar a los terratenientes que tenían capital para comprarlos, y ello fue un error evidente. Pero Iturralde no supo hacer nada positivo que remediara la situación, no supo hacer que hubiera más productores y más tierras en cultivo, se limitó a tomar esas medidas citadas, y lo que consiguió fue obtener una oposición abierta a su persona.

 

 

Cambios en el sistema de comercio con América.

Los navíos de registro de 1739 en adelante.

 

Desde 1739 tomó auge uno de los sistemas de comercio de España con América, el de navíos de registro.

Este sistema existía desde el siglo XVI pero era considerado comercio marginal y era mal visto por el Consulado de Comercio de Sevilla. Pero el sistema de flotas estaba fracasando en el siglo XVIII dada la notoriedad de su salida, que permitía a los corsarios ingleses planificar su asalto, y la poca flexibilidad comercial que significaba el llegar a América cada cuatro años (1758, 1760, 1765, 1768, 1772 y 1776) lo que provocaba en los puertos americanos situaciones de escasez y situaciones puntuales de abundancia y hundimiento de precios.

En 1720 se empezó a comprender en España el error español y se apoyó el sistema de navíos de registro, navíos que iban a América por su cuenta, sin protección de la Armada española, pero salían cuando querían, viajaban rápido, y llegaban al puerto de destino sin pasar por estaciones intermedias forzadas por el sistema de flotas. El Galeón de Manila que hacía la ruta Acapulco Manila, fue atacado varias veces por los piratas e inició su decadencia en 1734. El viejo sistema no parecía el más adecuado. Los navíos de registro eran barcos particulares que salían en cualquier momento hacia América, con sólo registrar en Cádiz la mercancía de ida y la de vuelta. El sistema era mucho más adecuado para las nuevas compañías de comercio que funcionaron en segunda mitad del XVIII.

Las compañías comerciales debían solicitar un registro individual y podían hacerse a la mar por su cuenta o aprovechar uno de los viajes de la Armada, según les apeteciese. Cada puerto tenía un número limitado de registros y los comerciantes competían por ellos. Los que navegaban de esta manera, tenían libertad para navegar más rápido que los convoyes organizados y no se debían ajustar las necesidades de un convoy.

La idea de crear compañías privadas en España provino de la existencia de la South Sea Company, Compañía de los Mares del Sur, creada en Inglaterra en 1713, en teoría para comercializar esclavos en Latinoamérica, pero que en la práctica asumió muchas más funciones: el Estado británico le proporcionaba a la Compañía 576.534 libras anuales, lo que garantizaba el 6% de interés anual a sus acciones, y ello fue gancho para atraer a muchos inversores, con lo cual Robert Harley financiaba la deuda del Estado. En teoría, la empresa no tenía permiso sino para llevar un barco al año a América con esclavos africanos, lo cual era una actividad no rentable. El rey Jorge y el príncipe de Gales entraron en la Compañía, y las acciones se dispararon al 1.000 por cien, lo que creó una burbuja financiera paralela a la Law en Francia en esos mismos años. La realidad comercial era que la Compañía enviaba 7 barcos anuales a América, y tenía sucursales en Buenos Aires, Caracas, Cartagena La Habana, Panamá, Portobelo, Veracruz, que en teoría gestionaban el “navío de permiso”, el barco anual permitido por España. La burbuja financiera estalló en 1720. En 1722 inició la actividad de la pesca de la ballena en Groenlandia, y también perdió mucho dinero en la docena de buques destinados a este negocio. El negocio estaba claramente en el contrabando, en la mercancía ilegal vendida en puertos americanos. En 1750, la Compañía de los Mares del Sur se dio por vencida y renunció al comercio americano.

Un nuevo tipo de relaciones comerciales con América había madurado en España desde 1728, un comercio al margen del monopolio de Cádiz:

La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, creada el 25 de septiembre de 1728 y en funcionamiento hasta 1808, tenía el monopolio de comercio en las costas venezolanas y se especializó en Tabaco, índigo, algodón… La Compañía de Caracas se hizo odiosa en Venezuela porque, aprovechando su monopolio, cobraba caros los productos que llevaba a ese país, e imponía precios muy baratos a los que compraba, hasta el punto de que en 1741 hubo una primera sublevación contra la Compañía.

A partir de 1737, el Estado español pensó en crear compañías privadas que comercializaran los productos españoles y proporcionaran beneficios al Estado. Subió los impuestos de estos buques al 15 y 16%. Los impuestos habían estado a principios de siglo en el 4%, y Patiño los había elevado al 9%, resultando que la subida parecía abusiva en Cádiz.

En 1785, la Real Compañía de Caracas dio origen a la Real Compañía de Filipinas.

La Real Compañía de Comercio de la Habana[10] empezó a funcionar en 18 de diciembre de 1740 en San Cristóbal de La Habana, aunque las actividades comerciales no empezaron hasta 1746, y estuvo gestionada por Martín de Aróstegui, Marqués de Villalta, Bartolomé de Ambulodi, Antonio de Parladorio, Juan Bautista Echeverría, Agustín de Sotolongo, Sebastián de Brunon de Bertiz y Luis de Besabe, con Miguel Antonio de Zuaznábar y Miguel Francisco de Aldecoa en Madrid, José de Iturregaray en Cádiz, Juan Antonio Goyeneta en Sevilla y Juan Bautista Zuaznábar y José Otamendi en San Sebastián. Gozaba de los mismos privilegios que ya tenía la Compañía de Caracas, con la finalidad de abastecer a Cuba y fomentar el cultivo del azúcar y del tabaco en la isla. El principal objetivo de la Compañía de la Habana era construir barcos para el rey con hierro y clavazón vascos y madera americana, pero abandonó esta actividad diez años después porque el rey no pagaba, y se pasó al negocio del tabaco. El objetivo a largo plazo era el monopolio de comercio de Cuba. Hasta 1752 estuvo dirigida por Martín de Arístegui y su principal actividad fue el contrabando de tabaco, que enviaba a las colonias británicas (Estados Unidos hoy) de contrabando, y también aprovechó para hacer tráfico de esclavos. En este campo del contrabando, su enemigo principal fue la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, que perdía materia prima, y la Hacienda Española, que perdía ingresos, por lo que Carlos III le quitaría los privilegios de monopolio. Se le concedió a Martín de Aristegui patente de corso en el Caribe, así como el abastecimiento al presidio de Florida a precio concertado. Ante el comportamiento desleal de Arístegui, vendiendo tabaco de contrabando, España le retiró en 1760 el monopolio de comercio de Cuba y le intervino toda una cosecha de tabaco, que dejó muy tocada económicamente a la empresa. Los británicos se habían acostumbrado al buen tabaco cubano y los buenos beneficios que producía su reventa, y se consideraron perjudicados por la falta de tabaco, e invadieron Cuba, La Habana, en 1762 y se incautaron los bienes de la Compañía de Comercio, que quedó arruinada después del saqueo y nunca se recuperó. A partir de ese año no tuvo importancia apenas en el comercio mundial. En los años setenta se puso al negocio del azúcar. También transportaba artículos textiles hacia América y plata hacia España. El negocio del azúcar la obligó a tratar con los ingleses, quienes tenían el monopolio de los esclavos.

 

 

 

 

 

 

La Real Compañía de San Fernando de Sevilla[11] tuvo sus ordenanzas en 26 de agosto de 1749, con permiso para negociar con América en general, excepto Caracas (reservado a la Compañía Guipuzcoana de Caracas) y La Habana (reservado a la Compañía de La Habana). El no tener monopolio significaba que era considerada secundaria. Cargaba y descargaba en Sevilla, sin necesidad de pasar por Cádiz, como debía hacerlo la Compañía Guipuzcoana de Caracas, porque disponía de un juez de cargas y descargas que cobraba los derechos del rey por palmeo. Estaba obligada a llevar manufacturas de fabricación propia (seda, metales, lana, algodón y cáñamo) y productos de las Compañías de Zaragoza, Toledo, Extremadura y Granada, así como los paños de la Real Fábrica de Guadalajara, que eran empresas textiles españolas. El resto de la capacidad del buque podía ser ocupada por productos extranjeros. El destino podía ser cualquier puerto de América, y especialmente Lima. De regreso, con escalas en Panamá y La Habana, podía transportar caudales, lana, cacao y cascarilla a España. Tenía permiso para construir barcos en el Guadalquivir, a cuyo fin se le concedió el monopolio de explotación de la madera de Sierra de Segura. Tenía permiso para atacar barcos de contrabandistas y enemigos de España, en cuyo caso las presas serían repartidas de modo que el barco y sus pertrechos serían para la compañía, y la carga se repartiría con la corona (eso es un contrato de corso). Poseía dos barcos de 100 toneladas, 3 barcos de 200 toneladas y uno de 500 toneladas.

La Real Compañía de Barcelona, empezó a existir en 1751 y a funcionar hacia 1755 y tenía el monopolio sobre Santo Domingo, Puerto rico y Margarita, debiendo pasar sus buques por Cádiz a la ida y regreso a fin de tributar.

 

En 1739 empezaron a tomar relevancia los navíos de registro. En 1740 se suprimieron las flotas que iban a Tierra Firme (Venezuela-Colombia), autorizando que los “navíos de registro” pudieran comerciar navegando libremente en esos mares citados.

La situación comercial era complicada para todos los europeos y todos estaban en la idea de que el mercado más importante era Latinoamérica. El Gobierno español y sus compañías comerciales se quejaban de que cuando se abrían las ferias los mercados estaban previamente saturados, y culpaban de ello a los británicos, y en menor grado a los franceses, aunque nuestros datos parecen confirmar que los franceses vendían mucho más en América que los primeros citados. Para defender las ferias, los gobernantes españoles pensaron en trucos como trasladar las ferias al interior, por ejemplo desde Veracruz a Jalapa, pero eso no daba resultado si los géneros británicos y franceses se habían vendido con anterioridad. El problema era que los comerciantes americanos se sentían incómodos con las subidas de impuestos españolas y se ponían en contacto con franceses e ingleses embolsándose la diferencia de impuestos.

Patiño había puesto un servicio de guardacostas en América y estos barcos guardacostas atacaban a los navíos ingleses, legítimos e ilegítimos, pues era muy atractivo quedarse con el barco, sus pertrechos y su cargamento, aunque este último hubiera que compartirlo con el rey. El marqués de Castelfuerte virrey del Perú, atacaba con el mismo fin en sus costas a los navíos franceses que llevaban mercancías de Portobelo a Perú. Los contrabandistas franceses y británicos manejaban una red comercial que abarcaba el Perú y Lima, el Estuario de la Plata, el Magdalena en Colombia y el Caribe en todas sus costas. Y la Compañía de los Mares del Sur, South Sea Company, estaba detrás de esa red de contrabando. Aunque oficialmente perdiera dinero en sus actividades legales, realmente podía estar ganando dinero. La South Sea Company estaba fuertemente subvencionada por su Gobierno y no dudaba en perder dinero, en los esclavos y en las ballenas, pues su verdadero negocio era más bien especulativo, de bolsa.

Durante algunos años, el navío de permiso, el legalizado, fue el Prince William.

España recurrió a medidas coercitivas como obligar a las compañías españolas a comercializar paños de Guadalajara, producidos a alto precio y recargados con muchos impuestos de salida y unos pocos mas de llegada a puerto americano. Como además eran de baja calidad, los comerciantes americanos se las ingeniaron para conseguir productos británicos y franceses, mucho más baratos y de más calidad.

Y si España presionaba con leyes e impuestos, Gran Bretaña envió a Portobelo en 1739 al almirante Vernon con una escuadra que llevó a cabo una guerra colonial, Guerra de la Oreja de Jenkins, 1739-1748, en el Caribe, incluyendo Cartagena. Lord Anson fue enviado al Pacífico a sublevar Chile y Perú. Y el comodoro Knowles fue a La Guaira y Puerto Cabello en 1743 a sublevar a los venezolanos descontentos frente a la Compañía de Caracas. Las sublevaciones fracasaron. Gran Bretaña comprendió que no habría sublevaciones contra España, y España aprendió que el sistema tradicional de flotas y ferias ya no era viable. Por eso se decidió ir a los navíos de registro.

De 1712 a 1739, España envió a América 189 navíos de registro de un total de 674 navíos comerciales que pasaron a América.

De 1740 a 1745, España envió a América 118 navíos de registros, de los cuales se perdieron, bien a ida o a la vuelta, 69 navíos. Aun así, un navío de registro parecía rentable, era rápido, no concentraba la oferta en un punto haciendo bajar los precios por el mismo hecho de llegar la flota entera y tratar de comercializarlo todo en poco tiempo. Ello tuvo como consecuencia el cierre de la feria de Portobelo en Panamá.

En adelante, aunque hubo envíos de nuevas flotas, ya no eran significativas, pues los navíos de registro copaban hasta el 80% del mercado.

 

 

Guerra de la oreja de Jenkins,

o Guerra del Asiento de 1739.

 

En 1739 se había llegado a una situación de “guerra de corso” entre Inglaterra y España. España e Inglaterra habían decidido, cada una por su parte, dar licencias de corso contra la otra. Las patentes de corsario daban muy buenos ingresos al Estado y ambos Gobiernos habían recurrido a ellas. El resultado era que los barcos mercantes de ambos Estados eran atacados, y la tensión fue creciendo. Como el mercado inglés eran los territorios españoles en América, España tenía el recurso de las represalias, y efectivamente pasó a practicarlas “inspeccionando” barcos ingleses legales con el pretexto de buscar el contrabando que podían llevar. La Tensión fue creciendo.

El 14 de enero de 1739, el español Sebastián de la Quadra, y el inglés Benjamin Keene, llegaron a un acuerdo, Convención de El Pardo, que ya hemos considerado más arriba, por el que España devolvería las presas hechas sobre contrabandistas ingleses desde 1736, e Inglaterra cesaría en sus ataques a Carolina y Florida.

Los problemas de límites no fueron tratados en la Convención de El Pardo. Había problemas de límites entre Inglaterra y España en Carolina. Inglaterra lo solucionó atacando en Carolina. Luego se negoció el cese del ataque a cambio del perdón por delito de contrabando. Pero entonces, Felipe V pidió a los británicos que pagaran los derechos del asiento de negros que estaban gozando, pero que no pagaban desde hacía años. A lo que respondió Inglaterra que pagaría si dejaban de hacerse inspecciones a sus barcos, es decir, si se toleraba el contrabando.

Inglaterra declaró la guerra a España en 23 de octubre de 1739. Era la Guerra de la Oreja de Jenkins, Guerra del Asiento o Guerra de los Nueve Años, pues tiene los tres nombres. La causa de la guerra fue el contrabando que los ingleses hacían en las posesiones españolas del Caribe y los asentamientos ilegales británicos. España puso barcos guardacostas y un contrabandista, Robert Jenkins, denunció ante la Cámara de los Comunes vejaciones de los españoles cuando detenían su barco y le registraban, lo cual fue aceptado en marzo de 1738, e Inglaterra exigió la libre navegación de los mares. El estado de guerra duró hasta 1748.

Inglaterra envió al almirante Edgard Vernon a las Antillas, y éste tomó Portobelo en Panamá y lo saqueó en 22 de noviembre de 1739, pero fracasó al intentar asaltar La Habana. Y se anunciaba que sólo era el principio de otros ataques británicos. Inglaterra se sentía postergada porque de hecho Francia tenía enclaves comerciales en el Caribe, mientras la Compañía de los Mares del Sur no tenía esa libertad de comercio que España otorgaba o permitía cuando quería. El comodoro Brown intentó saquear los puertos cubanos de Bacuranao, Jaruco y Bahía Honda, pero fracasó. En 1739, Edgard Vernon pidió a Blas de Lezo la rendición de Cartagena, y éste la negó. Vernon se retiró a Jamaica para reunir una de las mayores flotas del mundo: en diciembre de 1739 llegó Charloner Ogle con 25 navíos, y en 1740 tenía 64 navíos de línea (el navío de línea tenía una línea de cañones en cada lateral del barco) y otros barcos menores y transportes, además de 30.000 hombres, algunos de ellos reclutados en New York y Annápolis.

En agosto de 1740, el gobernante de Francia, cardenal André Hercule de Fleury, envió dos escuadras francesas a vigilar el Caribe en ayuda de los españoles, avisando a los británicos que no iban en plan ofensivo, sino para defender los derechos comerciales españoles y franceses. Fleury se propuso entonces demorar en lo posible los acuerdos políticos que estaba negociando con España, para así no incomodar a Gran Bretaña, y desplegó una gran ofensiva diplomática y militar, para hacerse fuerte frente a Gran Bretaña. Las enfermedades tropicales hicieron mella en las tripulaciones, y se retiraron, no aportando ninguna ayuda en la guerra.

El 20 de octubre de 1740 murió el emperador Carlos VI de Austria, pocos meses después de que Federico de Prusia se coronara rey. Federico de Prusia aprovechó la oportunidad para invadir Silesia y dijo que apoyaba a Carlos Alberto de Baviera como candidato al trono de Austria. España se alió con Prusia y Carlos Alberto de Baviera fue proclamado emperador con el nombre de Carlos VII de Austria.

En 13 de marzo de 1741, Vernon atacó Cartagena de Indias con 64 navíos de línea y 130 transportes, pero fue rechazado por Blas de Lezo Olavarrieta, comandante de Cartagena de Indias y por el virrey de Nueva Granada Sebastián Eslava Lazaga, aunque perdió la vida en ello el español Blas de Lezo. En 6 de abril de 1741, Vernon anunció la victoria, lo cual fue celebrado en Londres aunque más tarde supieron que era una noticia falsa. Los ingleses abandonaron el sitio de Cartagena en mayo de 1741 sin haber conseguido tomar la ciudad. Había sido un fracaso rotundo. En 1741, los ingleses intentaron desembarcar en Santiago de Cuba, y fracasaron. En 1743, intentaron desembarcar en Venezuela, y fracasaron. El comodoro Anson dobló Cabo de Hornos y subiendo por Chile llegó a Panamá y el 30 de junio de 1743, apresó al galeón español Nuestra Señora de Covadonga que salía de México llevando plata para Filipinas en cantidad de 1,5 millones de pesos. España, por su parte, estimuló el corso sobre barcos ingleses y se incautó de los barcos que encontró en puertos españoles y americanos, y el marqués de Montemar atacó Gibraltar. La guerra era una guerra lenta y limitada a estas acciones marinas. En 1748 se dio por terminada la guerra en la Paz de Aquisgrán, junto a la de Sucesión de Austria, por lo que se confunde a veces con ella.

 

España, en 1739-1748, había resistido bien los ataques británicos. No estaba tan débil como éstos pensaban.

Durante la Guerra de la Oreja de Jenkins, los británicos mostraron de nuevo una concepción distinta de la guerra naval: los españoles habían optado por grandes barcos dotados de mucha capacidad de carga, con muchos cañones y mucha tripulación. Los británicos prefirieron barcos de tamaño medio, con poca tripulación, lo cual les permitía un poco más de velocidad y más cañones, o cañones de más calibre en sus barcos. Menor tripulación significaba menor necesidad de aprovisionamiento de agua y víveres, y esto dejaba peso libre para los cañones de gran peso. El inconveniente de tener una menor tripulación era el problema de la reposición de servidores de las baterías heridos. Era preciso que cada cañón tuviera pocos servidores, porque en un barco se estorbaban, y producían mayor número de heridos que de costumbre. Pero era preciso retirar a los heridos y sustituirles en mitad del combate. Los británicos sabían que en combates largos debían huir, reponer marinería, y volver a la carga, pero eso lo consideraban un pequeño inconveniente, pues enrolaban marineros en cualquier puerto por una buena paga. Los españoles tenían grandes flotas, compuestas de grandes navíos dotados de muchos cañones y mucha tripulación, y fragatas de tamaño medio, también con muchos cañones, pero no de gran calibre de balas. Los españoles necesitaban barcos de apoyo que llevaran mercancías (denominados marchantes), para agua, alimentos, y abastecimientos varios.     La táctica parecía favorecer a los británicos, pues el siciliano al servicio de España Juan José Navarro Viana y Búfalo, marqués de la Victoria, 1687-1772, capitán de la escuadra española, a pesar de llevar 32 barcos, fue encerrado por el almirante británico Mathews en Tolón (sur de Francia) durante 18 meses, si bien los españoles lograron hacer una buena salida en 1744 y dañar seriamente a los británicos, batalla de Tolón. Los británicos, una vez dañados, huyeron a reparar barcos y sustituir tripulaciones, contratando marineros italianos y volvieron sobre los españoles que se habían refugiado en Cartagena. La causa de que los españoles se refugiasen en Tolón era que Francia era aliada de España.

 

 

Juan Bautista Iturralde en Hacienda.

La quiebra de 1739.

 

El 10 de marzo de 1739 fue nombrado Secretario de Despacho de Hacienda, Juan Bautista Iturralde, marqués de Murillo, un Superintendente a fin de que intentara resolver el problema de Hacienda. Se abría una época en la que los Superintendentes pasaban a dirigir Hacienda, y así ocurrirá con José del Campillo Cossío en 1741, y más tarde con Zenón de Somodevilla en 1743.

El 21 de marzo de 1739 Iturralde anunció suspensión de pagos del Estado, es decir, quiebra. La situación de quiebra técnica venía de lejos, pero la guerra con Gran Bretaña había llevado a España a la declaración oficial de quiebra. Iturralde tuvo que tomar decisiones desesperadas.

Para salir del atolladero, se decidió vender baldíos y realengos, muchas veces tenidos por comunales en los pueblos donde se encontraban, siempre tierras de poca calidad. La Junta de Baldíos y Arbitrios, creada en 1738, se encargó de esa venta, que fue un fracaso pues las tierras no interesaron ni para labrantío ni para pastos. Lo vendido fue a parar a la nobleza y la Iglesia, agravándose el problema de la distribución de la propiedad española. Se confiscó el 50% de los impuestos municipales (valimiento de propios). Se vendieron tierras municipales en la Corona de Aragón, hasta que la medida fue suspendida en 1741. Esto era una marcha atrás en la política de centralización del Gobierno, pero estaban en periodos excepcionales, ahogados por las deudas.

En 1739 se crearon Direcciones Generales de Rentas para administrar directamente los impuestos y se establecieron en España 24 aduanas generales, que debían ser administradas directamente por Hacienda, lo cual sustituía a los asientos de Rentas Generales, y se logró con cierto éxito. En 1740, el Estado se hizo cargo efectivamente de la recaudación de las Rentas Generales. Las Rentas Generales eran los derechos de importación y exportación, hasta ese momento arrendados a particulares mediante asientos. El motivo era disminuir los gastos de recaudación alegados por éstos. Cuando lo asumió el Estado, se recaudaron 150 millones, con un gasto de 5 millones de reales.

Entonces se pensó en que Hacienda se hiciera cargo también de la recaudación de las Rentas Provinciales, las cuales debían gravar la riqueza de cada ciudadano, pero como ésta no se conocía, los impuestos se cobraban estimativamente, por reparto de Hacienda entre las provincias, las provincias entre los corregidores (o partido judiciales) y los corregidores entre los pueblos de su partido, así como los alcaldes entre los vecinos. Como los ricos se eximían porque residían en múltiples lugares y porque tenían privilegios, y la Iglesia se eximía a sí misma por privilegios, resultaba que sólo pagaban los pobres. La empresa de recaudar las rentas provinciales, sin catastros de fincas rurales ni urbanas, ni censos de población seriamente hechos, era un imposible. Se necesitaban muchos Directores Generales, uno para cada rama de los impuestos, y éstos carecían de los medios necesarios para la efectividad de su función. Con buena voluntad hicieron crecer lo recaudado en un 40% en los siguientes años.

 

Las rentas generales eran pagadas todo el reino menos el País Vasco y Navarra. Hasta 1740 las rentas generales se arrendaron a particulares (es decir la percepción de la rentas en aduana se arrendaba a un particular). En 1740 se creó la Superintendencia de Rentas Generales, dependiente de la Real Hacienda. Desde entonces los impuestos de aduana conjugaron la finalidad de la recaudación con la del proteccionismo. El proteccionismo se realizaba rebajando los derechos de importación de materias primas provenientes del extranjero, rebajando los derechos de exportación de productos españoles elaborados, y elevando los derechos de importación de productos elaborados extranjeros que fueran competencia para los fabricados en España. La Superintendencia de Rentas Generales fue ganado competencias a lo largo del XVIII y pasó a cobrar las “rentas del almirantazgo”, las “rentas de sanidad” que pagaban los barcos que llegaban a España, aunque estas últimas significaron también ciertos gastos como el mantenimiento de la Junta de Sanidad en cada uno de los puertos de España con licencia para recibir barcos extranjeros.

1739 y 1740 fueron años de malas cosechas y hambre en España.

 

 

Felipe de Borbón Farnese en Italia.

 

España, con motivo de la Guerra de la Oreja de Jenkins, buscó la alianza de Francia y ofreció a Fleury el matrimonio de Felipe de Borbón Farnese, de 19 años de edad, duque Felipe I de Parma, con Luisa Isabel de Francia, primogénita de Luis XV y de María Lesczinska, para consolidar el Pacto de Familia de 7 de noviembre de 1733. El enlace se celebró, por poderes, en Versalles 26 de agosto de 1739, y en presencia, en Alcalá de Henares en 25 de octubre de 1739. Se aprovechó la boda para hablar de oponerse juntos a que Gran Bretaña poseyese Gibraltar, a que circulase “libremente a sus anchas” por los puertos de América, y a que Austria no cediese los ducados italianos. Francia no perdió el tiempo, y pidió la libertad de comercio para los franceses en América, lo cual era inaceptable para España, pues se trataba de eliminar a un competidor como Gran Bretaña y no de sustituirlo por otro, y dándole además todos los parabienes.

Felipe I de Parma, con el apoyo de su padre Felipe V de España, su hermano Carlos de Nápoles, y su suegro Luis XV de Francia, intentó jugar un papel en Italia desde el momento de la muerte del emperador Carlos VI de Austria en 20 de octubre de 1740. En 1743-1745 habrá guerras en Italia y sacará buen provecho de todo ello. El éxito no llegó en 1745, pues tras invadir Milán aprovechando que su suegro le había prometido la Lombardía, se encontró con que Manuel de Cerdeña se retiraba de la Guerra de Sucesión de Austria, y Felipe de Borbón Farnese decidió retirarse de Milán en 1746. Pero en la Paz de Aquisgrán de 1748, Felipe se llevaba Parma, Plasencia y Guastalla. También obtenía el derecho de suceder a su hermano en Nápoles. En 1759, Carlos prefirió dejar Nápoles a su hijo Fernando, y como los tratados con Austria preveían que si Carlos pasaba a rey de España, Parma y Plasencia pasarían a Austria, y Guastalla a Saboya, decidió mantener a su hermano en estos ducados e indemnizar a Austria y Saboya. Felipe de Borbón duque de Parma tuvo tres hijos: Fernando duque de Parma 1752-1802; María Luisa esposa de Carlos IV de España, su primo; e Isabel María Luisa 1741-1763 esposa del archiduque José, futuro emperador José II de Austria. Con el infante Felipe de Borbón duque de Parma se iniciaba la rama Borbón-Parma.

 

 

Fernando Verdes Montenegro en Hacienda.

El ajuste drástico de las recaudaciones.

 

En 13 de enero de 1740 llegó a Secretaría de Estado del Despacho Universal de Hacienda Fernando Verdes Montenegro. Su nombre había sido sugerido a Felipe V por Iturralde y por el marqués de Torrenueva, los dos anteriores Secretarios de Despacho de Hacienda. El propósito de nombrar un nuevo responsable de Hacienda era dar una vuelta de tuerca más a los contribuyentes a fin de obtener recursos para el Estado.

En 1740, Fernando Verdes Montenegro, reunió la Junta de Medios creada en 1737 para buscar dinero para Hacienda. La Junta recomendó: exigir un anticipo a los arrendadores de rentas públicas (cuyos contratos de arrendamiento se denominaban asientos) por valor de cuatro años; arrendar el monopolio del tabaco por una cantidad grande; ceder las aduanas a la administración de Juan Giraldi; solicitar un préstamo a la Compañía Guipuzcoana de Caracas. La Compañía de Caracas se resistió a poner su dinero en Hacienda, pues sabía que corría el riesgo de no devolución, pero al final entregó 5 millones de reales. La solución era temporal y circunstancial, pues los intereses y devoluciones agravaban el futuro de Hacienda.

El 22 de diciembre de 1740, Verdes Montenegro creó un nuevo tributo del 10% sobre “Tratos y Granjerías” esperando cobrar de cada compraventa hecha en España en términos reales. Pero como no había infraestructura para cobrarla, se recurrió a incluirlo en el reparto de las rentas provinciales. Lo que había sido pensado para pasar un poco a la tributación individual, un avance en la recaudación, se convirtió en un incremento de las rentas provinciales hechas de cualquier manera por estimación de los intendentes y corregidores, y siguiendo la costumbre en las cuantías, lo cual fue poner peor lo que ya estaba mal.

Entonces el Estado hizo un “valimiento de propios” que consistió en la confiscación del 50% de los ingresos de los municipios en razón de bienes de propios y arbitrios sobre consumos. Fue la ruina de los ayuntamientos, pues se quedaron al 50% de sus ingresos. También se vendieron cargos municipales en la Corona de Aragón a título de juro de heredad, y se vendieron plazas de magistraturas a abastecedores del Estado que no habían cobrado en los últimos tiempos y así saldaban la deuda, lo cual parecía una invitación a lucrarse del cargo moral o inmoralmente.

El disgusto del pueblo español tras estas medidas hacendísticas recaudatorias tomadas a la desesperada, fue muy grande y las críticas al Gobierno fueron continuas, llamándoles despilfarradores y ladrones, y contando en los escritos panfletarios que se trataba de asentistas que eran elevados al Gobierno para enriquecer a los suyos, y que luego abandonaban los cargos una vez que los habían esquilmado.

El Estado ingresó, en 1740, 209,9 millones de reales, y el déficit fue de 51,2 millones. Las expectativas eran muy malas.

En septiembre de 1740, la Junta de Hacienda recomendó la disminución del gasto, propósito que fue imposible de cumplir pues los afectados se negaban a perder presupuesto del Estado.

 

 

Las reformas políticas de 1740.

 

Las reformas son atribuibles a Jerónimo Uztáriz, aunque el titular dirigente del Gobierno era Villarías:

En lo diplomático, se pactó la neutralidad de Dos Sicilias, un Tratado de Alianza con Portugal, un tratado de neutralidad de Austria, el tratado de “tarifa” con Holanda, la neutralidad de Suecia y Dinamarca, y unas conversaciones con Prusia.

En lo militar, Verdes Montenegro impulsó la construcción de barcos de guerra, la construcción de fuertes militares en la Louisiana, la toma de posiciones estratégicas en Canadá, y se emprendió una “guerra económica” en la bolsa de Londres. En 1740 hubo una reforma del ejército español diferenciando entre infantería ligera e infantería pesada. La infantería ligera eran los regimientos de cazadores, que combatían con técnicas de guerrilla organizando emboscadas y huyendo con gran movilidad. La infantería pesada combatía “en línea”, es decir, codo con codo, para hacer descargas de fusilería cerradas. En conjunto, la reforma militar significaba bajar los gastos militares y ello produjo un disgusto en los ejércitos, en el “Partido Español” que apoyaba las intervenciones militares en Italia, y particularmente en José del Campillo Cossío, un líder del “partido español”.

Para compensar la pérdida de iniciativa militar, España contrató más corsarios que nunca y las presas de éstos fueron muchas en 1740. Era evidente que España y Francia preparaban un ataque directo a Gran Bretaña, a las islas británicas, pero el proyecto se truncó por la muerte de Carlos VI de Austria, el 20 de octubre de 1740. Se preveía la posibilidad de otra guerra más importante que la británica y todo quedó pospuesto a los acontecimientos.

 

 

Guerra de Sucesión de Austria 1740-1748.

Planteamiento en 1740.

 

En 20 de octubre de 1740 murió el emperador Carlos VI de Austria, antiguo rival de Felipe V en 1700-1715 por el trono de España, cuando se le conocía como el archiduque Carlos. Inmediatamente empezó la Guerra de Sucesión de Austria, o Guerra de la Pragmática Sanción, 1740-1748. Los contendientes eran Francia, Prusia y España por una parte, y Austria e Inglaterra por otra.

Carlos VI, por una Pragmática Sanción austríaca, había dejado como reina a su hija María Teresa, la que nunca había querido casarse con Carlos VII de Nápoles. María Teresa se había casado al fin con Francisco de Lorena, duque de Toscana en 1736, según lo estipulado en el Tratado de Viena. Pero en la Casa de Austria no heredaban las mujeres, y el resto de países europeos se negó a aceptar la Pragmática. De hecho era la misma razón por la que Austria había reclamado el trono de España en 1700.

Apoyaba a María Teresa, el elector Federico Augusto II de Sajonia, conocido entonces como Augusto III rey de Polonia. Federico Augusto era esposo de María Josefa de Austria, primera hija del emperador José I de Austria. España, al principio, quería como emperador a este mismo candidato, porque era suegro de Carlos de Borbón, rey de Nápoles, pero cambió de opinión en 1741.

Francia, o el cardenal André Hercule de Fleury, quería poner en Austria a Carlos Alberto de Baviera, elector de Baviera, hijo de María Amalia de Austria, la segunda hija del emperador José I, lo cual dio origen a la Guerra de Sucesión de Austria. Fleury manifestó que no reconocía la validez de la Pragmática. Se puso a trabajar una alianza de Francia con España, Cerdeña y Baviera, para poner a Carlos Alberto de Baviera en el trono de Austria, alegando que era hijo de María Amelia de Austria, segunda hija del emperador José I de Austria. Francia logró atraer a España a su causa en 28 de mayo de 1741 en el Tratado de Nymphenbourg, tratado en el que España daba su apoyo militar a Carlos Alberto de Baviera (Carlos VII de Austria) a cambio de los ducados que serían para el infante Felipe de Borbón. Carlos Alberto de Baviera se coronó rey de Baviera en 1741 y emperador de Austria en 1742 con el nombre de Carlos VII, pero nunca fue reconocido por los partidarios de María Teresa de Austria. Francia hubiera preferido que María Teresa se casase con Carlos Alberto de Baviera, pero se había casado en 1736 con Francisco de Lorena, y resultaba que Lorena era el objetivo que Francia deseaba ganar.

El conde de Montijo fue enviado a Alemania en junio de 1741 a ver al rey de Prusia en Fráncfort, y Federico de Prusia le dijo que tenía en alta estima a España, pero no tanto a su rey Felipe V, por lo que no se comprometería en nada en lo que tocaba a Italia. Federico de Prusia demostró en las entrevistas ser un conocedor de España, pues había leído a Cervantes, el romancero y el refranero español.

 

Los bloques de la futura guerra quedaban determinados a mediados de 1741 por sendos tratados internacionales:

El 5 de junio de 1741 hubo un tratado Francia-Prusia.

El 25 de junio de 1741 hubo una alianza entre Gran Bretaña y Austria.

 

Pero el problema mayor era que casi todos los reyes europeos, en su concepto patrimonial del Estado, querían territorios nuevos a costa de Austria. Así ocurría con el elector de Baviera, Carlos Alberto, con el elector de Sajonia, Federico Augusto, con el rey de Cerdeña-Piamonte y duque de Saboya, Carlos Manuel III de Cerdeña, con la reina de España, Isabel Farnese (hija de Eduardo II Farnese duque de Parma, y sobrina de Francisco Farnese, muerto en 1727 sin hijos, y de Antonio Farnese, muerto en 1731 sin hijos), y con el rey de Prusia, Federico II de Prusia (rey en 1740-1786) señor de Brandeburgo, y con Luis XV de Francia que deseaba poseer Lorena.

María Teresa buscó la alianza del enemigo de Francia y España, es decir Inglaterra, y firmó con Inglaterra y Saboya el Tratado de Worms. Inglaterra, aunque no aspiraba al trono, puesto que apoyaba a María Teresa de Austria, vio una gran oportunidad en la guerra de Austria, puesto que en 1740 España y Francia estaban preparando un desembarco directo en la Gran Bretaña.

Felipe V e Isabel de Farnesio soltaron todo el historial de quejas contra Austria, por el que España reclamaba el derecho a dominar Italia que tenía Isabel de Farnesio, la cual reclamaba que sus hijos fueran colocados en los ducados italianos. España vio la ocasión de recuperar los territorios italianos perdidos en 1713 a favor de Austria, y reclamó que el príncipe Felipe fuera nombrado duque de Parma, Piacenza, Guastalla, y tal vez Milán.

Con muy cortas miras, los reyes de España centraron su atención en problemas personales como los italianos, que costaban dinero y hombres a España, y se olvidaron de los problemas fundamentales de España en ese momento, América y la quiebra de Hacienda. América estaba siendo atacada por Inglaterra militar y comercialmente. Una nueva guerra en Europa dispersaría las fuerzas españolas, agotaría los recursos monetarios españoles, y dejaría América desprotegida.

Y España se alineó junto a Francia, Prusia y Baviera, mientras el bando contrario contaba con Inglaterra, Austria y Rusia.

Francia no entraría oficialmente en guerra hasta 1744, aunque de hecho sus ejércitos estaban en ella, pero como aliados de España y de Saboya.

La guerra sería larga y acabaría en 1748 con la Paz de Aquisgrán.

 

 

Coalición de golillas y manteístas.

 

Con José del Campillo, y a partir de 1741, podemos dar por iniciada la era de los golillas, aquellos personajes que habían hecho carrera en la Administración y aspiraban a los más altos cargos del Estado. Estos altos cargos estuvieron en otro tiempo reservados a los Colegiales, descendientes de nobles que habían hecho una carrera en “colegios mayores” de las Universidades. También se accedía a los altos cargos desde puestos altos del Iglesia Católica.

Esa idea de que sólo los muy preparados accedieran a los altos cargos, era defendida por los del Partido Español o Partido Patriota, pues constataban que muchos de los provenientes de clases bajas no estaban preparados para dirigir la Administración y se corría el riesgo de que fueran al lucro personal y la corrupción. Esta idea la mantenían personas tan importantes como Aranda en España o Montesquieu en Francia.

El primer ataque al sistema de los colegiales fue dado por los manteístas. Manteístas muy capaces, se vieron limitados en el acceso a las cátedras por el privilegio de los Colegios Mayores de repartirse en turno las cátedras, y protestaron. Los manteístas eran personas de baja nobleza, hidalgos pudientes en la mayoría de los casos, o de ricos comerciantes e industriales, e incluso indianos, cuyo menor poder adquisitivo les hacía vestir manteos en la Universidad, y cuya falta de estirpe de altura les privaba de plazas en los Colegios Mayores.     Los hidalgos y burgueses vivían en la Universidad en pensiones y hostales, y vestían manteos (capas largas para protegerse del frío). Los manteístas defendían que se debía valorar a los individuos por sus propios méritos, y las cátedras no podían estar reservadas a los colegiales, lo cual condenaba a los manteístas a los puestos bajos de la Administración.

El segundo ataque era el de los golillas. Los golillas debían su apodo a la prenda típica del funcionario, la gola, una prenda blanca en el cuello que todos hemos visto en los cuadros de la época. Los golillas, serán una clase que aparecerá más bien a partir de mediados de siglo, algunos de ellos provenientes de los manteístas, y otros que nunca habían pasado por la Universidad, pero se habían formado a sí mismos en el ejército y la administración, y que reclamarán que su sentido práctico y sus conocimientos de la Administración desde la base, les daba tantos derechos a los altos cargos como a los demás.

El objetivo de política interior de Felipe V era que la administración se ocupara de la felicidad pública, lo cual abarcaba hacer comunicaciones y puertos de mar, generar industrias y comercio, cuidar de los menesterosos. Todo ello sin dejar de ocuparse de la guerra. Un objetivo como éste, de ampliar la administración, requería más funcionarios, pero también funcionarios más capaces, mejor preparados, pues la economía y las obras públicas, así como las técnicas de fabricación de armas, y las de hilados y tejidos, y la gestión de las fábricas, no podían ser gestionadas por advenedizos sin conocimientos. No había mucha disponibilidad, y lo que había se ponía en discusión.

Los nobles pensaban que la nobleza educaba desde pequeños a sus hijos, y ello garantizaba un mínimo nivel imprescindible para gobernar. Colocaron a sus hijos en los Colegios Mayores de España, y aseguraron que sus hijos tuvieran un nivel. Los colegiales, se repartían las cátedras entre ellos, y las cátedras eran el escalón primero para saltar desde allí, sobre todo desde Derecho, a los altos cargos de la Administración.

El camino ordinario para llegar a un alto cargo de la Administración era obtener el título de doctor, ejercer una cátedra y ganar en ella una cierta fama, abrir un bufete, preferiblemente en Madrid, esperar el éxito, y aprovechar el éxito para dar el salto a la Administración, bien directamente a los altos cargos, o bien asumiendo cargos más bajos, incluso en América, donde había muchos disponibles, para luego intentar progresar. El acceso a las cátedras era pues fundamental en la política española.

 

 

[1] Troiano Acquaviva D`Aragona, 1694-1747, era un napolitano hijo del duque de Atri, Giovan Girolamo y sobrino del nuncio en España y posteriormente cardenal Francesco Girolamo, lo que le sirvió para hacer carrera en Roma con los Papas Inocencio XIII y Benedicto XIII. Una vez situado en roma, fue ordenado sacerdote en 1729 y obispo a continuación, y obtuvo cargos más altos en El Vaticano, hasta ser en 1732 cardenal y luego embajador de España ante la Santa Sede.

[2] Luis Antonio Belluga Moncada, 1662-1743, era huérfano en Motril (Granada) y sus tías le metieron en el seminario. Como sacerdote, sirvió a los obispos de Córdoba, Zamora y Granada. En 1702 se declaró borbónico y en 1705 Felipe V le hizo obispo de Cartagena. En 1706 defendió Murcia contra los austracistas y fue nombrado capitán general de Valencia y Murcia. En 1719 se le hizo cardenal y organizó colonizaciones de tierras murcianas en San Felipe Neri, San Fulgencio y Nuestra Señora de los Dolores desecando pantanos y construyendo poblados nuevos. En Murcia, construyó un Seminario, un hospicio y un hospital. En 1724 se marcho a Roma.

[3] Gaspar de Molina y Oviedo, 1679-1744, era de Badajoz y se hizo agustino. Fue a estudiar a los agustinos de Sevilla y posteriormente fue Prior en Cádiz, Provincial en 1718 y General de los Agustinos en 1726. A partir de 1731 fue obispo de varias sedes, pero no ocupó ninguna, pues se dedicó a sus tareas como General y como Presidente del Consejo de Castilla. en 1737 fue cardenal.

[4] Sebastián de la Quadra y Llarena, 1687-1766, fue nombrado marqués de Villarías en 1739, en atención a sus servicios. Era natural de Vizcaya y llamó al gobierno a vizcaínos y navarros.

[5] Casimiro de Uztáriz Azuara, 1699-1751, era hijo del economista Jerónimo de Uztáriz y Hermiaga. Trabajó en Secretaría de Guerra. En 1736 fue Secretario de la Junta General de Comercio y entró en el equipo de Orendáin, y con él en el de Patiño, la patiñada, con lo que en 1738 fue Secretario del Consejo de Estado y Secretario del Consejo de Guerra, y en 1739 fue nombrado marqués de Uztáriz.

[6] Mateo Pablo de Lavandero y Martín, 1681-1747, fue Secretario de Estado y Despacho de Hacienda, y de Marina e Indias desde noviembre de 1736 a 10 de marzo de 1739.

[7] José Carrillo de Albornoz y Montiel, 1671-1747, conde de Montemar en 1707 y duque de Montemar en 1735-1747, fue Secretario de Guerra en 1737-1741.

[8] Guillermo Burgos Lejonagoitia, La última gran almoneda americana. El beneficio de cargos de Indias a través de la Junta de Hacienda del Cardenal Molina (1740). Universidad de Almería.

[9] En 1747 nacería de Carlos y María Amalia el infante Felipe, después de haber tenido cinco hijas, y resultó deficiente mental, y luego nacería Carlos Antonio, que fue declarado heredero de Nápoles. En 1751 nació Fernando, el cual fue destinado a la Iglesia y consagrado arzobispo, pero a la postre, fue el heredero de Nápoles.

[10] Fuente: Montserrat Gárate Ojanguren, Auñamendi Eusko Entziclopedia.

[11] Carlos Alberto González Sánchez, La Organización del Tráfico Comercial con las Indias en la Real Compañía de San Fernando de Sevilla. IX jornadas de Andalucía y América.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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